Resumen
En Costa Rica, durante el siglo XX, tanto la ordenación territorial como las políticas ambientales y sus respectivos instrumentos de implementación resultaron ineficientes o insuficientes para evitar, o cuando menos reducir, los impactos negativos que generan, sobre el ambiente, las diversas actividades desarrolladas por el ser humano. Sin embargo, durante las últimas dos décadas -principalmente, a partir de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, en 1994, que consagró el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado- encontramos esfuerzos legislativos, administrativos y comunitarios, encausados a lograr una adecuada armonía entre las actividades humanas, la protección del ambiente y el crecimiento ordenado de las ciudades. Sin lugar a dudas, el elemento ambiental ha adquirido una creciente relevancia en el país, a lo largo de los últimos veinte años, que se ha visto reflejadaen la promulgación de leyes y reglamentos, que buscan tanto consagrar la protección ambiental, como suplir la ausencia, ya se directa o indirectamente, de normas jurídicas de naturaleza urbanística.
Determinar con mayor precisión, desde la perspectiva jurídica, la incidencia del elemento ambiental en la ordenación territorial y la planificación urbana, a través de las acotadas normas y a su vez, de las políticas públicas y sus instrumentos de implementación, se convierte en el objetivo del presente artículo; buscando, a su vez, ofrecer un análisis sobre las resoluciones, tanto adminstrativas como judiciales, que permita identificar sus alcances y afectación -positiva o no- sobre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Lo anterior, con la finalidad de reconocer sus efectos y definir, de cara al futuro, cuáles aspectos se pueden y deben mejorar, en aras de lograr la consecución de una cohesión socioeconómica y un desarrollo sostenible pleno, que repercuta en una mejor calidad de vida para la población costarricense.