Honduras: determinants of social
exclusion during the neoliberal accumulation model
Mario Enrique Pineda Talavera
Departamento de Economía,
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Honduras
enrique.pineda@unah.edu.hn; mariopt9227@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0618-8791
Fecha
de recepción: 16 de octubre
del 2024
Fecha
de aceptación: 19 de mayo del 2025
Cómo citar:
Pineda Talavera, Mario Enrique. 2026. Honduras:
determinantes de la exclusión social durante el modelo de acumulación
neoliberal (2006-2013). Revista Reflexiones.
105 (1). DOI 10.15517/rr.v105i1.62336
Resumen
Introducción: La redefinición del Estado como
consecuencia del cambio de modelo de acumulación modificó sus funciones y
permitió la profundización de la desigualdad social en su versión extrema: la
exclusión social.
Objetivo: Analizar
los determinantes de la exclusión social en Honduras en el contexto del modelo
de acumulación neoliberal (2006-2013), explorando así la relación entre
ciudadanía social, inserción laboral y acceso a derechos fundamentales.
Metodología: Mediante la estadística descriptiva y
multivariada y utilizando como fuentes de información las Encuestas Permanentes
de Hogares y Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística
de Honduras, se construyó un índice de exclusión social. También, se estimaron
tres regresiones logísticas binarias para determinar los rasgos socioeconómicos
y sociodemográficos de los excluidos.
Resultados: Se evidencia la persistencia de amplios
segmentos de la población en condición de exclusión social, quienes carecen de acceso
a seguridad social, credenciales educativas y tienen una inserción laboral de
baja calidad al mercado de trabajo.
Palabras clave: Ciudadanía social, Desigualdad social, Estado, Mercado laboral,
Regresión logística binaria.
Abstract
Introduction: The redefinition of the State as a consequence of the
change in the accumulation model, modified its functions and allowed the
deepening of social inequality in its extreme version: social exclusion.
Objective: To analyze the determinants of social exclusion in
Honduras within the context of the neoliberal accumulation model (2006–2013),
thereby exploring the relationship between social citizenship, labor market
integration, and access to fundamental rights.
By adopting a relational and
structural approach, this study seeks to capture the determinants of social
exclusion in Honduras under the neoliberal accumulation model.
Methodology: Using descriptive and multivariate statistics and
drawing on data from the Permanent Household Surveys and Multiple Purpose
Surveys (EPHPM) conducted by the National Institute of Statistics of Honduras,
a Social Exclusion Index was constructed. Additionally, three binary logistic
regressions were estimated to identify the socioeconomic and sociodemographic
characteristics of the excluded population.
Results: The findings reveal the persistence of large segments
of the population living in conditions of social exclusion, lacking access to
social security, educational credentials, and experiencing low-quality
integration into the labor market.
Keywords: Social citizenship, Social inequality, State, Labor
market, Binary logistic regression.
Introducción
La desigualdad social define las condiciones permisivas
de que unas personas accedan de forma diferenciada a recursos, servicios,
bienes y posiciones socialmente valorados (Kerbo 2003). El estudio de la
desigualdad social como condición estructurante se ha enmarcado en dos
tradiciones teóricas fundamentales: la liberal y la crítica. La primera
presupone que la lógica capitalista tiende a la generación de mayores niveles
de igualdad social y confiere un papel central al individuo como categoría
básica para el estudio del fenómeno. Además, destaca que, si bien el movimiento
lineal de la historia conduce a mejores escenarios de igualdad social, la
característica distintiva y natural de las sociedades humanas es la desigualdad
entre los individuos (Pérez Sáinz, 2014).
Desde esta perspectiva, la unidad analítica
es el individuo, el cual está inmerso en la dinámica social. Este posee mayores
posibilidades de desarrollo individual, resultado de la paulatina atenuación de
los niveles de desigualdad. Sin embargo, dicho proceso de nivelación social
siempre será relativo, puesto que la sociedad es por naturaleza desigual (Pérez
Sáinz, 2014).
La tradición radical plantea que el individuo
es una abstracción, este configura la negación de los condicionamientos que
invariablemente el contexto social impone a cada ser humano. Así se explica la
desigualdad por mecanismos de producción y apropiación de la riqueza social
derivada de decisiones y acciones de grupos dominantes en perjuicio de otros
dominados (Mora Salas, 2004; Pérez Sáinz, 2014).
Según Mora Salas (2004), la tradición radical
critica el argumento liberal sobre la naturalización de las desigualdades. En
contraposición, afirma que estas son construcciones socioculturales que definen
procesos persistentes de diferenciación social a favor de grupos específicos. Pérez
Sáinz (2010) enfatiza tres diferencias entre el enfoque radical y el liberal: a)
el primer enfoque desconoce el individualismo metodológico defendido por los
liberales, b) la visión radical se opone a la perspectiva acrítica del desarrollo
capitalista y c) cuestiona el carácter natural de las desigualdades, asumiendo
en cambio, que estas son una construcción sociohistórica y, por tanto,
susceptibles de ser modificadas.
La notable diferenciación y desigualdad
social es reflejo de su carácter sociohistórico, ya que es el resultado del
quiebre del pacto entre el Estado, las élites económicas y los sectores obreros
organizados. Estos procesos, según ciertas particularidades, permitieron la relativización
de las desigualdades sociales en el período de la segunda posguerra por medio
del fortalecimiento de la ciudadanía social, mediante la protección de los
derechos civiles, políticos y sociales.
Marco
teórico
Siguiendo la propuesta teórica de Pérez Sáinz
(2014), la desigualdad social se analiza a partir de dos dimensiones: el Estado
y el mercado. La aproximación a estas dimensiones se realiza a través de la
ciudadanía social y la inserción laboral. La ciudadanía social es el conjunto
de derechos sociales que garantiza el Estado a través de los sistemas educativo
y de salud; mientras que, la inserción laboral remite a la incorporación al
mercado de trabajo. Esta perspectiva es clave para entender el contexto
hondureño, donde el limitado acceso educativo y salud de calidad limita las
oportunidades de desarrollo de la población. Al mismo tiempo, el mercado
laboral está caracterizado por una fuerte informalidad y precariedad laboral.
Esto crea un círculo vicioso; aquellos sin acceso a salud y educación enfrentan
mayores dificultades para acceder a empleos de calidad, reforzando la exclusión
social.
La
conceptualización de ciudadanía social desarrollada por Marshall (1997) permitió
establecer una relación tripartita entre las instituciones para el
funcionamiento de la economía capitalista, la democracia liberal y el bienestar
de la población; y, en tal sentido, es un esfuerzo de mediación entre los
derechos civiles, políticos y sociales (Freijeiro
2008). De acuerdo con Aragón (2012), los aspectos centrales de la ciudadanía refieren
al estatus que le atribuyen derechos al individuo que se establecen por la
pertenencia a una comunidad. Este desarrollo siempre es gradual y constituye un
patrimonio común en cada sociedad.
La
noción de ciudadanía social implica que los ciudadanos son titulares de
derechos y, en el marco de la expansión capitalista, este reconocimiento de los
derechos sociales de las clases subalternas opera como un mecanismo garante de
la igualdad social. Según Gordon (2001), esta noción de ciudadanía social
permite la conciliación entre los valores de la democracia liberal. Al mismo
tiempo, enfatiza en la centralidad del bienestar material por medio de la
compensación con los efectos del mercado. La lógica inherente es que la
inclusión de derechos sociales, más allá de los civiles y políticos, garantiza
la prestación de servicios y recursos necesarios para el desarrollo de una
ciudadanía plena (Antxustegi 2010).
A partir de la década de los noventa el Estado
hondureño redujo aún más su participación como mediador de los diversos y
antagónicos intereses sociales y asumió un rol administrativo cuya finalidad
era la regulación del mercado, produciendo un acceso inequitativo a los
recursos, el aumento de las desigualdades sociales y el deterioro de los
servicios públicos. Esto está en línea con lo sostenido por Buenrostro (2011) para
el caso europeo en los setenta. Este proceso condicionó
los recursos, los esfuerzos organizativos y el diseño de procedimientos
orientados a prestaciones públicas como protección social, acceso a educación y
servicios sanitarios, objetivos, únicamente alcanzados en un lapso breve
caracterizado por el crecimiento económico. Así se fue encausando una
infraestructura estatal profesional y eficiente (Gordon 2001).
Por ello, la función de la ciudadanía social está referida
a la creación de mecanismos institucionales expresados en derechos sociales
(sistema educativo y servicios de protección social), que no alteran la base de
la desigualdad social, pero sí posibilitan la redistribución de recursos y
garantiza una igualdad social básica. Así se van reduciendo desigualdades que
han alcanzado niveles intolerables (Calderón Umaña 2012).
Como se ha mencionado, uno de los principales
mecanismos de relativización de las desigualdades sociales es el acceso al
sistema educativo. Las desigualdades educativas se expresan como el cierre
social y del acaparamiento de oportunidades educativas, resultado de la
jerarquía de estratificación social y su reproducción intergeneracional (Rambla 2013).
Los sistemas educativos constituyen un sector relevante de inclusión-exclusión
social institucionalizada que refuerzan los círculos viciosos sustentados en el
origen de clase. Aunque tambien reproducen determinados ordenamientos sociales
como consecuencia del abandono estatal y el avance del mercado (García et al.
1998).
La protección social brinda garantías básicas
para los individuos, las clases sociales y los pares categóricos, de tal forma
que puedan hacer frente a los riesgos que surgen del contexto. Permite reparar
los efectos una vez materializados dichos riesgos, como el desempleo, la
discapacidad o la vejez, atendiendo los factores estructurales que los originan
(pobreza y desigualdad), esto como producto de alianzas entre élites, sectores
medios y subalternos, que garanticen mayores índices de solidaridad y
protección social universal (CEPAL 2019; Sojo 2017). El fortalecimiento de la
ciudadanía social se materializa por medio de la creación de marcos legales
para el reconocimiento de derechos y el aumento de la inversión para la
transformación de la infraestructura requerida para garantizar el acceso al
sistema educativo, a servicios de salud de calidad y la configuración de un
sistema de protección que reduzca los riesgos y la vulnerabilidad.
La exclusión social: la desigualdad social radicalizada
La exclusión social es la forma en que se
expresa la radicalización de la desigualdad en las sociedades contemporáneas.
Según Pérez Sáinz (2007), el concepto de exclusión social se explica como: 1) ejercicio
de poder de un grupo sobre otro, 2) expresión extrema de la desigualdad social,
3) procesos de clausura social, 4) fenómeno multidimensional; y, 5)
debilitamiento de la ciudadanía social. La exclusión social se entiende como el
proceso en el cual se acumulan y combinan diversas desventajas que, al
constituirse en déficits culturales, económicos, políticos y sociales, impiden
que un individuo pueda alcanzar un estatus ciudadano. De igual forma, supone un
distanciamiento de los centros de poder, de los principales recursos y de los
valores dominantes (Hernández 2008). De aquí, se deriva su carácter
estructural, ya que depende de la configuración misma de las sociedades
contemporáneas y los procesos que afectan y distribuyen de forma cambiante
tanto los beneficios como los riesgos y la vulnerabilidad de ciertos grupos
sociales (Jiménez 2008).
Según Rizo López (2006), la naturaleza multidimensional
de la exclusión social se evidencia en que depende directamente del Estado, de
la normativa y los procedimientos legales para reconocer y proteger los
derechos sociales. Además, está relacionada con las dinámicas económicas y las
posibilidades de empleo que ofrecen o se niegan. Finalmente, está arraigada en
elementos sociales que operan como factores de cohesión e integración social o como
estímulos para la atomización social.
Cuando las asimetrías sociales son profundas, uno de
los mecanismos de desempoderamiento más notorios se produce por medio de la
explotación en el campo laboral, perjundicando con ello el bienestar material
de un sector significativo (Pérez Sáinz 2012). La precariedad laboral indicaría
el debilitamiento de los nexos sociales, los cuales posibilitaría la
integración y la protección social. En sentido contrario, representa el aumento
de la inestabilidad e inseguridad laboral, la expansión de las relaciones no
formales y la ausencia de marco legales de protección social (Julián Vejar 2014).
En el
contexto de la restructuración productiva fomentada por el neoliberalismo, la
precariedad y flexibilización laboral emergieron como signos de la ruptura de
los pactos sociales entre Estado, sindicatos y empresa privada (De la Garza
Toledo 2003). Para Standing (2011), la flexibilidad del mercado laboral supuso
la transferencia de los riesgos y la inseguridad a los trabajadores. Así, se
produjo un quiebre entre los procesos de acumulación de capital y la
legitimidad política del Estado. Se impulsaron la reducción de la seguridad y
la protección del empleo, la flexibilidad en las tareas productivas y un cambio
significativo de la estructura laboral (De la Garza Toledo 2003; Standing 2011).
En esta dimensión, la exclusión social representa limitaciones en la
participación en el mercado laboral, que conduce a la reducción de los niveles
de ingreso y afecta el acceso a viviendas, educación y salud de las clases
subalternas; materializando su desempoderamiento en contraposición a la
apropiación del excedente por la clase dominante (Jiménez 2008; Pérez Sáinz
2012).
Ciudadanía
y exclusión social
Honduras fue escenario de la
implementación de políticas de ajuste estructural en las últimas décadas del
siglo XX. De acuerdo con Guzmán y León (2019), uno de los principales efectos
fue el control de actividades productivas estratégicas por actores privados y
la configuración de un marco jurídico que garantizaba su reproducción. Esto propició
el auge del sector financiero, la agroexportación, la manufactura ligera y el
turismo. Para García (2015), las acciones estatales a lo largo de esta etapa
persiguieron dos objetivos fundamentales. Primero, se garantiza equilibrio
macroeconómico para reducir el impacto de la deuda externa. Segundo, se implementa
programas orientados a la reducción de la pobreza. Sin embargo, uno de los rasgos distintivos del
país era la polarización social reflejada en los elevados niveles de pobreza
que afectaron a más del 60 % de la población en los primeros años del siglo en
curso.
Una de sus iniciativas de mayor alcance fue el Programa de Red Solidaria
(2007-2009) y (2022-actualidad), por medio del cual se implementó la Estrategia
de Reducción de la Pobreza (ERP), con intervenciones en salud, educación,
infraestructura social y proyectos productivos, potenciando así al Programa de
Asignación Familiar (PRAF) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
(García 2015).
A nivel educativo las desigualdades se presentan
en diferentes etapas: ingreso al sistema, permanencia y culminación. Así, la
distribución de las oportunidades de acceso no se presenta de forma equitativa
en la población, las zonas rurales presentan menores niveles de acceso al
sistema en comparación con aquellas de áreas urbanas y, de igual forma, el
nivel de ingreso familiar incide de forma directa y proporcional en las
posibilidades de avance y logro en los diferentes niveles educativos (Espino
2015). Además, el gasto social en salud representa el 8.5 % del PIB, una cifra
inferior al 14.1 % del promedio de América Latina. Esto limita el desarrollo de
infraestructura hospitalaria y dificulta la contratación de personal sanitario
suficiente para atender el creciente nivel de demanda en los servicios de salud
(Organización Mundial de la Salud, 2014, citado por Carmenate Milián, Herrera
Ramos y Ramos Cáceres 2016).
Por su parte, Pineda Talavera (2019, 108)
señala que la implementación del modelo de acumulación neoliberal generó un
proceso sostenido de precarización laboral como resultado de la relación
desigual entre capital y trabajo. Todo esto sucedió en el marco de una
estructura de clases organizada para la contratación de la fuerza de trabajo de
los asalariados, como un mecanismo de expansión de los márgenes de acumulación
de excedente por parte de los propietarios del capital.
En Honduras los esfuerzos orientados a la consolidación de sistemas de
protección social se han visto afectados por el reducido impacto de las
políticas fiscales redistributivas, la definición de bajos aportes
obligatorios, niveles de crecimiento económico insuficientes, altos porcentajes
de informalidad laboral, entre otros aspectos. La articulación de estos
elementos al establecimiento de sistemas regresivos impositivos incide en
sistemas de protección social con baja cobertura (Ocampo y Gómez-Arteaga 2016).
Todo lo anterior indicaría las limitaciones
del Estado hondureño para garantizar la integración de un gran sector de su
población vía ciudadanía social. En cambio, supone que incluso en un momento
específico y puntual de apertura democrática, los mecanismos institucionales
fueron débiles e incapaces de evitar la reproducción de la exclusión social
(Sojo 2007).
Marco metodológico
Los estudios de Perdomo y Díaz Burdett (2013,
2015), en el Foro Social de la Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras
(FOSDEH), analizan la pobreza en Honduras mediante la medición de carencias
materiales y movilidad social. Sin embargo, presentan un vacío
teórico-metodológico ya que no consideran las relaciones de poder entre grupos
sociales, lo que limita su capacidad para explicar la exclusión social desde
una perspectiva relacional.
Por esto se parte de cuestionar el enfoque de la pobreza porque
presenta limitaciones analíticas al despolitizar la distribución de recursos,
asumir el consumo como única vía de integración social y considerar que la
movilidad social ascendente depende exclusivamente de políticas focalizadas de
combate a la pobreza (Mora Salas y Pérez Sáinz 2009).
El enfoque de la exclusión social supone el
cierre de oportunidades para las clases subordinadas, reflejando privaciones
estructurales en América Latina desde una perspectiva relacional. Esta noción
permite analizar las estructuras de acumulación históricas y entender la
exclusión como la expresión más extrema de la desigualdad social (Pérez Sáinz,
2007). Por ello, este estudio analiza la exclusión social en Honduras a partir
de tres dimensiones: educación, salud y mercado laboral (asalariado y
autoempleo). La precariedad laboral, característica de los mercados en América
Latina, permite comprender la relación capital-trabajo. Además, el autoempleo
se vincula con la reestructuración del capital, donde las actividades
cuentapropistas son un rasgo estructural de las economías periféricas.
Esto permite recuperar los procesos de
precarización laboral al situar el salario mínimo, la temporalidad en el
empleo, la duración de la jornada de trabajo y seguridad social. En vista de lo
expresado, según Mora Salas y Pérez Sáinz (2009, 56), «el núcleo central de la
noción de exclusión social no es el de las necesidades básicas insatisfechas,
sino el de la marginación social, entendida como privación de ciudadanía y
afuncionalidad laboral». Este abordaje posee dos bondades: la primera, remite
al carácter relacional, y la segunda, incorpora la dimensión del poder,[1] ofreciendo
una visión más integral que supera las interpretaciones tradicionales basadas
únicamente en la pobreza. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar
los determinantes de la exclusión social en Honduras en el contexto del modelo
de acumulación neoliberal (2006-2013), explorando así la relación entre
ciudadanía social, inserción laboral y acceso a derechos fundamentales. La
hipótesis central es que el modelo de acumulación neoliberal en Honduras ha
profundizado la exclusión social al debilitar la ciudadanía social y precarizar
la inserción laboral, limitando el acceso a derechos fundamentales como salud,
educación y seguridad social.
En el estudio se seleccionaron tres momentos
clave a partir de las Encuestas Permanentes de Hogares y Propósitos Múltiples
(EPHPM) del INE-Honduras, basándose en dos criterios: a) disponibilidad de
datos, y b) comparabilidad metodológica. Estas encuestas tienen comparabilidad
metodológica y representatividad a nivel nacional y en los dominios de Distrito
Central, San Pedro Sula, Resto Urbano y Resto Rural. Estas encuestas utilizan
un muestreo probabilístico, estratificado y bietápico, lo que permite obtener
estimaciones confiables. Además, los criterios analíticos que justifican esta
selección de años se muestran en la Tabla 1.
Los
datos se obtienen de la EPHPM del INE y consideran dos dimensiones: ciudadanía
social e inserción laboral. La ciudadanía social se mide a través de la
seguridad social, representada por la afiliación al Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS), y las credenciales educativas, que incluyen el nivel
educativo alcanzado, el rezago escolar y la titulación en educación superior. La
inserción laboral se evalúa mediante la precariedad laboral, considerando el
cumplimiento del salario mínimo, la estabilidad en el empleo, la jornada
laboral y la cotización al IHSS, así como la tipología del autoempleo,
determinada por la ubicación del establecimiento (dentro o fuera del hogar), el
nivel de ingresos y las credenciales educativas y la condición
de patrono medida por la capacidad de contratación de fuerza de trabajo y nivel
de ingresos.
Tabla 1.
Selección de coyunturas
|
Año |
Momentos |
Criterios
|
|
|
Económico |
Político-social |
||
|
2006 |
Solidez económica |
Auge del ciclo económico |
Inicio del progresismo zelayista |
|
2010 |
Cierre del progresismo y de la
política social ampliada |
Incremento al salario mínimo
(decretado en 2009) |
Efectos del golpe de estado |
|
2013 |
Consolidación del modelo de
acumulación |
Estancamiento del ciclo económico |
Cierre de la Estrategia de Reducción
de la Pobreza |
Fuente:
elaboración propia (2024)
De
acuerdo con la tabla 1, los diferentes momentos seleccionados en este estudio,
se explican de manera más detallada como sigue:
2006:
Auge del ciclo económico e inicio del progresismo
El crecimiento económico y estabilidad
macroeconómica favorecieron el empleo, especialmente en la agricultura, que
concentra una gran parte de la fuerza laboral. Se inició un ciclo de reformas
sociales para ampliar la participación y mejorar la protección laboral,
marcando una fase inicial de expansión relativa de derechos sociales.
2010: Cierre del progresismo y efectos del Golpe de
Estado
El aumento del salario mínimo en 2009 generó
tensiones entre el sector empresarial, la población trabajadora y el Estado,
mientras que la inestabilidad política tras el Golpe de Estado debilitó la
economía nacional. Este cambio supuso una reducción del papel del Estado y
favoreció la flexibilización laboral en las dinámicas del mercado de trabajo.
2013: Estancamiento económico y consolidación del modelo
neoliberal
El estancamiento económico redujo la
generación de empleo de calidad y aumentó la informalidad laboral. En le parte
política, el cierre de la ERP marcó el fin de las políticas sociales
focalizadas, consolidando un modelo basado en la reducción del gasto público y
la precarización del empleo, lo que retrotrae la capacidad distributiva.
Metodología
El estudio sigue un enfoque
cuantitativo con un alcance correlacional. Se trata de una investigación
observacional, retrospectiva y transversal en tres puntos de corte que
permitirán evaluar la evolución de la exclusión social en el caso hondureño. En
vista de lo anterior, se aplicó el índice de exclusión-inclusión social desarrollado
por Mora Salas y Pérez Sáinz (2009) y Pérez Sáinz (2012).
En
la Figura 1, se muestra el esquema conceptual de las zonas de
exclusión/inclusión, estructurado en ciudadanía social e inserción laboral. La
ciudadanía social se analiza a través de dos escalas: por un lado, seguridad
social (afiliación al IHSS) y, por otro, credenciales educativas (nivel
educativo y rezago escolar). La inserción laboral se mide con una escala
general que se desglosa en escalas según la población ocupada, diferenciando
entre precarización laboral (asalariados), tipología del autoempleo (no
asalariados) y tipología de patronos (empleadores). Este esquema permite
comprender cómo las condiciones laborales y el acceso a derechos determinan la
inclusión o exclusión social desde la dimensión del Estado y del mercado.
Fuente:
elaboración propia a partir de Pérez Sáinz. 2012.
Construcción
de la escala de ciudadanía social
Subescala
1: subescala de seguridad social
La seguridad social se evaluó según
la cotización al IHSS, asignando un valor de 2 a los asegurados directos, 1 a
quienes reciben cobertura indirecta a través de un familiar y 0 a quienes no
cuentan con acceso al sistema de salud.
Subescala
2: subescala de credenciales educativas
La subescala de credenciales
educativas mide el acceso y permanencia en el sistema educativo como parte de
los derechos sociales garantizados por el Estado. Su construcción se basa en
tres variables: nivel educativo alcanzado, asistencia al sistema educativo
(para diferenciar entre quienes finalizaron un nivel y quienes abandonaron) y
titulación en educación superior (clasificada en técnico superior, superior no
universitaria, superior universitaria y posgrado).
Los valores asignados en la escala
oscilan entre 0 y 7, donde 0 corresponde a niveles educativos más bajos (menos
de primaria o primaria incompleta) y 7 a estudios de posgrado completo. Para
afinar el análisis, se incorporaron dos variables de ponderación: rezago
educativo (clasificado en alto, medio, bajo y sin rezago) y probabilidad de
inserción laboral según la titulación, lo que permitió ajustar los valores de
la subescala y reflejar con mayor precisión las barreras estructurales en el
acceso y permanencia en el sistema educativo. La estandarización de estos
valores asegura comparabilidad y facilita su integración en el análisis de la
exclusión social.
Cálculo matemático
Para unificar la
escala de ciudadanía social, se aplicaron dos ajustes. Primero, la escala de
credenciales educativas se modificó para reflejar mejor su impacto en la
inclusión social, ajustando sus valores según el nivel educativo alcanzado y el
rezago escolar. Con este ajuste, su rango quedó entre 0 y 9, permitiendo que se
combine correctamente con la subescala de seguridad social.
Esta fórmula
ajusta la escala de credenciales educativas para mostrar de manera más precisa
las diferencias en el nivel educativo alcanzado.
·
Escala
de credenciales educativas:
representa el nivel de educación de una persona, desde primaria incompleta
hasta postgrado.
·
Escala
de credenciales educativas ponderada: introduce ajustes considerando factores como el
rezago educativo y la probabilidad de inserción laboral según la titulación.
·
División
entre 8: permite que los
valores finales sean proporcionales y comparables dentro del análisis.
Segundo, para lograr que la
escala de ciudadanía social tuviera un rango uniforme de 0 a 10, se aplicó un
ajuste combinando ambas escalas en una ecuación que garantiza su
proporcionalidad. La fórmula utilizada fue:
Inicialmente, la
combinación de ambas escalas resultaba en un rango de 0 a 9, por lo que se
aplicó este ajuste para extender su distribución y lograr que sus valores
oscilaran entre 0 y 10. Este proceso permitió una medición más precisa y
homogénea. Esto facilitó la comparación de los distintos niveles de ciudadanía
social.
Construcción
de la escala inserción laboral
La escala de inserción laboral se
compone de tres subescalas: precariedad laboral, tipología del autoempleo y
condición de patronos.
Subescala 3: precariedad laboral
Evalúa
la estabilidad y calidad del empleo asalariado a partir de cuatro variables:
·
Salario mínimo: recibe el salario mínimo (0) o no lo recibe (1).
·
Estabilidad en el empleo: contrato formal (0) o contrato
verbal/otro tipo (1).
·
Jornada laboral: cumple con la jornada establecida (0) o no la cumple (1).
·
Seguridad social: cotiza al IHSS (0) o no cotiza (1).
Cada
dimensión suma 1 punto si la condición es precaria, con un máximo de 4 puntos.
Para estandarizar la escala en un rango de 0 a 10, se aplica la siguiente
fórmula:
Un valor cercano a
0 indica baja precariedad laboral, mientras que un valor próximo a 10 refleja
una precariedad laboral crítica (Mora
Salas y Pérez Sáinz, 2009, 145; Pineda Talavera 2019, 106).
Subescala
4: tipología de autoempleo
La
tipología del autoempleo se determinó con base en tres criterios: a) Ubicación
del establecimiento (dentro o fuera del hogar); b) Nivel educativo (alto, medio
o bajo) y c) Nivel de ingresos (alto, medio o bajo). Siguiendo la propuesta de Mora Salas y Pérez Sáinz (2009), estos
criterios permiten clasificar tres tipos de autoempleo: a) autoempleo dinámico:
se desarrolla fuera del hogar, con altos ingresos y credenciales educativas y
que tiene capacidad de acumulación, b) autoempleo de subsistencia: se ubica
dentro del hogar, con bajos ingresos y educación, sin capacidad de acumulación,
y, c) autoempleo intermedio: se encuentra entre ambos extremos, con
características mixtas en ingresos y educación. Los valores de la subescala
oscilan entre 0 y 17, y fueron estandarizados dividiéndolos entre 1.7 para
ajustar la escala a un rango de 0 a 10.
Subescala
4: subescala de patronos
Se
construyó a partir de dos variables clave: a) Nivel de ingresos del empleador y
b) Tamaño del establecimiento (capacidad de contratación de trabajadores). Esto permitió diferenciar dos tipos de
patronos: a) Patronos con alta capacidad de contratación: Más de 10
trabajadores y b) Patronos con baja capacidad de contratación: 10 trabajadores
o menos. Para garantizar la comparabilidad, la escala se estandarizó en un
rango de 0 a 10, dividiéndola entre 0.8. Estas subescalas permiten capturar con
mayor precisión la segmentación y desigualdad en el autoempleo y el
empresariado.
Modelo de regresión
logística binaria
Para analizar los determinantes de la exclusión
e inclusión social, se estimaron tres modelos de regresión logística
binaria, correspondientes a los momentos críticos seleccionados. Este
enfoque permitió evaluar la probabilidad de exclusión social en función de
diferentes factores socioeconómicos y laborales. La forma funcional de la
regresión logística binaria se expresa como sigue:
Donde:
a) p es la probabilidad de que el
evento de interés ocurra (es decir, la probabilidad de que la variable
dependiente, en este caso la exclusión social sea 1).
b)
c)
d)
e)
Posteriormente, siguiendo la metodología de
Pineda Talavera (2019), el análisis se llevó a cabo en varias etapas. Primero, las variables
dependientes e independientes fueron dicotomizadas, convirtiéndolas en valores binarios para
facilitar su interpretación dentro del modelo. Luego, se aplicó la prueba de
Chi cuadrado para
evaluar la relación entre las variables de estudio y sus respectivas variables
de contraste. Para medir la intensidad y dirección de estas
asociaciones, se calcularon los coeficientes Phi y V de Cramer, lo que permitió
determinar la fuerza del vínculo entre las distintas variables analizadas.
A partir de estos resultados, se estimó el
modelo de regresión logística, incluyendo únicamente las variables
independientes que mostraban un nivel significativo de asociación con la
variable dependiente. Finalmente, se realizaron pruebas de hipótesis, evaluando
los p-valores y su significancia estadística en función del nivel de error
establecido, garantizando la validez de los resultados obtenidos. Este proceso
permitió identificar qué factores explican la exclusión social y su tendencia
en el período bajo análisis.
Discusión de resultados
Los modelos estadísticos estimados son de
carácter multivariado, donde la variable dependiente es dicotómica: hogares
incluidos = 1 y hogares excluidos = 0. Las regresiones logísticas binarias
resultaron estadísticamente significativas con un nivel de error del 5 % para
los tres años. El coeficiente de determinación Nagelkerke R-cuadrado fue de
0.35 para 2006; de 0,39 para 2010 y de 0,48 para 2013. Esto indica que solo el
35 % de la variación de la variable dependiente es explicada por las variables
independientes en 2006; mientras que para 2010, 39 % de la variación de la
variable dependiente es explicada por las variables independientes y 48 % de
dicha variación es explicada por los factores independientes en 2013. El
porcentaje de aciertos entre los valores observados y esperados tanto para la
categoría de hogares incluidos como para la de hogares excluidos es alto en los
tres años, mostrando un porcentaje de 88,9 % en 2006, 88,6% en 2010 y 89 % en
2013.
Escala
de ciudadanía social
Figura 2. Zonas de
exclusión e inclusión social[2]
Fuente: Pérez Sáinz. 2012
La desigualdad social entendida como continuum
permite explicar que esta se manifiesta en diversos grados, y que, así como
existe la exclusión y la inclusión sociales como polos opuestos, también
persisten dinámicas de inclusión parcial. Estas pueden ser vía mercado laboral
o a través de la ciudadanía social, como garantías de un piso social mínimo
brindado por el Estado, mediante el acceso a educación y salud.
Tabla
2. Zonas de exclusión-inclusión
|
Zonas
de exclusión/inclusión |
Años |
||
|
2006 |
2010 |
2013 |
|
|
Exclusión |
47,2 |
42,7 |
57,7 |
|
Inclusión vía ciudadanía social |
16,4 |
21,4 |
8,4 |
|
Inclusión vía mercado laboral |
15,0 |
13,9 |
10,9 |
|
Inclusión social |
13,0 |
13,9 |
14,4 |
|
Sistema[3] |
8,4 |
8,0 |
8,6 |
|
TOTAL |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Fuente:
elaboración propia a partir de INE. Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos
Múltiples (EPHPM) 2006, 2010, 2013.
Se ha presentado un incremento de los hogares
en condición de exclusión social durante los años bajo estudio; el
comportamiento de la exclusión social para 2006 fue de 47, 2 %, ubicándose en
42,7 % para 2010 y en 57,7 % en 2013. Esto permite interpretar que en 2013
prevalecía un segmento importante de los hogares (57,7 %) abandonados por el
Estado y que no recibieron una base social mínima a través de derechos
fundamentales como acceso al sistema de salud y al sistema educativo. Dichos hogares
tampoco gozaron de una inserción laboral de calidad en el mercado de trabajo, propiciando
así, la existencia de condiciones excluyentes derivadas del modelo de
acumulación vigente.
En el otro extremo del continuum de la
desigualdad social que supone el predominio de dinámicas inclusivas, pareciera
prevalecer un contingente de hogares incluidos sin mostrar variaciones
importantes, al incrementarse en 1.4 % los hogares incluidos a través del
mercado y la ciudadanía social entre 2006 y 2013. Las dinámicas de inclusión
parcial posibilitan dos escenarios particulares. El primero caracterizado
únicamente por la inclusión mediante la ciudadanía social (salud y educación),
y el segundo, implica una inclusión de calidad al mercado de trabajo. El
escenario referido a la inclusión vía ciudadanía social muestra que el
contingente de hogares con dicha inclusión parcial pasó de 16,4 % en 2006 a 21,4
% en 2010, para situarse en 8,4 % en 2013. Mientras que, el escenario de la
inclusión mediante el mercado de trabajo mostró un porcentaje de 15 % en 2006,
13,9 % en 2010, y finalmente 10,9 % en 2013. Lo anterior, pareciera indicar la
persistencia de tendencias excluyentes tanto a nivel del mercado de trabajo
como a nivel de las garantías sociales otorgadas por el Estado. En el primer
caso, porque el mercado no proporciona mecanismos de inserción laboral de
calidad, y, en el segundo caso, debido a que no existe una ciudadanía social
consolidada.
Tabla 3. Honduras: determinantes de la exclusión social
|
Dimensión |
Variables |
2006 |
2010 |
2013 |
|
Exp(B) |
Exp(B) |
Exp(B) |
||
|
Socioeconómica |
Agricultura |
1.25 |
1.94 |
16.16 |
|
Minas |
2.28 |
*[4] |
* |
|
|
Electricidad |
* |
* |
10.91 |
|
|
Industria |
* |
2.12 |
15.01 |
|
|
Operador |
* |
* |
1.02 |
|
|
Comerciantes |
* |
* |
1.11 |
|
|
Comercio |
* |
2.44 |
15.59 |
|
|
Transporte |
* |
1.62 |
15.04 |
|
|
Construcción |
1.55 |
* |
31.48 |
|
|
Financiero |
1.31 |
2.48 |
19.69 |
|
|
Servicios |
1.2 |
2.48 |
23.47 |
|
|
Profesionales |
1.43 |
2.57 |
4.05 |
|
|
Directores |
* |
2.6 |
2.01 |
|
|
Empleados de oficina |
* |
1.55 |
3.06 |
|
|
Agricultores |
2.83 |
2.5 |
2.47 |
|
|
Conductores |
1.25 |
* |
1.05 |
|
|
Trabajadores industria textil |
2.1 |
1.48 |
* |
|
|
Trabajadores industria gráfica |
3.1 |
* |
* |
|
|
Profesión de los servicios |
2.53 |
* |
* |
|
|
Excedente laboral |
2.65 |
2.8 |
3.88 |
|
|
Trabajadores asalariados desprotegidos |
1.44 |
* |
2.64 |
|
|
Pequeña burguesía sin capacidad de contratación |
1.35 |
* |
1.26 |
|
|
Trabajadores de élite |
8.52 |
2.47 |
35.93 |
|
|
Pequeña burguesía |
2.58 |
* |
4.44 |
|
|
Capitalistas |
5.22 |
* |
4.29 |
|
|
Sociodemográfica |
Hombre |
1.54 |
1.26 |
1.16 |
|
Tegucigalpa |
1.57 |
2.07 |
2.32 |
|
|
San Pedro Sula |
1.34 |
2.13 |
2.42 |
|
|
Ciudades pequeñas |
* |
* |
1.1 |
|
|
Ciudades medianas |
* |
1.64 |
1.78 |
|
|
Rural |
1.21 |
* |
* |
|
|
Constante |
2.79 |
5.12 |
10.08 |
Fuente: elaboración propia a partir de
INE. Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples (EPHPM) 2006, 2010, 2013
Según
los resultados de la tabla 3, en
la dimensión socioeconómica, que el jefe del hogar pertenezca a la clase de
trabajadores de élite y a la clase capitalista, el hogar esté ubicado en
Tegucigalpa (capital político-administrativa) o San Pedro Sula (capital
industrial), limita las probabilidades de que el hogar se encuentre excluido.
Por el contrario, los
determinantes socioeconómicos identificados de los hogares excluidos se constituyen
por jefes de hogar que se desempeña en ramas de actividad económica como la
explotación de minas y canteras; la agricultura; la construcción; ocupaciones
como trabajadores agrícolas, conductores, trabajadores de la industria textil,
albañilería, electricidad, trabajadores de la industria gráfica; profesión de
los servicios; y que pertenecen al contingente del excedente laboral o de la
pequeña burguesía. El hecho de que la pequeña burguesía (con capacidad de
contratación de fuerza de trabajo y sin capacidad de contratación de fuerza de
trabajo), se muestren como factores que permiten la reproducción de la
desigualdad social pareciera reflejar la debilidad de dicha posición de clase
en términos sociales y políticos.
De los
determinantes socioeconómicos, el que tiene un mayor impacto medido a través
del riesgo multivariado sobre la condición de exclusión social es ser
trabajador de la industria gráfica, puesto que el riesgo multivariado medido
por el Exp (B) es igual a 3.10. Adicionalmente, de los determinantes sociodemográficos,
los que tienen una mayor incidencia sobre los hogares en exclusión social son
el ser hombre y vivir en la zona rural. Se identificó que ellos tienen un mayor
riesgo multivariado el ser hombre, puesto que el Exp (B) de ser hombre es de
1.54 y de estar en la zona rural es de 1.21. Además, existen factores que
limitan la probabilidad de estar en situación de exclusión social. Algunos
determinantes socioeconómicos son profesionales, directores y gerentes,
empleados de oficina, trabajadores de élite. Sobre esto, algunos determinantes sociodemográficos
son vivir en Tegucigalpa, San Pedro Sula o en ciudades medianas.
En 2010, los
determinantes de los hogares en condición de exclusión social se caracterizaron
por ser hogares cuya persona responsable del hogar, se desempeñaba en las
siguientes ramas de actividad: agricultura, industria, comercio, transporte,
financiera y servicios. De estas variables, las ramas de los servicios y
financiera son las que tiene una mayor incidencia medida a través del riesgo
multivariado sobre la exclusión social. Ambas con un riesgo multivariado Exp (b) de 2.48.
Los hogares donde
la persona responsable se desempeña como agricultores y trabajadores de la
industria textil tienen un mayor riesgo multivariado de estar en exclusión
social, mostrando una mayor incidencia en la categoría agricultor. Además,
tanto en 2006 como en 2010, los determinantes sociodemográficos como ser
persona responsable del hogar hombre y pertenecer al excedente laboral inciden
en mayor medida en la exclusión social.
En 2013, los determinantes
socioeconómicos que limitan la exclusión social fueron desempeñarse como profesionales,
los directores y gerentes, los empleados de oficina, los comerciantes, los
conductores, los trabajadores de élite y los capitalistas. Mientras que, los
determinantes sociodemográficos que limitan dicha condición son: vivir en
Tegucigalpa, San Pedro Sula, ciudades medianas y pequeñas.
La
inserción laboral de los asalariados y autoempleados
La dimensión de la inserción laboral
constituye el mecanismo de aproximación para desentrañar las dinámicas en el
ámbito del mercado laboral. A través del tipo de inserción, es posible precisar
las formas que presenta efectivamente la incorporación de la fuerza laboral al
mercado, permitiendo con ello, vislumbrar las dinámicas del autoempleo.
Figura 3.
Honduras: Tipología de autoempleo. Enero 2018
Fuente:
Elaboración propia a partir de INE-Honduras. Encuesta Permanente de Hogares y
Propósitos Múltiples (EPHPM) 2006, 2010 y 2013
Es posible observar una persistencia del autoempleo
de subsistencia, revelando que alrededor del 50 % de las actividades generadas
por la dinámica laboral del autoempleo son de este tipo. Esto tiene como
implicación que son autoempleados que poseen un nivel de ingreso bajo y que la
ubicación de la actividad económica se lleva a cabo dentro del mismo hogar o
casa de habitación. Por otro lado, el comportamiento del autoempleo dinámico,
aquel caracterizado por gozar de márgenes de acumulación relativamente mayores
respecto de los demás autoempleos (subsistencia e intermedio), mostró una
tendencia a la baja.
Figura
4. Honduras: calidad de inserción laboral.
Enero 2018
Fuente:
Elaboración propia a partir de INE-Honduras. Encuesta Permanente de Hogares y
Propósitos Múltiples (EPHPM) 2006, 2010 y 2013.
Los resultados
indican un mayor porcentaje de población cuya inserción al mercado de trabajo
es de baja calidad, concretamente, este contingente de población constituido
por asalariados, autoempleados y patronos. A pesar de la relativa mejora en
2010, refleja un incremento del 2,5 % en la inserción de calidad baja, al pasar
de 35,2 % en 2006 a 37,7 % en 2013. Caso contrario ocurre con la inserción
laboral de calidad alta, puesto que mostró una reducción del 2,7 % en el período
comprendido entre 2006 y 2013.
Una
aproximación a la ciudadanía social a través de la educación y la salud como garantías
El nuevo modelo de acumulación trajo
consigo cambios en las funciones sociales y económicas del Estado, limitando su
capacidad de intervención y debilitando su rol en la reducción de
desigualdades. Esto se manifiesta en la persistencia de bajos niveles de
credenciales educativas en una gran parte de los hogares, con un estancamiento
general a lo largo de los tres años analizados. Además, el grupo con
credenciales educativas medias ha disminuido entre 2006 y 2013, acentuando la
brecha educativa. Sin embargo, este impacto se atenúa parcialmente por el
crecimiento del sector de la población con credenciales educativas altas, como
se observa en la Figura 5.
Figura
5. Honduras: población según nivel de
credencial educativa. Enero 2018
Fuente:
Elaboración propia a partir de INE. Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos
Múltiples (EPHPM) 2006, 2010 y 2013
Un mecanismo adicional para analizar el
debilitamiento de la capacidad del Estado en materia del otorgamiento de
garantías básicas, lo constituye la seguridad social y su baja cobertura. La
aproximación para gozar de un estimado de la población asegurada a nivel
nacional se realizó a través de la subescala de seguridad social, cuyo objetivo
consistió en determinar el porcentaje de asegurados directos, indirectos y los
no asegurados al IHSS en los tres momentos analíticos.
Figura 6.
Honduras: población según cobertura del IHSS. Enero 2018
Fuente:
Elaboración propia a partir de INE-Honduras. Encuesta Permanente de Hogares y
Propósitos Múltiples (EPHPM) 2006, 2010 y 2013
De
estos, las personas aseguradas indirectas han mostrado un comportamiento
creciente durante los años en estudio, puesto que pasaron de representar el 1,8
% en 2006 a ubicarse en 15,7 % en 2013. Aunado a ello, la población asegurada
directa vio crecer su porcentaje de participación dentro de la población
asegurada, aunque de forma modesta, puesto que crecieron 1,7 % entre 2006 y
2013. Por otro lado, los no asegurados han disminuido su participación en un 15,6
% en el mismo periodo comprendido entre 2006 y 2013. Sin embargo, sigue siendo
un porcentaje elevado (78,4 %). Ambos
constructos, el de credenciales educativas y seguridad social y su
articulación, ofrecen un vistazo general sobre la ciudadanía social como
mecanismo social básico, la cual opera como soporte de la población expulsada,
no reconocida y precarizada del mercado de trabajo durante el modelo
neoliberal.
Conclusiones
La implementación del modelo
neoliberal en Honduras marcó un punto de inflexión en la concepción del Estado
y su rol en el proceso de desarrollo. Esta investigación partió de la hipótesis
de que la implementación del modelo neoliberal en Honduras generó una
transformación estructural del papel del Estado, reduciendo sus funciones como
garante de derechos sociales y debilitando su capacidad para integrar a la
ciudadanía a través de mecanismos públicos de bienestar. Este repliegue estatal
habría dejado un vacío que el mercado, por su naturaleza selectiva y
excluyente, no ha podido ni ha intentado llenar.
Los datos empíricos analizados
confirman esta hipótesis. El debilitamiento estatal se refleja en la reducción
del acceso a derechos básicos, mientras que el mercado ha demostrado ser
incapaz de garantizar inclusión social. Como consecuencia, se ha consolidado
una estructura profundamente desigual y estratificada. Este contraste entre la
hipótesis inicial y la evidencia empírica permite afirmar que el modelo
neoliberal ha contribuido activamente al debilitamiento de la ciudadanía social
en Honduras. También esta retracción estatal ha contribuido a reforzar una
estructura social excluyente, donde amplios sectores de la población carecen de
acceso a recursos fundamentales para ejercer una ciudadanía plena. Las fuerzas
del mercado, lejos de compensar esta ausencia, han sido ineficaces para
integrar socialmente a los excluidos, generando una agudización sistemática de
la desigualdad.
La exclusión en Honduras se expresa
con fuerza en el mercado laboral, donde predomina una forma de autoempleo de
subsistencia, caracterizada por ingresos bajos y actividades realizadas
principalmente en el hogar. Esta forma de inserción laboral no solo limita la
acumulación económica de los hogares, sino que también impide su movilidad
social. El análisis reveló que dos tercios de la población ocupada presenta una
inserción laboral de calidad media o baja, compuesta mayoritariamente por
asalariados precarios y autoempleados mal remunerados.
En el ámbito educativo, el Estado ha
demostrado una capacidad limitada para garantizar el acceso universal a
conocimientos, habilidades y destrezas fundamentales. Aunque se ha registrado
un incremento en la cantidad de personas con credenciales educativas altas, en
todos los años del período estudiado más del 40 % de la población mantuvo un
nivel educativo bajo. Esta cifra es indicativa de un sistema educativo
estructuralmente desigual, que refuerza mecanismos de clausura social y
perpetúa las brechas existentes.
En el caso del sistema de seguridad
social, los datos revelan una exclusión severa y persistente. El porcentaje de
la población no asegurada fue superior al 78 % en 2013, mientras que el
porcentaje de asegurados directos no superó el 10 % a lo largo del período
analizado. Esta situación denota una incapacidad estructural del Estado para
proteger a su población ante los riesgos sociales fundamentales como la
enfermedad, el desempleo o la vejez.
El retiro del Estado, combinado con
la incapacidad del mercado para generar integración, ha dado lugar a una
estructura social profundamente estratificada. La ciudadanía en Honduras se
encuentra debilitada, sin acceso a mecanismos efectivos de protección ni
participación política significativa. Las desigualdades han alcanzado niveles
intolerables, configurando un escenario en el que grandes sectores sociales
permanecen “desempoderados”, desintegrados y desarticulados.
Esta situación no solo implica
privación material, sino también exclusión simbólica y política, lo cual
erosiona los fundamentos de la democracia y favorece la consolidación de un
orden social excluyente. La convergencia de estas dinámicas en los sistemas de
educación, empleo y seguridad social evidencia que la exclusión es un fenómeno
multidimensional, interdependiente y sostenido.
Uno de los principales aportes de
esta investigación radica en la adopción de un enfoque estructural y
multidimensional que permite comprender la exclusión social como un fenómeno
sistémico. Al analizar de manera integrada los sistemas de educación, empleo y
seguridad social. Se evidencia la forma en que las dinámicas de exclusión se
refuerzan mutuamente, operando como mecanismos de reproducción de la
desigualdad a lo largo del tiempo. La utilización de datos longitudinales para
identificar patrones estructurales a lo largo de más de una década aporta
evidencia empírica robusta que supera las explicaciones coyunturales o
episódicas. Este enfoque permite construir una narrativa analítica crítica
sobre el modelo de desarrollo hondureño y sus consecuencias sociales.
Pese a sus aportes, el estudio
presenta algunas limitaciones. La ausencia de información cualitativa limita la
posibilidad de captar las dimensiones subjetivas de la exclusión, especialmente
en términos de percepción, agencia y resistencia de los sujetos afectados.
Asimismo, se requiere un análisis territorial más detallado, que permita
identificar las particularidades de la exclusión social en función del
territorio (urbano-rural, regiones, departamentos), del género y del ciclo de
vida. Futuras investigaciones podrían enfocarse en las interrelaciones entre
exclusión social y participación política, los efectos de la exclusión sobre la
legitimidad institucional, y los mecanismos mediante los cuales ciertos grupos
logran resistir o revertir su marginación. Resulta urgente evaluar alternativas
de política pública que fortalezcan la capacidad del Estado para garantizar
derechos y reconfigurar el vínculo entre ciudadanía y desarrollo.
Apoyo
financiero: Esta
investigación recibió fondos del Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD), en el marco del financiamiento para cursar la Maestría Centroamericana
en Sociología de la Universidad de Costa Rica.
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[1] La dimensión del poder
para comprender la exclusión social en el contexto del actual modelo de
acumulación carece de rigurosidad conceptual y precisión teórica.
[2] La lectura de las zonas prototípicas se realiza bajo la lógica del plano cartesiano, donde la combinación de la inserción laboral y ciudadanía social, forman distintos pares ordenados que pueden concentrarse en cada una de las zonas construidas mediante los puntos de corte de las escalas de ciudadanía social e inserción laboral.
[3] Indica aquellos hogares que no lograron ser clasificados a través del programa SPSS.