Rev. Ciencias Sociales 159: 43-55 / 2018 (I)

ISSN: 0482-5276

COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS EN COSTA RICA 1970-1990:
UNA PERSPECTIVA CAMPESINA

SELF-MANAGMENT COOPERATIVES IN COSTA RICA 1970-1990:
A PEASANT PERSPECTIVE

Oscar Leiva Alpízar*
Ernesto Pérez Cortez**

RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad analizar la historia del cooperativismo agrario autogestionario costarricense desde 1970 hasta 1980. El concepto de autogestión, referido principalmente a relaciones campesinas de propiedad comunitaria, se tornó importante en el debate político para el desarrollo rural como herramienta de modernización agropecuaria y de acceso a recursos por parte de campesinos sin tierra. El impulso, la conformación y el control de empresas comunitarias, sin ser labores exclusivas del Estado costarricense, se presentan como un espacio de confluencia de múltiples actores, negociaciones y conflictos, en los cuales los campesinos jugaron un rol protagónico. Lo anterior se analiza con base en la revisión bibliográfica, la consulta de documentación interna de las cooperativas y el diálogo continuo con el líder campesino Ernesto Pérez.

PALABRAS CLAVE: DESARROLLO RURAL * COOPERATIVA * AUTOGESTIÓN * TRABAJADOR * CLASE CAMPESINA

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the history of Costa Rican self-managed agrarian cooperativism, from 1970 to 1980. The concept of self-management, mainly referring to community-owned peasant relations, became important in the political debate for rural development as a tool for agricultural modernization and access to resources by landless peasants. The impulse, conformation and control of community enterprises, without being an exclusive task of the Costa Rican State, is presented as a space of confluence of multiple actors, of negotiations and conflicts, in which the peasants played a leading role. This is analyzed through the literature review, the search of internal documentation of the cooperatives and the dialogue between the peasant leader Ernesto Pérez and the researcher Oscar Leiva.

KEYWORDS: RURAL DEVELOPMENT * COOPERATIVES * SELF-MANAGEMENT * WORKERS * PEASANTRY

* Investigador independiente, Costa Rica.

oleivaalpizar@gmail.com

** Exlíder cooperativista. Campesino costarricense.

No posee correo electrónico.

INTRODUCCIÓN

Ernesto Pérez Cortez y Oscar Leiva se conocieron en el año 2015, en Laurel de Corredores, Puntarenas, Costa Rica. Oscar se encontraba adelantando el trabajo de campo de la tesis de investigación titulada De la lucha por la tierra, a la autogestión colectiva. Dinámicas territoriales en una comunidad rural del Pacífico costarricense, para obtener el título de maestro en Desarrollo Territorial Rural por flacso-Ecuador. En diversas oportunidades, varios líderes de las comunidades rurales con quienes se entrevistó sacaron a relucir el nombre de Ernesto. Así que agendó una cita para visitarlo.

Ernesto es un reconocido exlíder de la Cooperativa de Autogestión y de Servicios Múltiples La Vaquita (Coopevaquita), una empresa ubicada en el kilómetro 27 en Laurel de Corredores perteneciente a la Provincia de Puntarenas. Presidió el Proconsejo Nacional de Autogestión y participó en las discusiones del proyecto de ley que apoyaba la conformación de este tipo de asociaciones cooperativas.

La intención al escribir este artículo es compartir el caso costarricense sobre el cooperativismo rural autogestionario durante las últimas décadas del siglo pasado (principalmente durante 1970 a 1980) y exponer diversos puntos de análisis. Es decir, examinar los acontecimientos de lucha por la tierra y organización campesina de Costa Rica, en el marco de lo que se ha conocido como la Reforma Agraria. El propósito es explicar los hechos más importantes, tanto en el ámbito político-institucional como las iniciativas de los mismos campesinos en su rol de cooperativistas. El análisis histórico busca responder al cuestionamiento de cómo el concepto de autogestión, categoría empresarial relevante en la época, fue interpretado y debatido por las cooperativas agropecuarias (posteriormente llamadas cooperativas autogestionarias)1 y el Estado costarricense, en especial a través del Instituto de Tierras y Colonización (hoy, Instituto de Desarrollo Rural-inder). Sin obviar, por supuesto, la existencia de otros actores políticos o intelectuales que formaron parte del contexto histórico señalado.

Para reconocer a una cooperativa agropecuaria autogestionaria se debieron aclarar al menos tres variables: 1) se ubicaron en zonas rurales; 2) fueron sectores campesinos, semiobreros u obreros dedicados a actividades agrícolas u otras actividades de carácter agrario; 3) su organización conlleva una forma de propiedad social con la cual los recursos de producción son socializados entre los inscritos, aunque existan divisiones menores para actividades de subsistencia.

ACLARACIONES METODOLÓGICAS

La metodología utilizada para la elaboración de este artículo consistió en dos líneas clave. La primera es la búsqueda bibliográfica y documental, de fundamental importancia para la contextualización de la realidad agraria del país durante la época seleccionada. Se revisaron actas constitutivas y actas de asamblea de cooperativas autogestionarias de producción agrícola, así como de federaciones de cooperativas agropecuarias. La segunda, base metodológica esencial para la construcción del artículo, es un ejercicio de recuperación de memoria histórica, que se sistematiza como un trabajo de coautoría con el exlíder campesino Ernesto Pérez.

El profesor costarricense Allen Cordero publicó algunas reseñas de movimientos sociales campesinos (2011) y de cooperativas (Cordero y Oreamuno, 2012) a partir de la memoria histórica de los mismos líderes. Si bien, la metodología que se presenta ahora parte de una estructura similar a los trabajos de Cordero, ya que propicia una narrativa vinculada estrechamente con el hilo conductor de la entrevista, se diferencia principalmente porque en el cuerpo del trabajo no se distancia el investigador de los hechos que son narrados. Al contrario, se combinan estos acontecimientos con la información bibliográfica recolectada. Es un trabajo conjunto para una explicación consensuada. Dos importantes referencias metodológicas son la etnografía del antropólogo colombiano Luis Guillermo Vasco (1998) llamada Guambianos: hijos del arcoiris y del agua, realizada en coautoría con líderes (Taitas) indígenas guambianos del Departamento del Cauca, en Colombia, y el libro de Moema Viezzer (2005), que recopila entrevistas, diálogos con obreros y exposiciones públicas de la trabajadora boliviana Domitila Barrios de Chungara.

El interés por la temporalidad escogida en este artículo (1970-1982) radica en situar el inicio y los primeros años de Coopevaquita, que corresponden, por un lado, con un periodo de convulsión campesina en todo el país y de ordenamiento agrario liderado por el Instituto de Tierras y Colonización de Costa Rica (itco), y por el otro, con el cambio de la Ley de Cooperativas #6756 en 1982, en la cual se nombraron formalmente como cooperativas autogestionarias, bajo la supervisión y control del Movimiento Cooperativo Costarricense liderado por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (infocoop).

La perspectiva ideológica autogestionaria de las empresas campesinas en las décadas analizadas fue confusa y conflictiva en el desarrollo rural promovido por el Estado, en su afán por suscitar la modernización del sector campesino. La autogestión se presentaba como escenario de soberanía campesina (persistencia del campesinado) y de crítica a las relaciones laborales asalariadas y a la expansión del capitalismo agrario. Fue un eje de acción y confluencia de actores políticos de izquierda provenientes de la academia, los sindicatos y los partidos, que habían tenido pocas posibilidades de participación política en el ámbito gubernamental desde varias décadas atrás.

Desde otro punto de vista, la autogestión y el cooperativismo en general fue visto como una buena posibilidad de agrupar sectores rurales empobrecidos para potenciar el mercado, a través de su desarrollo productivo, la economía a escala y la transferencia de asistencia técnica profesional. Este segundo enfoque, apegado a las perspectivas oficialistas y conservadoras de la organización y el cooperativismo nacional, daban una menor atención a su carácter contestatario, y por este motivo, su actitud era confusa e inestable con respecto al apoyo a estas estructuras de participación social. En este sentido, la autogestión se desarrolló en una arena política de diversas interpretaciones y estrategias, que fluctuaban entre estas dos posturas.

Las nuevas sendas políticas tomadas por el gobierno central con la introducción de las primeras acciones neoliberales se vieron reflejadas en una mayor exigencia productiva y agroindustrial, la cual dio como resultado una disminución constante del cooperativismo nacional en la década de 1990 (INFOCOOP, 2012), además de la anulación paulatina de la crítica ideológica de los movimientos campesinos autogestionarios. Sin embargo, lo anterior no hace referencia a la desaparición de las estructuras institucionales creadas, sino a la cooptación de las mismas en la política oficial, lo que devino finalmente en la orientación del desarrollo del cooperativismo autogestionario en esta perspectiva.

De forma introductoria a esta hipótesis, que requiere de un estudio de mayor alcance temporal, este artículo recopila la experiencia del campesino Ernesto Pérez y la constata fielmente con los archivos y fuentes consultadas por Oscar. La forma como la experiencia del campesino se combina con la perspectiva del investigador representa un interesante ejercicio de diálogo colaborativo, con el cual se pretende poner en evidencia no solo los hechos históricos estudiados, sino un método particular de escritura que agrupa la narración anecdótica con la académica. Por esta razón, se decidió que el texto conservara ese mismo carácter del tono de una conversación entre dos personas interesadas en el tema autogestionario, sin que ello desmerite la calidad del análisis.

BREVE ANÁLISIS CONTEXTUAL

El itco fue creado en 1962 como aparato administrativo estatal para gestionar la Ley de Tierras y Colonización nro. 2885 creada un año antes, el 14 de octubre de 1961. Este hecho dejó en evidencia la preocupación del gobierno por los acontecimientos, incluso violentos, en torno al precarismo que estaba ocurriendo en el campo costarricense, los cuales eran atendidos mayoritariamente (en sus primeras fases) desde la distribución parcelaria. En un contexto donde la concentración de tierra variaba en un índice de Gini de 8.2 en 1970, la convulsión campesina por adquirir tierras y empleo orientó de forma importante el inicio de la llamada “Reforma Agraria”. En el periodo de diez años, de 1963 a 1973, las familias en condiciones precarias pasaron de catorce mil a diecisiete mil (Villareal, 1984)2.

La solución desde la política costarricense respecto a la problemática agraria3 fue brindar una atención especial a los problemas crecientes del campo y no establecer una política de reforma distributiva. Las tierras otorgadas a los campesinos por el itco fueron tierras marginales, abandonadas o de cobertura selvática, invadidas u ofrecidas por el propietario a precio de mercado (Royo, 2003). Se podría afirmar, tal como lo señala Bozzoli (1977), que la Reforma Agraria costarricense aprovechó las tierras vírgenes, donde existían zonas de reserva o aún cierta cantidad de frontera agrícola. En casi dos décadas (1962-1980), el itco adquirió unas 982 000 ha; a pesar de ello, el 57,1 % de estas fueron destinadas a áreas de conservación natural (parques nacionales, reservas protegidas) (aid, 1980). De tal manera que la reubicación de campesinos en tierras selváticas fue parte del proyecto colonizador del Estado, lo que no significó una afectación real a la gran empresa.

Ahora bien, en relación con las políticas de asociatividad agrícola en Costa Rica, vale la pena analizar brevemente la postura del itco en sus planes de ordenamiento rural y de reforma. Ya en la Ley 2825 de 1961, además de la creación del mismo instituto como ente regulador de la problemática de tierras, se citaba lo siguiente respecto a las cooperativas rurales: “El Estado está obligado a dar todo su apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural y, de manera especial, al fomento de las cooperativas agrícolas, a efecto de que lleguen a ser estables, eficaces y determinantes en la política agraria del mismo” (art.4, Ley 2825, 1961).

Durante los años de 1960 y mediados de 1970, según Seligson (1976), la Reforma Agraria se dividió en tres fases principales. La primera etapa se orientó a la creación de colonias4 con la ubicación de familias campesinas sin tierra en zonas vírgenes de explotación (tierras lejanas, sin comunicación ni infraestructura). En una segunda fase, llamada por el mismo autor “conflictos con colonos invasores”, se dieron continuidad a las políticas anteriores; sin embargo, los esfuerzos se dirigieron especialmente a la solución de los conflictos que se generaban por el control de la tierra (se legalizaban tierras a los poseedores de precarios). Esta segunda fase dio paso rápidamente a la “formación de empresas agrícolas”, la cual inició desde finales de la década de 1960 hasta mediados de la década posterior. De dicha etapa, se desprenden dos programas internos: el Programa de Parcelas Individuales y el Programa de Empresas Comunitarias de Autogestión. El itco hizo una distinción entre empresas privadas y empresas comunitarias. Mientras en el primer caso, la tierra era trabajada a través de parcelas individuales, en el segundo, la propiedad era compartida entre varios grupos familiares, generalmente conformados como cooperativas agrícolas (Seligson, 1976).

Fue una época de importante dinamismo rural, no solo en términos del debate político y académico en torno al fin social de las tierras productivas, sino a las funciones que ciertas organizaciones campesinas jugaron frente o en colaboración con el Estado costarricense para su acceso a la participación política y la toma de decisiones. Este tema se profundizará en el siguiente apartado debido a la perspectiva y experiencia de Ernesto Pérez y la información de las fuentes consultadas.

EL SENTIDO AUTOGESTIONARIO DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA: LA EXPERIENCIA DE ERNESTO PÉREZ CORTEZ

En 1972 hubo una gran invasión campesina al sur de Costa Rica conocida como La Vaca y La Vaquita, que ocupó unas veintiséis mil hectáreas de tierra que poseía la Compañía Bananera como terrenos de reserva. Esa gran toma se convirtió en el Asentamiento Campesino Coto Sur5, gestionado por el itco luego de que las tierras en conflicto pasaran a manos del gobierno, posterior a las negociaciones con la Compañía. Más de 1600 familias obtuvieron tierras cerca de Panamá, entre los cantones de Golfito y Corredores de Puntarenas (Bolaños, 1999).

Las familias ‘invasoras’ eran trabajadores semi-proletarios, tradicionalmente asentados en parcelas o pequeñas propiedades. La distribución de las tierras fue mayoritariamente en forma de propiedad privada. Coopevaquita se creó finalmente el 8 de febrero de 1974 porque todos sus socios estuvieron de acuerdo en unir las parcelas, pues se había recibido también, meses antes, capacitación por parte del mismo itco y el Instituto Mixto de Ayuda Social (imas) (Cordero y Oreamuno, 2012).

En ese tiempo, la Federación Nacional Campesina (fenac), dirigida por el Partido Vanguardia Popular, el partido comunista, era la que asesoraba y defendía a los campesinos. José Figueres Ferrer, quien fuera Presidente de la República (1970-1974) y Manuel Mora, líder del Partido de Vanguardia Popular y diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Acción Socialista (Contreras, 2009), llegaron a un convenio y plantearon que se donaran 500 hectáreas de las tierras adquiridas para la conformación de una cooperativa. El gobierno, en un plazo de tres meses, debía solucionar la condición de las familias sin tierra que, sin querer asociarse a la organización, podían adquirir parcelas individuales.

Sin embargo, pasaron tres meses y el gobierno no cumplió. Se quedaron familias campesinas en esas tierras, lo que obligó a la cooperativa a ceder 100 hectáreas para asegurarse un total de 400 ha. Coopevaquita se creó finalmente el 8 de febrero de 1974 porque todos sus socios estuvieron de acuerdo en unir las parcelas, pues se había recibido meses antes, capacitación por parte del itco y del Instituto Mixto de Ayuda Social (imas).

Antes de formar parte de Coopevaquita, desde 1974 Ernesto Pérez colaboró con Coopedanta. Esta cooperativa, disuelta en 1986, se ubicada en San Vito de Coto Brus de Puntarenas. En ese momento, Ernesto en representación de Coopedanta, integró parte de un movimiento de cooperativistas que querían conformar la Federación de Cooperativas Campesinas de Producción Agropecuaria y de Servicios Múltiples rl (fecopa), asesorado por la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, quien realizó su estudio de viabilidad. Fue en 1976 cuando Ernesto migró a Coopevaquita.

Había para entonces una federación, pero estaba administrada y dirigida por el itco. Como las cooperativas eran campesinas y estaban en asentamientos rurales del Estado, entonces esta institución tenía mucho control: les nombraban gerente, les nombraban dos o tres miembros en la junta directiva y las provocaban para que en las asambleas constitutivas se afiliaran a su federación llamada Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Servicios Múltiples R.L. (fedeagro), donde el gerente y tres miembros del Consejo eran del itco (Vega y Castro, 1988). Esta federación se había formado en 1968 como dependencia del Instituto con el objetivo de agrupar las cooperativas agropecuarias y ofrecer asistencia técnica y crédito6. fecopa, por su parte, no le parecía bien lo que hacía fedeagro, y dadas sus diferencias organizativas se conformó el 7 de septiembre de 1975 con las empresas comunitarias o cooperativas Coopesilencio, Coopetulga, Coopeutaba, Coopecerritos, Coopenazareth, Coopezamora, Coopeisabel, Coopegiltablada, Coopedanta y Coopevaquita (fecopa, 1975).

A inicios de 1970 surgió el Programa de Desarrollo Agropecuario (pda). Este programa había sido diseñado por técnicos costarricenses, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos y la Agencia para el Desarrollo Internacional (aid), después de casi dos años de análisis y estudios del sector agropecuario y un interés particular por modernizarlo. La intención del pda, que finalmente entró en operación en 1971 con el préstamo aid 515-L-022 y la aprobación de la Ley nro. 4686, era “transformar al subsector del pequeño agricultor, de modo que abandonara los sistemas y métodos tradicionales y adopte métodos modernos de alta productividad” (Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG, 1974, p.65). Después se creó la llamada “Garantía para la Compraventa de Tierras” que administraba el itco, con el fin de otorgar tierras a campesinos mediante una negociación directa con los dueños que voluntariamente quisieran venderlas. Para este fin, se creó una oficina de promoción de proyectos (que en 1974 pasaría a un nuevo departamento llamado Organización y Capacitación Campesina). Durante el tiempo de esta oficina, se definió que, entre 1971- 1974, se daría atención únicamente a la constitución de empresas comunitarias de autogestión. A partir de ese momento, organizaciones como Coopetulga, Coopezamora, Coopeutaba, Coopeutrapez y Coopedanta adquirieron sus terrenos. Para otras cooperativas, como Coopesilencio y Coopevaquita, el trámite fue distinto porque esas tierras se adquirieron con fondos propios del itco (mag, 1974).

El itco compraba las tierras que estaban en conflicto a sus propietarios legales, como fue en muchos casos la Compañía Bananera y posteriormente, las vendía a los campesinos como préstamos a largo plazo (Rodríguez, 1989 y Edelman, 1993). Sin embargo, las tierras eran de la institución, aun cuando estaban cedidas a las cooperativas, pues no se generaban títulos de propiedad sin haber pagado un porcentaje importante de la deuda.

De tal manera que durante el inicio de la década de 1970 hubo un panorama alentador para la conformación de empresas autogestionarias, cuando el ingeniero Teodoro Quirós Castro estaba en la presidencia del itco. Sin embargo, con el cambio de gobierno, cuando asumió Daniel Oduber Quirós la presidencia de la República, el itco quedó bajo la presidencia ejecutiva de José Manuel Salazar Navarrete, quien se encontraba en contra de este tipo de organización (Sobrado, 2012) y principalmente de fecopa. En ese entonces, Ernesto Pérez ejercía el cargo de secretario de la federación, al menos durante los primeros meses, cuando era también Presidente de Coopedanta.

Cuando se formó fecopa, la postura gubernamental, contraria a los intereses autogestionarios, se empeñó en hacer una fuerte propaganda para descomponer cooperativas y deslegitimar la federación, comunicándoles que si no se desafiliaban de fecopa, tendrían que pagar lo que debían, además de muchas otras condiciones; por ejemplo, Coopeisabel, ubicada en Sarchí, le debía un camión a fedeagro, siendo la excusa para lograr que se desafiliaran, si no lo pagaban inmediatamente, se lo quitaban o renunciaban a fecopa y el asunto mejoraría, de modo que desertaron muy apenados7. Fue en la segunda Asamblea General Extraordinaria de fecopa, el 29 de marzo de 1976, que renunciaron Coopeisabel, Coopezamora y Coopedanta. Unos días antes, el Gerente de Coopezamora, Víctor Benavides, había escrito una carta a fecopa, el 3 de marzo de 1976, que decía: “[…] decidieron poner la renuncia ante la Federación Nacional de Cooperativas por motivos de que, si seguimos ligados a fecopa, fedeagro no nos da el aval para el financiamiento” (fecopa, 1976, p.40).

En Coopevaquita, igualmente se aconsejó que se desafiliara y respondió que no. Si Coopevaquita se desafiliaba y una cooperativa de San Ramón llamada Coopetulga en Bajo Rodríguez también lo hacía, fecopa no hubiese podido continuar.

En una ocasión, José Manuel Salazar Navarrete, Presidente Ejecutivo del itco y Rodolfo Navas,Jefe del Departamento de Organización y Capacitación Campesina del itco, llegaron a Coopevaquita. Allá tenían cuarenta hectáreas de maíz sembrado, pero no había dinero para salarios y no había comida, solo esas cuarenta hectáreas. Les habían solicitado cuarenta mil colones de crédito. El señor Salazar dijo: “Aquí está el cheque de los cuarenta mil pesos, pero hay una condición: que renuncien a fecopa y que se afilien nuevamente a fedeagro”. Enrique López, un socio, dijo: “vea señor, perdone, nosotros estamos poniendo a responder una milpa, no es de gratis el cheque. Y si nosotros hicimos fecopa, fue por convicción y no vamos a renunciar. Vea a ver dónde se mete ese cheque. Ya hemos aguantado dos años sin salarios y sin nada, podemos aguantar hasta cuando esté la milpa, y así no le vamos a deber ni cinco”.

Unos años después de que Ernesto Pérez salió de Coopedanta, esta desapareció; solo unas familias se quedaron con algunas parcelas. En general, muchas de esas cooperativas desaparecieron. Los motivos pueden ser muchos, quizás por la misma falta de conocimiento en el manejo administrativo, además de hechos de corrupción de personas que tenían que controlar altas sumas de dinero; sin embargo, fueron decisivos la calidad de las tierras y el endeudamiento excesivo al que llegaban, en buena medida, orientados por el mismo instituto a cargo.

Los ingenieros se aprovechaban de la ignorancia8 o de su poder en la relación con el campesino. Por ejemplo, el caso de Coopesierracantillo. Esta cooperativa surgió en 1977 en Venecia de Osa en Puntarenas, a partir de La Empresa Comunitaria La Alianza creada en el 1975. Había sido formada por 46 campesinos que invadieron la finca Guanacaste de la Compañía Bananera, pero luego les fueron otorgadas las fincas Cartago y Puntarenas de la misma Compañía, a través de la gestión del itco (Rodríguez, 1977)9. La cooperativa tenía un platanal, el cual era su principal medio de subsistencia. Se realizaron estudios en la Universidad de Costa Rica y se decía que era la mejor calidad de plátano del país. Sin embargo, llegaron extensionistas del itco sugiriendo: “boten ese plátano y siembren arroz”. En efecto, desecharon el plátano, los endeudaron con chapulines articulados, toda la maquinaria para arroz, e iniciaron la siembra. Para frustración de los cooperativistas, el arroz estaba afectado de cobre porque fueron fincas bananeras, que tenían suelos contaminados por la Compañía para controlar la sigatoka en el banano10. Al estar infectadas las tierras, el arroz se quedaba pequeño y de apariencia amarilla, lo cual no permitió su comercialización, quedándose con la deuda de los materiales.

En Coopevaquita se sembró un cacaotal en un momento donde el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (catie) promovió una semilla mejorada; sin embargo, en estas tierras no sirvió el cultivo posterior a dos años, lo cual generó una deuda de ¢120 000 que se le debía al banco y solicitaron hacer un cambio del cultivo, pues el actual no estaba sirviendo, no obstante, se les negó. Posteriormente, se decidió cortar el cacaotal para sembrar un platanal y una milpa: “vea señores, hace tiempo les venimos diciendo que el costo del cacao no nos da ni para pagar los intereses, menos para comer, les vamos a pagar este año”. De esta manera, lograron realizar el pago de la deuda. Hubo muchas cooperativas con escasa asesoría, mala asistencia y socios que no comprendieron que la empresa era propia y que ellos debían también decidir, compañeros campesinos que en aquel tiempo creían que se debía obedecer solamente al ingeniero, sin tomar en cuenta la experiencia de los campesinos.

Cuando apareció fecopa como una propuesta campesina, muchas de estas problemáticas se atendieron. La intención principal era que las instituciones públicas, tanto los bancos como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (mag), no se contradijeran y comprendieran los verdaderos problemas de las cooperativas. De tal forma, fecopa proponía que “nadie entrara” a las cooperativas si no era con un visto bueno de la Federación y que las instituciones se coordinaran para que se tuviera una mejor asesoría. Más adelante, a pesar de los problemas, se fueron afiliando más cooperativas. En 1985, eran 6 cooperativas inscritas y en 1992 fueron 22 (fecopa, 1985 y 1992).

CUADRO 1

NÚMERO DE COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS

Y CANTIDAD DE HECTÁREAS OBTENIDAS (POR PROVINCIA)

COSTA RICA (1970-1990)

Provincia	1970-1975	1976-1980	1981-1985	1986-1990	Total cooperat.	N° ha	% ha
San José	0	2	1	0	3	1798	9,1%
Puntarenas	5	3	8	4	20	7553,3	38,5%
Alajuela	4	1	5	5	15	2668,2 (3 sin dato)	13,6%
Heredia	1	0	0	1	2	586	3,0%
Limón	0	2	3	1	6	732 (1 sin dato)	3,8%
Guanacaste	2	8	7	0	17	5894 (2 sin dato)	30,0%
Cartago	1	0	0	1	2	364	1,9%
TOTAL	13	14	25	12	65	19,595	100%

Fuente: Elaboración propia con base en actas constitutivas de cada cooperativa.

10 Entre 1930 y 1950, las dosis aplicadas de cobre por la Compañía Bananera fueron las más altas del mundo (Bifani, 1999).

Cabe decir que la postura del gobierno fue muy variada. En el proceso de constitución de cooperativas autogestionarias de 1970, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (dinadeco), las universidades públicas y después el imas proporcionaron ayudas, asesorías y comida en momentos de mucha necesidad. En esa época se crearon los laboratorios organizacionales del sociólogo y brasileño Clodomir Santos de Morais, una persona influyente quien ayudaba a formar cooperativas en Costa Rica11 y en otros países, como en Honduras, dictando charlas y haciendo talleres participativos con campesinos para que aprendieran las formas de organización comunitaria. La influencia de Santos de Morais impactó significativemente a las universidades, de allí que haya surgido un proyecto de extensión de la Universidad Nacional llamado Proyecto de Extensión Universitaria a las Empresas Comunitarias Campesinas para trabajar con las cooperativas durante los años 70 (Sobrado, 2012).

También la fenac asesoró al movimiento campesino, por medio de su abogado Rodrigo Ureña y el político de izquierda Arnoldo Ferreto, diputado por Puntarenas de 1974 a 1978 (Contreras, 2009). Además, estaban apoyando a Marcial Aguiluz Orellana (fundador del Partido Acción Socialista), a Manuel Mora y su hermano Eduardo Mora. Una buena parte de la motivación campesina para la organización comunitaria tenía influencias socialistas democráticas, lo que fue evidente desde los sectores académicos y sindicales, y por ello, el comunitarismo fue tan ambivalente en su apoyo o rechazo por parte del Estado. Y así, como se ha evidenciado en la experiencia local y la vivencia personal de Ernesto, por su afinidad ideológica de izquierda, Coopevaquita era señalada como la “oveja negra” del Proyecto Coto Sur.

SURGIMIENTO DE LA LEY PARA COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS

En el gobierno de Rodrigo Carazo Odio (1979-1982) nombraron al señor Carlos Manuel Echeverría como viceministro de Planificación. Él simpatizaba con la idea de las organizaciones sociales autogestionarias mientras estuvo en Yugoslavia12, pero no sabía que existieran en Costa Rica, por lo tanto, cuando conoció el movimiento, se mostró muy interesado. Esto sucedió en el momento en que había una crisis con las cooperativas comunitarias porque no lograban tener escrituras, situación que se resolvió en una serie de reuniones con el vicepresidente de la República José Miguel Alfaro, a la que asistió Carlos Manuel Echeverría13.

Poco después, Rodrigo Carazo, quien fuera electo presidente a partir de la alianza partidista Coalición Unidad, dio la orden a los bancos para que no llevaran a remate ni a cobro judicial las cooperativas. Para el caso de Coopevaquita, se autorizó que se dieran las escrituras dividas en dos partes para un total de 397 ha. En ese tiempo, la ministra de Justicia y Gracia era Isabel Odio (actualmente, jueza de la Corte Penal Internacional). La escritura de Coopevaquita salió firmada por ella como testigo de honor.

En este contexto, surgió un movimiento para impulsar una ley exclusiva para la autogestión, a través de “exención de impuestos, bajas tasas de interés, amparo legal etc.” (Solís y Orozco, 1986, p. 210), porque estas empresas no tenían los mismos beneficios que las cooperativas tradicionales. Hubo una asociación que se llamó Proconsejo Nacional de Autogestión14 que trató de hacer una ley propia para este sector cooperativo. A Ernesto Pérez le correspondió presidir esta asociación y participar en las discusiones para presentar la ley, que se llamó Empresas Comunitarias o Empresas de Autogestión, representando al movimiento en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. El proyecto de ley fue formulado con la ayuda de la Oficina de Planificación Nacional y Política Económica (ofiplan) (Vega, 1988). El cooperativismo tradicional se opuso15 y al final llegaron a un acuerdo de reformar la ley de cooperativas porque no había oportunidad de participación política ni en el Consejo Nacional de Cooperativas ni en el infocoop, aunque sí se reclamaba el derecho de participación. El derecho no lo daban por la misma razón ideológica y porque lo principal para la dirigencia del cooperativismo tradicional no era crear un ambiente de conflicto político.

Con el expresidente Rodrigo Carazo surgió el concepto de Empresas Asociativas de Autogestión (eaa), que tenía un sentido más crítico del discurso autogestionario que el promovido por el Movimiento Cooperativo tradicional. El objetivo era impulsar estas formas de asociación en los sectores más pobres, como una propuesta política que permitiera pensar la lucha de clases. Esta idea y la posibilidad de crear una ley propia para el sector autogestionario fue rechazada y criticada por la oposición del Movimiento Cooperativo vinculado al partido político de Liberación Nacional. Al contrario, el gremio conservador cooperativo se planteó a finales de 1970 la necesidad de crear un “Nuevo Cooperativismo”, pero en este caso eran los valores de rentabilidad financiero-empresarial los que tuvieron importancia. De tal manera que, pensando el cooperativismo desde ese punto de vista, opuesto a fecopa y a Carazo, se buscaba que la autogestión fuera un instrumento empresarial apolítico (Weller, 1987).

Posteriormente, se consiguió un acuerdo con el cooperativismo tradicional de reformar la ley. Se exigía la ampliación del Consejo Nacional de Cooperativas y la inclusión de 10 representantes de estas, asimismo, se les diera personería jurídica, se creara una comisión (actualmente, conocida como Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión) y se creara un fondo de financiamiento para la autogestión. Se llegó a ese acuerdo y se comenzó la reforma. Sin embargo, se realizaron incluso “cierres de calles” porque, aunque se había llegado a una alianza, el infocoop y el conacoop siguieron oponiéndose. Esta fue la última ley que firmó Rodrigo Carazo bajo su mandato el 7 de mayo de 1982, la cual sigue vigente.

De esta forma surgió en 1982 una reforma a las leyes cooperativas anteriores (reforma a la Ley 4179 del 22 de agosto de 1968, reformada a su vez por la Ley 5185 del 20 de febrero de 1973 y la Ley 5513 del 19 de abril de 1974), que incluía lo que ahora se llama legalmente como las cooperativas de autogestión. La Ley 6756 de 1982 estableció un marco legal que regula la constitución y funcionamiento de las cooperativas, y reconoció la categoría de propiedad social como una posible forma de cooperativismo en el Movimiento Cooperativo.

CONCLUSIÓN

La importancia de la temporalidad seleccionada para el estudio del cooperativismo rural costarricense muestra dos elementos principales: a) los sucesos relevantes de planificación institucional y ordenamiento rural, con la presencia de un constante y debatido modelo empresarial comunitario, y b) un notable dinamismo en el movimiento campesino nacional, en la lucha por la tierra, la organización rural y la autonomía en la toma de decisiones.

Ambos escenarios han sido explicados en el artículo a partir de la experiencia de vida de Ernesto Pérez Cortez, gracias a la cual se caracterizó el rol gubernamental en el apoyo o falta de apoyo a estas empresas rurales, así como en el reconocimiento legal a estas. Esto fue evidente en el papel cumplido por el itco y fedeagro; este último administrado durante las décadas de los 60 y 70, y mediados de los 80 por el itco. Se ha identificado además que esta concepción comunitaria en el manejo de las tierras y otros recursos productivos, visualizó conflictos ideológicos en torno al concepto de “autogestión” como posibilidad de democracia local y autonomía. Ambos términos fueron interpretados desde posturas críticas a las relaciones patronales completamente capitalistas, al contrario de las versiones más economicistas, que identificaron el valor productivo de sectores rurales como la principal meta de esta categoría cooperativa, perdiendo en su discurso el interés político de cambio social (Weller, 1987).

Este debate pudo ser analizado en las experiencias de Coopevaquita y su trabajo de lucha por la tierra, en la constitución de fecopa, en las confrontaciones de esta Federación con el itco y su labor extensionista “desde arriba”, en la participación de acompañamiento académico y teórico por parte de las universidades públicas (la extensión social de la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica, y los aportes del sociólogo Clodomir Santos de Morais), así como en la participación de movimientos de izquierda para la defensa de los intereses campesinos, como el caso de la fenac y finalmente, en la firma de la Ley 6756 de 1982, como resultado de un vasto esfuerzo por determinar el carácter legal e ideológico de estas cooperativas comunitarias. Todo esto resulta clave para comprender el posterior comportamiento del movimiento campesino autogestionario en general, y su relación con las políticas agrarias neoliberales, más claras a partir de la década de 1990. Esto quedará sujeto a una investigación futura.

Por último, la labor metodológica llevada a cabo permitió conocer una perspectiva campesina de los hechos ocurridos en más de una década de organización rural cooperativa, acompañada de un respaldo bibliográfico que proporciona mayor claridad y detalle de los hechos. El lenguaje utilizado, así como, la linealidad del texto, fue direccionado por la narrativa del campesino Ernesto Pérez, la cual expresa su subjetividad y su interpretación de los hechos, y posibilita un diálogo constante y horizontal con el investigador.

BIBLIOGRAFÍA

Agency for International Development (aid) (1980). Costa Rica: Agrarian Settlement and productivity. Washington DC: United States International Development Cooperation Agency. Recuperado de http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDAAF769A1.pdf

Baumann, P., Bruno, M., Cleary, D., Dubois, O. y Flores, X. (2004). Aplicación de estrategias de desarrollo enfocadas hacia las personas en el ámbito de la fao Algunas enseñanzas prácticas. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Recuperado de ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/j3137s/j3137s00.pdf

Bifani, P. (1999). Medio Ambiente y desarrollo sostenible. Madrid, España: iepala.

Bolaños, M. (19-23 de julio de 1999). Proyecto de Desarrollo Agroindustrial Cotosur. Ponencia presentada en el xi Congreso Nacional Agronómico.

Bozzoli, M.E. (1977). La frontera agrícola en Costa Rica y su relación con el problema agrario en zonas indígenas. Anuario de Estudios Centroamericanos, 3, 225-234.

Contreras, G. (2009). Arnoldo Ferreto Segura y El Partido Comunista de Costa Rica. En la lucha por la Segunda y auténtica independencia nacional. Revista Estudios, (22), Recuperado de http://web.archive.org/web/http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no22/papers/iisec1.html

Cordero, A. (2011). Los movimientos campesinos costarricenses vistos a través de tres casos de asentamientos del ida. Cuadernos de Ciencias Sociales, 159. San José, Costa Rica: flacso.

Cordero, A. y Oreamuno F. (coord.). (2012). coopeagropal: Relatos sobre su origen. San José, Costa Rica: flacso.

Edelman, M. (1993). Arrendamiento ilegal de tierras de la reforma agraria: Estudio de caso en Costa Rica. En W. Glade y Charles A. Reilly (comp.) Investigaciones sobre el desarrollo de base: Colección de artículos y estudios basados en las investigaciones para el doctorado de becarios de la Fundación Interamericana. (pp.91-130). Estados Unidos: Fundación Interamericana.

Federación de Cooperativas Campesinas de Producción Agropecuaria y de Servicios Múltiples r.l.-fecopa (1975). Acta constitutiva de fecopa. Recuperado de http://201.192.54.110/weblink/0/doc/440/Page9.aspx

Federación de Cooperativas Campesinas de Producción Agropecuaria y de Servicios Múltiples r.l.-fecopa (1976). Correspondencia de Coopeza-mora a fecopa. Recuperado de http://201.192.54.110/weblink/0/doc/440/Page40.aspx

Federación de Cooperativas Campesinas de Producción Agropecuaria y de Servicios Múltiples r.l.-fecopa (1985). Asamblea General #15. Recuperado de http://201.192.54.110/weblink/0/doc/440/Page100.aspx

Federación de Cooperativas Campesinas de Producción Agropecuaria y de Servicios Múltiples r.l.-fecopa (1992). Lista de cooperativas afiliadas. Recuperado de http://201.192.54.110/weblink/0/doc/440/Page307.aspx

Horvat, B. (1974). Modelo institucional de la economía socialista autogestionaria. El Trimestre Económico, 41 (161), 3-26.

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo-infocoop (2012). Síntesis del iv Censo Nacional Cooperativo 2012. San José: Costa Rica. Recuperado de http://www.infocoop.go.cr/cooperativismo/estadistica/censo_cooperativo_2012.pdf

Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG (1974). Memoria Institucional. Recuperado de www.mag.go.cr/biblioteca_virtual/bibliotecavirtual/memoria_74-indice.html

Mora, J. (2-7 de noviembre de 1986). Crisis y movimientos campesinos en Costa Rica 1978-1986. Ponencia presentada en el vii Congreso Centroamericano de Sociología. Tegucigalpa, Honduras.

Rodríguez, C. (1989). Concentración de la tierra y precarismo en Guanacaste 1950-1970. Revista Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, (43), 73-80.

Rodríguez, E. y Salazar, J. M. (1976). Actitudes hacia el tamaño de la familia y otros temas demográficos en los asentamientos del itco. San José, Costa Rica: Departamento de Planificación, itco. Recuperado de http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/seminarios/seminario_6/sexto08-I.pdf

Rodríguez, L.F. (1977). Estudio de factibilidad, viabilidad y utilidad de la Cooperativa de Servicios Múltiples Sierra Cantillo RL (coopesierra cantillo RL). San José, Costa Rica: Departamento de Organización y Capacitación Campesina, itco. Recuperado de http://201.192.54.110/weblink/0/doc/598/Page1.aspx

Royo, A. (2003). La reforma agraria en Costa Rica (1962-2002): Balance de las intervenciones estatales en el Cantón de Osa. Revista de Historia (48), 227-269.

Seligson, M. (1976). La reforma agraria en Costa Rica, 1942-1976: Evolución de un Programa. Estudios Sociales Centroamericanos (19), 55-84.

Sobrado, M. (2012). De peones a empresarios: El laboratorio organizacional (lo) en Costa Rica. En Raff, C. y M. Sobrado (Ed.). Un futuro para los excluidos. Creación de empleos y generación de ingreso por los pobres: Clodomir Santos de Morais y el laboratorio organizacional (pp.101-110). San José, Costa Rica: euna.

Solís, R. y Orozco, J. (1986). Experiencias de autogestión y cogestión en Costa Rica. En Iturraspe, F. (Ed.). Participación Cogestión y Autogestión en América Latina vol 1, (pp.203-232).

Vasco, L. G. (1998). Guambianos: hijos del Aroiris y del agua. Historia y Tradición Guambianas. Bogotá, Colombia: cerec, Los Cuatro Elementos, Fundación Alejandro Angel Escobar-Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular
Colección.

Vega, M. (1988). La ley cooperativa de 1982. El debate sobre la Autogestión. Panorama del Desarrollo Cooperativo en Costa Rica. San José, Costa Rica: Universidad de los Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia.

Vega, M. y Castro, C. (1988). Cooperativismo costarricense ii. Panorama del desarrollo cooperativo en Costa Rica, 2. San José, Costa Rica: euned.

Viales, R. (1998). Después del enclave 1927-1950: Un estudio de la región atlántica costarricense. San José, Costa Rica: eucr.

Viezzer, M. (2005). Si me permiten hablar. Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia. México: Siglo xxi Editores s.a.

Villareal, B. (1984). Precarismo rural en Costa Rica (196-1980). En Camacho, D. y M. Rojas (comps.). La Crisis Centroamericana (pp.423-442). San José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana y flacso.

Weller, J. (1987). El desarrollo del cooperativismo y la sociedad costarricense. Anuario de Estudios Centroamericanos, 13 (1), 127-148.

Fecha de ingreso: 17/01/ 2017

Fecha de aprobación: 11/09/2017

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