Sebastián Saborío
Escuela de Sociología
Universidad de Costa Rica,
San José, Costa Rica
https://orcid.org/0000-0002-3061-7787
Fecha de
recepción: 14 de julio del 2022
Fecha de
aceptación: 31 de octubre del 2022
Cómo
citar:
Resumen
Introducción: El
presente artículo presenta la percepción de las personas residentes de Rincón
Grande de Pavas, conjunto de barrios vulnerables que se encuentran en la
capital costarricense, al accionar policial en la lucha a la venta de drogas a
escala local, y los rumores negativos que circulan a respecto. Dichos rumores reflejan
el descontento de tal población hacia las fuerzas de policía que llevan a cabo
sus labores en el área analizada.
Objetivo: En
Costa Rica no se han realizado estudios sobre el control policial de la venta
de drogas en zonas urbano-marginalizadas del país y sus consecuencias respecto
a la relación entre las fuerzas de policía y la población local. El presente
artículo busca colmar este vacío y, para hacerlo, se enfoca en el análisis del
caso de Rincón Grande de Pavas.
Metodología: Para
llegar a las conclusiones aquí presentadas, el autor se basa en 67 entrevistas
en profundidad que llevó a cabo, principalmente, con residentes de la zona
analizada, entre marzo 2019 y marzo 2020; además de un grupo focal realizado
con cinco policías de Pavas en febrero del 2019.
Resultados: Los
resultados presentados establecen que, según las personas residentes de Rincón
Grande de Pavas, la policía en esta localidad, en general, es ineficaz y,
respecto a la venta de drogas, participa activamente a los mercados ilegales y
hace un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. Estos los elementos que
generan mayor aversión entre quienes habitan la zona, mermando así la
legitimidad de las fuerzas de policía.
Palabras
clave:
Legitimidad, Costa Rica, Policía, Rumores, Percepciones.
Abstract
Introduction: This article shows that among residents of Rincon
Grande of Pavas, a group of vulnerable neighborhoods in capital of Costa Rica,
circulate negative rumors regarding police activity against drug dealing. These
rumors reflect discontent of local population towards police forces in the
analyzed area.
Objective: There are no studies in Costa Rica about police
control over drug dealing in marginalized urban areas, and its consequences
with regards to the relation between the police forces and the local
population. This article seeks to bridge this gap and, to do so, analyzes the
case of Rincon Grande of Pavas.
Methodology: In order to reach the conclusions presented in this
article, the author uses 67 in depth interviews carried out mainly with
residents of the analyzed area between March 2019 and March 2020, and a focus
group with five police officers in February 2019.
Results: Results show that, according to the residents of
Rincon Grande of Pavas, police in this area in general is ineffective and,
regarding drug dealing, has an active participation in illegal marketsand makes
an excessive and indiscriminate use of force. These are the elements that
produce the most aversion among the inhabitants of the area, thus reducing the legitimacy
of police forces.
Key words: Legitimacy,
Costa Rica, Police, Rumors, Perceptions.
Introducción
Desde la década pasada, el estudio de la policía ha ganado terreno en muchos países latinoamericanos, llegando a
ser un campo de análisis relevante para las ciencias sociales (Tudela
2010). Esto no ha sucedido en Costa Rica, donde
todavía no hay suficientes investigaciones que permitan tener claridad sobre el
accionar policial y sus efectos. En particular, es escaso el conocimiento
existente sobre el control policial de la venta de drogas en zonas
urbano-marginalizadas del país, y sus consecuencias respecto a la relación
entre las fuerzas de policía y la población local. Además, los datos existentes
han sido producidos, casi exclusivamente, por parte de instituciones
gubernamentales no universitarias que, por ende, no producen investigaciones
académicas (Saborío
2019). El presente artículo busca colmar este
vacío y, al mismo tiempo, responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es la
percepción de las personas que habitan zonas urbanas marginalizadas respecto al
control de la venta de drogas por parte de la policía? Para hacerlo, se enfoca en el análisis del
caso de Rincón Grande de Pavas en la ciudad de San José, zona caracterizada por
la alta presencia de bandas criminales que se dedican a la venta de drogas, lo
que genera un elevado nivel de conflicto y de homicidios. En efecto, según las
estadísticas oficiales, entre el 2010 y el 2018 se han presentado un total de
147 homicidios dolosos en Pavas, lo que hace que este sea el distrito que
cuenta con el mayor número de homicidios del cantón de San José (OIJ 2019).
En este artículo se presentará parte de los resultados de
una investigación más amplia, que tuvo como objetivo principal analizar el
control territorial ejercido por parte de los grupos que se dedican a la venta
de drogas en Rincón Grande de Pavas. La relación entre policías y personas miembros
de las comunidades locales no era el tema central de la investigación. Por esta
razón, los resultados obtenidos sobre este tema no permiten llegar a
conclusiones definitivas ni a aseverar que lo que se presentará expondrá el
punto de vista de mayoría de las personas residentes de Rincón Grande de Pavas;
para esto, se necesitarían investigaciones ad hoc sobre dicha temática.
Sin embargo, a lo largo del trabajo de campo surgieron datos que se presentarán
en las siguientes páginas y que permiten afirmar que algunos aspectos del
accionar policial, orientados al control del narcomenudeo y los rumores que, a
respecto, circulan en la zona en estudio, generan malcontento y aversión hacia
las fuerzas de policía por parte de la población local.
En algunos casos, como se verá más adelante, no es
posible afirmar que las declaraciones de las personas entrevistadas reflejan siempre
hechos reales. Esto se debe a que muchas veces reproducen rumores que circulan
alrededor de los barrios y no siempre hechos que han presenciado. No obstante, de
acuerdo con lo propuesto por Menezes (2014, 679), «el criterio de validez del
rumor no tiene que ser establecido por su efectiva correspondencia con la
realidad, sino por su capacidad de dar forma a experiencias que afectan a una
colectividad y de permitir que éstas sean compartidas». En este sentido, los
rumores se mezclan con los hechos verificables y, de esta manera, contribuyen a
generar una percepción común entre las personas. En consecuencia, aquí se
presentará la percepción que parte de la población de Rincón Grande de Pavas
tiene sobre la policía, la cual es el resultado de acontecimientos reales y de
rumores no necesariamente falsos, pero no del todo verificables.
Los datos sobre los cuales se basan las reflexiones
propuestas surgen de la realización de 67 entrevistas en profundidad que la
persona autora obtuvo entre marzo 2019 y marzo 2020, las cuales fueron
debidamente transcritas; además se exponen los resultados recogidos de un grupo
focal que se llevó a cabo en febrero del 2020 y en el cual participaron cinco
miembros de la Fuerza Pública[1]
de Costa Rica que ejercen sus labores en Pavas. Además, el investigador llevó a
cabo alrededor de 3 horas de entrevistas que no fueron grabadas. Las
entrevistas se realizaron, principalmente, con residentes de Rincón Grande de
Pavas, la mayoría de los cuales eran personas líderes comunitarias, pero
también participaron privados de libertad que antes pertenecían a bandas
criminales y personas funcionarias del sector público y privado que ejercen sus
labores en la zona analizada.
Percepción sobre la policía en Costa Rica
Basándose únicamente en las publicaciones existentes, se
llegaría a la conclusión de que la relación general entre la ciudadanía y las
fuerzas de policía del país no goza de excelente salud. De hecho, según una
encuesta del 2006, el 32,5% de entrevistados declaró que no tiene ningún tipo
de confianza hacia la policía (Huhn
2012), mientras que en una encuesta precedente solo
alrededor de la mitad de los habitantes de la ciudad de San José afirmó que
aprueba la labor de la Fuerza Pública (Eijkman
2007). Sin embargo, en comparación con los demás
países de América Latina, las fuerzas policiales, así como las demás
instituciones públicas, reciben un mayor nivel de confianza por parte de la
población nacional. Esto parece estar relacionado al hecho de que, en Costa
Rica, la corrupción de la policía es menor con respecto al resto de la región
latinoamericana (Flores
y González 2008). Además, a diferencia de muchos países
latinoamericanos, Costa Rica no tiene un pasado reciente de dictadura militar[2], lo que ha
permitido que la distancia entre la población y las fuerzas de policía sea
mucho menor, y que los miembros de estas demuestren un mayor respeto por los
derechos humanos (Eijkman 2007). A lo anterior, se suma el hecho de que la
población de la mayoría de las localidades empobrecidas en las ciudades de
América Latina suele expresar un malcontento generalizado hacia las fuerzas de
policía porque, como se profundizará más adelante, según estas la policía no
garantiza su seguridad (Garzón
Vergara 2015).
Los estudios de opinión pública del Centro de
Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR)
recogen las calificaciones (entre 1 y 10) que se le asignan a distintas
instituciones y organizaciones políticas, siendo una de ellas la Policía[3]
(Centro
de Investigación y Estudios Políticos 2019; 2020; 2021). De la valoración de esta institución
existen datos a partir de noviembre del 2012 hasta mayo del 2021, y a lo largo
de las 24 calificaciones presentes en tales estudios, se han mantenido en el
intervalo de 5,7 (en agosto del 2018) y 8,3 (abril del 2020), con un promedio
histórico de 6,5 sobre 10.
Si bien los informes no detallan en las explicaciones del
porqué de estas calificaciones, se puede afirmar que reflejan una confianza
intermedia y estable en la policía durante los últimos nueve años. Por su
parte, Yagoub
(2017, párr. 9) menciona que «Costa Rica tiene uno de los de
cuerpos de policía que más confianza generan en Latinoamérica», aunque sostiene
que esta percepción podría verse afectada a futuro por casos de corrupción
policial, y por el aumento de la violencia por parte de grupos criminales
locales.
Represión policial al narcomenudeo en zonas
marginalizadas
Primeramente, es
necesario aclarar la importancia de la presencia policial en localidades
caracterizadas por altos niveles de exclusión social y por una fuerte
conflictividad entre grupos que se dedican a vender sustancias estupefacientes
al menudeo. De hecho, cuando la policía deja de patrullar las calles o realizar
arrestos relacionados a esta problemática, ya sea por incapacidad o falta de
voluntad, , las personas criminales tienen mayor margen de acción, lo que puede
aumentar las proporciones de los conflictos y generar situaciones de peligro
extremo para la población local (Arias
2017).
Aunque se ha
demostrado que la prevención, en particular la prevención social, de este tipo
de criminalidad, y de la violencia que produce, genera mayores resultados
respecto a la represión (Davis
2012), a nivel internacional
lo más común es que dicho problema sea gestionado, principalmente, por medio de las fuerzas de policía, las cuales en la
mayoría de los casos llevan a cabo un control de tipo reactivo y represivo (Sullivan
2010). En particular, lo hacen
mediante operativos y control de hotspots, es decir, de los lugares
donde mayormente se concentran los delitos y las llamadas hacia la policía por
parte de la ciudadanía (Perdomo
2009). Según quienes habitan
Rincón Grande de Pavas, lo mismo sucede en esta localidad, donde, según lo que
mencionan, la policía realiza allanamientos y otro tipo de operativos en la vía
pública, principalmente cuando los conflictos entre bandas llegan a niveles
preocupantes.
Además, otro
problema del control policial en contextos de extrema pobreza de las ciudades
latinoamericanas es su intermitencia (Auyero,
Burbano de Lara, y Berti 2014).
Esto quiere decir que la presencia policial no es lo suficientemente constante
como para generar resultados positivos y, así, ganar la confianza de la
población local. La intermitencia es el resultado de la escasez de recursos
que, por decisión política o por simplemente por incapacidad, el Estado destina
a estos lugares, lo que hace que el número de agentes presentes sea siempre
menor respecto a lo que sería necesario para reprimir, de manera eficaz, las
bandas criminales. En Pavas, por ejemplo, en un grupo focal realizado con cinco
policías que patrullan dicha localidad, estos afirmaron que entre las
diferentes unidades de la Fuerza Pública es normal que en la zona diariamente
circulen entre ocho y doce patrullas y, cuando se dan conflictos armados entre
bandas, el número se puede triplicar. Según los agentes entrevistados, dicho
número es elevado si se compara con otros lugares del país. Sin embargo, para
ellos, es poco respecto a las características de este contexto, el cual está
marcado por una elevada actividad criminal. En la misma línea, en varias
entrevistas y comunicaciones informales, las personas habitantes se lamentaron
de que la presencia policial en sus barrios sea escaza, y comunicaron el deseo
de contar con un número más elevado de agentes y vehículos policiales.
Una de las
respuestas que, en América Latina, más ha dado la institucionalidad ante la
violencia generada por los conflictos entre bandas que se dedican a la
comercialización de drogas en barrios empobrecidos, es la de la aplicar
políticas de «mano dura», que aceptan e, incluso, incentivan formas de
violencia policial como método de combate a la criminalidad (Arias
2017; Cantor 2016; Rodgers y Baird 2016).
En la mayor parte de los casos, dicha estrategia está acompañada por procesos
de militarización e implementación de cuerpos de policía paramilitares[4],
como sucedió en Guatemala en el 2012, cuando el Estado envió unidades
especiales, la Fuerza de Tarea Maya, para recuperar áreas urbanas empobrecidas
y plagadas por la violencia de las bandas (Müller
y Hochmüller 2017; Saunders-Hastings 2021, 210).
Ha sido abundantemente demostrado que la implementación de policías
militarizadas contra la población civil en el combate a las drogas llevan a la
violación de los derechos fundamentales de las poblaciones que, supuestamente, deberían
beneficiarse de dichas formas de control (Garzón
2015).
Mientras en
algunos países, como por ejemplo Brasil, el apoyo institucional hacia la
violencia policial es explícito (Misse 2018), la retórica institucional
costarricense comunica públicamente un mensaje de protección de los derechos
humanos (Eijkman 2007).
No obstante, la existencia de grupos de la Fuerza Pública que patrullan barrios
empobrecidos de Costa Rica, los cuales establecen una presencia constante en
Pavas, genera dudas respecto a la coherencia entre el discurso de los gobiernos
y el accionar de las fuerzas de policía. De acuerdo con lo afirmado por parte
de las personas residentes que fueron entrevistadas, el Grupo de Apoyo
Operacional (GAO) y los Linces, implementan tácticas de control de tipo violento.
Según un funcionario del Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad
Pública[5],
dichos grupos fueron creados entre el 2006 y el 2014 con la finalidad de
atender las zonas urbano-marginalizadas del país, llevando a cabo sus labores
desde la respectiva dirección regional. Trabajan particularmente en zonas con
alta incidencia de delitos contra la vida, contra la propiedad y venta de
drogas, y entran en acción cuando la Dirección General de la Fuerza Pública
plantea tácticas para disminuir altas incidencias delictivas. Respecto al
narcomenudeo, el GAO y los Linces colaboran con otras instancias policiales
cuando son requeridos. Además, pueden colaborar con el Organismo de
Investigación Judicial[6]
(OIJ) en allanamientos. Estos dos grupos fueron entrenados para atender
situaciones de conflicto, con civiles armados y en las cuales puede peligrar su
integridad física. El entrenamiento proviene, principalmente, de la policía de
Panamá y la de Colombia.
Al momento de analizar
las formas de control policial ante la actividad criminal de las bandas del
narcomenudeo en zonas urbano-marginalizadas, es necesario cuestionarse sobre su
eficacia, es decir, si alcanzan los resultados esperados, en este caso,
contrarrestar la venta de drogas y la violencia de las bandas que se dedican a
dicha actividad. La evidencia demuestra que, respecto a estos aspectos, las
fuerzas de policía alcanzan resultados positivos cuando son consideradas como
legitimas por parte de las comunidades locales y, en consecuencia, consiguen su
apoyo (Magaloni,
Franco-Vivanco, y Melo 2020).
Worden
y McLean (2017, 42)
definen la legitimidad policial como la «confianza pública y el sentido de
obligación de obedecer a la policía». Como se demostrará más adelante, dicha
legitimidad se ve afectada por diversos factores, todos asociados a las
prácticas de los propios cuerpos policiales en estos territorios.
Legalidad y equidad procesal
Para Garzón Vergara (2015), los elementos que influyen en la
legitimidad de la policía son: A) la legalidad, es decir que la policía actúe
conforme a la ley, esta se puede ver afectada de manera negativa principalmente,
por prácticas ilegales o hechos de violencia; B) la equidad procesal, que se
traduce en tratos dignos e imparciales hacia la totalidad de la población; y C)
la eficacia, que es la capacidad de producir los resultados deseados por parte
de la policía en el combate a la criminalidad y en atender prontamente las
solicitudes de la ciudadanía.
Ilegalismos
Entre estos
aspectos, los ilegalismos, son aquellas prácticas realizadas por parte del
personal de la policía a lo interno de los mercados ilegales (Misse 2007),
estas son posibles gracias a la colusión entre policías y criminales. Y es uno
de los factores que mayormente influye en la legitimidad policial respecto a
las personas que habitan las periferias urbanas en América Latina (Sobering
y Auyero 2019),
porque son estas las que pagan la mayoría de las consecuencias negativas de
dichos comportamientos (Auyero,
Burbano de Lara, y Berti 2014).
Para entender este factor, es necesario referirse, en primer lugar, al concepto
de «cinismo», que apunta a la percepción que tienen los funcionarios públicos
que se coluden con la criminalidad de que la ley y su posición en el sistema
jurídico pueden ser utilizados para favorecerse (Johnson,
Maguire, y Kuhns 2014).
En el caso de
Rincón Grande de Pavas, algunas personas afirman haber visto ilegalismos, los
cuales hasta llegarían a darse abiertamente.
Persona
entrevistada: Algunos son pagados, uno
sabe. Hay policías que le hacen a la droga.
Investigador:
¿Cómo es que la gente sabe?
Persona
entrevistada: Porque uno mismo los ha
visto, que les dan plata, delante de todo mundo (Entrevista
29, grabada y transcrita, mujer, residente, Metrópolis 3 de Rincón Grande de
Pavas, 6/7/2019).
Otras, en cambio,
afirman que todas las personas que viven en Rincón Grande de Pavas saben que los
ilegalismos por parte de la policía son difusos. Esto permite que se difundan
rumores sobre ilícitos por parte de agentes que, aunque no existen pruebas de
que efectivamente sucedan, son aceptados como verídicos por parte de la población.
Persona
entrevistada: Pasan a recoger
platicas a cambio de que no les hagan nada, uno ve los Hilux de la Fuerza
Pública hablando con los que la venden.
Investigador:
¿Hablando con los que la venden?
Persona
entrevistada: Totalmente. Ahí al
frente de la casa de ellos y todo, como si nada. Y yai, uno sabe, uno sabe cómo
se mueve eso de las mensualidades, verdad.
Investigador:
¿Usted tiene alguna información más concreta para afirmar que se hacen la vista
gorda?
Persona
entrevistada: Claro que sí. Ellos
avisan cuando hay operativos, cuando esto, que alguien le dijo una denuncia,
van y lo mata.
Investigador:
¿Eso es lo que dice la comunidad y las informaciones que circulan por ahí?
Persona
entrevistada: Es que todo el mundo lo
sabe (Entrevista 35, grabada y transcrita, hombre,
residente, Oscar Felipe de Rincón Grande de Pavas, 6/7/2019).
Además de afirmar que se dan
ilegalismos en la Fuerza Pública y en el Organismo de Investigación Judicial, el
conjunto de residentes relata también que es normal que policías arresten a
vendedores de droga y que los suelten si estos les dan dinero, y que la policía
permite que las bandas tengan cámaras instaladas en la vía pública para
controlar lo que sucede. Otras personas comentan que hay esquemas fijos de
pagos, los cuales, por ejemplo, se darían cada quincena o cada semana.
No son solo las personas residentes que
no están involucradas con la venta de drogas aseveran que la policía en Rincón
Grande de Pavas suele participar en esta actividad. Estos hechos fueron
confirmados por parte de un privado de libertad entrevistado, el cual
precedentemente pertenecía a una banda criminal de la zona.
Investigador:
¿Y la policía sabe dónde están los puntos [de venta]?
Persona entrevistada: Sí, ellos tienen
todo eso, siempre van a pasar informaciones confidenciales.
Investigador:
¿Y hay que pagarles?
Persona
entrevistada: A ciertos policías
corruptos, le pasan información de allanamientos, que lo andan buscando.
Investigador:
¿Y por cada favor es una plata o hay como plata cada mes que se gana?
Persona
entrevistada: Un porcentaje cada mes,
cada quincena, cada vez que hagan algo realmente concreto.
Investigador:
¿Y si después llegan con información nueva e importante, se le da más plata?
Persona entrevistada: Sí,
hay veces en que se metían al bunker a buscar droga para ellos, se le pagaba o
se la dejaban (Entrevista 28, grabada y transcrita,
hombre, privado de libertad, ex miembro de una banda criminal de Rincón Grande de Pavas, 4/7/2019).
Además de los sobornos, algunas
personas afirman que agentes de policía roban objetos personales a las personas
que requisan en las calles. En particular, denuncian robos de celulares y de
droga, la cual sería usada para consumo personal.
Persona
entrevistada: Quitarle la droga a los
que fuman pa’ fumársela ellos. Sí, a la orilla de la malla de Laureles, ahí se
paran a fumársela.
Investigador:
¿Usted los ve ahí?
Persona
entrevistada: Claro, todo mundo. Hay
unos que se ponen, bueno, no ande muy largo, aquí en la plaza de aquí. En la
plaza de aquí a ciertas horas usted encontrará un par de policías por ahí, que
es que haciendo vigilancia. ¡No! Lo que están es fumando drogas (Entrevista 2, grabada y transcrita, mujer, residente,
Laureles de Rincón Grande de Pavas, 2/4/2019).
Prácticas
abusivas y violentas
Sin embargo, no son
solo las prácticas anteriormente descritas que aumenta el distanciamiento entre
las fuerzas de policía y la población de barrios empobrecidos. Un estilo
agresivo de control, con detenciones y acciones violentas por parte de la
policía, influye negativamente en la percepción de la justicia procedimental y,
por tanto, en la legitimidad policial (Gau
y Brunson 2010).
La justicia procedimental, que está relacionada con la equidad procesal y la
legalidad antes mencionadas (Garzón Vergara 2015), es la percepción de que las
autoridades se comportan y aplican la ley de manera justa, sin excederse de sus
potestades (Johnson,
Maguire, y Kuhns 2014; Tyler y Fagan 2008).
Las investigaciones han demostrado que esta percepción tiende a ser negativa en
poblaciones socialmente estigmatizadas y excluidas, como el caso de las
personas hispanas y negras de localidades empobrecidas en Estados Unidos (Nuño
2018). Además, investigaciones
recientes realizadas en ese país han demostrado que la pertenencia a una
comunidad en donde ocurrió algún caso de violencia policial aumenta la
percepción negativa de las personas respecto a la policía (Boudreau,
MacKenzie, y Simmons 2019).
En el contexto
latinoamericano, Frühling
Ehrlich (2009),
basado en datos estadísticos, concluye que las personas de menor nivel
socioeconómico muestran menores niveles de aceptación hacia las fuerzas
policiales. Para Garzón Vergara (2015), la policía se excede en el uso de la
violencia contra minorías étnicas, habitantes de la calle, migrantes de
determinadas nacionalidades y jóvenes de las zonas marginalizadas porque sabe
que tiene el respaldo del resto de la población que, en su mayoría, erróneamente
considera estas categorías sociales como «peligrosas». De hecho, las poblaciones
de periferias urbanas son el blanco principal de actos o prácticas de violencia
policial, particularmente contra las personas jóvenes de estos contextos, ya
sea durante situaciones más mediáticas y visibles (como un homicidio o casos de
tortura por parte de la policía) o en actos más cotidianos, como pueden darse
durante detenciones callejeras (Gau
y Brunson 2010; Lerchundi 2020).
Respecto al caso costarricense, existen
breves menciones relacionadas a estos temas en publicaciones científicas. Por
ejemplo, Blanco
Ramos (2015) afirma que en los barrios empobrecidos del
sur de la capital la acción policial es arbitraria y, en muchos casos, violenta.
Al parecer, esto sucede particularmente contra la juventud, la cual pasa a considerar
la presencia policial dentro sus barrios como una forma de «invasión» (Rodríguez
2017). Lo que evidencian los datos de esta investigación
no difiere, de manera sustancial e, de lo antes mencionado. Para un privado de
libertad, en Rincón Grande de Pavas, la policía es injustificadamente violenta
contra las personas jóvenes que considera están involucrados con la venta de
drogas.
Los policías pasan maltratando a todo
mundo, que andan un chaleco y todo. Ahora solo pasan en pasamontañas, pero no
son ni del OIJ. Son normales igual que uno, pero por eso se aprovechan para
golpear a todo mundo y humillarlos y hasta le toman fotos pegándoles y todo
eso. Yo me he tirado varios ataques, agarran un compita mío, le quitan la
camiseta, le echan agua fría y luego le pegan con un chuzo. Los torturan (Entrevista 27, grabada y transcrita, hombre, privado de libertad,
ex miembro de una banda criminal de Rincón Grande de Pavas, 2/7/2019).
Sin embargo, quienes
residen en la zona narran que la violencia policial no se dirige únicamente
contra integrantes de las bandas. Al parecer, el cuerpo de agentes, en
particular los pertenecientes a las unidades especiales antes mencionadas, el
GAO y a los Linces, muchas veces no diferencian quiénes hacen parte de estos
grupos y quiénes no, por lo que en el intento de reprimir con la fuerza la
venta de drogas, terminan empleando la violencia indiscriminadamente.
En veces los muchachos que están en la
ladera de nosotros son sanos, hay un murito ahí y los muchachos son sanos,
trabajan y esto y lo otro, entonces en la noche cuando ya vienen todos se
juntan ahí a conversar y son hijos de nosotras y todas estamos vigilando y
entonces, la policía, los motorizados, se paran ahí a golpearlos y a ponerlos
de manos cuando no hay venta de droga ahí, ellos buscan a los que no hacen
(Entrevista 51, grabada y transcrita, mujer, residente, metrópolis 1 de Rincón
Grande de Pavas, 17/12/2019).
Además del
malcontento de la población a raíz de la violencia contra las personas jóvenes,
que para la policía son sospechosos de formar parte de bandas del narcomenudeo,
en las entrevistas surgió también la preocupación de la población por el hecho de
que, según lo que afirman, cuando se dan conflictos armados entre policías y
criminales, los primeros no siempre se preocupan de resguardar la seguridad de
las personas ajenas a estos episodios, las cuales pueden terminar heridas por
equivocación.
Sobre la (in)eficacia
Otro aspecto que
influye en la legitimidad, de manera positiva y negativa, es la eficacia
policial a la hora de atender el crimen, como por ejemplo cuando esta no responde
a los llamados de la población, muestra inacción, presencia intermitente o se
enfoca, únicamente, en los ya mencionados hotspots. Mazerolle
y Wickes (2015)
señalan que las respuestas eficaces de la policía frente a los problemas de las
comunidades aumentan la confianza hacia esta y, al contrario, cuando la
ciudadanía se siente insegura debido a la inacción de la policía, esta goza de
un menor nivel de legitimidad (Cortés,
Parra, y Durán 2012).
Según las personas que residen en Rincón Grande de Pavas, en la mayoría de los
casos la policía no consigue responder prontamente a sus llamadas, lo que las
hace sentirse desprotegidas.
Sinceramente vienen cuando les da la gana,
no cuando uno verdaderamente los necesita. Porque uno viene y llama y ellos van
apareciendo a la hora, ¿me entiende? y ya eso, ya eso pasó. Y si a la persona
la apuñalaron o la balearon, diay ahí está, se muere. Porque lo que es la
policía nunca llegó y ya la persona salió huyendo y nunca lo agarraron por lo
mismo, porque no se presenta en el momento que tiene que ser, y aquí está cerca
la delegación (Entrevista 11, grabada y transcrita,
mujer, residente, metrópolis 2 de Rincón Grande de Pavas, 15/5/2019).
Respecto a la
venta de drogas, para la población local la inacción de la policía se mezcla
con los ilegalismos antes mencionados. Durante la investigación, varias
personas comentaron que la policía suele «ver para el otro lado» cuando pasa
frente a los puntos de venta o que hace requisas, pero casi nunca arresta a
quienes se dedican a esta actividad. Por su parte, miembros de la policía
aseguran que, dada la escasez de personal, tienen que seleccionar con mucha
atención los lugares en los cuales focalizar su accionar, según la lógica de
los «puntos calientes» antes mencionada. Esto corrobora lo expresado por parte
de las personas de las comunidades, las cuales afirman que la presencia
policial es mucho más visible después de que se dan conflictos armados.
Yo diría que hay 2 cosas como le dije
antes, los riesgos nosotros los estamos priorizando las zonas donde no
solamente hay problemas de tráfico y consumo sino donde los niveles de
violencia se hacen visibles en la cantidad de heridos, de enfrentamientos con
armas blancas o con armas de fuego, son más frecuentes y esas zonas ya están
bastante identificadas con datos que además tenemos con el OIJ (Entrevista 33,
grupal, grabada y transcrita, Director General y altos mandos de la Fuerza
Pública, 29/8/2019).
Aunque tanto las
personas residentes como el cuerpo policial de la Fuerza Pública coinciden que la
policía puede acceder a todos los lugares de Rincón Grande de Pavas, al momento
de profundizar sobre el tema queda en evidencia que dicho ingreso depende de
algunas variables. En primer lugar, hay lugares, sobre todo alamedas, que son
inaccesibles para los automóviles y, en segundo lugar, en otros sitios la
iluminación es insuficiente para ingresar a pie. Sin embargo, el mayor
obstáculo lo representa la presencia armada de bandas criminales, lo que puede
obligar a integrantes de la Fuerza Pública a tomar mayores medidas de
precaución.
El policía de Pavas tiene mucho
conocimiento. Sabe bastante cuales son los lugares conflictivos, sabe cuáles
son los lugares donde pueden entrar solos, donde pueden entrar con 2 patrullas,
donde pueden entrar con 3 patrullas, saben dónde pueden llegar a detener un
sujeto y sacarlo, sabe dónde esperar apoyo (Entrevista
36, grabada y transcrita, hombre, policía de la Fuerza Pública de Pavas,
17/9/2019).
Según las palabras
del agente entrevistado, la totalidad de Rincón Grande de Pavas es considerada
como una zona donde se hace necesario que las patrullas lleven consigo un arma
de apoyo, es decir de grueso calibre, para garantizar su seguridad.
Hay muchos lugares donde nosotros ingresamos sin arma de
apoyo, pero general y principalmente en la noche, tarde-noche y así
sucesivamente, utilizamos el arma de apoyo. Es mejor que sobre y no que falte,
porque digamos, ya lo que es Rincón Grande, es mejor andar siempre con el arma
de apoyo (Entrevista 36, grabada y transcrita, hombre,
policía de la Fuerza Pública de Pavas, 17/9/2019).
Al momento de
analizar la eficacia, es necesario enfocarse también en la aceptación de la
población hacia la policía, porque esta facilita la colaboración entre ambos
sectores y aumenta la probabilidad de que las víctimas de delitos denuncien
formalmente los acontecimientos, y que el resto de las personas brinden
información respecto a actividades criminales o sospechosas (Mazerolle y Wickes
2015). De hecho, entre más información posea la policía, mayores son las
probabilidades de que su accionar alcance resultados positivos.
Efectos no deseados de la represión
Además, los
resultados positivos que alcanzan las fuerzas de policía tienen un impacto
limitado dada la resiliencia demostrada por parte de las organizaciones
criminales que, en Costa Rica, se dedican a la comercialización de drogas. Por
ejemplo, la desarticulación de dichas estructuras normalmente permite que su lugar
sea inmediatamente tomado por parte de otras agrupaciones (COMESCO
2017; Instituto Costarricense sobre Drogas 2016).
Lo anterior
permite entender que, cuando se habla de los resultados obtenidos mediante la
represión policial contra la venta de drogas a nivel barrial, no es suficiente
limitarse a comprender cuáles son los resultados positivos que esta alcanza. Lo
anterior se debe al hecho de que el combate a la venta de droga también puede generar
otros resultados que son negativos y no deseados; como se verá en esta sección,
puede también generar mayor violencia o desplazar los conflictos. Además, puede
generar una aversión en la población, sobre todo cuando la policía es
considerada ilegítima por parte de la población local a causa de los
ilegalismos y las prácticas abusivas y violentas antes mencionadas.
En Pavas, por
ejemplo, el arresto del Gringo, uno de los mayores líderes criminales de la localidad
en los últimos diez años, permitió que otro grupo se apoderara de los puntos de
venta precedentemente controlados por este.
Cuando uno de los
líderes, por «x» o «y» razón cae a la cárcel, ya queda más vulnerable, o tal
vez esa banda pierde dos o tres elementos, ya la otra banda la considera más
vulnerable y entonces se le va encima para eliminarla por completo. Situación
que paso por ejemplo con la banda del Gringo, que gracias al trabajo de
Inteligencia que se llevó a cabo con el OIJ conjuntamente con la policía,
Fuerza Pública. Se logró la detención en dos días de aproximadamente diez
elementos de la banda, de la estructura del Gringo, entonces el Gringo queda
vulnerable, quedo casi que desamparado, quedo solo. Entonces es donde vienen
inmediatamente la intervención de otra banda, donde busca un acercamiento con
él para brindarle, acogerlo, entonces posiblemente haya puesto resistencia y
entonces al no haber negociación, al no someterse a la voluntad, entonces yai, lo
eliminan de una sola vez (Entrevista 36, grabada y
transcrita, hombre, policía de la Fuerza Pública de Pavas, 17/9/2019).
Además, como
demuestran los casos de Brasil y México, el vacío de poder dejado por los
arrestos y, en general, la acción policial, genera las condiciones necesarias para
que se dé un aumento de los conflictos entre bandas. Esto se debe a que la
represión puede romper equilibrios preexistentes que permitían mantener la
ausencia de conflictos entre organizaciones criminales, así como fragmentarlas
y multiplicar su número (Biderman
et al. 2019; Osorio 2015; Magaloni, Franco-Vivanco, y Melo 2020). Lo anterior se vuelve todavía más probable cuando la represión
policial se lleva a cabo de forma extremadamente violenta, como sucedió en
México cuando, en el 2016, el Estado declaró guerra al crimen organizado (Atuesta
y Pérez-Dávila 2018).
Otro aspecto para
tomar en consideración es el desplazamiento delictivo que puede provocar la
represión por parte de la policía. Este se da cuando un grupo desplaza sus
actividades criminales de una localidad que cuenta con una elevada presencia de
agentes de policía a una donde el número es menor o nulo (De
León Beltrán y Garzón 2014; Magaloni, Franco-Vivanco, y Melo 2020).
Además, la represión puede acrecentar el precio de las drogas, generando así
mayores ganancias a los grupos criminales (Raffo
y Gómez 2017).
Dado que el
aumento de la conflictividad tiene un impacto negativo en la seguridad de la
población local, esta puede generar la aversión hacia la policía, porque puede
llegar a considerarla como la responsable de la ruptura de los equilibrios
antes mencionados (Magaloni,
Franco-Vivanco, y Melo 2020).
Otra razón que genera
malcontento entre las personas es la brutalidad policial, es decir, el uso de
la fuerza de manera injustificada o excesiva. En Estados Unidos y Francia, el
enojo que produce, principalmente la que se vuelve mediática por su letalidad,
suele fomentar reacciones espontáneas y organizadas bajo la forma de marchas y
protestas que pueden llegar a ser altamente violentas (Fassin
2013). En Rincón Grande de
Pavas no hay registros de protestas masivas contra la policía, pero se dan situaciones
en las que parte de la población expresa un claro rechazo hacia la presencia de
sus agentes.
Oficial 4:
Hay de todo, digamos hay gente que sí accede verdad, sí lo apoya a uno,
digamos, no hay que generalizar, pero sí la gran mayoría está en contra de la
actuación policial. A veces sí, digamos, porque yo he visto casos en los que
chiquitos, o sea, te estoy hablando de chiquitos de cinco, seis, siete años,
donde van pasando y perdón la expresión, pero empiezan a gritarte «paco hp», o
cuando te das cuenta te tiran piedras. Igual hasta en personas adultas mayores,
como hay otras personas adultas mayores también y niños que más bien donde uno
va pasando lo saludan y le dicen que gracias por la labor que uno hace, es
variado. (Grupo focal con 5 agentes de la Fuerza Pública de Pavas, grabado y
transcrito, 11/2/2020).
Durante la
investigación no fue posible individuar con certeza las razones que generan
estas expresiones de malcontento. Sin embargo, podrían residir en prácticas
violentas que pueden suceder durante los patrullajes, en particular hacia las
personas más jóvenes, como se explicó precedentemente. El relato de un privado
de libertad, que afirma que el hostigamiento sufrido lo llevó a guardar rencor
contra la policía, da elementos para creer que es un aspecto importante.
Persona
entrevistada:
Tenía 14 años, me agarraban y me subían a la buseta y me golpeaban entre todos,
entonces agarré rencor contra ellos, eran mis enemigos, no los podía volver a
ver porque quería matarlos.
Investigador:
¿Por eso que hacían con usted?
Persona entrevistada:
Eso era lo malo, todos los que miraban los policías eran malos para ellos, sin
distinción (Entrevista 27, grabada y transcrita, hombre, privado de libertad,
ex miembro de una banda criminal de Rincón Grande de Pavas, 2/7/2019).
Cabe mencionar el
hecho de que cuando la policía no goza de legitimidad, sus labores se
dificultan aún más porque esto puede llevar a porciones de la población local a
apoyar a las bandas al momento de llevar a cabo sus actividades criminales, lo
que complica ulteriormente la relación entre las fuerzas de seguridad y las
personas residentes.
Por ejemplo, hay personas que viven en una
casa, esa gente trabaja, esa persona no vende, no asalta, pero, cuando un
sujeto asalta, se prestan para que el sujeto se esconda en la casa, o para que
esconda lo sustraído y no permiten el ingreso de la policía a esa casa. Cuando
la policía va siguiendo un elemento, un vendedor de droga, le facilitan el
ingreso a la casa y la salida por la parte posterior de la casa para que se
vaya por los techos, o, le esconde la droga, esconden al sujeto y entonces ya
se nos complica a nosotros el actuar, el cumplimiento (Entrevista 36, grabada y
transcrita, hombre, policía de la Fuerza Pública de Pavas, 17/9/2019).
Los resultados de
la investigación, en particular lo afirmado por parte de las personas
residentes, permite comprender que, de hecho, solo una estrecha minoría de
estas personas apoya activamente a las bandas del narcomenudeo en Rincón Grande
de Pavas. Pero esto no impide que, como muestra la declaración anterior, en
algunas ocasiones obstaculicen el trabajo de quienes patrullan las calles de
sus barrios e, incluso, intenten impedir arrestos de delincuentes.
Oficial 1:
Pavas en realidad, la población es difícil para todo. Digamos, ellos acaban de
ver que asaltaron a una persona, nosotros llegamos a intervenir, después ya
llegan los familiares de ese asaltante y se empiezan a meter con nosotros, y ya
como se hace multitud, ya ese tiene un amigo, entonces ese amigo llega y cuando
usted ve tiene cuarenta personas rodeando la policía.
Investigador:
¿Y eso pasa a menudo?
Oficial 4:
Constantemente.
Oficial 1:
Por eso tenemos abuso de autoridad, bueno, volados, por lo mismo, porque diay
si yo tengo una persona aquí detenida y llega alguien por la espalda a intentar
quitármelo, pues téngalo por seguro que uno se va a defender. Va a salir una
mujer, van a salir menores de edad, adultos mayores, porque es de todo, no es
una población específica, no, todos, todos están en contra de la policía.
Oficial 4:
Hay situaciones también, por ejemplo, una violencia doméstica que se puede
complicar, o sea, aquí desde un asalto, o sea todo se puede complicar en
cualquier momento. Como dicen aquí, uno tiene que estar alerta porque en
cualquier momento le brinca la liebre, en cualquier momento. (Grupo focal con
miembros de la Fuerza Pública de Pavas, grabado y transcrito, 11/2/2020).
Es posible
observar, entonces, que la aversión que parte de la población siente hacia la
policía y que, al parecer, se debe, principalmente, a las formas de control que
esta implementa para luchar contra la venta de drogas, puede generar un
impedimento también al momento de reprimir otras formas de criminalidad. Asimismo,
los resultados negativos, y no deseados, de la acción policial se pueden reflejar,
como se mencionó arriba, en la falta de cooperación de las personas residentes
de barrios vulnerables, en particular en la disminución de las llamadas y
denuncias que se presentan ante las fuerzas de policía, aunque, en el caso de
las denuncias, entran otras variables en juego, como la desconfianza, la
ineficacia y el temor a las represalias (Pita et al. 2019). Lo mismo sucede en
otros países latinoamericanos, por ejemplo en Argentina, donde las personas residentes de los barrios populares
tienden a no llamar a la policía por la desconfianza que deriva de irregularidades
cometidas por parte de esta y por la ineficiencia que la caracteriza; elementos
que llevan a la población a considerar que es inútil buscar a la policía cuando
se dan casos de criminalidad y violencia (Auyero,
Burbano de Lara, y Berti 2014).
Además, así como se registró en barrios vulnerables de Colombia (Cortés,
Parra, y Durán 2012),
la percepción difusa de que muchos agentes participan activamente a los
mercados ilegales narcomenudeantes, genera en la población el temor de que la
misma policía comunique a las personas
integrantes de las bandas los nombres de quienes los denuncian.
Lo que sí sabemos es que se filtra
información. Quién y cómo se filtra, no sabemos. Pero si sabemos que cuando uno
llama directamente a la caseta de policías, inmediatamente, las bandas saben
que la comunidad hizo la llamada (Entrevista 1, grabada y transcrita, mujer,
residente, Finca San Juan de Rincón Grande de Pavas, 26/3/2019).
Dicho temor tiene
un impacto directo en la venta de drogas, la cual es la actividad criminal
menos denunciada por parte de las personas residentes.
Cómo yo soy de la comunidad, no me puedo
comer la bronca de denunciar. Entonces aquí al frente, ahí venden drogas. Qué
va a llamar él [el policía] a decir que ahí hay un trasiego de drogas. (…) Aquí
venir a poner una denuncia a la delegación de aquí o a la de Pavas, es de una
vez aliste el ataúd (Entrevista 2, grabada y transcrita, mujer, residente, Laureles
de Rincón Grande de Pavas, 2/4/2019).
Sin embargo, el
hecho que tanto la Fuerza Pública (Entrevista 36,
grabada y transcrita, hombre, policía de la Fuerza Pública de Pavas, 17/9/2019)
como el OIJ (Entrevista 32, grabada y transcrita, hombre, unidad de
análisis criminal del OIJ, 22/8/2019) afirmaron que sí reciben denuncias formales
e informales sobre venta de drogas por parte de la población de Rincón Grande
de Pavas y que estas son fundamentales para desarticular bandas, lleva a pensar
que el rechazo y la desconfianza hacia la policía no son totales y que parte de
la población, aunque principalmente de forma anónima, todavía apoya y respalda
la labor policial.
Conclusiones
Como se ha
mostrado en este artículo, el concepto de legitimidad policial es central para
analizar la relación comunidad-policía. La legitimidad se ve influenciada por
diversos factores, como la eficacia policial, la percepción de la justicia
procedimental, las experiencias personales entre agentes y personas, la
colusión y el cinismo legal. El caso de Rincón Grande de Pavas nos demuestra
que la población local tiende a percibir como menos legítimas las fuerzas
policiales y a generar rumores negativos respecto a su accionar en la lucha
contra la venta de drogas al menudeo cuando considera que no alcanzan los
resultados esperados, aumentan el uso excesivo o inmotivado de la fuerza , o se
dan ilegalismos por parte de sus integrantes, En particular, existe una opinión
generalizada entre las personas habitantes sobre el hecho de que el cinismo de un
gran número de policías los lleva a aceptar sobornos por parte de
narcomenudeantes, esto a cambio de protección y para que no obstaculicen la
venta de drogas. Lo apenas descrito se suma al hecho de que las personas
residentes afirman que la policía tiene una presencia intermitente y cuenta con
poco personal en la zona. Además, los relatos presentados presentan la
narración, por parte de algunas de las personas entrevistadas, de una situación
de violencia policial sistemática, direccionada principalmente hacia personas
jóvenes involucrados en la venta de drogas, pero que victimiza también a otras personas
que no participan en dicha actividad. En fin, la lucha contra el narcomenudeo genera
resultados negativos y no deseados por parte de las autoridades, como por
ejemplo el desplazamiento de la criminalidad o favorecer involuntariamente a un
grupo que se dedica a la comercialización de drogas. Todo lo anterior dificulta
las tareas de la policía, la cual no cuenta con el apoyo de la población que,
incluso, en algunos casos llega a oponerse activamente a arrestos y
patrullajes.
Agradecimiento
El presente artículo es el resultado
de una investigación que se llevó a cabo desde el Instituto de Investigaciones
Sociales y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.
El autor agradece el Staff de Gestión de Vivienda y
Asentamientos Humanos de la Municipalidad de San José, el cual brindó apoyo
financiero y logístico para llevar a cabo la investigación.
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[1] La Fuerza Pública es el
cuerpo policial que, en Costa Rica, está encargado de realizar los patrullajes
visibles en la vía pública.
[2] Costa Rica abolió las
fuerzas armadas en el 1948.
[3] En dichos estudios de opinión no se separan las diferentes fuerzas policiales del país.
[4] Las policías
paramilitares son « organizaciones existentes dentro de los cuerpos de policía
que, en diferentes grados, están modeladas siguiendo lo militar, pero con
poderes legales y el estatus legítimo de la policía» (Rantatalo 2012, 51).
También se puede hablar de militarización de la policía cuando esta usa «las
estructuras de mando, arsenales y culturas institucionales propias de las
fuerzas armadas» (Saunders-Hastings 2021, 210).
[5]
Según lo explicado por parte del funcionario, la GAO y los Linces no son
unidades especializadas (en términos del organigrama institucional), sino
grupos de «fuerzas de tarea» que forman parte de la propia estructura de las
direcciones regionales de la Fuerza Pública. Al no tener un lugar propio en el
organigrama institucional, no existe documentación que precise las funciones y
particularidades operativas del GAO y los Linces. Por esta razón, fue necesario
solicitar información telefónicamente a este funcionario (anonimizado), el cual
corroboró por medio de en un correo electrónico la información aquí presentada.
[6]
El OIJ es el cuerpo policial que, en Costa Rica, se encarga de la labor
investigativa.