Género y cambio climático: avances normativos e investigativos para la
justicia climática
Gender and climate change: regulatory
and research advances for climate justice
Sileny Mena Gómez
Instituto de Estudios de la Mujer
Universidad Nacional, Heredia,
Costa Rica
https://orcid.org/0000-0003-4011-2704
María Luisa Preinfalk Fernández
Instituto de Estudios de la Mujer
Universidad Nacional, Heredia,
Costa Rica
https://orcid.org/0000-0002-6155-9858
Fecha de recepción: 11 de
noviembre del 2025
Fecha de aceptación: 30 de
abril del 2026
Cómo citar:
Mena Gómez, Sileny y María Luisa
Preinfalk Fernández. 2027. Cuando las monedas de plata
de Costa Rica duplicaron su valor: el decreto de 1923. Revista Reflexiones.
DOI 10.15517/qe5vvn15
Resumen
Introducción: El
presente artículo desarrolla una revisión bibliográfica sistemática de
normativa e investigaciones sobre cambio climático, que incorporan la
perspectiva de género.
Objetivo: Visibilizar las
principales discusiones sobre cambio climático desde la perspectiva de género en
escala local y regional latinoamericana, así como la normativa afín a la
necesidad de su inclusión en el estudio de la crisis climática.
Metodología: Se
realizó una sistematización de los principales instrumentos jurídicos atinentes
a la temática. Asimismo, se recopilaron investigaciones de los últimos 10 años,
haciendo una búsqueda en recursos electrónicos suscritos por la Universidad
Nacional de Costa Rica. La revisión partió de las palabras clave como cambio
climático y género. Posteriormente, se llevó a cabo la selección de los
documentos que sustentan esta propuesta, dando prioridad a aquellos que
incluían alguna de las categorías de interés.
Resultados: Costa Rica
cuenta con normativa robusta respecto al cambio climático y género. No
obstante, su implementación presenta limitaciones asociadas con pocos recursos económicos
y humanos, apatía política y bajo compromiso de la ciudadanía. Las
investigaciones coinciden en la urgencia de incorporar la perspectiva de género
para alcanzar la justicia climática. Muestra que las afectaciones climáticas impactan
de manera diferenciada, siendo las mujeres las más perjudicadas.
Conclusiones: La
perspectiva de género permite identificar cómo el cambio climático repercute
diferencialmente en la vida de las personas, afectando en mayor medida a las
poblaciones históricamente vulnerabilizadas, entre estas las mujeres.
Palabras clave: Adaptación, Crisis
climática, Gobernanza climática, Normativa,
Perspectiva de género.
Abstract
Introduction: This article presents a systematic
literature review of regulations and research on climate change that
incorporate a gender perspective.
Objective: To highlight the main discussions
on climate change from a gender perspective at the local and regional levels in
Latin America, as well as the regulations related to the need for its inclusion
in the study of the climate crisis.
Methodology: A systematization of the main legal
instruments relevant to the topic was carried out. Research from the last 10
years was also compiled, searching electronic resources subscribed to by the
National University of Costa Rica. The review began with the keywords
"climate change" and "gender." Subsequently, the documents
that support this proposal were selected, prioritizing those that included one
of the categories of interest.
Results: Costa Rica has robust regulations regarding
climate change and gender. However, their implementation faces limitations
associated with scarce economic and human resources, political apathy, and low
citizen engagement. The research agrees on the urgency of incorporating a
gender perspective to achieve climate justice. It shows that climate change
impacts are differentiated, with women being the most affected.
Conclusions: A gender perspective allows us to
identify how climate change differentially impacts people's lives, affecting
historically vulnerable populations, including women, to a greater extent.
Keywords: Adaptation, Climate crisis, Climate governance, Regulations, Gender perspective.
Introducción
El cambio climático es uno de los mayores
desafíos que enfrentan actualmente las
sociedades, producto del modelo de desarrollo dominante. Pese a los esfuerzos
realizados por mitigar su impacto, las repercusiones son múltiples y complejas,
acrecentando las desigualdades y afectando de manera diferenciada a aquellos
grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad y exclusión.
La Convención Marco del Cambio Climático (1992), define el cambio climático como: «un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables» (Art.2, 3). Se reconoce que los efectos del cambio climático impactan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Estas últimas, son las más afectadas por las desigualdades históricas de género, al tener acceso limitado a la tierra y a recursos financieros, tecnológicos y formativos, permanecer a cargo de las labores domésticas y tareas de los cuidados y dedicar más tiempo a la recolección del agua y la producción de alimentos. Además, son quienes enfrentan de manera más directa las consecuencias de los desastres, como sequías, inundaciones y la deforestación. Esto, limita las posibilidades de educación y recreación, unido a la exclusión de espacios de toma de decisiones, entre otros (PNUD, INAMU, MINAE 2023, 18).
Ante esto, incorporar la perspectiva de género en los procesos investigativos permite identificar la existencia de roles establecidos y diferenciados para hombres y mujeres. Los roles se expresan en la vida cotidiana a través de creencias, representaciones sociales, acciones y jerarquías estructurales que afectan la participación de las mujeres en todos los espacios sociales. Blázquez Graf (2012) menciona la perspectiva de género interseccional para explicar que no solo el género influye en el acceso a derechos de las mujeres, sino que esta categoría interacciona con otras, como la racialización, etnia, edad, condición económica, lugar de origen, acceso a recursos, entre otras características no excluyentes entre sí. Esto condiciona las prácticas y las relaciones de género en todos los espacios sociales. Lo anterior se relaciona de manera directa con la defensa de la justicia climática que plantea que debe reconocerse que las responsabilidades de la crisis climática son diferentes, en donde los países y poblaciones más afectadas son quienes tienen menos responsabilidad, así como menos recursos para afrontar los efectos del cambio climático (Gutiérrez Mora 2021).
En este contexto, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, Costa Rica (UNA), se propone implementar en el 2025 el proyecto Aportes de las organizaciones lideradas por mujeres a la adaptación ante el cambio climático, con el fin de visualizar su contribución frente a la crisis climática. A su vez, aspira a responder a los lineamientos establecidos en la Agenda 2030, en particular los objetivos de Desarrollo Sostenible 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas y 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
También, responde a las recomendaciones realizadas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). En su octavo informe (recomendaciones 35, 37 y 45), enfatiza en que el Cambio Climático afecta mayoritariamente a las mujeres y entre estas a las migrantes, indígenas, afrodescendientes, en pobreza, entre otras dimensiones de exclusión.
También se alinea con las políticas nacionales, principalmente la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica 2018-2030, el Plan de Acción Nacional sobre Igualdad de Género en la Acción por el Clima, la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), e institucionales como la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (PIEG-UNA).
Si bien el cambio climático ha sido ampliamente estudiado desde diferentes visiones y acercamientos metodológicos, es una realidad que muchas veces el enfoque de género sigue ausente. En este sentido, se destacan los trabajos realizados por Valerio Hernández et al. (2016), Pérez-Melchor (2018), Jiménez-Espinoza (2021), Aguilar Arguedas et al. (2023), Galindo, Lorenzo y García Cervantes (2024) entre otros. Estos estudios son significativos para comprender estrategias de abordaje ante el cambio climático, pero que carecen de la incorporación de la perspectiva de género, por lo que no se incluyen en la presente reflexión analítica. Por tanto, el presente artículo constituye una revisión sistemática de investigaciones sobre temas vinculados con el cambio climático que incorporan la perspectiva de género, con el fin de puntualizar y comprender las brechas existentes, así como las necesidades específicas de género de diversas poblaciones en condición de vulnerabilidad. Este esfuerzo revisionista espera constituir un insumo de discusión para profundizar historiográficamente en la justicia climática.
Para lograr esto, se identifican y sistematizan los principales instrumentos jurídicos internacionales y normativa aprobada por Costa Rica que incorpora la igualdad de género en el ámbito climático, siendo fundamental para el análisis de las acciones desarrolladas para dar respuesta a sus efectos. Por otra parte, se recopilan estudios producidos en los últimos 10 años, en el contexto latinoamericano y costarricense, en idioma español, usando como palabras clave cambio climático y género.
Las búsquedas se efectuaron en recursos electrónicos suscritos por la UNA e identificados a través del Catálogo en Línea (OPAC), el descubridor UNA Búsqueda, bases de datos y revistas electrónicas. En total se revisaron 50 investigaciones publicadas en el período 2015 al 2024, de las cuales se seleccionaron 12 estudios. 7 trabajos corresponden a América Latina y 5 fueron realizados en Costa Rica, principalmente en formato de artículos académicos, lo que permitió una mayor profundidad de análisis. En un primer momento, se retomaron investigaciones que incluyeran las categorías: cambio climático, riesgo, adaptación, gobernanza y justicia climática. Posteriormente se priorizó sobre los aportes que integraran la perspectiva de género como eje de análisis, así como el entrecruzamiento de otras categorías como roles de género, división sexual del trabajo, el enfoque de interseccionalidad y el enfoque de desigualdad social y su relación con el cambio climático. Por tanto, este artículo no pretende ser un recurso finiquitado sobre las investigaciones existentes en las temáticas de interés, sino un documento que proporciona insumos acerca de las investigaciones más recientes y sus hallazgos.
Marco normativo en cambio climático y género
En el presente apartado, se hará un recorrido por los instrumentos internacionales y la normativa aprobada por Costa Rica que incorporan la igualdad de género en el ámbito climático, con el fin de puntualizar los avances logrados y los desafíos enfrentados para reducir las brechas de género en materia ambiental.
Marco
Normativo Internacional
Uno de los primeros instrumentos internacionales en los que se reconoce
la importancia de la igualdad de género en el contexto del medio ambiente y la
sostenibilidad es la CEDAW, ratificada por Costa Rica en 1984. En ella se
establecen compromisos para promover la equidad de género en diferentes áreas,
incluyendo la protección del medio ambiente y la acción climática.
Posteriormente, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, Agenda 21 (Río de Janeiro 1992), se explicita el rol que asumen las
mujeres en la conservación y la construcción del desarrollo. Y también, se
solicita a los gobiernos establecer estrategias para lograr su participación
plena en el desarrollo sostenible, eliminando barreras jurídicas,
administrativas, culturales, sociales y económicas (Miranda et al. 2022). Ese
mismo año, en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
(CDB), se reafirma la importancia del rol de la mujer en la conservación y en
la formulación y ejecución de políticas. Allí, se insta a proteger y utilizar
los conocimientos y prácticas de las mujeres de comunidades indígenas y
locales, vinculadas a la medicina tradicional, la diversidad biológica y las
tecnologías indígenas (Miranda et al. 2022).
Asimismo, se aprobó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC), durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (Naciones
Unidas 1992). Este tratado internacional, ratificado por Costa Rica en 1994,
delimita lineamientos de acción global para hacerle frente al cambio climático.
Allí se reconoce que todos los países son vulnerables a sus efectos y que las
responsabilidades son comunes pero diferentes entre las Partes, dependiendo de
sus condiciones sociales, económicas y de sus capacidades. Posteriormente, a
partir de la Conferencia sobre Cambio Climático efectuada en Cancún en el 2010
(COP 16) —en seguimiento a la CMNUCC— se incorporó el enfoque de género en las
discusiones y acuerdos. Las Partes han llegado al consenso de que la
participación de las mujeres en la gestión y adaptación al cambio climático es
esencial en las soluciones climáticas (Vásquez Farez y Villamarín Jurado 2019).
En 1995, se realiza la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, donde se señalan objetivos estratégicos y medidas para el logro de la igualdad de género en 12 áreas cruciales, una de ellas es «Mujeres y Medio Ambiente» (Castañeda et al. 2021 citado por Miranda et al. 2022). Asimismo, se establece el compromiso de asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones e incluir la perspectiva de género en las políticas y programas de desarrollo sostenible.
En la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del 2000 —conjunto de ocho objetivos de desarrollo internacional acordados por los Estados Miembros de la ONU para lograr el desarrollo sostenible— se incorporan aspectos transversales de género, medio ambiente y cambio climático y se reconoce la vinculación entre el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible (Miranda et al. 2022).
En el ámbito de la reducción de riesgo de desastres, el Marco de Acción
de Hyogo (Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres Naturales), del
2005, recoge como mandato la vinculación entre la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, declarando dentro de la Consideración general 13-d,
la necesidad de integrar «la perspectiva de género en todas las políticas de
desastres sobre gestión del riesgo, planes y procesos de toma de decisión,
incluyendo aquellos relacionados a la evaluación del riesgo, alerta temprana,
manejo de la información, y educación y capacitación». (Miranda et al. 2022,
46).
En el 2015 los Estados adoptaron el Acuerdo París (Naciones Unidas 2015) en la CMNUCC —ratificado por Costa Rica en 2016—, considerado de gran relevancia al abordar integralmente el nexo entre cambio climático y género. En este se establecen medidas para combatir el cambio climático, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero y abogando por la inclusión de los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las respuestas al cambio climático, y la formulación de políticas climáticas que consideren las desigualdades de género y las necesidades particulares de las mujeres (Miranda et al. 2022). Ese mismo año, Naciones Unidas adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que convocan a los países a realizar acciones para que al 2030 se logre erradicar la pobreza, proteger el planeta, crear alianzas estratégicas y asegurar el bienestar de todas las personas, haciendo referencia a la importancia de abordar la igualdad de género ante la crisis climática (Naciones Unidas 2018).
Por su parte, el Marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres (2015-2030) —acuerdo adoptado por los países miembros de la ONU en el 2015—, que se vincula con otros acuerdos de la Agenda 2030, tales como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, incorpora el enfoque de género en sus principios y reconoce que en los desastres, las mujeres, los niños y las niñas se ven afectadas de manera diferenciada y desproporcionada, abogando también por la participación de las mujeres en la gestión del riesgo de desastres.
En la Región de América Latina y El Caribe, los acuerdos internacionales ratificados han permitido retomar los principios de la igualdad en los marcos normativos nacionales y la adopción de planes de acción de género, que incluyen la recopilación de datos desagregados por sexo e indicadores de género. Paralelamente, la Región ha construido una Agenda Regional de Género, que en los últimos años involucra la dimensión ambiental y climática (Miranda et al. 2022).
En las últimas décadas, los Gobiernos, reunidos en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, espacio de articulación intergubernamental regional permanente convocado por la CEPAL, han aprobado diversos compromisos en torno a esta Agenda Regional del Género, con el fin de que sean considerados los derechos de las mujeres en su diversidad (Aguilar Revelo 2021). Estos acuerdos incluyen el Consenso de Brasilia, adoptado en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en el 2010, en el que se señala que el cambio climático puede afectar negativamente el desarrollo productivo, el uso del tiempo por parte de las mujeres, especialmente en zonas rurales, y su acceso al mercado laboral.
Asimismo, en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, suscrita por los Gobiernos de la región en 2016, se identifican nudos estructurales (las desigualdades, la pobreza, los patrones culturales patriarcales, la división sexual del trabajo, la organización social de los cuidados, las relaciones de jerarquía en los espacios públicos y la concentración del poder, entre otros) que afectan la autonomía física, económica y la toma de decisiones de las mujeres. Estas deben superar todo lo anterior para lograr la igualdad de género en la región (Aguilar Revelo 2021).
En 2021, entró en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú). Este constituye el primer tratado regional que reconoce el aporte de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, desarrollo sostenible y consolidación de la democracia y vela porque se respeten y protejan los derechos humanos y principios democráticos en las acciones ambientales.
El contexto anteriormente expuesto ha contribuido a visibilizar la vinculación existente entre la crisis climática de la región y las desigualdades de género, impulsando lineamientos de acción política que responden a sus particularidades, sin ser el avance homogéneo entre los países. Su implementación depende de la voluntad política, la asignación de recursos y el fortalecimiento de capacidades institucionales. Las «intervenciones técnicas (son) simplistas, específicas y cortoplacistas que en su aplicación no han logrado quebrar las estructuras de poder desiguales o incidir estructuralmente para cerrar las brechas de género. Ante ello, las desigualdades de género obstaculizan el desarrollo sostenible» (Aguilar Revelo 2021, 9).
En el Encuentro Regional sobre Cambio Climático e Igualdad de Género, efectuado en Chile en el 2021, se plantearon varios desafíos para la región, de cara al cumplimiento de las áreas prioritarias del Plan de Acción de Género mejorado de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (aprobado en la COP25). Estos desafíos son: a) desarrollar un enfoque de trabajo multisectorial, articulando actores de diferentes niveles políticos y administrativos; transversalizar el enfoque de género en la gestión pública nacional y estructurar un marco de gobernanza desde una mirada interseccional; b) reforzar la articulación entre el marco internacional y el ámbito nacional, regional y local; c) disponer de datos desagregados por sexo a nivel institucional que faciliten analizar los vínculos entre cambio climático y desigualdades sociales y de género; d) apoyar la generación de conocimientos, marcos teóricos y metodológicos, desde un abordaje inter y transdisciplinario para acercarse mejor a las problemáticas; e) dar mayor visibilidad a las nuevas temáticas que han sido incorporadas en la agenda regional, como la violencia de género, el desplazamiento y la migración climática y la protección de las personas defensoras del ambiente (Miranda et al. 2022).
Marco
normativo nacional
Costa Rica ha aprobado diferentes leyes que buscan establecer una base para la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Al 2025, se tienen 75 leyes ambientales vigentes en las áreas temáticas de ecosistemas, biodiversidad y áreas protegidas (Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa 2025).
La integración de la igualdad de género en la normativa ambiental
nacional responde principalmente a los compromisos adquiridos frente a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París y la Contribución
Nacional Determinada[1] (CND
2015), y se concreta en la aprobación de la Política Nacional de Adaptación al
Cambio Climático 2018-2030 (MINAE 2018). Con este instrumento, basado en un
enfoque multidimensional e intersectorial, se propone crear un marco
estratégico integrador, alineado a los instrumentos internacionales, que
establezca como base de sus acciones los principios universales de los derechos
humanos y la igualdad de género.
La equidad de género constituye uno de los enfoques de esta política, indicándose que en su implementación se considerará «la interrelación entre las diversas vulnerabilidades (social, económica, ambiental) que afectan a las mujeres individual y colectivamente, en particular a las que sufren alguna discapacidad, o son adultas mayores, niñas o adolescentes, entre otros grupos» (PNUD-INAMU-MINAE 2023, 59). Asimismo, propone buscar la equidad entre hombres y mujeres para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, creando oportunidades y condiciones para la transformación de situaciones de riesgo y facilitando la apropiación de los procesos de gestión por parte de las mujeres, en todos los ámbitos.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica 2022-2026 constituye el instrumento que guía las acciones institucionales para el cumplimiento de las metas al 2030 de esta política nacional. Esto concierne los sectores de Turismo, Recurso Hídrico, Biodiversidad y Bosque, Agropecuario y Pesca, Salud, Infraestructura y Energía. Este plan formó parte de los compromisos en materia de adaptación que Costa Rica presentó en la CND 2020. Su objetivo es «la consecución de un modelo de desarrollo que garantice la resiliencia climática de la sociedad costarricense, …» (MINAE 2022, 46)
En la actualización de la CND del 2020, el país establece como meta el cumplimiento del Plan de Acción Nacional sobre Igualdad de Género en la Acción por el Clima (PNUD, INAMU, MINAE, 2023), sustentada en los principios de los derechos humanos e igualdad de género, y que se declaró de interés público mediante el Decreto Ejecutivo 44053. El objetivo general de este plan es impulsar acciones entre diferentes sectores para disminuir los efectos diferenciados de la crisis climática en las mujeres, principalmente aquellas que se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad. Las áreas estratégicas de acción que se plantean son «empleabilidad y autonomía económica, fortalecimiento de capacidades e innovación, gestión de riesgo, incorporación de la perspectiva interseccional de género en la acción climática y, producción de información desagregada» (PNUD, INAMU, MINAE 2023, 37).
La revisión realizada de la normativa nacional muestra que el país ha logrado avances significativos para integrar la igualdad de género en sus políticas climáticas. Se espera que estos instrumentos contribuyan a orientar las acciones para el logro de una reducción gradual de las brechas de género en el tema.
Investigaciones
atinentes al abordaje del cambio climático desde la perspectiva de género.
Unido a la normativa, las investigaciones referentes al cambio climático son fundamentales para conocer los avances en la materia, así como los desafíos pendientes para lograr un trabajo sostenido y efectivo frente a las transformaciones políticas, sociales, culturales, influidas por la crisis climática, que cada vez se muestra más fortalecida. Considerando que el tema convoca un sin número de estudios, se describen a continuación algunos trabajos investigativos, priorizando los realizados en Latinoamérica y Costa Rica.
Para esto, se revisaron en total 50 investigaciones desarrolladas en el periodo 2015 al 2024, seleccionando 12 propuestas —7 de America Latina y 5 costarricenses—, tomando como criterios de inclusión el abordar alguna de las siguientes categorías: a) cambio climático, b) justicia climática, c) riesgo, d) adaptación, e) gobernanza climática y que además incorporan la f) perspectiva de género como eje analítico. También se consideraron otras categorías como los enfoques de g) desigualdad social e h) interseccionalidad, i) la división sexual de trabajo, j) roles de género y su vinculación con el cambio climático. Si bien, se analizaron aportes muy valiosos en la temática, se excluyeron para el presente artículo aquellos que no incluían un análisis sensible al género.
Estudios sobre el cambio climático y género desarrollados en el ámbito
latinoamericano
Una de las investigaciones incluidas en este trabajo, es la realizada por Granados Martínez (2017) a través de la investigación Vulnerabilidad Social por género, riesgos potenciales ante el cambio climático en México. Para determinar la vulnerabilidad climática diferenciada entre hombres y mujeres, toma en cuenta seis dimensiones: ingresos, salud, educación, vivienda, factores de la población y dependencia de la agricultura. Dentro de los resultados obtenidos, se menciona que las mujeres encabezan la población con más bajos niveles de ingresos, mientras que en la dimensión salud se enfatiza que el cuido de personas enfermas puede ser un impedimento para tener estrategias de afrontamiento ante los riesgos, recordando que las mujeres son quienes mayoritariamente desempeñan estas labores. Otro factor en desventaja es la dimensión de población, en particular lo referente a mujeres indígenas, quienes a su vez enfrentan mayores situaciones de pobreza, discriminación y violencia. Estas tres dimensiones colocan a las mujeres en mayor vulnerabilidad ante el cambio climático. Por su parte, en la dimensión de dependencia a la agricultura, los hombres predominan en la ocupación de dicho trabajo, siendo el factor que más les expone ante situaciones climáticas riesgosas. Asimismo, en las dimensiones de educación, vivienda y factores demográficos, no se encuentran brechas significativas por género. Concluye que es necesario promover acciones diferenciadas por sexo y por región para disminuir las afectaciones frente al cambio climático.
Otro de los estudios a considerar es el de Arrunátegui Matos (2020) quien desarrolla el artículo De cuidadoras de la casa a cuidadoras del planeta: rol sexista de las mujeres en las políticas peruanas de adaptación al cambio climático. La autora analiza desde teorías feministas poscoloniales y de la ecología política feminista, el alcance del Plan de Acción en Género y Cambio Climático en Perú, propuesto en el 2016, y cómo a pesar de apostar por la incorporación del enfoque de género, refuerza roles de género tradicionales y la división sexual del trabajo que desde otras áreas se ha querido eliminar. Sostiene que en particular los ejes sobre gestión sostenible de los bosques y la gestión de la energía eléctrica reproducen expectativas de cuido que previamente se habían asociado a la familia y a los hijos en particular y ahora se traslada a la naturaleza, lo que mantiene a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad ante las consecuencias climáticas. Además, se les responsabiliza de la trasmisión de saberes relacionadas a la conservación de prácticas y conocimientos tradicionales desde una mirada muy esencialista, que las visualiza como más cercanas a la naturaleza y se omiten las condiciones de opresión en las que las mujeres y niñas adquieren los saberes resaltados en la propuesta. Concluye que dicho plan de acción termina siendo contradictorio, pues refuerza las prácticas que identifica como el sostén de la desigualdad de género para el caso de las mujeres peruanas, y por tanto propone desgenerizar el cuidado del planeta, evitando que sea solo una responsabilidad asignada a las mujeres.
Por otra parte, Méndez Barquero (2023) expone el artículo Cambio Climático y Derechos Humanos: Una revisión a los compromisos internacionales y avances derivados del Acuerdo París en Centroamérica 2015-2022, resultado de una investigación documental de corte cualitativo, cuyo objetivo fue generar un análisis deductivo de los alcances, prioridades temáticas y acciones concretas en materia de derechos humanos realizadas en los siete países centroamericanos en el periodo seleccionado. Para lo anterior se prioriza la revisión de legislatura, políticas públicas, las CND y los Planes Nacionales de Adaptación (NAP por sus siglas en inglés), seguida de revisiones de libros, artículos, informes, y estudios a cargo de organismos internacionales y personas expertas. Los resultados recogen las categorías derivadas del acuerdo París: lenguaje general sobre derechos humanos, derecho a la salud, derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales, personas migrantes, niñez, personas con discapacidad, personas en situaciones de vulnerabilidad, igualdad de género, empoderamiento de la mujer, y equidad intergeneracional.
En los hallazgos se destaca que en el contexto centroamericano se incorpora un lenguaje referente a los derechos humanos tanto en las CND, como en las políticas públicas sobre cambio climático, incluidos los NAP. Sobresalen compromisos futuros de cara al nexo entre género y cambio climático dentro de las estrategias y ejes de las CND. Por otra parte, los enfoques y alcances no son homogéneos en la región, mientras que en Honduras y Costa Rica se visibilizan metas concretas con enfoque de género hacia poblaciones en vulnerabilidad, los otros países lo mencionan como un tema transversal. Se alerta sobre la necesidad de generar un compromiso integral de todo el aparato estatal y social, junto con la sociedad civil, la academia, el cuerpo técnico-científico y quienes están en cargos de toma de decisiones, entre otros. Finalmente, se menciona como un tema pendiente el incorporar la migración en las discusiones sobre cambio climático dentro de los retos de la región centroamericana.
Por su parte, Marquéz-Jiménez y Padilla-Loredo (2023) en el artículo Cambio climático, género y salud mental: una revisión sistemática basada en el método PRISMA, identifican la producción científica de los 20 años anteriores a su estudio, que aborda el impacto del cambio climático en la salud mental, desde la perspectiva de género. La investigación se efectuó desde un enfoque mixto. Se encontró una relación negativa entre el cambio climático y la salud mental; además hombres y mujeres perciben de manera diferente el cambio climático, a partir de su propia condición social.
Las autoras encuentran en esta revisión que, el cambio climático influye de forma directa o indirecta en la salud mental de las personas que sufren eventos climáticos adversos. Las mujeres son las más afectadas por el Trastorno por Estrés Postraumático, depresión y ansiedad. Otros trastornos mentales provocados por el cambio climático son «soslastalgia» (estrés crónico por el deterioro del ambiente en su comunidad), «econostalgia» (depresión a partir de la idea de un pasado mejor), «ecoparálisis» (negación, bloqueo o parálisis ante los problemas climáticos), «ecoansiedad» (malestar emocional derivado del estrés y ansiedad causado por un desastre natural y pensamientos acerca del futuro). Se recomienda el diseño de programas de salud mental que fortalezcan los factores de protección en la población ante este tipo de eventos, así como ampliar los estudios desde la sociología de la salud, considerando los determinantes sociales de la salud y un enfoque interseccional, con el fin de proponer soluciones en diversos contextos y poblaciones.
Por su parte, Alarcón Prada, Tam y Zavala (2024) escriben el artículo Participación de las mujeres en la pesca artesanal en el norte del Perú en el contexto del cambio climático. Se plantean caracterizar el rol de las mujeres en este trabajo, enfocado en las comunidades de Ñuro y Los Órganos a partir de una Investigación Acción Participativa. Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia y talleres participativos para la elaboración de un diagnóstico sobre los capitales y medios de vida de las participantes, horario y carga laboral, participación en la cadena productiva de la pesca artesanal y expectativas a largo plazo. En cuanto a los capitales, se observan fortalezas en recursos naturales mediados por su cercanía a ecosistemas marinos y costeros, así como a recursos sociales, principalmente redes de apoyo entre las participantes. También se identifica la necesidad de reforzar el capital cultural, político, financiero y físico. En cuanto a carga laboral, sus labores se concentran en tareas pre- y post pesca, tareas poco remuneradas e invisibilizadas y están excluidas de asociaciones, además de tener bajo su responsabilidad el cuido del hogar y la familia. Las participantes muestran conocimiento acerca del cambio climático e identifican estrategias de adaptación de las que son parte, por lo que se recomienda la creación de acciones afirmativas dirigidas al fortalecimiento de oportunidades, mejores condiciones laborales y visibilizar su contribución a la adaptación al cambio climático por medio de la pesca artesanal.
También se incluye el trabajo realizado por Alzate-Navarro y Castro Díaz (2024) Ordenamiento territorial, cambio climático, y género en Medellín, quienes analizan la correlación espacial (cartográfica y estadística) de las amenazas naturales, el incremento de jefaturas de hogar femeninas en el periodo intercensal 2005-2018 y la visión de riesgo climático del Plan de Acción Climática de Medellín, Colombia 2020-2050. Los resultados resaltan un aumento de deslizamientos a causa de precipitaciones e incremento de temperaturas en Medellín, focalizados principalmente en la parte alta de las laderas de zonas específicas en donde se concentra una gran población en condiciones socioeconómicas de mayor vulnerabilidad. Por su parte, se identifica una correlación entre estas zonas y el aumento en las jefaturas de hogar femeninas, que a su vez representan los indicadores más bajos a nivel socioeconómico. Se concluye la existencia de una mayor vulnerabilidad social para las mujeres cabeza de hogar y sus familias, al encontrarse expuestas a las amenazas naturales de Medellín, lo que exige la urgencia de tomar acciones agregando el enfoque de género de manera integral en el ordenamiento territorial, considerando las implicaciones climáticas para las mujeres desde lo político, lo económico y lo cultural, así como la necesidad de involucrar la participación efectiva de las mujeres en la formulación e implementación de políticas públicas.
Por su parte, Sánchez Gómez, Madrid Jaramillo y Mejía Escalante (2024) realizan un estudio bibliográfico titulado Adaptación Basada en Comunidades para el Cambio Climático. En este abordaje, se analizaron alrededor de 300 textos publicados para el periodo 2009 al 2022, los cuales están registrados en Scopus y depositados en repositorios de datos abiertos de universidades latinoamericanas y centros de investigación. Se usó la metodología PRISMA para identificar, tamizar, elegir e incluir los datos seleccionados. Dentro de los resultados se identifica que hay mayor investigación en Perú, seguido de Brasil y México, también se encuentran Colombia, Guatemala y Uruguay. Los abordajes responden principalmente al cambio climático asociado a la justicia política-ambiental, la vulnerabilidad y la desigualdad de género, en cuanto a conceptos sociales se estudian la identidad de género, justicia social, interseccionalidad, comportamiento de afrontamiento, diversidad cultural y entorno social. Asimismo, dentro de los estudios se reconoce la importancia de la participación de las comunidades, siendo la sociedad civil quien responde en un primer momento a los impactos del cambio climático. Resaltan el conocimiento local como una fortaleza mientras que se observa poco involucramiento de las instancias estatales. Concluyen que la adaptación basada en comunidades tiende a enfocarse en reducir las vulnerabilidades, así como en generar capacidades adaptativas. Recalcan la necesidad de reconocer la relación existente entre el factor científico y la dimensión humana del clima e incorporar el enfoque interseccional en lo referente al cambio climático. Agregan que se requiere mayor investigación en cuanto al nexo entre cambio climático, migración y adaptación.
Avances
investigativos frente al cambio climático a nivel nacional
En el ámbito costarricense, Gumucio, Mora, Twyman, y Hernández (2016) desarrollan el estudio Género en la ganadería. Consideraciones iniciales para la incorporación de una perspectiva de género en la investigación de la ganadería en Colombia y Costa Rica. Se efectuó una revisión de literatura para analizar la información disponible sobre roles de género, control de recursos productivos y toma de decisiones en el sector ganadero en ambos países, y contar con insumos que apoyen la formulación de políticas y acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que este sector genera.
Los resultados señalan que en estos países hay poca literatura con perspectiva de género sobre ganadería y se cuenta con información incompleta sobre la situación de las personas ganaderas de manera desagregada. En el caso de las mujeres, su trabajo no es remunerado ni registrado, a pesar de sus aportes a la economía de subsistencia y seguridad alimentaria. Asimismo, hay pocos recursos y falta de voluntad política para promover investigación que incorpore el enfoque de género, ya que se considera el trabajo de las mujeres como un «aporte a los trabajos de los hombres, disfrazado de tarea doméstica» (Gumucio et al 2016, 10), acciones que no generan ingresos y, por tanto, no se priorizan en la asignación de recursos. Asociado con lo anterior, las mujeres tienen menos acceso a recursos productivos como lo son la tierra, tecnologías para su manejo, capacitación e información, y se dejan de lado otras condiciones como el cuidado, la crianza y el trabajo doméstico que dificulta su participación en estos espacios. Se concluye que la información existente es insuficiente para analizar de manera oportuna la situación de las mujeres en el sector ganadero en Costa Rica y Colombia. Dicha caracterización se vuelve un reto y una necesidad para los Estados, si se quiere apostar por un mayor desarrollo rural y el mejoramiento de la economía a nivel país.
Otro de los aportes nacionales es la tesis
doctoral Estrategias locales de lucha
contra el cambio climático con enfoque participativo: estudio de casos de la
experiencia en Costa Rica, 2011-2018 de Valerio Hernández (2020). Este
trabajo tuvo como objetivo conocer la contribución a la gobernanza climática
local que tienen las estrategias metodológicas participativas en el abordaje
del cambio climático en tres casos de estudio costarricenses. Se utilizó un
planteamiento metodológico denominado Estrategia Participativa de Cambio
Climático a Nivel Local (EPCCL), que retoma el enfoque de investigación acción
participativa con gobiernos locales y un enfoque de planificación estratégica
local, a partir de las sinergias entre la mitigación, la adaptación y el
desarrollo. Asimismo, se incorporó la metodología de percepción de riesgos y
desastres del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad
Nacional, Costa Rica (OVSICORI).
Se concluye la
necesidad de repensar mecanismos de participación novedosos que puedan
fortalecer el vínculo de actores sociales estratégicos, entidades
institucionales, cooperación externa, el trabajo en redes, así como una
estrategia de comunicación permanente, y la formación de nuevos y efectivos
liderazgos. Se identifican debilidades en el sistema de transparencia y
rendición de cuentas y en la planeación estratégica a largo plazo. Se resalta
la necesidad de aumentar la reflexión y discusión sobre gobernanza climática
donde se sume una mayor participación de actores sociales (sociedad civil,
gobiernos locales, academia, empresariado) y agregar a la discusión la defensa
de los derechos humanos, la igualdad de género y la cuestión intergeneracional.
Se considera fundamental el acompañamiento técnico desde la academia para el
desarrollo de capacidades técnicas de los diferentes actores y se evalúa de
manera positiva el planteamiento metodológico desde la EPCCL.
Aguilar Arguedas (2021) elaboró la investigación cualitativa, de tipo descriptiva Nodos para un empoderamiento climático costarricense, que buscó
analizar la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE, por sus siglas en
inglés), en seguimiento a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC) con el fin de generar una estrategia de abordaje para el empoderamiento
climático costarricense, desde un enfoque de derechos humanos y justicia
climática. La autora utilizó fuentes primarias y secundarias, como la academia,
instituciones públicas, gobiernos locales, entre otros. Dicha estrategia recoge
como elementos específicos la educación, formación, acceso del público a la
información, participación pública, sensibilización pública y cooperación internacional.
No obstante, se propone que dichos principios deben incorporar el enfoque de
género, intergeneracional, equidad y justicia, solidaridad, participación e
inclusión, accesibilidad, desarrollo sostenible, transparencia y rendición, para
orientar de manera adecuada las acciones frente al cambio climático en Costa
Rica. Dentro de las conclusiones se resalta que a pesar de los avances aún hay
retos a considerar. Estos desafíos son aumentar el recurso humano financiero en
capacidad de los gobiernos, la perspectiva de género, el enfoque de derechos
humanos, la coordinación interministerial, (principalmente el Ministerio de
Ambiente y Energía y el Ministerio de Educación Pública) y fomentar la
participación social de la ciudadanía.
Otra investigación de
gran relevancia es la realizada por Castillo Echeverría (2022) Gobernanza Climática en pequeñas fincas
agrícolas de tres localidades costarricenses desde una perspectiva de género,
tomando como referencia Tierra Blanca y Llano Grande de Cartago con productores
de papa y cebolla, San Roque y Bolívar de Grecia, con productores de café y
hortalizas, y Cóbano de Puntarenas, con productoras de hortalizas. Su objetivo
fue identificar, desde la perspectiva de género, cómo y quiénes ejercen la
gobernanza climática, comparando estas fincas, algunas administradas por
hombres y otra por mujeres. Utilizó una metodología cualitativa con entrevistas
a profundidad y observación participante haciendo trabajo voluntario en las
fincas. La población fue diversa en cuanto a género, edad, clase social, estado
civil, ocupación y lugar de residencia, para un total de 39 entrevistas aplicadas
mujeres y 22 entrevistas a hombres.
Los resultados señalan
que las personas participantes identifican cambios en cuanto a temperatura y
las estaciones climáticas, que repercuten en los cultivos. Además, la persona
titular de la finca es quien administra y toma las decisiones sobre esta, lo
que aumenta la capacidad de adaptación. Esto es relevante, porque solo 7 fincas
son administradas por mujeres, siendo esta una tarea mayoritariamente masculina.
Las mujeres se encargan del cuido y las labores domésticas y en algunos casos
de apoyar en la cosecha, pero no en la toma de decisiones, lo cual refleja claras
relaciones de poder, en donde, para las mujeres el tener tierra representa la
adquisición de derechos en las disposiciones agrícolas.
Otro de los hallazgos
refiere a que las estrategias de adaptación incorporadas responden al punto de
vista de quien tiene autoridad, siendo que, en las que son administradas por
hombres los cultivos producidos se proyectan como estrategia para obtener ganancias,
las acciones son reactivas para salvar el cultivo sin que el ambiente sea un
factor por considerar en las decisiones resultantes. En cambio, en el caso de
las mujeres, además de la ganancia económica, se preocupan por provocar el
menor impacto ambiental y de ser posible generar beneficios ambientales,
familiares y en salud por medio de adaptaciones anticipatorias, planificadas y
transformativas. Se concluye que la adaptación no debe reducirse a su dimensión
técnica, sino que debe entenderse como un proceso sociopolítico.
Otra propuesta valiosa
es la elaborada por Segura Román y Ortega Moreno (2023) con el artículo Enfoque de Género en la gestión local del
riesgo de desastres en Costa Rica desde una mirada interseccional. El
estudio parte del enfoque cualitativo y diseño fenomenológico desde la
Psicología Social Comunitaria y la Psicología Social Feminista buscando conocer
la influencia de elementos psicosociales en la transversalización del enfoque
de género en la Gestión del Riesgo en Desastres (GRD) en el quehacer municipal.
Se aplicaron entrevistas a representantes de instituciones que trabajan en la
GRD y género, específicamente de instancias municipales de GRD, la Comisión
Nacional de Emergencias y el Instituto Nacional de las Mujeres.
Dentro de los resultados se obtiene que hay una identificación de riesgos diferenciados según la población atendida (mujeres, hombres, personas no binarias, edad, entre otros) y se muestra la intención de transversalizar el enfoque de género. No obstante, se presentan resistencias, hay pocos recursos y necesidad de sensibilización. Asimismo, aún se conserva una visión tradicional de los roles y estereotipos de género, omitiendo las desigualdades presentes en la construcción y atención del riesgo, acompañado de la falta de voluntad política y de poca articulación entre instituciones, que dificulta el incorporar la perspectiva interseccional en la gobernanza municipal, además de contar con pocos espacios para la participación de mujeres e invisibilización de sus aportes a la GRD. Se concluye que es urgente incorporar el enfoque de género para asegurar la inclusión y participación de mujeres en la prevención, preparación, atención y recuperación frente a desastres, así como en acciones propias del desarrollo local, comunitario y territorial.
Finalmente, se destaca que la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) ha tenido un papel protagónico impulsando acciones frente a esta problemática, con diversos proyectos de extensión e investigación y otras iniciativas. Estos trabajos alertan sobre la necesidad de incorporar activamente a la ciudadanía en el trabajo ante el cambio climático y fortalecer la gobernanza climática local, al apostar por un trabajo conjunto entre los gobiernos locales, la academia y las comunidades para tener un mayor alcance, por lo que la adaptación se considera como un proceso sociopolítico que debe generar espacios para que poblaciones vulnerabilizadas tengan un mayor involucramiento en las acciones ante la crisis climática.
Conclusiones
En las últimas décadas se ha reconocido la
importancia de integrar la igualdad de género en los instrumentos jurídicos,
conferencias internacionales y acuerdos en materia ambiental, señalando que
esta lucha no puede ser efectiva si no se aborda desde esta mirada. Costa Rica
ha venido promoviendo instrumentos que se alinean con los compromisos
internacionales, por lo que la normativa referente a la temática representa un
avance al incorporar la perspectiva de género de manera escalonada a través de
una política y un plan nacional de adaptación al cambio climático, así como un
plan de acción específico sobre igualdad de género en la acción climática.
Estos instrumentos parten de principios como los derechos humanos, la
interseccionalidad, la justicia climática y la sostenibilidad, procurando
reducir las brechas en la afectación del clima en poblaciones de mayor
vulnerabilidad, entre estas las mujeres. No
obstante, las estrategias para implementar estos instrumentos son insuficientes,
muchas veces estancados por la ausencia de fondos, intereses políticos, falta
de información y el compromiso ciudadano, que repercute en la consolidación de
brechas de género frente al cambio climático.
En este sentido, se identifican múltiples esfuerzos investigativos que destacan la importancia de incorporar la perspectiva de género en el abordaje del tema para comprender cómo se presentan desigualdades en las afectaciones del clima. A nivel latinoamericano, a pesar de las diferencias en los contextos geográficos y políticos, los estudios acá incluidos tienen como aspecto en común el considerar que el cambio climático no afecta por igual a hombres y mujeres, siendo aún más perjudicadas las mujeres que se encuentran en espacios rurales, zonas indígenas o en pobreza. Estas enfrentan mayores desigualdades económicas y sociales, tienen a cargo las tareas de cuidados, y acceden en menor medida a los recursos, en particular a la tierra. También coinciden en la necesidad de dar el valor necesario al conocimiento local y tradicional como estrategia frente a la adaptación al cambio climático.
Por otra parte, muestran algunos desafíos a partir de las investigaciones realizadas. Alertan sobre el riesgo de fomentar roles de género dentro de las acciones que se promueven. Entre ellas figuran invisibilizar la contribución femenina ante la crisis climática, relegándolas a trabajos reproductivos e invisibles, así como la desconexión entre lo planteado en las distintas políticas públicas y la realidad social de la población a la que van dirigida. Por lo que la propuesta investigativa sugiere la integración de un abordaje interseccional riguroso e integral que dé lugar a todas las voces.
Por su parte, los estudios nacionales coinciden en la urgencia de sumar
el enfoque de género en el trabajo frente al cambio climático. A nivel general,
a pesar de indagar diversas problemáticas, concuerdan en que la desigualdad de
género es una barrera estructural que limita el desarrollo sostenible en Costa
Rica, agravando la vulnerabilidad, así como en colocar a los gobiernos locales
como un espacio fundamental para alcanzar la gobernanza climática. Esta reflexión
debe comprender la necesidad de incorporar las dinámicas locales y la
participación ciudadana en la búsqueda de soluciones frente al cambio
climático. Por otra parte, los textos nacionales señalan como grandes desafíos
la fragmentación institucional y la ausencia de datos estadísticos que
favorezca la toma de decisiones, así como barreras estructurales que afectan de
manera directa a las mujeres. Las investigaciones revelan que son estas quienes
tienen menores posibilidades de ser dueñas de la tierra que trabajan, están
fuera de los espacios de toma de decisiones y la gestión de recursos, pero que
cuando logran un mayor protagonismo, favorecen estrategias de adaptación más
sostenibles y con beneficios que trascienden el factor económico, aportando
también al crecimiento a nivel ambiental, social y familiar. Por lo tanto, se
reconocen avances, pero a su vez se identifican desafíos para dar paso a la
implementación de acciones contempladas en la política nacional y su plan de acción.
Se concluye que el abordaje del cambio
climático no puede omitir la perspectiva de género si lo que se busca es
generar acciones reales que favorezcan la justicia climática. Es urgente
reconocer a las mujeres como agentes de cambio, así como las brechas existentes,
principalmente los aportes que realizan en función de la adaptación a la crisis
climática. Para esto, su involucramiento en espacios de toma de decisiones, el
acceso a recursos, contar con voluntad política y el acompañamiento pertinente
son fundamentales para transformar las estructuras que repercuten en el avance
de la afectación del clima en los distintos ámbitos sociales.
Contribución de las personas autoras: Este
artículo reúne los resultados de la primera fase del proyecto «Aporte de las
organizaciones lideradas por mujeres a la adaptación ante el cambio climático»,
desarrollado por ambas autoras. Por lo anterior, la revisión documental, la
sistematización de la información, el desarrollo y análisis de los resultados
acá descritos, fueron elaborados conjuntamente a partir de los conocimientos de
cada autora.
Apoyo financiero: El presente artículo se desarrolla en el marco del proyecto «Aporte de las organizaciones lideradas por mujeres a la adaptación ante el cambio climático», adscrito al Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, instancia académica que aporta el presupuesto laboral y de ejecución del proyecto.
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