Una aproximación a la canalización neoliberal y
conservadora del descontento social en Costa Rica (2019-2020)
An approach to the neoliberal
and conservative channeling of social discontent in Costa Rica (2019-2020)
Sofía Cortés Sequeira
Instituto de Investigaciones
Sociales
Centro de Investigaciones Históricas de
América Central
Universidad de Costa Rica, San
José, Costa Rica
https://orcid.org/0000-0002-3788-8985
Fecha
de recepción: 3 de marzo del
2023
Fecha
de aceptación: 12 de octubre del 2023
Cómo citar:
Cortés Sequeira, Sofía.
2024. Una aproximación a la canalización neoliberal y conservadora del
descontento social en Costa Rica (2019-2020). Revista Reflexiones.104 (1). DOI 10.15517/rr.v104i1.548217
Resumen
Introducción:
A nivel global y regional, los sectores neoliberales, organizaciones neopentecostales y neointegristas,
y en general las «nuevas derechas», han dirigido esfuerzos para canalizar el
malestar y el descontento social hacia el reforzamiento del proyecto neoliberal
y conservador. En este marco, han
protagonizado e incidido en acciones colectivas con una diversidad de
repertorios de acción.
Objetivo:
Reflexionar sobre la presencia de discursos, demandas, y sectores neopentecostales y neoliberales en acciones colectivas y
movimientos de protesta social a partir de dos «enjambres de protesta»
ocurridos durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).
Método:
Se realiza una descripción cronológica y analítica de dos «enjambres de
protesta» ocurridos durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022),
con base en información de prensa y registros recopilados de la Base de Datos
de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad de Costa Rica. El primero, son las protestas estudiantiles y de
transportistas de junio-julio del 2019. El segundo, son las protestas
ciudadanas en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en
octubre del 2020. Para su análisis e interpretación se utiliza bibliografía
nacional y latinoamericana sobre la conflictividad social durante el gobierno
de Alvarado, los vínculos entre neopentecostalismo y
neoliberalismo, las nuevas derechas y las protestas conservadoras.
Resultados:
Se logró una reconstrucción cronológica y analítica de los dos enjambres de
protesta, utilizando alrededor de 100 artículos de prensa recopilados de la
Base de Datos de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad de Costa Rica, los cuales se complementaron con algunas
publicaciones en las redes sociales de las y los actores de la protesta.
Conclusiones:
Tanto en las protestas del 2019 como en las del 2020 se ubica la presencia de
demandas y actores vinculados a la agenda política neopentecostal
y neoliberal. En el primer caso, resalta la inclusión de la demanda en contra
de la creación de «baños neutros» por parte de sectores neopentecostales
dentro de la agenda de lucha del movimiento estudiantil de secundaria, en el
marco de la aplicación de los protocolos en contra del acoso escolar a personas
sexualmente diversas en centros educativos públicos. En el segundo, resalta la
capacidad del gran empresariado de posicionar la demanda de «no más impuestos»
en las jornadas de protesta de octubre del 2020, y de utilizar el malestar
generalizado derivado de la aprobación y aplicación de la reforma fiscal del
2018 y del deterioro económico del país, para en este momento lograr evitar
cualquier discusión o iniciativa tendiente a aumentar la carga tributaria de
las grandes empresas para enfrentar los severos efectos económicos, sociales y
sanitarios de la pandemia del COVID-19.
Palabras
clave: Protestas, Conflictividad social, Neoliberalismo,
Neopentecostalismo, Conservadurismo.
Abstract
Introduction: At the global and regional level, neoliberal sectors,
neo-Pentecostal and neo-integrist organizations, and
in general the «new right», have directed efforts to channel social unrest and
discontent towards the reinforcement of the neoliberal and conservative
project. Within this framework, they
have played a leading role in collective actions with a diversity of
repertoires of action.
Objective: To reflect on
the presence of neo-Pentecostal and neoliberal discourses, demands, and actors
to channel and guide social discontent in Costa Rica in collective actions and
social protest movements, based on two «protest swarms» that occurred during
the government of Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).
Method: A chronological
and analytical description is made of two "protest swarms" that
occurred during the government of Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), based on
press information and records compiled from the Collective Actions Database of
the Institute of Social Research of the University of Costa Rica. The
first, are the student and transportation protests of June-July 2019. The
second is the citizen protests against the agreement
with the International Monetary Fund in October 2020. For its analysis and
interpretation, national and Latin American bibliography on social conflict
during the Alvarado government, neo-Pentecostalism, new right-wing and
conservative protests is used.
Results: A chronological and analytical reconstruction of the two protest swarms
was achieved based on about 100 press articles collected from the Collective
Actions Database of the Institute of Social Research of the University of Costa
Rica, which were complemented with some publications on social networks of the
protest actors.
Conclusions: Both in the
2019 and 2020 protests, the presence of demands and actors linked to the
neo-Pentecostal and neoliberal political agenda can be found. In the first
case, the inclusion of the demand against the creation of «neutral bathrooms»
by neo-Pentecostal sectors within the demands of the high school student
movement, within the framework of the implementation of protocols against
bullying of sexually diverse people in public schools, stands out. In the
second, it highlights the ability of big business to position the demand for «no
more taxes» in the October 2020 protest days, and to use the generalized
malaise derived from the approval and implementation of the 2018 tax reform and
the economic deterioration of the country, to avoid any discussion or
initiative aimed at increasing the tax burden of large companies to address the
severe economic, social and health effects of the COVID-19 pandemic.
Key Words: Protests, Social conflict, Neoliberalism, Neo-pentecostalism, Conservatism.
Introducción
En
este artículo se realizará una breve reflexión sobre la presencia de discursos,
demandas, y sectores neopentecostales y neoliberales en
acciones colectivas y movimientos de protesta social recientes, como estrategia
para canalizar el malestar social creciente hacia medidas que sostengan,
reafirmen o profundicen el statu quo neoliberal en Costa Rica.
Para
esto, se procederá a la reconstrucción cronológica, con base en fuentes
periodísticas, de dos «enjambres» de protesta social presentados durante la
administración del presidente Carlos Alvarado Quesada (2018-2022). El primero,
son las protestas de junio-julio del 2019 que derivaron en la destitución del
entonces ministro de Educación, Édgar Mora Altamirano. El segundo, las
protestas de octubre del 2020 en contra de la propuesta de negociación de un
empréstito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, se
analizará el origen del conflicto, las y los actores, las demandas, los
discursos y los desenlaces de dichos conflictos, dentro de una determinada
correlación de fuerzas y contexto marcado por las disputas entre sectores que
apoyaron el avance de la reforma neoliberal y quienes la enfrentaron, así como
entre quienes apoyaron el avance de una agenda cultural progresista en materia
de género, y quienes la enfrentaron.
De
esta manera, se pretende responder a la interrogante de en qué medida y bajo
qué mecanismos se expresaron discursos, demandas y sectores de corte neopentecostal y neoliberal en los «enjambres» de protesta
del 2019 y el 2020, y en qué medida fueron capaces de incidir en estos
movimientos. Para esto, el artículo se estructura en dos partes, la primera
dedicada a analizar la evolución y el desenlace del ciclo de protestas de
junio-julio del 2019, y la segunda, a analizar las protestas de octubre del
2020. Para la reconstrucción de ambos momentos, se utiliza como base la
información obtenida de «Protestas. Base de Datos de Acciones Colectivas» del
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica[1].
La canalización del malestar social por parte de las «nuevas derechas» es un fenómeno que se está desarrollando con fuerza en todo occidente (Stefanoni 2021). En América Latina, estas han abandonado la forma de «mayoría silenciosa» que intervenía únicamente a través de grupos de interés fuera de la mirada pública, y han optado por tomar parte en, y llevar a cabo acciones colectivas (con repertorios de acción más o menos transgresores) en el espacio público, ya sea impulsando de forma abierta movilizaciones sociales antiigualitarias, que defienden la homogeneidad (en contra del pluralismo y la diversidad), la identidad religiosa, la familia tradicional, la propiedad privada, la riqueza y los privilegios económicos frente a la “presión del Estado”, con un marcado carácter defensivo del statu quo, que en su imaginario se encuentra “moralmente” asediado por el «progresismo»; o como parte de movilizaciones sociales más amplias. Para estas nuevas derechas, las desigualdades no son producto de procesos sociohistóricos, sino de diferencias naturales en el talento y esfuerzo individual (Lucca y Iglesias 2020, 69-70).
En
Costa Rica, el 2018 marcó un punto de inflexión en el proceso de acumulación de
fuerzas de los sectores políticos neopentecostales, como
expresión de esta «nueva derecha», quienes por primera vez estuvieron en
capacidad de disputar la presidencia del país, al ganar la primera ronda
electoral en febrero del 2018 con el candidato Fabricio Alvarado Quesada del Partido
Restauración Nacional (PRN), y a pesar de perder la segunda ronda frente a
Carlos Alvarado Quesada del Partido Acción Ciudadana (PAC), convertirse en la
segunda fuerza legislativa con 14 curules. Como indica Arguedas (2020, 19),
desde finales del siglo XX tanto los neopentecostales
como el neo-integrismo católico impulsaron luchas y
demandas con el objetivo de hacer retroceder el proceso de secularización del
espacio público y la agenda de ampliación de derechos de las mujeres y
personales sexualmente diversas.
Como
parte de su estrategia electoral, de cara a las elecciones del 2018, los neopentecostales construyeron al PAC como una amenaza para
la familia tradicional, y promovieron movilizaciones sociales en contra de la
educación sexual en centros educativos públicos y de los derechos de las
personas sexualmente diversas (Arguedas 2020, 23-27). Como consecuencia, entre
el 2017 y el 2018 se experimentó un repunte de acciones colectivas con demandas
conservadoras en torno al género (Alvarado y Martínez
2018; Cerdas 2020; Cortés 2022).
Por
su parte, tras ganar las elecciones con un discurso de respeto y defensa de los
derechos humanos para las mujeres y personas sexualmente diversas, el gobierno
de Carlos Alvarado dilapidó tempranamente, en los primeros meses de su gestión,
el frágil capital político que había logrado cosechar en el marco de la segunda
ronda electoral, especialmente, al asumir el impulso a una regresiva reforma
fiscal como tarea prioritaria del gobierno. Su gestión, marcada por el fiscalismo, el anti-sindicalismo,
la austeridad y el recorte del gasto público, aceleró el ritmo de aprobación de
las reformas neoliberales en el país, y respondió exclusivamente a los
intereses económicos y políticos del gran empresariado, sector que controló a
lo largo del periodo la agenda del gobierno (Acuña 2021, Molina y Díaz 2021,
Robles y Cárdenas 2021).
Cabe
destacar, además, que el gobierno de Carlos Alvarado puede calzar dentro de lo
que Nancy Fraser ha conceptualizado como un «neoliberalismo progresista», es
decir, un gobierno que impulsó una agenda marcadamente neoliberal a la par de
demandas culturales progresistas (especialmente en materia de género y
etnicidad), fundamentalmente identitarias y civiles, desvinculadas de las
luchas por justicia económica y por una mejor redistribución de la riqueza, en
alianza con sectores de los movimientos sociales que igualmente desvinculan las
demandas culturales e identitarias de la agenda económica y redistributiva, o
subjetivamente neoliberales. Este neoliberalismo progresista coexiste, y a
menudo también compite, con sectores neoliberales culturalmente conservadores,
que promueven una agenda regresiva en materia de género, etnicidad o
multiculturalidad, en alianza con organizaciones fundamentalistas (Fraser 2017,
46-64; Cortés 2021, 220).
Una
de las principales consecuencias políticas de este «neoliberalismo progresista»
es contribuir a que los sectores más conservadores construyan la idea de que
las agendas culturalmente progresistas en materia de género, derechos humanos,
multiculturalidad, entre otras, son exclusivas y parte del proyecto de las
élites, que buscan atentar en contra de la forma de vida de las personas «comunes»
o del pueblo, definido en sentido conservador (Fraser, 2017).
Asimismo,
cabe destacar que desde su nacimiento, como fuerza política a inicios de siglo
XXI, el PAC logró la simpatía de sectores progresistas y activistas sociales
que conforme el partido fue ganando posiciones a nivel municipal, legislativo y
ejecutivo, reforzaron su base social y se colocaron también en puestos de toma
de decisiones, lo que posibilitó diferentes grados de cooptación de algunas
dirigencias y sectores de movimientos sociales durante sus dos administraciones
(2014-2018 y 2018-2022).
Los
«enjambres» de protesta del 2019 y del 2020 fueron expresión del malestar
social creciente producto del deterioro general de las condiciones de vida de
la mayoría de la población, provocado por el avance y profundización de las
reformas neoliberales en el país (Chavarría 2023), así como de los altos
niveles de impopularidad y conflictividad social que caracterizaron al gobierno
de Carlos Alvarado (Alvarado, Cortés y Sáenz 2021).
La
reforma fiscal del 2018 fue adversada por una amplia alianza de sindicatos del
sector público y movimientos sociales, que protagonizaron una huelga que se
extendió por tres meses, y que fue combatida por el gobierno de Carlos Alvarado
a través de diversos mecanismos, como la criminalización del movimiento de
protesta, tanto a nivel discursivo como a través de la detención y
procesamiento de personas manifestantes, y declaratorias de ilegalidad de los
movimientos de huelga en las instituciones estatales. Con la aprobación final
del proyecto de ley de reforma en diciembre del 2018, sin haber incorporado una
sola de las demandas del movimiento de huelga, este fue derrotado (Grau 2021,
Díaz 2021).
Al
analizar las protestas sociales del periodo 2018-2019, Chavarría (2023) señala
que tras la derrota sufrida en esta huelga, el movimiento social costarricense
se vio obligado a intentar cambios en su estrategia de alianzas y objetivos,
que llevó a intentar sumar nuevos sectores y demandas, en su mayoría de
carácter sectorial, que dificultaron la construcción de objetivos comunes, lo
que terminó atentando en contra de la capacidad de definir y alcanzar la conquista
de sus demandas prioritarias (324-325).
En
este sentido, como continuidad de la conflictividad expresada en el 2018 en
torno a la agenda económica y la reforma del Estado, a mediados del 2019, las
organizaciones sindicales volvieron a las calles para protestar, especialmente,
en contra de la aprobación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, del
proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica a la huelga y sus
procedimientos, y del proyecto de Ley de Declaratoria de Servicios Públicos
Esenciales, los cuales buscaban deteriorar la capacidad organizativa y de
movilización de las personas trabajadoras y los sindicatos del sector público,
como reacción a la capacidad combativa que este sector mostró en la huelga del
2018. En este ciclo de protestas se incorporaron, a su vez, otros sectores como
estudiantes de secundaria, organizaciones “conservadoras”, de personas
pescadoras y de transportistas, que sumaron sus demandas, muchas de carácter
sectorial y específico (Chavarría 2023, 357).
Asimismo,
las movilizaciones de octubre del 2020, en buena medida, fueron continuidad del
malestar ciudadano derivado de la aprobación de la reforma fiscal del 2018,
esta vez protagonizado fundamentalmente por la ciudadanía. Este movimiento se
definió como «anti fiscal» y «anti-FMI» (Díaz 2021). El enojo ciudadano en
contra del gobierno de Carlos Alvarado se intensificó con los impactos
económicos y sociales de la pandemia del COVID-19. Al segundo trimestre del
2020, el país reportaba una tasa de desempleo del 22%, lo que representó un
aumento de 10,6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del 2019. La
destrucción y precarización de los empleos afectó mayoritariamente a las
mujeres, cuya tasa de desempleo ascendía a un 29%, y a las personas con un
nivel educativo de secundaria incompleta o menos, con edades entre los 35 y 44
años (Sanarrusia 2020).
A
pesar del acelerado deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de la
población, producto del crecimiento del desempleo, de la informalidad, de la
pobreza, entre otros indicadores, el gobierno privilegió el fiscalismo
y la austeridad, lo que profundizó la crisis (Acuña 2021; Guillén 2021).
De
acuerdo con Rosales, la conflictividad social reactivada desde el 2018 se
articuló entonces en torno a dos ejes centrales que polarizaron a los sectores
sociales, los derechos de la población sexualmente diversa y de las mujeres, y
la agenda económica hegemónica (2023, 163).
En
este escenario, se procederá a analizar la presencia e inserción, en ambos
momentos de la protesta (2019 y 2020), de discursos, demandas y sectores de
corte neopentecostal y neoliberal, para así discutir su
inserción dentro de las acciones colectivas como una herramienta para canalizar
el malestar social imperante hacia el reforzamiento de su agenda y su proyecto.
Lejos de agotar la temática, se busca generar interrogantes e inquietudes que
permitan comprender la coyuntura política nacional, en particular, el avance de
los sectores y agendas políticas neoconservadoras a nivel nacional y regional.
«Baños neutros», neopentecostalismo
y malestar estudiantil
David
Harvey (2007, 47-72), al estudiar la construcción de una hegemonía neoliberal
en las sociedades occidentales, muestra cómo desde la década de 1980 la alianza
de las élites políticas neoliberales con las iglesias cristianas neopentecostales permitió vincular al proyecto neoliberal
con la defensa de los valores tradicionales, el conservadurismo cultural, el
etnonacionalismo, el racismo y la homofobia, lo que facilitó el avance de esta
nueva hegemonía entre amplios sectores de la clase trabajadora. Esta alianza ha
contribuido significativamente a la construcción de una cultura popular
neoliberal, que posiciona al proyecto neoliberal como el único garante de la
preservación de los valores e identidades sensibles para el pueblo.
Durante
la última década, la alianza y los vínculos entre el neopentecostalismo
y el proyecto neoliberal ha sido objeto de especial interés en América Latina,
a partir del creciente éxito electoral que varios partidos políticos neopentecostales han experimentado en los países de la
región. Como indica Julio Córdoba (2015), los severos efectos en la destrucción
del tejido social producto de la profundización de las reformas neoliberales en
América Latina, a partir de la década de 1980, han permitido el avance de las
iniciativas y las agendas de los grupos «pro-vida»
neo pentecostales dirigidas a «restaurar la estabilidad familiar» en medio de
la crisis de certezas y de estabilidad propias del modelo económico.
Para
Yirlean Ramos Feria y Ada Celsa Cabrera García (2021,
119-121), el principal rasgo neoliberal del neopentecostalismo
es que mercantilizan e individualizan «la salvación». En este, el fenómeno
religioso se asume como un mercado competitivo, por lo que asumen una
organización jerárquica empresarial, la implementación de estrategias de
mercado, del marketing, y se mueven por la acumulación de capital. Así, venden
servicios religiosos a gran escala a partir su habilidad para explotar el
mercado de las emociones, para lo cual basan su teología en el éxito económico
individual (la teología de la prosperidad), y convierten el emprendedurismo
y la autoexplotación de sí mismo en valores
cristianos. Para la teología de la prosperidad, el éxito económico es
directamente proporcional al éxito espiritual individual, y la responsabilidad de
alcanzarlos recae exclusivamente en el individuo, ya que el sistema neoliberal pone
a disposición todas las herramientas para el éxito.
Así,
la teología de la prosperidad se enlaza directamente con la subjetividad
neoliberal del «emprendedor de sí mismo», sujetos competitivos centrados en la
maximización constante de su rendimiento y sus ganancias, a través de la
autoexigencia, la auto-realización, y la auto-culpabilización, responsable
de su propio éxito o fracaso, así como de su felicidad, centrada en el consumo.
Su valor como individuo ya no está dado por derechos inherentes, que adquiere
al nacer, sino por lo que es capaz lograr a través de la propia empresa de sí
mismo. El éxito individual y el imperativo de la felicidad a través de este, se
posiciona como valor supremo (Laval y Dardot 2010,
325-381).
Es
por esto que, para la teología de la prosperidad, la
garantía para el éxito individual recae en el buen ejercicio de lo político y
lo económico, lo que justifica su participación en la esfera pública para velar
por el accionar de los políticos y del neoliberalismo como mejor forma de
organización política, social y económica, que permite a cualquier persona, a
través del emprendedurismo de sí mismo, llegar a la
cúspide del éxito. Para las autoras, esto explica en gran medida por qué en
América Latina ha ganado gran cantidad de fieles entre los sectores más vulnerabilizados y empobrecidos, quienes a su vez llegan a
creer que al darle poder a la institución, en dinero y
votos, pueden adquirir poder (Ramos y Cabrera 2021, 121).
En
el neopentecostalismo, la movilización y la gestión
de las emociones, a través del «management emocional»,
así como la construcción de un sentido de pertenencia identitario y de una
otredad amenazante, son fundamentales. Esto le da la capacidad de crear «pánicos
morales» frente a enemigos terrenales (los progresismos, feminismos y las
izquierdas). Vinculado a lo anterior, para las autoras, la explotación
emocional, el «coaching» que ejercen los pastores (para vender a su vez éxito
económico y espiritual) y los discursos sobre el género, en particular sobre la
educación sexual, el papel de las mujeres en la sociedad y las identidades de
género, son las tres principales estrategias que los neopentecostales
utilizan para ganar cargos e incidir en política. Estos han coincidido con las
derechas más extremas y conservadoras en culpar a los progresismos y a las
izquierdas que han impulsado transformaciones, en las relaciones étnicas,
sexuales y capitalistas, como los culpables de la actual crisis civilizatoria, a
la vez que se presentan como la única fuerza capaz de enfrentarla. Así,
garantizan el sostenimiento del statu quo, lo que refuerza su vínculo con el
proyecto neoliberal, al cual le aportan una base social considerable de
carácter popular (Ramos y Cabrera 2021, 122-127).
En
este marco, en América Latina, durante las primeras dos décadas del siglo XXI,
las movilizaciones y acciones colectivas protagonizadas por sectores religiosos
y neopentecostales en contra de «la ideología de
género» para oponerse a políticas de carácter progresista en torno a la
educación sexual, los derechos de las mujeres y de las poblaciones sexualmente
diversas, han experimentado un aumento considerable (López 2021).
Es
dentro de este marco explicativo que a continuación se interpreta la inserción
de sectores y consignas neopentecostales en las
acciones colectivas de junio y julio del 2019, como parte y expresión del
fenómeno de canalización del descontento social hacia el sostenimiento y
reforzamiento del statu quo conservador y neoliberal.
Tal
como se indicó en un inicio, las protestas estudiantiles se desarrollaron de
forma paralela a otros movimientos de protesta protagonizados por sindicatos
del sector público en contra de los proyectos de ley tendientes a modificar el
empleo público y el Estado, así como de pescadores y transportistas, quienes se
manifestaron en contra de la entrada en vigencia del
IVA, aprobado en la reforma fiscal del 2018 (Chinchilla 2023; Rosales 2023).
Es
necesario indicar que, desde el inicio de su gestión al frente del Ministerio
de Educación Pública (MEP), Édgar Mora Altamirano fue cuestionado por las
organizaciones docentes por carecer de experiencia profesional previa en el
sistema educativo nacional y, posteriormente, por criminalizar la protesta de
este gremio, que en el 2018 se sumó a la huelga de tres meses en contra de la
reforma fiscal neoliberal impulsada por el gobierno de Carlos Alvarado, que
incluyó la promoción de sanciones en contra de huelguistas, así como la
solicitud de declaratoria de ilegalidad de la huelga (APSE Informa,
2018; Cerdas, La Nación, 28 de noviembre del 2018).
Si bien en las protestas en contra de Mora se expresaron este y otros malestares de larga data, como el marcado deterioro en la infraestructura educativa pública, la oposición a la implementación de las pruebas nacionales FARO, y al proyecto de Ley de Educación Dual, cabe destacar la adopción por parte del movimiento estudiantil de la demanda en contra de la implementación de «baños neutros» en los centros educativos nacionales, impulsada por partidos políticos y organizaciones neopentecostales (Rosales 2023, 163), y que fue utilizada por estos mismos sectores para legitimar socialmente las protestas estudiantiles (Calderón 2021).
Esta consigna se originó a partir de que,
en el mes de febrero del 2019, el MEP dio a conocer un protocolo para prevenir
y enfrentar el «bullying» hacia personas sexualmente
diversas en los centros educativos del país (Gudiño, La República, 8 de
febrero del 2019). En la página 33 del documento, en la sección de «Otras acciones afirmativas para la
población estudiantil LGTB», se incluyó la siguiente medida para proteger a las personas trans: «Permitir
utilizar el servicio sanitario que corresponda al género con el cual se
autodefine o promover el uso de baños no generizados.
Otra solución alternativa a la aplicación de estas medidas es el uso del baño
para docentes, pero sólo como opción transitoria mientras la comunidad
educativa va asimilando las adaptaciones. Otra opción que tiene las autoridades
del centro educativo y de acuerdo al contexto es
designar uno o más baño “neutral” es decir, común a todas las personas» (Dirección de Vida Estudiantil 2018, 33).
Una
vez que se inició con la difusión y la promoción de dicho protocolo entre la
comunidad educativa nacional, los sectores políticos neopentecostales,
a través de los partidos Restauración Nacional (PRN) y Movimiento Nueva
República (MNR) (escisión del PRN), criticaron duramente la propuesta de «baños
neutros», e iniciaron una campaña para movilizar a la opinión pública,
especialmente a padres y madres de familia, en contra del protocolo del MEP. Como
parte de esta, en mayo del 2019 la diputada del MNR, Carmen Chan Mora, criticó
desde el plenario legislativo que mientras más de 500 centros educativos tenían
órdenes sanitarias por sus pésimas condiciones de infraestructura, y muchas
escuelas y colegios se «caían a pedazos», «la prioridad del MEP» era crear «baños
neutros» (Aguilar, AM Prensa, 24 de mayo del 2019).
Por
su parte, el movimiento de mujeres conservadoras denominado «Pancha Carrasco»
acudió a las instalaciones del Diario
Extra para anunciar la conformación de su movimiento, y plantear sus
demandas al gobierno de Alvarado. En esta entrevista, publicada el 17 de junio,
explicaron que se organizaron con el fin de defender los derechos de «los
costarricenses» y de «luchar por conservar el país con los valores que se
inculcan desde el núcleo familiar». Seguidamente, criticaron «la necedad» del
MEP de inculcar la «ideología de género» a la niñez en los centros educativos
públicos, y que en medio de los problemas de infraestructura que presentan
varias escuelas y colegios, el gobierno gastara plata «en baños neutros, en
drones o regalándole la plata a las universidades públicas». Ante este estado
de cosas, indicaron que su principal objetivo era lograr la renuncia de Mora
como ministro de Educación (Jiménez, Diario Extra, 17 de junio del
2019).
Para
reforzar su legitimidad, indicaron que varias de ellas se desempeñaban como
docentes, y que estaban en desacuerdo con los contenidos de «ideología de
género», ya que los encontraban «muy crudos» para tratar con los niños. En reacción
al protocolo contra el bullying
elaborado por el MEP, al cual ubicaron como parte de esta «ideología»,
denunciaron que: «El MEP está promoviendo el libertinaje para educar
niños sin responsabilidad y que piensen en hacer las cosas solo por placer o
gusto. Es similar con el aborto, si una niña queda embarazada, solo se dirá que
fue violada o que no quiere tener al bebé y se lo sacan, sin saber el daño que
se le hace a la menor porque hay un antes y un después de esa situación» (Jiménez,
Diario Extra, 17 de junio del 2019).
En
cuanto a su rol, como mujeres y madres, en el contexto de la crisis económica
que enfrentaba el país, señalaron que: «Tenemos que levantar luchas que a veces
no pueden levantar los sindicatos o agricultores. No vamos en la línea del
feminismo, sino que vamos acompañadas con nuestros esposos, con la familia.
Sabemos que la familia es nuestra sociedad y se está derrumbando» (Jiménez, Diario
Extra, 17 de junio del 2019).
Por
su parte, las organizaciones estudiantiles de secundaria denominadas
Resistencia Nacional Estudiantil (RNE), Movimiento Estudiantil de Secundaria
(MEDSE) y la Juventud Unida por Costa Rica (JUPCR), convocaron de manera
conjunta al estudiantado de secundaria a sumarse a un movimiento de protesta
nacional a efectuarse el 18 de junio del 2019, para exigir la renuncia del
ministro Mora, por, a su criterio, dilapidar recursos públicos para construir «baños
neutros» en los centros educativos, promover un convenio educativo con Cuba y,
en general, por falta de capacidad para ejercer su puesto. Además, para
protestar en contra del proyecto de Ley de Educación Dual, que en ese momento
se encontraba en discusión en la Asamblea Legislativa (Cabezas, Crhoy, 18 de junio 2019).
Aquí
se hace visible el impulso de la demanda conservadora por parte de los partidos
políticos neopentecostales, el PRN y el MNR,
organizaciones como el colectivo Pancha Carrasco, y algunos liderazgos visibles
del movimiento estudiantil.
Todos
estos sectores vincularon el malestar producto del deterioro de la
infraestructura educativa pública, con la agenda conservadora de defensa de la
familia y de las identidades de género tradicionales, que en América Latina se
han expresado durante los últimos años como luchas en contra de «la ideología
de género», y que recientemente había motivado protestas en centros educativos
del país en el 2017 y 2018 en contra de la educación sexual.
Así
las cosas, las protestas estudiantiles iniciaron el 18 de junio en las afueras
de las oficinas centrales del MEP, en el Edificio Rofas
en San José, acompañada por padres y madres de familia, docentes, y pequeños
sindicatos de salud, como la Federación Costarricense de Trabajadores de la
Salud, el Sindicato de Trabajadores de Farmacia y la Unión de Trabajadores
Públicos y Privados. Además, la protesta fue apoyada públicamente por el
colectivo «Despierta Costa Rica», otra organización conservadora que manifestó
su molestia con la implementación de las «guías sexuales», el protocolo antibullying LGBT, y «los baños neutros». A la par de
dichas demandas, las personas presentes también criticaron el deterioro de la
infraestructura educativa y la sobrecarga laboral entre el personal educativo,
así como el hecho de que Mora no tuviera trayectoria laboral o experiencia
previa en el sector. Como respuesta, el MEP optó por descalificar y minimizar
al movimiento y sus demandas (Castro, Crhoy,
18 de junio 2019; Castro, Crhoy, 18 de
junio 2019a; Castro, Crhoy, 18 de junio
2019b; Jiménez, Diario Extra, 19 de junio 2019).
Al
día siguiente, el Encuentro Social Multisectorial, espacio conformado por
agrupaciones sindicales, de personas productoras, pescadoras, cooperativistas,
entre otras, coordinado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y
Privados (ANEP), se manifestó frente al Banco Central para exigir la suspensión
por 18 meses de la entrada en vigencia del IVA, el retiro de los proyectos de
ley para limitar el derecho a huelga y de Empleo Público, y para exigir medidas
de apoyo para el sector agrario nacional (Jiménez 20 de junio 2019a; Quesada 19
de junio de 2019), mientras que la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) se
manifestó en el Parque Central en contra de los proyectos de ley para
restringir el derecho a la huelga (Jiménez, Diario Extra, 20 de junio
2019).
Las
protestas sindicales por el derecho a huelga y en contra de la educación dual
siguieron escalando, y el 22 de junio la ANDE y la APSE participaron de manera
conjunta en una manifestación en el Paseo de los Estudiantes, a la cual se
sumaron también la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
(UNDECA), el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), la Unión
Nacional de Trabajadores (UTN) y el Sindicato de Empleados del Banco Popular
(Morris, Diario Extra, 22 de junio 2019).
La
crispación social aumentó con el inicio de las protestas de transportistas de
carga, quienes se agrupaban en el Sindicato Nacional de Traileros
de la ANEP, y realizaron «tortuguismo» en diferentes rutas nacionales, para
oponerse a la entrada en vigor del IVA, programada para el 1 de julio del 2019,
y exigir la exclusión de su aplicación. Asimismo, protestaban en contra de la
ineficiencia de la empresa concesionaria de los muelles de Moín,
APM Terminals, lo que posibilitó en la provincia de
Limón acciones conjuntas entre transportistas y sindicatos que apuntaban «peligrosamente»
hacia la unificación de diversas demandas que se manifestaban hasta ese momento
de manera aislada (Morales, Diario Extra, 25 de junio 2019; Paniagua, Crhoy, 25 de junio 2019; Cabezas, Crhoy, 25 de junio 2019; Castro, Crhoy, 25 de junio 2019; Morris, Diario Extra,
26 de junio 2019; Granados, Diario Extra, 26 de junio 2019). Mientras
tanto, un grupo de personas dedicadas a la pesca se manifestó en las afueras de
la Casa Presidencial, en Zapote, para exigir fuentes de empleo y la no
aplicación del IVA al sector pesquero (González, Diario Extra, 27 de
junio 2019).
Ese
mismo día, organizaciones docentes marcharon hacia la Asamblea Legislativa y
protagonizaron protestas regionalizadas en Guápiles, Pérez Zeledón, Filadelfia,
Nicoya, Puntarenas, Turrialba, San Vito, entre otras localidades. Además de su
demanda inicial en contra de los proyectos de ley para restringir el derecho a
la huelga y de la educación dual, el movimiento aprovechó el malestar
estudiantil, y sumó la exigencia de la destitución de Mora como ministro de
Educación. Para tal efecto, convocaron a una manifestación a realizarse el 1 de
julio. (Jiménez, Diario Extra, 26 de junio 2019; Jiménez, Diario
Extra, 26 de junio 2019a).
El
26 de junio, estudiantes de varios centros educativos, en su mayoría del norte
del país, bloquearon la entrada de sus colegios como medida de presión en
contra de «los baños neutros», de la educación dual, de las pruebas FARO, y
para exigir la renuncia de Mora. Durante esta jornada de protestas, estudiantes
del Liceo de Cuatro Bocas de Upala fueron reprimidos por la Fuerza Pública
(Jiménez, Diario Extra, 27 de junio 2019). La represión en contra de las
personas jóvenes, fue un factor crucial para que, a
partir del día siguiente, las protestas experimentaran un aumento en cantidad e
intensidad. Así lo entendió la ANEP, que inmediatamente convocó a salir a
protestar en contra de la entrada en vigor del IVA y de otras políticas
oficialistas (Paniagua, Crhoy, 26 de junio
2019; Cabezas Crhoy, 26 de junio 2019).
1.1.Intensificación
de las protestas
El
27 de junio decenas de centros educativos, en su mayoría en la ruralidad del
país, fueron cerrados por estudiantes, a la vez que bloquearon varias rutas
nacionales. Por su parte, el partido político neopentecostal,
Movimiento Nueva República, exigió públicamente la renuncia de Mora, a la vez
que criticó la represión ejercida en contra del movimiento estudiantil por
parte de la Fuerza Pública (El Mundo, 27 de junio 2019; Ramírez, Crhoy, 27 de junio 2019).
A
su vez, los transportistas realizaron bloqueos intermitentes en los alrededores
de la Casa Presidencial y otras rutas nacionales para exigir la exclusión de la
aplicación del IVA y, en solidaridad con las y los estudiantes reprimidos en
Upala, se unieron a la exigencia de la renuncia del ministro Mora (Quesada, Crhoy, 27 de junio 2019).
En
los dos días siguientes, grupos de estudiantes cerraron decenas de centros
educativos a lo largo del país, y continuaron los cortes de ruta exigiendo la
renuncia del ministro. Los transportistas le manifestaron entonces al
presidente Alvarado que, si Mora no renunciaba dentro de los próximos 15 días,
continuarían con los bloqueos en las calles nacionales (González, Diario
Extra, 29 de junio 2019).
El
30 de junio, con varias rutas bloqueadas, las negociaciones entre
transportistas y el gobierno de la República para deponer el movimiento de
protesta arrancaron en horas de la mañana. En este espacio, los transportistas
indicaron que cualquier intento de negociación efectiva debía pasar primero por
la renuncia inmediata del ministro de Educación, con lo que, en ese momento,
supeditaron su demanda original (ser excluidos de la aplicación del IVA) a la
consigna estudiantil de la renuncia de Mora. Por su parte, el gobierno solicitó
un plazo de tres días para valorar la situación del ministro (Chinchilla, Crhoy, 30 de junio 2019).
Así, los distintos movimientos de protesta, que habían surgido en torno a diversas demandas y sin articulación unos con otros, convergieron en la demanda común de la renuncia del ministro de Educación. Este punto tenía poco o nulo impacto en la situación fiscal y laboral, que originaba el malestar de los transportistas y sindicatos. Así, la solicitud de renuncia de Mora se impuso en ese momento por sobre la agenda económica y laboral.
Así
lo entendieron algunas dirigencias sindicales de la UNDECA y la APSE, quienes
advirtieron que la renuncia de Mora no solucionaba las necesidades y los
conflictos de la sociedad costarricense, en especial aquellos derivados de la
política económica del gobierno, por lo que solicitaron la renuncia de la
ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, a quien identificaron como la
principal responsable de hacer avanzar una agenda económica regresiva y anti
popular (Jiménez, Diario Extra, 2 de julio 2019).
1.2.Renuncia
de Mora y desmovilización
El 1 de julio estudiantes y transportistas retomaron los cortes de ruta, y ante la presión del sector exportador y turístico por las afectaciones de los bloqueos a sus actividades económicas, el gobierno anunció la destitución de Mora (Jiménez, Diario Extra, 2 de julio 2019; Paniagua, Crhoy, 1 de julio 2019). Tras la caída del ministro, el Encuentro Social Multisectorial, que incluía a la ANEP, a la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y Energía (ASDEICE), al MEDSE, transportistas, pescadores y otros sectores agropecuarios, publicó un documento con 18 puntos para sentarse a negociar con el gobierno de Alvarado. Este rezaba en su introducción: «En defensa de nuestros más sagrados valores nacionales y de nuestra Constitución Política, nos constituimos como el Encuentro Social Multisectorial (ESM)» (ANEP, 2 de julio 2019; Jiménez, Diario Extra, 2 de julio 2019a).
Seguidamente, si bien enfatizaron que sus demandas tenían como objetivo principal confrontar las políticas económicas del Estado que favorecen la concentración del capital y el empobrecimiento de las mayorías, el punto 2 de su pliego petitorio era la: «Defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y las familias costarricenses, por lo que se solicita revisión integral de los programas educativos» (ANEP, 2 de julio 2019).
Como se puede notar, estos sectores apostaron por integrar las demandas conservadoras en torno a la educación sexual, levantadas por los movimientos neopentecostales y neointegristas, en general, para intentar construir un bloque conjunto de presión frente al gobierno de Alvarado. No obstante, esta estrategia pudo haber jugado en contra de las posibilidades de construir una articulación social más amplia que tuviera como eje central el combate a las medidas educativas, económicas y laborales del gobierno.
El
gran empresariado, especialmente el agroexportador, turístico e industrial,
impaciente frente a los cortes de ruta, que a pesar de la salida de Mora no
cesaron, enarboló un discurso de «mano dura», y llamó al presidente Alvarado a «hacer
respetar el orden» y el Estado de derecho en las calles del país (Paniagua, Crhoy, 1 de julio 2019a; Rodríguez, Diario Extra,
1 de julio 2019). Las cámaras empresariales vinculadas a la agroexportación
llamaron al presidente a utilizar la fuerza policial para deponer los bloqueos,
o de lo contrario «tendrían que tomar medidas extremas para evitar más pérdidas».
La CANATUR llamó al gobierno a caer «con todo el peso de la ley» sobre los
manifestantes, y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) amenazó con no
contratar a transportistas que participaran en los bloqueos (Siu, Diario Extra, 1 de julio 2019; Flores, Crhoy, 1 de julio 2019; Rojas, Diario Extra, 1
de julio 2019; Cabezas, Crhoy, 1 de julio
2019).
Producto
de la presión empresarial, durante la madrugada del 2 de julio, la unidad de
antimotines de la Fuerza Pública realizó una intervención para levantar los
cortes de ruta que aún permanecían en varios puntos del país, con un saldo de
10 personas detenidas (Rojas, Diario Extra, 2 de julio 2019).
Por
su parte, la UCCAEP le solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
disolver legalmente a la ANEP, por haberle generado pérdidas millonarias al
sector turístico, agroexportador, industrial y comercial, y lesionar la imagen
del país (Flores, Crhoy, 2 de julio 2019). A
su vez, desde el perfil de Facebook «Unidos por Costa Rica-Sí a la democracia»,
se convocó a una marcha de blanco para exigir el respeto a la institucionalidad
y protestar en contra de los bloqueos, que a su criterio buscaban solo «el
beneficio de unos pocos» (Paniagua, Crhoy, 2
de julio 2019). Al finalizar el día, los transportistas acordaron con el
gobierno de Alvarado deponer los bloqueos para iniciar una mesa de
negociaciones (Informa-tico, 3 de julio 2019).
Algunos
sindicatos del sector salud intentaron rescatar y dar peso a las demandas
económicas, convocando a un movimiento de huelga en contra de la entrada en
vigencia del IVA y para exigir la renuncia de Rocío Aguilar como ministra de
Hacienda, el cual se realizó el 4 de julio paralelo a las negociaciones entre
el gobierno y el Encuentro Social Multisectorial, a la vez que hicieron un
llamado a seguir protestando en las calles (Quesada, Crhoy,
2 de julio 2019; Quesada, Crhoy, 4 de julio
2019).
A
lo largo del mes de julio, las organizaciones estudiantiles de secundaria RNE y
MEDSE, protagonizaron nuevas convocatorias a protestas y cierres de centros
educativos en la ruralidad del país, no obstante, de mucho menor magnitud que
las realizadas en junio. Las dirigencias estudiantiles manifestaron sentirse
burladas con el nombramiento de Giselle Cruz Maduro como ministra de Educación,
que en lo sustancial representaba una continuidad de las políticas impulsadas
por Mora. En este periodo, se presentaron, además, diferencias públicas entre
los liderazgos del MEDSE (Castro, Crhoy, 10 de
julio 2019; Castro, Crhoy, 25 de julio 2019).
El
proyecto de Ley de Educación Dual finalmente se aprobó en primer debate el 5 de
agosto del 2019 (Alfaro, Semanario Universidad, 5 de agosto de 2019), a
la vez que la aplicación nacional de las pruebas FARO siguió su curso.
Igualmente sucedió con la agenda económica oficialista.
El
31 de agosto, al participar de la «Marcha por las dos vidas», en contra de la
norma técnica para aplicar el aborto terapéutico en el país, uno de los
dirigentes del movimiento estudiantil RNE, enfatizó públicamente que desde los
colegios seguirían combatiendo la norma técnica y la «ideología de género»
promovida por el MEP en las aulas, que, entre otras cosas, buscaba promover el
aborto en el sistema educativo (Chinchilla, Elperiodicocr,
31 de agosto 2019).
Es
posible que la convergencia de los diferentes sectores que protestaban en torno
a la demanda de la renuncia de Mora, ayudara al gobierno a eludir el resto de demandas del
movimiento estudiantil (como el deterioro de la infraestructura educativa, la
no aprobación de la educación dual, y la no aplicación de las pruebas FARO),
del movimiento de transportistas y de sindicatos del sector público (tales como
la oposición a la entrada en vigencia del IVA, a la aprobación de la ley anti
huelgas y de empleo público), las cuales confrontaban directamente la agenda educativa,
económica y laboral del gobierno, la cual quedó intacta.
La
caída de Mora, además, fue reivindicada como un triunfo por parte del
conservadurismo neopentecostal (Ruiz, El
Observador, 30 de junio 2019), gracias a su capacidad de vincular su
oposición al protocolo para prevenir el bullying
a la población sexualmente diversa en los centros educativos, con el
descontento en torno al deterioro de la infraestructura educativa y del
deterioro del sistema de educación pública en general. Tras su salida, el gobierno
optó por desmovilizar al resto de los sectores que se encontraban en las
calles.
«No más impuestos»: el MRN y la protesta empresarial
Como
se ha venido indicando, a pesar de la derrota de la huelga en contra de la
reforma fiscal y la consiguiente aprobación de dicha legislación en el 2018, el
malestar ciudadano, producto de las características e impactos de la reforma, y
el deterioro económico y social que experimentó el país desde entonces,
continuó vigente y posibilitó las jornadas de protestas en el 2019, así como
las de octubre del 2020. Como muestra, Chavarría (2023, 333-334), con base en
las Encuestas de Opinión Pública del CIEP, el proceso de discusión y aprobación
de la reforma fiscal caló en la percepción de la ciudadanía sobre los
principales problemas que enfrentaba el país, y a partir de noviembre del 2018,
el problema del costo de la vida, la situación económica y el desempleo se
colocaron en el primer lugar de la lista.
Los
severos y regresivos efectos de esta reforma se agravaron con los impactos
económicos de la pandemia del COVID-19 en el país (Acuña 2021; Guillén 2021). En
medio del momento pandémico más crítico que, entre otras características,
estuvo marcado por un crecimiento histórico del desempleo, el aumento de la
pobreza, y una gran presión sobre los recursos nacionales para poder atender la
emergencia nacional sanitaria, el 17 de setiembre del 2020 el gobierno de
Alvarado se abocó a buscar un empréstito con el FMI para hacer frente a la
situación. En esta ruta, publicó el documento «Plan para superar el impacto
fiscal de la pandemia», en el que reveló públicamente las condiciones
propuestas por el gobierno al FMI para negociar un empréstito por $1750
millones (Bravo, La Nación, 16 de septiembre 2020; Alfaro, Ameliarueda.com,
16 de setiembre 2020; Presidencia de la República, 17 de setiembre
2020).
Además
de incluir regresivas medidas de contención del gasto público, la venta de
activos estatales como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el cierre o
fusión de órganos desconcentrados, la eliminación de anualidades en el sector
público, entre otras iniciativas que generaron el rechazo del movimiento social
y sindical, la propuesta contemplaba cuatro medidas fiscales que,
mayoritariamente, afectaban directamente al gran empresariado nacional. Estas
eran, en primer lugar, un impuesto a las transacciones financieras (incluyendo
las de la Bolsa Nacional de Valores) (Guillén 2021); en segundo lugar, un
aumento temporal al impuesto sobre la renta para empresas y personas (hasta de
un 30%), así como a salarios (de manera escalonada y proporcional a partir de
los 840 000 colones); en tercer lugar, un impuesto a la propiedad de bienes
inmuebles de un 0,50% en favor del gobierno; y en cuarto lugar, un impuesto a
los excedentes de las grandes cooperativas (superiores a 250 millones de
colones) (Bravo, La Nación, 16 de septiembre 2020).
De
forma inmediata a su publicación, la propuesta cosechó el rechazo de diversos
sectores de la población, desde las organizaciones sindicales hasta el gran
empresariado nacional (Guillén 2021, 101).
Como
indica Harvey (2007, 11-45), desde sus inicios, la hegemonía neoliberal ha
culpado a los «excesos, abusos» y tamaño del Estado de las más severas crisis
económicas que ha sufrido el sistema capitalista desde la década de 1970. El
mismo autor define al neoliberalismo como una «revolución de las élites»,
destinada a recuperar los privilegios, y el poder político y económico que se
vieron obligadas a ceder durante las décadas de implementación del capitalismo
keynesiano. La reducción al mínimo de su carga tributaria dentro de las
economías nacionales, tal como lo consiguieron en Costa Rica con la reforma del
2018, ha formado parte central de su «revolución».
En
esta dirección, la reacción de los grandes capitales no se hizo esperar. Ese
mismo día, la UCCAEP, la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Cámara
Costarricense de la Construcción, y la CICR, alzaron sus voces de manera
unánime en contra de la propuesta oficialista, y particularmente, en contra de
la creación o aumento de impuestos que afectaran sus actividades económicas y
financieras. Para este sector, el gobierno, en lugar de ponerles más impuestos,
debía plantear medidas más drásticas de contención y reducción del gasto
público, a través de la eliminación de «privilegios» al funcionariado público,
y de la reducción del Estado, mediante el cierre y fusión de instituciones
(Barquero, La Nación, 17 de setiembre 2020).
En
un comunicado particular, la UCCAEP le indicó al gobierno que era momento de «poner
la casa en orden», de tomar serias medidas de contención del gasto público, y
reclamó que, a su criterio, el sector empresarial ya había puesto de su parte
aceptando nuevos impuestos con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas en el 2018, por lo que el país no debía ni podía
permitirse más impuestos (Pérez, Elmundo.cr, 18 de setiembre 2020). No
obstante, esa regresiva reforma fiscal fue apoyada de forma unánime y activa por
el gran empresariado nacional, ya que la mayor carga tributaria pesó sobre los
impuestos indirectos e incluyó una severa regla fiscal para limitar el gasto
estatal (Guillén 2021).
Así,
a partir de este momento el gran empresariado nacional lanzó a nivel nacional
una campaña comunicativa con la consigna de «No más impuestos», apropiándose
así, en beneficio propio, de una consigna que, producto del malestar social
derivado de la reforma del 2018, gozaba de una amplia aceptación. Para esto,
fue de gran relevancia la labor realizada por la ONG «Pro
Costa Rica», que el 17 de setiembre inició una intensa campaña
publicitaria a través de redes sociales y, en cuestión de días, colocó decenas
de rótulos en carreteras y aceras del país con esa consigna (Pro Costa Rica,
17 de setiembre 2020; Pro Costa Rica, 2020).
Por
su parte, el sindicalismo del sector público se opuso en general a las
negociaciones con el FMI y, en particular, a las medidas más regresivas de la
propuesta, como la venta, cierre o fusión de instituciones públicas, el
congelamiento de anualidades, etc. Desde el mes de setiembre del 2020, este
sector venía realizando marchas y caravanas en contra de la política económica
de la administración Alvarado, y de las negociaciones del gobierno con el FMI
(Taboada, Diario Extra, 8 de setiembre 2020).
En
los días siguientes, el 20 y el 26 de septiembre, el Movimiento Despierta Costa
Rica y el Bloque Patriótico Pacifista, ambas organizaciones compuestas en su
mayoría por sectores de la pequeña y mediana empresa, y personas trabajadoras
informales, protagonizaron diversas caravanas convocadas bajo la consigna de «No
más impuestos», en las cuales utilizaban banderas de Costa Rica como principal
distintivo (Taboada, Diario Extra, 21 de setiembre 2020).
El
29 de setiembre, el Movimiento Rescate Nacional (MRN), liderado por Célimo Guido Cruz y José Miguel Corrales Bolaños, ambos exdiputados;
y Xinia López Quesada, trabajadora pensionada del Banco Popular y pequeña
productora agropecuaria; lanzó una convocatoria a una jornada de paro nacional,
con cortes de ruta en todo el país a partir del 30 de setiembre (Taboada, Diario
Extra, 29 de setiembre del 2020).
Este
movimiento había sido fundado en julio del 2020, integrado por organizaciones
agrarias, pesqueras, de vivienda, de mujeres, entre otros sectores, y ya antes
había protagonizado pequeñas acciones en contra de las medidas sanitarias
implementadas por el gobierno de Alvarado para contener la expansión de los
contagios de COVID-19 en el país (en agosto del 2020), así como en contra de la
posible venta y privatización de la FANAL (en setiembre del 2020) (Granados, Diario
Extra, 18 de agosto del 2020; Siu, Diario
Extra, 5 de setiembre del 2020). Ahora, el objetivo de la convocatoria era
lograr el retiro de la propuesta de negociación con el FMI, la renuncia del
equipo económico del gobierno, y no aprobar más impuestos (Movimiento
Rescate Nacional, 28 de setiembre del 2020). Como indica Díaz (2021), el
movimiento se definió como antifiscal y anti-FMI.
Así
las cosas, a lo largo del mes de octubre, el MRN y la ciudadanía que se sumó a
su convocatoria, realizaron más de 600 cortes de ruta, ubicados especialmente
en la zona norte, el Pacífico sur y central, y en el Caribe costarricense
(Cortés, Sáenz, Sánchez y Chavarría 2021).
Tras
los dos primeros días de bloqueos, la UCCAEP, la CCCR y la CRECEX llamaron al
presidente Alvarado a abrir un espacio de diálogo con los líderes del
movimiento. La CRECEX se identificó con «el clamor de múltiples sectores en
contra de una solución al problema de finanzas públicas totalmente basada en
más carga tributaria como la planteada por el Gobierno» (Paniagua, Crhoy, 1 de octubre 2020; Paniagua, Crhoy, 1 de octubre 2020a), mientras que la Cámara
Costarricense de la Construcción reclamó que era inviable pensar en cualquier
medida que implicara aumentar impuestos mientras no se impulsara una verdadera
reforma del Estado para recortar el gasto público, y que no era justo recargar
todo el peso del déficit «sobre las espaldas de los contribuyentes» (Siu, Diario Extra, 2 de octubre 2020). La CICR
sentenció que, si el gobierno quería lograr acuerdos con el sector empresarial
para apoyar una propuesta, debía implementar medidas más drásticas de recorte
al gasto (Ruiz, Crhoy, 4 de octubre del
2020).
El
gran empresariado nacional apostó entonces por vincular desde un inicio su
agenda específica de austeridad y reducción del Estado, y su negativa a
contribuir con las finanzas estatales en este periodo de crisis económica,
social y sanitaria, con el descontento social y popular que se manifestaba en
las calles en respuesta a la convocatoria realizada por el MRN.
Por
su parte, el 2 de octubre, la ANEP y la ASDEICE anunciaron su adhesión a las
protestas del MRN y convocaron a su afiliación a sumarse activamente (Carvajal,
Crhoy, 2 de octubre del 2020). Lo mismo hizo
el Movimiento Despierta Costa Rica al día siguiente, cuando convocó a una
huelga nacional a partir del 5 de octubre (Ruiz, Crhoy,
3 de octubre del 2020).
La
intensidad y la cantidad de los cortes de ruta, así como la sumatoria de cada
vez más sectores y demandas al movimiento, obligó al gobierno a anunciar el
retiro del documento propuesto para negociar con el FMI, y a llamar a un
espacio de diálogo para concertar una nueva propuesta. No obstante, al mismo
tiempo envió a la Fuerza Pública a levantar los bloqueos por la fuerza, con un
saldo de varias personas detenidas en Puntarenas, Limón y la zona norte del
país (Cantillo, Crhoy, 4 de octubre del 2020;
Granados, Diario Extra, 5 de octubre del 2020a).
Al
igual que en el 2019, la represión provocó que, al día siguiente, el 5 de
octubre, las manifestaciones se intensificaran. Por su parte, los líderes del
MRN solicitaron la mediación de la Iglesia Católica en el proceso de diálogo
anunciado por el gobierno, a la vez que les entregaron a los obispos su pliego
de peticiones, el cual contenía 15 puntos. De estos, únicamente 3 propuestas
aludían a temas de fondo: no negociar con el FMI, no vender activos estatales,
y no aprobar más impuestos indirectos. El resto aludían a las condiciones para
la negociación (Córdoba, La Nación, 5 de octubre del 2020; Granados,
Diario Extra, 5 de octubre del 2020).
El
gobierno optó por desconocer al MRN y a todos los sectores que protestaban como
interlocutores válidos, y al margen de las demandas presentadas a través de la
Iglesia Católica, convocó a mesas de diálogo en Casa Presidencial únicamente
con el Movimiento Solidarista, el Consejo de Mujeres, el Consejo Nacional de
Cooperativas, y con los presidentes de los Supremos Poderes de la República (Crhoy, 5 de octubre del 2020). Evidentemente, al no
incluir a quienes convocaron y protagonizaron las protestas, este espacio
estaba destinado al fracaso. Casi de manera inmediata, los solidaristas
anunciaron que no atenderían la convocatoria presidencial, debido a su escasa
representatividad, y en particular por la ausencia del sector empresarial,
quienes a su vez exigieron ser incluidos dentro de las negociaciones
(Chinchilla, Crhoy, 6 de octubre del 2020;
Granados, Diario Extra, 6 de octubre del 2020).
Ante
la intensificación de los bloqueos, el gobierno optó por criminalizar y
deslegitimar al movimiento, acusándolo de haber sido infiltrado por el
narcotráfico, estrategia que logró quebrar internamente a la dirección del MRN,
una vez que José Miguel Corrales hizo eco de dichas denuncias, y se apartó del
movimiento (Cabezas, Crhoy, 6 de octubre del
2020; Paniagua, Crhoy, 6 de octubre del 2020; Crhoy, 6 de octubre del 2020). En los días
siguientes, la represión y el saldo de personas detenidas siguió en aumento.
Ante
el fracaso de la iniciativa de diálogo oficial, y tras varios días de intensas
protestas, el 9 de octubre la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras del Banco Popular hizo un llamado a diferentes sectores
sociales y productivos del país a integrar un “foro multisectorial de diálogo
nacional”, que de forma transparente discutiera sobre el rumbo que el país
debía seguir en materia económica (Siu, Diario
Extra, 9 de octubre del 2020). Por su parte, y tras un saldo de varias
decenas de personas detenidas, el gobierno inició una estrategia de diálogo
regionalizada, que consistía en negociar en cada comunidad puntos de agenda
locales y particulares, para lograr levantar, punto por punto, los bloqueos, y
así quebrar al movimiento (Cabezas, Crhoy, 9
de octubre del 2020; Paniagua, Crhoy, 9 de
octubre del 2020).
Luego
de la salida de Corrales, de la represión, y de la estrategia de negociación
regionalizada por parte del gobierno, el movimiento empezó a mostrar síntomas
de desgaste, expresados en la fragmentación de la dirección del MRN, y en la
merma paulatina en la cantidad de bloqueos (Cabezas, Crhoy,
9 de octubre del 2020a). En este escenario, el 11 de octubre el gobierno
anunció una nueva iniciativa de diálogo que volvía a excluir al MRN y a los
sectores que protestaban en las calles (Bravo, La Nación, 12 de octubre
del 2020).
Por
su parte, el 14 de octubre, un grupo de alrededor de 30 sindicatos agrupados en
el Movimiento Sindical y Social Costarricense realizó una manifestación en San
José, organizativamente desvinculado de las protestas convocadas por el MRN,
para exigirle al gobierno la convocatoria a un diálogo social inclusivo y
transparente, el retiro de los proyectos de ley que afectaban a la clase
trabajadora, y no vender activos del Estado (Castro, Crhoy,
14 de octubre del 2020).
Para
el 15 de octubre, los bloqueos prácticamente se habían desmovilizado (Cabezas, Crhoy, 15 de octubre del 2020). En este momento, la
UCCAEP desplegó una estrategia para suplantar al gobierno en su rol de
convocatoria al diálogo y negociación. Para esto anunció su negativa a
participar en la mesa de diálogo multisectorial propuesta por el gobierno, y su
intención de asistir al espacio convocado por la Asamblea de Trabajadoras y
Trabajadores del Banco Popular (Chinchilla, La Nación, 15 de octubre del
2020).
Para
Guillén (2021), los factores que provocaron el fracaso de la iniciativa
oficialista de diálogo fueron la pérdida de credibilidad del gobierno, las
deficiencias en la metodología propuesta, el no reconocimiento de los actores
de las protestas como interlocutores, y el surgimiento de iniciativas paralelas
de negociación que no pasaban por el gobierno.
Como
indica Díaz (2021), ese mismo día, Albino Vargas hizo pública la información de
que los directivos de la UCCAEP, José Álvaro Jenkins Rodríguez y Óscar
Echeverría Heigold, habían firmado un acuerdo con Célimo Guido y Xinia López del MRN para cesar los bloqueos,
con lo cual la cúpula empresarial se presentó en la práctica como la dirección
política del país.
Con
esta iniciativa, colaboraron tanto la ANEP como la ASDEICE, quienes fungieron
como testigos del encuentro entre el MNR y los empresarios, a la vez que
calificaron a los dirigentes de la UCCAEP como «líderes patriotas» que estaban
dispuestos a «rescatar el país» (Sandí, La Teja, 16 de octubre del
2020).
Las
cámaras empresariales se dividieron ante esta estrategia. Entre otras, la CCCR,
la Cámara Costarricense de Construcción, la Cámara de Tecnologías de
Información y Comunicación, la Asociación de Empresas de Zonas Francas, y la
Cámara de Infocomunicación y Tecnología, denunciaron
y rechazaron «el pacto» entre los dirigentes de la UCCAEP y el MRN, al que los
comerciantes calificaron como «inaudito y reprochable» (Díaz 2021). Dichas
organizaciones vieron este acercamiento como una afrenta a la institucionalidad
democrática costarricense, y reclamaron que los empresarios no podían ni debían
legitimar a grupos que promovían la violencia en las calles y las afectaciones
a las labores productivas del país (Valverde, Crhoy,
16 de octubre del 2020; Valverde, Crhoy, 16 de
octubre del 2020a; Crhoy, 16 de octubre del
2020; Paniagua, Crhoy, 16 de octubre del 2020;
Ramírez, Crhoy, 17 de octubre del 2020).
Tras
pactar con la UCCAEP, en una asamblea celebrada el 25 de octubre, el MRN acordó
no realizar más bloqueos, y recurrir a otras vías de presión, ya no dirigidas a
la Casa Presidencial, sino a la Asamblea Legislativa, donde seguían su curso
los proyectos de ley que consideraban lesivos para las mayorías (Cascante, Diario
Extra, 27 de octubre del 2020). Tras la flexibilización de las medidas de
restricción sanitaria y el aperturismo económico que marcó la segunda mitad del
2020 y el 2021, y que permitió el inicio de una lenta y profundamente desigual
recuperación económica, el movimiento perdió fuerza y capacidad de
convocatoria.
Como
indica Guillén (2021), tras una segunda convocatoria y una nueva propuesta de
integración, el espacio de diálogo multisectorial convocado por el gobierno
finalmente realizó 12 sesiones, entre los meses de noviembre y diciembre del
2020, y abonó al clima de desmovilización. No obstante, este espacio fue
irrespetado por el mismo gobierno, que, paralelamente, continuó trabajando en
una nueva propuesta para el FMI, la cual hizo pública al finalizar las rondas
de diálogo. En esta nueva propuesta se incluyeron la mayoría de las demandas
empresariales, es decir, se excluyeron o suavizaron las medidas que generaron
mayor rechazo entre este sector, y se mantuvieron regresivas medidas de recorte
al gasto público, así como la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público.
Al
empatar su consigna de «no más impuestos» con el malestar de las clases medias
y sectores populares, las cámaras empresariales lograron que esta fuera acogida
en las protestas de octubre del 2020, y volverse el actor dominante en los
procesos de diálogo que les siguieron, tanto por su peso en estos espacios como
por los errores políticos del gobierno. Así, el gran empresariado aseguró que
no se incluyera, ni en este momento, ni a futuro, ninguna propuesta relativa a
aumentar su carga tributaria en el contexto de la emergencia nacional del
COVID-19, cerrando las puertas a cualquier discusión o iniciativa para aumentar
la progresividad del sistema tributario nacional, de forma que se continuara
por la vía de la austeridad y el recorte al gasto público.
Así,
mientras que ninguna medida sustancial favorable a los intereses de las clases
medias y sectores populares fue tomada producto de las movilizaciones, sí
fueron eliminadas las medidas que afectaban los intereses del gran empresariado
nacional, y en función de sus intereses se continuó por la ruta de la
austeridad y el recorte al gasto que caracterizó la política económica de la
administración Alvarado.
Conclusiones
En
las protestas de junio-julio del 2019, y en las de octubre del 2020,
convergieron una serie de actores sociales y demandas insatisfechas derivadas
de la profundización del modelo neoliberal en Costa Rica, que le imprimieron a
las protestas un carácter heterogéneo. Dentro de esta heterogeneidad, resalta
la presencia, en ambos casos, de demandas y sectores conservadores a nivel
cultural y económico.
En
el 2019, destaca la capacidad de los sectores políticos neopentecostales
de posicionar la demanda en contra de «los baños neutros», en el marco de la
implementación de los protocolos en contra de la discriminación hacia la
población sexualmente diversa en los centros educativos, dentro de la agenda de
reivindicaciones del movimiento estudiantil de secundaria que protagonizó
diversas manifestaciones y cortes de ruta que condujeron a la renuncia de Édgar
Mora Altamirano como ministro de Educación. En buena medida, la destitución de
Mora, que tras la represión policial a estudiantes fue asumida solidariamente como
demanda por otros movimientos de protesta que se desarrollaban de forma
paralela en el país, colaboró a que el gobierno de Alvarado desatendiera el
resto de demandas de fondo del mismo movimiento estudiantil (la no aprobación
de la educación dual, la mejora de la infraestructura educativa, entre otras),
así como de los demás sectores que protestaban en las calles en contra de la
regresiva agenda económica y laboral del gobierno.
Asimismo,
las manifestaciones de junio y julio del 2019 mostraron, una vez más, la
capacidad de los sectores neopentecostales de
construir «pánicos morales» (en este caso en torno a los baños neutros) para
movilizar a los sectores populares en coyunturas de crisis.
En
octubre del 2020, resalta la capacidad de las cámaras empresariales vinculadas
a la exportación e importación, que en el 2018 apoyaron activamente la reforma
fiscal, de vincular su demanda particular de no aumentar su carga tributaria,
en momentos de profundización de la crisis económica, social y sanitaria
derivada de las medidas económicas impulsadas por el gobierno de Alvarado junto
con los efectos de la pandemia del COVID-19, con el malestar social
generalizado entre las clases medias y sectores populares derivados del
deterioro de la situación económica nacional. Al posicionar su consigna de «no
más impuestos» (independientemente de la clase social o nivel de ingresos) junto
con las movilizaciones sociales en contra de la negociación con el FMI, el gran
empresariado logró bloquear las pocas iniciativas tributarias de esta propuesta
que afectaban sus intereses directos.
Los
gruesos errores del gobierno de Alvarado durante las protestas del 2020,
derivados fundamentalmente de su alianza con las élites y su clara orientación
neoliberal, que niega y desconoce la posibilidad del disenso sobre la agenda
económica, facilitaron, además, que el gran empresariado nacional se afirmara
como conductor político del país, y que se reforzara la lógica empresarial que
el neoliberalismo busca imprimir a al país y a la sociedad en su totalidad.
En
ambos casos, los neopentecostales en el primero y las
cámaras empresariales en el segundo, al incluir sus demandas dentro de
movimientos más amplios, ayudaron a que estas opacaran otras demandas que
confrontaban directamente a las regresivas medidas educativas, económicas y
laborales de la administración Alvarado, que optó sistemáticamente por eludir
cualquier agenda que el gran empresariado nacional considerara contraria a sus
intereses políticos y económicos, y por desconocer y reprimir a los movimientos
sociales que confrontaron en la calle sus políticas.
A
su vez, la presencia de sectores y demandas conservadoras en estas jornadas de protesta
colaboró en dificultar la construcción de plataformas sociales más amplias en
torno a demandas progresistas a nivel económico y cultural. Asimismo, resalta
la incapacidad de los sectores progresistas y más tradicionales de la protesta
social (sindicatos, federaciones estudiantiles universitarias, etc.) de construir
este tipo de articulaciones y objetivos generales comunes para enfrentar las
regresivas reformas que fueron aprobadas en este periodo. Cabe destacar en este
punto que el proceso de cooptación de sectores de las dirigencias y movimientos
sociales por parte del partido de gobierno, mismo que requiere de mayor
investigación, claramente pudo haber dificultado también la posibilidad de construir
mayores articulaciones, así como las crecientes brechas sociales y culturales,
propias de un país cada vez más desigual, y que se están expresando también en
la dinámica de los movimientos sociales.
En este sentido, es evidente la crisis que atraviesa el movimiento sindical del sector público, y el progresismo en general, en cuanto a su capacidad de vincularse con la mayoría de la clase trabajadora del país, que trabaja en el sector privado y/o en la informalidad, ya que, en ambos momentos, fue fácilmente relegado, a pesar de haber estado movilizado. Sin duda alguna esta es una temática que requiere de mayor investigación a futuro.
No
obstante, fue visible cómo un bloque sindical liderado por la ANEP y la
ASDEICE, en ambas ocasiones buscó, con relativo éxito, articularse con los
movimientos de protesta, a costa de abrazar y legitimar consignas conservadoras
neopentecostales en el 2019, y de legitimar el rol de
conducción política del gran empresariado nacional en el 2020.
Sin
duda alguna, la derrota política del movimiento social y sindical asestada por
el gobierno de Alvarado, junto con las regresivas reformas aprobadas en ese
periodo, que entre otras cosas han restringido las posibilidades y el derecho
de huelga en el sector público, así como el avance de actores y consignas
conservadoras en este periodo analizado, han repercutido negativamente en las
capacidades de los movimientos sociales y sindicales para enfrentar el
acelerado proceso de desmantelamiento de la institucionalidad estatal y de los
servicios públicos, la destrucción del mercado laboral y del tejido social, entre
otros, cuyas severas consecuencias son, trágicamente, cada vez más palpables en
el seno de la sociedad costarricense. Esta coyuntura reciente obliga a repensar
las estrategias de organización, resistencia y articulación, en medio de la
profunda crisis social que atraviesa el país.
Este artículo es un producto de
investigación del proyecto A8749 “Seguimiento de las acciones colectivas y
grupos organizados en Costa Rica” del Instituto de Investigaciones Sociales de
la Universidad de Costa Rica
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