Una aproximación a la canalización neoliberal y conservadora del descontento social en Costa Rica (2019-2020)

An approach to the neoliberal and conservative channeling of social discontent in Costa Rica (2019-2020)

 

Sofía Cortés Sequeira

Instituto de Investigaciones Sociales

Centro de Investigaciones Históricas de América Central

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica

sofia.cortes@ucr.ac.cr

https://orcid.org/0000-0002-3788-8985

 

Fecha de recepción: 3 de marzo del 2023

Fecha de aceptación: 12 de octubre del 2023

 

Cómo citar:

Cortés Sequeira, Sofía. 2025. Una aproximación a la canalización neoliberal y conservadora del descontento social en Costa Rica (2019-2020). Revista Reflexiones.104 (1). DOI 10.15517/rr.v104i1.54217

 

Resumen

Introducción: A nivel global y regional, los sectores neoliberales, organizaciones neopentecostales y neointegristas, y en general las «nuevas derechas», han dirigido esfuerzos para canalizar el malestar y el descontento social hacia el reforzamiento del proyecto neoliberal y conservador.  En este marco, han protagonizado e incidido en acciones colectivas con una diversidad de repertorios de acción.

Objetivo: Reflexionar sobre la presencia de discursos, demandas, y sectores neopentecostales y neoliberales en acciones colectivas y movimientos de protesta social a partir de dos «enjambres de protesta» ocurridos durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).

Método: Se realiza una descripción cronológica y analítica de dos «enjambres de protesta» ocurridos durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), con base en información de prensa y registros recopilados de la Base de Datos de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. El primero, son las protestas estudiantiles y de transportistas de junio-julio del 2019. El segundo, son las protestas ciudadanas en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en octubre del 2020. Para su análisis e interpretación se utiliza bibliografía nacional y latinoamericana sobre la conflictividad social durante el gobierno de Alvarado, los vínculos entre neopentecostalismo y neoliberalismo, las nuevas derechas y las protestas conservadoras.

Resultados: Se logró una reconstrucción cronológica y analítica de los dos enjambres de protesta, utilizando alrededor de 100 artículos de prensa recopilados de la Base de Datos de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, los cuales se complementaron con algunas publicaciones en las redes sociales de las y los actores de la protesta.

Conclusiones: Tanto en las protestas del 2019 como en las del 2020 se ubica la presencia de demandas y actores vinculados a la agenda política neopentecostal y neoliberal. En el primer caso, resalta la inclusión de la demanda en contra de la creación de «baños neutros» por parte de sectores neopentecostales dentro de la agenda de lucha del movimiento estudiantil de secundaria, en el marco de la aplicación de los protocolos en contra del acoso escolar a personas sexualmente diversas en centros educativos públicos. En el segundo, resalta la capacidad del gran empresariado de posicionar la demanda de «no más impuestos» en las jornadas de protesta de octubre del 2020, y de utilizar el malestar generalizado derivado de la aprobación y aplicación de la reforma fiscal del 2018 y del deterioro económico del país, para en este momento lograr evitar cualquier discusión o iniciativa tendiente a aumentar la carga tributaria de las grandes empresas para enfrentar los severos efectos económicos, sociales y sanitarios de la pandemia del COVID-19.

Palabras clave: Protestas, Conflictividad social, Neoliberalismo, Neopentecostalismo, Conservadurismo.

 

Abstract

Introduction: At the global and regional level, neoliberal sectors, neo-Pentecostal and neo-integrist organizations, and in general the «new right», have directed efforts to channel social unrest and discontent towards the reinforcement of the neoliberal and conservative project.  Within this framework, they have played a leading role in collective actions with a diversity of repertoires of action.

Objective:  To reflect on the presence of neo-Pentecostal and neoliberal discourses, demands, and actors to channel and guide social discontent in Costa Rica in collective actions and social protest movements, based on two «protest swarms» that occurred during the government of Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).

Method: A chronological and analytical description is made of two "protest swarms" that occurred during the government of Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), based on press information and records compiled from the Collective Actions Database of the Institute of Social Research of the University of Costa Rica. The first, are the student and transportation protests of June-July 2019. The second is the citizen protests the agreement with the International Monetary Fund in October 2020. For its analysis and interpretation, national and Latin American bibliography on social conflict during the Alvarado government, neo-Pentecostalism, new right-wing and conservative protests is used.

Results: A chronological and analytical reconstruction of the two protest swarms was achieved based on about 100 press articles collected from the Collective Actions Database of the Institute of Social Research of the University of Costa Rica, which were complemented with some publications on social networks of the protest actors.

Conclusions:  Both in the 2019 and 2020 protests, the presence of demands and actors linked to the neo-Pentecostal and neoliberal political agenda can be found. In the first case, the inclusion of the demand against the creation of «neutral bathrooms» by neo-Pentecostal sectors within the demands of the high school student movement, within the framework of the implementation of protocols against bullying of sexually diverse people in public schools, stands out. In the second, it highlights the ability of big business to position the demand for «no more taxes» in the October 2020 protest days, and to use the generalized malaise derived from the approval and implementation of the 2018 tax reform and the economic deterioration of the country, to avoid any discussion or initiative aimed at increasing the tax burden of large companies to address the severe economic, social and health effects of the COVID-19 pandemic.

Key Words: Protests, Social conflict, Neoliberalism, Neo-pentecostalism, Conservatism.

 

 

Introducción

 

En este artículo se realizará una breve reflexión sobre la presencia de discursos, demandas, y sectores neopentecostales y neoliberales en acciones colectivas y movimientos de protesta social recientes, como estrategia para canalizar el malestar social creciente hacia medidas que sostengan, reafirmen o profundicen el statu quo neoliberal en Costa Rica.

Para esto, se procederá a la reconstrucción cronológica, con base en fuentes periodísticas, de dos «enjambres» de protesta social presentados durante la administración del presidente Carlos Alvarado Quesada (2018-2022). El primero, son las protestas de junio-julio del 2019 que derivaron en la destitución del entonces ministro de Educación, Édgar Mora Altamirano. El segundo, las protestas de octubre del 2020 en contra de la propuesta de negociación de un empréstito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, se analizará el origen del conflicto, las y los actores, las demandas, los discursos y los desenlaces de dichos conflictos, dentro de una determinada correlación de fuerzas y contexto marcado por las disputas entre sectores que apoyaron el avance de la reforma neoliberal y quienes la enfrentaron, así como entre quienes apoyaron el avance de una agenda cultural progresista en materia de género, y quienes la enfrentaron.

De esta manera, se pretende responder a la interrogante de en qué medida y bajo qué mecanismos se expresaron discursos, demandas y sectores de corte neopentecostal y neoliberal en los «enjambres» de protesta del 2019 y el 2020, y en qué medida fueron capaces de incidir en estos movimientos. Para esto, el artículo se estructura en dos partes, la primera dedicada a analizar la evolución y el desenlace del ciclo de protestas de junio-julio del 2019, y la segunda, a analizar las protestas de octubre del 2020. Para la reconstrucción de ambos momentos, se utiliza como base la información obtenida de «Protestas. Base de Datos de Acciones Colectivas» del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica[1].

La canalización del malestar social por parte de las «nuevas derechas» es un fenómeno que se está desarrollando con fuerza en todo occidente (Stefanoni 2021). En América Latina, estas han abandonado la forma de «mayoría silenciosa» que intervenía únicamente a través de grupos de interés fuera de la mirada pública, y han optado por tomar parte en, y llevar a cabo acciones colectivas (con repertorios de acción más o menos transgresores) en el espacio público, ya sea impulsando de forma abierta movilizaciones sociales antiigualitarias, que defienden la homogeneidad (en contra del pluralismo y la diversidad), la identidad religiosa, la familia tradicional, la propiedad privada, la riqueza y los privilegios económicos frente a la “presión del Estado”,  con un marcado carácter defensivo del statu quo, que en su imaginario se encuentra “moralmente” asediado por el «progresismo»; o como parte de movilizaciones sociales más amplias. Para estas nuevas derechas, las desigualdades no son producto de procesos sociohistóricos, sino de diferencias naturales en el talento y esfuerzo individual (Lucca y Iglesias 2020, 69-70).

En Costa Rica, el 2018 marcó un punto de inflexión en el proceso de acumulación de fuerzas de los sectores políticos neopentecostales, como expresión de esta «nueva derecha», quienes por primera vez estuvieron en capacidad de disputar la presidencia del país, al ganar la primera ronda electoral en febrero del 2018 con el candidato Fabricio Alvarado Quesada del Partido Restauración Nacional (PRN), y a pesar de perder la segunda ronda frente a Carlos Alvarado Quesada del Partido Acción Ciudadana (PAC), convertirse en la segunda fuerza legislativa con 14 curules. Como indica Arguedas (2020, 19), desde finales del siglo XX tanto los neopentecostales como el neo-integrismo católico impulsaron luchas y demandas con el objetivo de hacer retroceder el proceso de secularización del espacio público y la agenda de ampliación de derechos de las mujeres y personales sexualmente diversas.

Como parte de su estrategia electoral, de cara a las elecciones del 2018, los neopentecostales construyeron al PAC como una amenaza para la familia tradicional, y promovieron movilizaciones sociales en contra de la educación sexual en centros educativos públicos y de los derechos de las personas sexualmente diversas (Arguedas 2020, 23-27). Como consecuencia, entre el 2017 y el 2018 se experimentó un repunte de acciones colectivas con demandas conservadoras en torno al género (Alvarado y Martínez 2018; Cerdas 2020; Cortés 2022).

Por su parte, tras ganar las elecciones con un discurso de respeto y defensa de los derechos humanos para las mujeres y personas sexualmente diversas, el gobierno de Carlos Alvarado dilapidó tempranamente, en los primeros meses de su gestión, el frágil capital político que había logrado cosechar en el marco de la segunda ronda electoral, especialmente, al asumir el impulso a una regresiva reforma fiscal como tarea prioritaria del gobierno. Su gestión, marcada por el fiscalismo, el anti-sindicalismo, la austeridad y el recorte del gasto público, aceleró el ritmo de aprobación de las reformas neoliberales en el país, y respondió exclusivamente a los intereses económicos y políticos del gran empresariado, sector que controló a lo largo del periodo la agenda del gobierno (Acuña 2021, Molina y Díaz 2021, Robles y Cárdenas 2021).

Cabe destacar, además, que el gobierno de Carlos Alvarado puede calzar dentro de lo que Nancy Fraser ha conceptualizado como un «neoliberalismo progresista», es decir, un gobierno que impulsó una agenda marcadamente neoliberal a la par de demandas culturales progresistas (especialmente en materia de género y etnicidad), fundamentalmente identitarias y civiles, desvinculadas de las luchas por justicia económica y por una mejor redistribución de la riqueza, en alianza con sectores de los movimientos sociales que igualmente desvinculan las demandas culturales e identitarias de la agenda económica y redistributiva, o subjetivamente neoliberales. Este neoliberalismo progresista coexiste, y a menudo también compite, con sectores neoliberales culturalmente conservadores, que promueven una agenda regresiva en materia de género, etnicidad o multiculturalidad, en alianza con organizaciones fundamentalistas (Fraser 2017, 46-64; Cortés 2021, 220).

Una de las principales consecuencias políticas de este «neoliberalismo progresista» es contribuir a que los sectores más conservadores construyan la idea de que las agendas culturalmente progresistas en materia de género, derechos humanos, multiculturalidad, entre otras, son exclusivas y parte del proyecto de las élites, que buscan atentar en contra de la forma de vida de las personas «comunes» o del pueblo, definido en sentido conservador (Fraser, 2017).

Asimismo, cabe destacar que desde su nacimiento, como fuerza política a inicios de siglo XXI, el PAC logró la simpatía de sectores progresistas y activistas sociales que conforme el partido fue ganando posiciones a nivel municipal, legislativo y ejecutivo, reforzaron su base social y se colocaron también en puestos de toma de decisiones, lo que posibilitó diferentes grados de cooptación de algunas dirigencias y sectores de movimientos sociales durante sus dos administraciones (2014-2018 y 2018-2022).

Los «enjambres» de protesta del 2019 y del 2020 fueron expresión del malestar social creciente producto del deterioro general de las condiciones de vida de la mayoría de la población, provocado por el avance y profundización de las reformas neoliberales en el país (Chavarría 2023), así como de los altos niveles de impopularidad y conflictividad social que caracterizaron al gobierno de Carlos Alvarado (Alvarado, Cortés y Sáenz 2021).

La reforma fiscal del 2018 fue adversada por una amplia alianza de sindicatos del sector público y movimientos sociales, que protagonizaron una huelga que se extendió por tres meses, y que fue combatida por el gobierno de Carlos Alvarado a través de diversos mecanismos, como la criminalización del movimiento de protesta, tanto a nivel discursivo como a través de la detención y procesamiento de personas manifestantes, y declaratorias de ilegalidad de los movimientos de huelga en las instituciones estatales. Con la aprobación final del proyecto de ley de reforma en diciembre del 2018, sin haber incorporado una sola de las demandas del movimiento de huelga, este fue derrotado (Grau 2021, Díaz 2021).

Al analizar las protestas sociales del periodo 2018-2019, Chavarría (2023) señala que tras la derrota sufrida en esta huelga, el movimiento social costarricense se vio obligado a intentar cambios en su estrategia de alianzas y objetivos, que llevó a intentar sumar nuevos sectores y demandas, en su mayoría de carácter sectorial, que dificultaron la construcción de objetivos comunes, lo que terminó atentando en contra de la capacidad de definir y alcanzar la conquista de sus demandas prioritarias (324-325).

En este sentido, como continuidad de la conflictividad expresada en el 2018 en torno a la agenda económica y la reforma del Estado, a mediados del 2019, las organizaciones sindicales volvieron a las calles para protestar, especialmente, en contra de la aprobación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, del proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica a la huelga y sus procedimientos, y del proyecto de Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales, los cuales buscaban deteriorar la capacidad organizativa y de movilización de las personas trabajadoras y los sindicatos del sector público, como reacción a la capacidad combativa que este sector mostró en la huelga del 2018. En este ciclo de protestas se incorporaron, a su vez, otros sectores como estudiantes de secundaria, organizaciones “conservadoras”, de personas pescadoras y de transportistas, que sumaron sus demandas, muchas de carácter sectorial y específico (Chavarría 2023, 357).

Asimismo, las movilizaciones de octubre del 2020, en buena medida, fueron continuidad del malestar ciudadano derivado de la aprobación de la reforma fiscal del 2018, esta vez protagonizado fundamentalmente por la ciudadanía. Este movimiento se definió como «anti fiscal» y «anti-FMI» (Díaz 2021). El enojo ciudadano en contra del gobierno de Carlos Alvarado se intensificó con los impactos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19. Al segundo trimestre del 2020, el país reportaba una tasa de desempleo del 22%, lo que representó un aumento de 10,6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del 2019. La destrucción y precarización de los empleos afectó mayoritariamente a las mujeres, cuya tasa de desempleo ascendía a un 29%, y a las personas con un nivel educativo de secundaria incompleta o menos, con edades entre los 35 y 44 años (Sanarrusia 2020).

A pesar del acelerado deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de la población, producto del crecimiento del desempleo, de la informalidad, de la pobreza, entre otros indicadores, el gobierno privilegió el fiscalismo y la austeridad, lo que profundizó la crisis (Acuña 2021; Guillén 2021).

De acuerdo con Rosales, la conflictividad social reactivada desde el 2018 se articuló entonces en torno a dos ejes centrales que polarizaron a los sectores sociales, los derechos de la población sexualmente diversa y de las mujeres, y la agenda económica hegemónica (2023, 163).

En este escenario, se procederá a analizar la presencia e inserción, en ambos momentos de la protesta (2019 y 2020), de discursos, demandas y sectores de corte neopentecostal y neoliberal, para así discutir su inserción dentro de las acciones colectivas como una herramienta para canalizar el malestar social imperante hacia el reforzamiento de su agenda y su proyecto. Lejos de agotar la temática, se busca generar interrogantes e inquietudes que permitan comprender la coyuntura política nacional, en particular, el avance de los sectores y agendas políticas neoconservadoras a nivel nacional y regional.

 

«Baños neutros», neopentecostalismo y malestar estudiantil

 

David Harvey (2007, 47-72), al estudiar la construcción de una hegemonía neoliberal en las sociedades occidentales, muestra cómo desde la década de 1980 la alianza de las élites políticas neoliberales con las iglesias cristianas neopentecostales permitió vincular al proyecto neoliberal con la defensa de los valores tradicionales, el conservadurismo cultural, el etnonacionalismo, el racismo y la homofobia, lo que facilitó el avance de esta nueva hegemonía entre amplios sectores de la clase trabajadora. Esta alianza ha contribuido significativamente a la construcción de una cultura popular neoliberal, que posiciona al proyecto neoliberal como el único garante de la preservación de los valores e identidades sensibles para el pueblo.

Durante la última década, la alianza y los vínculos entre el neopentecostalismo y el proyecto neoliberal ha sido objeto de especial interés en América Latina, a partir del creciente éxito electoral que varios partidos políticos neopentecostales han experimentado en los países de la región. Como indica Julio Córdoba (2015), los severos efectos en la destrucción del tejido social producto de la profundización de las reformas neoliberales en América Latina, a partir de la década de 1980, han permitido el avance de las iniciativas y las agendas de los grupos «pro-vida» neo pentecostales dirigidas a «restaurar la estabilidad familiar» en medio de la crisis de certezas y de estabilidad propias del modelo económico.

Para Yirlean Ramos Feria y Ada Celsa Cabrera García (2021, 119-121), el principal rasgo neoliberal del neopentecostalismo es que mercantilizan e individualizan «la salvación». En este, el fenómeno religioso se asume como un mercado competitivo, por lo que asumen una organización jerárquica empresarial, la implementación de estrategias de mercado, del marketing, y se mueven por la acumulación de capital. Así, venden servicios religiosos a gran escala a partir su habilidad para explotar el mercado de las emociones, para lo cual basan su teología en el éxito económico individual (la teología de la prosperidad), y convierten el emprendedurismo y la autoexplotación de sí mismo en valores cristianos. Para la teología de la prosperidad, el éxito económico es directamente proporcional al éxito espiritual individual, y la responsabilidad de alcanzarlos recae exclusivamente en el individuo, ya que el sistema neoliberal pone a disposición todas las herramientas para el éxito.

Así, la teología de la prosperidad se enlaza directamente con la subjetividad neoliberal del «emprendedor de sí mismo», sujetos competitivos centrados en la maximización constante de su rendimiento y sus ganancias, a través de la autoexigencia, la auto-realización, y la auto-culpabilización, responsable de su propio éxito o fracaso, así como de su felicidad, centrada en el consumo. Su valor como individuo ya no está dado por derechos inherentes, que adquiere al nacer, sino por lo que es capaz lograr a través de la propia empresa de sí mismo. El éxito individual y el imperativo de la felicidad a través de este, se posiciona como valor supremo (Laval y Dardot 2010, 325-381).

Es por esto que, para la teología de la prosperidad, la garantía para el éxito individual recae en el buen ejercicio de lo político y lo económico, lo que justifica su participación en la esfera pública para velar por el accionar de los políticos y del neoliberalismo como mejor forma de organización política, social y económica, que permite a cualquier persona, a través del emprendedurismo de sí mismo, llegar a la cúspide del éxito. Para las autoras, esto explica en gran medida por qué en América Latina ha ganado gran cantidad de fieles entre los sectores más vulnerabilizados y empobrecidos, quienes a su vez llegan a creer que al darle poder a la institución, en dinero y votos, pueden adquirir poder (Ramos y Cabrera 2021, 121).

En el neopentecostalismo, la movilización y la gestión de las emociones, a través del «management emocional», así como la construcción de un sentido de pertenencia identitario y de una otredad amenazante, son fundamentales. Esto le da la capacidad de crear «pánicos morales» frente a enemigos terrenales (los progresismos, feminismos y las izquierdas). Vinculado a lo anterior, para las autoras, la explotación emocional, el «coaching» que ejercen los pastores (para vender a su vez éxito económico y espiritual) y los discursos sobre el género, en particular sobre la educación sexual, el papel de las mujeres en la sociedad y las identidades de género, son las tres principales estrategias que los neopentecostales utilizan para ganar cargos e incidir en política. Estos han coincidido con las derechas más extremas y conservadoras en culpar a los progresismos y a las izquierdas que han impulsado transformaciones, en las relaciones étnicas, sexuales y capitalistas, como los culpables de la actual crisis civilizatoria, a la vez que se presentan como la única fuerza capaz de enfrentarla. Así, garantizan el sostenimiento del statu quo, lo que refuerza su vínculo con el proyecto neoliberal, al cual le aportan una base social considerable de carácter popular (Ramos y Cabrera 2021, 122-127).

En este marco, en América Latina, durante las primeras dos décadas del siglo XXI, las movilizaciones y acciones colectivas protagonizadas por sectores religiosos y neopentecostales en contra de «la ideología de género» para oponerse a políticas de carácter progresista en torno a la educación sexual, los derechos de las mujeres y de las poblaciones sexualmente diversas, han experimentado un aumento considerable (López 2021).

Es dentro de este marco explicativo que a continuación se interpreta la inserción de sectores y consignas neopentecostales en las acciones colectivas de junio y julio del 2019, como parte y expresión del fenómeno de canalización del descontento social hacia el sostenimiento y reforzamiento del statu quo conservador y neoliberal.

Tal como se indicó en un inicio, las protestas estudiantiles se desarrollaron de forma paralela a otros movimientos de protesta protagonizados por sindicatos del sector público en contra de los proyectos de ley tendientes a modificar el empleo público y el Estado, así como de pescadores y transportistas, quienes se manifestaron en contra de la entrada en vigor del IVA, aprobado en la reforma fiscal del 2018 (Chinchilla 2023; Rosales 2023).

Es necesario indicar que, desde el inicio de su gestión al frente del Ministerio de Educación Pública (MEP), Édgar Mora Altamirano fue cuestionado por las organizaciones docentes por carecer de experiencia profesional previa en el sistema educativo nacional y, posteriormente, por criminalizar la protesta de este gremio, que en el 2018 se sumó a la huelga de tres meses en contra de la reforma fiscal neoliberal impulsada por el gobierno de Carlos Alvarado, que incluyó la promoción de sanciones en contra de huelguistas, así como la solicitud de declaratoria de ilegalidad de la huelga (APSE Informa, 2018; Cerdas, La Nación, 28 de noviembre del 2018).

Si bien en las protestas en contra de Mora se expresaron este y otros malestares de larga data, como el marcado deterioro en la infraestructura educativa pública, la oposición a la implementación de las pruebas nacionales FARO, y al proyecto de Ley de Educación Dual, cabe destacar la adopción por parte del movimiento estudiantil de la demanda en contra de la implementación de «baños neutros» en los centros educativos nacionales, impulsada por partidos políticos y organizaciones neopentecostales (Rosales 2023, 163), y que fue utilizada por estos mismos sectores para legitimar socialmente las protestas estudiantiles (Calderón 2021).

Esta consigna se originó a partir de que, en el mes de febrero del 2019, el MEP dio a conocer un protocolo para prevenir y enfrentar el «bullying» hacia personas sexualmente diversas en los centros educativos del país (Gudiño, La República, 8 de febrero del 2019). En la página 33 del documento, en la sección de «Otras acciones afirmativas para la población estudiantil LGTB», se incluyó la siguiente medida para proteger a las personas trans: «Permitir utilizar el servicio sanitario que corresponda al género con el cual se autodefine o promover el uso de baños no generizados. Otra solución alternativa a la aplicación de estas medidas es el uso del baño para docentes, pero sólo como opción transitoria mientras la comunidad educativa va asimilando las adaptaciones. Otra opción que tiene las autoridades del centro educativo y de acuerdo con el contexto es designar uno o más baño “neutral” es decir, común a todas las personas» (Dirección de Vida Estudiantil 2018, 33).

Una vez que se inició con la difusión y la promoción de dicho protocolo entre la comunidad educativa nacional, los sectores políticos neopentecostales, a través de los partidos Restauración Nacional (PRN) y Movimiento Nueva República (MNR) (escisión del PRN), criticaron duramente la propuesta de «baños neutros», e iniciaron una campaña para movilizar a la opinión pública, especialmente a padres y madres de familia, en contra del protocolo del MEP. Como parte de esta, en mayo del 2019 la diputada del MNR, Carmen Chan Mora, criticó desde el plenario legislativo que mientras más de 500 centros educativos tenían órdenes sanitarias por sus pésimas condiciones de infraestructura, y muchas escuelas y colegios se «caían a pedazos», «la prioridad del MEP» era crear «baños neutros» (Aguilar, AM Prensa, 24 de mayo del 2019).

Por su parte, el movimiento de mujeres conservadoras denominado «Pancha Carrasco» acudió a las instalaciones del Diario Extra para anunciar la conformación de su movimiento, y plantear sus demandas al gobierno de Alvarado. En esta entrevista, publicada el 17 de junio, explicaron que se organizaron con el fin de defender los derechos de «los costarricenses» y de «luchar por conservar el país con los valores que se inculcan desde el núcleo familiar». Seguidamente, criticaron «la necedad» del MEP de inculcar la «ideología de género» a la niñez en los centros educativos públicos, y que en medio de los problemas de infraestructura que presentan varias escuelas y colegios, el gobierno gastara plata «en baños neutros, en drones o regalándole la plata a las universidades públicas». Ante este estado de cosas, indicaron que su principal objetivo era lograr la renuncia de Mora como ministro de Educación (Jiménez, Diario Extra, 17 de junio del 2019).

Para reforzar su legitimidad, indicaron que varias de ellas se desempeñaban como docentes, y que estaban en desacuerdo con los contenidos de «ideología de género», ya que los encontraban «muy crudos» para tratar con los niños. En reacción al protocolo contra el bullying elaborado por el MEP, al cual ubicaron como parte de esta «ideología», denunciaron que: «El MEP está promoviendo el libertinaje para educar niños sin responsabilidad y que piensen en hacer las cosas solo por placer o gusto. Es similar con el aborto, si una niña queda embarazada, solo se dirá que fue violada o que no quiere tener al bebé y se lo sacan, sin saber el daño que se le hace a la menor porque hay un antes y un después de esa situación» (Jiménez, Diario Extra, 17 de junio del 2019).

En cuanto a su rol, como mujeres y madres, en el contexto de la crisis económica que enfrentaba el país, señalaron que: «Tenemos que levantar luchas que a veces no pueden levantar los sindicatos o agricultores. No vamos en la línea del feminismo, sino que vamos acompañadas con nuestros esposos, con la familia. Sabemos que la familia es nuestra sociedad y se está derrumbando» (Jiménez, Diario Extra, 17 de junio del 2019).

Por su parte, las organizaciones estudiantiles de secundaria denominadas Resistencia Nacional Estudiantil (RNE), Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE) y la Juventud Unida por Costa Rica (JUPCR), convocaron de manera conjunta al estudiantado de secundaria a sumarse a un movimiento de protesta nacional a efectuarse el 18 de junio del 2019, para exigir la renuncia del ministro Mora, por, a su criterio, dilapidar recursos públicos para construir «baños neutros» en los centros educativos, promover un convenio educativo con Cuba y, en general, por falta de capacidad para ejercer su puesto. Además, para protestar en contra del proyecto de Ley de Educación Dual, que en ese momento se encontraba en discusión en la Asamblea Legislativa (Cabezas, Crhoy, 18 de junio 2019).

Aquí se hace visible el impulso de la demanda conservadora por parte de los partidos políticos neopentecostales, el PRN y el MNR, organizaciones como el colectivo Pancha Carrasco, y algunos liderazgos visibles del movimiento estudiantil.

Todos estos sectores vincularon el malestar producto del deterioro de la infraestructura educativa pública, con la agenda conservadora de defensa de la familia y de las identidades de género tradicionales, que en América Latina se han expresado durante los últimos años como luchas en contra de «la ideología de género», y que recientemente había motivado protestas en centros educativos del país en el 2017 y 2018 en contra de la educación sexual.

Así las cosas, las protestas estudiantiles iniciaron el 18 de junio en las afueras de las oficinas centrales del MEP, en el Edificio Rofas en San José, acompañada por padres y madres de familia, docentes, y pequeños sindicatos de salud, como la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud, el Sindicato de Trabajadores de Farmacia y la Unión de Trabajadores Públicos y Privados. Además, la protesta fue apoyada públicamente por el colectivo «Despierta Costa Rica», otra organización conservadora que manifestó su molestia con la implementación de las «guías sexuales», el protocolo antibullying LGBT, y «los baños neutros». A la par de dichas demandas, las personas presentes también criticaron el deterioro de la infraestructura educativa y la sobrecarga laboral entre el personal educativo, así como el hecho de que Mora no tuviera trayectoria laboral o experiencia previa en el sector. Como respuesta, el MEP optó por descalificar y minimizar al movimiento y sus demandas (Castro, Crhoy, 18 de junio 2019; Castro, Crhoy, 18 de junio 2019a; Castro, Crhoy, 18 de junio 2019b; Jiménez, Diario Extra, 19 de junio 2019).

Al día siguiente, el Encuentro Social Multisectorial, espacio conformado por agrupaciones sindicales, de personas productoras, pescadoras, cooperativistas, entre otras, coordinado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se manifestó frente al Banco Central para exigir la suspensión por 18 meses de la entrada en vigencia del IVA, el retiro de los proyectos de ley para limitar el derecho a huelga y de Empleo Público, y para exigir medidas de apoyo para el sector agrario nacional (Jiménez 20 de junio 2019a; Quesada 19 de junio de 2019), mientras que la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) se manifestó en el Parque Central en contra de los proyectos de ley para restringir el derecho a la huelga (Jiménez, Diario Extra, 20 de junio 2019).

Las protestas sindicales por el derecho a huelga y en contra de la educación dual siguieron escalando, y el 22 de junio la ANDE y la APSE participaron de manera conjunta en una manifestación en el Paseo de los Estudiantes, a la cual se sumaron también la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), la Unión Nacional de Trabajadores (UTN) y el Sindicato de Empleados del Banco Popular (Morris, Diario Extra, 22 de junio 2019).

La crispación social aumentó con el inicio de las protestas de transportistas de carga, quienes se agrupaban en el Sindicato Nacional de Traileros de la ANEP, y realizaron «tortuguismo» en diferentes rutas nacionales, para oponerse a la entrada en vigor del IVA, programada para el 1 de julio del 2019, y exigir la exclusión de su aplicación. Asimismo, protestaban en contra de la ineficiencia de la empresa concesionaria de los muelles de Moín, APM Terminals, lo que posibilitó en la provincia de Limón acciones conjuntas entre transportistas y sindicatos que apuntaban «peligrosamente» hacia la unificación de diversas demandas que se manifestaban hasta ese momento de manera aislada (Morales, Diario Extra, 25 de junio 2019; Paniagua, Crhoy, 25 de junio 2019; Cabezas, Crhoy, 25 de junio 2019; Castro, Crhoy, 25 de junio 2019; Morris, Diario Extra, 26 de junio 2019; Granados, Diario Extra, 26 de junio 2019). Mientras tanto, un grupo de personas dedicadas a la pesca se manifestó en las afueras de la Casa Presidencial, en Zapote, para exigir fuentes de empleo y la no aplicación del IVA al sector pesquero (González, Diario Extra, 27 de junio 2019).

Ese mismo día, organizaciones docentes marcharon hacia la Asamblea Legislativa y protagonizaron protestas regionalizadas en Guápiles, Pérez Zeledón, Filadelfia, Nicoya, Puntarenas, Turrialba, San Vito, entre otras localidades. Además de su demanda inicial en contra de los proyectos de ley para restringir el derecho a la huelga y de la educación dual, el movimiento aprovechó el malestar estudiantil, y sumó la exigencia de la destitución de Mora como ministro de Educación. Para tal efecto, convocaron a una manifestación a realizarse el 1 de julio. (Jiménez, Diario Extra, 26 de junio 2019; Jiménez, Diario Extra, 26 de junio 2019a).

El 26 de junio, estudiantes de varios centros educativos, en su mayoría del norte del país, bloquearon la entrada de sus colegios como medida de presión en contra de «los baños neutros», de la educación dual, de las pruebas FARO, y para exigir la renuncia de Mora. Durante esta jornada de protestas, estudiantes del Liceo de Cuatro Bocas de Upala fueron reprimidos por la Fuerza Pública (Jiménez, Diario Extra, 27 de junio 2019). La represión en contra de las personas jóvenes fue un factor crucial para que, a partir del día siguiente, las protestas experimentaran un aumento en cantidad e intensidad. Así lo entendió la ANEP, que inmediatamente convocó a salir a protestar en contra de la entrada en vigor del IVA y de otras políticas oficialistas (Paniagua, Crhoy, 26 de junio 2019; Cabezas Crhoy, 26 de junio 2019).

1.1.Intensificación de las protestas

El 27 de junio decenas de centros educativos, en su mayoría en la ruralidad del país, fueron cerrados por estudiantes, a la vez que bloquearon varias rutas nacionales. Por su parte, el partido político neopentecostal, Movimiento Nueva República, exigió públicamente la renuncia de Mora, a la vez que criticó la represión ejercida en contra del movimiento estudiantil por parte de la Fuerza Pública (El Mundo, 27 de junio 2019; Ramírez, Crhoy, 27 de junio 2019).

A su vez, los transportistas realizaron bloqueos intermitentes en los alrededores de la Casa Presidencial y otras rutas nacionales para exigir la exclusión de la aplicación del IVA y, en solidaridad con las y los estudiantes reprimidos en Upala, se unieron a la exigencia de la renuncia del ministro Mora (Quesada, Crhoy, 27 de junio 2019).

En los dos días siguientes, grupos de estudiantes cerraron decenas de centros educativos a lo largo del país, y continuaron los cortes de ruta exigiendo la renuncia del ministro. Los transportistas le manifestaron entonces al presidente Alvarado que, si Mora no renunciaba dentro de los próximos 15 días, continuarían con los bloqueos en las calles nacionales (González, Diario Extra, 29 de junio 2019).

El 30 de junio, con varias rutas bloqueadas, las negociaciones entre transportistas y el gobierno de la República para deponer el movimiento de protesta arrancaron en horas de la mañana. En este espacio, los transportistas indicaron que cualquier intento de negociación efectiva debía pasar primero por la renuncia inmediata del ministro de Educación, con lo que, en ese momento, supeditaron su demanda original (ser excluidos de la aplicación del IVA) a la consigna estudiantil de la renuncia de Mora. Por su parte, el gobierno solicitó un plazo de tres días para valorar la situación del ministro (Chinchilla, Crhoy, 30 de junio 2019).

Así, los distintos movimientos de protesta, que habían surgido en torno a diversas demandas y sin articulación unos con otros, convergieron en la demanda común de la renuncia del ministro de Educación. Este punto tenía poco o nulo impacto en la situación fiscal y laboral, que originaba el malestar de los transportistas y sindicatos. Así, la solicitud de renuncia de Mora se impuso en ese momento por sobre la agenda económica y laboral.  

Así lo entendieron algunas dirigencias sindicales de la UNDECA y la APSE, quienes advirtieron que la renuncia de Mora no solucionaba las necesidades y los conflictos de la sociedad costarricense, en especial aquellos derivados de la política económica del gobierno, por lo que solicitaron la renuncia de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, a quien identificaron como la principal responsable de hacer avanzar una agenda económica regresiva y anti popular (Jiménez, Diario Extra, 2 de julio 2019).

 

1.2.Renuncia de Mora y desmovilización

El 1 de julio estudiantes y transportistas retomaron los cortes de ruta, y ante la presión del sector exportador y turístico por las afectaciones de los bloqueos a sus actividades económicas, el gobierno anunció la destitución de Mora (Jiménez, Diario Extra, 2 de julio 2019; Paniagua, Crhoy, 1 de julio 2019). Tras la caída del ministro, el Encuentro Social Multisectorial, que incluía a la ANEP, a la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y Energía (ASDEICE), al MEDSE, transportistas, pescadores y otros sectores agropecuarios, publicó un documento con 18 puntos para sentarse a negociar con el gobierno de Alvarado. Este rezaba en su introducción: «En defensa de nuestros más sagrados valores nacionales y de nuestra Constitución Política, nos constituimos como el Encuentro Social Multisectorial (ESM)» (ANEP, 2 de julio 2019; Jiménez, Diario Extra, 2 de julio 2019a).

Seguidamente, si bien enfatizaron que sus demandas tenían como objetivo principal confrontar las políticas económicas del Estado que favorecen la concentración del capital y el empobrecimiento de las mayorías, el punto 2 de su pliego petitorio era la: «Defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y las familias costarricenses, por lo que se solicita revisión integral de los programas educativos» (ANEP, 2 de julio 2019).

Como se puede notar, estos sectores apostaron por integrar las demandas conservadoras en torno a la educación sexual, levantadas por los movimientos neopentecostales y neointegristas, en general, para intentar construir un bloque conjunto de presión frente al gobierno de Alvarado. No obstante, esta estrategia pudo haber jugado en contra de las posibilidades de construir una articulación social más amplia que tuviera como eje central el combate a las medidas educativas, económicas y laborales del gobierno.

El gran empresariado, especialmente el agroexportador, turístico e industrial, impaciente frente a los cortes de ruta, que a pesar de la salida de Mora no cesaron, enarboló un discurso de «mano dura», y llamó al presidente Alvarado a «hacer respetar el orden» y el Estado de derecho en las calles del país (Paniagua, Crhoy, 1 de julio 2019a; Rodríguez, Diario Extra, 1 de julio 2019). Las cámaras empresariales vinculadas a la agroexportación llamaron al presidente a utilizar la fuerza policial para deponer los bloqueos, o de lo contrario «tendrían que tomar medidas extremas para evitar más pérdidas». La CANATUR llamó al gobierno a caer «con todo el peso de la ley» sobre los manifestantes, y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) amenazó con no contratar a transportistas que participaran en los bloqueos (Siu, Diario Extra, 1 de julio 2019; Flores, Crhoy, 1 de julio 2019; Rojas, Diario Extra, 1 de julio 2019; Cabezas, Crhoy, 1 de julio 2019).

Producto de la presión empresarial, durante la madrugada del 2 de julio, la unidad de antimotines de la Fuerza Pública realizó una intervención para levantar los cortes de ruta que aún permanecían en varios puntos del país, con un saldo de 10 personas detenidas (Rojas, Diario Extra, 2 de julio 2019).

Por su parte, la UCCAEP le solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social disolver legalmente a la ANEP, por haberle generado pérdidas millonarias al sector turístico, agroexportador, industrial y comercial, y lesionar la imagen del país (Flores, Crhoy, 2 de julio 2019). A su vez, desde el perfil de Facebook «Unidos por Costa Rica-Sí a la democracia», se convocó a una marcha de blanco para exigir el respeto a la institucionalidad y protestar en contra de los bloqueos, que a su criterio buscaban solo «el beneficio de unos pocos» (Paniagua, Crhoy, 2 de julio 2019). Al finalizar el día, los transportistas acordaron con el gobierno de Alvarado deponer los bloqueos para iniciar una mesa de negociaciones (Informa-tico, 3 de julio 2019).

Algunos sindicatos del sector salud intentaron rescatar y dar peso a las demandas económicas, convocando a un movimiento de huelga en contra de la entrada en vigencia del IVA y para exigir la renuncia de Rocío Aguilar como ministra de Hacienda, el cual se realizó el 4 de julio paralelo a las negociaciones entre el gobierno y el Encuentro Social Multisectorial, a la vez que hicieron un llamado a seguir protestando en las calles (Quesada, Crhoy, 2 de julio 2019; Quesada, Crhoy, 4 de julio 2019).

A lo largo del mes de julio, las organizaciones estudiantiles de secundaria RNE y MEDSE, protagonizaron nuevas convocatorias a protestas y cierres de centros educativos en la ruralidad del país, no obstante, de mucho menor magnitud que las realizadas en junio. Las dirigencias estudiantiles manifestaron sentirse burladas con el nombramiento de Giselle Cruz Maduro como ministra de Educación, que en lo sustancial representaba una continuidad de las políticas impulsadas por Mora. En este periodo, se presentaron, además, diferencias públicas entre los liderazgos del MEDSE (Castro, Crhoy, 10 de julio 2019; Castro, Crhoy, 25 de julio 2019).

El proyecto de Ley de Educación Dual finalmente se aprobó en primer debate el 5 de agosto del 2019 (Alfaro, Semanario Universidad, 5 de agosto de 2019), a la vez que la aplicación nacional de las pruebas FARO siguió su curso. Igualmente sucedió con la agenda económica oficialista.

El 31 de agosto, al participar de la «Marcha por las dos vidas», en contra de la norma técnica para aplicar el aborto terapéutico en el país, uno de los dirigentes del movimiento estudiantil RNE, enfatizó públicamente que desde los colegios seguirían combatiendo la norma técnica y la «ideología de género» promovida por el MEP en las aulas, que, entre otras cosas, buscaba promover el aborto en el sistema educativo (Chinchilla, Elperiodicocr, 31 de agosto 2019).

Es posible que la convergencia de los diferentes sectores que protestaban en torno a la demanda de la renuncia de Mora, ayudara  al gobierno a eludir el resto de demandas del movimiento estudiantil (como el deterioro de la infraestructura educativa, la no aprobación de la educación dual, y la no aplicación de las pruebas FARO), del movimiento de transportistas y de sindicatos del sector público (tales como la oposición a la entrada en vigencia del IVA, a la aprobación de la ley anti huelgas y de empleo público), las cuales confrontaban directamente la agenda educativa, económica y laboral del gobierno, la cual quedó intacta.

La caída de Mora, además, fue reivindicada como un triunfo por parte del conservadurismo neopentecostal (Ruiz, El Observador, 30 de junio 2019), gracias a su capacidad de vincular su oposición al protocolo para prevenir el bullying a la población sexualmente diversa en los centros educativos, con el descontento en torno al deterioro de la infraestructura educativa y del deterioro del sistema de educación pública en general. Tras su salida, el gobierno optó por desmovilizar al resto de los sectores que se encontraban en las calles.

 

«No más impuestos»: el MRN y la protesta empresarial

Como se ha venido indicando, a pesar de la derrota de la huelga en contra de la reforma fiscal y la consiguiente aprobación de dicha legislación en el 2018, el malestar ciudadano, producto de las características e impactos de la reforma, y el deterioro económico y social que experimentó el país desde entonces, continuó vigente y posibilitó las jornadas de protestas en el 2019, así como las de octubre del 2020. Como muestra, Chavarría (2023, 333-334), con base en las Encuestas de Opinión Pública del CIEP, el proceso de discusión y aprobación de la reforma fiscal caló en la percepción de la ciudadanía sobre los principales problemas que enfrentaba el país, y a partir de noviembre del 2018, el problema del costo de la vida, la situación económica y el desempleo se colocaron en el primer lugar de la lista.

Los severos y regresivos efectos de esta reforma se agravaron con los impactos económicos de la pandemia del COVID-19 en el país (Acuña 2021; Guillén 2021). En medio del momento pandémico más crítico que, entre otras características, estuvo marcado por un crecimiento histórico del desempleo, el aumento de la pobreza, y una gran presión sobre los recursos nacionales para poder atender la emergencia nacional sanitaria, el 17 de setiembre del 2020 el gobierno de Alvarado se abocó a buscar un empréstito con el FMI para hacer frente a la situación. En esta ruta, publicó el documento «Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia», en el que reveló públicamente las condiciones propuestas por el gobierno al FMI para negociar un empréstito por $1750 millones (Bravo, La Nación, 16 de septiembre 2020; Alfaro, Ameliarueda.com, 16 de setiembre 2020; Presidencia de la República, 17 de setiembre 2020). 

Además de incluir regresivas medidas de contención del gasto público, la venta de activos estatales como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el cierre o fusión de órganos desconcentrados, la eliminación de anualidades en el sector público, entre otras iniciativas que generaron el rechazo del movimiento social y sindical, la propuesta contemplaba cuatro medidas fiscales que, mayoritariamente, afectaban directamente al gran empresariado nacional. Estas eran, en primer lugar, un impuesto a las transacciones financieras (incluyendo las de la Bolsa Nacional de Valores) (Guillén 2021); en segundo lugar, un aumento temporal al impuesto sobre la renta para empresas y personas (hasta de un 30%), así como a salarios (de manera escalonada y proporcional a partir de los 840 000 colones); en tercer lugar, un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de un 0,50% en favor del gobierno; y en cuarto lugar, un impuesto a los excedentes de las grandes cooperativas (superiores a 250 millones de colones) (Bravo, La Nación, 16 de septiembre 2020).

De forma inmediata a su publicación, la propuesta cosechó el rechazo de diversos sectores de la población, desde las organizaciones sindicales hasta el gran empresariado nacional (Guillén 2021, 101).

Como indica Harvey (2007, 11-45), desde sus inicios, la hegemonía neoliberal ha culpado a los «excesos, abusos» y tamaño del Estado de las más severas crisis económicas que ha sufrido el sistema capitalista desde la década de 1970. El mismo autor define al neoliberalismo como una «revolución de las élites», destinada a recuperar los privilegios, y el poder político y económico que se vieron obligadas a ceder durante las décadas de implementación del capitalismo keynesiano. La reducción al mínimo de su carga tributaria dentro de las economías nacionales, tal como lo consiguieron en Costa Rica con la reforma del 2018, ha formado parte central de su «revolución».

En esta dirección, la reacción de los grandes capitales no se hizo esperar. Ese mismo día, la UCCAEP, la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Cámara Costarricense de la Construcción, y la CICR, alzaron sus voces de manera unánime en contra de la propuesta oficialista, y particularmente, en contra de la creación o aumento de impuestos que afectaran sus actividades económicas y financieras. Para este sector, el gobierno, en lugar de ponerles más impuestos, debía plantear medidas más drásticas de contención y reducción del gasto público, a través de la eliminación de «privilegios» al funcionariado público, y de la reducción del Estado, mediante el cierre y fusión de instituciones (Barquero, La Nación, 17 de setiembre 2020).

En un comunicado particular, la UCCAEP le indicó al gobierno que era momento de «poner la casa en orden», de tomar serias medidas de contención del gasto público, y reclamó que, a su criterio, el sector empresarial ya había puesto de su parte aceptando nuevos impuestos con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el 2018, por lo que el país no debía ni podía permitirse más impuestos (Pérez, Elmundo.cr, 18 de setiembre 2020). No obstante, esa regresiva reforma fiscal fue apoyada de forma unánime y activa por el gran empresariado nacional, ya que la mayor carga tributaria pesó sobre los impuestos indirectos e incluyó una severa regla fiscal para limitar el gasto estatal (Guillén 2021).

Así, a partir de este momento el gran empresariado nacional lanzó a nivel nacional una campaña comunicativa con la consigna de «No más impuestos», apropiándose así, en beneficio propio, de una consigna que, producto del malestar social derivado de la reforma del 2018, gozaba de una amplia aceptación. Para esto, fue de gran relevancia la labor realizada por la ONG «Pro Costa Rica», que el 17 de setiembre inició una intensa campaña publicitaria a través de redes sociales y, en cuestión de días, colocó decenas de rótulos en carreteras y aceras del país con esa consigna (Pro Costa Rica, 17 de setiembre 2020; Pro Costa Rica, 2020).

Por su parte, el sindicalismo del sector público se opuso en general a las negociaciones con el FMI y, en particular, a las medidas más regresivas de la propuesta, como la venta, cierre o fusión de instituciones públicas, el congelamiento de anualidades, etc. Desde el mes de setiembre del 2020, este sector venía realizando marchas y caravanas en contra de la política económica de la administración Alvarado, y de las negociaciones del gobierno con el FMI (Taboada, Diario Extra, 8 de setiembre 2020).

En los días siguientes, el 20 y el 26 de septiembre, el Movimiento Despierta Costa Rica y el Bloque Patriótico Pacifista, ambas organizaciones compuestas en su mayoría por sectores de la pequeña y mediana empresa, y personas trabajadoras informales, protagonizaron diversas caravanas convocadas bajo la consigna de «No más impuestos», en las cuales utilizaban banderas de Costa Rica como principal distintivo (Taboada, Diario Extra, 21 de setiembre 2020).

El 29 de setiembre, el Movimiento Rescate Nacional (MRN), liderado por Célimo Guido Cruz y José Miguel Corrales Bolaños, ambos exdiputados; y Xinia López Quesada, trabajadora pensionada del Banco Popular y pequeña productora agropecuaria; lanzó una convocatoria a una jornada de paro nacional, con cortes de ruta en todo el país a partir del 30 de setiembre (Taboada, Diario Extra, 29 de setiembre del 2020).

Este movimiento había sido fundado en julio del 2020, integrado por organizaciones agrarias, pesqueras, de vivienda, de mujeres, entre otros sectores, y ya antes había protagonizado pequeñas acciones en contra de las medidas sanitarias implementadas por el gobierno de Alvarado para contener la expansión de los contagios de COVID-19 en el país (en agosto del 2020), así como en contra de la posible venta y privatización de la FANAL (en setiembre del 2020) (Granados, Diario Extra, 18 de agosto del 2020; Siu, Diario Extra, 5 de setiembre del 2020). Ahora, el objetivo de la convocatoria era lograr el retiro de la propuesta de negociación con el FMI, la renuncia del equipo económico del gobierno, y no aprobar más impuestos (Movimiento Rescate Nacional, 28 de setiembre del 2020). Como indica Díaz (2021), el movimiento se definió como antifiscal y anti-FMI.

Así las cosas, a lo largo del mes de octubre, el MRN y la ciudadanía que se sumó a su convocatoria, realizaron más de 600 cortes de ruta, ubicados especialmente en la zona norte, el Pacífico sur y central, y en el Caribe costarricense (Cortés, Sáenz, Sánchez y Chavarría 2021).

Tras los dos primeros días de bloqueos, la UCCAEP, la CCCR y la CRECEX llamaron al presidente Alvarado a abrir un espacio de diálogo con los líderes del movimiento. La CRECEX se identificó con «el clamor de múltiples sectores en contra de una solución al problema de finanzas públicas totalmente basada en más carga tributaria como la planteada por el Gobierno» (Paniagua, Crhoy, 1 de octubre 2020; Paniagua, Crhoy, 1 de octubre 2020a), mientras que la Cámara Costarricense de la Construcción reclamó que era inviable pensar en cualquier medida que implicara aumentar impuestos mientras no se impulsara una verdadera reforma del Estado para recortar el gasto público, y que no era justo recargar todo el peso del déficit «sobre las espaldas de los contribuyentes» (Siu, Diario Extra, 2 de octubre 2020). La CICR sentenció que, si el gobierno quería lograr acuerdos con el sector empresarial para apoyar una propuesta, debía implementar medidas más drásticas de recorte al gasto (Ruiz, Crhoy, 4 de octubre del 2020). 

El gran empresariado nacional apostó entonces por vincular desde un inicio su agenda específica de austeridad y reducción del Estado, y su negativa a contribuir con las finanzas estatales en este periodo de crisis económica, social y sanitaria, con el descontento social y popular que se manifestaba en las calles en respuesta a la convocatoria realizada por el MRN.

Por su parte, el 2 de octubre, la ANEP y la ASDEICE anunciaron su adhesión a las protestas del MRN y convocaron a su afiliación a sumarse activamente (Carvajal, Crhoy, 2 de octubre del 2020). Lo mismo hizo el Movimiento Despierta Costa Rica al día siguiente, cuando convocó a una huelga nacional a partir del 5 de octubre (Ruiz, Crhoy, 3 de octubre del 2020).

La intensidad y la cantidad de los cortes de ruta, así como la sumatoria de cada vez más sectores y demandas al movimiento, obligó al gobierno a anunciar el retiro del documento propuesto para negociar con el FMI, y a llamar a un espacio de diálogo para concertar una nueva propuesta. No obstante, al mismo tiempo envió a la Fuerza Pública a levantar los bloqueos por la fuerza, con un saldo de varias personas detenidas en Puntarenas, Limón y la zona norte del país (Cantillo, Crhoy, 4 de octubre del 2020; Granados, Diario Extra, 5 de octubre del 2020a).

Al igual que en el 2019, la represión provocó que, al día siguiente, el 5 de octubre, las manifestaciones se intensificaran. Por su parte, los líderes del MRN solicitaron la mediación de la Iglesia Católica en el proceso de diálogo anunciado por el gobierno, a la vez que les entregaron a los obispos su pliego de peticiones, el cual contenía 15 puntos. De estos, únicamente 3 propuestas aludían a temas de fondo: no negociar con el FMI, no vender activos estatales, y no aprobar más impuestos indirectos. El resto aludían a las condiciones para la negociación (Córdoba, La Nación, 5 de octubre del 2020; Granados, Diario Extra, 5 de octubre del 2020).

El gobierno optó por desconocer al MRN y a todos los sectores que protestaban como interlocutores válidos, y al margen de las demandas presentadas a través de la Iglesia Católica, convocó a mesas de diálogo en Casa Presidencial únicamente con el Movimiento Solidarista, el Consejo de Mujeres, el Consejo Nacional de Cooperativas, y con los presidentes de los Supremos Poderes de la República (Crhoy, 5 de octubre del 2020). Evidentemente, al no incluir a quienes convocaron y protagonizaron las protestas, este espacio estaba destinado al fracaso. Casi de manera inmediata, los solidaristas anunciaron que no atenderían la convocatoria presidencial, debido a su escasa representatividad, y en particular por la ausencia del sector empresarial, quienes a su vez exigieron ser incluidos dentro de las negociaciones (Chinchilla, Crhoy, 6 de octubre del 2020; Granados, Diario Extra, 6 de octubre del 2020).

Ante la intensificación de los bloqueos, el gobierno optó por criminalizar y deslegitimar al movimiento, acusándolo de haber sido infiltrado por el narcotráfico, estrategia que logró quebrar internamente a la dirección del MRN, una vez que José Miguel Corrales hizo eco de dichas denuncias, y se apartó del movimiento (Cabezas, Crhoy, 6 de octubre del 2020; Paniagua, Crhoy, 6 de octubre del 2020; Crhoy, 6 de octubre del 2020). En los días siguientes, la represión y el saldo de personas detenidas siguió en aumento.

Ante el fracaso de la iniciativa de diálogo oficial, y tras varios días de intensas protestas, el 9 de octubre la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular hizo un llamado a diferentes sectores sociales y productivos del país a integrar un “foro multisectorial de diálogo nacional”, que de forma transparente discutiera sobre el rumbo que el país debía seguir en materia económica (Siu, Diario Extra, 9 de octubre del 2020). Por su parte, y tras un saldo de varias decenas de personas detenidas, el gobierno inició una estrategia de diálogo regionalizada, que consistía en negociar en cada comunidad puntos de agenda locales y particulares, para lograr levantar, punto por punto, los bloqueos, y así quebrar al movimiento (Cabezas, Crhoy, 9 de octubre del 2020; Paniagua, Crhoy, 9 de octubre del 2020).

Luego de la salida de Corrales, de la represión, y de la estrategia de negociación regionalizada por parte del gobierno, el movimiento empezó a mostrar síntomas de desgaste, expresados en la fragmentación de la dirección del MRN, y en la merma paulatina en la cantidad de bloqueos (Cabezas, Crhoy, 9 de octubre del 2020a). En este escenario, el 11 de octubre el gobierno anunció una nueva iniciativa de diálogo que volvía a excluir al MRN y a los sectores que protestaban en las calles (Bravo, La Nación, 12 de octubre del 2020).

Por su parte, el 14 de octubre, un grupo de alrededor de 30 sindicatos agrupados en el Movimiento Sindical y Social Costarricense realizó una manifestación en San José, organizativamente desvinculado de las protestas convocadas por el MRN, para exigirle al gobierno la convocatoria a un diálogo social inclusivo y transparente, el retiro de los proyectos de ley que afectaban a la clase trabajadora, y no vender activos del Estado (Castro, Crhoy, 14 de octubre del 2020).

Para el 15 de octubre, los bloqueos prácticamente se habían desmovilizado (Cabezas, Crhoy, 15 de octubre del 2020). En este momento, la UCCAEP desplegó una estrategia para suplantar al gobierno en su rol de convocatoria al diálogo y negociación. Para esto anunció su negativa a participar en la mesa de diálogo multisectorial propuesta por el gobierno, y su intención de asistir al espacio convocado por la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular (Chinchilla, La Nación, 15 de octubre del 2020).

Para Guillén (2021), los factores que provocaron el fracaso de la iniciativa oficialista de diálogo fueron la pérdida de credibilidad del gobierno, las deficiencias en la metodología propuesta, el no reconocimiento de los actores de las protestas como interlocutores, y el surgimiento de iniciativas paralelas de negociación que no pasaban por el gobierno.

Como indica Díaz (2021), ese mismo día, Albino Vargas hizo pública la información de que los directivos de la UCCAEP, José Álvaro Jenkins Rodríguez y Óscar Echeverría Heigold, habían firmado un acuerdo con Célimo Guido y Xinia López del MRN para cesar los bloqueos, con lo cual la cúpula empresarial se presentó en la práctica como la dirección política del país.

Con esta iniciativa, colaboraron tanto la ANEP como la ASDEICE, quienes fungieron como testigos del encuentro entre el MNR y los empresarios, a la vez que calificaron a los dirigentes de la UCCAEP como «líderes patriotas» que estaban dispuestos a «rescatar el país» (Sandí, La Teja, 16 de octubre del 2020).

Las cámaras empresariales se dividieron ante esta estrategia. Entre otras, la CCCR, la Cámara Costarricense de Construcción, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, la Asociación de Empresas de Zonas Francas, y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, denunciaron y rechazaron «el pacto» entre los dirigentes de la UCCAEP y el MRN, al que los comerciantes calificaron como «inaudito y reprochable» (Díaz 2021). Dichas organizaciones vieron este acercamiento como una afrenta a la institucionalidad democrática costarricense, y reclamaron que los empresarios no podían ni debían legitimar a grupos que promovían la violencia en las calles y las afectaciones a las labores productivas del país (Valverde, Crhoy, 16 de octubre del 2020; Valverde, Crhoy, 16 de octubre del 2020a; Crhoy, 16 de octubre del 2020; Paniagua, Crhoy, 16 de octubre del 2020; Ramírez, Crhoy, 17 de octubre del 2020).

Tras pactar con la UCCAEP, en una asamblea celebrada el 25 de octubre, el MRN acordó no realizar más bloqueos, y recurrir a otras vías de presión, ya no dirigidas a la Casa Presidencial, sino a la Asamblea Legislativa, donde seguían su curso los proyectos de ley que consideraban lesivos para las mayorías (Cascante, Diario Extra, 27 de octubre del 2020). Tras la flexibilización de las medidas de restricción sanitaria y el aperturismo económico que marcó la segunda mitad del 2020 y el 2021, y que permitió el inicio de una lenta y profundamente desigual recuperación económica, el movimiento perdió fuerza y capacidad de convocatoria.

Como indica Guillén (2021), tras una segunda convocatoria y una nueva propuesta de integración, el espacio de diálogo multisectorial convocado por el gobierno finalmente realizó 12 sesiones, entre los meses de noviembre y diciembre del 2020, y abonó al clima de desmovilización. No obstante, este espacio fue irrespetado por el mismo gobierno, que, paralelamente, continuó trabajando en una nueva propuesta para el FMI, la cual hizo pública al finalizar las rondas de diálogo. En esta nueva propuesta se incluyeron la mayoría de las demandas empresariales, es decir, se excluyeron o suavizaron las medidas que generaron mayor rechazo entre este sector, y se mantuvieron regresivas medidas de recorte al gasto público, así como la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público.

Al empatar su consigna de «no más impuestos» con el malestar de las clases medias y sectores populares, las cámaras empresariales lograron que esta fuera acogida en las protestas de octubre del 2020, y volverse el actor dominante en los procesos de diálogo que les siguieron, tanto por su peso en estos espacios como por los errores políticos del gobierno. Así, el gran empresariado aseguró que no se incluyera, ni en este momento, ni a futuro, ninguna propuesta relativa a aumentar su carga tributaria en el contexto de la emergencia nacional del COVID-19, cerrando las puertas a cualquier discusión o iniciativa para aumentar la progresividad del sistema tributario nacional, de forma que se continuara por la vía de la austeridad y el recorte al gasto público.

Así, mientras que ninguna medida sustancial favorable a los intereses de las clases medias y sectores populares fue tomada producto de las movilizaciones, sí fueron eliminadas las medidas que afectaban los intereses del gran empresariado nacional, y en función de sus intereses se continuó por la ruta de la austeridad y el recorte al gasto que caracterizó la política económica de la administración Alvarado.

 

 

 

Conclusiones

 

En las protestas de junio-julio del 2019, y en las de octubre del 2020, convergieron una serie de actores sociales y demandas insatisfechas derivadas de la profundización del modelo neoliberal en Costa Rica, que le imprimieron a las protestas un carácter heterogéneo. Dentro de esta heterogeneidad, resalta la presencia, en ambos casos, de demandas y sectores conservadores a nivel cultural y económico.

En el 2019, destaca la capacidad de los sectores políticos neopentecostales de posicionar la demanda en contra de «los baños neutros», en el marco de la implementación de los protocolos en contra de la discriminación hacia la población sexualmente diversa en los centros educativos, dentro de la agenda de reivindicaciones del movimiento estudiantil de secundaria que protagonizó diversas manifestaciones y cortes de ruta que condujeron a la renuncia de Édgar Mora Altamirano como ministro de Educación. En buena medida, la destitución de Mora, que tras la represión policial a estudiantes fue asumida solidariamente como demanda por otros movimientos de protesta que se desarrollaban de forma paralela en el país, colaboró a que el gobierno de Alvarado desatendiera el resto de demandas de fondo del mismo movimiento estudiantil (la no aprobación de la educación dual, la mejora de la infraestructura educativa, entre otras), así como de los demás sectores que protestaban en las calles en contra de la regresiva agenda económica y laboral del gobierno.  

Asimismo, las manifestaciones de junio y julio del 2019 mostraron, una vez más, la capacidad de los sectores neopentecostales de construir «pánicos morales» (en este caso en torno a los baños neutros) para movilizar a los sectores populares en coyunturas de crisis.

En octubre del 2020, resalta la capacidad de las cámaras empresariales vinculadas a la exportación e importación, que en el 2018 apoyaron activamente la reforma fiscal, de vincular su demanda particular de no aumentar su carga tributaria, en momentos de profundización de la crisis económica, social y sanitaria derivada de las medidas económicas impulsadas por el gobierno de Alvarado junto con los efectos de la pandemia del COVID-19, con el malestar social generalizado entre las clases medias y sectores populares derivados del deterioro de la situación económica nacional. Al posicionar su consigna de «no más impuestos» (independientemente de la clase social o nivel de ingresos) junto con las movilizaciones sociales en contra de la negociación con el FMI, el gran empresariado logró bloquear las pocas iniciativas tributarias de esta propuesta que afectaban sus intereses directos.

Los gruesos errores del gobierno de Alvarado durante las protestas del 2020, derivados fundamentalmente de su alianza con las élites y su clara orientación neoliberal, que niega y desconoce la posibilidad del disenso sobre la agenda económica, facilitaron, además, que el gran empresariado nacional se afirmara como conductor político del país, y que se reforzara la lógica empresarial que el neoliberalismo busca imprimir a al país y a la sociedad en su totalidad.

En ambos casos, los neopentecostales en el primero y las cámaras empresariales en el segundo, al incluir sus demandas dentro de movimientos más amplios, ayudaron a que estas opacaran otras demandas que confrontaban directamente a las regresivas medidas educativas, económicas y laborales de la administración Alvarado, que optó sistemáticamente por eludir cualquier agenda que el gran empresariado nacional considerara contraria a sus intereses políticos y económicos, y por desconocer y reprimir a los movimientos sociales que confrontaron en la calle sus políticas.

A su vez, la presencia de sectores y demandas conservadoras en estas jornadas de protesta colaboró en dificultar la construcción de plataformas sociales más amplias en torno a demandas progresistas a nivel económico y cultural. Asimismo, resalta la incapacidad de los sectores progresistas y más tradicionales de la protesta social (sindicatos, federaciones estudiantiles universitarias, etc.) de construir este tipo de articulaciones y objetivos generales comunes para enfrentar las regresivas reformas que fueron aprobadas en este periodo. Cabe destacar en este punto que el proceso de cooptación de sectores de las dirigencias y movimientos sociales por parte del partido de gobierno, mismo que requiere de mayor investigación, claramente pudo haber dificultado también la posibilidad de construir mayores articulaciones, así como las crecientes brechas sociales y culturales, propias de un país cada vez más desigual, y que se están expresando también en la dinámica de los movimientos sociales.

En este sentido, es evidente la crisis que atraviesa el movimiento sindical del sector público, y el progresismo en general, en cuanto a su capacidad de vincularse con la mayoría de la clase trabajadora del país, que trabaja en el sector privado y/o en la informalidad, ya que, en ambos momentos, fue fácilmente relegado, a pesar de haber estado movilizado. Sin duda alguna esta es una temática que requiere de mayor investigación a futuro.

No obstante, fue visible cómo un bloque sindical liderado por la ANEP y la ASDEICE, en ambas ocasiones buscó, con relativo éxito, articularse con los movimientos de protesta, a costa de abrazar y legitimar consignas conservadoras neopentecostales en el 2019, y de legitimar el rol de conducción política del gran empresariado nacional en el 2020.

Sin duda alguna, la derrota política del movimiento social y sindical asestada por el gobierno de Alvarado, junto con las regresivas reformas aprobadas en ese periodo, que entre otras cosas han restringido las posibilidades y el derecho de huelga en el sector público, así como el avance de actores y consignas conservadoras en este periodo analizado, han repercutido negativamente en las capacidades de los movimientos sociales y sindicales para enfrentar el acelerado proceso de desmantelamiento de la institucionalidad estatal y de los servicios públicos, la destrucción del mercado laboral y del tejido social, entre otros, cuyas severas consecuencias son, trágicamente, cada vez más palpables en el seno de la sociedad costarricense. Esta coyuntura reciente obliga a repensar las estrategias de organización, resistencia y articulación, en medio de la profunda crisis social que atraviesa el país.

 

Este artículo es un producto de investigación del proyecto A8749 “Seguimiento de las acciones colectivas y grupos organizados en Costa Rica” del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica

 

Referencias

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Quesada, Jéssica. 2019. «Con ofensas e insultos, sindicalistas se refieren a Ministra de Hacienda». Crhoy, 4 de julio. https://www.crhoy.com/nacionales/con-ofensas-e-insultos-sindicalistas-se-refieren-a-ministra-de-hacienda/  

Quesada, Jéssica. 2019. «Sindicatos de salud se suman a huelga desde este martes». Crhoy, 2 de julio. https://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-de-salud-se-suman-a-huelga-desde-este-martes/  

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[1] Protestas. Base de Datos de Acciones Colectivas. https://protestas.iis.ucr.ac.cr/