Rev. Ciencias Sociales 155: 27-44 / 2017 (I)

ISSN: 0482-5276

LOS PESCADORES Y AGRICULTORES DE LA COSTA DE NAYARIT FRENTE A LA GOBERNANZA DE LOS RECURSOS COMUNES. EL CASO DE BOCA DEL ASADERO Y LAURELES Y GÓNGORA (EL LIMÓN), MÉXICO


THE FISHERMEN AND FARMERS OF THE COAST OF NAYARIT AGAINST THE GOVERNANCE OF COMMON RESOURCES.
THE CASE OF BOCA DEL ASADERO AND LAURELES AND GONGORA

(EL LIMÓN), MEXICO

Elida Leticia Rodríguez Domínguez*

Luis Gabriel Torres González**

Carlos Rafael Rea Rodríguez***

* Cursando el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit, México.

elida10rodiguez@gmail.com

** Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente, México.

lgabtor@gmail.com

*** Universidad Autónoma de Nayarit, México.

carlosrea@yahoo.fr

RESUMEN

Este artículo identifica las estrategias e innovaciones organizativas de los pobladores de Boca del Asadero y Laureles y Góngora (El Limón), dos comunidades agropesqueras de Nayarit que enfrentaron una creciente pérdida del control de sus recursos naturales. Los fuertes cambios en la gestión social y productiva de estas comunidades forman parte de los procesos de modernización asociados a la implementación de políticas neoliberales de corte trasnacional promovidas por el Estado mexicano a partir de la segunda mitad del siglo xx, como lo son la presa hidroeléctrica de Aguamilpa y la instalación de la empresa acuícola Aquanova. Se aplicaron dos enfoques: cuantitativo y cualitativo; en el primero, se realizó una encuesta en la modalidad de cédula de entrevista de tipo censo a todos los hogares y en el segundo, se hicieron entrevistas a profundidad con actores clave. Los resultados muestran un escenario de la individualización de los intereses comunes y de los conflictos que derivan del sistema de manejo los recursos naturales, entre otros.

PALABRAS CLAVE: RECURSOS NATURALES * BIEN COMÚN * GESTIÓN DE RECURSOS * PESCA * AGRICULTURA * DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL * POLÍTICA AMBIENTAL

ABSTRACT

This article identifies the organizational strategies and innovations of Boca del Asadero and Laureles y Góngora (El Limón), two agricultural and fishing communities from Nayarit that faced a growing loss of control of their natural resources. The strong changes in social and productive management of this communities are part of the process of modernization associated to the implementation of transnational type of neoliberal policies promoted by the Mexican state since the second half of the 20th century, as are the constructions like the hydroelectric dam of Aguamilpa and the installation of the aqua cultural company, Aquanova. Two approaches were applied: quantitative and qualitative; in the first one, a poll was taken in the modality of interview of census type to all homes and in the second, interviews with depth were made with key actors. The results show a scenario of the individualization of the common interests and of the conflicts that derive from the system of the management of the natural resources, etc.

KEYWORDS: NATURAL RESOURCES * COMMON RESOURCES * RESOURCES MANAGEMENT * FISHING * AGRICULTURE * ECONOMY AND SOCIAL DEVELOPMENT * ENVIRONMENTAL POLICY

INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de los años 40 del siglo xx se gestaron transformaciones en la vida rural que respondían a la idea de modernización y se concentraban en la búsqueda del crecimiento económico como base de ese modelo de desarrollo. Pero fue hasta principios de los años 80 que surge una corriente de estudios socio-antropológicos que se distingue por su orientación crítica que buscaba demostrar la inviabilidad del pensamiento hegemónico de desarrollo. En ese sentido, este se visualiza como un proceso socialmente construido y no como una esencia.

El desarrollo es una expresión civilizatoria, de corte cultural y que obedece a distintas coyunturas económicas. Como tal se reviste con ropajes de modernidad —pretendidamente renovada— que se quiere proyectar como dominador de otras culturas, a la vez que se exaltan los valores antropocéntricos que conceden al ser humano el dominio sobre el territorio, aunque eso pueda conllevar a la destrucción del sistema de valores y de los recursos naturales expuestos incondicionalmente al juego del mejor postor en el mercado económico (Escobar, 1999; Bretón, 2000; Esteva, 2000; Viola, 2000 y Leff, 2004).

Desde el enfoque de la ecología política se discute acerca de los límites de los recursos y su relación con las capacidades de sobrevivencia del ser humano. Lo fundamental de la apuesta sociológica de esta disciplina, reside en que los pueblos y comunidades indígenas del medio rural también son agentes con derechos de ser, con capacidad de agencia1 y que tienen el poder para emprender la lucha por la apropiación y recuperación cultural del patrimonio ecológico, así como para construir su propio mundo de vida sustentable (Ostrom, 2000; Long, 2007 y Leff, 2014).

Desde la perspectiva crítica de estos dos enfoques, se busca explicar las transformaciones como resultado de diversas complejidades que se asocian a la implementación del desarrollo en los países pobres a partir de la mitad del siglo pasado. En México, estos modelos se han llevado a la práctica mediante procesos de modernización contemplados en los planes nacionales de desarrollo. La lógica de alcanzar el desarrollo se concentra en modificar los patrones de vida de pueblos y comunidades indígenas rurales, así como en incrementar progresivamente la productividad de sus actividades y el uso de sus recursos naturales. Algunos autores señalan que en estos procesos se ha ignorado la relación ecológica de los grupos sociales, sus capacidades y sus conocimientos ancestrales para el manejo y el uso de sus recursos comunes (Merino, 2004; Lauriola y Moreira, 2006 y Escobar, 2010).

Otro de los aspectos importantes que condicionan la idea del desarrollo y que ha sido un tema de discusión en las grandes arenas científicas y multinacionales desde finales de los años 60, es el fenómeno de la sobreexplotación y sus efectos destructivos hacia los recursos naturales. El argumento detrás de la sobreexplotación es el incremento productivo y la búsqueda de mayores ganancias, lo que se ha visto como una forma de disminuir las diferencias entre las naciones ricas y pobres; dicha sobreexplotación, en realidad ha servido para el aumento creciente de los capitales de agentes externos (Bretón, 2000; Ostrom, 2000; Escobar, 2009 y 2010; Gutiérrez y González, 2010).

Hay quienes se han preocupado por teorizar sobre el acaparamiento por apropiación legitimada que utilizan los organismos oficiales y las instancias de gobierno para el diseño de estrategias de manejo y uso de los recursos comunes y, en ese sentido, de la capacidad de autogestión y autonomía de las comunidades, así como en la forma en cómo modifican las instituciones sus previsiones para el manejo de los recursos naturales. Los supuestos teóricos convencionales, señala Ostrom (2000), han incidido de manera importante en la toma de decisiones de los tres niveles de gobierno en alianza con las estrategias para el desarrollo de los organismos internacionales. Estas estrategias se centran en la institucionalización de otros sistemas de control y administración de los recursos naturales que desplazan a los de los bienes comunes2.

En su obra, Ostrom (2000), detecta dos errores en los cuales pueden incurrir las instituciones al implementar los sistemas en los recursos y bienes comunes: i) cuando las reglas de control y administración de los recursos de uso común son elaboradas y aplicadas por una institución gubernamental con o sin información correcta; y ii) al permitir el desplazamiento de la tenencia común por la propiedad privada. La tesis central de esta obra y que interesa retomar en este trabajo, consiste en una posible alternativa en donde se permita a los usuarios detonar y dinamizar sus capacidades para que atendiendo a sus conocimientos y necesidades, puedan buscar un consenso y diseñen sus estrategias de cooperación en las que se propongan, determinen y establezcan sus propias reglas de uso del recurso en común.

En otros estudios sobre el gobierno de recursos naturales y medio ambiente, el término de gobernanza es inclusivo, ya que se experimenta cuando los agentes operadores encargados de realizarla, establecen las reglas o políticas adecuadas con base en un marco legal, con el propósito de gestionar los recursos naturales atendiendo las demandas sociales y económicas del Estado. Señalan que este mecanismo, también deberá permitir procesos e instituciones democráticas que atiendan las peticiones, los derechos, las obligaciones y las problemáticas de los usuarios. De esta manera, el término de gobernanza se entenderá como la forma en que se gobiernan y administran los recursos de forma sustentable y en cooperación entre los tres niveles de gobierno: los usuarios, la iniciativa privada y los grupos de científicos. El principio orientador es la búsqueda de un beneficio sustentable en todos los aspectos: económico, cultural, social, político y ambiental (Celis, 2014; Antal y Lucatello, 2014).

En ese marco considerado anteriormente, este trabajo se enfoca en comprender los cambios ocasionados en el campo mexicano por las políticas neoliberales implementadas a fines de los 80. Se trata de identificar los efectos que ha tenido la inserción de los nuevos esquemas de desarrollo en convenio con multinacionales para el manejo de los bienes y recursos. El caso específico que interesa en este estudio, es el de las actividades agropesqueras de dos comunidades rurales: Boca del Asadero y Laureles y Góngora (El Limón), del municipio de San Blas en Nayarit, las cuales, desde la última década del siglo XX, enfrentan una creciente pérdida del control y gestión de sus recursos naturales.

Además, estas comunidades han enfrentado fuertes transformaciones de sus formas organizativas de producción, así como en el manejo y uso de sus recursos naturales; además de cambios en la tenencia de la tierra y desplazamiento de algunos cultivos tradicionales por otros promovidos por el Estado y el sector privado. La emergencia del desarrollo de las capacidades de agencia y de gestión de los productores locales ha servido para aminorar el peso de las regulaciones establecidas en el control de sus recursos naturales, que se han seguido preservando como parte de las alternativas y estrategias que les han permitido sobrevivir.

Metodológicamente, se refiere al estudio de caso de estas comunidades como un laboratorio analítico para observar las grandes transformaciones económico-productivas y sociales. En ese sentido, surgen las interrogantes ¿en qué condiciones sociopolíticas se concertaron los proyectos de la presa hidroeléctrica de Aguamilpa y la empresa acuícola Aquanova?, ¿qué participación tuvieron cada uno de los actores inmiscuidos en este proceso de institucionalización de los sistemas de manejo y uso en los recursos naturales?, ¿qué estrategias han desarrollado los pescadores y agricultores después del cambio de manejo de los recursos? y ¿de qué manera estas estrategias han contribuido a la permanencia de las prácticas y la convivencia comunitaria? Se debe suponer que existe un contexto de relaciones que se ha ido complejizando al interior de las comunidades y los espacios de negociaciones.

El artículo se divide en dos partes: la primera trata sobre los cambios provocados en las actividades agropesqueras por la implementación de nuevos sistemas de control y uso de los recursos en ambas comunidades, como es el caso particular del proyecto de construcción de tres grandes presas hidroeléctricas en la cuenca del río Santiago, el ingreso de agentes externos con inversión capitalista mediante la ocupación de propiedad privada de una superficie de esteros, y el establecimiento de un marco jurídico e institucional para el uso de aguas y mares; y la segunda, aborda la emergencia de actores con capacidad de gestión y organización como estrategias de permanencia de sus actividades para la sobrevivencia. Finalmente, se presenta a manera de conclusión, una reflexión sobre los mecanismos de apropiación y valoración de los recursos naturales por parte de los actores comunitarios en un contexto de transformación de las condiciones de gobernanza de sus recursos naturales.

EL CONTEXTO DE LAS TRANSFORMACIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPESQUERAS

Boca del Asadero y Laureles y Góngora (El Limón), son dos comunidades que pertenecen al ejido de El Ciruelo, municipio de San Blas, en el Estado de Nayarit. Ambas se encuentran ubicadas en la margen izquierda de la desembocadura del río Santiago o Grande al Océano Pacífico; y en la margen derecha colindan con el municipio de Santiago Ixcuintla. Desde hace varias décadas, esa región es conocida por su abundancia de camarón y pescado, por la calidad de sus tierras y por el alto rendimiento del cultivo tradicional de maíz, frijol y hortalizas, dado que estas siempre eran bañadas por el río Santiago. Desde las últimas décadas del siglo XX, esta zona se conoce como la “Costa de Oro”, debido al auge que tuvo la producción agroindustrial del tabaco desde los años 60 hasta fines de los 80 (Madera, 2010).

La historia local de ambas comunidades inicia con la repartición de tierras hacia la década de los 30. El ejido se constituyó como núcleo agrario, al recibir oficialmente su primera dotación de 392 hectáreas en el año de 1934, con terrenos que habían pertenecido a la hacienda de San Lorenzo y fueron expropiados por el Banco Nacional de Crédito Agrario. El censo ejidal se integró por 98 peticionarios que habían sido trabajadores de haciendas, músicos, albañiles, comerciantes, personas desocupadas, incluso trabajadores procedentes de las minas en las montañas (Contreras, 2002).

Originalmente, el ejido lo conformaron dos comunidades, conocidas como Laureles y Góngora (El Ciruelo) y La Panocha, la cual cambiaría su denominación posteriormente a Laureles y Góngora (El Limón) en los años 60. En 1945, la población del ejido se había triplicado a 291 habitantes, de los cuales 132 eran jefes de familia, y una segunda generación se había integrado al solicitar una ampliación en la dotación de tierras de cultivo mediante solicitud a la Asamblea Ejidal. De las 392 hectáreas entregadas al ejido, se distribuyeron 295 hectáreas de humedad de segunda3 aproximadamente, ocupadas por el panteón y terrenos salados; 23 unidades individuales de dotación para las tierras de labor y 2 destinadas a la construcción de las escuelas del lugar con 12 hectáreas cada una, el resto quedó para usos colectivos del ejido (dof, 1934 y 1945).

Dos ampliaciones más se concedieron al ejido, una en 1986 y la última en 1993; finalmente, el territorio ejidal quedaría conformado aproximadamente por 2000 hectáreas. Así, todo aquel descendiente, hijo de ejidatario que se convertía en jefe de familia y quisiera asentarse a vivir en alguna de las comunidades del ejido, debía solicitarlo mediante la Asamblea Ejidal para que se le asignara una extensión de tierra para trabajar. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010, la localidad de Laureles y Góngora (El Limón), tiene una población de 529 personas, de las cuales el 45% son mujeres y el resto son hombres; en cambio, en Boca del Asadero solo hay 147 habitantes, de los cuales la mitad se considera económicamente activo.

Según habitantes de las comunidades, cada ciclo de lluvias, la comunidad de “La Panocha” era inundada por el desbordamiento del río Santiago y aunque ello era beneficioso para la fertilidad de las tierras, también provocaba grandes daños materiales y económicos en la vida de los habitantes de las comunidades ribereñas. Estos preferían que las condiciones materiales en la vida de sus hogares fueran más austeras, puesto que en cada temporada de lluvias el desbordamiento del río inundaba las viviendas dañando cualquier bien mueble que se tuviera. En 1968, la Asamblea Ejidal autorizó a los comunitarios de la Panocha una dotación de tierra para su reasentamiento dentro del mismo núcleo ejidal.

La nueva distribución de los lotes para la vivienda fue diseñada por un ingeniero designado por el gobierno municipal. Los terrenos tuvieron las mismas medidas y se repartieron a cada jefe de familia. En el diseño del plano del reasentamiento, se incluyeron calles muy amplias trazadas en líneas rectas y se asignaron espacios educativos y de recreación cultural, tales como escuelas, una cancha deportiva, un centro integral de la familia (DIF), la iglesia católica, una plaza y un centro de billar. De este modo, el ejido quedó integrado por tres localidades denominadas: Laureles y Góngora (El Ciruelo) como la cabecera del ejido, Laureles y Góngora (El Limón) y Boca del Asadero.

El sostenimiento de los hogares de estas comunidades, ha dependido en gran parte de las actividades agrícolas, la pesca y la conserva de camarón seco, para su comercialización en los pueblos locales y en diferentes ciudades del país. El cultivo del frijol, maíz, jitomate, chile y otras hortalizas, son parte de la producción agrícola del ejido al que pertenecen estas comunidades. Hace más de dos décadas, los ingresos de las actividades agrícolas permitían a las familias alcanzar mejores condiciones sociales y económicas (Wicab, Sifuentes y Luna, 1998). Según las narrativas de los entrevistados, podían tener acceso a mejores servicios de salud y recreación familiar, a bienes de consumo y servicios de transporte para el desplazamiento hacia los pueblos o ciudades del Estado.

La mayoría de las familias agricultoras de las comunidades de estudio hasta mediados de los 90, fueron beneficiadas por la llegada de la agroindustria del tabaco al campo nayarita y recibieron apoyos a la producción agrícola. Estos programas motivaron el uso y aprovechamiento abundante de sus recursos naturales (Hewitt, 1988). Sin embargo, en las últimas décadas estas familias han tenido que enfrentar los cambios provocados por los ajustes estructurales de la política neoliberal adoptada por el Estado mexicano al inicio de los 90.

Los cambios por las medidas neoliberales se vieron reflejados en distintos factores como: las modificaciones de la tenencia de la tierra agrícola que siendo de tipo ejidal se convirtieron en propiedad privada. Derivado de ello, gran parte de sus recursos naturales que tradicionalmente fueron de uso colectivo, se convirtieron en mixtos o privados. Tal es el caso de la cuenca del río Santiago, la zona de los humedales conocidos como marismas o estuarios y un área en el mar. Esas áreas desde la mitad de los 90 están siendo controladas y administradas por los tres niveles de gobierno en vinculación con el sector privado. Este escenario y la dinámica de los cambios se discutirán a continuación.

LOS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LAURELES Y GÓNGORA (EL LIMÓN)

En los años 50, los programas de apoyo del Estado mexicano implementaron un paquete tecnológico:“la revolución verde”, dicho paquete se asocia al desplazamiento de algunos cultivos y formas tradicionales de producción, que dejan espacios para ser ocupados por la agroindustria del tabaco, zonas especializadas de cultivo más tecnificado de frijol y de maíz, etc. La producción del cultivo del tabaco fue motivada por las políticas de desarrollo instrumentadas por el Estado, ya que en la década de los 40 se permitió la entrada de empresas agroindustriales de capital extranjero. Estas empresas motivaron el desplazamiento de algunos cultivos tradicionales a cambio de los beneficios de financiamiento que otorgaban al agricultor para el proceso de producción y comercialización del tabaco (Guzmán, 2012).

En consecuencia, se tuvo un aumento en la población y la construcción de caminos saca-cosechas y canales de riego. Más tarde, se dio entrada a algunos servicios básicos como la electricidad, la carretera asfaltada que cruza con la carretera federal y con ello, la llegada de productos manufacturados de consumo. La llegada del tractor en los años 50, desplazó paulatinamente al uso de la yunta, aunque de momento no todos los productores tuvieron acceso a ese tipo de maquinaria, pero una vez que accedieron al apoyo que promovió el Estado, obtuvieron créditos refaccionarios, financiamientos de diverso tipo, habilitaciones para cultivos anuales, subsidios, dotación de insumos agrícolas, seguros agrícolas, asesorías técnicas, entre otros.

Desde el inicio de los 60, los productores de granos básicos fueron apoyados por la Compañía Nacional de Subsistencia Populares (conasupo) y Bodegas Rurales Conasupo (boruconsa). Estas instituciones se encargaban de regular el sistema de comercialización y los precios del mercado, por medio del acopio de granos en las bodegas. Por otra parte, en la agroindustria del tabaco se suscitaban serios problemas entre productores de tabaco y las empresas agroindustriales, por fallas e incumplimientos en el proceso del financiamiento y el pago de la producción. Para resolver estas dificultades, se creó Tabacos Mexicanos (Tabamex) en 1972, como una agencia mediadora que finalmente beneficiaba a los productores (Mackinlay, 2011 y Guzmán, 2012).

Según testimonios de los habitantes de Laureles y Góngora (El Limón), algunos agricultores del ejido que establecieron relaciones clientelares con funcionarios de las empresas del Estado y que además habían ocupado un cargo en la Asamblea Ejidal, fueron beneficiados por los programas de apoyo directo al campo como maquinaria agrícola pesada, no solo tractores, sino diversos tipos de equipo ligero, como bombas de riego y de fertilizantes, así como, insumos agrícolas de mejor calidad. Ello provocaba que se distinguieran dos clases sociales, una la conformada por los agricultores con mejores técnicas y mayor capacidad de producción debido al acceso que tenían a los equipo, maquinaria moderna y al uso de tecnología e insumos agrícolas; y otra que la integraban las familias de agricultores con pequeñas extensiones agrícolas quienes no tuvieron acceso oportuno a la modernización agrícola; y por los trabajadores o “jornaleros” sin tierras que vendían su fuerza de trabajo a empresas productoras del tabaco y a aquéllos agricultores.

El interés de los agricultores por cultivar tabaco se extendió, no solo en el ejido de Laureles y Góngora (El Ciruelo), sino en la mayoría de los demás municipios (Santiago Ixcuintla, Tecuala, Acaponeta, Ruíz y Compostela), que abarcaban la región costera en la entidad. Esta tendencia generó una derrama económica tanto para las familias de los productores y los jornaleros, como para las de los agricultores que sembraban frijol y maíz.

Aunque siempre estuvo presente la actividad tradicional de la pesca y su producción era abundante, el progreso de las condiciones de vida de la mayoría de las familias, se debió al tabaco. Eso se dio principalmente en la comunidad de Laureles y Góngora (El Limón). Para los años 70, el predominio del tabaco provocó que la condición económica de los habitantes de esos municipios dependiera en buena medida de la producción y las ganancias obtenidas mediante ese monocultivo (Madera, 2010). La abundancia de los ingresos y los medios de transporte, permitían que las familias de estas comunidades tuvieran un mayor acceso a los poblados cercanos para adquirir los bienes materiales y de consumo. Esta situación derivó en una transformación de sus prácticas en el ámbito familiar y cultural (Wicab, Sifuentes y Luna, 1998).

De esta manera, las condiciones naturales del entorno y las formas tradicionales de producción agrícola en gran parte de la región costera del Estado, se modificaron. El manejo de sus recursos naturales estaba siendo sustituido por el uso intensivo de estos. Como señala Hewitt (1988), las formas de organización productiva se desplazaban paulatinamente por la introducción de equipos y maquinaria agrícola moderna, y el incremento importante de mano de obra migrante contratada. El trabajo en el campo, que tradicionalmente hacían el padre y los hijos o toda la familia, fue disminuyendo progresivamente por los procesos de modernización. También incluyó, el desplazamiento de las formas ecológicas de producir una vez por año, respetando los cambios biológicos de la tierra.

Para los años 90, otro escenario les esperaba, ya que el contexto político y económico cambiaría drásticamente para el sector agrícola. Los “ajustes estructurales” y las medidas anunciadas en la política económica llevaban implícito el adelgazamiento del Estado y casi su total retiro en la política agraria y agrícola (Haubert y Torres, 2003). Estos procesos, automáticamente deterioraron el sistema de programas de beneficios para la producción que se había institucionalizado en la vida de los agricultores. Para mediados de los 90, en la transición del proyecto neoliberal, las empresas paraestatales enfocadas a proporcionar los subsidios y créditos a las habilitaciones de la producción agrícola, fueron desapareciendo y en su lugar se implementaron otros programas temporales de menores recursos que apenas sirvieron de paliativos para subsanar un poco el problema que ocasionaban (Appendini, 2008).

Las instituciones que regulaban el mercado productivo y de precios en beneficio de los agricultores fueron desapareciendo paulatinamente, para dar paso a otros programas dirigidos a las necesidades de la liberalización económica. Por ejemplo, los productores dedicados a cultivar frijol y maíz en el Estado, con muchos requisitos y ciertas limitantes, tuvieron que gestionar sus recursos públicos mediante los Programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y más tarde a través del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). También para el acopio y comercialización de su producción de granos, obtuvieron el apoyo de Conasupo hasta 1994. Simultáneamente, el sistema de apoyos para las habilitaciones y financiamientos, y de beneficios sociales para los tabaqueros se modificó con la desaparición de las empresas paraestatales, especialmente de Tabamex en 1990 y el retiro de las empresas transnacionales tabaqueras. Frente a este contexto de transformaciones, la mayoría de los productores tabaqueros decidieron regresar a los cultivos tradicionales.

Derivado de las reformas al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria que se aprobaron al inicio de los 90, se puso en marcha el programa que motivó a los ejidatarios a modificar la tenencia social de sus parcelas y los llevo a equipararlas a los derechos de propiedad privada. Se trataba de un nuevo marco legislativo institucional, en el cual la tierra cambia su valor sociocultural por uno mercantil y puede transformar su usufructo. Las estrategias para detonar el desarrollo en Nayarit contempladas en el Plan estatal (1994-1999), llamado “Estudio de Gran Visión (egv)”, siguieron las directrices de las reformas a la política agraria de los 90. En ese sentido, el egv tuvo como uno de sus grandes propósitos impulsar la productividad en los diferentes sectores del Estado y principalmente, en el productor como empresario. Al mismo tiempo, el gobierno estatal y el municipal debían vigilar el cumplimiento de los programas que contribuirían a producir los cambios a la tenencia de la tierra; estos eran el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titularización de solares (procede) y el Programa de Apoyos directos al Campo (procampo), orientados a agilizar el proceso de apropiación de la tierra para ofertarla al sector privado.

Lo anterior tuvo que ver con el despliegue de las estrategias para la liberalización del mercado, iniciado con la firma de los Tratados de Libre Comercio (tlc) a principios de los 90. Se pensó que los productores agrícolas eran capaces de adquirir un perfil empresarial para competir en un mercado internacional libre de regulaciones y protecciones, sin considerar los fuertes desequilibrios socioeconómicos en el medio rural (Appendini, 2008).

LA REESTRUCTURACIÓN AGRARIA Y SUS EFECTOS EN LA APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Después de la nacionalización de la industria eléctrica en los años 60, la política de desarrollo concentró sus esfuerzos en llevar a cabo un proyecto de modernización de la infraestructura para fortalecer al sector eléctrico (Plan Lerma, 1968-1976), cuyo propósito principal era generar energía mediante la construcción de un complejo de presas hidroeléctricas en la cuenca del río Lerma, que abarcaba diez entidades en el país (Appendini, 2008). Este proyecto comenzó su desarrollo en el centro del país en el periodo de 1960 a 1970 y continuó una década después en otros estados. Aunado a las estrategias del proyecto inicial y las facilidades de crédito que el Banco Mundial (bm) ofrecía a los países en vías de desarrollo que se vinculaban con el programa de los “Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto” (Pidiregas) —creado por el gobierno salinista para al sector público de la industria eléctrica en 1987—, la Comisión Federal de Electricidad dio inicio a la mega construcción de la presa hidroeléctrica de “Aguamilpa-Solidaridad”, aguas arriba del río Lerma o Santiago, con una capacidad de generación de 960 mega watts y un embalse a gran escala (González, 2007).

Según el estudio de Zepeda (2012), al final del periodo 1988-1994, que comprende la presidencia de Salinas de Gortari y durante el cual se terminó la presa, con la puesta en marcha de este proyecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emprendió acciones coercitivas para desalojar de sus tierras y relocalizar a 154 familias que en conjunto hacían un total de 871 personas, de las cuales más del 50% pertenecían a grupos indígenas. La mayoría de las familias fueron desplazadas y forzadas a abandonar la base de su existencia y su patrimonio cultural. A casi ocho años de iniciado el proyecto y con un paro de labores ordenado por un juez federal en medio del proceso de construcción, mediante acuerdos poco democráticos y promesas no cumplidas por la CFE, el gobierno federal y estatal autorizaron la terminación de la obra para ser inaugurada en septiembre de 1994 (Zepeda, 2012).

Al inicio del proyecto, ninguna institución gubernamental, organismos oficiales, ni agremiados de la CFE dieron a conocer información de los impactos que esta obra ocasionaría a las tierras y a las actividades agropesqueras de las comunidades ubicadas aguas abajo del río Santiago. Según los entrevistados nunca fueron convocados a las asambleas o encuentros celebrados con las comunidades que estaban asentadas aguas arriba del río Santiago y que iban a ser desplazadas a otras tierras. Dicha forma de proceder entraña una omisión a los derechos de consulta que tienen los usuarios de un recurso natural y a la democracia deliberativa que legitima la participación de estos en el diseño de las reglas para la institución del sistema de manejo y uso del recurso común.

Al ignorar toda información acerca de las consecuencias y los efectos que la operación de la presa provocaría a las actividades agropesqueras, no hubo expresión notoria de reclamos o protestas entre los pobladores del ejido. Según algunos productores entrevistados en ambas comunidades, ellos se enteraron de la construcción de la presa de Aguamilpa a través de los medios informativos y de comunicación. Además, señalaron que ya no hubo inundaciones de tierras después de que el embalse de la presa se llenó de agua durante el temporal de lluvia entre julio de 1993 y septiembre de 1994. Desde entonces, ya no hubo más inundaciones de tierras causadas por el desbordamiento del río. En cambio, al final de la temporada de lluvia, los agricultores se percataron que las tierras no presentaban las condiciones de fertilidad que normalmente se lograban mediante la inundación del río y que les facilitaba la siembra del frijol, maíz y algunas hortalizas. La superficie que sembraban no tenía más aquél limo que el río arrastraba y la salinización del agua salada comenzaba a penetrar las tierras.

Antes de la construcción de la presa, cada hectárea sembrada de frijol rendía de dos a tres toneladas, dependiendo de su cercanía con el río. En la actualidad, se obtienen como máximo 11/2 toneladas por hectárea y con el uso intensivo de insumos agrícolas de altos costos (inegi, 2016). Además, los productores tienen que enfrentar los efectos negativos que les ocasionan las lluvias extraordinarias o “el mal tiempo”, en los meses de noviembre a enero y que se relacionan con el “cambio climático”.

Cada año, antes de la siembra de frijol, los agricultores obtienen recomendaciones por parte de funcionarios de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), acerca de las variedades que conviene sembrar en relación con las condiciones climatológicas esperadas en el tiempo de crecimiento de la cosecha. La producción de este cultivo cosechada en el mes de marzo, se comercializa a los compradores llamados “coyotes” (intermediarios), quienes se encargan de fijar un precio por kilo a los primeros productores en condiciones de vender, el cual va disminuyendo para los siguientes productores que oferten su producto. En el año 2016, el primer precio establecido en el ejido, fue de 20 pesos por kilo y llegó a disminuir un 4%.

EL GOBIERNO DE LOS RECURSOS COMUNES DE LOS PESCADORES

En Boca del Asadero hay una cooperativa de pescadores denominada “San Blas y Boca del Asadero”, que fue fundada en 1933 (Díaz e Iturbide, 1985). En la actualidad, dicha cooperativa es operada por dos grupos de pescadores: uno que está constituido por pescadores dedicados al cultivo del ostión en la comunidad de Santa Cruz de Miramar, municipio de San Blas y otro, integrado también por 26 pescadores ostricultores, de los cuales 20 son originarios de Laureles y Góngora (El Limón) y el resto de Boca del Asadero; y sus funciones se organizan mediante un comité directivo encabezado por un presidente. De acuerdo a los datos oficiales (inegi, 2016), en Boca del Asadero hay 147 habitantes, de los cuales la mitad son económicamente activos.

Según el testimonio de algunos pescadores, a inicios de este siglo, dicha cooperativa dejó de funcionar y abandonaron la pesca en el mar, debido a que la mayoría de ellos no obtenían las ganancias justas de su captura, ni la parte correspondiente de los apoyos y recursos gestionados para cada pescador. En ese sentido, la estructura actual con la que se organizan los pescadores para realizar esta actividad en el río, en los esteros y en el mar, se ha reorganizado de la siguiente manera: los pescadores registrados que cuentan con un permiso expedido por la conapesca y presentan un informe de su producción, son propietarios de un equipo de pesca constituido por una panga con motor, redes (chinchorros) o tarrayas, contenedores de almacenaje, el aparato navegador y uniformes aislantes (overall); los pescadores sin permiso oficial que realizan actividades de pesca en el río y son propietarios de un equipo artesanal que se compone de una panga, remos, tarraya y anzuelo de madera; los pescadores ayudantes o trabajadores que no poseen equipo de pesca, ni permiso oficial y realizan actividades de pesca en el río o el mar.

La pesca ha sido una de las actividades más importantes para la subsistencia de las familias en ambas comunidades. Según la información obtenida en el trabajo de campo, hasta mediados de los años 80, en la cuenca del río Santiago se observaban varios pescadores que realizaban esta actividad de manera artesanal (con panga, remos, tarraya y cuerda) y lograban capturar grandes cantidades de especies en escama4. La pesca en el río se realizaba porque era una forma más rápida y segura de conseguir el sustento, comparado con los peligros y los riesgos que suelen enfrentar en el mar. Sin embargo, consideran que en ese mismo tiempo la pesca en el mar también fue abundante, ya que lograban capturar enormes cantidades de peces y crustáceos, como lo fueron el tiburón, el pargo, el robalo, el camarón, entre otros.

La derrama económica de la pesca en estas dos comunidades, no solo se debía a los beneficios que brindaban el río y el mar, sino también la que se obtenía de la captura de camarón y ostiones en el área de “los esteros”. La mayoría de las familias de pescadores secaban grandes porciones de camarón en los techos o en planchas de concreto en los patios de sus casas, como una forma de conservar el producto tanto para el autoconsumo como para su comercialización. Este procedimiento le agrega un valor adicional al precio del producto fresco en el mercado y la ganancia puede llegar a representar hasta el 300% aproximadamente sobre el valor inicial por kilo.

Una década después, las bondades de las actividades pesqueras disminuyeron drásticamente debido a los cambios causados por la implementación de otros sistemas de manejo y el uso de sus recursos naturales. Una forma de instaurar dichos cambios, ha sido mediante la construcción y operación de las grandes presas hidroeléctricas en Nayarit, fomentada por las reformas legislativas y el subsidio del gobierno federal. Se trataba de la construcción y operación de una de las tres grandes presas que funcionan actualmente aguas arriba del río Santiago, la hidroeléctrica de Aguamilpa, inaugurada en 1994 y otras dos, después de la entrada del siglo xxi; otro de los proyectos, fue la inserción de una empresa acuícola de capital transnacional que inició operaciones en 1995 en el área de marismas en el municipio de San Blas, y como fundamento legal, la promulgación de las regulaciones establecidas por las Normas Oficiales Mexicanas (nom) en 1994, para el Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y Marismas Nacionales.

El proyecto de la empresa acuícola “Aquanova” se dio a conocer a los agricultores y pescadores originarios de tres ejidos vecinos al ejido de Laureles y Góngora (El Ciruelo), con quienes tramitarían la compra de una gran superficie de humedales. Esta extensión se trataba de una parte del área de uso colectivo, en la cual los pescadores de esta investigación y de otros ejidos aledaños, se beneficiaban de la producción natural de camarón que abundaba cada año en los meses de setiembre y octubre. En la primera fase de apropiación de la superficie que ahora ocupan las instalaciones de “Aquanova”, surgieron algunos desencuentros entre los comuneros y los representantes de esta empresa. Fueron conflictos relacionados con las tenencias de las tierras y en la forma en que se quería pactar el pago de estas. Desde fines de 1994, la empresa celebró tratos con integrantes del ejido de Política Agraria de Gascón Mercado, que estaban a cargo de una parte del área formada por marismas y manglares, registrada como “Boca Cegada”. Oficialmente, se encontraba registrada como de uso colectivo y como una superficie de poca utilidad y peligrosa (Blanco y Correa, 2011).

En enero de 1995, se tramitó el cambio de tenencia comunal de dicha superficie a la de ejidal. En lo posterior, mediante los mecanismos de “Procede”, se obtuvo la titularización individual de 533 hectáreas. Otros acuerdos que la empresa realizó, fue con los ejidatarios de La Isla del Conde, en donde la empresa se comprometió a pagar la mitad del valor total de 194 hectáreas aproximadamente y a cambio de la otra parte, se compensaría con la generación de empleos para los pescadores afectados y sus familias. Estos acuerdos solo quedaron en tratos de palabra y no se estipuló con claridad en los documentos que comprobaban el pago de las tierras. La tercera superficie adquirida, fue con el ejido La Chiripa; la tenencia era de tipo comunal y oficialmente se encontraban en conflicto desde la fecha en que se otorgó la dotación de tierras. Sin embargo, mediante las facultades que la política agraria le ha otorgado al Registro Agrario Nacional (RAN), este problema se resolvió.

En consecuencia, de las 1450 hectáreas en tenencia comunal, 500 de ellas se titularizaron directamente a la propiedad de Aquanova y el resto, se fraccionaron con un título de propiedad para cada ejidatario inmiscuido, para que las comercializaran con dicha empresa. Una última dotación de tierras fue solicitada por Aquanova, estas fueron 1949 hectáreas de marismas, registrada como zona federal y concesionada por la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturas y Pesca (Semarnap) en mayo de 1996. Desde febrero de 1995, el proyecto de granja acuícola Aquanova había iniciado su primera fase y las siguientes adquisiciones de tierras le permitieron ampliar sus instalaciones creando alrededor de 200 empleos, de los cuales más del 90% requerían de conocimientos técnicos y profesionales, condición que los pescadores no reunían. Del resto de los puestos ofertados, al menos 10 de los ejidatarios fueron contratados al principio de la operación de la empresa, número que fue disminuyendo en el transcurrir de los meses de ese año.

A casi ocho años de operación, la empresa había incurrido en repetidas faltas y violaciones a las reglas establecidas por el marco legislativo de conservación del medio ambiente. Entre ellas, los daños ambientales ocasionados a la flora y fauna de las marismas y manglares, por lo que esta empresa se hizo acreedora de varias sanciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (profepa). Esta situación se mantuvo en constante vigilancia por parte de la Comisión Nacional del Agua (cna), Instituto Nacional de Ecología (ine), Semarnap y el Grupo Ecológico Manglar (Ayres, Ojeda y Smith, 2006); aunque en octubre de 2002, los desastres provocados por el fenómeno natural del huracán “Kena” en el municipio de San Blas, contribuyeron al deterioro de las instalaciones de la empresa y al cierre de sus operaciones por tiempo indefinido.

En la actualidad, el tipo de propiedad privada del área continúa bajo una estricta vigilancia y acceso restringido, pero también sus impactos socioeconómicos en la vida de las comunidades que se beneficiaban con la captura de camarón en ese lugar. Después de la casi total desaparición de la producción natural de este crustáceo y el molusco como lo fue, el ostión, ahora enfrentan conflictos legales y constantes formas represivas por uso que hacen de un área de marisma para el cultivo de ostiones. Esta actividad, representa una de las estrategias de supervivencia que han optado por realizar un grupo de comunitarios que integran la actual Cooperativa de pescadores.

Al mismo tiempo, en el nivel federal, los propósitos de alcanzar el desarrollo persistieron en las estrategias del plan nacional del Presidente Felipe Calderón (2006-2012), en las cuales se promovió una política energética que detonaría el desarrollo sustentable mediante proyectos de generación de energía renovable. Sin duda, esto significaba el acaparamiento de más recursos naturales (aire, energía solar, gases terrestres y el agua), que según los científicos de organismos oficiales, podían ser explotados mediante las innovaciones tecnológicas sin agotar sus capacidades biológicas (Gutiérrez y González, 2010). De ahí que estos proyectos de “Energías Renovables a Gran Escala” fueron convenidos mediante acuerdo financiero entre el Gobierno Mexicano, el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Ramos y Montenegro, 2012).

Bajo ese marco institucional, el gobierno estatal debía comprometerse al cumplimiento de la política federal y permitir la secuencia de los grandes proyectos hidroeléctricos. De nuevo, pese a las protestas ignoradas de los grupos indígenas que emergieron por los incumplimientos de promesas y la opresión a sus derechos por parte de la CFE, se construyó aguas arriba de la cuenca del río la segunda presa “El Cajón” con una capacidad de 750 mega watts que entró en función en marzo de 2007. En esa misma lógica, al final de este periodo de gobierno estatal, se dio inicio a la construcción de la tercera presa hidroeléctrica “La Yesca”, considerada la segunda más grande del mundo por su capacidad instalada de 750 mega watts, cuya operación inició en noviembre de 2012 (CFE, 2012). De este modo, en menos de dos décadas, la gran cuenca del río Santiago se había transformado en todos sus aspectos, estaba siendo explotada intensamente, controlada por un sistema de uso y manejo político y económico.

En consecuencia, según algunos pescadores de comunidades localizadas aguas abajo en el río Santiago, las dificultades y la disminución de la producción pesquera que enfrentan desde mediados de los 90 hasta la actualidad, tienen relación con los impactos provocados por la empresa acuícola Aquanova y la presa de Aguamilpa. Señalaron que en el primer año que se drenó agua del embalse de la presa, detectaron una fuerte disminución de la producción natural de la pesca en la cuenca del río y el área donde desemboca al mar frente a la comunidad de Boca del Asadero. Los entrevistados mencionaron:

P1: La pesca duraba todo el año pero cada cierto tiempo se variaba de producto (comunicación personal, 11 de febrero de 2016).

P2: …cuando se construyó la presa, maltrató mucho el brazo del rio que llega al pueblo y la pesca disminuyó bastante y con el paso del tiempo el rio se fue secando, ahorita se siembra donde antes había agua que llegaba a los 8 metros y había gran variedad de pescado robalo, pargo curvina, chigüiles (comunicación personal, 13 de febrero de 2016).

P3: Cuando se vino lo de la presa, se dejaron de bañar las tierras y eso afectó tanto en el sector agrícola como en el pesquero. […] llegábamos a agarrar hasta 800 kilos de lisa, era una abundancia muy buena, pero con la presa se dio un impacto ambiental y social, que de pescar 800 kilos o la tonelada, disminuyó hasta a 50 o 100 kilos de lisa. [...] cada tercer día la presa suelta flujo de agua el cual notamos porque desprende agua hedionda, y afecta a la lisa […] por eso que nosotros los pescadores de la parte baja hemos sufrido mucho desde la presa de Aguamilpa para acá (comunicación personal, 18 de febrero de 2016).

En este periodo de concientización de los daños y los deterioros del entorno natural por parte de los comunitarios y los científicos estudiosos del tema, varios comisionados de la CFE llegaron a inspeccionar la zona del río y los esteros preguntando a los pescadores acerca de los cambios que hubieran experimentado en el uso de los recursos naturales mediante las actividades de la pesca. Alentados por la visita, un grupo de pescadores de la cooperativa se organizó para visitar a los operadores de la CFE en la presa de Aguamilpa, solicitándoles apoyo en equipos modernos para la pesca en el mar con base en el argumento de que el río ya no era sustentable y por lo tanto, era necesario intentar la pesca en el mar. Los pescadores fueron escuchados y les prometieron dar trámite a su petición; sin embargo, nunca obtuvieron respuesta por parte de la CFE.

En la última década del siglo pasado, según estudios científicos, el área de las marismas y manglares en esta región se encuentra dañada a causa de la disminución del agua de la cuenca del río Santiago y el secuestro de sedimentos con el embalse de la presa. Además, la deforestación de manglares y marismas por el cambio de uso del suelo y los desagües de drenados para el funcionamiento de las granjas acuícolas, han deteriorado progresivamente las condiciones naturales que permiten la sustentabilidad de las marismas nacionales y dicho deterioro algunas veces, es irreversible (Blanco y Magallanes, 2011; Rivera y Campos, 2011; Robinson, 2012 y Zepeda, 2012).

LAS ESTRATEGIAS AGROPESQUERAS FRENTE A LA GOBERNANZA DE LOS RECURSOS NATURALES

Los sistemas de manejo y uso de los recursos naturales en México, encuentran su fundamento en un gran marco legislativo iniciado con la creación de la Comisión Nacional de Pesca (cncp) en 1961. El Estado mexicano en coordinación con el Programa de Colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) coincidieron con esa iniciativa desarrollista. Consecutivamente, se llevó a cabo la promulgación de una serie de leyes y normativas en 1994, a saber, las Normas Oficiales Mexicanas (nom), la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (lgeepa), la Ley Federal (lf), la Ley de Aguas Nacionales (lan) y sus Reglamentos (rlan), la Ley de Pesca (lp) y sus Reglamentos (rlp), y por último, el Código Penal Federal (cpf).

De esta forma, las medidas neoliberales que parecían determinar dicho marco legislativo implementado al inicio de los 90, tuvieron que flexibilizarse y dar paso a otra forma de gobernanza de los bienes y recursos naturales a través de la implementación de sistemas de manejo y uso. No obstante, con ello no se han atendido las necesidades sociales, ecológicas y económicas de la mayoría de los usuarios de los bienes y recursos naturales. Tampoco, se han llevado a cabo procesos de institucionalización democráticos sobre las demandas y los derechos de los usuarios. Este tipo de gobernanza, ha sido sustentable o sostenible, no para el medio ambiente y los usuarios comunes, sino para los intereses políticos y económicos de los organismos internacionales, de la iniciativa privada y de los funcionarios de los tres niveles de gobierno; en los cuales los ámbitos socioculturales, ecológicos y económicos de los usuarios quedan excluidos (Escobar, 2010).

Por su parte, los agricultores y pescadores han experimentado de diversas maneras las consecuencias de este tipo de gobernanza de sus recursos comunes, la cual ha modificado su entorno ambiental, sus formas de producción y organización con las que realizaban sus actividades de pesca. El papel que ha desempeñado el Estado en esta gobernanza, ha sido mediante la implementación de programas de apoyo para la modernización de equipos y técnicas, la institución de normativas y reglas, así como, la adecuación del marco legislativo para la propiedad privada, la explotación y el uso de los beneficios de sus recursos naturales que hasta hace unas décadas permitieron el sustento de las comunidades del ejido.

Asimismo, los pescadores y agricultores han enfrentado una serie de problemas como ya se expuso en los apartados anteriores, tales como la disminución de la producción agrícola y pesquera, la modificación de la tenencia de la tierra orientada a su mercantilización, y aunado a ello, el aumento del costo de la producción agrícola provocado por los desajustes entre las economías internacionales. Esta problemática, los ha llevado a buscar nuevas formas de supervivencia.

El valor ecológico de la tierra se ve deteriorado frente a la disminución de la producción agrícola y los altos costos de los insumos que sirven para incrementar el rendimiento de la tierra, y como alternativa, la mayoría de los agricultores prefieren enajenar o rentar sus parcelas al mejor postor —a particulares o a grandes consorcios de capital extranjero—; como han sido los casos de la empresa acuícola, la empresa biotecnológica de Monsanto y un grupo de empresarios chinos que alquilan las tierras para su explotación mediante el uso de la innovación tecnológica para el sector agrícola.

El ingreso por la mercantilización de una parcela no llega a ser muy alto y el de alquiler se contrata desde 2 mil hasta 10 mil pesos anuales por hectárea. Es claro que estos ingresos, no aseguran el sustento y las condiciones de vida familiar en el transcurso del año; situación que ha derivado en una diversificación de las actividades que realizan los miembros del núcleo familiar. Desde unas dos décadas atrás, con el propósito de contribuir al sustento familiar, las mujeres han optado por salir del ámbito del hogar para ir trabajar como jornaleras en el campo, así como trabajadoras contratadas por empresas empacadoras agroindustriales, como empleadas en comercios y servicios en los pueblos cercanos, o bien, desarrollando actividades de comercio informal dentro y fuera del hogar.

También, algunos agricultores que comercian sus tierras se han convertido en jornaleros y pescadores o bien, desarrollan actividades económicas como la ostricultura, la compra-venta de producto pesquero, la herrería, etc.; todo ello con la finalidad de abastecer las necesidades del sustento familiar. Otra de las formas de buscar el progreso material y mejores condiciones de vida, es la migración de familias o hijos hacia los Estados Unidos y algunas ciudades en México; también, la de mujeres con hijos jóvenes hacia la ciudad capital del Estado, cuya permanencia socioeconómica depende de la funcionalidad de un sistema de negocio familiar que consiste en un proceso de producción, preparación, distribución y comercialización de producto pesquero que se inicia en la comunidad de Boca del Asadero.

Estos mecanismos de supervivencia tienen relación con la evidencia de que ya se han desocupado 47 viviendas en la comunidad de Laureles y Góngora (El Limón). Además, con la fragmentación del núcleo familiar, se ha transformado el proceso de la transmisión de valores, creencias y conocimientos a las nuevas generaciones. El fortalecimiento de los vínculos familiares se vuelve muy limitado por la falta de tiempo y espacio para la interacción entre
sus integrantes.

Por otra parte, la mayoría de los pescadores, pese a las coercitivas regulaciones legales de las instituciones encargadas de controlar el uso y el manejo de las aguas del mar, han puesto en marcha algunas estrategias que buscan contrarrestar los efectos que enfrentan por la disminución de la producción pesquera. Frente a esto, los pescadores de alrededor de 50 años de edad o más, confiando en las bondades de este recurso natural han extendido la jornada de la pesca en el mar. En cambio, algunos pescadores entre 30 y 40 años, migran temporalmente al sur del Estado de Baja California apoyados por la red de relaciones sociales que han construido en los anteriores desplazamientos.

LA CAPACIDAD DE AGENCIA
DE ALGUNOS ACTORES

En esa lucha por la sobrevivencia, se han generado espacios de poder, en los cuales se identifican tres actores dedicados a la pesca y la comercialización del producto hacia el interior del país. Mediante sus capacidades de agencia, estos pescadores han sido beneficiados de manera clientelar con bienes materiales y recursos financieros por los programas de apoyo federal distribuidos por la Conapesca. Estos beneficios han consistido en permisos para la pesca marítima, la modernización de sus equipos, la adquisición de equipos de transporte y la construcción de infraestructura de acopio. Ello, se convierte en un capital económico que les genera ciertas ventajas sobre los demás pescadores de menores recursos para el acaparamiento de la producción pesquera, la conservación y su distribución en ciudades del centro del país.

El resultado de estas capacidades de agencia, les ha permitido avizorar un mejor futuro para las nuevas generaciones favoreciendo las condiciones económicas y materiales de la vida familiar. Estas condiciones, han permitido que los hijos jóvenes se desplacen a la ciudad a estudiar en un nivel técnico o profesional. Muchas veces, estos desplazamientos temporales se convierten en definitivos, ya que para los jóvenes estudiantes, las actividades que realizan sus padres y el mundo de vida en donde fueron socializados no representa mayor interés comparado con el modo de vida en la ciudad. En términos de Zermeño (2009), es evidente que estos fenómenos tienen como consecuencia la fragmentación del tejido familiar y de las comunidades.

En el mismo sentido, mediante el trabajo empírico, se pudo identificar la existencia de otro actor con cierta capacidad de agencia política y organizativa, conocido como el presidente de dicha cooperativa de pescadores. Él es un comunitario que desarrolla actividades de agricultor, pescador, ostricultor y gestor político de los intereses comunitarios, y como prueba de ello, en las dos últimas décadas ha conseguido grandes beneficios para la mayoría de los pescadores y los integrantes de su organización.

Asimismo, mediante el apoyo de programas federales consiguió la construcción de una infraestructura destinada originalmente para un centro de acopio de la producción pesquera y recientemente, se planteó utilizarla para un proyecto de sistema-producto de la producción ostricultora. También contribuyó a la construcción de una pequeña infraestructura de desembarque para el uso de todos los pescadores en la comunidad de Boca del Asadero. Según los argumentos identificados en la entrevista a este actor, parece convencido de que las necesidades y las problemáticas que los pescadores no puedan resolver, deben ser gestionadas con un funcionario político.

No obstante, la institución del sistema de manejo y uso en los recursos naturales que proporcionaban beneficios a las comunidades del ejido, los pescadores y agricultores permanecen en la búsqueda del diseño de nuevas estrategias de sobrevivencia y de preservación de las áreas naturales a las que tienen acceso. En la práctica, los comunitarios han establecido un tipo de manejo y uso comunal mediante la vigilancia y el control de la escasa producción del camarón en pequeña extensión de esteros que quedan para el uso común.

En ese sentido, las reglas comunales prohíben estrictamente el ingreso a todo aquel individuo que busque capturar camarón en los tiempos de veda estipulados por las regulaciones estatales. La violación de las reglas internas puede ocasionar graves conflictos entre usuarios y los agentes externos y convertirse en formas de agresión verbal o física. Frente a esta situación, los representantes de la cooperativa, exigen el apoyo legal de las instancias de los tres niveles de gobierno para hacer cumplir las reglas diseñadas e institucionalizadas por estos últimos.

CONCLUSIONES

Los ríos cumplen funciones muy importantes en el equilibrio de los ecosistemas, pero sobre todo es vital para la sobrevivencia del ser humano. Para la población de Laureles y Góngora (El Limón), la pesca y la captura de camarón ha representado una alternativa económica y cultural que les provee de una gran parte del sustento y el consumo familiar. En contraste, para los pobladores de Boca del Asadero, quienes en su mayoría son familias que no poseen tierras, la pesca tiene un significado más relevante en la historia de sus vidas y la de su pueblo. Según los pescadores de esta comunidad, el mar representa “un ser todo poderoso”, un recurso natural que les ha permitido la sobrevivencia de varias generaciones. La práctica de la pesca, significa la sustentabilidad alimentaria de las familias y la esperanza de mejorar las condiciones de vida.

Estos contrastes de representaciones, puede interpretarse por las capacidades y beneficios que en la actualidad cada recurso natural puede ofrecerles para el aseguramiento de su subsistencia. Los agricultores identifican que la disminución del sustento y el progreso que les proporcionaba la tierra y el río hasta la década de los ochenta, tiene que ver con los daños causados por la instalación de la presa de Aguamilpa. Consideran que los daños son irreversibles y pueden agravarse en el transcurrir del tiempo debido a la creciente salinización de sus tierras que las vuelve infértiles. La creciente pérdida de la valorización de sus recursos naturales, también tiene relación con la precarización del precio de sus cultivos y la modificación de la tenencia de sus tierras.

En el caso de los pescadores, la valoración de los esteros y el mar parecen resignificarse. Algunos pescadores todavía confían en que los beneficios del mar son ilimitados y solo es cuestión de “dejarlo reposar”. Para otros las bondades del mar y los esteros pudieran acabarse si no se pone fin al deterioro del medio ambiente y la sobreexplotación de la pesca que realizan los grandes barcos camaroneros. Hay que destacar que en esta complejidad de subjetividades, la dinamización de la capacidad de agencia de algunos actores locales, también ha permitido la preservación de sus actividades y el fortalecimiento del manejo y uso interno de los recursos que todavía consideran de uso común.

Por otra parte, pese a que el sistema de las reglas establecidas por los distintos estilos de manejo y los uso del mar y los esteros, en realidad ha sido sobre todo excluyente, los pescadores siguen depositando sus esperanzas en una cierta resiliencia que intuyen forma parte de las capacidades de los recursos naturales a su alcance, así como de un optimismo innato que cree en una posible reparación de daños que sus compañeros comunitarios ya sean productores agrícolas o pescadores debieran resarcirle al medio ambiente. En fin, la apuesta comunitaria es a que no se acaben los recursos y que los más viejos o sabios por ser más interesados en la conservación del mar como su fuente de sobrevivencia puedan convencer y hacer prevalecer sus saberes a las nuevas generaciones y propiciar un “renovado interés” para hacer del mar otra vez, la fuente de
vida inagotable.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Antal, S., y Lucatello, S. (2014). Introducción. Gobernanza de los recursos naturales y desarrollo en Norteamérica: Conceptos y tendencias. En Antal, S. y Lucatello, S. (eds.) Gobernanza de los recursos naturales y medio ambiente en América del Norte (pp.11-36). México d.f.: unam.

Appendini, K. (2008). II. La transformación de la vida rural en tres ejidos del centro de México. En Appendini, K. y Torres-Mazuera, G. (eds.) ¿Ruralidad sin agricultura? (pp. 27-58). México: colmex.

Blanco, J., y Correa, M. (2011). Diagnóstico funcional de Marismas Nacionales. Tepic: uan.

Bretón, V. (2000). Reforma agraria, Revolución Verde y crisis de la sociedad rural en el México contemporáneo. En Viola, A. (ed.) Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América Latina (pp.305-360). España: Paidós.

Celis, X. (2014). La gobernanza del agua en México y la cooperación internacional para el desarrollo. En Antal, E. y Lucatello, S. (eds.) Gobernanza de los recursos naturales y medio ambiente en América del Norte (pp.67-87). México: unam.

Contreras, M. (2002). El reparto de tierras en Nayarit, 1916-1940. inehrm.

Cuadros, C. (1999). Catecismo agrario. México: ciesas.

Díaz, M., e Iturbide, G. (1985). Los pescadores de nayarit y sinaloa. México d.f.: ciesas.

Escobar, A. (2009). El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Bogotá: ican.

Escobar, A. (2010). Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales. Perú: Programa Democracia y Transformación Global.

Esteva, G. (2000). Cultura y desarrollo: el punto de vista de la antropología. En Viola, A. Antropología del desarrollo.Teorías y estudios etnográficos en América Latina (pp.67-102). España: paidós.

Gutiérrez, E., y González, É. (2010). De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable: construcción de un enfoque multidisciplinario. México. d.f.: Siglo
xxi Editores.

Guzmán, E. (2012). El desarrollo económico regional y los movimientos de población en Nayarit y sur de Sinaloa durante el siglo xx, procesos transformacionales que propiciaron el fortalecimiento del culto de Nuestra Señora de Huajicori. En E.E., Meza y L., Pacheco. De aquí, de allá. Migración y desarrollo local (pp.209-243). Tepic: uan.

Hewitt, C. (1988). La modernización de la agricultura mexicana. México: Siglo
xxi Editores.

Lauriola, V. M. y Moreira, E. (2006). El manejo de los recursos de uso común: derechos indígenas, desarrollo económico e identidad. En L. Merino, y J. Robson, El manejo de los recursos de uso común: derechos indígenas, desarrollo económico e identidad. (págs. 16-24). México: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C/the Christensen Fund/ Fundación Ford/ semarnat/Instituto Nacional de Ecología.

Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza. México: Siglo xxi Editores.

Leff, E. (2014). La apuesta por la vida. Imaginación sociológica e imaginarios sociales en los territorios ambientales del sur. México: Siglo xxi Editores.

Long, N. (2007). Capítulo I. Una sociología del desarrollo orienta al actor. En N. Long, Una sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor (pp.33-72). México, d.f.: colsan y ciesas.

Madera Pacheco, J. (2010). Tabaco y migración: entre la reproducción social y la sobrevivencia. En E. Meza Ramos, & L. C. Pacheco Ladrón de Guevara, De aquí, de allá. Tepic: uan. (págs. 105- 120).

Merino, L. (2004). Conservación o deterioro. El impacto de las políticas públicas en las instituciones comunitarias y en los usos de los bosques en México. México, d.f.: semarnat, ine.

Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. México: fce.

Overbeek, W., Kröger, M., y Gerber, J. (2012). Una panorámica de las plantaciones industriales de árboles en países del Sur. Conflictos, tendencias y luchas de resistencia. Países bajos: ejolt (3).

Viola, A. (2000). Antropología del desarrollo: Teorías y estudios etnográficos en América Latina. España: paidós.

Wicab, O., Sifuentes, E., y Luna, P. (1998). Redistribución territorial de la población en Nayarit y cambios en las políticas económicas nacionales. En J., Arroyo. (Coord). Economía regional y migración. Cuatro estudios de caso en México (pp. 20-113). México, d.f.: Universidad de Guadalajara, Asociación Mexicana de Población, A.C. y Juan Pablo Editor.

Zepeda, R. (2012). El impacto de las grandes presas en el estado de Nayarit: Aguamilpa y las comunidades de Potrero de la Palmita, Ahuapán y Naranjito de Copal. México, d.f.: unam.

Zermeño, S. (2009). Reconstruir a México en el siglo xxi. Estrategias para mejorar la calidad de vida y enfrentar la destrucción del medio ambiente. México: Océano.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

dof. (21 de abril de 1934). Decreto Presidencial. Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicano. México.

dof. (9 de marzo de 1945). Decreto Presidencial. Diario Oficial de la Federación. México, México.

González, S. (28 de Mayo de 2007). Los Pidiregas servirán para financiar al sector eléctrico por 10 años: cfe. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2007/05/28/index.php?

Haubert, M., y Torres, G. (2003). ¿Hacia un nuevo pacto Estado-campesinos? Desenlace de las crisis y ajustes al modelo de desarrollo. Dossier. Universidad de Guadalaljara, (27), 60-70.

Mackinlay, H. (2011). La agroindustria del tabaco en México y la información de la empresa paraestatal Tabamex: 1920-1972. polis. Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial,(7), 213-262.

Ramos G., L., y Montenegro F., M. (2012). Las centrales hidroeléctricas en México: pasado, presente y futuro. Tecnología y Ciencias del Agua, iii, (2) 103-121.

Rivera Sanjurjo, E., y Campos Palacín, P. (2011). Análisis de las actividades económica en un manglar de usos múltiples. Un estudio de caso en San Blas, Nayarit, México. Estudios Sociales, (19),196-220.

Soto, I., Herrera, S. G., y García, S. A. (2007). Evolución de la banca de desarrollo rural en México y su justificación teórica. Observatorio de la Economía Latinoamericana, (89). Recuperado de http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/index.htm

OTROS

Ayres, J., Ojeda, O. y Smith, N. (2006). Expediente de hechos. Petición Ciudadana Aquanova (sem)-98-006). ine-semarnap-méxico. Recuperado de www.inecc.gob.mx

cfe. (29 de marzo de 2012). Comisión Federal de Electricidad. Recuperado el 12 de Mayo de 2013 de http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/Desarrollo_Sustentable/energiarenovable

inegi (2016). Censo de Población y vivienda 2010. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/est/scince/scince2010.aspx

Fecha de ingreso: 08/06/2016

Fecha de aprobación: 20/02/2017


1 Capacidad que puede desarrollar un individuo para resolver la experiencia social y construir formas de contrarrestar los problemas de la vida haciendo frente a formas de coerción y restricciones sociales (Long, 2007).

2 Los bienes comunes aluden a los recursos naturales o construidos por el hombre, de los cuales muchos individuos hacen uso atendiendo a un sistema de control y administración interno
(Ostrom, 2000).

3 Se refiere a tierras que disponen de agua en temporal de precipitación pluvial anual, pero que no poseen una capa de espesor arable mayor de treinta centímetros indispensable para la plantación de los cultivos tradicionales (Cuadros, 1999).

4 Particularmente, la lisa, robalo, pargo, curvina y chigüiles, siendo esta la especie menos cotizada en el mercado local.