Economías
comunitarias:
aproximaciones
y experiencias comunitarias
Community economies:
approaches and community
experiences
Dylanna Rodríguez Muñoz
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica
dylanna.rodriguez@ucr.ac.cr
https://orcid.org/0000-0002-4538-527X
Fecha
de recepción: 10 de diciembre del 2024
Fecha
de aceptación: 26 de mayo
del 2025
Cómo citar:
Rodríguez Muñoz, Dylanna. 2026. Economías comunitarias:
aproximaciones y experiencias comunitarias.
Revista Reflexiones. 105 (2). DOI 10.15517/rr.v105i2.61883
Resumen
Introducción: Los extractivismos
de bienes comunes de la naturaleza son parte de una estrategia político-social
que se consolida justificando la explotación de la naturaleza como proyecto que
promueve el desarrollo de los mercados nacionales y globales. Frente a ello,
las comunidades se han visto despojadas y desplazadas no solo en términos
geo-territoriales sino también, laboral y económicamente.
Objetivos: Posicionar experiencias de
economías comunitarias como formas alternativas de subsistencia y organización
en distintos territorios que surgieron o se reinventaron durante la pandemia en
el marco de un proyecto de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, las
cuales se han mantenido activas y fortaleciendo iniciativas locales.
Método y
técnicas: El
proyecto desde el cual se acompañan las diferentes experiencias que se
presentan en el artículo, parten del enfoque metodológico de la investigación
acción participativa y las pedagogías críticas como la educación popular. Los
resultados mostrados en el texto son producto de esa aproximación que resulta
en procesos de trabajo grupal, participativo, dialógico, reivindicador de la
memoria histórica y de saberes plurales.
Resultados: Construir alternativas al sistema
económico hegemónico supone para las comunidades una forma de procurarse
bienestar de forma colectiva, solidaria e identitaria.
Conclusiones:
Las
economías comunitarias buscan redistribuir los bienes y recursos, permitiendo
mejores condiciones económicas dentro de la comunidad, gestionando de forma
colectiva las actividades económicas. Por otro lado, se resalta el papel de la
Acción Social en el vínculo Universidad-Sociedad.
Palabras clave: Territorialidad,
Soberanía Alimentaria, Ferias Comunitarias,
Rutas Solidarias, Acción
Social.
Abstract
Introduction:
The extractivism of common natural resources is part of a
broader socio-political strategy that legitimizes the exploitation of nature as a means to promote the development of national and global
markets. As a consequence, communities have been
dispossessed and displaced—not only territorially but also economically and in
terms of labor—leading to significant social impacts.
Objectives:
This project aims
to highlight community-based economic initiatives as viable alternative models
for subsistence and social organization. These experiences emerged or were
reinvented during the COVID-19 pandemic within the framework of a Social Action
program at the University of Costa Rica. Many of these initiatives have
persisted and strengthened local resilience and solidarity.
Methodology
and Techniques: The project
supporting these diverse experiences is grounded in Participatory Action
Research and critical pedagogies, such as Popular Education. The findings
presented are the result of this approach, which emphasizes collaborative,
participatory, and dialogic processes that valorize historical memory and
diverse knowledge systems.
Results:
Developing
alternatives to the dominant economic system enables communities to pursue
collective well-being, solidarity, and cultural identity. These community
economies serve as a means to foster social cohesion
and economic resilience from within.
Conclusions:
Community-based
economies seek to redistribute resources and goods more equitably, improving
local economic conditions through collective management of economic activities.
Additionally, the role of Social Action is crucial in strengthening the link
between the university and society, fostering social
transformation and community empowerment.
Keywords: Territoriality, Food Sovereignty, Community Fairs,
Solidarity Routes, Social Action.
Introducción
Este artículo surge como parte del
trabajo realizado en el proyecto de Acción Social “Economías comunitarias:
subsistencia y articulación territorial” de la Escuela de Ciencias Políticas y
en el Programa Kioscos Socioambientales (PKSA) de la Vicerrectoría de Acción
Social de la Universidad de Costa Rica. Este trabaja con comunidades en
distintos territorios, tales como: Pacífico Central (Chomes,
Jarquín, Punta Morales y Guacimal), Brunca (Longo
Mai, Volcán y Territorio Indígena Térraba), Atlántico (Territorio Indígena
Bribri y Sixaola) y Zona Norte (Guatuso y Los Chiles) frente a actividades
extractivas que tienen implicaciones directas sobre poblaciones, territorios y
bienes comunes tangibles e intangibles.
Más allá de un abordaje teórico
amplio y profundo, el artículo pretende compartir experiencias concretas que se
han acompañado desde la Acción Social como área sustantiva de la Universidad,
destacando y visibilizando conocimientos que se construyen como parte de los
procesos de acompañamiento que son tan valiosos como aquellas aproximaciones.
Estos privilegian el saber meramente academicista, sin perder la rigurosidad
científica.
El modelo de producción capitalista
profundiza los individualismos y la idea de bienestar para sí mismo más que
reforzar la importancia y potencia de lo colectivo, según señala Hinkelammert es “la renuncia a toda experiencia de
fraternidad en nombre de la mano invisible, declarada en contra de toda
experiencia del realismo del amor al prójimo o de la fraternidad” (2018, 27)”,
de esta forma, se configura en la medida en que mercantiliza todo “el
conocimiento y la tecnología, los recursos naturales y, por sobre todo, el
trabajo” (Oneto 2007, 8).
Como resultado de este modelo entre
otros impactos, tienen lugar profundas desigualdades sociales, económicas,
políticas y ambientales, evidentes en diferentes territorios y poblaciones. En
este caso, el texto se centrará en experiencias desarrolladas en territorios
costeros y campesinos en los cuales, la implantación de la agroindustria ha
resultado en despojo de tierras, transformación de las actividades
socioeconómicas, daños ambientales y en la salud pública.
Señalan Mies y Shiva (1993), que
“cuando las economías se reducen al mercado, la autosuficiencia económica se
percibe como una deficiencia.” (20). Y es que precisamente, pensar la economía
desde una perspectiva comunitaria es reivindicar y desarrollar formas que
trascienden al mercado “esto supone ir más allá de las categorías artificiales,
incluso falsas, de crecimiento económico permanente, es decir, el libre
comercio, el consumismo y la competitividad. Significa centrarse en el
bienestar planetario y humano, en las economías vivas, en vivir bien —no tener
más—, en valorar la cooperación por encima de la competitividad” (27-28).
Lo anterior, cobra sentido en un
contexto nacional en el que comunidades que históricamente se han dedicado a la
producción diversificada de alimentos o a la pesca artesanal, se han visto
obligadas a insertarse en el mercado laboral manufacturero haciendo dependiente
la economía familiar de la contratación o no de mano de obra por parte de las
empresas principalmente del agronegocio, en su mayoría, transnacionales que se
han apropiado de grandes extensiones de tierra o que practican actividades
pesqueras de gran escala.
Frente a ese escenario, la pandemia
provocada por el virus COVID-19 que inició en Costa Rica formalmente en el 2020[1],
expuso el papel que desempeña el sistema de mercado, el agroalimentario y todo
el entramado corporativo e institucional que da sostenimiento a la
profundización de la agroindustria sobre los territorios. Así, se están
violentando sus derechos y provocando empobrecimiento, “la pandemia por
COVID-19 tuvo fuertes repercusiones en el empleo y su recuperación no solo es
lenta, sino también desigual” (Programa Estado de la Nación 2022, 138).
Dicha coyuntura planteó desafíos
como sociedad y en particular, implicó repensar el papel de la Universidad en
su vínculo con la sociedad. En este caso, la Acción Social se enfrentó entre
otros, al desafío de mantener el contacto con las comunidades desde la
virtualidad y abrir espacios en los cuales tuvieran protagonismo las voces de
los territorios, visibilizar sus necesidades particulares, estrategias
organizativas y alternativas socioeconómicas. Volver la mirada a diversas
realidades permitió identificar problemáticas estructurales e impactos, así
como las potencialidades y la amplitud en conocimientos populares que aportan a
los procesos que se gestan, con el propósito de hacer frente a cada situación
desde los intereses comunes. La
importancia de lo común
radica en la construcción de prácticas de cuidado colectivo en la vida
cotidiana para el bienestar.
En ese sentido, entre el 2020 y el
2021 se desarrolló un proceso diagnóstico[2] coordinado
por los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, TC-590 “Defensa comunitaria
del territorio: extractivismos, organización y
conflictos socioambientales” y TC-666 “Dialogando con el presente: recuperando
la memoria de organizaciones políticas subalternas” de las Escuelas de
Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica,
respectivamente. Se aplicó en las siguientes provincias: Puntarenas (37,14%),
Alajuela (35,24%), Guanacaste (23,81%) y Limón (3,81%) a personas y
organizaciones vinculadas con proyectos de Acción Social, de manera que se
garantizó el seguimiento y acompañamiento a partir de los datos arrojados por
el diagnóstico.
Este diagnóstico se planteó con tres
propósitos, principalmente. Primero, para conocer las implicaciones
comunitarias, familiares y socio productivas frente a la coyuntura de la
emergencia del virus COVID-19 que estaban enfrentando las comunidades con las
que proyectos de Acción Social tenían vinculación[3]. Segundo,
en virtud de visibilizar las diversas situaciones que enfrentaban los
territorios campesinos, costeros, transfronterizos e indígenas en el país,
siendo poblaciones vulnerabilizadas y empobrecidas
que quedan más expuestas ante los efectos de la crisis socio económica,
derivada de la emergencia sanitaria. Y tercero, porque como universidad pública
y específicamente desde la Acción Social, es primordial partir del contexto y
construir iniciativas a partir de las condiciones, necesidades y prioridades
que contemplen las comunidades, entendiendo esto como un ejercicio dialógico
que implica pedagogizar la experiencia de trabajo en
el vínculo universidad-sociedad.
El proceso permitió posicionar
reflexiones que se tejen desde los territorios, visibilizar las realidades
negadas y responder al gran desafío que implica para la acción social, la
investigación y la docencia, el vínculo que se genera desde su quehacer con
esos territorios. Así mismo, este diagnóstico permitió evidenciar las
violencias que se siguen gestando sobre los territorios y que se hacen más
evidentes en un contexto de pandemia. Frente a ese escenario, las comunidades
se vieron vulnerabilizadas al depender de actividades
productivas hacia afuera con implicaciones como el desempleo.
Como
parte de las situaciones límites que vivenciaron las comunidades en medio de la
crisis de la pandemia, se impulsaron ideas que fueron un viaje de retorno y
aprendizaje hacia las raíces de los pueblos en relación con la producción, el
intercambio y comercialización.
Así,
surgieron iniciativas de economías comunitarias que procuraban el bienestar de
la colectividad, es decir, mientras un sistema capitalista sediento de recursos
profundiza desigualdades e injusticias, otras economías resisten o se
reinventan para cuidar la vida, satisfacer necesidades básicas y ofrecer
soluciones concretas a las múltiples problemáticas que tienen presencia en los
territorios.
Lo común penetra en la compresión de
la propiedad colectiva y en las herramientas que surgen para proteger los
recursos, pensar en bienes comunes es una apuesta que privilegia la cooperación
sobre la competitividad. Es
justamente sobre las relaciones de cooperación y solidaridad que se basan las
experiencias y el quehacer del proyecto mencionado el cual, tiene como objetivo
central apoyar economías comunitarias que nacieron o se fortalecieron en
el marco de la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia. Al mismo tiempo
se prioriza en como potenciar las estrategias comunitarias de subsistencia,
cuido y los procesos de articulación territorial en pro de mejorar el bienestar
de las personas. En tanto, se plantea la necesidad de aportar desde la
universidad a ampliar los conocimientos, las vinculaciones y posibles
iniciativas que apunten a transformar y diversificar las apuestas
socioeconómicas.
Balance socioeconómico a partir del
diagnóstico
La aplicación del diagnóstico
comunitario reveló que la pandemia recrudeció y agudizó la condición histórica
de las poblaciones que dependen de actividades primarias como la pesca y la
agricultura, actividades que se vieron fuertemente afectadas. Según el
diagnóstico en mención, gran
parte de la población económicamente activa no pudo continuar con sus
actividades después del cierre dispuesto por las autoridades gubernamentales, siendo
las personas trabajadoras del sector informal, las más perjudicadas.
“La irrupción de la COVID-19 en la región se verificó en un
contexto caracterizado por la desaceleración económica y la ralentización o
reversión de las mejoras laborales logradas en los años previos, pero donde
también persisten características estructurales presentes antes de la pandemia
asociadas con la elevada informalidad laboral, rezagos en la productividad,
bajos ingresos laborales, significativas brechas salariales y debilidades en
los sistemas de protección social y de salud en cuanto a cobertura y
suficiencia de las prestaciones” (Maurizio 2021, 2)
En el primer año de pandemia, la tasa de desempleo en Costa
Rica alcanzó números inimaginables, según Madrigal (2020) para el mes de agosto
del 2020 eran 551 mil las personas desempleadas; en términos generales la tasa
había alcanzado el 24%. La afectación
laboral, no solo implicó la pérdida total o parcial del empleo, o tener que
realizar otras labores que se lograron concretar transitoriamente, sino
también, la reducción salarial. Según las personas entrevistadas en el
diagnóstico, un 71% de las familias vieron perjudicado el empleo. En
definitiva, “la pandemia y el proceso de recuperación posterior, evidencian la
enorme vulnerabilidad de la economía costarricense” (Estado de la Nación 2023,
119), así también:
“Con una perspectiva de largo plazo, el estilo de
crecimiento económico que retomó el país luego de la pandemia recrudece las
desigualdades productivas y laborales entre los diversos sectores y
territorios, que se vienen arrastrando desde hace décadas”.
El diagnóstico comunitario arrojó
que gran parte del deterioro en la calidad de vida, estaba relacionado con la
implantación de actividades agroindustriales, de manera que, muchas de las
familias dependían en buena medida de la contratación en plantaciones,
planteles, jornales, entre otros. Precisamente, los extractivismos
se sirven de diversas formas de despojos para expandirse y expulsar cada vez
más a las comunidades, limitar la capacidad de desarrollarse de acuerdo con sus
costumbres de producción, cría de animales, de pesca, de uso de los bienes de
la naturaleza, para convertirles en mano de obra explotada, sin garantías ni
derechos.
Estas circunstancias, en
consecuencia, deterioran las relaciones sociales, productivas, ecológicas y
políticas a una lógica instrumental que conlleva la ruptura de vínculos
comunitarios, la decadencia de las economías locales-regionales, la pérdida de
diversidad cultural y la degradación del ambiente (Galafassi
y Dmitriu 2007). Durante la pandemia,
“el recrudecimiento
de la desigualdad económica ocurrió en un entorno monetario más adverso, con
altas tasas de interés y aumento en el costo de las materias primas. En agosto
de 2022 el país alcanzó la inflación más alta de los últimos catorce años,
panorama que afectó en mayor medida a los hogares de menores ingresos,
especialmente por el elevado incremento en los precios de los alimentos”
(Estado de la Nación 2023, 119).
Ese contexto provocó que muchas
familias tuvieran acceso limitado a la alimentación, si bien, en zonas
agrícolas hay mayor posibilidad de producir, y eso fue lo que hicieron, lo
cierto es que la profundización de la agroindustria ha transformado las actividades
socioeconómicas y algunas familias que en ese momento estaban insertas como
mano de obra de las empresas, retomaron en la pandemia las prácticas agrícolas
familiares y en algunos casos comunitarios, como se verá más adelante.
Proyectos de corte económico,
complejizan el escenario en lo que según Svampa
(2013), es el marco en el cual se desencuentran lógicas territoriales a causa
de tensiones entre visiones y sentidos que emergen no sólo en relación con los
impactos de las prácticas extractivistas, sino también, por la transformación
de formas culturales, sociales, económicas y políticas de reproducción social
que convergen en el territorio. “Dejemos claro que tras la pandemia y sus
causas está el capitalismo, que se acomoda o evoluciona, pero mantiene sus
mismos viejos objetivos que le sirven para seguir perpetuando: tener ganancias,
privilegios, para lo cual exacerba el control y la represión” (Alianza
Biodiversidad 2020, 3). Para el capitalismo todo tiene precio, desde la educación,
la salud, la cultura hasta la vida misma, sin embargo, a partir de una
coyuntura específica y reflexiones que surgen en algunos territorios respecto a
las lógicas de producción y comercialización que se promueven desde el mercado
capitalista, se concretan iniciativas comunitarias que promueven el intercambio
local de una manera más directa y diversificada, sin que en ese caso, medien
las reglas del mercado sino los propios acuerdos colectivos.
Aproximaciones
a las economías comunitarias
Las tensiones comerciales entre
potencias económicas, los aranceles cruzados y las políticas proteccionistas
han reconfigurado el tablero del comercio mundial. Mientras los gobiernos y las
empresas multinacionales negocian según sus intereses, el impacto se refleja en
el aumento del costo de vida, el debilitamiento de los mercados emergentes, el
aumento de los precios en productos importados y la paralización de pequeñas
empresas que dependen de materias primas, por mencionar unos cuantos.
“Existe en general la falsa idea de que los sistemas de
producción basados en la diversidad son poco productivos. Sin embargo, la
elevada productividad de los sistemas uniformes y homogéneos es una categoría
contextual y construida teóricamente, que sólo toma en consideración los
rendimientos y la producción concebidos de manera unidimensional. La supuesta
baja productividad de los primeros sistemas frente a la supuesta alta
productividad de los segundos no expresan, por lo tanto, una medida neutral y científica,
sino una evaluación sesgada en favor de los intereses comerciales, para los
cuales la maximización de la producción concebida en términos unidimensionales
es un imperativo económico” (Mies y Shiva 1993, 15).
Frente a este panorama, las
economías comunitarias demuestran que hay otras formas de sostener la economía,
ofreciendo una respuesta local, descentralizada, sostenible y en algunos casos,
ligada a procesos de defensa de los territorios. Lejos de perseguir la
acumulación de capital, su objetivo es satisfacer las necesidades de la
comunidad mediante modelos productivos justos, participativos y cooperativos
tales como las huertas comunales, ferias de productos locales, rutas
solidarias, cuido e intercambio de las semillas criollas y un sin fin de
posibilidades.
“La dificultad mayor de la economía contemporánea es la
oposición entre la forma de entender la economía en la visión mainstream, versus el objetivo de
compromiso por la salud del planeta y una vida sana y digna para todos. Es
decir, la oposición que existe entre una economía financiarizada
centrada en el lucro y la acumulación de riquezas; y otra que ponga en el
centro la vida humana y del planeta como un todo, como un ecosistema. Por eso
se cuestiona la capacidad de la economía vigente para resolver los problemas
del bien común” (Artavia-Jiménez et al. 2019, 22)
Experiencias de economías
comunitarias han permitido sostener la vida, generar producción e intercambios
aún en las condiciones más adversas como, por ejemplo, una toma de tierras o
una comunidad migrante. Son realidades, prácticas y visiones económicas que
tienen en común una ética de la solidaridad y señalan la posibilidad de ubicar
la reproducción de la vida y el trabajo para el bienestar familiar. Uno de los
grandes valores de las economías comunitarias es su capacidad para apuntar
hacia la soberanía alimentaria siendo fundamental una red local que sostenga la
producción y el acceso justo a los alimentos sin depender de grandes cadenas
que responden a lógicas de mercado. En momentos donde el alza de aranceles
encarece productos agrícolas y limita el acceso a insumos clave, las
comunidades que producen localmente sus alimentos tienen mayor control sobre su
abastecimiento.
Esta forma de economía puede aportar
a un paradigma que se construye desde los saberes y conocimientos de los
territorios que se fortalece a través de diversas prácticas socioeconómicas de
familias y organizaciones, lo cual, aporta claves para pensar que es posible
otra economía contextualizada a los territorios y posibilidades que se
encuentran en ellas. Así, mantienen su esencia, símbolos y principios,
proporcionando sentido de pertenencia, de un todo, donde cada persona no solo
genera un proceso de producción e intercambio, sino que abona a la
organización. Esas propuestas le apuestan a colectivizar y disminuir las
desigualdades.
La economía comunitaria toma fuerza
dentro de distintas comunidades del país al reconocer la incapacidad e
inoperancia de los gobiernos de turno para garantizar condiciones justas de
vida, por tanto, es prioritario construir alternativas que solventen necesidades
básicas, a la vez que resignifican el intercambio y la producción hacia una vía
de soberanía. “La seguridad y soberanía alimentaria dentro de la economía
comunitaria, centra a la vida como el fin último de sus prácticas y objetivos,
en esta búsqueda la seguridad y la soberanía alimentaria son los ejes
esenciales del circuito productivo de la economía propia.” (Milena et al 2010,
332). Las personas que se reconocen como parte de una colectividad tejen
relaciones con el territorio, dinámicas potencialmente entendidas como procesos
de apropiación o reapropiación territorial. Estas interpelaciones permiten
articular lo comunitario y lo político, lo cultural y lo jurídico, para
defender lo colectivo.
Como enfoque económico centrado en
la comunidad, tiene una serie de elementos que permiten analizarla como
entramado. Uno, respeta y defiende la identidad expresando las iniciativas
culturales y reivindicando los saberes ancestrales. Dos, se construyen las relaciones
comunitarias recíprocas que permiten redistribuir los recursos y construir
mecanismos de subsistencia colectiva. Tres, se crean formas económicas locales
que permiten mayor soberanía y autonomía de los pueblos a la vez que se
promueve la organización como base fundamental de la gestión comunitaria. Sobre
lo anterior, más adelante se ahondará en casos específicos que dan cuenta de
cómo es posible construir alternativas económicas, en línea con procesos
comunitarios, agroecológicos y artísticos.
La experiencia de trabajo desde el
proyecto de acción social en mención no necesariamente encaja dentro de los
conceptos o prácticas que en el sur del continente se vienen trabajando desde
territorios como Bolivia o Ecuador con una visión de plurinacionalidad. Sin
embargo, el sentido de lo común está estrechamente relacionado, problematizando
y actuando en torno a la disputa por la propiedad privada, el uso de la tierra,
el consumo de productos procesados y otras que tensionan con el sistema
hegemónico.
En la práctica cotidiana, los
territorios y organizaciones que le apuestan a la economía comunitaria generan
iniciativas que buscan la seguridad y soberanía alimentaria a través de la
implementación de diferentes acciones, por ejemplo, huertas comunales, cuido e
intercambio de las semillas criollas, grupos de trabajo para formación y
gestión de nuevos proyectos. Estas iniciativas o formas de colectivizar la
economía, entonces, no son un fin en sí mismo, sino que intencionan
procesos para la transformación.
“El pensar el desarrollo y la sostenibilidad de “otras
formas de economía” distintas a la economía capitalista, nos invita a evaluar
los procesos, no sólo los resultados. Esto permite rescatar y reconstruir una
historia que se perdió, y también, permite analizar cuáles han sido los cambios
y las transformaciones que se han dado en las prácticas comunitarias y su
relación con el mercado y con el modelo de desarrollo productivo” (Milena et al. 2010, 337)
Lo anterior, no supone que estas
comunidades están en una especie de “aislamiento del mundo capitalista”, pero
sí, han problematizado su lugar dentro de ese sistema, encontrando y
construyendo formas de hacer posible la reproducción de la vida y el bienestar
en el territorio frente a gobiernos y políticas neoliberales que no están
solventando las necesidades de las comunidades y poblaciones.
Como enfatiza Zemelman (2007), el
estado deja de lado a la comunidad dentro de su funcionamiento y valor de uso,
pasando a ser una especie de factor exógeno sin aportes a esa estructura microsocial que significa la comunidad. En esa línea, “los
dominados necesitan crear instituciones propias, diseñadas por ellos mismos,
diferentes al estado actual heredero del colonialismo” (Zibechi
2015, 40). Así, vale la pena señalar que los procesos de cambios no
necesariamente se gestionan alrededor del estado, pueden más bien, gestarse
desde otros frentes comunes y populares, descentralizando y redistribuyendo el
poder, de manera que las comunidades puedan controlar las condiciones de su
propio contexto y existencia.
Por ello, las economías comunitarias
como práctica colectiva, primero, reivindican lo común; segundo, son una
alternativa en tanto se sale de la lógica que promueven instancias estatales en
mancuerna con los intereses del mercado y no de la población.
Tercero, posibilita alejarse del
trabajo enajenado, la propiedad privada y las prácticas individuales e
individualizantes. Cuarto, recupera y reivindica la importancia de la tierra,
el río, el manglar, el mar, las prácticas ancestrales e identitarias, así como
todos los elementos comunes como medio comunitario en el que se construyen
relaciones sociales basadas en la solidaridad, los afectos, la reciprocidad, el
aprendizaje e intercambio.
En la medida en que a partir de
estas experiencias se construye conocimiento, así como una posición
socioeconómica de vida, las comunidades se convierten en sujetas políticas que
toman decisiones, gestionan y actúan directamente sobre su realidad, de forma
crítica y transformadora.
Experiencias
comunitarias
A continuación, se presentan dos
experiencias que ejemplifican muy bien la propuesta de las economías
comunitarias, en el marco del acompañamiento que hace el proyecto en mención, a
comunidades que, a partir de la pandemia, desarrollaron y retomaron un espacio
de trabajo colectivo y familiar que permitiera asegurar la soberanía
alimentaria y otras necesidades básicas.
Durante la pandemia, estas familias
vieron afectada gravemente su subsistencia, por eso, de formas creativas y
esperanzadas, decidieron “lanzarse al agua” con iniciativas y proyectos para
lograr solventar necesidades básicas.
Longo Mai,
Buenos Aires de Puntarenas
En 2013, la comunidad Longo Mai
inició una lucha por la defensa de los ríos Convento y Sonador frente a
proyectos hidroeléctricos que se pretendían implantar en dichas fuentes de
agua. Afortunadamente, la organización comunitaria logró detener esos intentos
extractivistas y en el 2015 los proyectos fueron archivados[4]. A partir
de esa experiencia, defensoras y defensores locales visibilizaron la necesidad
de cuidar el territorio no sólo frente a la privatización de los ríos, sino
también, del agronegocio, modelo muy presente en la zona con las piñeras y
cañales que por décadas han expandido sus operaciones, despojado a la población
y atentando contra la biodiversidad.
A finales del 2015 se realizó la
primera feria de personas productoras, una iniciativa que tenía por objetivo
incentivar la producción local a la vez que se fortalecía el proceso de
organización por la necesidad de resistir frente a extractivismos
de bienes naturales. Aunque aproximadamente por cinco años dejaron de
realizarla, con la pandemia se reactivó a través de un grupo de familias que
impulsaron la iniciativa, con ello, se desarrolló un proceso de construcción de
estrategias para la gestión colectiva de huertas diversificadas, procesamiento
artesanal de los productos, capacitación en agricultura libre de tóxicos,
recuperación de saberes sobre comida tradicional y reproducción de las semillas
criollas.
De esa manera, la feria no es un
espacio únicamente de venta y compra, sino que supone un conjunto de abordajes
que en primera instancia buscan asegurar la subsistencia familiar mientras se
refuerzan aspectos identitarios y formas de convivencia. La iniciativa ha
permitido acentuar una forma comunitaria de organización, producción, consumo e
intercambio, asegurando una economía dinámica y con impacto local.
Como parte del proceso de tejer una
economía con anclaje comunitario, cada 15 días se realiza una feria en la que
participan más de 20 familias con legumbres, plantas medicinales, frutas,
granos, verduras, comida preparada y artesanías. A pesar de estar dirigida
hacia la misma comunidad, ha convocado interacción con comunidades aledañas
suponiendo una ampliación del alcance que como iniciativa logra integrar una
lógica de economía comunitaria.
Encontrarse y organizarse para la
feria, aprender de técnicas e insumos, intercambiar productos o incursionar en
otras formas de producir los alimentos diarios, ha conllevado a problematizar
en torno a temas relacionados con el territorio, por ejemplo, el modelo
energético, la privatización de agua, la modificación genética de las semillas,
el desarrollo inmobiliario y hotelero, entre otros. Todo ello en virtud de
posicionarse socio políticamente y gestionar procesos de resistencia ante
actividades o políticas que atentan contra el bienestar comunitario.
La
comunidad Longo Mai demuestra un compromiso hacia la construcción colectiva de
bienestar comunitario de la mano con la defensa del territorio y los bienes
comunes de la naturaleza. El proceso organizativo y productivo que se gesta
permite impulsar la soberanía alimentaria pero también, ha servido como un
espacio de reflexión y resistencia frente a los desafíos del modelo
extractivista y privatizador (Figura 1).
Figura
1.
Feria comunitaria en Longo Mai
Fuente: Fotografía de Dylanna Rodríguez
Muñoz
Chomes de Puntarenas
Chomes es una comunidad que forma parte
del Golfo de Nicoya y que se dedica principalmente a la actividad pesquera y molusquera caracterizada “por practicarse de manera artesanal, esto significa que el
manejo de las artes de pesca se hace de forma totalmente manual” (Fernández
2013, 139). A pesar de ser una actividad socioeconómica con profundos vínculos
de las poblaciones con el mar y los manglares, la sobreexplotación del Golfo de
Nicoya vulnerabiliza las condiciones de subsistencia
de las familias que dependen de esta fuente de ingresos. Las demandas del
mercado han generado presión “sobre los recursos marinos, ya que no solo se
utilizan mallas prohibidas, sino que además se ha aumentado el tamaño de las
redes o paños para obtener mayores volúmenes de captura” (Fernández 2013, 145).
Frente a ello, los impactos de esas prácticas dañinas para los ecosistemas
reconfiguran las condiciones en los que se desarrolla la actividad.
Cada
año por un periodo de tres meses (mayo-junio-julio) INCOPESCA “decreta períodos
de veda, en los que se prohíba practicar la pesca con trasmallo, algunas veces
permiten el uso de la línea y la cuerda, y otras veces ninguna” (Fernández
2013, 145). Durante ese tiempo, las familias pescadoras ven limitados sus
ingresos y aunque se les otorga un
subsidio mensual a quienes estén formalmente inscritos como pescadores para
supuestamente subsanar los ingresos que dejan de percibir por su trabajo de
pesca, el monto es insuficiente, incluso como señala Fernández (2013) “el
otorgamiento de este subsidio ha venido
generando algunos problemas,
no solo por su
bajo monto, sino
porque además está
sujeto a la realización
de trabajos comunales
como la recolección de
desechos en la
playa” (145). En ese sentido, la molestia deviene de la imposibilidad de
realizar otros trabajos para solventar las necesidades, a la vez que no hay un mecanismo estatal
efectivo, eficiente y justo que reconozca la diversidad de contextos, familias
y sobre todo que dignifique el trabajo de la persona pescadora.
Bajo esa premisa, en medio de la
pandemia surge la iniciativa por parte de algunas personas, principalmente
mujeres, de intentar con algunos emprendimientos que permitieran generar
ingresos dentro de una lógica de consumo local. Así, se consolidó un grupo que
reivindica la necesidad de aprovechar los bienes locales, naturales y
culturales de la comunidad y la zona en general.
Emprendimientos Chomeños,
nombre colectivo adoptado
por el grupo, actualmente atraviesan un proceso de formación y fortalecimiento
organizacional en articulación con el proyecto de Acción Social mencionado.
Además, están construyendo redes a nivel regional con el objetivo de revalorizar
el papel fundamental de la actividad pesquera en el Golfo. Este esfuerzo busca
mejorar las condiciones laborales y comerciales de los productos en un contexto
caracterizado por un aumento en la demanda, la escasez de recursos debido a la
sobreexplotación y la precarización de las condiciones de las familias
pescadoras y molusqueras.
Desarrollar una propuesta de
economía desde una perspectiva local ha implicado para esta comunidad afrontar
diversos desafíos, por ejemplo, el papel que juegan los centros recibidores que
fungen como intermediarios de la actividad, de esa forma, se encarece el
producto para el consumidor, pero la persona pescadora o molusquera
por el contrario ve impactados sus ingresos. Por ello, crear mecanismos de
venta e intercambio de productos de forma directa ha sido un primer aspecto de
abordaje para posicionar el valor de esta actividad y el potencial de seguir
abonando hacia formas que mejoren las condiciones de las familias de Chomes.
Pensar la economía es también,
pensar en la cultura arraigada en las comunidades, por eso, como parte de esta
iniciativa, se creó una feria que agrupa a familias pescadoras y molusqueras, las cuales elaboran diversos platillos con los
productos del mar: arroz con mariscos, cocteles de moluscos, ceviches,
pescados, cada uno con su sazón y con propuestas cada vez más innovadoras. Esta
feria, tiene la intención de mostrar la variedad de gastronomía que puede
resultar de ese arduo trabajo que implica el arte de la pesca y la extracción
de moluscos. Como parte de las
estrategias para posicionar esa cultura e iniciativa de subsistencia
comunitaria, cada feria se acompaña de alguna expresión artística, cultural o
deportiva que atraiga no solo a la comunidad sino a otras cercanas. Así mismo,
como parte de la formación que se ha gestionado, las familias están
incursionando en otras prácticas que logran combinar, tales como: elaboración
de artesanías, turismo costero comunitario, apicultura y agroecología, bajo la
propuesta de continuar haciendo posible, alternativas económicas sin perder las
raíces (Figura 2).
Figura
2.
Feria comunitaria en Chomes
Fuente: Fotografía de Dylanna Rodríguez
Muñoz
Rutas
solidarias para la subsistencia
En consonancia con el alcance
logrado desde el proyecto, se ha planteado la gestión y desarrollado de rutas
solidarias de productos que permitan articular la producción local con
mecanismos justos y solidarios de comercialización así como de semillas, considerando
que, la pandemia puso en
relieve la necesidad de abordar el abastecimiento de alimentos y sus precios,
siendo puntas de lanza qué conectan a las comunidades que conectan con un
sistema agroalimentario que debe priorizar el cuido y rescate de las semillas
sobre las que se apoya todo (Vía Campesina 2020).
Estas rutas buscan abrir vías alternativas al
mercado garantizando la valorización del trabajo comunitario y la circulación
de bienes producidos en y para los territorios significan, además, una
estrategia fundamental para promover la soberanía alimentaria y la conservación
de la biodiversidad, especialmente en contextos de vulnerabilidad y
desigualdad.
Estas rutas articulan redes de
intercambio y distribución que priorizan la participación comunitaria, la
economía local y el cuido de conocimientos tradicionales. Además, las rutas
solidarias fomentan prácticas de intercambio que fortalecen los lazos comunitarios
y promueven la autonomía de los actores involucrados. Como señalan Mies y Shiva
(1993), estas redes contribuyen a resistir las dinámicas de concentración y
monopolio en el mercado agrícola, promoviendo en su lugar modelos de producción
y consumo más justos y sostenibles.
Actualmente, el proyecto de Acción
Social mencionado gestiona un espacio de formación y construcción colectiva que
se denomina Movimiento de Resistencia y Formación “MORFO”, el cual, está
integrado por personas defensoras de territorios que, entre otros intereses.
Apunta hacia la necesidad de generar procesos de intercambio entre diferentes
territorios para asegurar una alimentación libre de agro venenos y
diversificada, pero sobre todo que fortalezca la producción nacional.
A partir de la experiencia
desarrollada con MORFO se han concretado rutas con un enfoque colaborativo,
donde productores, consumidores y organizaciones sociales trabajan en conjunto
para garantizar el acceso a alimentos y semillas libres de apropiaciones
comerciales y patentes. Es importante destacar el tema de las semillas ya que
no solo son vistas como recursos biológicos, sino como patrimonio cultural y
colectivo, cuya reproducción es esencial para mantener la diversidad agrícola y
cultural (Figura 3).
Figura
3.
Grupo Morfo
Fuente: Fotografía de Dylanna
Rodríguez Muñoz
Concretamente, las rutas solidarias
se llevan a cabo en dos vías: una, el intercambio de semillas criollas de
diversos productos, y otra, en la consolidación de un grupo de personas
agricultoras, pescadoras y molusqueras que de forma
itinerante se movilizan hacia distintos territorios para seguir creando
conocimientos en torno a: abonos, medicina natural, creación de huertas, entre
otras. A la vez, intercambian productos que muchas veces no son producidos en
una u otra zona (Figura 4).
Figura
4.
Intercambio de semillas
Fuente: Fotografía de Dylanna Rodríguez
Muñoz
Actualmente, las rutas que se
encuentran operando como resultado del proceso de articulación de MORFO son:
- Ruta entre Sixaola y Los Chiles: en este caso, dadas las
características climáticas y de suelo de ambas zonas, la ruta consiste en
la producción de coco libre de tóxicos. Se generó un proceso productivo en
el que personas de Sixaola que cuentan con experiencia en el cultivo y
comercialización del mismo, articularon con la comunidad de El Triunfo en
Los Chiles para aumentar la producción de un fruto que tiene amplio
consumo en el país pero permitiendo a ambos territorios mantener la
diversificación de producción agrícola, es decir, sin promover el monocultivo y más bien,
apostar por una forma colectiva de
suplir una necesidad no solo a nivel regional sino nacional.
- Ruta entre Guatuso y Punta Morales de Chomes: las comunidades en mención tienen condiciones
completamente diferentes en términos de actividades socioeconómicas,
climáticas y de suelo. Mientras la primera se dedica principalmente a la
agricultura y cría de animales de granja y ganado vacuno, la segunda
depende de los productos provenientes del mar y los manglares. Sin
embargo, en esa diferencia radica la importancia de los intercambios que
suponen esta ruta.
La ruta consiste en la producción de
una huerta comunitaria en Punta Morales que llevan adelante mujeres molusqueras y familias pescadoras que pertenecen a
ASOOSTRAS una organización comunitaria que nació para buscar oportunidades de
desarrollar proyectos productivos relacionados con moluscos y ostras,
actualmente se encuentran ejecutando un proyecto de elaboración de líneas
marinas para producir ostras en granjas flotantes con miras a desarrollar una
iniciativa de plataforma flotante que desde un enfoque cultural y de turismo
costero comunitario, reivindique las actividades relacionadas con el mar.
Algunas personas integrantes forman parte de MORFO, por lo que surgen
articulaciones para intercambiar saberes, productos y por supuesto, siendo esta
organización un caldo de cultivo para pensar en otras alternativas posibles a
partir de la colectividad y diversidad de experiencias.
En ese sentido, como parte de
fortalecer la organización y hacer sostenible el proyecto productivo que
sostiene a ASOOSTRAS, se desarrolla la huerta en Punta Morales con
acompañamiento y asesoría de personas agricultoras de Guatuso, con el propósito
de diversificar la alimentación sin depender del mercado de intermediarios que
llegan a la comunidad a revender productos que provienen de la Zona Norte y
Occidente. También, se da un trueque de productos como queso, natilla,
cítricos, tubérculos, maíz, provenientes de Guatuso, intercambiados por
pescado, moluscos, sal gruesa y miel de abeja de Punta Morales.
Como parte de ambas rutas se ha
instalado una práctica de intercambiar semillas, como se mencionó
anteriormente, el cuido de esos bienes comunes posibilita la soberanía
alimentaria a la vez qué disputa la lógica agroindustrial que privatiza la
semilla y atenta contra la cultura campesina. La experiencia de estas rutas es
un proceso en construcción entre el aporte institucional de la Universidad a
través del proyecto de acción social mencionado y las formas de vinculación
estratégica que tejen las comunidades y organizaciones movilizadas por el
compromiso con el bienestar común y la justicia social, económica y ambiental.
Puntos de
llegada: reflexiones experienciales
Repensar el desarrollo y la
sostenibilidad de otras formas de economía distintas a la capitalista, nos
permite valorar y evaluar los procesos, no sólo los resultados o las ganancias,
por ello, es posible analizar los cambios y las transformaciones que se han
dado en las prácticas comunitarias, cómo se posicionan frente al mercado y cómo
establecen su propio modelo productivo. A continuación, algunos puntos de
llegada que se tejen a partir de las experiencias en el contexto costarricense.
Primero, las posibilidades de
desarrollo de la economía comunitaria dependen del trabajo colectivo, la
organización y las prácticas que gestionen. Para las comunidades que se han
mencionado en este texto, como otras que se gestan en distintas partes del país,
estas prácticas son vitales en tanto se relacionan con un plan de vida.
También, apelan a un sentido de colectividad ya que mientras la economía global
fragmenta y jerarquiza, la comunitaria integra y fortalece lo común, tejiendo
lazos entre productores y consumidores, entre personas vecinas que intercambian
bienes o servicios, desde la creatividad, la identidad, la ancestralidad y las
cosmovisiones.
Segundo, pensar la economía desde
las comunidades es posibilitar la participación activa
de las mujeres, pueblos originarios, jóvenes y adultos mayores, poblaciones que
suelen ser marginadas del mercado formal. Así, no sólo se generan ingresos,
sino también dignidad, pertenencia y sentido colectivo.
Tercero, las economías comunitarias
representan un campo dinámico y en evolución, que ofrece alternativas al modelo
económico neoliberal, poniendo en el centro a las personas, las comunidades y
la naturaleza. No obstante, es necesario reconocer que se enfrentan algunos
desafíos, especialmente, mantener la viabilidad económica de subsistencia sin
comprometer los principios de solidaridad y equidad.
Cuarto, experiencias en la región
latinoamericana, han demostrado que a medida que las prácticas se fortalecen y
se articulan con movimientos sociales más amplios, tienen el potencial de
transformar las economías nacionales y contribuir a un desarrollo más
equilibrado y equitativo en la región. De ahí que se resalte la importancia que
tienen estas experiencias en vínculo con la organización y la defensa del
territorio frente a extractivismos y otras formas de
control y despojo.
Quinto, a nivel estatal no hay un
reconocimiento de estas formas alternativas en tanto no se integren a la lógica
de emprendedurismo o desarrollo rural, estrategias institucionales y de mercado
que no necesariamente responden a las necesidades de los territorios, dado que
se ha constatado que terminan siendo un caso más de control territorial,
económico y social sin mayor impacto transformador en la reproducción de la
vida en las comunidades.
Sexto, como se ha presentado a lo
largo del texto, hay un entramado de trabajo desde la Acción Social que busca
fortalecer el vínculo Universidad-Sociedad, en este caso, procurando
visibilizar y posicionar formas comunitarias de organización para el bienestar,
para subsistir de forma solidaria y crítica frente a un sistema que apuesta
desde estructuras sólidas.
Séptimo, las rutas solidarias pueden
comprenderse como experiencias pedagógicas, ya que no solo se limitan a
intercambiar productos, sino que, apuestan por construir conocimientos y
saberes de forma colectiva y crear mecanismos conjuntos para posibilitar las
rutas. Son las comunidades y las organizaciones las que una y otra vez
demuestran su capacidad de poner a disposición todas sus herramientas,
creatividad y afecto por el trabajo común para asegurar medios para la vida. La
Universidad, por su parte, debe cumplir un rol de acompañamiento y de
construcción de puentes que permitan intercambiar conocimientos e incidir en
experiencias de transformación social, económica y de cuidados.
Como parte de los impactos que ha
tenido el proyecto de Acción Social, se destaca la producción de una serie
documental de diez episodios que aborda la seguridad, soberanía y justicia
alimentaria. Puntalitos en disputa, ¿qué es lo que comemos?[5]. Se
realizó en el 2023 en conjunto con Canal Quince UCR inspirada en las
experiencias de diversas comunidades vinculadas al proyecto.
El
proyecto, del cual sobresalen las experiencias compartidas en este artículo,
cuenta con presupuesto ordinario de la Vicerrectoría de Acción Social de la
Universidad de Costa Rica.
Referencias
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biodiversidad. 2020. «Ganancias,
privilegios, control y represión: La respuesta sistémica a la pandemia en
América Latina»,
acceso el 25 de mayo del 2024, https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Ganancias-privilegios-control-y-represion
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Valverde Morales. 2019. «Economía
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artesanal y pobreza en comunidades aledañas al Golfo de Nicoya». Costa Rica: Rev. Ciencias Sociales 140:
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Capitales Mineros. A propósito de las notas sobre ‘Inversiones mineras en
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Madrigal, Luis Manuel. 2020. «INEC: Desempleo se disparó 12 puntos y alcanzó 24% al segundo trimestre
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recuperación del empleo centrada en las personas», acceso el 7 de abril del 2024, https://www.incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Nota-Tecnica-OIT.pdf
Mies, María
y Shiva, Vandana. 1997. «Ecofeminismo: teoría, crítica y perspectivas». Barcelona: Colección Antrazyt,
n.º 111. ISBN: 978-84-7426-344-2.
Milena,
Sandra; Mutuberría, Valeria y Chiroque, Henry. 2010. «La economía social y
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Némesis.
Programa Estado de la Nación. 2022. «Informe Estado
de la Nación 2022». San José: CONARE,
acceso el 1 de febrero 2024,
Programa
Estado de la Nación. 2023. «Informe
Estado de la Nación 2023».
San José: CONARE, acceso el 1 de febrero 2024, https://hdl.handle.net/20.500.12337/8603.
Svampa, Maristela. 2013. «Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina», Argentina: Revista Nueva sociedad.
Vía
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la base para construir un nuevo modelo agrícola», acceso el 10 de mayo 2024, https://viacampesina.org/es/la-lucha-por-las-semillas-la-agroecologia-y-la-tierra-estan-entrelazadas-y-son-la-base-para-construir-un-nuevo-modelo-agricola/
Zemelman,
Hugo. 2007. «De la
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Zibechi, Raúl. 2015. «Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías». México: Bajo Tierra
Ediciones.