Sindemia, Estado y Políticas Sociales:
Reflexión desde la Experiencia
de Puerto Rico
Syndemic, State and Social Policies:
Reflection from the Experience of Puerto Rico
Amelisse De Jesús Dávila
Universidad del Sagrado Corazón, San Juan, Puerto Rico
https://orcid.org/0000-0002-3470-022X
Cómo citar:
De
Jesús Dávila, Amelisse. 2023. Sindemia, Estado y Políticas Sociales: Reflexión
desde la Experiencia de Puerto Rico. Revista Reflexiones.102. DOI 10.15517/rr.v103i1.54606
Resumen
Introducción: las características contextuales de Puerto Rico, previo a la llegada del virus COVID-19, delinearon un panorama político, económico y social muy desafiante. Desde ellas se enmarcaron las respuestas dadas por el gobierno una vez declarado el estado de emergencia en el Archipiélago. Por ello, se realizó una breve reflexión crítica, a partir de los aportes teóricos del concepto salubrista sindemia y un enfoque de los derechos humanos.
Objetivo: describir las políticas sociales que trataron de responder a la emergencia salubrista provocada por el COVID-19 en Puerto Rico y valorar su relación con un enfoque holístico, salubrista y desde los derechos humanos.
Método: El ensayo está basado en una breve investigación documental acerca de los acontecimientos socio políticos dados en Puerto Rico ante la sindemia del COVID-19, la respuesta del Estado y el rol de la profesión de Trabajo Social. La misma incluyó reflexiones colectivas de parte de la facultad del Programa de Trabajo Social de la Universidad del Sagrado Corazón.
Resultado: a pesar de que la actuación del gobierno se percibe como una protectora al bienestar colectivo, sus decisiones y estrategias de acción no consideraron importantes aspectos de la vida social y sus dimensiones, incluyendo derechos fundamentales de la ciudadanía. Esta vulneración de derechos hizo necesario el reclamo organizado de la ciudadanía en Puerto Rico y, con ello, un rol del Trabajo Social como promotor y defensor de estos derechos.
Conclusión: existe la urgencia de la aplicación de un enfoque de derechos humanos en el manejo de esta emergencia para garantizar condiciones de mayor justicia y equidad a todas las personas que se han visto afectadas por el COVID-19. Por ello, se puntualizan unas recomendaciones al papel de la profesión de trabajo social en Puerto Rico.
Palabras claves: COVID-19, Neoliberalimo, Enfoque salubrista, Trabajo
Social, Derechos humanos.
Abstract
Introduction: The contextual characteristics of Puerto Rico, prior to the arrival of COVID-19
virus, outlined a very challenging political, economic and social landscape.
From them, the responses given by the government once the state of emergency
was declared in the Archipelago were framed. Therefore, a brief critical
reflection was made, based on the theoretical contributions of the syndemic
health concept and a human rights approach.
Objective: To describe the social policies that tried to respond to the health
emergency caused by CoVID-19 in Puerto Rico and to assess their relationship
with a holistic, health and human rights approach.
Method: The essay is based on a brief documentary research about the
socio-political events in Puerto Rico in the face of the COVID-19 syndemic, the
response of the State and the role of the Social Work profession. It included collective reflections from the
faculty of the Universidad del Sagrado Corazón Social Work Program.
Results: Even though the government's actions are perceived as protecting
collective well-being, its decisions and strategies of action did not consider
important aspects of social life and its dimensions, including fundamental
rights of citizens. This violation of
rights made necessary the organized claim of citizenship in Puerto Rico and,
with it, a role of Social Work as a promoter and defender of these rights.
Conclusion: There is an urgency of applying a human rights approach in the
management of this emergency to guarantee conditions of greater justice and
equity to all people who have been affected by COVID-19. Therefore, some
recommendations are made to the role of the social work profession in Puerto
Rico.
Keywords: COVID-19, Neoliberalism, Health approach, Social
work, Human rights.
Introducción
El siguiente artículo es el resultado de la participación como representante de la Universidad del Sagrado Corazón en el panel del
primer eje temático del VIII Encuentro de Trabajo Social México, Centroamérica y el Caribe, en
gesta preparatoria al XXIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo
Social de la Asociación Latinoamericana de Educación e Investigación en Trabajo
Social. En dicho panel se
buscaba analizar el estado de las políticas sociales en el contexto de la
pandemia y el papel que asumió el Estado en su implementación. Se buscaba,
además, prestar atención a aspectos previos a la pandemia, al momento en que se
enfrentó y sus posibles perspectivas.
Muchos de los puntos elaborados en dicho panel
estuvieron basados en una reflexión colectiva que como facultad del Programa de
Trabajo Social de la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico se realizó
como parte del Ciclo de Conferencias
Internacionales desde el Trabajo Social: Luchas sociales y pandemia, llevado a cabo
entre febrero y mayo del año 2022.
El COVID-19, ¿cuestión de derechos humanos?
El contexto previo a la
llegada del COVID-19 a Puerto Rico
El entorno puertorriqueño está caracterizado por unas
circunstancias muy particulares. Primero, Puerto Rico es un territorio no
incorporado de los Estados Unidos de América (EUA), lo que le convierte en una
de las más antiguas jurisdicciones del mundo que opera bajo un esquema
colonial. Esto ha propiciado que el condicionamiento de los factores político-económicos
en el país haya sido delineado bajo los intereses neoliberales del proyecto de
desarrollo y expansión estadounidense.
Cabrera (2022) puntualiza que el neoliberalismo como
proyecto ideológico, político y económico -a escala planetaria- tiene como característica
más distintiva la disminución del Estado y de sus facultades de control
económico, así como la privatización de gran parte de los servicios públicos.
Puerto Rico es un claro ejemplo de cómo esto ha sido implementado de forma
progresiva en los últimos treinta años. En la década de 1990, a partir de su
relación política con EUA, en Puerto Rico se comenzaron a implementar cambios
en la administración pública a raíz de la reforma en el modelo de estado
benefactor estadounidense, entre otros factores. Dichas transformaciones se
justificaron desde la concepción de que los servicios sociales eran gastos
públicos y que la intervención del estado en los asuntos económicos había ido
muy lejos. Las asistencias sociales quedaron condicionadas a que la ciudadanía
hábil se mantuviera activa en el mercado de empleo para poder recibirlas.
Muchos de estos servicios comenzaron a ser administrados desde el sector
privado, conocido como el Tercer Sector. Es en este marco que comenzó la oleada
de privatizaciones, especialmente, en el sistema de salud. Se sumaron, además, la
venta de activos públicos, por ejemplo, la venta de la Compañía de Telefonía de
Puerto Rico (Puerto Rico Telephone Company). La avanzada continuó
durante los años 2000, con la venta de más activos gubernamentales, un endeudamiento
mayor del gasto público, el despido de decenas de miles de personas que
laboraban en el sector público y, finalmente, la imposición de una Junta de
Control Fiscal por el Congreso estadounidense, a través de la política conocida
como Puerto Rico Oversight, Management
and Economic Stability Act.
Es dentro de este ámbito que, en los últimos 5 años, en
Puerto Rico se han experimentado una serie de emergencias que profundizaron la
precarización de las condiciones de vida ante la sistemática vulneración de los
derechos humanos de la ciudadanía:
●
Huracanes:
en septiembre del año 2017, se experimentaron los efectos devastadores de los
huracanes Irma y María; sobre todo, de este último. Su fuerza, sumada al
deterioro de las infraestructuras físicas, sociales y políticas, provocó daños
estructurales, ambientales, físicos y emocionales; en consecuencia, cobró miles
de vidas y dejó sin servicios básicos, como agua potable, energía eléctrica y
vivienda, a gran parte de la población. Estas circunstancias, a su vez, causaron
una ola migratoria a los Estados Unidos de América, solo comparable con la gran
migración de boricuas registrada en los años 1940.
●
Crisis
política: luego, en el verano del 2019, el país vivió una profunda crisis
política y constitucional ante los reclamos del pueblo puertorriqueño para
motivar la salida del gobernador electo de turno, los cuales, finalmente
provocaron su histórica renuncia al cargo en el mes de agosto de ese año.
●
Sismos
del Sur: a finales del 2019 comenzaron a sentirse en la isla una serie de
sismos que incrementaron en magnitud y frecuencia a principios del año 2020. En
enero de ese año, un terremoto de magnitud 6.4, también con efectos
devastadores en la costa sur del país, dio paso a una serie de réplicas que no
cesaron durante meses.
●
COVID-19:
aun lidiando con las implicaciones de los continuos sismos, en el mes de marzo
de 2020 se enfrentó al COVID-19. Esto
trajo consigo no solo la amenaza de contagio y muerte, sino la implementación
de medidas preventivas que se enfocaron, inicialmente, en toques de queda y el
distanciamiento físico, lo que alteró abruptamente las formas de convivencia en
el país.
COVID-19 en Puerto Rico:
respuesta del Estado y las políticas sociales
¿Cómo concebir el COVID-19 a tres años de su
llegada? Desde el eje temático propuesto
en el VIII Encuentro de Trabajo Social
se asumió el entendido de que no se ha enfrentado una pandemia, sino lo
que en inglés se conoce como syndemia. ¿Qué es una syndemia? Para el reconocido antropólogo y médico estadounidense
Dr. Merrill Singer,
En esta misma línea, el autor Richard Horton (2020)
afirmó que el considerar al COVID-19 como un sindemia permitiría dar énfasis a
sus orígenes sociales y con ello a su manejo. «La vulnerabilidad de los ciudadanos
de edad mayor; las comunidades étnicas, afrodescendientes, asiáticas y
minoritarias; y los/as trabajadores claves, que comúnmente están mal pagados y
con menos protecciones de bienestar, apuntan a una verdad hasta ahora apenas
reconocida, a saber: que no importa cuán efectivo sea un tratamiento o una
vacuna protectora, la búsqueda de una solución puramente biomédica para
COVID-19 fracasará» (Horton 2020,
874).
Haberse acercado a la emergencia salubrista desde los
aportes de esta noción teórica, una que es muy cónsona con una perspectiva de
derechos humanos, hubiese permitido atender algunas de las manifestaciones de
la cuestión social colonial[1] en Puerto Rico. Esto, porque según afirma el Dr.
Freddy Esquivel (2022), la aplicación de este constructo a la situación vivida
en nuestros países permite el reconocimiento de los aspectos sociales,
económicos y culturales en el examen de cómo la desigualdad y explotación
tienen serias repercusiones en la salud física y mental de las personas. Sin
embargo, las políticas sanitarias y sociales gestadas en los pasados años en
Puerto Rico no fueron sustentadas desde este concepto salubrista.
La respuesta del Estado en
el COVID-19
Inicialmente, la postura oficial del gobierno de
Puerto Rico fue de negación a la posibilidad de que el COVID-19 pudiera llegar
al archipiélago. Pero como era de esperarse, no tardó mucho tiempo en
registrarse el primer caso del virus, asunto que tomó notoriedad cuando la
persona afectada, una turista italiana de 68 años, falleció en la Isla. La
presión pública que recibió el gobierno hizo que se movieran de la negación a
la afirmación, de la seriedad del asunto de salud pública a encarar la situación
sanitaria, por lo que a partir de marzo de 2020 se impuso (como en otras partes
del mundo) un estricto toque de queda en el cual la ciudadanía debió permanecer
en sus casas las 24 horas del día.
Más adelante, las respuestas de apoyo gubernamental
hacia la protección económica para la ciudadanía fueron financiadas por
políticas sociales estadounidenses que crearon o ampliaron, de manera temporaria
programas tales como:
●
Pandemic Unemployment Assistance (PUA, por sus siglas en inglés): programa federal temporario
creado en virtud de la ley estadounidense conocida como Coronavirus Aid,
Relief, and Economic Security Act (Ley CARES de 2020). Este programa proveyó hasta un máximo de 39
semanas de beneficios para personas que no eran elegibles para recibir
compensación por desempleo regular y que estaban disponibles y eran aptas para
trabajar, pero que no tenían empleo o trabajaban parcialmente por ciertas
razones específicas relacionadas al COVID-19.
●
Paycheck Protection Program (PPP): programa temporario, también establecido a
partir de la ley Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (Ley
CARES de 2020). Este programa fue
implementado por la Administración de Pequeños Negocios (SBA, sus siglas en
inglés). Este programa proporcionó a pequeñas empresas fondos para pagar
hasta 8 semanas de costos de nómina, incluidos los beneficios a personas
trabajadoras. Los fondos también se podían usar para pagar intereses sobre
hipotecas, alquileres y servicios públicos.
●
Aumentos
a las partidas asignadas a las familias participantes del Programa de
Asistencia Nutricional (PAN): este programa también está financiando por el
gobierno de los Estados Unidos de América, y destina fondos para que familias seleccionadas
puedan adquirir alimentos a través de una tarjeta de transferencia de
beneficios electrónicos en tiendas autorizadas.
●
Se
otorgaron ciertos subsidios a instituciones y profesionales del área de
servicios de salud.
●
Se
emitieron tres rondas de transferencias económicas a la ciudadanía estadounidense
para ayudarles a lidiar con el efecto económico directo de la sindemia.
●
Se
dio acceso gratuito para la vacunación y los refuerzos contra el COVID-19.
●
Vulneración
del derecho a la salud: la ciudadanía se mantuvo en continua denuncia ante la dificultad
del estado en establecer una política clara para el rastreo de casos, falta de pruebas
masivas para detección del virus y acceso equitativo a la vacunación.
●
Se
denunció, por organizaciones cívicas y profesionales, la exclusión de las
personas y familias sin hogar a las asistencias económicas y estrategias preventivas
en los inicios de la sindemia.
●
Vulneración
del derecho al trabajo: la implementación de los toques de queda y la inequidad
en el nivel de preparación de varios sectores para mantener operaciones remotas
implicó el cierre de negocios, despidos y efectos económicos muy adversos,
especialmente en el sector de cuentapropistas, sobre todo si eran liderados por
mujeres en la jefatura familiar.
●
Vulneración
al derecho a la educación: los decretos de toques de queda provocaron el cierre
masivo de escuelas, que, sumado a la falta de acceso a equipo y de Internet,
interrumpieron las actividades escolares. La ciudadanía se mantuvo en la constante
denuncia de lo que esto implicó, particularmente, para estudiantes con
diversidad funcional o de educación especial, a quienes se les suspendieron no
solo los servicios educativos, sino también sus tratamientos.
●
Vulneración
del derecho a la alimentación para miles de personas en niñez y juventud que,
ante el cierre de las escuelas públicas del país, no tuvieron acceso a los
comedores escolares. Fue necesaria la denuncia sistemática y movilización de
sectores civiles y profesionales para presionar al Departamento de Educación de
Puerto Rico para que diseñara una estrategia de distribución de alimentos
preparados para el estudiantado del sistema educativo público.
●
Vulneración
del derecho a la vida y a la paz, por ejemplo, en ámbitos como:
○
Alza
en la violencia de género: el toque de queda obligó la convivencia de víctimas con
sus agresores
○
Alza
en la violencia infantil: se desarticularon las redes de apoyo de las
comunidades escolares al mantener a las víctimas con quien las
agrede en las casas
Estas vulneraciones a los derechos humanos se
enmarcaron y continúan desarrollándose dentro de importantes hitos, entre lo
que se destacan:
-
el
litigio y la posterior aprobación de un Plan de Ajuste a la Deuda Nacional de
Puerto Rico, que fue evaluada por el Sistema Judicial de los Estados Unidos y que,
entre otras cosas, básicamente, liquidará los fondos para garantizar la
jubilación de miles de personas que laboran en el sector público,
-
la
continua venta y privatización de los pocos activos públicos que restan, por
ejemplo, la distribución y generación de energía eléctrica,
-
investigaciones
judiciales ante la intención de mal uso de fondos públicos para la compra de
pruebas de COVID-19,
-
los
resultados de las elecciones generales en Puerto Rico y EUA en el año 2020, así
como las elecciones de medio término celebradas en noviembre 2022 en EUA,
-
los
continuos escándalos por corrupción gubernamental en Puerto Rico.
En este contexto, a pesar de las políticas
establecidas, se han registrado unos 438,861 casos confirmados del virus
en el país, 637,801 casos probables (prueba antígeno) y un total de 5,642
personas fallecidas[2].
La urgencia de un enfoque
de derechos humanos en el enfrentamiento del CoVID-19
Asumir el COVID-19 como una sindemia implica el
requerimiento de la aplicación de un enfoque de derechos humanos en las
políticas elaboradas por los estados.
Horton (2020) apunta que las políticas y programas diseñados por los
gobiernos ante una sindemia deben dirigirse a revestir las desigualdades
sociales desde un enfoque integrado de salud pública. «Abordar
la COVID-19 como una sindemia invitará a una visión más amplia, que abarque la
educación, el empleo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente. Ver el
COVID-19 solo como una pandemia excluye un prospecto tan amplio pero necesario»
(Horton 2020, 874). Por esto, para la autora Cubillos (2018), el marco
para atender dichas desigualdades y erradicar «las inequidades e injusticias
sociales» lo proporciona el
enfoque de derechos humanos, que desde una situación como la que se ha vivido
en la sindemia no sería evaluada por las necesidades insatisfechas de la
ciudadanía, sino por la obligación del Estado de dar respuesta a los derechos
humanos. Por ello, la autora invita a
transformar el modelo vigente, «cuyas políticas se centran en la satisfacción
de las necesidades biológicas de los individuos, desvinculadas de los factores
que generan los problemas sociales» (46). «En cambio, bajo un enfoque de derechos los problemas son
entendidos como problemas de poder, lo cual exige atender a las causas de los
mismos para buscar soluciones acordes a estos y en la medida de lo posible, su
prevención; sitúa, además, al sujeto en el centro de dicho diagnóstico y de las
futuras propuestas (Güendel 2000). Así, la configuración de los servicios, con
un enfoque de derechos, responde a perspectivas integrales, que abarcan la
totalidad de las necesidades de los individuos: biológicas, sociales y
culturales; considerando al mismo tiempo sus diferencias individuales» (Cubillos 2018, 46).
Rol
de la profesión de Trabajo Social
El fuerte vínculo de la profesión con los derechos
humanos la coloca en posición de ser instrumento clave para el desarrollo,
implementación y análisis de políticas sociales de promoción, protección y
vigilancia de los derechos humanos (Cubillos 2018). Frente a la sindemia del
COVID-19, en palabras de uno de los docentes del Programa de Trabajo Social,
participante en un sondeo realizado: «El reclamo desde el trabajo social
puertorriqueño siempre ha sido la defensa y garantía de los derechos humanos y
la justicia social. Luchar por servicios esenciales accesibles, de calidad y
basados en evidencia, un sistema de salud universal, educación pública de
calidad y evitar el cierre de escuelas. Exigimos un Estado de Bienestar Social
y no neoliberal. Que los derechos humanos no sean una mercancía».
Adelantar esta aspiración requiere de ciertos
requisitos y acciones ético-políticas desde la profesión, como las sugeridas
por Soto (2019) y Cabrera (2022):
Es un panorama muy complejo el que se enfrenta, por lo
que la continua reflexión crítica, desde una ética solidaria, sumada a la unión
de voluntades, puede dirigir un accionar político liberador que sea clave para enfrentar
las tensiones y desigualdades en la sociedad puertorriqueña.
Apoyo
financiero: El artículo se realiza como parte de las actividades docentes de
internacionalización apoyadas por la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto
Rico, en el marco del VIII Encuentro de Trabajo Social México, Centroamérica y
el Caribe, en gesta preparatoria al XXIII Seminario Latinoamericano de Escuelas
de Trabajo Social de la Asociación Latinoamericana de Educación e Investigación
en Trabajo Social.
Referencias
Cabrera Cirilo, Jesús. 2022. «Luchas sociales y pandemia: Reflexiones críticas
desde el Trabajo Social en Puerto Rico». Panel del Ciclo de Conferencias
Internacionales Luchas Social y Pandemia: reflexiones críticas desde el trabajo
social latinoamericano. Universidad del
Sagrado Corazón, San Juan Puerto Rico, 31 de marzo.
Cubillos Vega, Carla. 2018. «Incorporar
los derechos humanos al Trabajo Social. El enfoque de derechos: un marco de
referencia». Sociedade em Debate.
24(ene-abr): 41-58.
Esquivel Corrella, Freddy.
2022. «Centroamérica, Costa Rica y Trabajo Social en el contexto de la sindemia
de COVID-19».
Ponencia presentada en Ciclo de Conferencias Internacionales Luchas
Social y Pandemia: reflexiones críticas desde el trabajo social
latinoamericano. Universidad del Sagrado
Corazón, San Juan Puerto Rico, 5 de mayo.
Horton, Richard. 2020. «Offline:
COVID-19 is not a pandemic».
The Lancet. 396 (septiembre):874. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32000-6
Singer, Merryl, Nicola Bulled, Bayla Ostrach y
Emily Mendenhall. 2017. «Syndemics and the
biosocial conception of health».
The
Lancet. 389 (marzo):
941-950.
Soto Román, Jelitza. 2019. «La
formación profesional del Trabajo Social en el contexto actual: Retos y
Posibilidades». Ponencia presentada como parte de la conferencia magistral
Presente y Futuro del Trabajo Social y de su Colectivo Profesional:
Trayectoria, Aportaciones y Desafíos.
Octogésima Asamblea del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de
Puerto Rico, Ponce, Puerto Rico, 15 de noviembre.
[1] Concepto de Jesús Cabrera Cirilo
[2] Recuperado el 23 de enero de 2023 de https://covid19datos.salud.gov.pr/
[3] A tenor con
ello, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico ha
solicitado a la Legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la
consideración de dos proyectos de ley, radicados por petición, para poder
establecer la Carta de Derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social
de Puerto Rico (Proyecto del Senado 893) y la Ley de Salarios Base para los y
las Profesionales del Trabajo Social de PR (Proyecto del Senado 894).