Acciones del Estado para
el enfrentamiento
de la COVID-19 en Costa
Rica[1]
State actions to confront COVID-19 in Costa Rica Yessenia Isabel Fallas Jiménez
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica
yesseisa@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4345-5657?lang=es
Cómo citar:
Fallas Jiménez, Yessenia
Isabel. 2023.
Acciones del Estado para el enfrentamiento de la
COVID-19 en Costa Rica. Revista
Reflexiones.103. DOI https://doi.org/10.15517/rr.v102i00.54350
Resumen
Introducción: La
emergencia de un nuevo coronavirus a finales del año 2019, cuyos primeros casos
en Costa Rica fueros detectados en marzo del año siguiente, colocó desafíos
importantes tanto a nivel individual como colectivo. Específicamente el Estado debió
desarrollar, en pocos meses, alternativas de enfrentamiento que no se limitaron
al ámbito sanitario, sino que requirieron la intervención en el plano de la
asistencia y la seguridad social, entre otras acciones de política pública.
Objetivo: El
texto a continuación expone una primera aproximación a las acciones del Estado
costarricense para el enfrentamiento de la crisis por la COVID-19, para lo cual
se considera necesario entender la dinámica del proceso histórico de
acumulación de capital más amplio, dentro del cual esta crisis se desarrolló.
Metodología: Dado
el hecho de que las informaciones sobre este tema surgen de forma acelerada, se
consideró fundamental el uso del análisis hemerográfico y documental para la
realización de este texto.
Resultados: El
texto evidencia que las acciones de política pública giraron, principalmente,
en el ámbito sanitario, así como en el plano de la asistencia económica; esta
última tuvo un fuerte componente dirigido a las empresas nacionales que se
vieron afectadas por la COVID-19.
Conclusión: Como
parte de esta reflexión, se concluye prestando atención a la necesidad de
fortalecer los sistemas de seguridad y asistencia social dirigidos a los sujetos
individuales y familias como una forma de estructurar la política pública en el
país.
Palabras
clave: Pandemia, Política social, Estado, Naturaleza, Capital.
Abstract
Introduction: The emergence of a new coronavirus at the end of 2019, whose first cases in Costa Rica were detected in March of the following year, posed important challenges both individually and collectively, specifically the State had to develop alternative confrontations in a few months that They were not limited to the health field, but required intervention in the area of assistance and social security, among other public policy actions.
Objective: The text below presents a first approximation to the actions of the Costa Rican State to confront the crisis caused by COVID-19, for which it is considered necessary to understand the dynamics of the broader historical process of capital accumulation, within which this crisis unfolded.
Methodology: Given the fact that the information on this topic emerges rapidly, the use of newspaper and documentary analysis was considered essential for the realization of this text.
Results: The text shows that public policy actions revolved mainly at the health level, as well as at the level of economic assistance, the latter had a strong component aimed at national companies that were affected by COVID-19.
Conclusion: As part of this reflection, it is concluded that there is a need to strengthen the security and social assistance systems aimed at individuals and families as a way of structuring public policy in the country.
Keywords: Pandemic, Social policy, State, Nature, Capital.
Introducción
El tema sobre el cual trata este artículo
expresa un hecho que, en lo más inmediato de la vida cotidiana, representó una
tragedia: en los dos primeros años de la crisis por la COVID-19 se perdieron
muchas vidas, tanto de personas desconocidas como de integrantes de espacios
más cercanos según los datos de mayo del año 2022, entre el 1 de enero de 2020
y el 31 de enero del año 2021, 14,9 millones de personas fallecieron directa o
indirectamente a causa de la COVDI-19[2]
(OPS 2022). Por eso reflexionar sobre este tema es un asunto que genera
sensibilidad en múltiples planos de la vida.
El aumento de muertes durante los dos
primeros años de la COVID-19 no estuvo referido específicamente a las muertes
directas causadas por la enfermedad, pues, según la OPS (2022, 1), el exceso de
mortalidad incluye las muertes asociadas a COVID-19 directa (debido a la
enfermedad) o indirectamente (debido al impacto de la pandemia en los sistemas
de salud y la sociedad). Las muertes vinculadas indirectamente a la COVID-19
son atribuibles a otras condiciones de salud antes las cuales las personas no
pudieron acceder a la prevención y el tratamiento adecuado porque los sistemas
de salud estaban sobrecargados a causa de la pandemia.
La misma organización menciona que de los
14,9 millones de muertes, el 81% corresponden a personas que vivían en los
países de renta media, mientras que los de renta baja correspondieron al 4% de las
muertes y los de renta alta al 15% de las muertes (OPS 2022)
Además de toda la gente que falleció, hubo
personas para quienes los efectos secundarios a nivel físico demoraron meses; paralelo
a ese impacto en la salud individual, hubo pérdidas en el plano económico: empleos,
domicilios o patrimonios acumulados durante toda la vida. Este escenario de
pérdidas es propio de una sociedad en la cual las consecuencias de una
situación catastrófica como la que se vivió durante 2020 y 2021 son vividas de
forma desigual y se intensifican en un sector específico de la población. Es
por tanto que se debe tener presente que el tema a partir del que se exponen
las siguientes discusiones, es un tema de mucha sensibilidad para la vida
humana
Dicho lo anterior, y antes de entrar en
materia, se expone el hilo conductor de esta exposición. Al dar inicio, es
necesario mencionar que hay un punto de partida, o una tesis, para las reflexiones
que se resumen en el presente texto, el cual tiene que ver con el hecho de que,
difícilmente, se podría hablar del impacto de la COVID-19 en el planeta sin
hablar del proceso de acumulación de capital, porque, si bien es cierto, la COVID-19
trajo consecuencias para la vida social que son irreparables[3],
ya la humanidad estaba viviendo de forma particular, pero no excesiva, un
proceso de precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, a partir de la
década de 1980. Es decir, la crisis por la COVID-19 se desarrolla en un
contexto de crisis de capital que se instaló desde finales de la década de 1970,
lo que contribuyó a que su impacto fuera mucho más intenso. Es por esta razón
que hablar de pandemia y hablar del proceso de acumulación de capital como
parte de este acontecimiento histórico es un escogencia ética y metodológica.
Una vez expuesta esta relación, el texto
aborda el significado que tiene el desarrollo de una pandemia/sindemia en la
sociedad capitalista, para después entender cuáles han sido las consecuencias
inmediatas y mediatas de la COVID-19. Posteriormente, se discutirán algunas de
las respuestas estatales a la crisis sanitaria y social en Costa Rica, es decir,
la forma en que el Estado actuó y con qué tipo de estrategia de política
pública lo hizo. Finalmente, se discutirán una serie de panoramas y preguntas,
más que conclusiones sobre este tema.
COVID-19 y acumulación de capital
Es importante aclarar que existe un debate
acerca del uso de los términos pandemia o sindemia; no es el objetivo de este
texto entrar en esa discusión, pero sí parece importante señalar que, a pesar
de que en diversos ámbitos esta discusión se queda en un asunto de carácter
conceptual, es quizá el término de
sindemia el que logra colocar en el escenario de las causas y consecuencias de esta catástrofe sanitaria,
elementos relacionados con la necesidad de pensar este acontecimiento en
articulación con procesos de carácter histórico (social y económico) que al
inicio no estaban contemplados, y que el término pandemia omite.
Ahora bien, el paso del tiempo -aproximadamente
tres años después del inicio de la propagación del virus-, permite observar que
el desarrollo regional y nacional del virus a lo largo del planeta estuvo
articulado con las condiciones objetivas-materiales de esos países, por lo tanto,
no es posible hablar solamente del desarrollo de un virus masivo, sino también
del desarrollo de este virus en articulación con las relaciones sociales e históricas
sobre las cuales este se propagó.
En ese sentido, parece ser importante
considerar la discusión que intentan dar cuenta de las determinaciones históricas
que acompañan un elemento cuyo carácter inicial es natural -un virus-, pero más
allá de eso, hay un elemento que parece ser fundamental, a saber, la necesidad
de pensar esta crisis sanitaria ocasionada por el virus en articulación con el
proceso de acumulación de capital. Entender dicho proceso, particularmente
después de la década de 1980, permite analizar las condiciones históricas
actuales y, junto con ello, el acelerado proceso de destrucción de la
naturaleza.
En cuanto relación social, el capital
siempre necesitó de la naturaleza, justamente porque es ahí de donde se extraen
las materias primas para la producción de mercancías; sin embargo, es posible observar
un constante aumento en el carácter destructivo de la relación que el capital
establece con la naturaleza a partir de la década de 1970, cuando se instaló lo
que algunos economistas coinciden en llamar como crisis estructural. Dada la
naturaleza de este artículo, no es posible adentrarse en el significado histórico
de esta crisis, basta, por ahora, con mencionar que es una crisis que no tiene
antecedentes en el proceso de acumulación de capital. Para Mészáros
(2002), esta es una crisis sistémica y permanente, pues tiene un impacto en
todo el sistema de relaciones sociales y se arrastra a lo largo de varias
décadas, lo que significa que, a pesar de los intentos de solución, no se ha
podido rectificar (Mézsáros 2001).
En el marco de esta crisis, el capital ha
creado algunas alternativas para superar los problemas de acumulación a los que
se ha enfrentado y, dado el tema que se aborda en este texto y su relación con
la destrucción de la naturaleza, interesa hablar de una de esas soluciones
creadas por el capital, la cual consiste en acortar los tiempos de circulación
de mercancías, -dado que esta es una crisis de producción de valor-. Para eso,
el capital utiliza algunos procesos tecnológicos que hoy son reconocidos como
una realidad objetiva, más que como teorías conspirativas; ejemplo de ello es la
disminución de la taza de utilización a través de la obsolescencia planificada.
Según Mészáros,
(…) las mercancías destinadas al «elevado consumo de
masas» ya no son suficientes para mantener a raya a los lobos de la crisis de
la expansión productiva (debida a la ausencia de canales adecuados para la
acumulación de capital). Así, se hace necesario idear vías para reducir la
tasa a la cual cualquier tipo particular de mercancía es usada, acortando
deliberadamente la duración de su vida útil, a fin de hacer posible arrojar un
chorro continuo de mercancías sobreproducidas al
remolino de la circulación acelerada. La notoria «obsolescencia planificada» de
«bienes de consumo durables» producidos masivamente; el desplazamiento y el
descuido, o la avería deliberada, de bienes y servicios que ofrecen un potencial de utilización inherentemente más
elevado (por ejemplo el transporte público) a favor de aquellos en los
que la tasa de utilización tiende a ser mucho más baja, incluso mínima (como el
automóvil de propiedad privada) mientras absorben una cantidad masiva del poder
adquisitivo de la sociedad; (…) todo pertenece a esta categoría, regida por los
imperativos y determinaciones subyacentes para hacer decrecer
desperdiciadoramente las tasas de utilización practicables. (2002, 665)
Siguiendo en esa línea, las mercancías, particularmente
las electrónicas, cuentan con un plazo de vida útil que es estipulado, definido
y activado en la propia fábrica, o sea en el proceso de producción. Esto afecta
el proceso de circulación, pues un consumidor que podría utilizar su teléfono
celular durante 10 años, ahora deberá cambiarlo cada dos o tres años, por
ejemplo. Lo anterior demanda la producción de una mayor cantidad de mercancías[4],
al mismo tiempo esto es acompañado por altos niveles de destrucción de la
naturaleza.
Frente a ese escenario no es casual que un
sector de la comunidad científica coincida en hablar de finales de la década de
2030 como un punto de “no retorno” [5] para la protección de la naturaleza, en
caso de que no cambie el rumbo destructivo, lo que quiere decir que se va a
llegar a un momento en el cual no será posible recuperar lo perdido.
A partir de lo anterior, cabe preguntarse
¿por qué es importante hablar del proceso de acumulación y de la destrucción de
la naturaleza cuando al abordar el tema de la COVID-19? La respuesta parece
estar vinculada al hecho de que, en la discusión sobre el origen de esta
sindemia, la comunidad científica tiene varias tesis, pero una de las más
importante es que la transmisión del virus (que era hasta entonces desconocido)
se dio justamente por el contacto de los seres humanos con especies exóticas;
lo cual sucedió debido a que las barreras entre la civilización y la naturaleza
están siendo progresivamente desplazadas. Esto quiere decir que los seres
humanos tienen un contacto más cercano con especies que hace tan solo algunos
años estaban internadas en las montañas y los bosques del planeta; sin embargo,
con el avance en el proceso de destrucción de la naturaleza, la posibilidad de
contacto con esos virus desconocidos se hace cada vez mayor.
El SARS-Cov-2 no es el único virus
desconocido con el que se ha tenido contacto en las últimas décadas, hay una
lista de virus[6]
que han ingresado al cuerpo humano y que no llegaron a tener las proporciones
mortíferas que tuvo el SARS-Cov-2, pero que demuestran ese rompimiento de las
barreas naturales debido a la violencia destructiva del proceso productivo
-especialmente de mercancía agrícolas- requerido por el capital para su
continua acumulación (Maceno y Barros 2020, 142). Es
por eso que la crisis por la COVID-19 lleva
necesariamente a hablar de capital.
Una vez aclarado eso, es posible hablar de
las consecuencias de esta crisis sanitaria en dos ámbitos[7].
En el plano más inmediato, es decir, los días posteriores entre febrero-abril del
año 2020, se evidenció que uno de los elementos referidos a la atención directa
tuvo que ver con una división de los seres humanos en clases, pero no una
división necesariamente creada por el virus, sino la división jerárquica a
partir de la cual se organiza la producción en esta sociedad. Esa organización observada
en los primeros días de la crisis por la COVID-19 separó la humanidad en dos
grandes grupos: los que podían tomar los cuidados -especialmente resguardándose
en sus casas- y los que no.
Ya en el seno de la clase trabajadora,
quién pudo cuidarse fue, probablemente, quien tenía un contrato de trabajo
fijo, estable y formal en un ámbito laboral que no entró en la clasificación de
“servicio esencial” y cuya función permitía hacer “teletrabajo”. Así,
trabajadores con contrato formal, pudieron -gracias a la naturaleza de sus
actividades- realizar el trabajo en casa, conservando, predominantemente, sus
condiciones laborales y salariales[8].
Sin embargo, los trabajadores informales y los desocupados en busca de trabajo
no podían guardar cuarentena, de esa forma, las personas que tuvieron la
posibilidad de protegerse del virus en casa durante los primeros meses de la crisis
por la COVID-19 fueron los que por un lado, al tener un contrato de trabajo y
gracias a la naturaleza de sus actividades tenían las condiciones para hacerlo
y, por otro, quienes[9]
no teniendo un contrato formal de trabajo, recibieron en los primeros meses la
asistencia social del Estado a través de transferencias de renta, que como se
verá más adelante, fue una estrategia de política pública desarrollada por la mayoría
de países de la región centroamericana. Sin embargo, la asistencia social del
Estado fue insostenible en el tiempo, pues fue realizada solamente en los
primeros meses de la crisis.
En ese primer escenario de consecuencias
donde surge la división entre quien puede y quien no puede cuidarse, aparece
como fundamento la propia división jerárquica del trabajo. Pues la posibilidad
de protegerse del virus no fue una apuesta de la humanidad en pleno, sino, de
cierta forma, un privilegio para las personas que, según su vínculo laboral,
tenían las condiciones materiales para hacerlo y asegurar al mismo tiempo, la
reproducción de sus condiciones de vida y las de su familia.
Por otro lado, en el plano mediato y en el
caso de la población más empobrecida, lo que se observó es que la desigualdad -medida
a través del coeficiente de Gini y que ya venía estancándose-, se acrecentó por
causa de la COVD-19. Según el Banco Mundial (2021a). hubo una variación de
ingresos dentro de los países pertenecientes al grupo de mercados emergentes,
conocido como MEED; inclusive, el aumento de la desigualdad, según este órgano,
fue mayor en los países de ingresos más bajos que en los países de ingresos
medios y los pertenecientes al grupo de los MEED.
De la misma manera, el Banco Mundial
(2021b) afirma que hubo una pérdida de ingresos por causa de la COVID-19
durante el año 2020 y 2021; además, que durante el año 2020, la paridad
porcentual de ingresos fue mayor que en el 2021, es posible afirmar que los
percentiles más empobrecidos de la población tuvieron una pérdida de ingreso mayor
que los percentiles más ricos, lo que quiere decir que la mayor pérdida de
ingresos por causa de la COVID-19 durante los 2020 y 2021 se dio en los sectores
más empobrecidos de la población. Asimismo, «en
2020, los dos deciles más ricos (es decir, los 20 percentiles más altos juntos)
perdieron en promedio alrededor del 5 % de sus ingresos esperados, mientras que
los dos deciles más pobres perdieron en promedio alrededor del 6 % de sus
ingresos» (Banco Mundial 2021b, 1).
Cuando se analizan las proyecciones de
crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe para el año 2022, se puede
observar que la proyección en agosto del 2021 fue de 2,9% (CEPAL 2022a); sin embargo,
la misma fuente lo proyectó de nuevo en abril del 2022 en 1,8% (CEPAL 2022b); esto
significa que las proyecciones de finales del año 2021 fueron insuficientes en
relación con lo que el 2022 mostraba en el mes de abril.
Así, se observa que hay un crecimiento
deficiente del PIB, lo que a su vez preocupa cuando se piensa que esos datos se
traducen en política pública y política social. Esto lleva a pensar en la
probabilidad de que la inversión del Estado en los próximos meses y,
probablemente en los próximos años, va a ser mucho menor de lo que se había
visto en años anteriores.
Al lado de estos datos sobre crecimiento
de la desigualdad y de la disminución en la proyección del PIB, la CEPAL muestra
algunas cifras referidas a la precarización de las condiciones de vida de la
población más pobre de la región. Así, por ejemplo, en cuanto a la pobreza
extrema, que en el año 2018 fue de 11,3; en 2019 fue de 13,1 %; y en 2020 fue
de 13,8%; lo que permite ver un crecimiento (CEPAL 2022c). Otro ejemplo es el
de la inseguridad alimentaria -indicador que tiene que ver con el hecho de no
disponer de alimentos nutritivos de calidad con una fuente confiable y a través
del tiempo-, el cual, según la CEPAL (2022d), para el año 2020 alcanzó el 40,4%
de la población en la región, lo que significó un 6,6 % más que en el 2019,
(CEPAL 2019). Esto quiere decir que, en la región, tanto la inseguridad
alimentaria como la taza de pobreza extrema aumentaron en los dos años de la crisis
por la COVID-19, o sea, que la catástrofe sanitaria ocasionada por la COVID-19
dejó consecuencias desastrosas para la clase trabajadora y, sobre todo, para
los sectores más empobrecidos.
Ahora bien, obsérvese el otro lado de esta
situación: cuando se analiza la cantidad de multimillonarios en la región, puede
notarse un aumento de 31 nuevos multimillonarios en América Latina en el 2021
el segundo año de la crisis, que llega a ser de 107 personas en ese año (PNUD 2021).
Según esta misma fuente, el patrimonio neto de las y los multimillonarios en América
Latona aumentó 196.000 millones de dólares, eso significa que durante la crisis
por la COVID-19 aumentó 40%.
Así mismo, el aumento de la fortuna de las
primeras personas mil millonarios durante la crisis por la COVID-19 fue de 5
billones de dólares, esto es más que el aumento acumulado de los últimos 14
años. Por otro lado, la riqueza de las 10 personas más ricas del planeta se
duplicó durante los dos primeros años de la crisis, pasando de 700 mil millones
de dólares a 1,5 billones de dólares, lo que significa que las 109 personas más
ricas del planeta tuvieron una ganancia de 1300 millones de dólares diarios
(PNUD 2021).
Otro dato que demuestra quienes están
viviendo las consecuencias de la crisis por la COVID-19, es el que expresa el
movimiento de la exportaciones en la región, pues se observa que el incremento
en las exportaciones en América Latina para el año 2021 fue de 22%, después de
que se había experimentado un descenso de 10% en el año 2020; es decir que, en ese
año, bajaron las exportaciones en un 10% -el primer año de crisis por la COVID-19-
y ya para el 2021 se había recuperado en un 22% (PNUD 2021).
Estos datos muestran que durante los dos
primeros años de la COVID-19 el impacto en la población más pobre fue mayor, mientras
que un sector menor de la población experimentó una mayor acumulación de
riqueza. Una vez hecha esta mirada rápida por algunos indicadores
macroeconómicos y sociales, parece necesario plantearse dos preguntas: en
primer lugar, una que tiene que ver con quién pagan las consecuencias de la crisis
por la COVID-19; y, la segunda, acerca de si esta crisis es la razón exclusiva que
fundamenta los niveles de pobreza alcanzados recientemente, o, si más bien,
estos se acentuaron con la crisis provocada por el virus, pues son
prácticamente un resultado estructural de la forma social predominante, basada
en la acumulación de capital.
Acerca
de las formas acciones del Estado para la atención a la COVID- 19
Sobre las formas de atención de la COVID-19,
es posible observar que en la región centroamericana hubo una tendencia a
generar acciones similares, pues prácticamente todos los países activaron
protocolos de vigilancia sanitaria, (solo dos países no declararon estado de emergencia:
Guatemala y Nicaragua). Esto es importante porque la declaratoria de estado de emergencia
permitió dirigir la atención de la COVID-19 hacia fondos públicos que, originalmente,
no estaban previstos para ese fin, en la Tabla 1 se observan algunas de las
medidas tomadas en la región:
Tabla
1.
Estrategias de política para el enfrentamiento de la COVD-19 en Centroamérica
|
Acciones |
Costa Rica |
El Salvador |
Guatemala |
Honduras |
Nicaragua |
Panamá |
|
Protocolos de
vigilancia epidemiológica nacionales |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Teletrabajo como medida de prevención |
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* |
* |
* |
|
* |
|
Incremento de
recurso humano e infraestructura |
* |
* |
* |
* |
|
* |
|
Adecuación/ construcción de áreas para atender
pacientes |
* |
* |
* |
|
|
* |
|
Estado de
emergencia |
* |
* |
|
* |
|
* |
|
Crédito para operaciones sector público |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Apoyo al sector
financiero |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Fuente:
elaboración propia a partir de: ICAP (2022).
Como se observa en la tabla anterior, prácticamente
todos los países excepto Nicaragua adoptaron políticas de teletrabajo y
tuvieron un incremento del recurso humano y la infraestructura para la atención
de la COVID-19; es decir, se crearon unidades especializadas que requirieron
tanto recursos materiales (infraestructura específica, equipo, etc.) como
especialistas que pudieran atender a las personas con cuadros clínicos más
graves. Un asunto importante que deberá ser analizado es el tipo de
contratación laboral que se hizo durante estos años, pues, por ejemplo, en el
caso de Costa Rica, muchos profesionales de salud fueron objeto de contratos
temporales, con salarios atrasados o bien, subcontratados, dada la naturaleza
de la emergencia y la variación de las ondas del virus.
Un elemento que llama la atención es el
hecho de que todos los países de la región pidieron créditos para hacer
operaciones de atención a la COVID-19 y, además implementaron apoyo al sector
financiero, como se vio en la Tabla 1. Esto coloca un asunto importante para
ser discutido: en las consecuencias tanto de corto como de mediano plazo,
vistas anteriormente, se observó que la población que vive con mayor intensidad
la precarización acentuada por la crisis de la COVID-19 es la clase trabajadora
y, dentro de ella, la más empobrecida; se observó también que al mismo tiempo
que se intensificó la precarización de las condiciones vida de esa clase, las
personas multimillonarias de la región y
del planeta vieron, prácticamente, duplicados sus ingresos en los dos primeros
años de la crisis. Para el caso específico de Costa Rica, en ese mismo
escenario, es posible observar un Estado que realizó acciones muy concretas
para la atención en términos de asistencia social y de seguridad social para la
población trabajadora, pero que desarrolló acciones sistemáticas y de mayor
envergadura para contribuir a la estabilidad de los sectores empresariales,
como se verá a continuación.
Las principales acciones seguidas por el
Estado costarricense para la atención a la emergencia por la COVID-19 y que se
pueden enunciar como estrategia de política pública fueron:
1.
Declaración de emergencia nacional: COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA PLAN
GENERAL DE EMERGENCIA Decreto N°42227- MP – S y N°42296 – MP – S Estado de
Emergencia.
2.
Programa Proteger: Decreto Eje. N° 42305 - MTSS – MDHIS y su reforma
Decreto Eje. Reforma Creación del Bono Proteger Nº42329-MTSS-MDHIS.
3.
Programa «Enlace de Esfuerzos» se canalizan a través de los Comités
Locales de Emergencias o Asociaciones de Desarrollo para apoyo a familias.
4.
Plan de habilidades proteger: personas desempleadas que no obtuvieron el
Bono proteger y están en proceso de capacitación.
5.
Programa Alivio: apoyar a las empresas que se han visto afectadas con
motivo de la crisis generada por la enfermedad COVID-19 de habilidades
proteger: personas desempleadas que no obtuvieron el Bono proteger y están en
proceso de capacitación.
6.
Suspensión aumento salarial gobierno central. Decreto Ejecutivo N.42286
MIDEPLAN.
7.
Ley N.9832 Reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de
emergencia nacional.
8.
Plan proteger: apoyo monetario a la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS) para aliviar cargas sociales de manera temporal.
9.
Flexibilización reglamentaria para ayudar a patronos con deuda ante la
DESAF.
Así, en primer lugar, se observa la
declaratoria de emergencia nacional, pues eso permitió una cierta excepcionalidad
en la situación de la política y los fondos públicos en términos de la
movilización de recursos que permitieron asignar de forma directa una inversión
para la atención de la situación sanitaria. Sin embargo, si bien es cierto,
esta primera acción estatal fue fundamental en el tratamiento de la emergencia,
conforme avanzaron los meses, la estrategia del Estado también tuvo un impacto
en las conquistas históricas de la clase trabajadora establecidas en el propio Código
de Trabajo.
En segundo lugar, son notables un grupo de
acciones orientadas específicamente a la asistencia social, y aquí se observa
el Programa Proteger que consistió en la asignación de subsidios; es
decir, en un traslado de renta para la población que comprobara haber perdido
su trabajo o haber tenido una disminución en los ingresos por causa de la COVID-19.
El programa se basó en una transferencia de renta específicamente por tres
meses, que no fue sostenible en el tiempo, pues dadas las circunstancias, se
hizo imposible para el Estado hacerlo por un plazo mayor. Para tener acceso al Programa
Proteger, y a su principal componente, a saber, el Bono Proteger,
las personas debían comprobar que habían visto disminuido o habían perdido
totalmente sus ingresos a causa de la COVID-19 (MTSS 2020; MDHIS 2020).
Otro de los programas de asistencia social
desarrollado por el Estado fue el llamado Enlace de esfuerzos (PRCR 2020a),
que, a diferencia del anterior programa de asistencia social, fue a nivel local,
y no tuvo como principal componente la transferencia de rentas, sino la
distribución de alimentos y enceres para las familias que demostraran haber
tenido una afectación directa por la COVID-19.
Otro grupo de acciones estatales (Plan de habilidades proteger) tuvieron como objetivo contribuir en la inserción laboral de aquellas personas que perdieron su empleo durante la emergencia (PRCR 2020b). Sin embargo, llama la atención el hecho de que hubo una inversión del Estado en preparación de cuadros técnicos, de acuerdo con las demandas específicas de las empresas nacionales; frente a lo cual el Estado brindó capacitación para que las y los trabajadores -que demostraran haber perdido su trabajo por la COVID- se insertaran en aquellas empresas que lo demandaran. Así, parece que la contribución del Estado a través de política pública fue para las empresas, pues ofrecía y capacitaba a mano de obra que aquellas requirieran.
Por otro lado, es importante mencionar el
hecho de que algunas de las acciones estatales significaron un retroceso en las
conquistas históricas del sector laboral que fueron obtenidas desde la década
de 1940 y que, bajo el argumento de la declaratoria de Estado de emergencia a
través del decreto ejecutivo, se vieron afectadas. Estas acciones tuvieron consecuencias
importantes en términos de garantías laborales para la clase trabajadora.
En ese sentido,
tres de las acciones antes mencionadas llaman la atención. Una es la suspensión
del aumento salarial semestral para los trabajadores del gobierno central, realizado
a través del Decreto Ejecutivo N°. 42286-H-MIDEPLAN (MIDEPLAN 2020), con
el cual las y los trabajadores adscritos a las planillas de los entes
ministeriales no tuvieron aumento salarial en los dos semestres del año 2020,
como una forma de «contribuir» a la situación de emergencia nacional.
En segundo lugar, unas de las acciones del
llamado Plan Proteger (PRCR 2020c), la cual permitió al sector patronal
patronos no pagar por un periodo de, incluso, cuatro años las deudas que tenía con
la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S), institución que administra el
seguro de la salud y que cuenta con uno de los regímenes de pensiones más
importantes del país. Con ello, patronos que tuvieran deudas con la C.C.S.S
entraron a un régimen especial de pagos. Además, aquellos que comprobaran que
no podían pagar por un periodo determinado, estaban exentos de dicho pago. Así
lo estableció el propio gobierno de la república al afirmar que,
Para mitigar despidos ante la situación del
coronavirus COVID-19, el Gobierno de la República apoyará a sectores críticos
de empleo aliviando las cargas sociales, informaron el presidente de la
República, Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en el
marco del anuncio del Plan PROTEGER.
“El objetivo es mitigar los despidos en los sectores que
están padeciendo las consecuencias de esta pandemia mundial”, indicó el
mandatario al tiempo que explicó que el gobierno respaldará a los trabajadores
mediante un plan de apoyo económico a la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS) para que ésta pueda aliviar las cargas sociales de manera temporal. (PRCR
2020c)
Finalmente, otra de las acciones que va en
la línea de apoyo a las empresas privadas es la que propuso la flexibilización
reglamentaria para ayudar a patronos con la deuda de la Dirección de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares (DESAF), (PRCR 2020d), que permitió, entre
otras cosas, reducir la jornada de trabajo y, por lo tanto, el salario a las y los
trabajadores hasta en un 50%, con ello, el patrono que comprobara que había
tenido una disminución en sus ingresos tenía el derecho de disminuir la jornada
de trabajo a su planilla.
Como se mencionó anteriormente,
profundizar en estas acciones es tema de otra discusión, por lo que de momento
es importante señalar la orientación de las acciones públicas para atender la
crisis sanitaria y social producida por la COVI-19, con la finalidad de
reconocer que esas acciones estatales también se orientaron para el
sostenimiento de las empresas privadas y no solo para la asistencia, seguridad
social y salud de la población.
Conclusiones
Para terminar esta discusión, es
importante colocar algunas conclusiones, pero sobre todo cuestiones que tienen
que ver con el panorama más amplio que, como se mencionó al inicio, se ha desarrollado
en las últimas décadas, pero se intensificó en los años de crisis por la
COVID-19.
Primero, resulta evidente la existencia de
una concentración y centralización de capital, es decir, al mismo tiempo que
aumentan la pobreza, la pobreza extrema e la inseguridad alimentaria en el
planeta, hay una concentración de la riqueza y una centralización del capital
en pocas manos. En resumen, se observa a una pequeña masa de las personas
multimillonarias concentrando los negocios más rentables del mercado, al mismo
tiempo que se desenvuelve un proceso cada vez más agresivo de destrucción del
planeta, cuyas consecuencias ya se trataron superficialmente al inicio de este
texto. Todo ello, en conjunto, coloca en riesgo la propia supervivencia de la
humanidad, pues la destrucción de la naturaleza y la
concentración/centralización del capital, que generan una mayor precarización
de la vida social y una mayor destrucción de la naturaleza, tienen también
consecuencias para toda la sociedad.
En ese mismo escenario se observa un
aumento en la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora,
la cual aumenta cada vez más, y, al mismo tiempo, una disminución en la
intervención del Estado a través de la política pública.
Asimismo, es posible que en los próximos
años se observe el uso de la crisis por la COVID-19 como parte de una retórica
que justifica el retroceso de la política pública, la política social y la contención
del gasto público; es decir, es probable que en el futuro se escuche a los
gobernantes afirmar que el Estado no puede invertir recursos en políticas
sociales porque está pagando la factura de la atención a pacientes con COVID-19,
(infraestructura, contratación de profesionales y, sobre todo, la compra de
vacunas).
Según lo anterior, es posible que la crisis
por la COVID-19 se utilice también como justificación para la cada vez mayor
precarización de la política pública,
Finalmente, debe señalarse un elemento
fundamental: en ese escenario se observa también un estancamiento de la
capacidad organizativa de la clase trabajadora. Es justamente en ese espacio de
recrudecimiento de la precariedad y de disminución cada vez mayor de la
política social donde interviene el Trabajo Social realizando la función
históricamente específica asignada por el Estado moderno de intervenir frente a
dicha precariedad, es por eso que surge la necesidad de preguntarse, cuáles
deberían ser las luchas de la profesión, es decir, dónde están colocadas las
expectativas como colectivo profesional y cuál es la necesaria articulación de las
luchas gremiales con las luchas que, al mismo tiempo, son consignas de toda la humanidad,
porque los problemas a los que se hace frente no son problemas específicos de
un gremio profesional, sino más bien desafíos y luchas que deben ser asumidas
prácticamente por toda la humanidad si se pretende hablar de un futuro para el
género humano.
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[1] Este artículo fue presentado como
conferencia en la actividad titulada Luchas sociales y pandemia: reflexiones
críticas desde el Trabajo Social Latinoamericano, organizada por la
Universidad del Sagrado Corazón, Puerto Rico, el 5 de mayo de 2022.
[2] Debe recordarse que la enfermedad
de la COVID-19 es transmitida por el virus SARS-Cov-2.
[3] Según el último reporte de la OMS
de agosto de 2022, habían sido reportados 175.701.207 casos, 2.819.798 muertes
en todo el planeta, (OMS, 2022).
[4] Debe recordarse que la mercancía
es el vehículo del valor, por lo tanto, la acumulación de capital requiere
necesariamente de producción de mercancías.
[5] Según Water foundation (2021) «el concepto de “punto de no retorno», también se ha denominado frecuentemente «punto de inflexión»; y no es nuevo: fue planteado hace más de 20 años por el IPCC, que por entonces alertó de las nefastas consecuencias para el clima si la temperatura promedio alcanzada los 5ºC por encima de la era preindustrial (…).
[6] La encefalopatía espongiforme
bovina (EEB) -conocido como enfermedad de las vacas locas-, el virus del SARS y
el virus del Ébola (EVE), son ejemplos de ello.
[7] No será posible discutir en este
texto las consecuencias de la COVID-a9 a largo plazo.
[8] Claro que algunos trabajadores del
sector informal, especialmente dedicados a la rama de servicios, también
pudieron hacer trabajo en casa, pues a pesar de tener profesiones liberales no
sujetas a contratos de trabajo, la naturaleza de sus actividades les permitió
brindar los servicios vía remota.
[9] Es claro que algunos de los
desocupados se quedaron en sus casas, pero en condiciones muy precarias y con
auxilios familiares o comunales.