Rev. Ciencias Sociales 155: 45-62 / 2017 (I)
¡CONGA NO VA! LOS GUARDIANES DE LAS LAGUNAS: DEFENDIENDO LA TIERRA, EL AGUA Y LA LIBERTAD EN CAJAMARCA, PERÚ1
CONGA NO VA! THE GUARDIANS OF LAGOONS: DEFENDING LAND, WATER AND FREEDOM IN CAJAMARCA, PERÚ
Ana Isla*
Resumen
Los Guardianes de las Lagunas de Conga en la región de Cajamarca es un caso de estudio de un movimiento de justicia del medio ambiente que nació en 1999 en contra de la minería a cielo abierto de Yanacocha, cuyos dueños son Newmont Mining Corporation (U.S.), Buenaventura (Perú) y el Banco Mundial. Desde el 2011, estas corporaciones quieren expandir su proyecto minero hacia lo que han denominado Minas Conga, lo que ha intensificado las actividades del movimiento de justicia. El artículo muestra la defensa del territorio, el agua y la libertad por los protectores del agua. Se centra en la participación de mujeres y hombres campesinos, comunidades indígenas y sociedad civil. Se presentan tres momentos de la lucha de clases, primero, la defensa de la tierra; segundo, la protección del agua; y tercero, la batalla por la libertad. Como resultado, los miembros del movimiento están sufriendo la presencia de la policía y los militares, represión, acoso, persecución fiscal, detenciones ilegales, prisión y muerte.
Palabras Claves: PERÚ * Medio Ambiente * MOVIMIENTO DE PROTESTA * MINERÍA * CONSERVACIÓN del agua * PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA * JUSTICIA SOCIAL
Abstract
The Guardians of Conga Lagoons in Cajamarca region is a case study of an environmental justice movement born in 1999 against Yanacocha open-pit mining of Newmont Mining Corporation, Buenaventura and the World Bank. These corporations hope to move on to Minas Conga as their next project, as a result this movement has intensified its activities since 2011. The article shows the defence of land, water, and freedom by Water Protectors. By focusing on women and men subsistence farmers, Indigenous people and civil society participation, it brings to the forefront three moments of the struggle, first the defence of the land, second, the water protection, and third, freedom struggle. As a result, they have been suffering police and military presence, repression, harassment, fiscal persecution, illegal detentions, prison and death.
Keywords: PERU * EnvironmenT * PROTEST MOVEMENTS * MINING * WATER CONSERVATION * NATURE CONSERVATION * SOCIAL JUSTICE
Introducción
Desde la época colonial, la explotación de los recursos minerales ha reducido su concentración en cantidad y calidad. Lo que queda son partículas dispersas en áreas concentradas de tipo rocosas, heladas, boscosas y montañosas, que hacen imposible la extracción de minerales utilizando métodos de minería a socavón. Por lo tanto, la minería a cielo abierto es el método tecnológico actual que utiliza dinamita para destruir la superficie de bosques, montañas, cubiertas de glaciares, lagos, jalcas o manantiales de fuentes de agua de 3000 metros sobre el nivel del mar, con el objetivo de encontrar rocas con oro, plata y otros minerales metálicos y no metálicos.
Además, la maquinaria pesada elimina la diversidad biológica (flora, fauna y microorganismos) y produce cicatrices en el paísaje con la apertura de cráteres gigantes. La mezcla de cianuro y agua para separar el oro de la roca molida destruye los ciclos ecológicos, contamina los ecosistemas, envenena los recursos hídricos y poluciona la atmósfera debido a la liberación de sustancias venenosas. Este proceso, conocido como lixiviación de cianuro tiene un fuerte impacto en las comunidades que viven cerca de las operaciones mineras porque compite por el agua y la energía, así como contamina la tierra, el agua y el aire. Los proyectos mineros abandonados han dejado un legado de contaminación permanente de cianuro, metales y no metales, provocando cambios que rara vez preocupan a los gobiernos o a las empresas mineras.
En 1987, el informe Brundtland (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo) conectó la crisis de la deuda internacional con la crisis ecológica y sugirió un nuevo paradigma —el llamado “desarrollo sustentable o sostenible”— como un medio para eliminar la pobreza y para contener el desastre ambiental. En la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo en 2002, la minería fue definida como desarrollo sustentable (DS). Los defensores de la iniciativa minera como DS fueron la Cámara de Comercio Internacional, el Consejo de Negocios Mundial para el Desarrollo Sustentable y Acción Empresarial para el Desarrollo Sustentable. Treinta corporaciones mineras y varias organizaciones No Gubernamentales (ONGs), entre ellos la Unión Internacional The Nature Conservancy, Conservation International, entre otros, patrocinaron esta iniciativa. Los partidarios de la explotación minera muestran a la minería como una forma de atraer inversiones, crear empleos y reducir la pobreza. En el paradigma del DS, el crecimiento económico sigue siendo dominante. La teoría del desarrollo económico se basa en un mundo binario en que las economías de subsistencia están construidas como “indeseables” e “indignas” (Esteva, 2010). De hecho, la continua destrucción de economías de subsistencia es el objetivo central del llamado desarrollo, entendido como crecimiento económico.
Por otra parte, desde 1970, la agenda neoliberal también estableció la globalización como un campo abierto para las empresas en la que no existen barreras legales, sociales, ecológicas, culturales o nacionales. Los tratados bilaterales de libre comercio y acuerdos, firmados entre 1994 y 2010, institucionalizaron las reformas neoliberales para reducir los impuestos arancelarios y de exportación sobre las inversiones. La legislación y los códigos sobre derechos de los inversionistas extranjeros se incorporaron en los tratados de libre comercio para proporcionar mayor protección legal a las corporaciones que podrían llevar a los gobiernos que rescindan los permisos de operaciones, al tribunal internacional.
Sin embargo, desde 1989, presionado por activistas indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reconocido los derechos ancestrales de las poblaciones indígenas. El Convenio fue firmado por muchos gobiernos de América Latina, sin embargo estos mismos países ignoran o anulan sus efectos (Rodríguez-Piñero, 2007). Además, “en 1999, la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo financiero del Banco Mundial, creó la posición de Defensoría del Pueblo para vigilar la obediencia a las condiciones sociales y ecológicas aceptadas en las financiaciones del Banco Mundial” (De Echave, 2006, p. 20). Mas aún, en julio de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el agua y el saneamiento como derechos humanos. Este reconocimiento tiene un foro oficial que define al agua como una “mercancía” vital. The Council of Canadians (El Consejo de Canadienses) rechaza esta definición del agua como mercancía y está construyendo un movimiento global bajo el lema “el agua es vida”, un Foro Alternativo del Agua del Mundo (FAMA), el cual adopta el Proyecto Planeta Azul que promueve justicia del agua basada en el principio de que esta es un derecho humano, que depende de la confianza pública y es parte de los bienes comunes.
Durante la Cumbre de la Tierra de 2002 en Johannesburgo, se demostró que la minería en el mundo neo-liberal depende de condiciones no reguladas y cumplimiento voluntario como el único medio de asegurar respeto corporativo de los derechos ambientales y humanos. En ausencia de un sistema regulatorio global o sistemas legales internacionales para tener en cuenta las operaciones de las empresas mineras en la periferia, las multinacionales fueron obligadas a abordar las repercusiones sociales y ambientales de la expansión de la minería y proponer soluciones parciales. En Johannesburg no se pudo ocultar que en la zona de la periferia, las empresas mineras se están enfrentando a comunidades rurales e indígenas que no quieren minería en su localidad, por lo que se ven obligadas a formular sus propias estrategias de regulación denominadas Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la cual fue incorporada a las negociaciones multipartitas (MSN). Las múltiples partes interesadas —gobiernos, empresas y ONGs— han llegado a darse cuenta de que necesitan estrechar relaciones con las comunidades (mujeres, jóvenes y niños; pueblos indígenas; autoridades locales; trabajadores y sindicatos; comunidades científica y tecnológica, y campesinos), las cuales son fundamentales para sus operaciones.
Los conceptos de RSC y MSN fomentan la idea de que las corporaciones y las comunidades tienen intereses compatibles (que es una cuestión de dólares y centavos), y que cada miembro de la comunidad supuestamente tiene un interés común, lo cual es representado por la empresa minera en negociaciones justas. Catherine Coumans (2010) sostiene que en un marco económico desregulado de la periferia no existe el derecho comunitario para rechazar las inversiones mineras y por lo tanto, los resultados más trágicos se producen cuando las comunidades rurales se niegan a convertirse en “socios” de lo que perciben como el despojo de sus tierras y recursos. En América del Sur, los países más atractivos para atraer las inversiones en recursos extractivos son Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, debido a las grandes extensiones de tierra que las comunidades indígenas ocupan. Por lo tanto, los pueblos indígenas y las economías campesinas locales están bajo constante ataque. Durante milenios, estas comunidades han ejercido control sobre la tierra, el agua y los medios de subsistencia que ahora las empresas están apropiándose.
Forzadas por la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo y la desregulación neoliberal, las comunidades han tenido poco éxito en sus esfuerzos para que las empresas mineras les proporcionen información sobre preocupaciones básicas como son su derecho a conocer el impacto de los proyectos y su derecho a rechazarlos. Por lo tanto, cada vez más se encuentran frente a la violencia de las operaciones mineras. Como resultado, las comunidades se ven obligadas a montar una lucha política en sus territorios para contrarrestar estas operaciones que están transformando sus entornos biofísicos, sociales, económicos y culturales. Aun cuando los costos para las comunidades locales son altos, estas no tienen otra opción sino enfrentarse con piedras y palos en contra de sus gobiernos, corporaciones mineras y sus partidarios internacionales (es decir, el Banco Mundial, los gobiernos del mundo industrial, nuevas leyes, tribunales, inversionistas de clase media y sus pensiones, los grupos de presión integrados por ONGs y partidos políticos).
En este artículo, Los Guardianes de las Lagunas de Conga es un movimiento de justicia ambiental que por seis años ha paralizado la expansión de la minería en Cajamarca. El movimiento de ¡Conga No Va!, permite conocer que la economía de Cajamarca se basa en la producción agrícola y ganadera. Sus miembros entienden que el futuro de sus familias está determinado por la cantidad y la calidad del agua producida por las jalcas ubicadas en la parte superior de las montañas. Este artículo trae a la vanguardia un núcleo de resistencia a la minería, entendido como “desarrollo sostenible”, conformado por mujeres y hombres, campesinos e indígenas de Cajamarca en Perú, en medio de un enfrentamiento para defender la tierra, el agua, y la libertad como bienes comunes. Este artículo también destaca el sexismo y el racismo sistemático en el funcionamiento de la empresa Yanacocha y del Estado peruano. Los pueblos indígenas, igual que las mujeres, son percibidos como naturaleza, por lo que sus tierras son consideradas “desocupadas” o “sin usar” para ser fácilmente expropiadas por aquellos que dicen hacerlas “productivas”. De esta manera, el sufrimiento y la muerte son racionalizados en nombre del progreso (Mies, 1998; Salleh, 1997).
Además, se demuestra como el neocolonialismo de la explotación minera hace que los costos sociales y ambientales de la extracción recaigan en las comunidades locales pobres y localizadas en la periferia. Por otro lado, muestra la sumisión neo-colonial del Estado peruano que bajo la administración de Fujimori (1990-2001) aprobó una serie de medidas a favor de la inversión minera, poniendo fin a las restricciones a las remesas de las ganancias, proporcionando paquetes de estabilidad a los inversionistas extranjeros, garantizando el control exclusivo del uso de la tierra a la explotación minera y facilitando su entrada a los depósitos de minerales, entre otras ventajas.
También muestra el racismo del Estado peruano cuando Alan García, Presidente de Perú (2006-2011), llamó a los pueblos indígenas “Perros del Hortelano” y afirmó que los indígenas no son “ciudadanos de primera clase” (Democracy Now, 2009). La administración de García se embarcó en el reordenamiento territorial, inventó nuevos decretos de despojo y derogó leyes que sostenían los derechos de las comunidades indígenas y rurales a sus tierras ancestrales (Isla, 2009). Su administración ignoró los conflictos socio-ambientales y estableció relaciones con las corporaciones mineras basadas en el soborno. Las corporaciones se beneficiaron de la corrupción expresada en el óbolo minero (pago de centavos) (Campodonico, 2014). El óbolo minero estipulaba que las empresas mineras deben pagar 3,75 % de sus ganancias como royalties. Puesto que este pago era voluntario, varias corporaciones no hicieron ninguna contribución. Si los impuestos se hubieran cobrado en lugar del óbolo minero, el gobierno habría recibido miles de millones de dólares más de lo que fue recogido.
Durante las elecciones presidenciales de 2011, el candidato Ollanta Humala prometió cambiar la política racista del Estado que niega la justicia social, destruye la naturaleza, comprometiéndose a respetar la decisión de la comunidad en contra de la minería. Pero después que ganó las elecciones, dió a la minería la luz verde para operar y fue en contra de las comunidades, dejando en la población de Cajamarca la sensación de traición, no obstante, eso no fue suficiente para desempoderarlos. En este contexto, la defensa activa de la vida por parte de las comunidades no se puede llamar violencia, ya que defienden sus mundos y entienden que la desobediencia civil es la única opción que tienen los que no quieren minería en su localidad.
Defendiendo la Tierra: el Caso de Yanacocha Gold Mining
En 1992, la mina Yanacocha comenzó a operar durante el gobierno de Alberto Fujimori, en la región de Cajamarca, parte norte de Perú. Yanacocha es propiedad de Minera Buenaventura (Perú), Newmont Mining Corporation de Nevada (Estados Unidos) y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Las operaciones mineras de Yanacocha han producido pasivos ambientales por el uso desproporcionado del espacio y los daños socio-ambientales provocados.
El profesor José Pérez Mundaca (2012a), de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), documenta los desacuerdos entre minera Yanacocha y el Departamento de Cajamarca, debido a los impactos negativos:
Socialmente, Yanacocha convirtió a la ciudad de Cajamarca en un campamento de la mina, transformando la ciudad en una zona de recreación para los mineros y la creación de conflictos sociales.
Económicamente, la empresa minera goza de beneficios exorbitantes debido a la alta calidad del yacimiento, los bajos costos de producción y las exenciones fiscales. Por ejemplo, los costos de producción de Yanacocha son muy bajos debido a la utilización de la infraestructura estatal (caminos/carreteras) entre otras cosas. Para el año 2001, Chip Cummins estimó este costo en 85 dólares por onza de oro, en comparación con los 212 dólares en gastos de ese mismo año, por Newmont en Nevada, Estados Unidos (EE.UU.).
Políticamente, Yanacocha creó una economía de enclave, donde las decisiones se toman en los EE.UU. porque el destino del oro es el mercado internacional. Su influencia ha penetrado en la mayor parte de las instituciones y organizaciones nacionales, tales como ministerios, municipios, ONGs, Cámara de Comercio, universidades y la Iglesia Católica.
Geográficamente, el sistema de producción a cielo abierto significa la eliminación de grandes cantidades de tierra mezclados con grandes cantidades de cianuro, que contaminan para siempre las fuentes fluviales y lacustres. Pero no solo la tierra es removida y el agua contaminada, sino que varios cerros y lagunas fueron demolidos literalmente.
Ambientalmente, la hidrología es de secano, alimentando los pastizales de alta montaña jalcas (lagos a una altitud entre 3500 y 4000 metros sobre el nivel del mar), así como, los lagos alpinos y humedales o bofedales. Estos lagos y humedales son las fuentes de todos los arroyos, ríos y agua potable para las áreas circundantes, incluyendo para la mayor parte de los 250 000 residentes de Cajamarca. La mina Yanacocha, por su magnitud y su ubicación en las cabeceras de lagunas de importancia regional, ha generado considerables impactos negativos sobre el agua potable, recursos de las cuencas y el suministro de agua para el riego. Estos impactos han generado resistencia general que comenzó en Cerro Quilish.
Los Guardianes del Cerro Quilish: Primera Etapa (1999-2010)
La primera etapa del movimiento por la justicia ambiental se produjo en el entorno rural inmediato al depósito de minerales, en un lugar denominado Porcón. Este lugar está situado en el km. 14 de la carretera de Cajamarca y la mina de Yanacocha está en el km. 24, pero si se traza una línea recta entre los dos, la mina está entre cuatro o cinco kilómetros de Porcón. La gente de Porcón puede oír a los mineros trabajar las 24 horas del día.
Los principales actores en esta primera etapa de resistencia fueron los agricultores a los que la compañía compró la tierra a precios subvaluados. Ellos iniciaron una disputa por el pago justo por sus tierras y su incorporación como trabajadores a la mina. Tal como lo comenta Nélida:
Mi padre era uno de los propietarios de tierras en Quilish que producía agricultura en el altiplano. En 1997, vendió 23 hectáreas (ha.) de tierra por la suma de S/. 3900. Esto representa S/. 169 por ha. Se vio obligado a vender su propiedad a Yanacocha porque se le informó que si él no vendía la tierra el Estado iba a confiscarle sin pagarle un centavo. Al comprar la tierra, la compañía le dijo que le iban a dar trabajo. La empresa lo empleó durante tres meses con un sueldo mínimo y luego lo despidió (Nélida, comunicación personal, junio de 2013).
Las autoridades mineras han identificado a las familias que están en contra de la minería. Nos llaman atrasados, porque dicen que nos oponemos a la inversión y al progreso. Para capturar a la oposición, la mina tiene dos estrategias: en primer lugar, algunas personas, incluidas las mujeres, son empleados por unos meses y luego son despedidos. Cuando son despedidos, se alejan de la comunidad y no quieren participar en la disputa, porque están avergonzados de haberse vendido a la mina. En segundo lugar, los mineros creen que las montañas no están vivas y que los cerros están ahí para ser destruidos. Sin embargo, para nosotros, una montaña significa mucho, es nuestro protector, nuestro guardián, es quien nos da agua, medicina, y es nuestro compañero de vida. Los mineros no se dan cuenta que al destruir nuestras montañas, no solo nos devastan a nosotros sino a ellos mismos (Nélida, comunicación personal, junio de 2013).
El profesor Pérez (2012a) relata que durante la disputa campesina en Porcón, Marco Arana, un párroco de Porcón; Nilton Deza, un biólogo de la UNC y Reinhardt Seifert, un ingeniero alemán residente en Cajamarca, organizaron la asociación ecologista ECOVIDA en 1999, la cual convirtió el envenenamiento del Cerro Quilish en el centro de debate, ya que alimenta los tres ríos más importantes de la región (el Quillish, Porcón y Grande), llevando a la población a oponerse contra la minería.
El conflicto se intensificó en junio de 2000 cuando 151 kilogramos de mercurio líquido fueron derramados sobre un área de 40 kilómetros en tres pueblos (San Juan, Magdalena y Choropampa). Algunos adultos jóvenes comenzaron a recoger el mercurio con sus manos lo que tuvo efectos desastrosos: “Más de 900 personas fueron envenenadas por el derrame” (Cabellos y Boyd, 2003). En un esfuerzo por obligar a la empresa a asumir la responsabilidad por el daño causado a la salud, el alcalde y los pobladores bloquearon la carretera que conecta a Cajamarca con Yanacocha. Después de este acto de fuerza, Yanacocha y algunos residentes de Choropampa firmaron compensaciones en forma individual; otros demandaron a Newmont en el Tribunal de Distrito Federal de los Estados Unidos en Denver, en 2001. Después de catorce años del derrame de mercurio, la salud de la población no se ha restaurado y tampoco tienen una atención médica adecuada (GRUFIDES, 2014).
Desde el 2001, la oposición a Yanacocha se ha convertido en un movimiento de justicia ambiental para defender la salud y la vida. El movimiento ha logrado que la sociedad organice:
Paros locales, provinciales y regionales en defensa del medio ambiente.
Una demanda legal y judicial contra la mina Yanacocha después del derrame
de mercurio.
Ordenanzas municipales para proteger a los cerros, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Cajamarca declaró el Cerro Quilish como área protegida.
Comités para la protección de la zona en los diferentes niveles, tales como el Frente Amplio Regional de Cajamarca (FARC), el Frente de Defensa de los Intereses, Ecología y Medio Ambiente de Cajamarca (fdi).
El Primer Congreso Departamental en Bambamarca para discutir los impactos ambientales y definir el significado de la sostenibilidad.
Nuevos roles para las organizaciones antiguas, como las Rondas Campesinas.
Peregrinaciones a los acuíferos de los cerros amenazados por la minería.
A los colegios profesionales como el Colegio de Médicos, Biólogos, Ingenieros, quienes se declararon en contra de
la minería.
Discursos los días domingos en el atrio de la Catedral de la ciudad de Cajamarca.
Las organizaciones no gubernamentales (ONGs), como la Asociación para la Defensa y Educación Ambiental (ADEA) contrataron a especialistas para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Yanacocha, en particular, el impacto en las fuentes de agua en los ríos Quillish y Porcón. Este estudio encontró “hierro y aluminio” más allá de los valores permitidos por la Ley General de Agua para el consumo humano, la agricultura y la ganadería (Pérez, 2012b). En cuanto a la contaminación del agua, Nélida comenta:
Las mujeres somos muy conscientes del problema del agua, porque estamos en la cocina, tenemos que hacer la comida, y si no hay agua limpia tenemos que encontrar en algún lugar agua para los animales y la familia. Además sabemos que el agua contaminada está vinculada a la infertilidad en las mujeres y los animales. Algunas mujeres ya no pueden tener hijos sanos, si lo hacen, algunos de ellos nacen atrofiados. Los cuyes y las vacas algunas veces nacen muertos o deformes. Hace dos años, mi tío tenía una vaca que su descendencia salió deformada con la cabeza en forma de pato y otros nacieron muertos (Nélida, comunicación personal, junio de 2013).
Con la publicación de los resultados del estudio de impacto ambiental, la ADEA y otras organizaciones presionaron a las autoridades del gobierno central para tomar acciones correctivas y amenazaron al gobierno con una huelga departamental. Desde el 2011, el enfrentamiento se ha intensificado cuando los propietarios de Yanacocha recibieron la aprobación del gobierno de Allan García para expandir su proyecto minero al que se ha denominado Proyecto Conga.
Proyectos Mineros Conga
Los Proyectos Mineros Conga son varias veces más grandes que la mina Yanacocha, sin embargo, Minas Conga se presenta como un solo projecto a pesar de que propone la instalación de nueve proyectos mineros en esta región. Estos proyectos consumirían 3069 hectáreas (ha.) de tierra para extraer el oro y el cobre que se encuentra debajo de los lagos, y afectaría hasta 16 000 ha. de humedales en la cima de las montañas, incluyendo numerosos lagos, ríos y pantanos que abastecen de agua potable a la región (Bernard y Cupolo, marzo de 2012). De acuerdo con Newmont, “El Proyecto Conga consiste en un gran depósito de cobre que también contiene oro y que se encuentra a 24 kilómetros al noreste de nuestra Mina de Oro Yanacocha” (http://www.newmont.com/operations-and-projects/south-america/default.as px).
En minería, el acaparamiento de tierras y aguas son inseparables. Según Fidel Torres y Marlene Castillo (2012), en la zona inmediata que rodea las operaciones del Proyecto Conga, hay cerca de 700 jalcas, el 96% con un flujo de agua importante para el uso agrícola y humano. De estas, 398 (59%) están entre 3500 y 4000 metros sobre el nivel del mar; 133 (19,7 %) entre 3500 y 3000; y 145 (21,4 %) entre 3000 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Estos autores han documentado un complejo sistema de flujos de agua subterráneos conectados con las aguas superficiales que conforman el acuífero en la zona. Esas fuentes de agua o jalcas son espacios comunes controladas democráticamente por los campesinos que viven en la zona, quienes utilizan el agua para regar sus tierras agrícolas. La Asociación Colectivo de Usuarios de Agua mantiene la salud ecológica de los acuíferos y la distribución equitativa de sus beneficios entre los comuneros en torno al conocimiento de la dinámica del agua. Este pacto social es respetado por sus miembros y es alrededor de este acuerdo comunitario que el movimiento de justicia ambiental se organiza.
Según el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, el mega-proyecto Conga afectaría directamente a las comunidades campesinas y Ronderos Campesinos. Ellos tienen derechos y beneficios que les corresponde por ser pueblos indígenas por mandato constitucional y legal (Constitución, art. 89, 149; 4 DFT); por la Ley de Ronderos Campesinos (art.1); por el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en los países independientes; por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; así como por la doctrina y la jurisprudencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (IILS, 2011). El Profesor Wilder Sánchez, de la UNC, sostiene que:
… el proyecto Conga es inviable, ya que se encuentra a una altitud que oscila entre los 3.700 a 4.262 metros sobre el nivel del mar, en las cabeceras de cinco cuencas: 1) Río Jadibamba; 2) Río Chugurmayo y 3) Río Chirimayo (ambos afluentes del Sendamal, que se adjunta a continuación con el Jadibamba, originario Río La Llanga); 4) Río Chaillhuagon, que se alimenta del Río Grande y Río Chonta; 5) Toromacho, que se alimenta del río Pachachaca y el río Llaucano. Tres cuencas grandes sufrirán graves impactos: el Río La Llanga de Celendín, que irriga el Valle de Llanguat y desemboca en el Marañón; el río Llaucano, que riega los valles de Bambamarca y Chota, y el rio Cajamarquino, que riega los valles de Cajamarca, Llacanora, Namora, Matara y San Marcos. […] Los planes de la corporación son drenar y extraer el oro de dos de las lagunas más importantes y utilizar tres lagunas para su vertido de residuos y sustancias tóxicas (W. Sánchez, comunicación personal, junio de 2013).
Dado que la mayoría de la gente en Cajamarca se opone consistentemente a este proyecto de seis mil millones de dólares, la Policía Nacional de Perú y el ejército por órdenes del gobierno central han reprimido a la comunidad en forma brutal. Como resultado la población ha sufrido:
Estado de sitio.
Presencia y vigilancia policial y militar, represión, acoso, gases lacrimógenos.
La quema de las casas cercanas a las lagunas.
Persecución fiscal y detenciones ilegales.
La muerte de cinco personas, entre ellas un menor de edad.
Ataques físicos dejando como saldo un ciudadano parapléjico y otro ciudadano ciego.
Defendiendo el Agua como Bien Comun:
¡Conga No Va!
El profesor José Pérez (2012b), sostiene que hasta 1980, las tierras altas y jalcas eran bienes comunes, es decir, de uso común para el pastoreo de ganado y la agricultura de subsistencia. El impacto de la agricultura campesina fue mínimo debido a que utilizan fertilizantes orgánicos. ¿Cómo es que las minas Conga afectan a la calidad y cantidad de agua? En una entrevista el profesor Wilder Sánchez afirma que:
Los Proyectos Conga atraerán al menos seis millones de toneladas de los humedales (similares a los pantanos) que hoy ocupan 103 ha., destruyendo así la esponja de agua que almacena el agua de lluvia y la niebla que se filtra lentamente a los lagos, arroyos y aguas subterráneas que dan lugar a los ojos de agua. Puesto que hay varios proyectos mineros, el impacto acumulativo de cráteres destruirá las aguas subterráneas y alterará gravemente el flujo normal del sistema hidrogeológico; debido a su gran profundidad provocará la desaparición de los manantiales y otros lagos de la zona circundante, y contaminara las aguas subterráneas con sedimentos, metales pesados y el agua ácida se filtrara entre las rocas removidas (W. Sanchez, comunicación personal, junio de 2013).
Además, el agua puede estar contaminada con subproductos de cloro. El cloro se utiliza para tratar las aguas residuales de las minas de oro y eliminar el cianuro, que ayuda a extraer el oro del mineral en un proceso llamado lixiviación en pilas. Los sistemas de tratamiento de agua de la ciudad son actualmente insuficientes para eliminar estos subproductos, que pueden incluir el carcinógeno thm (trihalometanos) (W. Sanchez, comunicación personal, junio de 2013).
Los conocimientos profesionales y de las comunidades campesinas incrementaron
las protestas y los paros regionales. El 29 de setiembre de 2011, se llevó a cabo una huelga en ocho zonas rurales (Namococha, Quengorío Alto, El Alumbre, Corralpampa, San Antonio y otras); el 14 de octubre de 2011, otra huelga tuvo lugar, esta vez en Encañada; posteriormente, el Gobierno Regional de Cajamarca llamó a un paro regional el 9 de noviembre de 2011, y el 24 de noviembre de 2011 se organizaron varias otras huelgas en la región de Cajamarca.
A medida que las protestas se incrementaron, los conflictos en todos los niveles de gobierno surgieron. En el gobierno central, ¡Conga No Va! cambió dos Primeros Ministros del Gobierno de Humala y varios otros Ministros y Viceministros, ya que se enfrentaron a la protesta con balas, lo cual creó malestar nacional. En este desacuerdo nacional, la región de Cajamarca eligió como Presidente Regional a un líder del Partido Comunista Patria Roja, uno que no había sido corrompido ni intimidado por Yanacocha. Su política defendía las cabeceras de las cuencas hidrográficas, prohibía las operaciones mineras, garantizaba el derecho a la defensa de los recursos hídricos y apoyaba la defensa de los ecosistemas como bienes comunes.
En una entrevista registrada por Bernard y Cupolo (Perú, 2014), el vicepresidente de la región Cajamarca expresó:
En junio de 2011, (Gobierno Regional) visitamos las lagunas en el sitio Conga para hacer un reconocimiento general de la tierra y encontramos sus ecosistemas demasiado frágil para la actividad minera. Poco después, se revisó el estudio de impacto ambiental (DIA) que aprobó el proyecto en el 2010 (durante la administración de Alan García) y encontramos graves deficiencias. A medida que las protestas se hicieron cada vez más frecuentes, nos sentimos obligados a responder a las preocupaciones de nuestros ciudadanos y representar su voz, por lo que armamos la Ordenanza Regional 036.
Pero el 17 de abril de 2012, el Tribunal Constitucional de Perú falló en contra de la Ordenanza 036. El tribunal dijo que los funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca sobrepasaron sus poderes al hacer regulaciones contra el proyecto minero (Bernard y Cupolo, Cajamarca 2014). Tras esta decisión, el gobierno central y las corporaciones exigieron prisión para el presidente regional de esta región.
El conflicto por el agua en esta zona se ha extendido a todos los niveles. En entrevistas con las mujeres en la ciudad de Cajamarca, aseguran que su casa solo tienen agua un par de horas al día debido a la minería en las cabeceras del Río Grande. Ellas tienen que despertarse antes de las tres o cuatro de la mañana a recoger agua si quieren cocinar o ducharse. Por lo tanto, la falta del agua ha hecho que las mujeres tengan un rol importante en el proceso de ¡Conga No Va! Las mujeres en las montañas no tenían una tradición de participar en las protestas, pero la defensa del agua, en el año 2012, hace visible la participación de la mujer campesina, las mujeres profesionales y las Hermanas del Convento de San Francisco. Por ejemplo, el 19 de junio de 2012, las mujeres embarazadas de la región se manifestaron en las calles contra la minería en Conga. Asimismo, han jugado un papel central en reducir las confrontaciones. Durante momentos de tensión entre la policía y los hombres del movimiento, las mujeres físicamente se ponen entre los dos para detener la violencia. En otras situaciones, las mujeres rescataron a sus hijos y esposos de las manos de la policía.
Los Guardianes de las Lagunas: Segunda Etapa (2011-2014)
Patria Roja facilitó el trabajo de los ecologistas organizados en ecovida. En el área rural, este partido político provee la masa crítica a través de sus organizaciónes: el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Cajamarca (sutec) y sus bases organizadas, y la organización de los campesinos ronderos (Ronderos). Estas organizaciones crearon el “Frente para la Defensa de los Intereses, Ecología y Medio Ambiente en Cajamarca” (fdi) y organizaron el Primer Congreso Departamental de Bambamarca. A medida que nuevos grupos se unen a la lucha, el fdi se fue transformando, primero en Frente Único de Defensa de la Vida y el Medio Ambiente de Cajamarca (fud), a continuación, se organizaron varios otros frentes de lucha, entre ellos el Frente de Defensa de Cajamarca (fdc) y el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (fdac). Estas organizaciones educan, organizan y movilizan a la gente para defender sus derechos.
Desde el 8 de octubre de 2012, Ronderos de Bambamarca (una institución campesina que proporciona seguridad en las zonas rurales) están cuidando de los lagos de Mamacocha, Mishacocha, Laguna Negra y Laguna Seca, mientras que en Celendín, campesinos, ronderos y maestros están vigilando lagos de Perol y Azul. Ellos físicamente están impidiendo que la minería se expanda en sus tierras.
Los maestros en Celendín y los ronderos de Bambamarca son la columna vertebral del movimiento de justicia ambiental en la región, según varias entrevistas realizadas a sus miembros. En Bambamarca, Eddy Benavides, presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Bambamarca (fdpb) declaró:
Represento al fdpb en el Frente de Defensa de Cajamarca (fdc), que es un conglomerado de organizaciónes de defensa de los recursos naturales y los recursos hídricos. Estamos bien organizados, bien preparados y no se nos puede detener. ¿Sabes por qué? Porque aparte de la conciencia que hemos adquirido, tenemos profundas heridas que fueron causadas por la minería de socavón en Hualgayoc, hace 50 años. Estas corporaciones tienen pasivos ambientales, por ejemplo dos ríos están muertos —el Tingo Maigasbamba y Arazcorge Hualgayoc. Ahora solo tenemos dos ríos vivos —Yaucano y Pomagon— que provienen de los lagos de Conga. Pero a pesar de que no tenemos sufiente agua, el gobierno nacional ha aceptado nuevos proyectos de minería a cielo abierto en nuestra zona. La cantidad de agua utilizada para la lixiviación es enorme. El agua para la minería es como la sangre para el cuerpo. En esencia, nuestra lucha es por la defensa del agua, la vida y el futuro de nuestros pueblos. Por lo tanto, no vamos a renunciar nunca. Esta lucha es emblemática de Bambamarca (E. Benavides, comunicación personal, junio de 2013).
Sobre el tema de las rondas campesinas (RC) o ronderos, Benavides comentó que:
El nacimiento de las rondas campesinas fue en Quillamarca-Chota y un año más tarde en San Antonio y Bambamarca. RC en San Antonio es la segunda iteración en todo el Perú. Rondas campesinas están legalmente reconocidas en la Constitución. Las Rondas comenzaron hace más o menos 36 años con el fin de detener el abigeato (robo de tierras y ganado). El papel de las rondas campesinas era traer justicia a la comunidad rural. La Justicia era el resultado de una discusión directa del problema entre el demandante y el demandado, frente a los ronderos. La aplicación de la justicia por los ronderos es rápida y gratuita, porque es la justicia comunitaria. En una hora algunas veces resolvemos conflictos de tierras que habían tomado varios años en los tribunales. Pero en algunos casos el problema debe ir a la Fiscalía. En el campo, las rondas campesinas se han ampliado para resolver los problemas de injusticia, ya sea tierra, las muertes, la violencia contra las mujeres, etc. Con la destrucción de la tierra y el agua, un nuevo papel para las rondas campesinas surgieron. El campesino es muy inteligente —Benavides dice— si antes el papel de los coordinadores residentes era exterminar a los pequeños ladrones (los abigeos), ahora nuestro papel es capturar y castigar a los grandes ladrones (los mineros) (E. Benavides, comunicación personal, junio de 2013).
Benavides sostiene que el fdc sabía de la posible destrucción de los lagos, pero que el resto de los campesinos no lo sabía. Él sostiene que Conga iba a completar el saqueo realizado por Yanacocha si los campesinos y ronderos no hubieran ido a los lagos.
Solo cuando los campesinos y ronderos visitaron los lagos y vieron las grandes maravillas que tenemos, hemos comprendido nuestra ecología. Ahora tenemos una mejor lectura de cómo la minería destruye las cabeceras de agua y esta conciencia hace que los campesinos y ronderos viajen a todos los pueblos para informar y construir esta masa popular sólida (E. Benavides, comunicación personal, junio de 2013).
En Bambamarca, las rondas campesinas tienen comités de base provincial, distrital y zonal. Se realizaron entrevistas a tres mujeres ronderas de Bambamarca, que participaron en todo tipo de actividades, desde contar las personas que hay en cada pueblo (trabajo demográfico), la supervisión de los programas de gobierno para determinar si están funcionando correctamente (es decir, programas de alimentos), a la solución de la violencia contra las mujeres y la organización del horario de las rondas. Las agendas de los hombres y mujeres ronderas son las mismas, pero las mujeres han hecho hincapié en las cuestiones legales para defender la tierra, las pensiones para los niños, escapar de la violencia doméstica y buscar aliados. El papel de estas en las asambleas es poner orden y castigar a los culpables. Asimismo, han argumentado que los hombres en Bamabamarca han cambiado desde la organización de las rondas. Antes de las rondas campesinas, sus esposos y la policía en las calles eran sexistas. Ellas tenían miedo de ambos. Desde que las mujeres entraron en las filas de ronderas, los hombres en sus hogares dicen: “Vaya a su organización yo me quedaré aquí con los niños. Cuando regreses, házme saber a que acuerdos han llegado”. En este sentido, la vida de las mujeres se han vuelto más equitativa en sus casas, así como en las calles, debido a que ahora trabajan en cooperación con la policía y el sistema judicial. Barbarita sostiene:
Las Ronderas se organizan desde la ciudad de Bambamarca hasta los pequeños pueblos con el fin de defender a su comunidad. Nuestra autoridad proviene de la asamblea de la comunidad que nos eligió. Ronderas son mujeres de 16 a 60 años de edad. Las mujeres ronderas patrullan por la noche con los hombres. No tenemos armas. Caminamos con palos y una penca de castigar al malo de la sociedad. Nunca atacamos pero lo hacemos para defendernos (Barbarita, comunicación personal, junio de 2013).
Desde 24 de noviembre del 2012, Ronderos y ronderas estan al cuidado de los lagos para evitar que la industria minera comience sus trabajos. Los mineros están construyendo dos embalses —Chailhuagón y Perol— para impedir el uso de nuestros lagos. Cuando los mineros vienen y traen su maquinaria todos los agricultores dejan de trabajar y llegan a rodear los lagos. Los lagos están a casi 4000 m sobre el nivel del mar y es frío. Nos turnamos para cuidar de los lagos. De manera organizada, nos hemos instalado alrededor de los lagos, tenemos casa con lonas de plástico que nos cubren de la lluvia y la noche. Dado que nuestros miembros tienen que trabajar todos los días para ganarse la vida, todos los miércoles alrededor de 40 miembros de cada comunidad van a los lagos y vuelven el domingo. Otros suben el domingo y regresan el miércoles. Por lo tanto, todos los miembros de las diferentes comunidades participan en el cuidado de nuestros lagos. Las mujeres en general son responsables de la cocción de los alimentos, ya sea al estilo de fiambre o como olla comunitaria. La compra de alimentos está a cargo de todos los miembros de la comunidad. Al cuidar de los lagos, el campesino gana autoridad y respeto. Para nosotros el agua es vida. Vamos a ganar, porque esta lucha es justa, por que no podemos dejar sin futuro a nuestros hijos. Las Rondas están unidas y va a ser muy difícil para los mineros que nos derroten. Ellos saben que somos miles (Barbarita, comunicación personal, junio de 2013).
Por otro lado, María añade:
Para las mujeres, las rondas han sido nuestra universidad donde aprendemos. Las mujeres eran el ser más devaluado hasta que nos unimos a las rondas. No sabíamos leer ni escribir, no teníamos identificación (DNI), y no nos registraban como ciudadanas. Con el apoyo de los hombres, en nuestra organización de rondas campesinas, las mujeres hemos aprendido a hablar, defendernos y ganar autoridad (María, comunicación personal, junio de 2013).
Desde que los ronderos declararon la minería como robo, y como una actividad contra la naturaleza y la gente, estamos más activos. Por ejemplo, cuando trabajadores mineros entraron a Huambamarca, que es una zona ganadera, nos organizamos y nos apoderamos de sus vehículos y del personal. Al personal se les despojo de sus zapatos para hacer rondas con nosotros, de pueblo en pueblo, durante cinco horas. Llevaban carteles que decían ‘somos mineros, delincuentes; matamos a las aguas, a los niños y las madres embarazadas’. Al final de la caminata todos los trabajadores se comprometieron a no volver jamás a este pueblo (María, comunicación personal, junio de 2013).
A medida que crece la disputa minera, el gobierno peruano quiere eliminar las funciones de los ronderos. Por ejemplo, el Ministerio del Interior ha estado tratando de neutralizar la autonomía de las Rondas Campesinas. Pero, en Bambamarca, el gobierno y la empresa no han tenido éxito en la fractura de las rondas y ellos siguen siendo autónomos.
En la provincia de Celendin, se entrevistó a una decena de miembros de la Plataforma Inter-institucional Celendina (PIC), que incluye maestros, músicos y campesinos. Milton Sanchez, líder del PIC, afirma que:
… el movimiento de los Guardianes de las Lagunas no ha sido fácil organizarlo…Con la ayuda de GRUFIDES y el gobierno regional, nos enteramos de que los lagos desaparecerían si se convierten en minas a cielo abierto; otros lagos se convertirían en sus rellenos sanitarios. Después de esta información, nos fuimos a los lagos, los fotografiamos, y los colgamos en Internet. Cuando nos familiarizamos con los lagos nos dimos cuenta de que eran parte del ecosistema en el que vivimos, que estamos interconectados, y comenzamos a amar a nuestros lagos. Ahí es donde mágicamente nacieron los lagos, nosotros no tenemos nevados, tenemos jalcas. Nos dimos cuenta de que lo que uno no conoce no lo defiende. Empezamos a preguntarnos ¿por qué la minería cometería semejante crueldad contra la naturaleza y las personas? (M. Sanchez, comunicación personal, junio de 2013).
La Marcha Nacional por el Agua y la segunda huelga regional
La región de Cajamarca se levantó en defensa del agua, la economía, la dignidad y las aspiraciones no cumplidas. La Marcha del Agua se convocó para el 1 de febrero de 2012 por los frentes de defensa en contra la minería, formados por hombres y mujeres de la ciudad y el campo, de las zonas de Celendín, Bambamarca, San Marcos, San Pablo, la ciudad de Cajamarca, entre otras. La protesta fue encabezada por Marco Arana, director de GRUFIDES. Se hizo un anuncio nacional llamando a unirse al movimiento ¡Conga No Va! debido a que el conflicto en contra de la minería en el país había adquirido dimensiones nacionales. Se movilizaron los opositores a la minería de Cuzco, Arequipa, Piura y otros lugares.
La marcha exigía al gobierno central lo siguiente:
El respeto a la consulta previa e informada, en estricto cumplimiento de la Convención Internacional de la oit 196.
El cumplimiento de los tratados internacionales y las leyes nacionales,
con respecto a la conservación de los ecosistemas frágiles.
La protección y conservación de las cabeceras de cuencas, como manantiales y las fuentes de agua.
La devolución de poderes a las instituciones municipales y regionales para regular la actividad minera a gran escala.
El reconocimiento del agua como un derecho humano.
El terminar con la minería a cielo abierto, porque contamina con cianuro y mercurio.
Al respecto, se hicieron diversas declaraciones y comentarios:
En Bambamarca, comenzamos la Marcha por el Agua en los lagos. Las personas se unían cuando la marcha pasaba por los distritos afectados por la minería, tales como Choropampa, Chilete, Yonan (Tembladera) y la Villa Ciudad de Dios. Para cuando la marcha llegó a la frontera entre Cajamarca y La Libertad, miles de mujeres y hombres de otras regiones, como Amazonas, San Martín, Piura, Lambayeque y Ancash se reunieron y marcharon con nosotros hacia Lima. Llegamos a Lima, el 10 de febrero en lo que llamábamos diez maravillosos días de solidaridad (E. Benavides, comunicación personal, junio de 2013).
En Celendín unas 3000 personas se reunieron para la marcha. La gente de Cajamarca nos estaba esperando a que nos unamos a la marcha a Lima. Organizamos estrategias, pensamos que la policía en algún momento nos iba a bombardear, por lo que la gente tenía que reorganizarse mediante la búsqueda de la ubicación de las banderas de sus pueblos. Durante la marcha, la bandera de Celendín se rompió. Me quedé en un lugar mientras una señora cosía la bandera. Mientras esperaba la gente de todos los ámbitos de la vida se acercaban a preguntar acerca de nuestra lucha.
Al escuchar lo que estábamos haciendo, la gente nos trajeron comida y agua. Una señora me dijo que ella no tenía nada que dar, pero que nos llevaramos a su hija con nosotros, y la señorita nos acompañó durante un tramo de la caminata. En nuestro caminar recibimos regalos desde diferentes sectores de la sociedad, las farmacias nos dieron medicinas para las gargantas, los zapateros nos dieron zapatos para aquellos cuyos zapatos se habían roto en la carretera. Para cuando llegamos a Lima, éramos 40 000 personas, en el camino se unieron miles. Esa marcha hizo concientes de nuestra lucha a millones de Peruanos (M. Sánchez, comunicación personal, junio de 2013).
Nosotros, las mujeres con nuestras familias también caminamos a Lima. Nos estimulaba ver a nuestros líderes caminar sin descanso. Las mujeres con sus hijos pequeños fueron en autobús, pero en los pueblos y ciudades caminabamos por las calles pidiendo a la gente que nos acompañe a Lima. Caminé hasta que mis zapatos se rompieron. En nuestro caminar vimos a los pueblos levantarse para saludarnos, nos daban comida, agua, ropa, zapatos, etc. La solidaridad de los pueblos nos dio ánimos para continuar. Mientras caminaba, pensé, ‘es nuestra vida la que está en juego, porque nuestros pueblos son los productores agrícolas y ganaderos. Si Conga destruye nuestras aguas de manantial, al igual como Yanacocha ya lo hizo en otra parte de nuestra tierra, estamos condenados a muerte’. Por ejemplo, nosotros utilizamos el agua directamente de los lagos para regar nuestras tierras, para nuestras cocinas y nuestros animales. Estos lagos no requieren ningún tratamiento, porque están ahí solo para dar vida. Para nosotros es cruel que las corporaciones y nuestros gobernantes quieran destruir nuestras aguas que no requieren inversión financiera por parte del gobierno. Así que para nosotros ¡Conga No Va! significa que nuestra propia vida está en juego. Nosotras, las mujeres no solo pensamos en nosotros mismos, sino también en las madres y sus hijos, los hijos de nuestras hijas y así sucesivamente. Sería cruel dejarlos sin nada (María, comunicación personal, junio de 2013).
Después de la Marcha por el Agua, los pueblos de Celendín y Bambamarca organizaron el Comando Unitario de Lucha (CUL). El 31 de marzo de 2012, la Asamblea Nacional de los Pueblos en Celendín, organizada por las rondas campesinas locales y los maestros, convocó a una huelga regional permanente. La segunda huelga indefinida regional se organizó en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Celendín, San Pablo, San Marcos y otras áreas. Comenzó el 31 de mayo de 2012, con manifestaciones masivas, concentraciones, vigilias y comedores populares. En la Plaza Bolognesi, de la ciudad de Cajamarca, la policía arremetió contra las mujeres que estaban preparando la comida, vaciando el contenido de las ollas y golpeando a los campesinos. Los grupos a favor de la minería también organizaron una “Marcha por la Paz y el Desarrollo de Cajamarca” y declararon que estaban buscando un diálogo sobre el desarrollo de una de las zonas más pobres del país y entender el rechazo de los gremios, que estaban en contra del projecto. Milton Sánchez sostiene:
En Celendín, el alcalde apoyaba a la minería y trató de encontrar una excusa para acabar con nuestra huelga. El alcalde envió a su gente a quemar parte de una oficina municipal con el propósito de acusarnos de terroristas. El 3 de julio de 2012, después de 34 días de huelga, los helicópteros del gobierno disparando desde el aire a los manifestantes enfrentaron a una marcha en la plaza pública. En el intento de asesinar masimavemente, mataron a cuatro miembros de Celendín —Antonio Joselito Sánchez Huamán, 29; Faustino Silva Sánchez, de 35 años; César Medina Aguilar, 16, y Paulino Leonterio García Rojas, 48. Aproximadamente 200 de nosotros nos refugiamos en la Iglesia del Carmen Virgen mientras otros se refugiaron en los lagos. Diecinueve fueron detenidos en la calle y llevados a la ciudad de Chiclayo donde durante 15 días donde fueron golpeados.
El gobierno declaro 60 días en estado de sitio en Cajamarca, pero su crimen no termina allí. Al día siguiente, la población de Bambamarca decidió encender velas en la iglesia de la Plaza de Armas, en memoria de los compañeros caídos en Celendín. Una vez más, la policía y el ejército arremetieron contra ciudadanos matando a Joselito Vásquez Campos, de 28 años de edad (M. Sánchez, comunicación personal, junio de 2013).
Durante el estado de emergencia, los soldados estacionados en Celendín cometieron numerosos abusos en contra de la poblacion y hasta violaron a niñas de 16 y 17 años de edad. Muchas de ellas quedaron embarazadas y ni siquiera saben quiénes son los padres de sus hijos. Por ejemplo, una noche las Rondas Campesinas atrapó cuatro soldados abusando de una niña. Ellos fueron capturados y llevados a la casa de las Rondas que llamó al oficial al mando de ese grupo. Como resultado, las Rondas fueron acusadas de secuestrar a la niña y al soldado, y el ejercito pidió que se condenen a los miembros de las Rondas (que había salvado a la niña) a 32 años de prisión.
Otro ejemplo de la criminalización de la protesta es el hecho de que todos hemos sido acusados penalmente, por ejemplo, yo tengo alrededor de 40 cargos contra mí. Varios otros abusos se han cometido contra nosotros. Por ejemplo, tenemos un campamento en Laguna Azul. Una vez, cuando estábamos reunidos la policía llegó y quemó nuestra comida y nuestro campamento. Pero frente a la Laguna Azul hay una familia Acuña Chaupe que se ha negado a vender sus tierras a la corporación. Desde 2011, la policía ha estado tratando de eliminarlos, matando a sus ovejas, y por último les quemaron su casa, pero todavía están allí, viviendo en condiciones terribles, soportando el frío del invierno. Cuando su casa fue quemada, los Ronderos les apoyaron en la reconstrucción de su casa. Esta familia es el poder que tenemos en los lagos (M. Sánchez, comunicación personal, junio de 2013).
Máxima Acuña Atalaya de Chaupe es una mujer cajamarquina, campesina, de 44 años. Desde 1994, ella vive con su familia en la zona de Tragadero Grande, a 4100 metros sobre el nivel del mar, junto a la Laguna Azul. Ella y su familia realizan agricultura y silvicultura de subsistencia. Para salvar las lagunas Azul y Chica, y los caminos ancestrales de 289 hectáreas, ella y su familia han decidido no vender su predio al Proyecto Conga, por lo cual están sufriendo violencia fisica, persecusión legal, tortura emocional, incluyendo serias amenazas de muerte. En mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha otorgado medidas cautelares que la administración de Ollanta Humala (2011-2016) ha desantentido. Por lo que la CIDH trata minimamente de proteger a Máxima, con un celular y una moto para que pueda desplazarse en caso de emergencia.
DEFENDIENDO LA LIBERTAD: Criminalización de la Protesta
Cuando llegó Yanacocha a Cajamarca, muchos esperaban que la minería podría haberse hecho sin alteración grave de las aguas y la agricultura, con respeto a las poblaciones locales y creando oportunidades de trabajo. En cambio, durante los 18 años de explotación minera, Cajamarca se ha convertido en la región de mayores conflictos socio-ambientales, porque la minería ha destruido ríos y lagunas de la zona, ha contaminado la tierra y el agua, y la ha convertido en una de las regiones mas empobrecidas. Además, los que han protestado y defendido el agua han terminado muertos o en la cárcel.
A medida que la lucha se incrementaba, organizaciones no gubernamentales a favor de Yanacocha, como Pro Naturaleza, llegaron a Cajamarca, y otros en contra de Yanacocha, como GRUFIDES, dirigido por Marco Arana (elegido para el Congreso en las elecciones del 2016), solidificaron el movimiento anti-Conga. Marco Arana, el Director de GRUFIDES, comenta:
En GRUFIDES hablamos de un desarrollo socialmente justo. Esto significa que no puede haber desarrollo contra las personas, y mucho menos en contra de los grupos más vulnerables. Que el pueblo tiene el derecho a la salud en las condiciones que ellos quieren. En cuanto a la definición de las necesidades básicas, GRUFIDES tiene tres mandatos: a) defensa de los derechos humanos, b) asistencia técnica a las comunidades para informarles sobre los impactos ambientales, y c) de incidencia política para cambiar el marco legal en relación con la actividad minera.
GRUFIDES llevó apoyo técnico para revisar el estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Conga. Por ejemplo, Robert Moran, ingeniero de e.u. presentó el 8 de marzo de 2012 un estudio “Perú, Proyecto Minero Conga: Comentarios sobre el Estudio de Impacto Ambiental y Temas Relacionados”. Además, desde que la protesta social ha sido criminalizada, GRUFIDES supervisa las cuestiones técnicas y jurídicas, y asesora a la comunidad. En suma, GRUFIDES es una organización técnico-jurídica para la defensa de los derechos humanos (M. Arana, comunicación personal, junio de 2013).
Mirtha Vásquez, abogada de GRUFIDES, describe cómo el gobierno central estableció un nuevo marco legal en Cajamarca, por el cual los protectores del agua y las autoridades regionales que apoyan las luchas populares contra la minería son procesados. Esto se puede resumir en:
La persecución selectiva. Las personas que están procesadas son los que asumen algún liderazgo público.
La evidencia para el procesamiento se basa en imágenes de los líderes que abordan al público.
La libertad de expresión se ha criminalizado. Si no estás de acuerdo no tienes derecho a decir nada.
Las leyes penales se han modificado de manera escandalosa. La agenda neoliberal de la globalización estableció una nueva legalidad en el Perú. Por ejemplo, la administración de Toledo (2001-2005) incrementó a seis años de cárcel a aquellos que protestan. La administración de García (2006-2011), creó una ley que define la protesta como “Crimen Organizado” (julio de 2007), con el objetivo de clasificar como delito de extorsión, y la pena de cárcel alcanzó a 25 años. La administración de Humala (2011-2016) promulgó la ley nro. 30 151 en enero de 2014, la cual otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional, licencia para matar. Ellos están exentos de responsabilidad penal.
Por otra parte, Humala ha creado una resolución en contra de los participantes de Conga. Ellos no se procesan en Cajamarca, sino en Chiclayo o Lima, quitando a GRUFIDES la capacidad para defender al acusado. En este caso, GRUFIDES argumenta de que las personas pueden ir a la cárcel, no por la veracidad de las acusaciones, sino porque las personas son pobres y no pueden pagar el costo del transporte, comida, hotel, etc.
En la actualidad, la fiscalía se utiliza para perseguir líderes de la protesta social. Los fiscales de la empresa minera y del gobierno legalmente denuncian a los que anuncian una marcha de protesta en la radio o en el periódico. Cualquier persona puede enfrentar la detención y enjuiciamiento por los cargos de “terrorismo” (M. Vazquez, comunicación personal, junio de 2013).
Mirtha Vázquez también sostuvo que:
...la empresa minera podía legalmente denunciar a una persona para prevenir las posibles perturbaciones que pudieran ocurrir. Esto incluso podría ser algo que la compañía está imaginando que podría suceder en el futuro. Hasta diciembre 2013 había 303 líderes denunciados cada uno con más de 20 denuncias. En la mayoría de los casos cuando los jueces llaman al acusado un año después de que la posible perturbación sucedió, estas quejas sirven solo para desinflar el movimiento. Debido al sexismo, las mujeres son menos vulnerables a ser perseguidas y denunciadas legalmente. La policía y los fiscales dicen que ‘no son más que mujeres’. Sin embargo, hay diez por ciento de las mujeres acusadas (M. Vazquez, comunicación personal, junio de 2013).
GRUFIDES apoya a las comunidades rurales, principalmente para llevar los casos judiciales a la CIDH. Por ejemplo, el 18 de marzo de 2014, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un cuerpo de la sociedad civil dedicada a proteger los derechos humanos en Perú, denunció las violaciones de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como, la violación de los derechos humanos de los Guardianes de las Lagunas de Conga por parte del Estado peruano. Esta demanda se resolvió en parte, el 7 de mayo de 2014, cuando CIDH dictó medidas cautelares a favor de 46 líderes de ¡Conga No Va! Entre los 46 líderes, están la familia Chaupe en su totalidad, un periodista y los dirigentes de los frentes de defensa, entre otros. La segunda parte de la resolución, presentada en abril de 2012, es el pedido de que CIDH declare ilegal la presencia de Yanacocha en territorio de las lagunas de Conga. Este pedido aún esta pendiente de resolverse.
Además, el 26 de junio de 2014, el Poder Judicial obligó al Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, para responder en Lima a una serie de demandas no definidas.
El mismo día de su comparecencia ante el tribunal, el juez ordenó su prisión preventiva durante 14 meses en lo que se ha llamado una “emboscada política”, organizada por el Presidente Humala, para detener la candidatura y reelección de Santos como Presidente Regional y desarticular al Movimiento ¡Conga No Va! (Wiener, 2014). Santos fue encarcelado por 25 meses sin que se le procesara por los aparentes delitos que se le impugnaba. Mientras estaba en prisión, Gregorio Santos fue reelegido como Presidente Regional de Cajamarca con mas del 61%. Mas aun, este movimiento logró infligir una derrota a la minería, derrotó al Presidente Humala, quien no pudo reprimirlos y finalmente, perfiló a Gregorio Santos como líder político nacional. En las elecciones del año 2016, para Presidente de la República, Gregorio Santos obtuvo el 4,1% de la votación nacional. Es el único líder, en el Perú de hoy, que tiene un perfil político anticapital global minero.
Conclusión
La minería ha sido definida como ‘desarrollo sustentable’ y una forma de atraer inversiones, crear empleos y reducir la pobreza. Sin embargo, en este artículo se ha mostrado que mediante acuerdos de desregulación y libre comercio, la extracción minera de Yanacocha ha destruido los ecosistemas, en particular el agua de Cajamarca. ¡Conga No Va!, como movimiento de justicia ambiental, ha demostrado que los profesores, maestros y ronderos son fuerzas que no negocian el agua, porque el agua es vida para sus comunidades. A pesar de la brutalidad de los gobiernos centrales, la fortaleza de los Protectores del Agua no ha sido comprometida.
En este momento, ¡Conga No Va! es un movimiento triunfante. Por un lado, los Guardianes de las Lagunas —en defensa de la tierra, el agua y la libertad— han derrotado al ex-presidente Ollanta Humala quien hizo una falsa promesa de desmantelar el Proyecto Conga para ganar la elección nacional en el 2011. Por otra parte, los Guardianes de las Lagunas han logrado con éxito poner al Proyecto Minero Conga en suspenso durante los últimos seis años.
Mas aún, el movimiento mundial antiminero exige una contabilidad clara de la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo que declaró a la minería como una forma de “desarrollo sostenible”, aceptable y viable cuando esto es demostrado claramente que no es el caso. Defender la vida y el planeta Tierra es hoy mas necesario que nunca.
REFERENCIAS
LIBROS
De Echave, J. (2006). Mining and Communities in Perú. En L. North, T. D. Clark and V. Patroni (ed.), Community Rights and Corporate Responsibility: Canadian Mining and Oil Companies in Latin America (pp.17-36). Toronto: Between the Lines.
Esteva, G. (2010). Development. En W. Sachs (ed.), The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books.
Mies, M. (1998). Patriarchy and Capital Accumulation. Women in the International Division of Labour. London: Zed Books Ltd.
Perez, J. (2012a). Conflicto Minero en el Perú. Caso Yanacocha-Cambios y Permanencias. Perú, Cajamarca: Uni-versidad Nacional de Cajamarca.
Perez, J. (2012b). Agua-Procesos Sociales, Desarrollo y “Guerra” Mediatica en Cajamarca. Perú, Cajamarca: Universidad de Cajamarca.
Rodriguez-Pinero, L. (2007). La Interna-cionalización de los derechos indígenas en América Latina: ¿El fin de un ciclo? En Martí, S (ed.), Pueblos indígenas y Politica en América Latina (pp.181-200). Barcelona: Bellatierra-Cidob.
Salleh, A (1997). Ecofeminism as Politics. Nature, Marx and the postmodern. London: Zed Books.
Torres, F. y Castillo, M. (2012). El Projecto Minero Conga, Perú: Riesgo de Desastre en una Sociedad Agraria Competitiva. Perú, Cajamarca.
World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. New York: Oxford University Press.
PUBLICACIONES PERIóDICAS
Bernard, A. and Cupolo, D. (March 29, 2012). Perú: Cajamarca Protests Continue as Conga Gold Mine Awaits Green Light. Upside Down World. Recuperado de http://upsidedownworld.org/archives/Perú-archives/Perú-cajamarca-protests- continue-as-conga-gold-mine-awaits-green-light/
Bernard, A. and Cupolo, D. (April 20, 2012). Cajamarca Anti-Mining Movements Celebrate and Question Study Results for Perú Conga Gold Mine. Upside Down World. Recuperado de http://upsidedownworld.org/archives/Perú-archives/cajamarca-anti-mining-movements-celebrate-and-question-study-results-for-Perú-conga-gold-mine/
Campodonico, H. (9 de febrero, 2014). Inaceptable prórroga del óbolo minero. La República. Recuperado de http://laRepública.pe/columnistas/cristal-de-mira/inaceptable-prorroga-del-obolo-minero-09-02-2011
Coumans, C. (2010). Alternative Accountability Mechanisms and Mining: The Problems of Effective Impunity, Human Rights, and Agency. Canadian Journal of Development Studies 30 (1-2),27-48.
Democracy Now. (2009). As Tensions Flare in Perúvian Amazon, Award-Winning Actor Q’orianka Kilcher Heads to Perú to Support Indigenous Rights. Democracy Now!. Recuperado de https://www.democracynow.org/2009/6/10/Perú
Isla, A. (2009). The Eco-class-race Struggles in the Perúvian Amazon Basin: An Ecofeminist Perspective. Capitalism Nature Socialism 20 (3), 21-48.
Wiener, R. (26 de Junio de 2014). Detengan a Santos. La Primera . Recuperado de http://diariouno.pe/columna/detengan-a-santos/
OTROS
Cabellos, E. and Boyd, S. (2003). The Price of Gold. [DVD] Brooklyn, NY: Icarus Films.
Cáceres, J.L. (2008). The Rule of Law and Environmental Justice in Perú: Lessons Learned from the Choropampa Mercury Accident. Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos93/the-rule-of-law-and-the-environmental-justice-in-Perú-choropampa/the-rule-of-law-and-the-environmental-justice-in-Perú-choropampa.shtml
GRUFIDES [Productor]. (Junio de 2014) Caso: Yanacocha:Choropampa-Diez años después del derrame de Mercurio. Recuperado de http://grufides.dtdl.pe/index.php?title=Caso:Yanacocha:Choropampa
International Institute on Law and Society [IILS]. (2011). Obligaciones Internacionales del Estado Perúano ante el Megaproyecto ‘Conga’. Recuperado de. http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Documentos/CONGA-Y-DERECHO-INTERNACIONAL-v3.pdf
Fecha de aprobación: 17/02/2017
1 Esta investigación fue financiada por Brock SSHRC Institutional Grants (BSIG) y CRISS, Brock University.
* Universidad de Brock, Canadá.
aisla@brocku.ca