Rev. Ciencias Sociales 160: 101-118 / 2018 (II)
ISSN: 0482-5276
ARTÍCULOS
UNA APUESTA POLÍTICA DESDE LAS MUJERES POR LA LUCHA DE LA VIVIENDA
A POLITICAL STAKE FROM THE HOUSING FIGHT OF WOMEN
Helga Arroyo Araya*
Laura Paniagua Arguedas**
Verónica Azofeifa Vargas***
RESUMEN
En este artículo se debate sobre la vinculación que establecen los grupos organizados por la vivienda y las personas de sectores populares con las instituciones estatales, las organizaciones no gubernamentales y privadas, así como, con iglesias a partir de una lógica de “sujetos carenciados”. Desde la perspectiva del feminismo, a través de metodologías participativas, se revisa la organización popular y las experiencias de las mujeres organizadas en el año 2016, con el fin de posicionar reflexiones críticas que busquen propuestas políticas más liberadoras.
PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN * BIENESTAR SOCIAL * AYUDA ECONÓMICA * FEMINISMO * VIVIENDA
ABSTRACT
This article analyses the link that people from popular sectors and organized groups around housing issues, and perceived as “needed subjects” establishes with State institutions, NGOs, private sector and churches. Popular organization is here examined through feminism perspective of women and participative methodologies. Furthermore, the perspective of women that organized themselves on 2016 were also helpful to elaborate critical thoughts that try to produce more liberating political proposals.
KEYWORDS: ORGANIZATION AND MANAGEMENT * SOCIAL WELFARE * FINANCIAL ASSISTANCE * FEMINISM * HOUSING
* Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica.
helga.arroyo.araya@gmail.com
** Escuela de Sociología, Escuela de Arquitectura e Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica.
laura.paniagua@ucr.ac.cr
*** Escuela de Trabajo Social e Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica.
vero.verolito@gmail.com
INTRODUCCIÓN
En la experiencia de acompañamiento a grupos organizados en torno a proyectos de vivienda, se han podido conocer las dinámicas que enfrentan estos grupos en la relación con instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales e iglesias. La institucionalidad tiene un papel preponderante en la construcción de autonomía o dependencia política. Las diferentes instancias en las cuales se disputa el poder, la palabra y un lugar en la ciudad, gestan concepciones sobre lo que es un “lugar político” para estos actores sociales.
El objetivo de este artículo es abrir un debate sobre las formas de vinculación y los elementos contextuales e ideológicos que circulan en torno a los proyectos de vivienda. Se hace énfasis en el lugar disputado por las mujeres en estas organizaciones y la importancia de revisar el posicionamiento político de los acercamientos de estos grupos a las instancias estatales o privadas que les brindan asesoramiento o recursos.
El análisis ha sido realizado en el marco del proyecto “En las fronteras de la habitabilidad: mujeres, memoria organizativa y cuerpo en barrios populares” desarrollado en el Instituto de Investigaciones Sociales (2015-2018) de la Universidad de Costa Rica y a la vez, recupera las reflexiones de diferentes procesos y proyectos en los cuales las autoras han estado involucradas a lo largo de sus carreras profesionales. De allí que las experiencias y reflexiones presentadas, provienen de diferentes voces escuchadas en zonas como Finca San Juan (San José), Brisas ii (Cartago), La Carpio (San José), El Cacao (Alajuela), Alajuelita (San José), entre otras. Un interés del proyecto de investigación ha sido revisar la situación de las mujeres organizadas en torno a la vivienda, así como, las consecuencias que para su bienestar y sus cuerpos tiene el pertenecer a organizaciones, en donde se constata el involucramiento socioafectivo y el desgaste emocional que implican procesos de larga data con múltiples altibajos.
El proyecto utilizó una metodología cualitativa, en la que a través de la observación, los talleres, las reuniones (o tardes de café) y las entrevistas, se han recuperado las reflexiones de estas poblaciones de mujeres jóvenes (25-35 años) y adultas (35-70 años). Gran parte de la memoria colectiva se generó a partir de la invitación por diferentes medios de divulgación, a mujeres organizadas participantes en proyecto comunales. Se les invitó a escribir sus experiencias, y en el caso de las mujeres que no pudieran o no quisieran hacerlo, se les planteó la posibilidad de realizar una entrevista a profundidad. Las narraciones fueron individuales y colectivas, e incluyeron en algunas ocasiones, otros recursos como fotografías o dibujos.
Se elaboraron encuentros grupales para la reflexión de las implicaciones del espacio organizativo, con ayuda de los elementos de la psicología social de las organizaciones, pero enfocados a formas de trabajo de educación popular. Finalmente, se desarrolló un proceso de construcción de estrategias educativas para hacer frente al desgaste emocional y corporal devenido de la participación política y los encargos de los roles de género encaminados al autocuidado.
El artículo se divide en cuatro grandes apartados. El primero discute sobre la situación de las mujeres en los programas de vivienda social, pues revisa “el lugar dado” a este sector de la población desde un énfasis en la victimización estructural. La segunda parte profundiza en la reflexión sobre las formas en las cuales la institucionalidad empobrece o, dicho de otra forma, se consolida en propuestas de corte asistencialista, que se traducen en mecanismos de control hacia las mujeres. En el tercer apartado, se brinda un avance en la discusión sobre cómo las mujeres enfrentan esas formas de control social, trasladadas a sus organizaciones; los dilemas entre el discurso sobre “cuido y ayuda”, frente a una participación que en ocasiones es poco valorada socialmente; a su vez, se discute sobre las maneras en las cuales a veces las mujeres ejercen formas autoritarias o masculinizadas de poder, o hacen uso de estas actitudes para enfrentar las estructuras jerárquicas socialmente existentes. En el último apartado, el artículo aporta una propuesta de organización popular más liberadora que podría ser discutida entre los grupos de sectores populares.
En una conversación, una dirigente que cuenta con una vivienda de interés social afirmaba “antes sí nos llegaban ayudas, recibíamos más cuando estábamos en el precario” (comunicación personal, 25/06/2014). Esta frase resulta ser reveladora, ya que permite cuestionar la atención a la pobreza por medio del bono de vivienda, pues la pobreza no se soluciona con un techo; la situación estructural de la población no necesariamente cambia con la ocupación de una vivienda o el traslado en la ubicación geográfica en la ciudad. Por otra parte, invita a descifrar cómo se constituye a los asentamientos en precario como foco de “ayudas”, “caridad” o política social, posicionamiento político que se convierte en la forma de vinculación de organizaciones e instituciones con las poblaciones que allí habitan, lo cual establece una concepción del lugar que poseen la poblaciones empobrecidas como grupos “receptores” y pasivos, al estilo de “clientela movilizada” (Badilla y Cerdas, 2013). Además, habla del poco seguimiento que existe a las poblaciones una vez que reciben un bono de vivienda, en el sentido de trabajar, desde un enfoque más amplio e integral, abordando otros elementos fundamentales para tener un hábitat digno y el derecho a la ciudad: empleo, oportunidades educativas, espacios recreativos, transporte público de calidad, servicios públicos, entre otros.
La perspectiva del derecho a la ciudad recupera dimensiones de lo humano relegadas por las formas de urbanización capitalista. Según David Harvey, el derecho a la ciudad:
es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es (…) uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos (2013, p. 20).
No se trata de una meta a alcanzar, sino de un referente de trabajo permanente. Recupera de esta manera, la posibilidad de transformación humana del entorno, pero a la vez, los requerimientos en la gestión urbana para hacer de las ciudades lugares más habitables. En ese sentido:
el derecho a la ciudad es el concepto, más o menos abstracto, que enmarca la reivindicación de la garantía y protección de los derechos humanos en la ciudad, es decir, reivindica el papel de las autoridades locales como garantes de estos derechos. Este papel de garante se enfoca más en la planificación e implementación de políticas públicas de prevención de vulneraciones que en la acción sancionadora o reparadora (Guillén, 2011, p. 21).
Para fines de este trabajo, se toma como punto de partida el lugar imaginario dado a los agentes sociales desde la pasividad, pero revisándolo desde el posicionamiento político del derecho a la ciudad, para reflexionar al respecto de la política de vivienda.
EL LUGAR DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA
Para comprender el lugar de las mujeres en la política de vivienda nacional, es indispensable problematizar lo que se entiende por “político”. Desde Martín-Baró (1991), lo político se refiere a todo aquello que ejerce un efecto sobre el orden social determinado y se estructura desde tres posibilidades:
a) Proviene de lo que se hace, es decir, de los comportamientos que se realizan en el marco del Estado.
b) La especificidad surge de cómo se hace, lo que lleva como implicación el despliegue de alguna forma de poder.
c) Lo político está determinado por el sentido de lo que se hace, es decir, el efecto que se produce en el orden social, ya sea de reafirmación y legitimación o de transformación.
En ese sentido:
las políticas sociales, como políticas de Estado, condensan las posibilidades de nominar, significar y hacer. Son prácticas estatales que performan lo social: tienen la capacidad de construir realidades. El Estado se constituye en un actor (y en un ámbito), en la producción y reproducción de los problemas sociales, en la delimitación de sus responsabilidades, en la definición de los sujetos merecedores de sus intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento (De Sena y Mona, 2014, p. 11).
Desde esta conceptualización, situar las políticas de vivienda del país exige enmarcar la acción en las siguientes preguntas de análisis ¿cuáles son las acciones en materia de vivienda que tienen relación con cambios en el orden social?, ¿cuáles son los mecanismos de poder sobre los que se despliegan estas políticas?, ¿cuál es el efecto social que producen? y en particular para esta elaboración analítica ¿cuál es el efecto que produce en las mujeres?
¿CÓMO SE RELACIONAN LAS ACCIONES ESTATALES EN MATERIA DE VIVIENDA CON EL ORDEN SOCIAL?
Para la elaboración de este apartado, se presentan los puntos centrales de las acciones en materia de vivienda que tienen un efecto sobre el orden social establecido, tomando como referencia los trabajos de Morgan (2001) y Arroyo (2013 y 2017).
Según el Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, publicado en la Gaceta nro. 95 del 20 de mayo de 1996, la vivienda de interés social se define como la solución o conjunto de unidades habitacionales cuya compra o construcción es susceptible de ser financiada mediante los recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (sfnv). La vivienda de interés social surge como una solución estatal destinada a cubrir el problema de déficit habitacional existente en el país, especialmente de los sectores de población más empobrecidos.
Desde inicios del siglo xx, se identifican algunos antecedentes de la vivienda como función estatal, sin embargo, no es hasta 1949 que se elevó la vivienda popular de interés social a precepto constitucional y se transformó el papel del Estado en participante activo de resolución de la problemática de vivienda: “El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador” (art. 65, Constitución Política de la República de Costa Rica).
En la segunda mitad del siglo xx, el país centró sus esfuerzos en la creación de entidades, con el objetivo de proveer de vivienda adecuada y ejecutar políticas y acciones de planificación territorial; período en el que sobresale la creación del Instituto de Vivienda y Urbanismo (1954), el Instituto Mixto de Ayuda Social (1971) y finalmente, la creación del Sector de Vivienda y Asentamientos Humanos (1979).
La creación de este sector estuvo enmarcada dentro de un contexto social, político y económico de crisis, generado por la grave recesión económica mundial que conllevó la disminución cualitativa del presupuesto nacional dirigido a este y en consecuencia, a la paralización de los proyectos de vivienda dirigidos a familias de bajos ingresos. Este contexto dio origen a una enorme presión popular que demandaba programas de vivienda social:
A partir de la década de los ochenta, los movimientos de lucha por la vivienda surgen en un contexto donde se agudizan las condiciones de pobreza, sobresalen las familias encabezadas por mujeres, y son estas quienes empiezan a organizarse en diferentes comités para buscar soluciones a sus problemas (Ulett, 1999, p. 1).
Se crean de esta manera los frentes de lucha que centralizan las demandas de diferentes agrupaciones de vivienda, entre las cuales sobresalen: el Comité Patriótico Nacional (copan), el Frente Democrático de la Vivienda y el Frente Costarricense de la Vivienda. En 1982, llega al poder el presidente Luis Alberto Monge (1982-1986), con la promesa política de establecer la vivienda como uno de los componentes principales de su Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la falta de políticas e instrumentos claros le impidió impactar significativamente el problema habitacional:
El déficit habitacional aumentó sensiblemente con la crisis de la década de los 80s, llegando a alcanzar en 1983 la cifra más alta de la historia costarricense: 270459 unidades, estimándose que alrededor del 50% de las familias costarricenses enfrentaban algún problema vinculado por la vivienda (Mora y Solano, 1992, citado en Camacho e Ibarra, 1993, p. 28).
La problemática habitacional conllevó que tales frentes realizaran como medida de presión tomas de terrenos no urbanizados, situación que agravó el problema social y que condujo a que el 11 de enero de 1983, el Poder Ejecutivo declarara el problema de vivienda como “desastre con carácter de emergencia nacional” (Camacho e Ibarra, 1993).
En 1986, este panorama motivó a que el eje de la campaña electoral de Óscar Arias se dirigiera a prometer la construcción de 80 000 viviendas. Con esta promesa llegó al poder, asumiendo como tareas principales “controlar la presión generalizada por la vivienda de parte de los frentes organizados y buscar fuentes de financiamiento que pudieran dar sustento al cumplimiento de la promesa electoral” (Camacho e Ibarra, 1993, p. 31).
Para el cumplimiento de estas tareas, la administración Arias convocó a la firma del acuerdo político entre los frentes de vivienda y el Gobierno para el cese de las “invasiones” y para la transformación de estos en organizaciones de vivienda, que contribuyeran a la gestión y desarrollo de los proyectos; como se mencionó anteriormente, se declaró “Emergencia Nacional” la erradicación de precarios y se reestructuró al sector vivienda con la creación formal del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Camacho e Ibarra, 1993; Aguilar y Brenes, 1993; Morgan, 2001).
Sin embargo, el hito principal que cambió el rumbo de la vivienda social, fue la creación de la Ley nro. 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (sfnv), cuyo propósito principal fue “constituir un sistema integrado de financiamiento habitacional para ejecutar políticas habitacionales uniformes y movilizar recursos a gran escala” (Morales, 2002, p. 44). En este marco, se creó el Bono Familiar de la Vivienda (bfv), como una especie de subsidio, que consistía en un préstamo a familias de bajos ingresos para acceder a la vivienda. Este préstamo no pagaba intereses, pero debía ser reintegrado al sfnv en un plazo de 15 a 25 años, con la finalidad que el recurso fuera recuperado y permitiera el financiamiento de nuevas familias.
En la década de los 90 se dio un viraje a la concepción de financiamiento del bfv. Rafael Ángel Calderón Fournier llegó al poder utilizando la vivienda como plataforma electoral al ofrecer “Garantías de Bono” indiscriminadamente, bajo promesas de votos: “Se declaró la gratuidad del bono. En vez de pagarlo como préstamo, el Bono Familiar se convertía en un simple subsidio que no debía ser nunca reintegrado al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda” (Morgan, 2001, p. 10).
Estas acciones vinieron en detromento de la organización popular de lucha por la vivienda, creando desde ese momento y hasta la fecha un orden social regido por una política asistencialista que reforzó el protagonismo de los políticos en la selección de los beneficiarios, afianzando el carácter clientelar de la política (Arroyo, 2013).
En las administraciones siguientes, se promovió la gestión de los proyectos por parte de la empresa privada y se modificaron las formas de aplicación del subsidio, volviéndose la gestión del financiamiento una acción individual:
Al tener que solicitar el subsidio cada familia, en forma individual, el papel de los grupos organizados, que habían participado en la promoción y la construcción de proyectos habitacionales se elimina. Al concentrar la decisión sobre quiénes serán los beneficiarios de los subsidios estatales en instancias burocráticas alejadas de la vida cotidiana de la población, se introduce el riesgo de politizar este proceso (Morgan, 2001, p. 10-11).
De esta manera, el subsidio gratuito e individual, no solo buscaba garantizar un derecho, también respondía a una maniobra política de ejercer control sobre el movimiento popular: cuando el Estado “lo individualiza” y supuestamente “lo garantiza todo”, la organización popular asume una participación parcial o se vuelve innecesaria. La contextualización del proceso histórico en materia de vivienda, permite comprender que las decisiones políticas configuran una institucionalidad, que rige el proceso de gestión de proyectos de vivienda a través de la mediación de entidades autorizadas (bancos, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, mutuales y recientemente, asociaciones solidaristas) y por un rol central de las empresas constructoras, regido por sus intereses económicos y de maximización de ganancias.
En este escenario, también se sitúan las organizaciones no gubernamentales, con un rol no tan protagónico en el sector vivienda, a causa de la facilidad del subsidio, pero cumpliendo una función de muros de contención de la organización popular y de creadores de procesos de despolitización del movimiento social. Esto se enmarca en un contexto más global, ligado a lo que Grigsby (2005) llama “oenegización”, fenómeno que según este autor conspira contra el movimiento social especialmente en los años 90 del siglo xx. Esto es enfatizado por Petras (2000) al afirmar que las ong:
“movilizan” a la gente para producir en los márgenes y no para luchar por el control de los medios básicos de producción y riqueza; focalizan su atención en la asistencia técnica y financiera a los proyectos y no en las condiciones estructurales que conforman la vida cotidiana de la gente (p. 12).
El modelo seguido por dichas entidades, tuvo una diversificación histórica pasando de exitosos modelos de autogestión en los años 80, a algunos consolidados en liderazgos profundos de personas puntuales de los grupos, a otros proyectos altamente dispersos en la organización y en no pocos casos, que implicaron la migración forzada hacia zonas rurales o semiurbanas, alejadas de los espacios urbanos de vida y de las fuentes de empleo en los años 90 e inicios del siglo xxi.
El papel de las entidades autorizadas, de los desarrolladores privados y las organizaciones no gubernamentales ha sido clave para entender la forma de canalización de la política en vivienda y los posicionamientos ideológicos respecto a la organización y movilización social. Se trata de la configuración de una institucionalidad con un aparato político que fragmenta el movimiento social, lo despolitiza y vuelve irrelevante la organización popular.
¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE PODER SOBRE LOS QUE SE DESPLIEGAN ESTAS POLÍTICAS?
Las políticas de vivienda se conciben como un conjunto de actuaciones públicas que tienen por finalidad el acceso al derecho a una vivienda digna y adecuada. Estas políticas pueden ser identificadas como un punto de enlace en la relación entre la institucionalidad y las organizaciones populares. Para el caso costarricense se trata de actuaciones público/privadas. Existe diversidad de interpretaciones y análisis alrededor de esta categoría, que van desde su comprensión moral, permeada de enfoques filantrópicos y caritativos, hasta posiciones que presentan un entendimiento unilateral de dominación de estas políticas con la población.
Sin embargo, no deben ser entendidas como “buenas o malas” en sí mismas, no son instrumentos de realización de un bienestar o control en abstracto, sus repercusiones están dadas por los intereses a los que responden. Por tanto, para su comprensión es necesario trascender de un análisis instrumentalista, propio de un esquema invariable; pues son las dinámicas, luchas y los flujos sociales los que las construyen y transforman constantemente, a partir de la coyuntura histórica que vivencien (Faleiros, 1999).
En este sentido, para entender los mecanismos de poder sobre los que se despliegan las políticas de vivienda, es necesario situar el análisis en la diferenciación entre las políticas sociales de asistencia técnica y las políticas con un enfoque de asistencialismo. Las políticas sociales de asistencia son las que implican entrega de subsidios, principalmente a las poblaciones empobrecidas. Lo medular de la diferenciación entre estas dos tendencias es que determinan el enfoque de la formulación y ejecución de esta categoría de políticas; hay políticas de asistencia que junto con la entrega de los subsidios promueven un acompañamiento técnico para movilizar procesos de organización comunitaria, por su parte, las políticas que se tornan de corte asistencialista paternalista, se fundamentan en la dádiva, la generación de patrones de dependencia y la característica peligrosa de poder mimetizarse, lo que le permite fácilmente exponerse como una asistencia técnica fundamental, sin serlo (Yazbek, 1999).
Faleiros (1999) define la asistencia como una “(…) transferencia de dinero, bonos o de bienes de consumo, a partir de un pedido, y de acuerdo con criterios de selección, a un individuo que debe probar que se encuentra en estado de privación e imposibilitado de proveer inmediatamente su subsistencia” (p.35). Estas políticas de asistencia son claves en situaciones de riesgo como incendios o fenómenos atmosféricos, cuando de manera repentina las personas pierden sus bienes materiales y su bienestar.
En este sentido, podría pensarse que a través de los instrumentos jurídicos que ha promovido el Estado, lo que busca es garantizar los derechos a mejores condiciones de vida, pero la mirada no puede ser tan inocente, pues siempre hay mecanismos de poder y control que subyacen a estas políticas. En el caso de las políticas de vivienda se puede reconocer la operación de propuestas asistencialistas, en lugar de asistenciales, que crean dinámicas clientelistas en el trabajo de las organizaciones populares, cuya intención apunta a la desmovilización y despolitización de la organización popular para restar autonomía, fuerza organizativa y poder de decisión.
La cuestión con respecto al asistencialismo no es solo el efecto de dependencia permanente que desarrolla en la población (el cual también se podría problematizar algunas veces en la asistencia técnica) sino la victimización, el clientelismo, entre muchos otros elementos, que se utilizan y legitiman en una relación de poder entre quien “ayuda” y quien es “ayudado o ayudada”.
En esta dinámica, el subsidio crea el espejismo de que no es necesario luchar y organizarse, basta con extender la mano para recibir. Sin embargo, la historia ha comprobado que el subsidio no ha permitido resolver las condiciones de desigualdad de los sectores de bajos recursos, por el contrario, ha operado como un mecanismo que permite mantener a los pobres empobrecidos, sin recibir de ellos ningún tipo de resistencias. Se trata de un recurso que intenta en apariencia paliar la misma desigualdad que el sistema produce.
Un mecanismo a través del cual las políticas trabajan es por medio de la delegación de labores en instancias públicas, privadas o semiprivadas, tal y como se planteó antes, que puede omitirse al hablar de los mecanismos de poder por medio de los cuales se despliega la política pública. De allí la importancia de cuestionar las políticas y programas que reproducen o aumentan la dependencia económica y social de las mujeres, pues:
La autonomía económica de las mujeres se define como algo mucho más amplio que el solo hecho de contar con ingresos propios o con un empleo remunerado. Incluye, además, las posibilidades de negociar las cargas de trabajo doméstico que se desprenden de la identidad genérica que la sociedad les demanda, y no se trata solo de trasladar dichas cargas a otras mujeres (…) La oferta de servicios de cuidado es considerada un factor determinante a la autonomía económica de las mujeres. También es preciso conocer las políticas de cuidado y de planificación urbana que existen para saber en qué magnitud promueven la distribución de las tareas de cuidado, facilitan el trabajo de quienes cuidan y favorecen la movilidad de la población (Pérez, 2017, p.152).
¿CUÁL ES EL EFECTO SOCIAL QUE PRODUCEN LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA EN LAS MUJERES?
Ahora bien, cabe preguntarse sobre el efecto social que producen las políticas para las mujeres. La ideología funciona como mediación de las estructuras económicas y sociales que se traducen en formas concretas de vida (Martín-Baró, 1985, citado en González, 2009). Esta mediación no solo responde a una lógica neoliberal, sino también patriarcal, donde el lugar de las mujeres dentro de la política de vivienda se ha situado históricamente en una posición de subordinación que legitima formas de desigualdad entre hombres y mujeres.
En 1986, cuando se promulgó la Ley 7052, se estableció en el art. 56: “Las familias que reciban el subsidio deberán inscribir el inmueble a nombre de la pareja en el matrimonio y en caso de unión de hecho a nombre de la mujer”. Cuando se adopta esta normativa, se piensa como un recurso de poder para la toma de decisiones sin el peso de la dependencia económica:
Cuando la medida se adoptó, se consideraba, que era un recurso de poder para las mujeres en el tanto era una condición para terminar con relaciones de pareja que incurrieran en situaciones de violencia física, emocional o patrimonial (Moliba, Sagot y Carcedo, 1992, citado por Blanco et ál., 2003, p. 11).
Pero este supuesto recurso de poder termina siendo una expresión nominal y no un mecanismo de transformación estructural. Desde esta concepción, la mujer es puesta en el lugar de víctima, en el que se crea un doble juego al tratarse de una “protección”, que al mismo tiempo la deja sin poder de acción política, para su rol social de reproducción: “La cuestión familiar atada a la mujer, la idea de mujer-madre-familia se mantiene intacta desde al menos principios del siglo xx en relación a las políticas sociales, y ello en relación a asegurar la reproducción” (De Sena, 2014, p. 121).
En el marco de esta forma de política, la mujer es receptáculo de la ayuda, pero también es responsable por el cambio en sus condiciones sociales. Se trata de una institucionalidad que reduce su capacidad de actuar y participar activamente en procesos de lucha y transformación. En este sentido, la organización comunitaria no constituye opción, el énfasis está puesto en la tendencia neoliberal de la focalización donde, a menor organización, mayor fragilización y control.
A lo largo de las entrevistas realizadas, es posible identificar estas dinámicas que imposibilitan el pleno desarrollo autónomo de las organizaciones y que se analizará a continuación: la desintegralidad con la que se presentan las expresiones de la pobreza, la defensa de un orden social establecido y la desvalorización del proceso organizativo.
1) DESINTEGRALIDAD DE LA POBREZA: Faleiros explicita que “La política social al mismo tiempo que estigmatiza y controla, oculta de la población las relaciones de los problemas sentidos con el contexto global de la sociedad” (1999, p.38). Se individualizan los malestares y se impide que al ejecutar una política social específica, en este caso vivienda, se logren resolver la totalidad de los problemas que enfrentan las poblaciones, incluso pueden agravarse las complicaciones que deben resolver quienes obtienen el subsidio. En uno de los casos de estudio, algunas mujeres de los comités provenían de diferentes asentamientos populares, previo a la realización del proyecto de vivienda en el que participaron.
En una ocasión se discutió acerca de lo difícil que resulta actualmente la manutención de la familia y que antes, las “ayudas” que llegaban al asentamiento facilitaban mucho las cosas; mencionaron las donaciones de ropa, útiles escolares, regalos en época navideña, entre otros. El tener casa nueva no significa tener un ingreso económico distinto, pero sí implica el pago de nuevos servicios públicos, habitar un espacio más amplio, entre otros aspectos que modifican la vida cotidiana de la población.
2) LA DEFENSA DEL ORDEN SOCIAL: la institucionalidad a la que se deben enfrentar las organizaciones, posee en su mayoría una naturaleza discriminatoria y responde a una estructura social que la nutre y debe de reproducir. El acceso a carreras universitarias, las pensiones y seguros sociales, diferencian su uso y asignación según grupo social. La misma situación acontece en las políticas de vivienda, por ejemplo, en las asignaciones territoriales de los proyectos, una dirigente de un comité de vivienda narra su experiencia:
y nos dijo, es que vean tienen que buscar el terreno, ya lo mismo que nos habían dicho y le dijimos es que nosotros miramos una urbanización (…), y nos dijo de una vez, no, ustedes ni sueñen ir ahí; y yo ¿por qué? Porque esa urbanización es para gente de clase media no para gente como ustedes de extrema pobreza, y a mí eso como que me caló mucho porque o sea ni sueñen que eso va a ser para ustedes (Mujer, 40 años).
De igual manera lo vivencian las personas que participaron en la construcción del barrio popular Guararí en Heredia en la década de los años 80:
La zona en que querían construir se estaba desarrollando con rapidez, un colegio, fuentes de agua, centros comerciales. Eso también fue una de las cosas que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (invu) tenía, eso ahí y nosotros prácticamente que se lo arrebatamos, usted sabe que el invu tenía eso para clase media, nosotros le dijimos eso es del Estado y nosotros somos los que más lo necesitamos y al invu como que le molestó porque diay nosotros descubrimos que había agua, que podía ser de nosotros y nos organizamos y se la arrebatamos (Mujer, 52 años).
Existe un rechazo inminente del sistema ante la búsqueda de una movilidad social colectiva, el imaginario de ascender a partir del esfuerzo se disipa cuando este cuestiona el orden social de clases.
3) DESVALORIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PROCESO ORGANIZATIVO: a pesar de que cambios metodológicos como la participación, se introduzcan dentro de los programas y proyectos sociales, con el fin de reducir el impacto asistencialista, el marco de desarrollo del proceso siempre gira sobre la priorización de la vivienda como finalidad única. Este ejemplo es revelador, según cuenta una dirigente, el funcionario (de una gestora de proyectos) les llamó y les dijo:
necesito quince familias con requisitos, pero aquí no podíamos decir que era favoritismo en el grupo porque no era por amistad, era por requisitos. Luego dieciocho familias más además de los quince, pero estas familias luego nos dijeron que no califican, porque los requisitos eran: ganar menos de 376 mil (colones, aproximadamente $700), vivir en Desamparados, ojalá en el sector de Los Guido, vivir en alto riesgo, que pudieran sacar los papeles en menos de una semana, eran varios, es que no recuerdo ahorita, eran como los más básicos, pero no cumplían (Mujer 45 años, 2016).
Dentro de las organizaciones de vivienda que buscan impulsar las instituciones (públicas o privadas) es común el desarrollo de trabajos en conjunto, como asambleas o actividades de recolección de fondos. Las dinámicas de cohesión para incentivar la participación de todo el colectivo en general, son uno de los principales retos. Las posturas individualistas con las que las personas se acercan a los proyectos para conseguir una vivienda, suelen ser atacadas constantemente para lograr una mayor articulación entre las personas participantes.
Sin embargo, este reto se ve acrecentado cuando la institucionalidad (pública y privada) ligada al sector vivienda, en un momento del proyecto brinda prioridad al trabajo organizado, pero en otro momento, pide la desarticulación del proceso político que ha fomentado cada grupo, para llenar los cupos vacíos de los proyectos que se construyen. Los factores anteriores son solo algunos de los tantos que se podrían reconocer en el entramado de relaciones entre las organizaciones y las instituciones. Es complicado esperar que estos factores no influyan, debido a que estas dinámicas son parte de la legitimación del Estado.
Estos factores se potencian al identificar que los cuerpos de las organizaciones de vivienda están conformados por mujeres, a las cuales históricamente se les ha victimizado y se ha intervenido en sus vidas controlando sus acciones y decisiones, como lo señala De Sena (2014):
Las políticas sociales destinadas a paliar la pobreza referida a la mujer están inmersas en distintos planos, el de la política, el del trabajo, el de la reproducción cotidiana y generacional. Y ello significa la configuración de un modelo de mujer desde el Estado, gracias a su poder de clasificación desde el diseño e implementación de políticas. Estas políticas producen efectos de control sobre las subjetividades, las emociones y los cuerpos de las mujeres. El Estado en el diseño e implementación de las políticas sociales establece clasificaciones y categorizaciones sociales, que como en una correa de transmisión, consolida ideas y valoraciones. El fuerte valor concreto y simbólico de dichas políticas consagran el vínculo entre los y las agentes y el Estado. Entonces si los y las agentes sociales conocen el mundo a través de sus cuerpos, las impresiones de los objetos, los fenómenos, los procesos y la relación con otros, estructuran las percepciones que estos acumulan y reproducen (Cena y De Sena, 2014, p.42).
Estas lógicas se cristalizan dentro de lo colectivo comunitario. La mayoría de las organizaciones populares de lucha por la vivienda han sido constituidas por mujeres, pero sus liderazgos y decisiones son casi siempre cooptados por los hombres presentes en los grupos. Así:
La participación política de las mujeres es muy importante para lograr que transitemos al camino de la autonomía, pero ésta mediatizada en organizaciones patriarcales y por ende asimétricas, no permite el ejercicio de lo político como campo de experimentación de las mujeres (Ulett, 1999, p. 99).
De modo que no solo se trata de políticas que desmovilizan la organización popular, sino que también reproducen dentro de la misma organización, formas de opresión y control de los hombres hacia las mujeres, y en general de sus miembros, bajo patrones patriarcales.
La desigualdad que promueve el sistema en el acceso al poder de las organizaciones populares, se incrusta en su interior y se reproduce en la relación entre hombres y mujeres. El sistema patriarcal se entronca en el sistema del colectivo y refuncionaliza las dinámicas de poder y dominación de un sexo sobre otro (Cabnal, 2010).
Es por esto que se vuelve primordial reflexionar acerca de las políticas sociales, desde una perspectiva feminista que aporte a la comprensión del vínculo institucional que se vive desde organizaciones populares y las cargas que dentro de las agrupaciones experimentan las mujeres en esta relación.
¿CÓMO SE ENFRENTAN LAS MUJERES A ESTAS FORMAS LEGITIMADAS DE CONTROL?
Un punto inicial que se busca posicionar es la relación entre la dimensión política y las formas de subjetividad que se construyen a partir de los aspectos que dicha política presenta y la interacción de los grupos con esta. Así lo estipulan De Sena y Mona (2014):
las políticas sociales hacen sociedad al actuar sobre y ser resultado de los modelos de estructuración y acumulación social, al mismo tiempo operan sobre los aspectos simbólicos de la vida y también sobre aquellos asociados a lo cognitivo-afectivo (…) pensar cómo el tratamiento y regulación de la “cuestión social” implica también comprender y revelar las formas en que las políticas públicas (y entre ellas, las sociales) crean subjetividades y configuran modelos y estructuras de sensibilidades. Y que por tanto al hacerlo, instituyen y reproducen (provocando, imponiendo y/o anulando, reprimiendo) ciertas imágenes, modelos y estereotipos de sociedad, de sujeto, de mujer, de trabajo, de familia, de emociones, etc., configurando así estructuras de sensibilidades que afectan las formas de vivenciar (se) de los sujetos intervenidos (p. 13, subrayado en el original).
Si se pregunta cuáles son los medios con los que las mujeres hacen frente a las formas legitimadas de control social que se dan en el campo de las organizaciones y del involucramiento en la macro y la micropolítica, se encuentran situaciones diversas que permiten analizar estrategias de dominación y resistencia a lo interno de los grupos organizados y frente a instancias. Entre las estrategias de dominación, se pueden identificar tendencias que se analizaran a continuación:
1) “Las mujeres mandan, las mujeres son las que deciden”: en este sentido, al hablar de la presencia de las mujeres en las organizaciones o el papel que juegan en las comunidades, es común, escuchar este precepto patriarcal sumamente arraigado. Para esta concepción, las mujeres poseen la totalidad del poder, aunque socialmente “no pareciera”. Se instaura con esto una aparente reivindicación del protagonismo de las mujeres, sin embargo, lo que intenta invisibilizar es la ausente legitimidad de la palabra, acción y propuestas femeninas, así como, el lugar infravalorado en el que todo lo femenino es colocado socialmente.
2) “Las mujeres son más ordenadas”: con esta justificación se establece como un orden naturalizado, que son las mujeres quienes deben hacerse cargo de las labores de “más cuidado” o que requieren cautela; por ejemplo, la secretaría (toma de actas) o la tesorería (manejo de dineros) en las asociaciones. En contraposición, se hace ver como inútiles o carentes de posibilidades de aprender estas labores a los demás sectores de la comunidad, en especial, a los hombres.
3) “Las mujeres saben cuidar”: en esta idea presente en el imaginario, se condensan los mandatos patriarcales sobre la entrega incondicional, el ser para y de los otros (Basaglia, 1983) y el encargo hacia las mujeres de estar al pendiente de la familia, la casa y la comunidad. Elimina, a la vez, las responsabilidades sobre el cuido que poseen los demás grupos que conforman una sociedad (por ejemplo, los hombres y las personas jóvenes) respecto a los grupos que lo requieren: los niños y las niñas, las personas mayores y personas con discapacidad. Es decir, bajo esta creencia se establece la responsabilidad del cuido en un sector de la población y se instituye mayor desigualdad en las tareas a desempeñar en las organizaciones.
4) “Las mujeres saben pedir”: bajo estas y otras formas en las cuales se manifiesta la dominación patriarcal en el ámbito organizativo, se encuentra a mujeres en puestos centrales de las organizaciones, pero no en los de máxima jerarquía. Las presidencias y vicepresidencias de las organizaciones son muchas veces ejercidas por hombres que delegan las labores administrativas, de logística y planificación de actividades a sus compañeras, asumiendo ellos aquellas de representación (la voz y cara de la organización).
Pero las mujeres no asumen pasivamente las consecuencias de estas formas de dominación. Al contrario, establecen estrategias para enfrentar las limitantes que esto les genera y, a la vez, propician otras formas de ejercicio del poder. Según las entrevistas realizadas a las mujeres colaboradoras del proyecto de investigación, se determinaron tres tendencias entre las estrategias de resistencia:
1) La lucha prolongada y sostenida por un lugar: algunas de las mujeres señalaban el peso que tenía para ellas el no contar con estudios avanzados en la educación formal para poseer un lugar “legítimo” políticamente (desde los niveles de alfabetización hasta estudios avanzados de secundaria y acceso a la educación universitaria). Para muchas de ellas, la explicación al lugar desventajoso que les da la sociedad se relaciona prioritariamente con la dificultad de contar con un título de educación formal. En algunos casos, se trabaja desde la posibilidad de dar a conocer su palabra y sus reivindicaciones, desarrollando estrategias discursivas y de presentación de ideas, que les potencia a representar a otras personas. Este esfuerzo requiere de una constancia y de mucha entrega, lo cual en ocasiones se vive con culpa, debido a que implica dejar de lado parcialmente los encargos tradicionales de género que la sociedad continúa atribuyendo exclusiva o prioritariamente a las mujeres.
2) La exaltación del poder de las mujeres: en algunos de los casos estudiados, fue visible la incorporación en el plano discursivo o práctico de una tendencia a la exaltación del poder de las mujeres. En una manera de contrarrestar el ejercicio del poder y las prácticas de exclusión sostenidas por el patriarcado, algunas mujeres organizadas traducen sus capacidades o posibilidades y desde su experiencia construyen un lugar de superioridad para ellas como grupo, en un intento por contrarrestar la presencia masculina o la desigualdad percibida. En ese sentido, tienen cabida, a veces, las expresiones de burla o descrédito hacia los hombres.
3) La masculinización en el ejercicio del poder: una forma común con la cual se resiste a la exclusión social que enfrentan las mujeres es a través del uso de las formas o herramientas de quien excluye. Es decir, se retoman los medios que utiliza el patriarcado para excluir o controlar a las mujeres y al imitar dichos mecanismos, se reproducen prácticas de poder hegemónicas y autoritarias. Entre las prácticas masculinistas se encuentran: imponer decisiones sin consenso grupal, acaparar la palabra, deslegitimar las opiniones de las personas que conforman el grupo, provocar la burla por las reflexiones o formas de ver el mundo de algunas compañeras o compañeros, el creer que se puede con todo, el tratar de imponerse, entre otras acciones.
En estas prácticas organizativas se dan acciones de masculinidad hegemónica resignificadas, que carecen de una reflexión sobre el papel del patriarcado en la dominación y cómo trabajarlo para librarse de concepciones que reproducen las desigualdades.
Cabe mencionar para finalizar, una reflexión sobre otra inquietud que ha surgido de este proceso de escucha a las mujeres de sectores populares, que corresponde al campo de la identidad. Refiere a la enorme dificultad de reconocimiento de su condición de sujeto colectivo femenino: el nosotras. Fue relevante registrar que en la reconstrucción de la memoria y las narrativas sobre los proyectos y logros alcanzados se utilizaba “nosotros”, aunque estuvieran hablando directamente sobre lo que ellas como mujeres han logrado.
En algunos casos, fue interesante observar cómo las mismas compañeras “corregían” a las otras mujeres indicándoles ante cada “nosotros” un “nosotras”. La conclusión a la que llegan ellas mismas es “nos cuesta decir nosotras”. Parece que, aún hoy y con dirigentes que gozan de una experiencia de muchos años de trabajo, sigue siendo un reto el conformar un cuerpo organizativo colectivo en femenino, pues el sujeto de la acción política “digno a destacar” en el discurso es considerado masculino: nosotros. El “nosotras” no existe, cuesta que surja, que se respete. En muchas de las intervenciones de las mujeres, el “nosotros” es la forma de hablar del colectivo:
Lo genérico, lo neutro, lo universal es patrimonio de todos. Se debe denunciar la falsa universalidad, pero también se ha de reivindicar la participación de las mujeres en lo universal. Nosotras pensamos que no es cierto que lo genérico sea patrimonio común. Los vocablos en masculino no son universales por englobar a las mujeres. Es un hecho que nos excluyen. Se dice que son universales porque lo masculino se ha erigido a lo largo de la historia en la medida de lo humano. Así se confunden los genéricos con los masculinos (Bernabé y Viguer, 1999, p. 251).
Mirta González (1999) posiciona al respecto una lectura política:
el lenguaje cumple diversas funciones sociales y personales, tales como el ser vehículo de comunicación, portador de la ideología dominante, así como de las resistencias, encubridor y revelador de contradicciones, confirmador y regulador de las relaciones de poder y de los status sociales (p.21).
En el caso de las mujeres organizadas, la tradición masculinizada de la organización popular posiciona prácticas de ser y hacer, en el lenguaje corporal, el lenguaje hablado y el escrito. La interpelación a la institucionalidad se trabaja desde un colectivo marcadamente reproductor de prácticas de masculinidad hegemónica. En ese sentido, para Teresa Meana la lengua no es neutral y puede ser un terreno que invisibilice las diferencias:
La diferencia sexual está ya dada, no es la lengua quien la crea. Lo que debe hacer el lenguaje es nombrarla, simplemente nombrarla puesto que existe. No nombrar esta diferencia es no respetar el derecho a la existencia y a la representación de esa existencia en el lenguaje (Meana, sf.).
Finalmente, una simple alusión a lo que puede ser un reto en la reflexión con los grupos de mujeres organizadas: “El lenguaje nos ha construido como objeto —se puede hablar de nosotras—, pero de lo que se trata es de construirnos como sujeto del mismo —hablar nosotras—” (Bernabé y Viguer, 1999, p. 251).
Cabe mencionar que las dirigentes señalaron otros elementos de la dinámica organizativa a los cuales debe prestarse atención. Ellas señalaban “ponernos de acuerdo cómo cuesta”, lo cual indica la dificultad en la toma de decisiones, el urgente posicionamiento de la comunicación dialógica como base para la construcción de vínculos y para dar fluidez a la dinámica organizativa; y finalmente, la ausencia o el limitado acceso a mecanismos para conseguir consenso.
Otros puntos críticos en este quehacer organizativo, señalados por las mujeres, refieren a las dificultades que tienen las personas integrantes del grupo con respecto a tres elementos clave que marcan la dinámica organizacional: 1) los tiempos para encontrarse, pues los amplios horarios laborales, las labores que requieren gran esfuerzo físico y las extenuantes jornadas limitan las posibilidades de agruparse; 2) la distribución de tareas, con respecto a la distribución, realización y seguimiento, pues en muchos casos se distribuyen las tareas pero muchas veces no son cumplidas; y 3) la presencia de las heridas, las cicatrices y los miedos que vinculan a la organización con una historia y con un entorno, los cuales se convierten en obstáculos o limitaciones para el avance de las acciones organizativas.
HACIA UNA PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POPULAR DESDE LAS MUJERES
A lo largo de las páginas anteriores se ha analizado los retos que presenta el ejercicio tradicional de la política pública de vivienda para los sectores populares. El artículo ha pretendido ser el inicio de un espacio de discusión con las organizaciones sociales, las entidades privadas o semiprivadas, las comunidades y las instituciones del Estado.
El protagonismo de las mujeres en las organizaciones comunales es indiscutible. Sin embargo, se sostiene que, bajo el argumento de la posición vulnerable socialmente atribuida a las mujeres en condiciones de pobreza y marginación, son ellas las depositarias de los programas y políticas sin posibilidades de reivindicación ni fortalecimiento de capacidades. Pero, ¿qué puede plantearse ante el panorama antes descrito? Se pretende en estas últimas páginas, hacer referencia a algunos elementos a tomar en cuenta bajo una propuesta de educación y organización popular. Surgen las preguntas ¿cómo construir organizaciones sociales y subjetividades desde otros lugares? y ¿cómo cuestionar el concepto de participación (tantas veces vaciado de contenido)?
Esta propuesta lleva a cuestionar el lugar de la institucionalidad que brinda tal poder al ámbito privado e individualiza las necesidades de la población en vivienda, como punto de partida para construir ciudad. Este es el primer punto a modificar: la noción viviendista de la política. La demanda no es por “cuatro paredes y un techo”, sino por el derecho a la ciudad y a un hábitat digno.
Al cuestionar el concepto de participación, este debe ir más allá de ser parte de procesos de “consulta” o presencia en reuniones, para posicionarse como una invitación a la toma de decisiones, la revisión de la realidad vivida y la creación colectiva de propuestas acordes con las necesidades de los grupos. Recuperando aquí los elementos que el feminismo comunitario coloca en el centro del bien-estar (Cabnal, 2010), se encuentra que en la base del bien vivir y de perspectivas de la psicología de la liberación, se proponen:
1) Territorio cuerpo: las organizaciones deben tener una clara conciencia de las subjetividades que tienen presencia en cuerpos marcados por múltiples historias. En ese sentido, se establece la importancia del esfuerzo por reconocer el cuerpo como espacio político. La reflexión pedagógica/organizativa del conocerse en sus cuerpos como territorios (Cabnal, 2010) implica necesariamente una referencia a las raíces de las formas de opresión que han marcados estos cuerpos y en la creación de vinculaciones que superen estas posiciones opresivas, comenzando por el patriarcado.
2) Memoria organizativa: un elemento clave para los nuevos grupos o iniciativas organizadas de lucha por el derecho a la ciudad es recuperar la memoria de sus ancestros o de sus comunidades de base que se organizaron en otras épocas. Esta vinculación es clave para la construcción de una fortaleza organizativa y la recuperación de los vínculos de movimiento por el hábitat, con otras luchas y la reivindicación de otros derechos: salud, educación, trabajo digno, transporte, etc. En ese sentido, “los componentes de memoria histórica proveen elementos simbólicos importantes que facilitarán el sentido de colectividad y de compartir un proyecto común” (González, 1999, p.15).
3) Autonomía: se requiere que las organizaciones populares que pelean por vivienda conserven un amplio grado de autonomía con respecto al poder estatal y al poder de las instancias privadas que se relaciona con su demanda de vivienda. En ese sentido, es inminente la construcción de vínculos liberadores y posiciones críticas con respecto a “las ayudas” y a las posiciones ligadas a un discurso de “caridad” (modelo de dar todo al “necesitado”) frente a un enfoque de Derecho a la ciudad. En ese sentido, es clave el respeto a la dignidad humana. Cabe señalar, en ese sentido, la importancia de cuestionar críticamente las propuestas que, desde las instituciones buscan promover la participación mediante programas preestablecidos, que delimitan desde arriba el cómo se da la participación. De ahí, la importancia de cuestionar ¿para qué la organización? y ¿para quiénes? Si la organización se maneja como lo establecen las instituciones, especialmente el Estado, lo que se encontrará son estrategias predefinidas para el control social.
4) Educación política: la propuesta requiere de la dedicación a espacios de reflexión, construcción colectiva de los análisis tanto de la ideología como de las políticas existentes y su relación con los actores políticos, en este caso, los grupos organizados. Uno de los principales retos que se encuentra en las organizaciones se ubica en el campo de la comunicación: “la escucha”. Las mujeres organizadas compartieron de forma recurrente que uno de los puntos de preocupación es la posibilidad de escucharse a lo interno de los grupos organizados. Además, estos grupos señalaron que la comunicación como espacio de educación, fue parte central de las capacidades educativas desarrolladas, de cara a mejores modelos de convivencia. Esto ha requerido trabajar en grupos la forma en la cual se comunican las reglas y acuerdos básicos para hacerlo. Esto con el fin de mantener una adecuada comunicación a lo largo del tiempo y a través de las diferentes generaciones que conforman la comunidad.
En este punto se considera necesario una postura crítica por parte de las organizaciones con respecto a las entidades autorizadas para tramitar los procesos de bono de vivienda u ong que acompañen los procesos de organización en torno a esta temática. Este paso conlleva la visualización por parte del grupo organizado de las estrategias que implica la cooperación internacional para perpetuar su ingreso proveniente de los países donantes, así como, entender que se trata de procesos ligados, en múltiples ocasiones, a la desmovilización popular y a la “mediación” pasiva de los grupos organizados con instancias estatales.
5) Principios éticos: implica una reflexión y una relectura sobre el vínculo con el otro, es decir, cómo construimos las relaciones y ejercemos el poder a lo interno de las organizaciones, cómo utilizamos la comunicación, cómo rompemos o reproducimos la dominación. Este posicionamiento implica el compromiso con principios más elevados que aquellos que unen al grupo en torno a una necesidad y que tienen que ver con elementos como el respeto, la supremacía de la colectividad y la procura de formas transparentes y equitativas en la toma de decisiones, respetando la diversidad de posiciones, niveles de conciencia y perspectivas.
6) Incorporación de la educación de género: se requiere de forma urgente un trabajo con las masculinidades y feminidades, que procuren descolocar el lugar en el que están las mujeres en la política, pero a la vez trabaje con las formas masculinizadas de hacer política y abra las posibilidades de redefinición de los roles de género. Teniendo claro que la propuesta está más cercana a la asistencia y no al asistencialismo, se trata de un apoyo brindado por la vía estatal o privada, pero enmarcada en lo que se denomina “asistencia técnica” en los proyectos de cooperativismo por ayuda mutua. Se trata de un tipo de asistencia técnica que devuelve el poder a la organización popular, que refuerza su autonomía, acompaña, pero respeta sus decisiones y contribuye enormemente a su construcción como colectivo.
7) Hábitat: se potencia así una demanda de hábitat encaminada a una comunidad que dialogue, que trabaje sobre la vivienda, pero fundamentalmente sobre la construcción de comunidad, espacio público y ciudad. Se busca que las demandas y proyectos contemplen a la ciudad en su conjunto como instancia que facilite el cuidado de sus habitantes (Paniagua, s.f.).
Para elaborar de mejor manera lo aquí expuesto se considera fundamental retomar lo que Gallardo (2005, citado por González, 2009) identifica como pasar de ser pueblo social a ser pueblo político. En ese sentido pueblo social refiere a “quien no es dueño de su vida y no lo sabe” y pueblo político es “quien no es dueño de su vida y lo sabe” (p. 58), teniendo como objetivo lo político, que implica reintentar reapropiarse de lo despojado. Para ello, el pueblo político tendría las siguientes características:
a. Ser sujeto individual o colectivo capaz de darle carácter a los procesos que participa, b. que ha sido sometido a un despojo fundamental, es decir, a esta capacidad de dar carácter a su vida propia y c. que sabiendo de dicha condición de despojo, intenta reapropiarse de lo que le ha sido despojado (González, 2009, p. 58).
CONCLUSIONES
Al finalizar el recorrido por estas reflexiones es posible establecer algunas conclusiones iniciales. Se ha indagado sobre cómo las mujeres tienen un lugar construido desde la institucionalidad pública (política de vivienda) y privada (entidades que participan en la realización de la política), el cual está centrado en una construcción política que prioriza la dependencia y la pasividad.
Al profundizar en la política de vivienda, se descifra el peso de la institucionalidad y su forma actual para enfocarse en el asistencialismo y la individuación. Sin embargo, no se pretende dejar la imagen de que las políticas públicas y el Estado son los únicos perpetradores de sujetos sociales, por el contrario, el panorama político implica analizar el papel de otros sectores, especialmente las entidades autorizadas, que se componen de entes públicos, privados y semiprivados.
Luego fue posible indagar qué hacen las mujeres frente a estas realidades y condicionamientos que les presenta la institucionalidad. De allí, que fue central analizar las formas en las cuales se presentaron en algunos proyectos de vivienda, la reproducción del patriarcado, a través de la emulación de formas patriarcales dentro de las organizaciones.
Se aspiraría a que las mujeres organizadas puedan romper con estos elementos ideológicos/subjetivos que atraviesan sus prácticas organizativas en múltiples casos, y abordar en la construcción de vinculaciones más autónomas y trabajadas en sus aspectos políticos. Se cuestiona de esta forma la visión tradicional de participación.
Un aspecto central de importancia para el abordaje de las necesidades con respecto al derecho a la ciudad de las poblaciones de sectores populares, tiene que ver con el trabajo sobre la autonomía económica de las mujeres y las posibilidades que les brinden las ciudades para que colectivamente y espacialmente se aborden las labores de cuidado de una manera corresponsable entre los diferentes actores sociales.
Finalmente, con la propuesta de organización popular realizada en el artículo se espera abrir la discusión con aquellos sectores involucrados en estas temáticas, anhelando un cambio amplio en el abordaje de estas áreas por parte de la sociedad en su conjunto. Se apunta hacia formas más autónomas de organización, que recuperen una reflexión sobre el territorio-cuerpo, los principios éticos centrales para el bienestar, la educación política, la recuperación de la memoria organizativa y la educación de género, así como reivindicaciones de hábitat, más allá de una vivienda. El derecho a la ciudad es central como reivindicación orientadora de estos esfuerzos.
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Fecha de ingreso: 02/07/2017
Fecha de aprobación: 15/12/2017