Personas mayores en Costa Rica:
condiciones de vida, género y derechos humanos [1]
Older people in Costa
Rica: living conditions, gender and human rights
Rebeca Espinoza-Herrera
Escuela de Sociología,
Universidad Nacional,
Heredia, Costa Rica
rebeca.espinoza.herrera@una.ac.cr
https://orcid.org/0000-0002-5549-2757
Fernando José Méndez-Castellanos
Escuela de Sociología,
Universidad Nacional,
Heredia, Costa Rica
fernando.mendez.castellanos@est.una.ac.cr
https://orcid.org/0009-0001-6590-5789
Fecha de recepción: 6 de setiembre del 2025
Fecha de aceptación: 14 de enero
del 2026
Cómo citar:
Espinoza-Herrera, Rebeca y Fernando José Méndez-Castellanos. 2027. «Personas
mayores en Costa Rica: condiciones de vida, género y derechos humanos». Revista Reflexiones. 106 (1). DOI 10.15517/msk90112
Resumen
Introducción: Costa Rica se enfrenta al fenómeno
del envejecimiento demográfico, el cual produce cambios a nivel económico,
social y político, así como desafíos en materia de salud, pensiones, cuidados,
entre otros. De igual manera, producto de las desigualdades de género
experimentadas y acumuladas a lo largo del curso de vida, la vejez se
experimenta de forma diferenciada según se sea mujer y hombre, razón por la
cual, al realizar estudios sobre las personas mayores resulta fundamental desagregar
por sexo los datos que se producen en torno a esta población. De esta manera,
se cuenta con información que permita atender las necesidades específicas de
las personas mayores.
Objetivo: Analizar las condiciones de vida de mujeres
y hombres de 65 años y más en Costa Rica, a partir de datos sobre
características sociodemográficas de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO 2024).
Método y técnica: Se trabaja con datos de la ENAHO 2024
correspondientes a las personas mayores, centrando la atención en variables
como jefatura de hogar, condición de aseguramiento, pobreza, condición de
actividad, entre otras.
Resultados:
La investigación demostró una importante diferenciación entre las personas
mayores de acuerdo con su sexo en el acceso a derechos laborales, educativos, de
salud y respecto al uso de las TICS, como también, desigualdades en torno al
trabajo de cuidados, participación en el mercado laboral, manutención del
hogar, acceso a pensión y jefatura del hogar.
Conclusiones: A
partir del estudio realizado se determina que en Costa Rica las personas
mayores experimentan la vulneración de sus derechos humanos, pese a lo
establecido en la Normativa Internacional en esta materia, como también que,
las mujeres mayores se enfrentan a una prolongación de situaciones excluyentes
que las afectan a lo largo del curso de vida y se acentúan en la vejez.
Palabras clave: Vejez, Condiciones de vida, Derechos humanos, Género, Personas
Mayores.
Abstract
Introduction: Costa Rica is facing the phenomenon of demographic
aging, which is leading to economic, social, and political changes, alongside
challenges in health care, pensions, and caregiving, among others. Likewise, as
a result of gender inequalities experienced and accumulated throughout the life
course, old age is experienced differently depending on whether one is a woman
or a man, which is why, when conducting studies on older persons, it is
essential to disaggregate by sex the data produced about this population. In
this way, information is available to address the specific needs of older
people.
Objective: The objective of this study is to analyze the living
conditions of women and men aged 65 and over in Costa Rica, based on data on
sociodemographic characteristics from the National Household Survey (ENAHO
2024).
Method
and Technique: This
research employs data from the ENAHO 2024 survey, focusing on variables such as
household headship, insurance status, poverty, and employment status, among
others.
Results: The research
demonstrated significant gender-based differences among older adults in their
access to employment, education, and health rights and in the use of Information
and Communication Technologies, as well as inequalities in caregiving work,
labor market participation, household maintenance, access to pensions, and
unequal participation in household heads.
Conclusions: It is demonstrated with this study that in Costa Rica
older people experience the violation of their human rights, despite what is
established in the International Regulations on this matter, and also that
older women face a prolongation of exclusionary situations that affect them
throughout their life course and are accentuated in old age.
Keywords: Aging, Living conditions, Human rights, Gender, Older adults.
Introducción
Al igual que muchos países de la América Latina, Costa Rica enfrenta
importantes transformaciones demográficas. Una de ellas es el envejecimiento poblacional,
producido por la disminución en las tasas de fecundidad — en descenso desde la
segunda mitad del siglo XX —, así como debido a la baja tasa de mortalidad y el
aumento en la esperanza de vida (Pérez 2022). Esto ha provocado modificaciones
en la estructura etaria de la población, específicamente, un aumento en el
grupo de personas de 65 años y más, y una disminución en el conformado por
personas menores de 15 años.
En 2023, por ejemplo, Costa Rica tenía la tasa global de fecundidad más
baja de América. Esta fue de 1,2 hijos por mujer, estando muy por debajo del
nivel de remplazo de 2,1. Y por su lado, la esperanza de vida al nacer era de
81 años (CIOdD y Observatorio del Envejecimiento 2023a). Es evidente un marcado
aumento en la población mayor en los últimos años, duplicando en términos
relativos las cifras de hace tres décadas (PEN 2024). Sobre el tema, se identifica
una marcada tendencia de crecimiento hacia los próximos decenios. Las
proyecciones muestran que para 2050 Costa Rica podría ser una de las cuatro naciones
más envejecidas del subcontinente, con una población mayor que alcanzaría cerca
del 23,7 % (Pérez 2022), es decir, más del doble de lo que representa
actualmente.
El acelerado envejecimiento de la población conlleva desafíos para el país
a nivel económico, social y cultural (Huenchuan 2009), como también, respecto
al diseño de políticas públicas orientadas a la atención de las necesidades de
este grupo etario (CEPAL 2022). Este fenómeno demográfico produce cambios en las
dinámicas económicas y sociales, como, por ejemplo, la disminución de la
población económicamente activa y sus repercusiones en el sistema de pensiones;
el aumento en la demanda de servicios de salud dirigidos a las personas de 65
años y más, así como el incremento en la cantidad de personas mayores con o sin
dependencia que requieren cuidados.
Un desafío inédito para el Estado costarricense, especialmente para el
modelo de Estado benefactor, lo constituye el engrosamiento de los gastos en
pensiones dentro del porcentaje del PIB destinado a la Inversión Social Pública
(ISP), puesto que, aquellas pensiones del régimen de Invalidez Vejez y Muerte
(IVM), del Presupuesto Nacional y las no contributivas no han dejado de
aumentar en años recientes (PEN, 2024). Esto afecta la sostenibilidad del gasto
público, mientras que rubros como educación y salud han venido en caída libre
en el quinquenio de ajuste fiscal de 2019-2024 (CINPE 2024; PEN 2024). Este
escenario refuerza la urgencia de implementar políticas públicas más adecuadas
para atender las necesidades de este creciente grupo etario, cuyas condiciones
de vida deben atenderse de manera efectiva y con pleno conocimiento de la
heterogeneidad y diversidad de sus necesidades.
Respecto a los cambios
experimentados en el país en torno a la proporción de personas mayores, de
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2024a) para el año
2024 en Costa Rica la población de 65 años y más representaba el 11,2 % del
total de la población y se proyecta que para el año 2050 «25 de cada 100 personas (...) tendrán 65 años y más» (INEC 2024b, párr.1). Según los datos de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) (2024), en el año 2024 el país contaba con 798
300 personas mayores, de las cuales 354 284 eran hombres y 444 016
mujeres. Se evidencia que son las mujeres quienes representan la mayor
proporción de este grupo etario, con un 55,6 % del total de esta población.
Ante las transformaciones
demográficas, el acelerado proceso de envejecimiento de la población y los
retos que esto conlleva es fundamental diseñar políticas públicas dirigidas a
atender las necesidades de las personas mayores, para lo cual es trascendental generar
información sobre sus condiciones de vida y el acceso que tienen a sus derechos
humanos. Esta información debe producirse tomando en consideración que mujeres y
hombres experimentan la vejez de manera diferenciada, como resultado de las
desigualdades de género que se han enfrentado a lo largo del curso de vida y
que se extienden hasta la vejez (Ramos 2016).
De acuerdo con lo anterior, los
datos que se generen deben desagregarse por sexo, lo cual en el caso de las
mujeres mayores es una solicitud expresa que se realiza por parte del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su recomendación
general N°27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos.
Allí, se insta a los Estados parte a recopilar, analizar y difundir «datos desglosados por edad y sexo». (2010, 6).
Desagregar por sexo los datos de las personas mayores debe ser, en todo
caso, una prioridad para la política pública: como ha destacado la misma OMS
(2020) en el Plan de Acción 2021-2031, de la Década del Envejecimiento
Saludable. Esto es fundamental para garantizar el bienestar de las mujeres mayores,
cuyas necesidades específicas deben tomarse en cuenta, incluyendo la atención a
las brechas, desigualdades y violencias de género, que afectan su salud a lo
largo de sus vidas y continúan perpetuándose en la vejez.
De igual manera, es necesario analizar la información que se produzca sobre
las personas mayores desde la perspectiva de derechos humanos, lo que implica
superar la concepción de la vejez como una etapa de carencias y vulnerabilidad,
enfocándose más bien en el «empoderamiento
de las personas mayores como sujetos de derecho, que disfrutan de garantías y
tienen responsabilidades» (Díaz-Tendero 2019, 8). Pero, también permite entender a
las personas mayores desde su diversidad y no como un grupo homogéneo.
En este sentido, el envejecimiento es un proceso a la vez biológico y
social, en el que se articulan y entretejen distintas variables como clase
social, género, etnia y localidad (rural o urbana). Es necesario que la
política pública visibilice el envejecimiento desde su pluralidad inherente, lo
que involucra el reconocimiento de una multiplicidad de «vejeces»
diferentes entre sí. Ellas deben entenderse de forma interseccional,
visibilizando las contribuciones de las personas mayores a la sociedad y la
necesidad de proteger sus derechos (Díaz-Tendero 2019), así como la importancia
de basarse en datos que contemplen y reconozcan esa diversidad.
En este contexto, en el marco del Programa Análisis de Coyuntura de la
Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional
de Costa Rica, se lleva a cabo la actividad académica puntual titulada
“Condiciones de vida de las personas mayores y políticas públicas sobre la
vejez en Costa Rica: una mirada desde la perspectiva de género y el enfoque de
derechos humanos”. En ese contexto, se elabora este artículo como uno de sus
productos, en el cual se presenta el análisis que se realiza de las condiciones
de vida de las mujeres y hombres mayores en Costa Rica a partir de datos sobre
características sociodemográficas de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO
2024), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Se centra la
atención en variables como jefatura del hogar,
condición de aseguramiento, pobreza, condición de actividad, manutención del
hogar, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), entre otras.
Metodología
El acercamiento a las condiciones de vida de las personas mayores en Costa
Rica se llevó a cabo a partir del análisis de los resultados de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2024, realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INEC). Su cobertura es nacional y recolecta la
información a partir de la aplicación de una «entrevista directa a un informante calificado en cada
hogar de las viviendas seleccionadas» (INEC 2024c, 76). La población objetivo de esta encuesta es:
el conjunto
de todas las viviendas individuales ocupadas y sus ocupantes residentes
habituales, tanto del área urbana como del área rural de Costa Rica. Se excluye
del estudio a la población residente en viviendas colectivas (hoteles,
hospitales, asilos, cárceles, conventos, residencias colectivas para
estudiantes y trabajadores). (INEC 2024c, 22)
En el caso de la ENAHO 2024, se empleó
un diseño muestral probabilístico de áreas, estratificado y bietápico, la
muestra estuvo conformada por 1120 Unidades Primarias de Muestreo y 13 440
viviendas en todo el país, y tuvo un nivel de confianza del 95% (INEC 2024c). En lo que
respecta a los instrumentos empleados, se trabajó con dos cuestionarios, el
cuestionario hogar, en el cual se
estudia la
vivienda, el número de hogares dentro de ella y las personas que conforman cada
hogar (…) [y el cuestionario individual cuyo objetivo] (…) es medir el grado de
participación de la población dentro de los procesos productivos del país y el
flujo de ingresos percibidos como resultado de esa participación. (INEC, 2024c,
30)
En este artículo, se trabaja con los datos correspondientes a las personas
mayores, las cuales son definidas por la Estrategia nacional para el
envejecimiento saludable basado en el curso de vida 2022-2026 (MINSA 2022, 13),
del Ministerio de Salud de Costa Rica, a partir de la Ley Integral para la
persona adulta mayor y su reglamento (N° 7935) como «Toda persona de 65 años o más».
En la ENAHO 2024, se recolectó información para 4 564 personas mayores, que
una vez aplicado el factor de expansión corresponde a una población de 798 300
personas, de las cuales 354 284 son hombres y 444 016 mujeres. En términos relativos,
un 44,4 % son hombres y un 55,6 % mujeres.
En lo que respecta al procesamiento de los datos, se llevó a cabo mediante el
programa informático REDATAM, al cual se tuvo acceso a través del sistema de
consultas de INEC, específicamente a la base de datos de la ENAHO 2024. Con
base en ella, se realizaron cruces de variables sociodemográficas y combinación
de variables. Debe señalarse, que
el análisis se realiza desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de
género.
Condiciones de vida de las personas
mayores: una mirada desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de
género
Como ya se ha planteado, este
artículo centra su análisis en las condiciones de vida de las personas mayores
en Costa Rica a partir de los datos de la ENAHO 2024, el cual se lleva a cabo
desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género.
En cuanto a las condiciones de vida
estas se han identificado como un componente del bienestar de las personas, se
relacionan con la satisfacción o la carencia de las dimensiones económica,
social y ambiental de este. Aquellas condiciones de vida que se consideran
desfavorables remiten a desventajas que llevan a las personas o grupos de
personas a enfrentar experiencias de exclusión, inequidad o discriminación,
mientras que, las más favorables o en las que se satisfacen estas dimensiones,
se vinculan con el concepto de calidad de vida (Lonhhi 2020). Entre las
dimensiones económicas se encuentran el empleo, el acceso a una pensión y
contar con ingresos propios, mientras que en las sociales tener acceso a
educación o al sistema de salud.
Las condiciones de vida se
relacionan tanto con aspectos individuales como comunitarios, porque se
refieren a los bienes a los que tiene acceso un hogar, a la ocupación, el nivel
educativo, así como al nivel de participación social de quienes lo integran
(Scarponetti 2019). De igual forma, se vinculan con características de la
vivienda como el tipo, los materiales con los que se encuentra construida, el
acceso que tenga a agua potable; la situación socioeconómica de las personas;
la satisfacción de necesidades básicas, el acceso a la salud o el nivel
educativo con el que se cuente (Monetta 2020).
Según Grisales (2006, 30) las
condiciones de vida se definen como el «conjunto de circunstancias materiales
de la existencia y de la supervivencia de un individuo o grupo humano», aquello
que pude medirse como el nivel educativo, las condiciones en las que se
encuentra la vivienda, el acceso al sistema de salud o a la seguridad social,
el ejercicio de derechos humanos, entre otros; que se vinculan con «la
satisfacción de necesidades, el desarrollo humano de la sociedad» (Grisales
2007, 30).
De acuerdo con lo anterior, las
condiciones de vida se refieren al conjunto de recursos a los cuales tienen
acceso las personas, que permiten su existencia y que pueden diferir entre
ellas por factores como la edad, el sexo, la ubicación geográfica, la situación
socioeconómica entre otros. En este artículo, se analizarán datos sobre las
condiciones de vida de las personas mayores en Costa Rica, específicamente
sobre su condición socioeconómica, condición de actividad, participación en el
trabajo de cuidados, mantenimiento económico del hogar, acceso a pensión, entre
otros, los cuales brindan información sobre las posibilidades que tienen las
personas mayores para contar con recursos económicos que les permitan
satisfacer sus necesidades, tener acceso a ciertos bienes y servicios, como
también, en torno al ejercicio de sus derechos humanos.
Como se ha señalado, las condiciones
de vida de las personas mayores, los recursos, bienes y servicios a los cuales
tienen acceso se vinculan con el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Estos
en algunos casos son vulnerados, impidiendo que estas personas puedan disfrutar
de una vida digna. Pero ¿qué son los derechos humanos? son los derechos que
tiene toda persona en virtud de su dignidad humana, sin distinción alguna de
sexo, etnia, situación socioeconómica, edad, religión o cualquier otra
condición (Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948, artículo 2).
Corresponden a la suma de derechos individuales y colectivos establecidos en
tratados e instrumentos nacionales e internacionales, los cuales son universales,
inalienables, progresivos, indivisibles e interdependientes. Es decir, se
encuentran vinculados, por lo cual, la vulneración de un derecho afecta el
pleno ejercicio de otros.
Según el artículo 1 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) «todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Sin embargo, hay personas o
grupos de personas que han experimentado manifestaciones de discriminación y la
vulneración de sus derechos, razón por la cual, ha sido necesario establecer
mecanismos para protegerlos. Entre estas se encuentran las personas mayores,
las cuales conforman un grupo de población que no es homogéneo y enfrentan
diversidad de problemas para ejercer plenamente sus derechos humanos, así como
desigualdades que surgen a partir de factores como la edad, el sexo, la
condición de salud, la situación socioeconómica, entre otros (Jiménez Araya
2021).
En materia de derechos humanos, los
Estados tienen la obligación de respetarlos, protegerlos, cumplirlos o garantizarlos.
En el caso de Costa Rica, se cuenta con un marco normativo para proteger los
derechos humanos de las personas mayores. A nivel nacional, se encuentran: 1) Ley
N° 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor; 2) la Ley N° 9857, penaliza
el abandono de las Personas Adultas Mayores; y 3), Ley N° 9188, Ley de
Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), ente
encargado de velar por el cumplimiento de los derechos humanos de esta
población.
En cuanto a la normativa internacional,
el país ha firmado y ratificado el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales o “Protocolo de San Salvador”, la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas mayores, la Declaración
Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento,
la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores en América
Latina y el Caribe, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo,
entre otros (CONAPAM 2023).
Si bien los derechos humanos son
universales, la normativa establecida protege tanto a hombres como a mujeres
mayores, y ambos enfrentan exclusión o rechazo. Las mujeres experimentan el
proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez de distinta forma, por las
desigualdades de género que se acumulan a lo largo del curso de vida y se
intensifican en la vejez. Como resultado de la inequitativa distribución de
recursos, el limitado acceso a bienes y servicios, las mujeres mayores
enfrentan discriminación, la cual suele ser multidimensional porque se suma
aquella que se produce por la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la
etnia, la condición de pobreza y otros factores (Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer 2010).
Estas desigualdades han llevado al
establecimiento de normativa específica para atender las necesidades de las
mujeres mayores, como es la Recomendación General N° 27 sobre las mujeres de
edad y la protección de sus derechos humanos (2010), del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En su inciso 9 plantea «las
obligaciones que deben asumir los Estados partes con respecto al envejecimiento
con dignidad y los derechos de las mujeres de edad (…) de manera que estas
mujeres puedan participar plenamente en la sociedad, sin discriminación y en
pie de igualdad con los hombres».
Justo por esta forma diferenciada de
las mujeres y los hombres de experimentar la vejez, es que, al analizar las condiciones
de vida de las personas mayores, se ha considerado importante abordarlas desde
el enfoque de derechos humanos. En ese plano, el Proyecto Nodo que, «se centra
en asegurar la realización de los derechos humanos de las personas,
especialmente de aquellas personas, grupos o poblaciones que, por sus
condiciones sociales, políticas, territoriales y/o históricas, han sido
excluidas o marginadas del desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos» (2021, 22). Allí se
encuentran las personas mayores y dentro de este grupo de población las
mujeres. De igual manera, el enfoque de derechos busca el empoderamiento de las
personas mayores, que estas se reconozcan como sujetas de derechos. Considera
que estas personas no conforman un grupo homogéneo, sino más bien que es
diverso, y pretende visibilizar tanto sus aportaciones a la sociedad como sus
necesidades (Díaz-Tendero Bollain 2019).
A partir de lo señalado debe indicarse
que, el enfoque de derechos humanos contribuye en el análisis de las
condiciones de vida de las personas mayores, porque permite determinar las
diferencias en el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres y los
hombres, como también, establecer las áreas en las que es fundamental
fortalecer o generar política pública dirigida a atender las necesidades
específicas de esta población.
Por otra parte, en este artículo el
análisis se realiza desde la perspectiva de género, la cual según Marcela
Lagarde «reconoce la diversidad de género y la existencia de las mujeres y los hombres»
(1997, 13). Contribuye en la comprensión de sus características particulares,
lo que comparten y lo que les diferencia, en la identificación de los recursos
con los que cuentan, su capacidad de agencia, y las dificultades a las que se
enfrentan.
Como lo explica el Proyecto NODO
(2021,19) desde la perspectiva de género, se analizan los roles, normas y
espacios socialmente asignados a mujeres y hombres que producen desigualdades
entre ambos en ámbitos como el económico, el social y el político. Esto provoca
la limitación de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Entonces, permite visibilizar las «desventajas y desigualdades que afectan
especialmente a las mujeres, a lo largo de su ciclo vital, debido a la
diferencia de condiciones y posiciones sociales que tienen respecto a los
hombres». Es decir, contribuye en el estudio y la comprensión de la división
sexual del trabajo, la organización social de los cuidados, donde las mujeres
son quienes deben hacerse cargo del trabajo doméstico y de cuidados y los
hombres del trabajo remunerado. Eso implica que las mujeres tengan limitadas
posibilidades para estudiar, contar con un trabajo remunerado, cotizar para el
sistema de pensiones, tener acceso al sistema de salud, entre otros. Según lo planteado, en el caso de este
artículo, la perspectiva de género permite reconocer las diferencias en las
condiciones de vida de mujeres y hombres mayores, así como las implicaciones en
el ejercicio de sus derechos humanos, en la producción de desigualdades y las
posibilidades de tener una vida digna.
Condiciones de
vida de las personas mayores en Costa Rica
Para comprender las condiciones de vida
de las personas mayores es fundamental caracterizarlas desde una perspectiva
sociodemográfica. De acuerdo con la ENAHO 2024, en lo que respecta al tamaño
del hogar de esta población, como se observa en la Tabla 1, el mayor porcentaje
tanto de hombres como de mujeres
mayores vive en un hogar conformado de 2 a 4 personas; esto ocurre en un 77,7 %
y un 70,9 % respectivamente. Sin embargo, debe ponerse atención en las personas
mayores que residen solas, en el caso de los hombres un 11,5 % (40 643
personas) viven en un hogar unipersonal, y en el caso de las mujeres esto pasa
en el 18,9 % (84 023 personas).
Tabla 1. Costa
Rica. Distribución
absoluta y relativa de las personas de
65 años y más por sexo, según el
tamaño del hogar, julio de 2024.
|
Tamaño del hogar |
Hombre |
Mujer |
||
|
Absoluto |
Relativo |
Absoluto |
Relativo |
|
|
Unipersonal |
40 643 |
11,5 |
84 023 |
18,9 |
|
De 2 a 4
personas |
275 253 |
77,7 |
314 562 |
70,9 |
|
De 5 o más
personas |
38 388 |
10,8 |
45 431 |
10,2 |
|
Total |
354 284 |
100,0 |
444 016 |
100,0 |
Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de
Hogares, 2024.
En este sentido, si se revisan los datos
por tipo de hogar las mujeres mayores son una significativa mayoría de quienes
habitan hogares unipersonales, con el 67,3 % (83 847 personas). Esta cifra
duplica el porcentaje de los hombres, que son el 32,7 % (40 643 personas)
de quienes habitan este tipo de hogares. Esto se puede vincular con su mayor esperanza
de vida respecto a los hombres (Osorio-Parraguez et al. 2022). Para el año
2025, en el caso de Costa Rica es de 81,05 años: 78,6 años en al caso de los
hombres y 83,5 años en el de las mujeres (INEC 2025). Acá es importante señalar
que el hecho de que ellas tengan una vida más prolongada no implica que lo
hagan en mejores condiciones que los hombres, sino que en muchos casos se enfrentan
a «situaciones de
viudez, (...) desamparo» (Di Renzo 2024, 249), soledad no
deseada y abandono (Huenchuán 2009).
De igual forma, debe plantearse que en
la etapa de la vejez conformar un hogar unipersonal puede vincularse tanto con
aspectos positivos como con negativos. Por una parte, se puede relacionar
con la autonomía de este grupo de población a nivel económico, como también con
contar con condiciones de salud, que les permite vivir sin requerir del
acompañamiento de otras personas. Pero, por otra parte, se vincula con aspectos
negativos como el aislamiento social, que puede tener implicaciones negativas en
la salud física y mental de las personas mayores y propicia que estas experimenten
soledad no deseada, entre otras situaciones (CCP et al. 2020).
Esto
ha sido identificado como un importante desafío que enfrenta la población mayor
costarricense, de acuerdo con la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez
(PNEV), que ha señalado la necesidad de «Prevenir y
responder a posibles situaciones de aislamiento y soledad no elegida y
desintegración social, entre la población adulta mayor viviendo en hogares
unipersonales» (CONAPAM 2023, 140). Lo anterior, sin embargo, no se ha
traducido en la aplicación de un enfoque de género sustantivo en la formulación
de la política pública para proteger los derechos de las mujeres mayores, que
son la mayoría de quienes se exponen a esta situación.
Tomando como referencia los datos del CIOdD y el Observatorio del
Envejecimiento (2023a), se observa que en 2024 el porcentaje de hogares
unipersonales ha permanecido prácticamente idéntico a los niveles de 2022, pasando
de un 15,5 % a un 15,6 %. Se muestra, no obstante, un crecimiento significativo
en términos absolutos, siendo que las personas mayores que habitan este tipo de
hogares aumentaron de 109 884 en el año 2022 a 124 490 personas en el
año 2024. Concretamente, entre las personas mayores de 65 a 74 años se pasó de 61 663
a 65 223 personas, mientras que entre las de 75 años y más aumentaron de 48 225
a 59 267 personas. En este sentido, la población mayor en este tipo de
hogares no ha parado de crecer, siendo las mujeres mayores las principales
afectadas.
Por otra parte, de acuerdo con el INEC
(2024c) el jefe o jefa del hogar es la persona considerada como tal por las
demás personas que integran el hogar, como se observa en la Tabla 2, en el caso
de los hombres mayores el 76,9 % es el jefe del hogar, mientras que en el caso
de las mujeres lo es el 52,4 %. Si los datos se analizan a partir del total de
personas mayores (798 300 personas), el 34,2 % (272 736) de la jefatura de
hogar son hombres y el 29,1% (232 589) mujeres. Si se excluye del análisis a
los hogares unipersonales la jefatura la conforman en un 29,1 % los hombres (232
093) y en un 18,6 % las mujeres (148 742).
El que los hombres presenten un
mayor porcentaje de jefatura del hogar respecto a las mujeres, y que sean
estas en un mayor porcentaje las esposas o compañeras del jefe del hogar, se
encuentra vinculado con la división sexual del trabajo, los roles de género y
los espacios socialmente asignados tanto a mujeres como a hombres. En el caso
de ellos se les ha designado el espacio público relacionado con las actividades
productivas, el trabajo remunerado, la toma de decisiones, y a ellas se les ha
atribuido el espacio privado en el cual se llevan a cabo las actividades
reproductivas, el trabajo doméstico y de cuidados. Esto coloca a las mujeres en
una situación de desventaja en ámbitos como el económico, al desarrollar un
trabajo por el cual no re recibe una remuneración, el social o político al no
participar en espacios de toma de decisiones, afectándose en ambos casos su autonomía.
Tabla 2. Costa Rica. Distribución absoluta y relativa de las personas de 65 años y más por sexo, según la relación de parentesco, julio de 2024.
|
Tamaño del hogar |
Hombre |
Mujer |
||
|
|
Absoluto |
Relativo |
Absoluto |
Relativo |
|
Jefe o jefa |
272 736 |
76,9 |
232 589 |
52,4 |
|
Esposo (a)
o compañera (o) |
37 505 |
10,6 |
138 186 |
31,1 |
|
Hijo (a) |
2 774 |
0,8 |
2 459 |
0,6 |
|
Yerno, nuera |
304 |
0,1 |
156 |
0,0 |
|
Padre o madre |
14 434 |
4,1 |
40 897 |
9,2 |
|
Suegro (a) |
4 969 |
1,4 |
10 772 |
2,4 |
|
Hermano (a) |
14 669 |
4,1 |
10 396 |
2,3 |
|
Cuñado (a) |
1 061 |
0,3 |
811 |
0,2 |
|
Otro familiar |
3 375 |
1,0 |
4 899 |
1,1 |
|
Otro no familiar |
2 457 |
0,7 |
2 675 |
0,6 |
|
Servicio doméstico o su familiar |
- |
- |
176 |
0,0 |
|
Total |
354
284 |
100,0 |
444
016 |
100,0 |
Fuente: INEC-Costa
Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2024.
Respecto al estado conyugal, debe
señalarse que, en lo que concierne a los hombres, al momento de recolectar la
información el mayor porcentaje de ellos se encontraba casado (60,4 %) y el
menor separado (5,5 %). En el caso de las mujeres mayores la mayoría de ellas
se encontraban casada (35,0 %) o viuda (31,7 %) y en menor medida estaban
separadas (6,9 %) (Tabla 3).
Sobre el estado conyugal de las
personas mayores, un dato importante por revisar es el que corresponde a la
viudez, del total de las personas mayores viudas en Costa Rica para el año 2024.
Según la ENAHO, el 19,35 % eran hombres y 80,65 % mujeres, esta importante
diferencia se debe tal como lo señalan Silva Peyro y otros a la mayor esperanza
de vida de las mujeres, las cuales a nivel mundial viven en promedio de 4,8
años más que los hombres. Esto puede explicarse «debido a que
las mujeres viven más años que su contraparte masculina la viudez se ha
convertido en una situación feminizada. Así pues, la feminización de la viudez
y la feminización de la vejez se encuentran interconectadas» (2024, 24).
Este estado conyugal en el caso de las mujeres se vincula con mayor
vulnerabilidad, producto de las desigualdades de género que han enfrentado a lo
largo del curso de vida, que se acumulan con los años y condicionan la experiencia
de la vejez de las mujeres. De igual forma, esta mayor viudez de las mujeres se
relaciona con patrones de género que fomentan que las mujeres se casen con
hombres mayores que ellas, (...) [provocando] que la mayoría de las mujeres de
edad avanzada estén viudas» (Ramos 2015, 153).
Tabla 3. Costa Rica. Distribución absoluta y relativa de las personas de 65 años y más por sexo, según estado conyugal, julio de 2024.
|
Estado
conyugal |
Hombre |
|
Mujer |
||
|
Absoluto |
Relativo |
|
Absoluto |
Relativo |
|
|
En unión libre o juntado(a) |
32
060 |
9,0 |
|
18
695 |
4,2 |
|
Casado(a) |
214
256 |
60,4 |
|
155
201 |
35,0 |
|
Divorciado(a) |
19
888 |
5,6 |
|
37
113 |
8,4 |
|
Separado(a) |
19
071 |
5,5 |
|
30
650 |
6,9 |
|
Viudo(a) |
33
806 |
9,5 |
|
140
891 |
31,7 |
|
Soltero(a) |
35
403 |
10,0 |
|
61
466 |
13,8 |
|
Total |
354 284 |
100,0 |
|
444 016 |
100,0 |
Fuente: INEC-Costa
Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2024.
Ahora bien, a nivel de instrucción de
las personas mayores en el caso de los hombres el 6,8 % no cuenta con nivel de
instrucción, un 20,4 % tiene primaria incompleta y un 33,3 % primaria completa.
Por su parte, un 6,8 % de las mujeres no tiene nivel de instrucción, 23,7 % no
completó la primaria y un 32,8 % sí lo hizo. Estos datos muestran que una
cantidad importante tanto de hombres (23 123 personas) como de mujeres (30 369
personas) mayores no cuentan con escolaridad, o cursaron de uno a cinco años de
educación primaria sin completarla. Esta situación la presentan 72 343 hombres
y en 105 142 mujeres, mientras que sí la completaron 117 988 hombres y 145 646
mujeres, contando con seis años de escolaridad.
Estos datos son preocupantes, porque
estas personas, particularmente las que no completaron la educación primaria,
no tuvieron acceso a un derecho humano fundamental para el pleno ejercicio de
otros derechos como es el de la educación. Este último, tal cual se señala en
el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su inciso
2 tiene por objeto «el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales».
El nivel
educativo que las personas alcancen a lo largo del curso de vida es sumamente
importante porque este va a tener implicaciones a nivel laboral, salarial y en
la pensión que se obtenga en la etapa de la vejez. De igual manera, el acceso a
la educación es un factor que influye en la calidad de vida de las personas
mayores y en su bienestar, porque la educación es un medio que le permite a las
personas la movilidad social, tener la posibilidad de contar con empleos con
una retribución económica para satisfacer necesidades básicas y tener acceso a
bienes y servicios que les permiten disfrutar de una vida digna.
En el caso específico de las mujeres
mayores, de acuerdo con Mónica Ramos su bajo nivel de instrucción se relaciona
con las dificultades que enfrentaron en las etapas de la niñez y la
adolescencia para acceder al sistema educativo como resultado de la
discriminación de género, porque «la educación estaba reservada para los
varones» (2017, 225). Mientras que las mujeres por los mandatos y
roles de género debían dedicarse a tareas del ámbito doméstico como brindarle
cuidados a su padre, madre u otra persona de la familia.
El que las mujeres mayores a lo largo
del curso de vida no tuvieran acceso a la educación, limitó su posibilidad de
adquirir conocimientos, interrelacionarse con personas fuera del ámbito de la
familia, contar con un trabajo remunerado y con esto, cotizar para tener una
pensión durante la vejez. De igual forma, como el analfabetismo o contar con un
bajo nivel de escolaridad tiene implicaciones en la participación de las
mujeres en el espacio público, en puestos de toma de decisión a nivel comunal,
del gobierno local, nacional, en la economía, y limita su acceso a bienes y
servicios y espacios de esparcimiento y recreación (Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer 2010). Todos los aspectos mencionados son
importantes para disfrutar de una vida digna.
Situación socioeconómica de las personas mayores
La situación
socioeconómica de las personas mayores ha presentado importantes variaciones a
lo largo de las últimas décadas. En términos generales, se observa que la
condición económica de esta población ha sido poco favorable en comparación con
otros grupos poblacionales, mostrando en el último decenio un aumento en los
niveles de pobreza que apenas dio
algunas señales de recuperación después de la pandemia del Covid-19. Las
personas mayores en situación de pobreza y pobreza extrema pasaron de ser
109 746 en 2015 a ser 189 373 en 2022, es decir, pasaron de un 24,1 %
a un 26,9 % del total de la población mayor (CIOdD y Observatorio del
Envejecimiento 2023a). Lo más revelador respecto a la condición económica de las
personas mayores es que, tanto para 2015 como para 2022, sus niveles de pobreza
superaron al resto de la población nacional, evidenciándose así la particular
desigualdad y vulnerabilidad económica que experimentan en relación con otros
grupos de edad.
Esto no se trata de un
caso aislado: la brecha en la incidencia de la pobreza que desfavorece a las
personas mayores data de antes de 1990, con una tendencia a acortarse, pero
manteniéndose constante a lo largo de las últimas décadas (CCP et al. 2008; CCP
et al. 2020). Por ejemplo, la brecha en la pobreza de la población mayor respecto
al resto de la población nacional fue del 4 % en 2007 (CCP et al. 2008),
mientras que en 2022 fue del 1,4 %, por lo que esta
ha perdurado de maneras
más reducidas. Aunado
a lo anterior, la pobreza extrema ha mostrado pocas variaciones en esta
población: si esta condición afectó al 5 % de la población mayor en 2007 (CCP
et al. 2008), entre 2015 y 2022 las personas mayores en esta situación no solo
se estancaron porcentualmente, sino que aumentaron en términos absolutos. En
ese periodo, se experimentaron cambios de 23 118 personas (5,3 %) a
35 272 personas (5%) (CIOdD y Observatorio del Envejecimiento 2023a).
Para el año 2024, sin embargo, hay
nuevos e inéditos cambios en la situación socioeconómica de la población mayor
que se desmarcan de la tendencia negativa de los últimos años. De acuerdo con
la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024), para julio de 2024 cerca de 631255
personas mayores se encontraban en una situación socioeconómica favorable,
fuera de los márgenes de la pobreza extrema y no extrema, es decir, un 79,1 % de
la población mayor. Esto mostró un aumento porcentual del 6 % comparando con el
2022, cuando este porcentaje era del 73,1 % (CIOdD y
Observatorio del Envejecimiento 2023a).
De manera similar, en lo que
concierne a las personas mayores en condiciones de pobreza y pobreza extrema,
se constata una reducción porcentual significativa respecto a años anteriores, a
pesar de que este fenómeno sigue afectando de manera importante a esta
población. En 2024, la ENAHO evidenció que cerca de 169 869
personas mayores se encontraban en esta condición, lo que
representa ligeramente más de una quinta parte de la población mayor del país
(21 %), afectando a 90 223 mujeres y a 76 646 hombres. Si bien esta
cifra permanece bastante alta, y en términos absolutos es bastante más
elevada que la presentada en 2015, es importante destacar que representa una
reducción del 5,9 % en relación con los datos de 2022, año en que la pobreza
afectó al 26,9 % de las personas mayores. Aun así, lo anterior resalta una
situación cuyo carácter estructural ha quedado demostrado: los niveles de
pobreza en la población mayor han rondado el 20 % en los últimos dos decenios
(CONAPAM 2023), en la mayoría de los casos por encima de la media nacional, y
siguen afectando a un importante segmento de este grupo etario.
Por otra
parte, la brecha en los niveles de pobreza de las personas mayores y el resto
de la población mostró cambios muy significativos en 2024, siendo que por
primera vez en muchos años la brecha no fue negativa para la población mayor.
En 2024, la pobreza extrema y no extrema en la población mayor fue del 3,3 % y
del 17,6 % respectivamente, mientras que a nivel nacional la pobreza extrema
fue del 4,8 %, y la no extrema del 18 % (INEC 2024b). Es decir, en ambos casos los
niveles de pobreza de las personas mayores se mantuvieron por debajo de la
media nacional. Esto representa un quiebre importante en relación con la
constante brecha que, como lo plantean el CCP et al. (2008), ha caracterizado
la última década del siglo XX y el inicio del presente siglo.
La
situación socioeconómica de las personas mayores es, no obstante, más compleja de
lo que muestran estos datos generales, por lo que es necesario observar otras
variables como el sexo para comprender la heterogeneidad de esta población. De
esta forma, al estudiar las condiciones económicas y de vida de las personas
mayores desde un enfoque de género se aprecian importantes diferenciaciones
internas dentro de este grupo poblacional. Esto resalta que hombres y mujeres presentan
características socioeconómicas y laborales muy diferentes.
En
primera instancia, se identifica que en 2024 un 78,4 % de los hombres
mayores no eran pobres, mientras que en el caso de las mujeres mayores no lo
era un 79,7 % (Tabla 4). De manera análoga, los resultados de la encuesta
evidencian que para 2024 las mujeres mayores tienen un peso importante entre
las personas no pobres, quienes constituyen un 56 % del total de la población
que se encuentra en esta situación socioeconómica más favorable.
Además, los datos muestran niveles
de pobreza extrema y no extrema más elevados entre los hombres mayores. Un
análisis comparativo del total de hombres y mujeres por separado muestra que son
los primeros los más afectados en ambos tipos de pobreza, aun si esto es por
márgenes pequeños (Tabla 4). Sin embargo, estos datos cambian cuando el
análisis se realiza por categoría socioeconómica: si bien los hombres son comparativamente
un 1,4 % más pobres que las mujeres, nuevamente son las mujeres quienes, por su
peso numérico en la población mayor, son la mayoría de la población pobre (54,2
%).
Tabla 4. Costa Rica. Distribución absoluta
y relativa de las personas de 65
años y más por sexo, según su condición socioeconómica, julio de 2024.
|
Nivel de pobreza |
Hombre |
|
Mujer |
||
|
Absoluto |
Relativo |
|
Absoluto |
Relativo |
|
|
Pobreza extrema Pobreza no extrema |
11 901 64
745 |
3,4 18,3 |
|
14 119 76
104 |
3,2 17,1 |
|
No pobre |
277 638 |
78,4 |
|
353 617 |
79,7 |
|
Total |
354 284 |
100,0 |
|
444 840 |
100,0 |
Fuente: INEC-Costa
Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2024.
El hecho
en apariencia paradoxal de que las mujeres sean mayoritarias tanto entre las
personas en situación de pobreza como entre quienes no son pobres es explicable,
debido a la preponderancia numérica que estas tienen dentro de la población
mayor en general. Para 2024, las mujeres constituían el 55,6 % de las personas
mayores del país. De esta forma, en lo que respecta a fenómenos muy abordados
en los estudios sobre la vejez, como la feminización de la pobreza, es
importante señalar que, en cierta medida, esta es un corolario directo de un
proceso análogo de feminización de la vejez.
En
cualquier caso, es fundamental que, como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) recomienda a nivel regional, se implementen políticas públicas y
«programas
de atención urgente y prioritaria para la protección de mujeres mayores en
situación de pobreza y extrema pobreza» (2023, 168). Esta es una población altamente
vulnerable que experimenta de manera interseccional diferentes dificultades en
su envejecimiento, algo que afecta a 90 223 mujeres mayores en Costa Rica.
La pobreza de las mujeres mayores, además, tiende verse acentuada por factores
como la discriminación, la violencia y la desigualdad de género, la soledad no
deseada, la exclusión de los trabajos remunerados, las cargas del trabajo
doméstico y las labores de cuidado.
Las desigualdades que
experimentan las mujeres mayores, así como las marcadas brechas de género,
comprometen de manera importante su bienestar y su calidad de vida. En este
sentido, como también ha demostrado la OMS reducir los niveles de pobreza en la
población mayor desde un enfoque de género debe ser una prioridad en la
política pública, debido a que «El envejecimiento
saludable está (…) estrechamente vinculado a la inequidad social y económica»
(2020, 4). Especialmente esto tiene injerencia, en lo que respecta a las
desigualdades acumuladas con el tiempo en la vida laboral, la capacidad de
generar ingresos, las cargas del trabajo de cuidado y otras brechas experimentadas
a lo largo de la vida. Todas estas dimensiones comprometen la equidad y la
salud de las mujeres.
Condición de actividad y trabajos de cuido
En lo que atañe
a la condición de actividad, se evidencia un peso porcentualmente muy significativo
de los hombres en la fuerza de trabajo en comparación con las mujeres: como se
muestra en la Tabla 5. En 2024, un 17 % de los hombres de 65 años y más se
encontraban aún incluidos dentro de la fuerza de trabajo, en comparación con un
5,2 % de las mujeres en ese mismo rango de edad. Es decir, en lo que concierne
a la actividad laboral remunerada, los hombres tienen niveles relativos de
ocupación tres veces mayores a los de las mujeres, mostrándose la prolongada
brecha a nivel laboral entre ambos sexos que perdura – y se acentúa – hasta en edades
avanzadas.
Los niveles de desempleo de las
personas mayores son, de igual manera, más altos en hombres que en mujeres, siendo
del 0,4 % y el 0,1 % respectivamente. Esto implica que hay un número importante
de personas mayores en búsqueda de ingresos, ya sea como ingreso único o complementario.
Ello involucra una mayoritaria participación masculina y una contundente
exclusión de las mujeres mayores del mercado laboral, relegadas en cambio a los
hogares y al espacio familiar.
Tabla 5. Costa Rica. Distribución absoluta y
relativa de las personas de 65 años y más por sexo, según condición de
actividad, julio de 2024
|
Condición
de actividad |
Hombre |
|
Mujer |
||
|
Absoluto |
Relativo |
|
Absoluto |
Relativo |
|
|
Fuera de la fuerza de trabajo |
292 661 |
82,6 |
|
420 210 |
94,6 |
|
Ocupado |
60 233 |
17,0 |
|
23 193 |
5,2 |
|
Desempleo abierto |
1 390 |
0,4 |
|
613 |
0,1 |
|
Total |
354 284 |
100,0 |
|
444 016 |
100,0 |
Fuente: INEC-Costa
Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2024.
Aunado con lo anterior, los datos de la ENAHO 2024 muestran que,
en el momento de aplicación de la encuesta, un 15,5 % de los hombres y un 4,5 %
de las mujeres aseguraron haber trabajado la semana pasada. Como se observa
en la Tabla 6, de las
74 865 personas mayores que trabajaron la semana anterior, el 73,4 % eran
hombres (54 948 personas), cifra que casi triplica porcentualmente la de
las mujeres, que fueron apenas un 26,6 % (19 917 personas). La desigualdad laboral
queda aún más clara al observarse que, si bien el porcentaje de hombres mayores
fuera de la fuerza laboral constituye una amplia mayoría del 82,6 %, esta cifra
asciende en el caso de las mujeres hasta un exorbitante 94,6 %, reflejando una
exclusión aún más marcada de las mujeres mayores respecto de la posibilidad de acceder
a un trabajo remunerado fuera del hogar.
Tabla 6. Costa Rica. Distribución absoluta y relativa de la población de 65 años y
más por sexo, según si trabajó o no la semana pasada, julio 2024
|
Trabajó la semana pasada |
Hombre |
|
Mujer |
||
|
Absoluto |
Relativo |
|
Absoluto |
Relativo |
|
|
Sí |
54 948 |
15,5 |
|
19 917 |
4,5 |
|
No |
299 336 |
84,5 |
|
424 099 |
95,5 |
|
Total |
354 284 |
100,0 |
|
444 016 |
100,0 |
Fuente: INEC-Costa
Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2024.
Esto implica un reto importante en lo que concierne al
derecho de las personas mayores a participar en igualdad de condiciones dentro
del mercado laboral, especialmente para las mujeres, quienes ven este derecho obstaculizado
por mandatos de género e incluso por discriminación. Nuevamente, en este caso,
se refuerzan en la vejez aquellas desigualdades experimentadas por las mujeres mayores
durante su vida: primero por ser mujeres, luego por ser mayores. Todo lo
anterior, de igual manera, implica una violación expresa de la Convención
Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores
de la que Costa Rica es signataria desde 2016, que establece en su artículo 18
que
«La
persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de
oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su
edad».
Entonces, los «Estados
Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona
mayor» (OEA 2015, 10), evitando a su vez que el género sea un
factor de discriminación. En Costa Rica, a pesar de esto, la población mayor es
mayoritariamente excluida de oportunidades laborales y son las mujeres las
principales afectadas por esta discriminación.
Por otro lado, los datos sobre los niveles de ocupación y la
regularidad de la actividad laboral esconden una faceta importante del trabajo
que realizan las personas mayores en el país, a saber, el trabajo de cuidados y
el trabajo doméstico no remunerado. En este caso, como se evidencia en la Tabla
7, 48 254 mujeres mayores ejercieron labores de cuidado de niños o niñas, personas
mayores u otras personas que integran su hogar u otro hogar, es decir, un 10,9 %
del total de las mujeres mayores. Esta cifra es relativa y absolutamente mayor
a la de los hombres mayores, en cuyo caso 30 765 indicaron haber
participado también de estas labores de cuidados, o sea, un 8,7 %. En relación con
esto, resulta relevante acentuar que un 61 % de quienes señalaron ejercer
labores de cuidado de personas que integran su hogar u otro hogar son mujeres, más
que los hombres, que son el 38,9 % restante.
Tabla 7. Costa Rica.
Distribución absoluta y relativa de las personas de 65 años y más por sexo,
según cuidaron niños, ancianos u otras personas miembros de este o
de otro hogar, julio de 2024.
|
Cuidó personas miembros de este u otro hogar |
Hombre |
|
Mujer |
||
|
Absoluto |
Relativo |
|
Absoluto |
Relativo |
|
|
Sí No |
30 765 323 519 |
8,7 91,3 |
|
48 254 395 762 |
10,9 89,1 |
|
Total |
354 284 |
100,0 |
|
444 016 |
100,0 |
Fuente: INEC-Costa
Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2024.
Esta desigual distribución del trabajo de cuidado no se
produce exclusivamente debido a la preponderancia numérica de las mujeres
mayores, sino que también responde a dinámicas sociales más complejas como la
división sexual del trabajo y la organización social de los cuidados. En el
primer caso, a las mujeres por su capacidad reproductiva-biológica se les
asigna la tarea de brindar cuidados a otras personas, y en el segundo caso, es
a los hogares a los que se les responsabiliza de esta actividad y en ellos a
las mujeres.
Las mujeres mayores experimentan, en este sentido, un
proceso de envejecimiento que, como ya ha sido señalado por Huenchuán, se
caracteriza por acentuar muchas de las desigualdades y violencias experimentadas
por las mujeres a lo largo de sus vidas. Si bien tienen un papel fundamental en
la provisión de cuidados, las mujeres mayores «por lo general, tienen menos años de
estudio, reciben menores ingresos que los hombres durante su vida laboral y
llegan a la vejez con desventajas económicas y sociales» (2009, 68), perpetuándose en edades
avanzadas.
Manutención económica del hogar
En lo que concierne a la manutención económica del hogar, un
98,1 % de las personas mayores del país sí mantienen económicamente el hogar,
mientras que solo un 1,9 % depende de instituciones y personas residentes en el
país para su financiamiento. Precisamente, como se muestra en la Tabla 8, cerca
de 314 237 hombres y 381 886 mujeres afirman mantener económicamente el hogar,
es decir, un 98,9 % de los hombres y un 97,4 % de las mujeres respectivamente. Del
total de 696 123 personas mayores que mantienen económicamente el hogar, el 45,1
% son hombres y el 54,9 % son mujeres.
Análogamente de las 13 572 personas mayores que
dependen de una institución o persona para mantener la economía doméstica, una
abrumadora mayoría del 75 % son mujeres, es decir, 10 169 personas. En el
caso de las mujeres mayores que dependen de una institución o persona para
mantener el hogar, más de la mitad (57,7%) provienen de hogares unipersonales,
es decir, 5 867 mujeres mayores que viven solas dependen de esta ayuda. En el caso de los hombres mayores la gran
mayoría vienen de hogares de dos integrantes, como es el caso de 2 125
hombres mayores, y solo un reducido número de 649 hombres mayores que dependen
económicamente de instituciones o personas vive en hogares unipersonales
.
Tabla 8. Costa Rica.
Distribución absoluta y relativa de las personas de 65 años y más por sexo,
según mantiene económicamente el hogar, julio de 2024.
|
Mantiene económicamente
el hogar |
Hombre |
|
Mujer |
||
|
|
Absoluto |
Relativo |
|
Absoluto |
Relativo |
|
Sí
|
314 237 |
98,9 |
|
381 886 |
97,4 |
|
Se encarga una institución o
persona |
3
403 |
1,1 |
|
10
169 |
2,6 |
|
Total
|
317 640 |
100,0 |
|
392 055 |
100,0 |
Fuente: INEC-Costa
Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2024.
Vinculado con lo anterior, de las
mujeres mayores que mantienen económicamente el hogar, 78 156 son habitantes
de viviendas unipersonales, es decir, un 20,5 %, prácticamente el doble que los
hombres mayores que mantienen el hogar en esta condición, que son 39 994
personas, un 12,7 %. Además, de las mujeres que sostienen económicamente
el hogar, más de la mitad (58,6 %) viven en
hogares de uno o dos integrantes, mientras que los hombres que sostienen económicamente
el hogar lo hacen mayoritariamente en hogares compuestos por dos, tres o cuatro
personas, y escasamente en hogares unipersonales. Consecuentemente, hay una
clara diferenciación en las condiciones en las que los hombres y las mujeres sostienen
el hogar: los primeros tienden a estar acompañados, mientras que las segundas
están más expuestas a cargar con la economía doméstica de manera solitaria.
Esto supone un desafío importante para muchas
mujeres mayores, que son quienes habitan más frecuentemente hogares unipersonales
y, por lo tanto, son las más expuestas a tener que sostener la economía del
hogar sin el acompañamiento y la ayuda de un cohabitante. Ante la marcada
exclusión del mercado laboral que experimentan las mujeres mayores, además, esto
puede ser un factor de alta vulnerabilidad, especialmente en los casos en los
que estas no cuenten con apoyo de familiares o no reciban transferencias monetarias
o pensiones.
Condición de aseguramiento y pensión
En lo que atañe a la condición de aseguramiento, a partir de los resultados
de la ENAHO 2024 se constata que del total de personas mayores no aseguradas las
mujeres corresponden al 43,9 %, y los hombres al 56,1 %, esto se puede vincular
con que las mujeres representan la mayor proporción de personas mayores en el
país. En cuanto a la forma de aseguramiento, el 61,5 % de los hombres obtiene
su seguro a través del régimen de invalidez,
vejez y muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Este, en el caso de las mujeres, es obtenido por un 35,1 % población adulta. Por
un lado, el 14,5 % de los hombres y un 21,5 % de las mujeres mayores se
encuentran aseguradas por el régimen de pensiones no contributivo de monto
básico. Un 5,5 % de ellos y un 18,9 % de ellas son familiares de personas
aseguradas directas; como familiares de pensionados se encuentran aseguradas el
8,8 % de las mujeres y el 0,5 % de los hombres; cuentan con un seguro por el
régimen del Magisterio, Poder Judicial y Hacienda el 4,8 % de los hombres y el
6,5 % de las mujeres; cuentan con un seguro voluntario el 3,9 % de los hombres
y el 2,3 % de las mujeres, y finalmente, el 5,6 % de los hombres y el 1,9 % de
las mujeres mayores tienen otros tipos de seguros.
De acuerdo con el artículo 19 de la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), este grupo
de población tiene derecho a la salud física y mental, a su promoción, a la
prevención y atención de enfermedades, así como a disfrutar del mayor bienestar
físico, mental y social. Pese a esto, de acuerdo con la ENAHO (2024), para el
año 2024 en Costa Rica cerca de 8079 hombres mayores no contaban con seguro,
situación en la que se encontraban 7023 mujeres mayores. Estos datos llaman la
atención respecto a la importancia de atender a nivel de política pública las
necesidades de esta población, porque el no contar
con seguro implica que estas personas no tengan acceso a chequeos médicos, medicamentos,
exámenes de laboratorio y otros servicios que en el país brinda la Caja
Costarricense de Seguro Social, lo cual vulnera por completo el derecho humano
a la salud.
Por otra parte, en cuanto al acceso a una pensión, de los hombres el 14,3 %
(50 631 personas) no tiene acceso a ella, esta problemática la enfrenta el 17,8
% (78 770) de las mujeres. Mientras que, del total de las personas mayores sin
acceso a esta importante fuente de ingresos el 39,3 % correspondía a hombres y
el 60,9 % a mujeres. La pensión es un recurso fundamental en la etapa de la
vejez para cubrir las necesidades básicas de las personas mayores, pese a esto,
de acuerdo con los datos de la ENAHO 2024, tal como ya se señaló, hay un
porcentaje importante de mujeres y hombres que no tienen acceso a ella. Sin
embargo, son las mujeres quienes más carecen de esta, diferencias que se pueden
vincular con la división sexual del trabajo y la distribución de tareas y
espacios para mujeres y hombres. Ellas en mayor medida se dedican a las labores
domésticas y de cuidados cuentan con menos tiempo para el trabajo remunerado,
lo cual les dificulta cotizar para un régimen de pensión contributiva. Caso
contrario ocurre con los hombres, quienes tienen una mayor participación en el
espacio público, en el trabajo remunerado, por lo cual, en la adultez mayor sí
disponen de una pensión producto de las cotizaciones que realizaron a lo largo
de su vida laboral.
El no contar con una pensión durante la etapa de la vejez implica que
muchas personas mayores no puedan gozar de una vida digna, al experimentar la
vulneración de derechos como la seguridad social. Esto se encuentra estipulado
en el artículo 17 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015, 10) y en el que se señala que «los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de
los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida
digna a través de los sistemas de seguridad
social y otros mecanismos flexibles de protección social». Se vulneran de igual forma derechos como la igualdad,
la dignidad en la vejez, la independencia y autonomía, entre otros. No contar
con una pensión es un factor de alto riesgo para las personas mayores, especialmente
debido a que se ha determinado que las transferencias económicas son la
principal fuente de ingresos de esta población (CCP et al. 2020; CONAPAM 2023).
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Como parte de los
derechos humanos de las personas mayores se contempla su inclusión, integración
y participación en diferentes espacios, pero los avances en la tecnología han
provocado que estos no siempre se produzcan de manera presencial, sino que
también surjan de forma virtual. Esta es una razón por la cual es fundamental
que las personas mayores cuenten con los conocimientos para el uso de la
tecnología digital, de manera que puedan emplearla en las actividades de su
vida diaria. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) pueden contribuirle a
esta población en el ejercicio de algunos de sus derechos humanos como la
salud, el trabajo remunerado, el esparcimiento, la educación, entre otros (Huenchuan
2022).
Respecto a este tema, los datos de la ENAHO (2024) muestran, en primer
lugar, que la mayoría de las personas mayores no disfrutan de los avances
tecnológicos de la era digital, cuyo uso está muy extendido en otros grupos de
edad. En segundo lugar, existe una brecha considerable (y a veces abismal)
entre hombres y mujeres mayores en el uso de estas tecnologías; en todos los
casos, sin excepciones, los hombres muestran un mayor uso y disfrute de estas
tecnologías en comparación con las mujeres.
Para empezar, los datos de la encuesta arrojaron que, en lo que concierne
al uso de tabletas y computadoras portátiles y de escritorio, las personas
mayores se encuentran altamente rezagadas. Del total de esta población, solo un
3,8 % utilizó tabletas en los últimos tres meses, mientras que el uso de
computadoras portátiles y de escritorio fue solo del 9,3 % y 4,2 %, respectivamente.
De igual manera, cerca 269 285 personas mayores no usaron
internet entre abril y julio de 2024, es decir, un 34 % de la población mayor,
mostrándose así el bajo uso de estas tecnologías por parte de la población
mayor
Cuando los datos se desglosan por sexo, sin embargo, es que empieza a
evidenciarse la acentuada brecha digital entre hombres y mujeres mayores. El
uso de TIC es relativamente superior en todos los casos en favor de los hombres
y bastante inferior para las mujeres, tal y como se muestra en la Tabla 9. De
las 74 029 personas mayores que utilizaron computadoras portátiles, solo
el 43, 9% fueron mujeres, mientras que de las 33 366 que usaron
computadoras de escritorio este porcentaje desciende al 39,6 %. Sin embargo, a
pesar de continuar siendo comparativamente alta, la brecha entre hombres y
mujeres se reduce ligeramente en el uso de teléfonos celulares y el acceso a
internet: la diferencia entre ambos sexos es de un 3,4 % en el uso de teléfonos
celulares, mientras que en el acceso a internet es del 1,7 %, en ambos casos
favoreciendo a los hombres (Tabla 9).
Tabla 9. Costa Rica.
Distribución absoluta y relativa de las personas de 65 años y más por sexo,
según las TIC utilizadas en los últimos 3 meses, julio de 2024.
|
TIC utilizadas en los últimos 3 meses |
Hombre |
|
Mujer |
||
|
Absoluto |
Relativo |
|
Absoluto |
Relativo |
|
|
Computadora de escritorio |
20 131 |
5,7 |
|
13 235 |
3,0 |
|
Computadora portátil |
41 550 |
11,7 |
|
32 479 |
7,3 |
|
Tableta |
14 539 |
4,1 |
|
15 445 |
3,5 |
|
Teléfono celular |
285 871 |
80,7 |
|
343 208 |
77,3 |
|
Internet |
238 167 |
67,2 |
|
290 852 |
65,5 |
Fuente: INEC-Costa
Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2024.
Por otro lado, de acuerdo
con los mismos datos de la encuesta, las mujeres, por su peso numérico, son la
mayor parte de las personas mayores que utilizan teléfonos e internet, pero esta
situación presenta importantes matices. De las 269 281 personas mayores
que no usaron internet, cerca de 153 164 fueron mujeres (57 %), mientras
que de las 169 221 personas mayores que no usaron el teléfono celular, 100 808
eran mujeres (59,6 %). En este sentido, se evidencia que las mujeres mayores se
enfrentan a una doble brecha en el uso de las TIC: primero como adultas mayores
y luego como mujeres.
Estas dificultades de
acceso y uso de las TIC en la población mayor y, especialmente las mujeres
mayores, han sido abordadas en diferentes convenios y recomendaciones
nacionales e internacionales sobre el derecho a la educación de la población
mayor, siendo mencionadas de manera particularmente explícita por la
Recomendación General Nº 27 de la CEDAW (ONU Mujeres 2011, 38). Según esta, las
«mujeres
tampoco tienen las mismas oportunidades de formación en el campo de las nuevas
tecnologías de la información, ni disponen de los recursos necesarios para obtenerlas».
A este señalamiento se suma la CIDH (2023), que estipula recomendaciones a los
Estados para reducir la desproporcionada brecha digital que afecta a las
personas mayores. Del mismo modo, la Carta de San José sobre los
derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe insiste
en «reducir la brecha tecnológica» (CEPAL 2012, 15) y en que se garantice el
derecho a la educación de las personas mayores en el uso de las TIC de manera
equitativa.
En relación con lo
anterior, los resultados de esta investigación evidencian un incumplimiento de
lo establecido en el artículo 20 de la Convención interamericana sobre la
protección de los derechos humanos de las personas mayores, cuyo inciso d)
establece específicamente que los Estados Parte deberán «Promover
la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha
digital, generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria».
Tambien incumplen el artículo 21, según el cual «La
persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida
cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios del
progreso científico y tecnológico y de otro producto de la diversidad cultural»
(OEA 2015, 12), sin que el género sea un impedimento para su cumplimiento.
En este sentido, es aún
más relevante que los procesos de alfabetización digital y reducción de la
brecha tecnológica contemplados en la PNEV 2023-2033
prioricen en su implementación estrategias que fomenten la igualdad de género
en el uso de las TIC, buscando disminuir las brechas educativas y tecnológicas entre
los hombres y las mujeres mayores.
Conclusiones
En la actualidad, Costa Rica
enfrenta los desafíos de la transición demográfica causados por el descenso de las
tasas de mortalidad y fecundidad, así como el envejecimiento poblacional que
estos fenómenos producen. El país se ha convertido en uno de los más avanzados
en el proceso de envejecimiento poblacional en la región junto con otros países
que vivieron tempranamente este cambio demográfico, como Cuba, Argentina y
Uruguay (Pérez 2022). Este hecho se destaca, no obstante, por un proceso
marcado de feminización de la vejez. Tanto en Costa Rica como en muchos países
latinoamericanos, son las mujeres quienes representan la mayor proporción de
personas mayores a causa de su mayor esperanza de vida.
Es en consonancia con esto que surge
la necesidad de abordar el envejecimiento tanto desde una perspectiva de
derechos humanos, que hace sujetas de derechos a las personas mayores, como
también desde una perspectiva de género, que da cabida a un entendimiento de la
vejez que desborda su aparente homogeneidad, distinguiendo más bien la
existencia de «vejeces» diferenciadas entre hombres y
mujeres. El hecho de que las mujeres vivan más años que los hombres implica
que, por ejemplo, más mujeres que hombres sean viudas en la etapa de la vejez, así
como también que estas sean la gran mayoría de quienes habitan en hogares
unipersonales y la mayoría de quienes deben asumir la economía doméstica sin
compañía, por lo que son un grupo particularmente vulnerable a situaciones de
abandono y soledad no deseada.
La división sexual del trabajo, así
como los roles y mandatos de género, siguen produciendo desigualdades entre las
mujeres y los hombres en la etapa de la vejez. Se evidencia en datos como el
mayor porcentaje de hombres en la jefatura de hogar respecto a las mujeres y la
mayor tasa de ocupación que presentan los hombres, o en el menor porcentaje de
mujeres mayores cuya condición de aseguramiento corresponda al seguro a través del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
(IVM), mientras que ellas son las esposas o compañeras de los jefes del hogar y son
también la mayoría de quienes ejercen labores de cuido.
En este sentido, es importante reconocer la universalidad de las necesidades
de cuidados en sus tres dimensiones — cuidar, ser cuidado y autocuidarse —,
desde el inicio hasta el final de la vida, para avanzar hacia una sociedad
del cuidado que priorice en la eliminación de desigualdades de género. El
machismo recarga este trabajo sobre las mujeres, comprometiendo su autonomía
sin que el Estado y el resto de la sociedad participen en la redistribución de
esta labor (CEPAL 2022). El cuidado es, como se evidenció, mayoritariamente adjudicado
a las mujeres mayores y garantizado por estas a familiares, niños, niñas y otras
personas, sin que la relación de cuidados sea necesariamente recíproca. Es
decir, sin que este se retribuya y redistribuya de manera justa.
En cuanto a la condición de actividad, se constata una diferencia
significativa entre hombres y mujeres mayores en la participación en el mercado
laboral. La cantidad de hombres ocupados triplica la de las mujeres, mostrándose así
la prolongada brecha a nivel laboral entre ambos sexos que perdura hasta edades
avanzadas. Esto excluye de manera casi total a las mujeres mayores de su
derecho a la participación en trabajos remunerados y, consecuentemente, les
priva de autonomía económica y una pensión digna. Las mujeres, además, están más expuestas que los
hombres a hacer frente a los retos de la economía doméstica sin compañeros o
cohabitantes, debido a que son la mayoría de quienes habitan hogares
unipersonales, y son la amplia mayoría de quienes sostienen los hogares en esta
condición.
La pobreza, por su parte, sigue afectando una quinta parte de las personas
mayores y denota patrones estructurales de desigualdad en el ingreso respecto a
otras poblaciones, a pesar de una reciente mejora. Los hombres son quienes presentan
niveles porcentuales comparativamente más altos de pobreza; no obstante, las mujeres son, por su peso numérico en la población
mayor, el 54,2 % del total de las personas en situación de pobreza y pobreza
extrema, así como también son el 56 % de la población no pobre.
La feminización de la pobreza es, en todo caso, un
corolario de la feminización de la vejez, y es un fenómeno que, de la mano con
otras desigualdades estructurales que experimentan las mujeres, compromete su
salud y el bienestar, así como su posibilidad para tener una vida digna.
Por otro lado, la investigación evidenció por primera vez en años recientes
una eliminación de la brecha en la línea de pobreza que históricamente había
afectado a las personas mayores, quedando ligeramente por debajo de los niveles
de pobreza del resto de la población y mostrando una reducción de la pobreza de
un 6 % en
comparación con 2022. Aun así, dos de cada diez personas mayores no tienen
acceso a los recursos necesarios para mantener su consumo básico, situación que
afecta fuertemente a las mujeres mayores: en total, 169 869
personas mayores viven bajo la Línea de Pobreza, 90 223 mujeres y
76 646 hombres.
Por otra parte, en lo que respecta al uso de las TIC, existen importantes
brechas de género entre hombres y mujeres mayores, especialmente en el acceso a
computadoras, así como también en el uso de teléfonos celulares e internet. Sin
ninguna excepción, los hombres mayores son relativamente los más favorecidos en
el uso de estas tecnologías, mientras que las mujeres mayores se ven afectadas
por una doble brecha en el acceso y el uso de las TIC: primero como adultas
mayores, luego como mujeres.
Todo lo anterior resalta
el imperativo de que el Estado, tal y como se establece en el inciso 32 de la
Recomendación General No. 27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus
derechos humanos, recopile datos desglosados por edad y sexo en la formulación
de políticas públicas en torno a la pobreza, la violencia, el trabajo — tanto
el remunerado como el no remunerado — y otras problemáticas que afectan a
personas mayores, especialmente a las mujeres (ONU Mujeres 2011). La carencia
de información con perspectiva de género permanece siendo un reto importante en
la política pública nacional y en las investigaciones interdisciplinarias
llevadas a cabo en este campo. La PNEV 2023-2033, por ejemplo, refleja importantes
vacíos en perspectiva de género, mientras que en los primeros dos informes del
Estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica no se realizan
distinciones de género de manera detallada a la hora de abordar las condiciones
de vida de las personas mayores.
Como ya se ha establecido
en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de
las personas mayores, es fundamental garantizar «la
incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas
dirigidos a hacer efectivos los derechos de la persona mayor» (OEA
2015, 2). Se debe abordar este fenómeno de manera interseccional en lugar de
homogenizar la vivencia de la vejez. Lo anterior es reforzado por el Consenso
de Montevideo Sobre Población y Desarrollo de 2013, en el que se establece como
medida prioritaria para Costa Rica el «desarrollar políticas a todo nivel
(nacional, regional y local) tendientes a garantizar la calidad de vida, el
desarrollo de las potencialidades y la participación plena de las personas
mayores (…) contemplando la diferente situación de hombres y mujeres, con
especial énfasis en los grupos más susceptibles de discriminación» (CONAPAM 2023,
21-2).
En materia de acción legal, Costa Rica es un país con importantes logros
de legislación y protección de los derechos de las personas mayores, así como
avances destacados a nivel latinoamericano en aspectos como seguridad
económica, seguridad social y derecho a la propiedad y la vivienda (Castillo et
al. 2024). Sin embargo, países como Argentina tienen también un amplio
desarrollo en este sentido, concediendo además de manera única a la Convención
Interamericana un rango constitucional, algo que en Costa Rica aún no se ha
hecho y que permitiría aportar un mayor valor jurídico a los derechos de las
personas mayores. Este conjunto de derechos es escasamente abordado en la
constitución política del país y, cuando se tratan, también se hace de manera muy
general y esquemática.
Finalmente, cabe destacar la relevancia del Consejo
Nacional de la Persona Adulta Mayor
(CONAPAM) en la protección de los derechos humanos de las personas mayores en
el país. Esta entidad, rectora y responsable de la política pública sobre
envejecimiento de acuerdo con la Ley N° 7935, tiene deber encaminar los procesos de acción estatal de
manera informada para velar por los intereses de la población mayor. Es de
interés de esta institución y de la población mayor costarricense que, durante
los próximos decenios, la institución adopte enfoques aún más integrales sobre
el envejecimiento que, desde una perspectiva de género y derechos humanos, construyan
una política pública focalizada en la diversidad inherente a la población mayor,
que es atravesada por diferentes realidades sociales que vuelven al
envejecimiento un fenómeno complejo. Las mujeres mayores, una mayoría
significativa de la población de 65 años y más, requieren actualmente de una
política pública más especializada que permita la superación de brechas,
desigualdades y violencias patriarcales que la vejez no hace más que reforzar.
Como recomendación para futuras investigaciones, se sugiere profundizar
en el enfoque de equidad e igualdad de género en las vejeces del país, pero
retomando además las diferentes interseccionalidades que inciden en el proceso
de envejecimiento. Esto, como ha mostrado la CIDH (2023), implica seguir
generando contribuciones que permitan superar la preocupante ausencia de datos
respecto a las personas mayores de grupos históricamente discriminados, como personas
con discapacidad, migrantes, personas privadas de libertad, afrodescendientes,
pueblos indígenas y personas LGBTI.
Financiamiento Institucional: La investigación está adscrita a la Actividad Académica Puntual
Condiciones
de vida de las personas mayores y políticas públicas sobre la vejez en Costa
Rica: una mirada desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos
humanos, código SIA 0199-24, desarrollada en el marco del Programa Análisis de Coyuntura de la
Sociedad Costarricense la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, por
lo que el respaldo financiero corresponde únicamente a la Universidad Nacional.
Autoría: El texto contó con la colaboración continua e
ininterrumpida de ambas personas autoras desde la concepción del proyecto y su
desarrollo hasta su finalización, por lo que la autoría corresponde por igual a
ambas personas autoras.
Referencias
Castillo Aroca, Alberto., Rodríguez Jara, Lina., De la
Cruz Morel, Yandra., Córdoba, María., Corrales Camacho, Ismael., y López Ramos,
María. 2024. «Marco
Legal Y Programas De protección En América Latina Y El Caribe: Desafíos Y
Oportunidades En La protección De Los Derechos De Las Personas Adultas Mayores». Revista
Nuevo Humanismo 12 (2). https://doi.org/10.15359/rnh.12-2.19761.
CCP (Centro Centroamericano de Población), PIAM
(Programa Integral para la Persona Adulta Mayor) y CONAPAM (Consejo Nacional de
la Persona Adulta Mayor). 2008. I Informe estado de situación de la persona
adulta mayor en Costa Rica. San José: Universidad de Costa Rica.
CCP (Centro Centroamericano de Población), PIAM
(Programa Integral para la Persona Adulta Mayor) y CONAPAM (Consejo Nacional de
la Persona Adulta Mayor). 2020. II Informe estado de situación de la persona
adulta mayor en Costa Rica. San José: Universidad de Costa Rica.
CEPAL (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe). 2022. Envejecimiento en América Latina y
el Caribe: inclusión y derechos de las personas mayores. Santiago: CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/48567-envejecimiento-america-latina-caribe-inclusion-derechos-personas-mayores
CEPAL (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe). 2012. Carta de San José sobre
los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe.
San José: CEPAL.
CINPE (Centro
Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible). 2024. II Informe
de Proyecciones Macroeconómicas 2024 y Estado Actual del Gasto Social en Costa
Rica. Heredia: Universidad Nacional.
CIOdD (Centro de Investigación Observatorio del
Desarrollo) y Programa Observatorio del Envejecimiento. 2023a. Personas
Adultas Mayores en Costa Rica Principales hallazgos. San José: Universidad
de Costa Rica.
CIOdD (Centro de Investigación Observatorio del
Desarrollo) y Programa Observatorio del Envejecimiento. 2023b. Personas Adultas
Mayores en Costa Rica Principales hallazgos. Segundo Informe. San José:
Universidad de Costa Rica.
CIOdD (Centro de Investigación Observatorio del
Desarrollo) y Programa Observatorio del Envejecimiento. 2024a. Personas
Adultas Mayores en Costa Rica Principales hallazgos. Tercer Informe. San
José: Universidad de Costa Rica.
CIOdD (Centro de Investigación Observatorio del
Desarrollo) y Programa Observatorio del Envejecimiento. 2024b. Pensión
básica y sus principales desafíos. San José: Universidad de Costa Rica.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
2023. Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de
protección. Washington, D.C.: Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/personasmayores_es.pdf
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer. 2010. Recomendación general N°27 sobre las mujeres de edad y la
protección de sus derechos. New York: Organización de las Naciones Unidas https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8335.pdf
Consejo
Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). 2023. Política Nacional de
Envejecimiento y Vejez 2023-2033.
San José, Costa Rica: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
Diaz-Tendero
Bollain, Aida. 2019. Derechos Humanos de las personas mayores. Ciudad de
México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Grisales, Hugo. 2007. Condiciones de vida de los adolescentes jóvenes,
Ciudad de Medellín, 2006. Tesis de Doctorado. Universidad de Antioquia,
Colombia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/entities/publication/4d863c30-f70b-4114-a415-ebe5a35d10b1
Di Renzo, Gabriela. 2024. «Las mujeres mayores en América Latina. Un
análisis interseccional». Revista Teología, (diciembre): 245-268. https://doi.org/10.46553/teo.61.145.2024.p245-268
Huenchuan, Sandra. (2009).
Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas. Santiago: Comisión
Económica para América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/2538
Huenchuan, Sandra. 2018. Envejecimiento,
personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Perspectiva
regional y de derechos humanos. Santiago: Comisión Económica para América
Latina y el Caribe.
Huenchuan, Sandra.
2022. Visión multidisciplinaria de los derechos humanos de las personas
mayores. Santiago: Comisión Económica para América Latina y
el Caribe. https://www.cepal.org/es/publicaciones/47835-vision-multidisciplinaria-derechos-humanos-personas-mayores
INEC
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2024a. Costa Rica en cifras
2024. San José: Costa Rica. https://admin.inec.cr/sites/default/files/2024-12/recostaricaencifras2024_1.pdf
INEC
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). ENAHO. 2024b. Población de 60
años y más por grupos de edad según sexo, tamaño del hogar y otros. https://inec.cr/estadisticas-fuentes/encuestas/encuesta-nacional-hogares?documentTypes=results&page=4
INEC
(Instituto Nacional de Estadística y Censos). 2024c. Encuesta Nacional de
Hogares Julio 2024. Resultados Generales. San José: INEC. https://admin.inec.cr/sites/default/files/2024-10/reenaho2024.pdf.pdf
INEC (Instituto
Nacional de Estadística y Censos). 2025. Esperanza de vida al nacer. https://inec.cr/indicadores/esperanza-vida-al-nacer
Jiménez
Araya, T. (2021). Envejecimiento y derechos humanos. Una sociedad para todas
las edades. Barcelona: Fundació Universitat Oberta Catalunya. https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/8f720c8d-ffd2-4519-a4c4-1456b8ee24f4/content
Lagarde, M. (1997). Género y feminismo. Desarrollo Humano y
democracia. Madrid: Horas y Horas.
Longhi, Fernando. 2020.
«Condiciones de vida y contextos de salud. Un análisis territorial aplicado a
la población argentina (2001-2010)». Revista Huellas 24: 133.156 http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/ huellas
MINSA (Ministerio de
Salud). 2022. Estrategia nacional para el envejecimiento saludable basado en
el curso de vida 2022-2026. Costa Rica. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/ministerio-de-salud/politicas-planes-y-estrategias-en-salud
Monetta, Loana. 2020. «Aportes al Trabajo Social de los conceptos
“condiciones de vida y “modo de vida””». Red Sociales 07: 45-57. https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6285136
Organización de las Naciones Unidad (1948). Declaración Universal de
los Derechos Humanos. New York: Organización de las Naciones Unidas. https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/spanish
Organización
de los Estados Americanos (OEA). 2015. Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Washington,
D.C.: Organización de Estados Americanos. https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf
Organización
Mundial de la Salud (OMS). 2020. Decade of
Healthy Ageing: Plan of Action, 2021–2030. Ginebra: Organización Mundial de la
Salud. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/decade-proposal-final-apr2020-en.pdf
ONU Mujeres.
2011. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, CEDAW. Ciudad de México: ONU Mujeres.
Osorio-Parraguez,
Paulina, Isolda Navarrete Luco, Beatriz Rodríguez Gutiérrez y Jiménez Ariel
Vergara. 2022. «Mujeres centenarias en Chile: diversidad e interseccionalidad
en la longevidad femenina». Revista Latinoamericana Polis, 22: 148-166. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682022000300148&lng=pt&tlng=pt
PEN (Programa Estado de la Nación). 2024. Informe
Estado de la Nación 2024. San José: Consejo Nacional de Rectores. https://repositorio.conare.ac.cr/items/1e180708-e94b-409d-8bf0-7c3aaa77138e
Pérez Brignoli, Héctor.
(2022). América Latina en la transición demográfica (1800-2050). Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Teseo.
Proyecto NODO (2021). Manual de Género y Derechos
Humanos. Guía de contenidos y sugerencias para la gestión inclusiva. Santiago de Chile: Sistema de las
Naciones Unidas en Chile. https://chile.un.org/sites/default/files/2021-12/NS-06-Manual-de-genero-y-derechos-humanos.pdf
Ramos, Mónica. 2015. Mujeres
mayores: estudio sobre sus necesidades, contribuciones al desarrollo y
participación social. Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Madrid,
España. https://produccioncientifica.ucm.es/documentos/5d39995129995206844416d9
Ramos Toro, Mónica. (2016). Envejecer siendo
mujeres. Dificultades, oportunidades y retos. Barcelona: Bellaterra.
Scarponetti, Patricia.
2019. «Condiciones de vida/esferas de bienestar». En Estudios sobre
condiciones de vida en la Argentina contemporánea, coords. En Ignacio
Llovet y Patricia Scarponetti, 15-48. Argentina: Programa de Investigación
sobre la Sociedad Argentina Contemporánea.https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=1518&c=1
Silva Peyro, Daniela,
Hernández Delgado, Yolanda de Jesús, Pochinesta, P.aula. 2024. «La feminización
de la viudez en la vejez: una revisión sistemática sobre la transición a la
viudez en mujeres mayores». Vorágine, 5:3-41. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/234341
[1] Este artículo se elaboró a partir de la ponencia
titulada ‘‘Personas mayores y sus condiciones de vida en Costa Rica’’,
presentada por las personas autoras en la X Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO), llevada a cabo en Bogotá Colombia,
entre el 9 y el 12 de junio de 2025.