Posverdad y narrativas engañosas: consecuencias en la democracia costarricense (2022-2024)

Post-truth and misleading narratives: consequences for Costa Rican democracy (2022-2024)

 

Wilson Hernández-Arroyo

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica

wilson.hernandezarroyo@ucr.ac.cr  

https://orcid.org/0000-0003-4216-1382

 

Fecha de recepción:  7 de octubre del 2024

Fecha de aceptación: 24 de febrero del 2025

                                                                                                        

Cómo citar:

Hernández-Arroyo, Wilson. 2026. Posverdad y narrativas engañosas: consecuencias en la democracia costarricense (2022-2024). Revista Reflexiones. 105 (1). DOI 10.15517/rr.v105i1.62086

 

Resumen

 

Introducción: Este ensayo explora el impacto de la posverdad y la desinformación en la democracia costarricense durante el periodo 2022-2024. Se analizan las afirmaciones falsas y las narrativas engañosas del presidente Rodrigo Chaves y su equipo, enfocándose en cómo estas distorsionan la percepción pública y afectan las instituciones democráticas.

Objetivo:  Analizar cómo la desinformación emanada del Poder Ejecutivo ha influido en la estabilidad democrática y la participación ciudadana, resaltando los diferentes tipos de desinformación utilizados.

Método: Se realizó un análisis de contenido de las declaraciones públicas del gobierno costarricense, extraídas de la prensa nacional, organizando las falsedades en categorías según su tipo (contenido falso, engañoso, contexto falso, entre otros). También se consultaron encuestas y estudios de opinión para contextualizar el impacto de estas narrativas.

Resultados: El análisis revela un patrón de uso deliberado de desinformación para influir en la opinión pública. A pesar de la exposición de falsedades, el apoyo popular hacia el presidente se mantuvo estable, lo que refleja el poder de la desinformación en consolidar narrativas políticas.

Conclusiones: Se concluye que la desinformación emitida desde los altos niveles gubernamentales representa un desafío significativo para la democracia costarricense. La alfabetización informativa es crucial para combatir este fenómeno, permitiendo que la ciudadanía tome decisiones informadas y proteja la integridad democrática.

Palabras clave: Desinformación, Posverdad, Democracia costarricense, Manipulación informativa, Narrativas engañosas.

 

Abstract

 

Introduction: This essay explores the impact of post-truth and disinformation on Costa Rican democracy during the 2022-2024 period. It analyzes the false statements and misleading narratives of President Rodrigo Chaves and his team, focusing on how these distort public perception and affect democratic institutions.

Objective: To analyze how disinformation emanating from the Executive Branch has influenced democratic stability and citizen participation, highlighting the different types of disinformation used.

Method: A content analysis of the Costa Rican government's public statements, extracted from the national press, was carried out, organizing the falsehoods into categories according to their type (false content, misleading, false context, among others). Surveys and opinion studies were also consulted to contextualize the impact of these narratives.

Results: The analysis reveals a deliberate pattern of disinformation used to influence public opinion. Despite the exposure of falsehoods, popular support for the president remained stable, reflecting the power of disinformation in solidifying political narratives.

Conclusions: It is concluded that disinformation issued from high levels of government represents a significant challenge to Costa Rican democracy. Information literacy is crucial in combating this phenomenon, enabling citizens to make informed decisions and protect democratic integrity.

Key words: Disinformation, Post-truth, Costa Rican democracy, Information manipulation, Misleading narratives.

 

 

Introducción

 

La posverdad es un fenómeno contemporáneo que se ha consolidado en la cultura y el discurso político de las sociedades modernas, pero su desarrollo no puede entenderse sin considerar el contexto posmoderno en el que surge. La transformación del sujeto moderno al sujeto posmoderno ha dado lugar a una sociedad donde la verdad objetiva cede paso a narrativas construidas a partir de emociones y creencias personales. Esta mutación ha sido facilitada, en gran medida, por el auge de las redes sociales, la crisis de credibilidad en las instituciones y la instrumentalización de la información con fines políticos y económicos.

Este concepto, aunque utilizado desde antes, alcanzó notoriedad en 2016 cuando fue nombrado palabra del año por el Diccionario Oxford (Oxford Languages 2016). La posverdad está estrechamente vinculada a la desinformación y la proliferación de fake news, donde la manipulación de hechos y la apelación a las emociones prevalecen sobre la realidad objetiva. Como menciona Araújo, la posverdad ha surgido gracias a «uma conjunção de diversos fatos ou fenômenos que vinham acontecendo décadas [una combinación de varios hechos o fenómenos que se venían produciendo desde hacía décadas]» (2020b, 36), entre ellos, la desintermediación de los medios tradicionales y la creciente influencia de plataformas digitales en la construcción del discurso público.

En este escenario, el papel del periodismo en la difusión de noticias engañosas resulta fundamental para comprender la propagación de la posverdad. Ramonet (2004) advierte sobre la transformación de los medios de comunicación en lo que él denomina el Quinto Poder, un conglomerado de grupos mediáticos que han dejado de ejercer su función de contrapoder para convertirse en actores políticos y económicos con intereses propios. En palabras de Ramonet «los grandes grupos mediáticos, cómplices y difusores de la globalización liberal […] que, en determinadas circunstancias, no solo dejan de defender a los ciudadanos, sino que a veces actúan en contra del pueblo en su conjunto» (2004, 29).

Este fenómeno ha llevado a la instrumentalización de la información con el fin de consolidar narrativas dominantes que favorecen determinados intereses políticos y económicos. En este sentido, el periodismo ya no actúa exclusivamente como el «cuarto poder» encargado de vigilar a los gobiernos, sino que, en muchos casos, opera como un actor que legitima la desinformación y contribuye a la construcción de relatos engañosos.

El objetivo de este ensayo es analizar el impacto de la posverdad en el contexto político del Poder Ejecutivo costarricense entre los años 2022 y 2024, durante la administración de Rodrigo Chaves Robles. A través de este análisis, se busca entender cómo la desinformación y la manipulación de hechos objetivos han tenido consecuencias sobre la democracia costarricense, explorando el papel de los medios en la legitimación de estas narrativas.

 

 

Acercamiento conceptual

 

La posverdad y la desinformación han adquirido una importancia creciente dentro de las Ciencias de la Información debido a su impacto directo en la circulación de información y la conformación de la opinión pública. Como afirma Araújo (2020a, 1), la «posverdad es una expresión sobre la cual se ha debatido mucho en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la política y, también, en la producción científica en diversas áreas». Esta relevancia se refleja en la necesidad de desarrollar enfoques críticos que analicen las dinámicas de desinformación y sus efectos en la democracia y el acceso a la información. En este contexto, el campo de la ciencia de la información se ve desafiado a «adoptar otros problemas y perspectivas de estudio» (Araújo 2020a, 4), que permitan combatir la propagación de desinformación y fortalecer la competencia informativa.

 

Posverdad

La historia del término posverdad muestra cómo ha pasado de ser un concepto marginal para convertirse en un elemento central del discurso político y social contemporáneo. Si bien la palabra ya existía, su uso se popularizó en 2016, durante eventos como el referéndum del Brexit en Reino Unido y las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en donde las estrategias de comunicación apelaban más a la emoción y a la identidad de los votantes que a la veracidad de los hechos (Oxford Languages, 2016). Sin embargo, el concepto no es del todo reciente. Ya en la década de 1990, Tesich (1992, 13) hacía referencia al término al afirmar: «we, as a free people, have freely decided that we want to live in some post-truth world [nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en un mundo de posverdad]».

Desde una perspectiva filosófica, Nicolás Marín (2019) plantea que la posverdad es más que un fenómeno coyuntural; se trata de un síntoma de un profundo malestar cultural, resultado de un proceso histórico que ha puesto en cuestión los pilares fundamentales de la modernidad ilustrada. En este sentido, no se trata simplemente de la proliferación de mentiras en el ámbito político o mediático, sino de un cambio estructural en la forma en que la sociedad construye y valora la verdad.

 

«La posverdad expresa todo un diagnóstico de la actualidad en sus más diversos aspectos culturales, científicos, sociales, personales, etc. […] La relación con la verdad expresada en el término «posverdad» alude de entrada a algún tipo de posterioridad, a que en algún sentido la verdad ha quedado atrás, ha sido rebasada, superada o neutralizada» (Nicolás Marín 2019, 303).

 

Por su parte, Oxford Languages define la posverdad como lo «relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief [relativo o que denota circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales]» (2016, 2). Sumado a esto, desde un enfoque sociopolítico, Carrera Umaña la concibe como el «diagnóstico de la situación que enfrenta la sociedad actual, en la cual se evidencia un cuestionamiento de la fiabilidad del saber mismo y una incertidumbre en torno a los fundamentos que guían la acción humana» (Universidad de Costa Rica, Noticias, 23 de mayo de 2023, 3). Esta visión resalta el papel de la posverdad en la deslegitimación de la información científica y en la erosión del discurso basado en evidencia.

En este contexto, la relación entre posverdad y desinformación se vuelve crucial, pues ambas operan como mecanismos que distorsionan la percepción de la realidad en el espacio público. Como señalan García-Marín y Aparici (2019), las estrategias de la posverdad se apoyan en la desinformación como herramienta clave para modelar la opinión pública y reforzar narrativas preexistentes. Según estos autores, la desinformación combina hechos reales con contenido falso de manera que resulta difícil de descifrar para el ciudadano medio. Dentro de estas estrategias se encuentran la falsa atribución, los titulares engañosos y el contenido manipulado. A esto se suman las fake news, es decir, contenidos enteramente falsos diseñados deliberadamente para manipular la percepción pública con fines políticos o económicos, utilizando tácticas como la automatización de la desinformación a través de bots y la creación de portales web que imitan el diseño de medios tradicionales.

Como señala Nicolás Marín (2019), vivimos en un periodo de coexistencia entre verdad y posverdad, donde la mentira y la desinformación han dejado de ser percibidas como anomalías para convertirse en elementos estructurales del discurso público, ya que la posverdad no ha reemplazado a la verdad, sino que «la posverdad ha entrado de modo significativo en un cierto tipo de interacción con la verdad […]. Estamos en un momento de coexistencia de verdad y posverdad» (Nicolás Marín 2019, 307-308).

 

Desinformación

Para Castro Ávila (2021, 15), «la desinformación se refiere a textos, imágenes, audios o videos falsos, manipulados o sacados de contexto. Son producidos intencionalmente con diferentes objetivos: dañar a una persona o institución». Por otro lado, Olmo y Romero coincide al decir que «la desinformación puede definirse como la difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad y explotar vulnerabilidades con el objetivo de desestabilizar» (2019, 4).

A partir de estas definiciones, es claro que la desinformación no solo implica la creación de contenidos falsos, sino que también puede ser el resultado de la manipulación de hechos o de su presentación en contextos distorsionados. Este fenómeno, al igual que la posverdad, tiene profundas implicaciones en el ámbito social y político, ya que influye directamente en la formación de opiniones y en la percepción de la realidad. La desinformación saca provecho de las emociones y las debilidades cognitivas de las personas para influir en sus creencias, lo que la hace una herramienta de poder para manipular el discurso público, desestabilizar democracias y polarizar sociedades. De esta forma, se trata de «obtener ventajas políticas, de minar los valores democráticos, de extender una nueva narrativa para, en definitiva, cambiar nuestra realidad» (Olmo y Romero 2019, 4).

 

Tipos de desinformación

La desinformación puede presentarse de diversas formas, cada una con características y objetivos específicos. Esta diversidad se puede clasificar en distintas categorías, las cuales se definen según su naturaleza y su intención de engaño o manipulación. Es crucial entender estos tipos para poder abordarlos y combatirlos adecuadamente, principalmente en la era digital, donde las redes sociales juegan un papel crucial en la propagación de información errónea. A continuación, en la Tabla 1, se presentan los principales tipos de desinformación, junto con una breve definición de cada uno.

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Tipos de desinformación

Tipo de desinformación

Definición

Contenido falso (fake news)

Información completamente fabricada para engañar, sin ninguna base en hechos reales. Imita a medios de comunicación tradicionales para aparentar legitimidad.

Sátira o parodia

Contenidos creados con fines humorísticos o irónicos, pero que pueden engañar si se toman fuera de contexto o si no se reconoce la intención original.

Conexión falsa

También conocida como clickbait, utiliza titulares sensacionalistas para generar visitas, pero el contenido no cumple con las expectativas creadas.

Contenido engañoso

Usa hechos o datos reales manipulados para inducir al lector a una interpretación errónea.

Contexto falso

Información verídica compartida fuera de su contexto original para distorsionar su significado o crear una falsa relación entre hechos.

Contenido impostor

Suplantación de identidad de una fuente legítima para hacer creer que la información proviene de una fuente confiable.

Contenido manipulado

Textos, imágenes o vídeos alterados deliberadamente para engañar o cambiar el mensaje original

Fuente: Información extraída de Castro Ávila (2021); Sánchez Duarte y Magallón-Rosa (2023); y Anguita et al. (2023).

 

Este enfoque ayuda a clasificar y comprender los distintos formatos en los que puede presentarse la desinformación, y facilita el diseño de categorías para analizar, abordar y mitigar su impacto en la sociedad.

 

Posverdad y desinformación en la política contemporánea

            La posverdad y la desinformación han transformado profundamente la política contemporánea, generando un clima donde los hechos objetivos pierden peso frente a las emociones y las creencias personales. Para Avaro (2021), la posverdad y las verdades empíricas conviven en un frágil equilibrio epistémico, lo que ha permitido que el discurso político se aleje cada vez más de los hechos verificables. Este fenómeno ha sido amplificado por el uso de redes sociales y otros medios digitales, donde los mensajes emocionales y polarizadores encuentran mayor resonancia que las argumentaciones basadas en evidencias. Como señala Araújo, «a ampla disseminação de informações falsas […] com suporte tecnológico que permite alcances inimagináveis [la difusión generalizada de información falsa [...] con un soporte tecnológico que permite un alcance inimaginable]» (2021, 7).

La posverdad no solo impacta la percepción de la realidad, sino que también altera el comportamiento electoral y la confianza en las instituciones. En América Latina, la desinformación ha sido utilizada como una estrategia para manipular el debate público y moldear la opinión de los votantes. Mendoza, Dagatti y López López (2023), documentan cómo la propagación de noticias falsas ha sido utilizada para influir en elecciones y desestabilizar gobiernos en la región, destacando casos como las elecciones en Argentina y Perú, donde las redes sociales jugaron un papel central en la construcción de narrativas falsas que afectaron la confianza en los procesos democráticos​.

Uno de los casos más representativos en el contexto latinoamericano es el de Argentina, donde la posverdad se ha materializado a través de la exposición selectiva a fake news. Según Clavero (2018), las noticias falsas han sido utilizadas como un recurso estratégico en el periodismo y la política, generando audiencias polarizadas que consumen y comparten información sesgada sin cuestionar su veracidad. En su estudio, Clavero (2018) identifica cómo la posverdad no solo implica la difusión de información falsa, sino que también representa una reconfiguración de la comunicación política, en la que la percepción y la identidad ideológica se vuelven más relevantes que los hechos objetivos​

En el caso de Costa Rica, la elección presidencial de 2022 fue un claro ejemplo de cómo la desinformación y la posverdad han moldeado la política contemporánea. Como se analiza Siles González (2024), la campaña electoral estuvo marcada por el uso masivo de redes sociales y estrategias de comunicación digital que favorecieron la viralización de mensajes políticos sin control de veracidad​. Durante la contienda electoral, los candidatos utilizaron plataformas como Facebook, TikTok y WhatsApp para amplificar sus discursos, muchas veces recurriendo a estrategias de desinformación. Como se señala, «las elecciones presidenciales de 2022, atípicas en muchos aspectos, merecían un análisis científico profundo, dado el uso extendido de redes sociales, plataformas digitales, creación de contenidos y desinformación» (Siles González, 2024, 383).

Uno de los fenómenos más llamativos fue la estrategia de confrontación con los medios de comunicación tradicionales, donde el presidente electo Rodrigo Chaves utilizó narrativas de posverdad para atacar a la prensa y consolidar su apoyo popular. Durante su campaña, Chaves popularizó el término «prensa canalla», desacreditando a los medios e incentivando la desconfianza en la información oficial. Este discurso polarizador permitió que su mensaje llegara directamente a los votantes a través de redes sociales, evitando los filtros de verificación de los medios tradicionales​.

Además, Siles González (2024) destaca cómo la viralización de contenidos en redes sociales contribuyó a la personalización de la política y a la fragmentación del debate público. Fenómenos como el uso de memes, stickers y videos cortos en plataformas como TikTok fueron determinantes para el posicionamiento de candidatos, relegando los programas políticos y las propuestas a un segundo plano​.

En este sentido, se refleja cómo la posverdad y la desinformación han reconfigurado la dinámica política en América Latina. Las estrategias de manipulación de la información no solo afectan la percepción de la realidad, sino que también transforman la relación entre los ciudadanos y las instituciones democráticas, debilitando la confianza en los procesos electorales y en los medios de comunicación.

 

 

 

Metodología

 

Este estudio adopta un enfoque cualitativo basado en análisis de contenido con el objetivo de examinar la presencia de posverdad y desinformación en la comunicación del Poder Ejecutivo de Costa Rica durante la administración de Rodrigo Chaves Robles, entre los años 2022 (desde el 8 de mayo) y 2024 (hasta septiembre). Se busca comprender cómo la desinformación ha sido utilizada estratégicamente en el discurso oficial y su impacto en la estabilidad democrática del país.

El análisis se centra en el artículo periodístico «52 falsedades del gobierno», publicado por La Nación el 18 de agosto de 2024 (Córdoba 2024), el cual compila una serie de afirmaciones falsas o engañosas emitidas por el presidente y su equipo de gobierno. Este documento fue seleccionado debido a su sistematización de información, lo que facilita la identificación de patrones discursivos y la categorización de las estrategias de desinformación utilizadas. Asimismo, el medio de comunicación La Nación es reconocido por su trayectoria en la cobertura política costarricense y por su metodología de verificación de datos, lo que garantiza que las afirmaciones incluidas en el análisis hayan sido contrastadas. No obstante, se reconoce que la dependencia de una única fuente podría limitar la amplitud del estudio, por lo que se realizó una triangulación con otras fuentes secundarias, como la encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (Alfaro Redondo, Camacho Sánchez, Chacón Mendoza, Ruiz Tijerino 2024), informes de medios de comunicación y estudios académicos previos sobre desinformación y posverdad en América Latina.

La técnica de análisis de contenido utilizada en este estudio permite examinar patrones discursivos y clasificar las afirmaciones del gobierno según su nivel de veracidad y su estrategia de manipulación. La clasificación de las falsedades gubernamentales se realizó en función de cinco categorías previamente identificadas en la literatura especializada: contenido falso, contenido engañoso, contexto falso, contenido impostor y contenido manipulado (Castro Ávila 2021; Sánchez Duarte y Magallón-Rosa 2023; y Anguita et al. 2023). Cada una de estas categorías fue operacionalizada con base en estudios sobre desinformación y estrategias de comunicación política, lo que permitió definir con mayor precisión los mecanismos empleados en la difusión de información errónea.

 

Falsedades del gobierno de Costa Rica

La posverdad y la desinformación han tenido un impacto significativo en la política contemporánea de Costa Rica, especialmente en el manejo de la información por parte del gobierno. A lo largo de los últimos años, puntualmente a partir de 2022, se han documentado numerosas afirmaciones falsas por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles y su equipo, tal como consta en el artículo de La Nación sobre las «52 falsedades del gobierno» (Córdoba, La Nación, 18 de agosto 2024). Estas afirmaciones, que abarcan desde datos imprecisos sobre infraestructura pública hasta la tergiversación de estadísticas de empleo y pobreza, han sido utilizadas para moldear la percepción pública y consolidar apoyo político en un entorno donde los hechos objetivos son menos influyentes que las emociones y creencias personales.

 

Desinformación desde el gobierno de Costa Rica

Las falsedades presentadas por Córdoba (La Nación, 18 de agosto 2024), se organizaron en diferentes tablas, clasificadas según los tipos de desinformación que se establecieron en la Tabla 1. Estas falsedades incluyen una variedad de tácticas que van desde la creación de contenido falso, como afirmaciones completamente fabricadas, hasta el uso de contexto falso, donde hechos verídicos son presentados fuera de su contexto para distorsionar su significado. Además, algunas de las afirmaciones corresponden a contenido engañoso, en el que se manipulan datos reales para inducir a la opinión pública a interpretaciones erróneas. Esta clasificación permite entender cómo diferentes estrategias de desinformación pueden ser empleadas para moldear la percepción pública y manipular la opinión sobre temas relevantes en Costa Rica.

 

Contenido falso

Se considera que la información es de contenido falso cuando esta es completamente fabricada para engañar, sin ningún sustento en hechos reales (Castro Ávila 2021; Sánchez Duarte y Magallón-Rosa 2023; y Anguita et al. 2023). Por lo general, se imita a medios de comunicación tradicionales para aparentar legitimidad, o bien, «simulan ser información periodística real», además, se «apela a las emociones; por ello, suelen incluir informaciones que indignan, enojan o entristecen a fin de motivar a las personas para que compartan el mensaje» (Castro Ávila 2021, 15). A continuación, en la Tabla 2, se presentan las falsedades identificadas como contenido falso en el discurso del presidente y su equipo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabla 2. Desinformación: contenido falso

Hecho en el que se detecta la falsedad

Descripción

Decreto de vacunación inexistente al firmarse.

El gobierno afirmó haber firmado un decreto eliminando la vacunación obligatoria, pero el decreto no existía al momento de la firma y fue redactado después.

Poseer armas de fuego automáticas de guerra es un delito en el país.

Se afirmó que poseer un arma de guerra era solo una contravención, pero la ley establece que es un delito con penas de cárcel.

Sala IV corrigió al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) sobre la delimitación del Refugio Natural de vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Se negó que la Sala IV ordenara la delimitación del área protegida, pero la Sala IV confirmó que sí emitió esa orden en el 2019.

Ministerio de Justicia y Paz desmintió al presidente sobre estudios para cárceles de carpas.

Se afirmó que había estudios técnicos que avalaban la viabilidad de cárceles de carpas, pero el Ministerio de Justicia admitió que no existían tales estudios.

Embajada de los Estados Unidos desmintió visita de expertos para evaluar terreno de nuevo hospital de Cartago.

Se afirmó que la embajada estadounidense traería expertos para evaluar un terreno, pero la embajada negó estar coordinando tal visita.

Intel negó que evaluara permanecer en Costa Rica.

Se afirmó que Intel estaba reconsiderando su permanencia en el país, pero la empresa lo desmintió y reafirmó su compromiso con Costa Rica.

Tormenta Bonnie no causó daños en pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber.

Se justificó la reparación de la pista del aeropuerto debido a daños causados por la tormenta Bonnie, pero un informe técnico indicó que no hubo daños relacionados con la tormenta.

Banco Central contradijo al presidente al mencionar que Costa Rica sí cuenta con reservas de dólares suficientes.

Rodrigo Chaves afirmó que el país no tenía suficientes reservas de dólares, pero el Banco Central demostró que las reservas son suficientes.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, aclaró que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) está excluida de la regla fiscal.

El presidente afirmó que la CCSS estaba sujeta a la regla fiscal, pero el ministro de Hacienda aclaró que no es así, que la institución se encuentra exenta de la norma.

Personas directivas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no fueron nombradas ilegalmente.

Se afirmó que tres personas directivas del ICE fueron nombradas ilegalmente, pero la Fiscalía concluyó que no hubo irregularidades en los nombramientos.

Fiscalía desmiente tardanza en caso de agresión a colegiala.

Se afirmó que la Fiscalía no actuó hasta que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) denunció el caso, pero la Fiscalía demostró que ya había iniciado el proceso antes.

Contraloría General de la República (CGR) desmintió al presidente sobre freno a marina y terminal de cruceros.

Se afirmó que la CGR había impedido la construcción de una marina, sin embargo, la institución negó haber emitido tal criterio.

Directivos de la CCSS nunca aprobaron plan contra listas de espera.

Se afirmó que la Junta Directiva de la CCSS aprobó un plan para combatir las listas de espera, pero la propia CCSS confirmó que no se había tomado tal decisión.

Marcha LGBTI+ sí contaba con permisos.

Se afirmó que la marcha LGBTI+ no tenía los permisos requeridos, pero la organización demostró que sí se contaba con todos los permisos en regla.

Presidencia ocultó orden de suspender publicidad en medios.

Se negó haber emitido una orden para suspender publicidad en ciertos medios de comunicación, pero audios revelaron que la directriz sí existió.

Mario Zamora, ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, contradijo a presidencia sobre uso de finca de Allan Pacheco Dent.

Presidencia afirmó que varias fuerzas policiales, incluida la Fuerza Pública, utilizaban una finca para entrenamiento, pero Mario Zamora negó la participación de la Fuerza Pública en el uso de la finca.

Municipio desmintió informe del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) sobre Parque Viva.

Se afirmó que Parque Viva tenía anomalías en sus permisos, pero la Municipalidad de Alajuela confirmó que el uso de suela era conforme al Plan Regulador.

Estudio del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) negó sobrepoblación de cocodrilos.

Se afirmó que había una sobrepoblación de cocodrilos en los ríos del país, pero un informe del MINAE desmintió esta afirmación, indicando que no hay evidencia que lo respalde.

Fiscala Cris González no incurrió en conflicto de intereses en supuesto caso de evasión.

Se acusó a la fiscala González de conflicto de intereses en un caso de evasión fiscal, pero una investigación determinó que no existió tal conflicto.

Juzgado desmintió denuncia de Luis Amador contra exviceministra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Se acusó a la exviceministra de obstrucción de evidencias, pero el juzgado desestimó la denuncia por falta de pruebas.

Fiscal negó orden para detener a manifestantes en Hatillo, San José.

Se afirmó que el Poder Judicial emitió una orden de detención contra los manifestantes, pero el Fiscal aclaró que nunca se emitió tal orden.

Asaltante de autobús no contaba con tobillera electrónica.

Se afirmó que el sospechoso de un asalto a un autobús portaba tobillera electrónica, pero el Ministerio de Justicia y Paz confirmó que no la utilizaba.

Acuerdos de Comisión de Vacunación no eran nulos según criterios de la Procuraduría.

Se afirmó que los acuerdos de la Comisión Nacional de Vacunación eran ilegales debido a nombramientos vencidos, pero la Procuraduría General de la República indicó que los actos del órgano seguían siendo válidos.

Fundación MarViva no encabezó denuncia de los Estados Unidos contra el gobierno.

Se afirmó que MarViva estaba detrás de una demanda en los Estados Unidos contra el gobierno, pero la organización desmintió la afirmación y aclaró que solo suscribió una denuncia presentada por otra entidad.

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura no consultó a instituciones sobre inclusión de fauna silvestre en lista comercial.

Se afirmó que varias instituciones (Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, MINAE y SINAC), fueron consultadas para inclusión de fauna silvestre en una lista comercial, pero estas instituciones negaron haber sido consultadas.

Terreno para el nuevo hospital de Cartago no fue de los más caros.

Se afirmó que el terreno comprado para el hospital de Cartago fue de los más caros, pero la CCSS informó que fue una de las ofertas más económicas.

Sala IV no ordenó a Justicia la compra masiva de computadoras.

Se afirmó que la Sala IV ordenó una compra masiva de computadoras para reclusos, pero la Sala aclaró que solo ordenó proporcionar medios electrónicos para consulta de expedientes.

Sala IV no impidió despido de policía penitenciario.

Se afirmó que la Sala IV impidió el despido de un policía penitenciario, pero la Sala aclaró que no había emitido tal medida cautelar.

Compra de terrenos por parte del Poder Judicial para la Sala IV.

Se afirmó que la CGR permitió al Poder Judicial comprar terrenos por excepción, pero el Poder Judicial aclaró que la compra se realizó mediante un fideicomiso.

Gobierno no instaló nuevos escáneres en el 2023.

Se afirmó que el gobierno instaló nuevos escáneres en el 2023, pero los únicos escáneres en operación fueron instalados por APM Terminals en 2022.

Inexistencia de orden para suspender cobro de peajes.

Se afirmó que el jerarca del MOPT pidió suspender el cobro de peajes el día del derrumbe en Cambronero (San Ramón, Alajuela), pero la concesionaria confirmó que la solicitud llegó un día después del siniestro.

Consultoría inexistente de la CCSS con Banco Mundial.

Se anunció una consultoría con el Banco Mundial para evaluar seguros de salud y pensiones, pero se confirmó que nunca existió.

Pilar Cisneros afirma que Hatillo, San José, gasta el doble de agua que el país.

Se afirmó que Hatillo en San José consume le doble de agua que el resto del país, pero datos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indicaron que su consumo es menor que el promedio de San José.

Exministro de Hacienda, Elian Villegas, contradice a presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social.

Se afirmó que las becas del programa Avancemos fueron recortadas debido a una meta irreal, pero el exministro Villegas desmintió esto, indicando que la meta fue cumplida.

Ley Jaguar sí debilitaría a la CGR.

Se afirmó que la Ley Jaguar no afectaba a la Contraloría, pero la Sala IV declaró que el proyecto sí reducía las funciones del órgano controlador.

Sala IV no ordenó poner cámaras corporales en todos los policías penitenciarios.

Se afirmó que la Sala IV exigió que todos los policías penitenciarios llevaran cámaras corporales, pero la Sala aclaró que solo ordenó grabar las intervenciones, no adquirir cámaras para todos.

Tribunal pidió más policías por informe de director carcelario.

Se afirmó que una jueza ordenó el traslado de policías entre centros penitenciarios, pero el tribunal aclaró que la orden se basó en un informe de carencias de personal en la cárcel de Alajuela.

Construcción de obra pública de calidad, sin sobrecostos y cumpliendo plazos.

Se afirmó que la infraestructura pública se estaba construyendo sin sobrecostos, pero se revelaron irregularidades y sobrecostos en un contrato para reparar la pista del Aeropuerto Daniel Oduber.

Denuncia contra periodista sin pruebas ni testigos.

Se denunció a un periodista por agredir a una funcionaria, per la denuncia fue archivada por falta de pruebas y testigos.

Segunda Ley Jaguar sí puede ir a consulta a la Sala IV.

Se afirmó que ciertas reformas incluidas en la Ley Jaguar no fueron sujetas a consulta por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero este ente aclaró que esas reformas aún se encontraban en etapa de análisis.

Fuente: Información extraída de Córdoba (La Nación, 18 de agosto 2024).


El análisis de las desinformaciones clasificadas como de contenido falso revela un patrón claro de afirmaciones completamente fabricadas o distorsionadas por parte del gobierno, que carecen de base en hechos verificables. Este tipo de desinformación tiene el potencial de manipular la opinión pública, ya que se presenta bajo el manto de autoridad y legitimidad, lo que aumenta su capacidad de engaño. Al revisar casos como el del decreto inexistente sobre vacunación obligatoria, o la falsa información de que Intel reconsideraba su permanencia en Costa Rica, se evidencia un uso recurrente de información inventada para influir en la percepción pública. Además, este tipo de desinformación también apela a emociones fuertes, como la indignación o el miedo, lo que motiva a las personas a compartir dichos mensajes sin verificar su veracidad. De esta forma, las estrategias de diseminación de contenido falso están alineadas con los intereses políticos inmediatos del gobierno, generando un impacto considerable en la confianza en contra de las instituciones y la estabilidad del discurso público.

 

Contenido engañoso

La desinformación por contenido engañoso se suele dar cuando se utilizan hechos o datos reales manipulados, de manera tal que las personas sean inducidas a una interpretación errónea de los hechos, o bien, parcialmente verdadera (Castro Ávila 2021; Sánchez Duarte y Magallón-Rosa 2023; y Anguita et al. 2023). Este tipo de desinformación suele ser más sencilla de detectar, ya que se basa en información que puede tener sustento en la realidad, pero se distorsiona para ajustar un determinado mensaje o narrativa. A continuación, en la Tabla 3, se presentan las falsedades identificadas como de contenido engañoso en las declaraciones del gobierno.

 

Tabla 3. Desinformación: contenido engañoso

Hecho en el que se detecta la falsedad

Descripción

Documentos equivocados sobre nuevo terreno para hospital en Cartago.

Se usaron informes de un terreno equivocado para justificar la paralización del nuevo hospital de Cartago, cuando el terreno real era adecuado.

Luis Amador (exministro del MOPT) sabía que las reinspecciones vehiculares no podía ser gratis.

Se afirmó que las reinspecciones vehiculares no podían ser gratuitas debido a regulaciones, sin embargo, Luis Amador ya conocía que Dekra no realizaría reinspecciones gratuitas por razones económicas.

Listas de espera para mamografías no llegaron a cero, como mencionó Joselyn Chacón (exministra de Salud Pública).

Se afirmó que las listas de espera para mamografías habían llegado a cero, pero no se cumplió la meta debido a retrasos en la revisión de pacientes.

Natalia Díaz (exministra de la Presidencia) corrigió al presidente sobre reforma a prisión preventiva.

Rodrigo Chaves, afirmó que un proyecto de ley fue archivado, pero Natalia Díaz corrigió y explicó que el proyecto sería incorporado en un texto sustitutivo.

₡ 200 000 millones para listas de espera se trasladaron a hospital de Limón.

Se afirmó que un fondo de ₡200 000 millones se destinó para erradicar las listas de espera, pero se confirmó que el dinero fue utilizado para el nuevo Hospital Tony Facio en Limón.

Recortes a la inversión pública en vivienda.

Se afirmó que se habían entregado 16 000 viviendas en dos años, pero los datos mostraron que el número de bonos entregados fue mucho menor que en años anteriores.

Fuente: Información extraída de Córdoba (La Nación, 18 de agosto 2024).

 

Como se puede apreciar, el uso de contenidos engañosos es especialmente insidioso porque, al basarse en hechos parcialmente verdaderos, puede generar confusión en el público, al hacer que las mentiras sean más difíciles de detectar. Casos como el de los documentos equivocados sobre el nuevo hospital de Cartago o el traslado de fondos originalmente destinados a listas de espera al hospital de Limón, son ejemplos claros de cómo se manipulan los hechos para distorsionar la realidad. Estos casos buscan desviar la atención de la verdadera situación y mantener una imagen favorable del gobierno, al tiempo que perjudican la transparencia en el manejo de la información pública.

 

Contexto falso

El contexto falso, referido a la presentación de información verídica, pero fuera de su contexto original, lo que puede generar la distorsión de su significado o crear una relación falsa entre los hechos (Castro Ávila 2021; Sánchez Duarte y Magallón-Rosa 2023; y Anguita et al. 2023). Esta técnica de desinformación es particularmente engañosa porque la información presentada puede ser cierta, pero su uso descontextualizado induce a las personas a interpretarla de manera incorrecta. En la Tabla 4, se detallan las falsedades clasificadas como contexto falso empleadas por el gobierno.

 

Tabla 4. Desinformación: contexto falso

Hecho en el que se detecta la falsedad

Descripción

Sospechoso de narco sí se reunió en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) durante este gobierno.

Se afirmó que la reunión ocurrió en la administración pasada (Alvarado Quesada, 2018-2022), pero en realidad sucedió durante la gestión actual.

Viceministro de Seguridad fue destituido por perdida de confianza.

Se destituyó al viceministro de Seguridad por presunta pérdida de confianza en un proceso de licitación, pero una investigación lo exoneró de toda responsabilidad.

Gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) no negoció acuerdo de rotación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Se afirmó que la administración Chinchilla Miranda negoció el acuerdo de rotación de la secretaría general del SICA, pero dicho acuerdo fue alcanzado durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018).

Fuente: Información extraída de Córdoba (La Nación, 18 de agosto 2024).

 

El uso de desinformaciones de contexto falso en las declaraciones gubernamentales busca aprovechar hechos reales para generar narrativas engañosas. Al sacar de contexto acontecimientos, como la reunión de un sospechoso de narcotráfico en el INCOFER, o el supuesto acuerdo de rotación del SICA negociado en el gobierno de Laura Chinchilla Miranda, se altera la percepción pública de la realidad. Este tipo de desinformación es efectivo para confundir y distraer a la población, ya que se aprovecha de la veracidad parcial de los hechos para construir relaciones falsas entre los mismos, dañando la confianza en los actores políticos y en la veracidad de la información gubernamental.

 

Contenido impostor

Otro de los tipos de desinformación identificados fue el de contenido impostor, el cual se caracteriza por la suplantación de identidad de una fuente legítima para hacer creer que la información proviene de una entidad o persona confiable (Castro Ávila 2021; Sánchez Duarte y Magallón-Rosa 2023; y Anguita et al. 2023). Esta estrategia busca confundir a las personas, utilizando el prestigio o autoridad de una fuente falsamente atribuida para otorgar credibilidad a la información difundida. A continuación, en la Tabla 5, se presentan las falsedades identificadas como de contenido impostor.

 

Tabla 5. Desinformación: contenido impostor

Hecho en el que se detecta la falsedad

Descripción

Caso de evasión fiscal carecía de un informe técnico.

Se afirmó que un caso de evasión fiscal estaba respaldado por un informe técnico, pero se descubrió que no existía dicho informe.

Gobierno no presentó amparo sobre pensiones del Poder Judicial.

Se afirmó que el gobierno presentó un amparo para obtener información sobre pensiones, pero la Sala IV aclaró que el amparo lo presentó una actuaria personalmente y no el gobierno.

Fuente: Información extraída de Córdoba (La Nación, 18 de agosto 2024).

 

Se considera a el contenido impostor especialmente dañino porque socava la confianza en las instituciones al hacer que declaraciones falsas parezcan respaldadas por fuentes oficiales o técnicas. Casos como el supuesto informe técnico que respaldaba un caso de evasión fiscal o la presentación de un amparo sobre pensiones por parte del gobierno, revelan cómo se intenta legitimar información fabricada o manipulada al atribuirla falsamente a actores institucionales. Esta técnica no solo confunde a las personas, sino que erosiona la credibilidad de las instituciones involucradas, afectando la percepción de transparencia y responsabilidad en la gestión pública.

 

Contenido manipulado

Por último, se identificó la desinformación haciendo uso del contenido manipulado, es decir, del uso de deliberado de textos, imágenes o videos alterados, con el fin de engañar o cambiar el mensaje original (Castro Ávila 2021; Sánchez Duarte y Magallón-Rosa 2023; y Anguita et al. 2023). Este tipo de desinformación se utiliza para distorsionar la realidad, creando una percepción errónea de los hechos y generando confusión en las personas. En la Tabla 6, se presenta un caso identificado de este tipo.

 

Tabla 6. Desinformación: contenido manipulado

Hecho en el que se detecta la falsedad

Descripción

Ministra de la Presidencia fingió firmar una ley.

La ministra simuló firmar una ley, pero un video mostró que el lapicero no tocó el papel y no se estampó la firma.

Fuente: Información extraída de Córdoba (La Nación, 18 de agosto 2024).

 

Al hacer uso de contenido manipulado, se tiene el potencial de causar un alto impacto debido a su capacidad para alterar evidencias visuales o escritas que suelen considerarse irrefutables. En este caso, al simular la ministra de la Presidencia firmar una ley, el uso de un video manipulado para dar la impresión de que se había realizado una firma oficial refleja una estrategia de desinformación visual, diseñada para engañar a las personas. Este tipo de manipulación mina la confianza en los procesos institucionales y fomenta la desconfianza hacia los representantes del gobierno y su accionar.

 

Desinformación: sátira o parodia  

Aunque estos casos no están incluidos en las 52 falsedades previamente identificadas, se mencionan ya que pueden ser analizados bajo la categoría de sátira o parodia. El primero de los casos corresponde a los ruidos extraños (imitando el rugir de un jaguar) emitidos por el presidente Rodrigo Chaves durante un discurso (Ramírez, CRHoy 16 de junio 2024), mientras que en el segundo hace referencia a la frase «no tengo pruebas, pero no tengo dudas» (Chaves Robles, citado por Semanario Universidad 2024), tomada de un meme popular divulgado en redes sociales y dicho durante conferencia de prensa; ambos comentarios y comportamientos podrían haber tenido un tono irónico o humorístico. Sin embargo, si se toman fuera de contexto o de manera literal, pueden llevar a la confusión y a una interpretación errónea.

Aunque estas expresiones no están directamente relacionadas con falsedades deliberadas, su uso puede distorsionar el enfoque de temas serios. Estos episodios, como la onomatopeya del jaguar, utilizado puntualmente para criticar a la CGR, demuestran cómo el humor o la ironía en discursos gubernamentales pueden trivializar asuntos importantes y, al mismo tiempo, desviar la atención del público hacia interpretaciones ambiguas.

 

 

Impacto de la desinformación en la democracia

 

La desinformación tiene un impacto profundo y peligroso en la democracia, afectando tanto a las instituciones como a la ciudadanía. En primer lugar, distorsiona el proceso de toma de decisiones al suministrar información falsa o manipulada que confunda a los votantes, limitando su capacidad para tomar decisiones informadas. Para López-López, Dagatti, y Mendoza (2022, 13), «la propagación de noticias falsas en la sociedad digital constituye un peligro para la política, para la economía y también para la salud pública», debido a la manipulación de la opinión en contextos electorales y de crisis. En segundo lugar, la desinformación erosiona la confianza en las instituciones democráticas, debido a que, al circular información incorrecta o tergiversada, se socava la credibilidad de las entidades gubernamentales y de los medios de comunicación. En este sentido, Blanco Alfonso plantea que «la pérdida de credibilidad de las noticias es un fenómeno que recurrentemente aparece vinculado con la polarización social» (2023, 16); lo que lleva a un aumento de la desconfianza entre la ciudadanía.

Además, la desinformación favorece la polarización política al amplificar narrativas falsas que apelan a las emociones y fomentan la división social. Blanco Alfonso señala que las noticias falsas, y la desinformación en general, son emitidas «habitualmente por fuentes anónimas o desconocidas, y que se propaga entre amplias masas de público a gran velocidad» (2023, 3). Esta rápida difusión de mentiras refuerza prejuicios y contribuye a la creación de burbujas informativas, donde los individuos solo consumen información que confirma sus creencias preexistentes.

Sin embargo, el impacto de la desinformación no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de quienes la emiten, sino también desde la recepción y reacción del público. Los ciudadanos no son meros receptores pasivos, sino que su forma de procesar la información está mediada por emociones y procesos cognitivos que determinan sus respuestas ante la desinformación. Corduneanu señala que «las emociones sociales y socializadas, así como las emociones personales, desempeñan un papel importante en la movilización» (2019, 71). Esto implica que el fenómeno de la posverdad no solo se basa en la manipulación informativa desde el poder, sino en cómo las emociones individuales y colectivas influyen en la interpretación y difusión de dicha información.

La movilización política basada en emociones ha sido clave en contextos de crisis y elecciones recientes en América Latina. Según Corduneanu (2019), el enojo y el miedo pueden actuar como detonantes de la acción colectiva, pero también pueden ser instrumentalizados para generar adhesión política. Este aspecto es fundamental para entender por qué, a pesar de que muchas falsedades son desmentidas, ciertos sectores de la ciudadanía continúan apoyando a sus líderes políticos. En esa dirección, la desinformación no solo es un problema de circulación de información errónea, sino de construcción de identidades políticas basadas en el afecto y la pertenencia a comunidades afectivas que comparten emociones y narrativas comunes.

De esta forma, las consecuencias de la desinformación no solo afectan la calidad de la democracia, sino también la convivencia social. López-López, Dagatti y Mendoza explican que «la desinformación afecta a muchos aspectos de la esfera pública: a la toma de decisiones, a la formulación de preferencias, a la construcción de los afectos, a la polarización o, simplemente, a la adquisición de valores democráticos» (2022, 13). Por lo tanto, combatir la desinformación requiere no solo estrategias de verificación y alfabetización informacional, sino también una comprensión de los mecanismos emocionales que la sostienen y la hacen efectiva.

 

 

Impacto de la desinformación en la democracia costarricense

 

En el caso de la democracia costarricense, la desinformación emitida por el presidente Rodrigo Chaves y su equipo ha generado un impacto significativo en la percepción ciudadana y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Uno de los principales problemas radica en que la manipulación de la información no solo confunde al electorado, sino que también dificulta la participación informada de la ciudadanía. Al presentar hechos tergiversados o falsos, especialmente en ámbitos como la economía y la infraestructura, se distorsiona el debate público y se debilita la rendición de cuentas. Sin embargo, como señalan Alfaro Redondo, Camacho Sánchez, Chacón Mendoza y Ruiz Tijerino (2024), a septiembre de 2024, el 52 % de la población costarricense mantiene una valoración positiva del presidente, a pesar de la recurrencia de falsedades en su discurso. Esta aparente paradoja sugiere que el apoyo a Chaves no puede explicarse únicamente por la influencia de la posverdad y la desinformación, sino que es necesario considerar una serie de factores sociales y culturales que influyen en la percepción ciudadana.

El uso estratégico de plataformas digitales ha sido un elemento central en la comunicación gubernamental y la construcción de la imagen del presidente. Molina (Semanario Universidad 14 de junio de 2024) señala que el 21 % de los costarricenses ha compartido desinformación a través de WhatsApp, lo que refleja la facilidad con la que se propagan narrativas engañosas en un país donde esta plataforma es utilizada por el 98 % de la población, y donde Facebook alcanza una penetración del 85 % (Brenes Peralta, Siles González, y Tristán Jiménez 2024). La repetición de información sesgada y la segmentación del público en redes sociales refuerzan percepciones preexistentes y consolidan el apoyo a figuras políticas que utilizan estas herramientas con eficacia. Sin embargo, reducir el respaldo al presidente únicamente a la propagación de noticias falsas sería simplista.

Para Vergara, Vergara Estévez y Gundermann (2010), las identidades culturales en América Latina ofrecen una perspectiva clave para entender por qué ciertos sectores mantienen su respaldo a líderes como Chaves. Según estos autores, la identidad cultural y política de los latinoamericanos no puede entenderse de manera aislada, sino que está atravesada por una historia de crisis estructurales, incertidumbre y búsqueda de representatividad. «Debe reconocerse la historicidad del fenómeno de las identidades colectivas, sociales o culturales, y el impacto que en ellas han tenido las transformaciones experimentadas en las últimas décadas en América latina» (Vergara, Vergara Estévez y Gundermann 2010, 58). En este caso, el respaldo a Chaves no solo responde a la efectividad de su estrategia comunicacional, sino a la manera en que su discurso apela a una identidad nacional que se siente amenazada por las élites políticas tradicionales y los medios de comunicación.

Asimismo, la estrategia comunicacional del presidente se inscribe dentro de una tendencia más amplia en la política latinoamericana, donde el populismo ha utilizado la comunicación para reforzar su legitimidad. Koeneke analiza las estrategias de líderes como Hugo Chávez y Juan Domingo Perón, quienes «han tendido a coincidir en el uso intenso y sesgado a su favor de los medios de comunicación social. Con ello se proponen, con matices diferentes, ascender y perpetuarse en el poder» (2014, 79). En el caso costarricense, la constante confrontación de Chaves con los medios de comunicación y su apelación a la «verdad del pueblo» frente a los «poderes tradicionales» refuerzan su imagen como un líder que desafía el statu quo.

Por otro lado, el fenómeno de la desinformación gubernamental no puede analizarse sin considerar las dinámicas emocionales y cognitivas que intervienen en la percepción política. La identidad política y el sentido de pertenencia a un grupo juegan un papel crucial en la forma en que los ciudadanos procesan la información. Para Vergara, Vergara Estévez y Gundermann «las identidades culturales no se refieren únicamente al pasado, sino también al presente y al futuro, a lo que se quiere llegar a ser» (2010, 62). En este sentido, el apoyo al presidente Chaves puede interpretarse no solo como un reflejo de la posverdad, sino como una reafirmación de una identidad colectiva que se posiciona en oposición a las élites tradicionales y a los medios críticos de su gestión.

Finalmente, si bien la desinformación contribuye a la consolidación del apoyo político, también es fundamental considerar el contexto socioeconómico y político del país. El respaldo al gobierno puede estar influenciado por factores como el descontento con los partidos tradicionales, la crisis económica y la necesidad de estabilidad. Como señala Koeneke «los neopopulistas, en vez de auspiciar el «movimientismo», han tendido a promover el rechazo a los partidos, simultáneamente con su auto-exaltación como líderes carismáticos» (2014, 81). En el caso de Costa Rica, el fenómeno del desencanto con la política tradicional y la búsqueda de nuevas formas de representación pueden ser clave para comprender el apoyo sostenido a Chaves, independientemente de la exposición a desinformación.

De esta forma, el impacto de la desinformación en la democracia costarricense es innegable, pero no debe analizarse de forma aislada. La consolidación del apoyo al presidente responde a una combinación de factores que incluyen estrategias comunicacionales, identidades colectivas, emociones políticas y dinámicas socioeconómicas. Comprender esta complejidad es fundamental para desarrollar estrategias efectivas que fortalezcan la democracia y el acceso a información verificada.

 

 

Conclusiones

 

El análisis realizado evidencia cómo la desinformación y la posverdad, utilizadas desde los altos niveles del gobierno, han impactado significativamente la democracia costarricense. La manipulación de la verdad, la difusión de información tergiversada y la fabricación de falsedades han erosionado la confianza en las instituciones y han condicionado la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas. A pesar de que diversas afirmaciones han sido verificadas y desmentidas, el apoyo hacia el presidente y su equipo de gobierno se ha mantenido, lo que demuestra el poder de la desinformación en la construcción de narrativas políticas. Este fenómeno ha sido amplificado por la utilización estratégica de redes sociales, especialmente WhatsApp, donde la viralización de información sin verificación contribuye a reforzar creencias preexistentes y profundizar la polarización.

La desinformación no solo altera la percepción de la realidad, sino que también influye en la estabilidad democrática al priorizar las emociones sobre los hechos. Como lo señala Sullivan (2018), el problema no radica únicamente en que la desinformación exista, sino en el impacto que tiene sobre la mente de los ciudadanos, afectando su capacidad de discernir la verdad de la mentira y promoviendo la consolidación de falsas percepciones sobre la realidad política​. En este contexto, la posverdad se convierte en una herramienta eficaz para moldear la opinión pública, explotando sesgos cognitivos y apelando a narrativas emocionales que favorecen la adhesión política sin un análisis crítico de los hechos.

Ante esta situación, es fundamental considerar estrategias que permitan contrarrestar la desinformación y fortalecer la resiliencia democrática. Una de las respuestas más relevantes es el fortalecimiento de instituciones que verifican la información y combaten la manipulación mediática. Según Bontcheva y Posetti (2020), la respuesta a la desinformación debe ser integral e incluir esfuerzos gubernamentales, regulaciones mediáticas, campañas de alfabetización informacional y apoyo a un periodismo crítico e independiente​. Así, la transparencia institucional y la rendición de cuentas se convierten en elementos clave para evitar la propagación de narrativas engañosas desde el poder político.

Además del fortalecimiento de instituciones, la alfabetización informacional se posiciona como una herramienta esencial para combatir la desinformación. La alfabetización informacional no solo implica la capacidad de acceder a información verificada, sino también el desarrollo de habilidades críticas para analizar y evaluar la veracidad de los contenidos a los que se expone la ciudadanía. Como plantea Sullivan (2018), la simple disponibilidad de información de calidad no es suficiente si los ciudadanos no poseen herramientas para discernir entre fuentes confiables y manipulaciones mediáticas​. Es por ello por lo que, dentro de las múltiples estrategias para abordar la crisis de la posverdad, es imperativo fomentar programas educativos que refuercen la capacidad de análisis crítico y el reconocimiento de tácticas de desinformación.

Si bien la alfabetización informacional es una respuesta clave, no es la única solución. La lucha contra la desinformación requiere un enfoque multidimensional que involucre tanto a los medios de comunicación, las plataformas digitales y la sociedad civil. Bontcheva y Posetti (2020) enfatizan en la importancia de la regulación de contenidos en redes sociales, el desarrollo de políticas públicas que promuevan la transparencia informativa y la implementación de mecanismos de verificación de datos en tiempo real​. Asimismo, la cooperación internacional y la creación de redes de verificación colaborativa pueden contribuir a mitigar la propagación de información engañosa, evitando que las narrativas de posverdad sean utilizadas como herramientas de manipulación política.

            La desinformación y la posverdad representan desafíos significativos para la democracia costarricense y para el ejercicio ciudadano de la toma de decisiones informadas. La creciente influencia de la desinformación en los procesos políticos evidencia la necesidad de una respuesta integral que combine educación, regulación y fortalecimiento de instituciones encargadas de verificar la información. Solo mediante el desarrollo de una ciudadanía informada y crítica, y el compromiso de los actores políticos y mediáticos con la transparencia y la veracidad, será posible mitigar el impacto de la posverdad en la esfera pública y fortalecer los cimientos democráticos de la sociedad.

 

Referencias

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