Rev. Ciencias Sociales 162: 91-105 / 2018 (IV)
ISSN: 0482-5276
Golpe de Estado, prensa escrita y asesinatos de periodistas en Honduras
Coup d’état, written press and murders of journalists
in Honduras
Omar Santiago Herrera*
Resumen
Este trabajo analiza la articulación que existe entre el golpe de Estado del 2009 en Honduras y el incremento de asesinatos de periodistas en ese país, como resultado de la reconfiguración de las relaciones de poder entre actores sociales locales e internacionales; así como, el encubrimiento del golpe de Estado realizado por la prensa escrita, mediante el examen del discurso ideológico-político empleado en distintos artículos de periódico.
Palabras clave: HONDURAS * GOLPE DE ESTADO * PERIODISTAS * PRENSA * HOMICIDIO
Abstract
This paper analyzes the articulation that exists between the 2009 coup d’état in Honduras and the increase of journalists murders in that country, as a result of the reconfiguration of power relations between local and international social actors at that time; as well as the concealment of the coup d’état carried out by the written press, through the examination of the ideological-political discourse used in different newspaper articles.
KeyWords: HONDURAS * COUP D’ETAT * JOURNALISTS * PRESS * HOMICIDE
* Sede de Occidente, carrera de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Costa Rica.
omsahero@gmail.com
Introducción
La tesis propuesta en este trabajo es que el golpe de Estado en el 2009 en Honduras fungió como un proceso reconfigurador de las relaciones de fuerza entre actores sociales, mediante el cual, no solo los grupos de poder tradicionales de ese país retomaron el control sobre los movimientos populares organizados —principalmente de la zona norte hondureña, como el Movimiento Unificado del Aguán (muca) o el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (copinh)—, sino que permitió la vigilancia sobre una serie de periodistas alejados de las líneas editoriales, cuyos dueños son las mismas personas que financiaron o tuvieron alguna vinculación con el golpe.
En este sentido, el trabajo procura explicar el cómo se relaciona el golpe de Estado del 2009 con el estrepitoso incremento de casos de asesinatos de periodistas en Honduras, a través del análisis de los principales diarios hondureños y costarricenses. Se pretende
específicamente:
1) Mostrar el papel de legitimación realizado por la prensa hondureña y costarricense, hacia la acción del golpe de Estado a partir de la divulgación de una serie de estereotipos políticos de análisis empleados por las notas periodísticas publicadas los días inmediatos a este suceso.
2) Analizar el golpe de Estado del 2009 a la luz de la tesis de la reconfiguración de las relaciones de poder entre actores sociales internos y externos en la escena política hondureña.
3) Establecer una correlación entre el golpe de Estado del 2009 y el incremento de los asesinatos de periodistas en Honduras, a pesar de que los principales medios de comunicación de ese país forman parte de la élite económica que favoreció el golpe.
A nivel metodológico, se seleccionaron los tres periódicos hondureños de mayor alcance nacional: La Tribuna, El Heraldo y La Prensa, los cuales a su vez, son propiedad de dos de los principales empresarios de ese país: Carlos Flores Facussé (fundador y propietario de La Tribuna) y Jorge Canahuati Larach (fundador y propietario de los otros dos periódicos bajo el Grupo opsa S.A), ambos vinculados a la persecución de movimientos campesinos hondureños y patrocinadores del golpe de Estado.
Asimismo, se recopilaron y examinaron las notas desarrolladas por la prensa costarricense (Periódicos Al Día y La Nación), específicamente de los diarios propiedad del Grupo Nación S.A., que dieron cobertura al golpe de Estado en Honduras, con el fin de cotejar las fuentes de ambos países y demarcar las tendencias del discurso político y sus estereotipos de análisis. Asimismo, analizar la información que proporcionaron los años posteriores en los casos de asesinatos de periodistas en Honduras.
Cabe justificar la escogencia de las notas periodísticas costarricenses sobre este acontecimiento, debido a que, desde la década de los 80, durante la primera administración de Óscar Arias Sánchez (1986-1990), Costa Rica ha desempeñado un papel fundamental para la consecución de los objetivos de la geoestrategia estadounidense en Centroamérica, como bien demuestra Chomsky (2003), siendo el golpe de Estado del 2009 en Honduras parte de esta red de acciones.
Discursos políticos sobre el golpe de Estado en Honduras
Durante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y los días posteriores, la prensa costarricense desempeñó una doble función: 1) la legitimación del ideologema ochentero de la nación costarricense como ejemplo de “la” democracia frente a sus vecinos cercanos y 2) la legitimación de las acciones cometidas por el grupo golpista en Honduras, a través de una serie de mecanismos político-discursivos que, en un segundo nivel, legitimaron las acciones de dominación del gobierno estadounidense en la región centroamericana.
En este sentido, la exposición de algunos de los artículos periodísticos publicados durante el golpe de Estado del 2009 en Honduras por la prensa costarricense, permite evidenciar la articulación entre grupos de poder regionales que se asocian en determinados momentos y para determinados objetivos como lo muestran los recursos discursivos empleados.
A nivel analítico, este estudio se enfocará en dos estereotipos políticos predominantes, ya enunciados por Gallardo (1989): la reducción de la política a la acción de individuos excepcionales y los acontecimientos locales, desconsiderando las tramas internacionales que los constituyen y determinan. Ambos permiten obnubilar las posibilidades de comprensión del fenómeno acontecido.
El primero puede observarse con claridad en la focalización del discurso en las figuras de Zelaya-Micheletti. Tal focalización llegó a dimensiones caricaturescas como las que pueden apreciarse en la nota del día 20 de junio de 2009 publicada en el diario La Nación: “Zelaya llegó en camiseta de dormir, como reconoció el propio presidente depuesto de Honduras. Arias invitó a Zelaya a viajar juntos a Nicaragua a la reunión centroamericana” (Mata, 2009).
De hecho, el artículo se titula: “Arias condena derrocamiento y expulsión de Manuel Zelaya”; es decir, la complejidad de la acción política es reducida a una figura individual: Zelaya es el expulsado, lo que ocurre a la ciudadanía hondureña y las causas de ello, no resulta tan importante de analizar como el hecho de que Manuel Zelaya llegó a Costa Rica en pijamas.
Este modo de enfocar el título con relación al contenido del artículo permite ocultar el conjunto de mediaciones que constituyeron este acontecimiento: la intervención de los aparatos militares en el gobierno, el silenciamiento por parte de la Conferencia Episcopal hondureña que apoyó el golpe, al obispo de la diócesis de Copán, Luis Alfonso Santos y a otros sacerdotes que tomaron una posición adversa, el papel de los medios de comunicación mencionados y los grandes empresarios nacionales, entre otros, que culminan con la huida de un presidente legítimamente electo a suelo costarricense.
Ese mismo día, el diario El Heraldo de Honduras publicó una nota titulada: “En multitudinaria marcha celebran que Honduras salió del yugo de Hugo Chávez”, en la que, no solo ocultan los hechos ocurridos, sino que concentran el peso del mensaje que se desea transmitir en la figura de Zelaya Rosales:
Volviéndose un mártir, Zelaya explicaba en el organismo internacional que su separación legal del cargo fue “un crimen”. En la cita, el desterrado presidente no habló sobre la escandalosa corrupción en su gobierno, sobre el incremento de las narco-avionetas provenientes de Venezuela, y sobre la violencia y criminalidad que reinó durante su administración, sin que hiciera nada por contrarrestarla (El Heraldo, 29/06/2009).
Existen al menos aquí tres elementos argumentativos articulados: 1) los problemas del país son culpa de Zelaya, 2) por ello sus denuncias a nivel internacional no corresponden a ningún “crimen”, sino a un gesto de auto-inmolación pública del individuo, 3) de ahí que, las acciones cometidas contra este individuo son legales, pues él violentó la ley (lo acusan de narcotráfico y corrupción). Dato relacionado es que, si las acusaciones son ciertas, lo que procedía era un proceso jurídico-administrativo en su contra, no un golpe de Estado con participación de los aparatos militares del país. La misma nota prosigue con este análisis politicista ahora combinándolo con el recurso ideológico del anticomunismo:
Democracia si, comunismo no; que lo arresten que lo arresten, si Chávez vine acá, la muerte encontrará” gritaba la multitud mostrando un total repudio a quien hasta el sábado fue su presidente, y que fuera separado de su cargo por no respetar la Constitución y las leyes.
No fue golpe, Micheletti legítimo sucesor constitucional”, decían centenares de pancartas que portaban y levantaban los manifestantes mientras gritaban consignas de repudio a las acciones ilegales de Zelaya (El Heraldo, 29/06/ 2009).
Puede verse cómo el proceso del golpe de Estado (que accionó los aparatos militares, demandó el uso del Estado de excepción, recurrió a los aparatos ideológicos mediáticos y religiosos para su legitimación e incluso, involucró a los países del continente a través de la Organización de Estados Americanos-OEA), quedó reducido al binomio: Chávez-Zelaya/Micheletti y a un proceso de cambio constitucional de la presidencia. Aquí, la figura del pueblo desempeña un simple recurso ideológico-legitimador del argumento.
Esta misma lógica se encuentra también en la nota del día 30 de junio del mismo año en el diario La Nación, por uno de los columnistas más representativos y tradicionales de dicha empresa: “Zelaya es el perjudicado más visible de ese proceso, pero esto no quiere decir que sea una víctima inocente. Porque fue él quien dio el paso inicial en la cadena de hechos que condujo al golpe” (Ulibarri, 2009); añade más adelante: “Así, mientras Zelaya fue el instigador del golpe que lo sacó del poder, sus adversarios, al destituirlo, lo convirtieron en la víctima que nunca mereció ser” (Ulibarri, 2009). Finalmente concluye: “Para restituir la institucionalidad de forma sostenible, no bastará con el regreso de Zelaya a la presidencia. Su restitución debe darse, pero en el marco de un entendimiento aceptado por las partes y verificado por árbitros externos” (Ulibarri, 2009).
Ulibarri reduce también un fenómeno histórico a un conflicto de solo dos actores (Zelaya y sus adversarios) y por ende, la resolución del conflicto a un tema de entendimiento arbitrado de las partes, ¡en nada más y nada menos que el marco de un golpe de Estado!
Igual sucede con la publicación del 05 de octubre de 2009 en el diario El Heraldo, “Manifestó [Roberto Micheletti] que la condición primordial para su renuncia, es que Zelaya se comprometa a no “orientar ni a provocar disturbios de ninguna naturaleza” que afecten el proceso electoral”. Misma línea mantiene dos meses después, en la nota publicada el 02 de diciembre, bajo el título: “Zelaya tiene que aceptar la decisión del Congreso: Micheletti”, en la que, los procesos de la institucionalidad política hondureña se limitan a la divergencia existente entre Zelaya y Micheletti.
La figura excepcional de Zelaya fue, para la prensa escrita, la culpable de establecer disturbios (objeto per se indeterminado a la lógica de lo que el emisor del mensaje considera como disturbios), mientras que Micheletti (al ser una supuesta interlocución exclusiva entre dos individuos), es colocado como el paladín que sostiene la totalidad del orden público y político del país.
En resumen, el golpe de Estado fue reducido-ocultado a un conflicto entre dos individuos, donde Zelaya es representado negativamente como sinónimo de desorden, mientras la figura de Micheletti es investida como la del ordenador del caos y en consecuencia, restituidor de los valores democráticos de la sociedad hondureña, lo cual, lo colocaría en las antípodas del golpe de Estado: ¡aunque él mismo fuera uno de sus principales perpetradores!
Un segundo estereotipo de análisis político, como indica Gallardo (1989), consiste en la reducción del examen de las acciones políticas a fenómenos meramente locales o nacionales, o bien, se considera un encuadre internacional, siempre y cuando “… este contexto es un elemento puramente exterior, un mero marco o encuadre que acompaña a los procesos locales o nacionales que siguen siendo la “esencia” de la verdad política” (Gallardo, 1989, p.35).
Para solidificar este imaginario fue necesaria la estrategia geopolítica impulsada por Estados Unidos, la cual consistía en abrir un proceso de diálogo y negociación entre las partes. El 07 de julio de 2009, el periódico costarricense Al Día (propiedad del Grupo Nación s.a.) avisó del nombramiento del mandatario costarricense Óscar Arias Sánchez como mediador de este proceso.
Al menos dentro del canon de valores de la institucionalidad de Derecho moderno, un mediador supone una figura neutral entre las partes en disputa; es decir, el gobierno estadounidense una vez más echa mano de Óscar Arias, encubierto también con el favor de la prensa escrita costarricense y hondureña, para ser presentado como un actor neutral en torno al golpe.
Al respecto, el periódico La Nación publicó el 29 de junio un artículo donde se citan las siguientes palabras del presidente Óscar Arias: “Este golpe de Estado es un retroceso en ese avanzar a la democracia en toda la América Latina” (Mata, 2009). Las palabras de Óscar Arias ocultan más de lo que muestran, como ya Foucault (1992) había advertido metodológicamente sobre el orden de los discursos.
“La” democracia funge como concepto/valor deshistorizado y abstracto al ser posicionada de manera singular, tal como señala Gallardo (2007). Colocado de esta forma, el concepto funge como recurso legitimador de las acciones que por este se realicen.
Para el caso particular, la fórmula es la siguiente: 1) en cuanto Honduras posee un momento de crisis de “la” democracia, requiere de intermediación; 2) en cuanto Óscar Arias representa “la” democracia, debe ser el mediador en la crisis, 3) en conclusión, aquellos o aquellas que posean apertura al diálogo con Óscar Arias son democráticos porque contribuyen al avance de “la” democracia en América Latina, de esta forma, los sectores golpistas, pueden ser sumados a “la” democracia con el simple hecho de participar del diálogo constituido por “el” mediador democrático.
Constituido este escenario de legitimidad política, los sectores golpistas cuentan ahora con un mayor margen de maniobra internacional (esto sin contar el apoyo internacional de Estados Unidos, hecho que se analizará más adelante), que les permitió configurarse como un actor dialogante, cuando en realidad debería ser sometido exclusivamente a la sanción internacional y su consecuente destitución.
La trampa estaba preparada para Manuel Zelaya y todo aquél que lo respaldara. Efectivamente, esta fue activada el 25 de julio de 2009: ese día el presidente venezolano, Hugo Chávez, criticó a Óscar Arias Sánchez señalando que, este obedecía órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos; lo cual, contribuyó a reforzar el argumento de los sectores golpistas para justificar sus acciones, pues acusaban a la administración de Zelaya de ser aliada del chavismo.
Reforzado el argumento mediante el binomio Chávez-Zelaya, este último y sus seguidores son colocados fácilmente como antidemocráticos, ya que atacan “la” democracia investida en la figura de Óscar Arias y el proceso de diálogo y negociación; en oposición, ahora los aparatos y sectores golpistas son democráticos porque poseen apertura al diálogo con Óscar Arias y porque atacan las acciones de Hugo Chávez y Manuel Zelaya (principio lógico de exclusión), a lo que se suma además, la negativa de Manuel Zelaya para negociar o dialogar.
De hecho, fue la actitud de Zelaya sobre su negativa de negociar con Roberto Micheletti y el sector golpista (aunque no existiese ninguna razón para que él negociara, puesto que es el legítimo presidente de Honduras, democráticamente electo por votación popular), la que fue resaltada por la prensa nacional, tal como puede verse en los artículos de Murillo del 09 de julio de 2009 en La Nación y por ese mismo periódico meses después, el 22 de septiembre de 2009, al anunciar que Micheletti daba por cerrada la negociación debido a la postura de Zelaya sobre el proceso.
De esta manera, Zelaya fue responsabilizado, a través de la prensa, por el fracaso de las negociaciones, cuyo fin, en todo caso, nunca estuvo claro, puesto que ninguna de las partes cedería su posición en torno al tema central en disputa: quién debe gobernar Honduras.
La otra consecuencia de este proceso y de la forma estereotipada en que fue tratado, fue la construcción de otro binomio: “dentro” de Honduras se encuentra “la” democracia (el diálogo entre las partes, como si se encontraran en igualdad de condiciones) y “fuera” la antidemocracia (Hugo Chávez y el alba); por ello, para volver a la senda de “la” democracia, hay que enfocar todos los esfuerzos en el “plano local”, pues ahí están las soluciones.
Una elaboración más detallada de esta lógica de análisis se encuentra en un artículo publicado el 31 de julio de 2009 por el diario El Heraldo (seis días después de las declaraciones de Hugo Chávez), donde también se aborda el tema de las negociaciones entre Zelaya-Micheletti:
La idea de que las delegaciones internacionales vengan a Honduras a dialogar con los diversos sectores se busca una salida nacional a la crisis, ya que las personalidades internacionales obtendrían la visión de los sectores nacionales y no solamente la de Zelaya y de la oea.
Pero Arias tiene el control de la mediación, ya que obtiene el respaldo absoluto de la comunidad internacional, excepto de los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (alba) y del propio Zelaya, que ya no aceptan su papel en el caso hondureño.
El presidente venezolano Hugo Chávez ha criticado a Arias y lo ha atacado con epítetos como “indigno”, ya que a juicio del mandatario de Caracas su par costarricense es un instrumento de Washington.
El argumento comienza por el objetivo: una salida nacional a la crisis, es decir, se reconoce que hay crisis; sin embargo, contradictoriamente, el artículo elabora una escisión entre lo que es-nacional y lo que no-es-nacional, en la que Zelaya no es nacional ni representa a ningún sector nacional-hondureño, puesto que, la apertura a la llegada de las delegaciones internacionales se da con el fin de que estas escuchen a los sectores nacionales, un sujeto indeterminado, abstracto y general que representa a todos, pero a ninguno en específico a la vez, porque no los indica. Al menos se sabe que Zelaya no es de estos sectores.
Realizada la construcción de ese imaginario de escisión, la crisis ha sido producida por actores externos, de ahí que la salida-solución deba ser nacional, es decir, los culpables de la crisis están “afuera” y la solución se encuentra “adentro”. Por eso, la nota no tiene reservas para exponer a sus culpables: Manuel Zelaya, Hugo Chávez y el alba, en cuanto, están en contra de Óscar Arias quien posee el respaldo absoluto de la comunidad internacional. Ahora, si el respaldo es absoluto, Manuel Zelaya, Hugo Chávez y el alba tampoco forman parte de la comunidad internacional, es decir, no son reconocidos y por tanto, no son sujetos legítimos.
De esta manera, se da una anulación doble en beneplácito de la reducción del análisis a un fenómeno nacional-local: 1) hacia los delegados internacionales quienes únicamente deben escuchar, pues no es deseable que la solución provenga desde instituciones u organizaciones internacionales (fungirían solo como un procedimiento que otorga legitimidad internacional) y 2) hacia los actores críticos de los acontecimientos y procedimientos que se están realizando.
Así pues, mediante estos dos constructos ideológico-políticos se desarrollan tres encubrimientos: 1) el golpe de Estado como una acción conjunta de estructuras económico-empresariales, la institucionalidad política, los aparatos militares y clericales hondureños (Gallardo, 2012); 2) la intervención estadounidense como des-articuladora de las decisiones de condena tomadas por la OEA en nombre de la Carta Democrática Interamericana (artículos 17, 20, 21 y 22), en beneficio de los aparatos golpistas aliados hondureños y 3) el ataque sistemático contra los sectores populares (organizados y no organizados) de la ciudadanía.
El siguiente apartado profundizará con mayor detalle estos tres encubrimientos, que según lo analizado, fueron construidos por los sectores económico-políticos dominantes de Estados Unidos, Costa Rica y Honduras.
Reconfiguraciones de las fuerzas sociales en Honduras
Un golpe de Estado es una acción política planificada que impone abruptamente, por medio del uso de la violencia, un cambio en la dirección/control del aparato estatal o conjunto de instituciones que lo conforman, reconfigurando de este modo la correlación de fuerzas entre actores socio-políticos.
La toma del poder político posibilita a un o una serie de actores, aunada a la desaparición-exterminio de sus opositores, la reorganización del conjunto del cuerpo social, debido a que, como señala Gramsci (2011):
El Estado, en cuanto es la misma sociedad ordenada, es soberano. No puede tener límites jurídicos; no puede tener límites en los derechos públicos subjetivos, ni puede decirse que se autolimita. El derecho positivo no puede ser límite del Estado ya que puede ser modificado en cualquier momento por el Estado mismo en nombre de nuevas exigencias sociales (p.152).
Esta ausencia de capacidad auto-limitativa del Estado, en cuanto poder soberano, no solo es deseable, sino necesaria para los actores sociales que disputan la implantación y establecimiento de un determinado proyecto socio-económico favorable a sus intereses particulares. Dichos actores sociales pueden ser tanto locales como internacionales.
Para el caso específico hondureño en el 2009, la coyuntura se caracterizaba por la agudización de la fractura interna entre sectores de la burguesía local y la dinámica regional latinoamericana de ese momento, donde preponderaba el ascenso de gobiernos reformistas en la mayor parte de países de América del Sur (Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, los Kirchner en Argentina, José Mujica en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia), en tensión directa con los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos en América Latina.
Precisamente, la fractura interna entre sectores de la burguesía hondureña se entiende a partir de la coyuntura latinoamericana de ese momento. El viraje reformista en varios países de la región sobre su política económica y social interna, cuyo punto de inicio fue el triunfo electoral del psuv en 1998 en Venezuela, como señalan Pirker y Núñez (2010) y Aguilar (2009), tensa la legitimidad de las democracias procedimentales en la región, hasta ese entonces legitimadas en Centroamérica por los Acuerdos de Esquipulas y representadas por el ideologema del “retorno a la democracia”.
La suma de la administración Zelaya a esta tendencia reformista es el resultado del diagnóstico de su gobierno sobre la crítica situación socio-económica del país en ese momento, puesto que dificultaba su gobernabilidad: según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2009), los niveles de pobreza de Honduras para el año 2007 alcanzaban el 68,9% de la población y el índice de desigualdad era de 0.580, puesto que el 10% de la población más rica del país ganaba 37% de los ingresos per cápita, mientras que el 40% más pobre apenas sumaba el 10%.
A lo anterior se de debe sumar, como señalan Piker y Núñez (2010), la devastación del 30% de la tierra cultivable, el 70% de los cultivos y los daños en el 80% de la infraestructura por el huracán Mitch en 1998, cuya recuperación se vio limitada por la ineficiencia de las instituciones estatales, las dificultades de recaudación fiscal y la línea neoliberal impuesta por Estados Unidos a través del CAFTA, el cual nunca generó las inversiones necesarias.
Así, el viraje de este sector de la burguesía local, articulado políticamente en el Partido Liberal, ocasionó que los antiguos grupos de poder hondureño (militar, empresarial, clerical y político), bajo el respaldo del gobierno estadounidense, realizaran un golpe de Estado el 28 de junio de 2009, demostrando al menos dos cosas:
1) La primera es quién es el grupo que domina en/a Honduras, puesto que, el golpe evidenció la preeminencia de un sector de la burguesía local (con fuertes aires extranjeros, puesto que destacan inversores de origen árabe), entre los que se puede mencionar a: las familias Facussé Larach y Goldstein (con negocios en los medios de comunicación, banca y sector alimentario), así como a Rafael Ferrari (Corporación Televicentro s.a.), la familia Canahuati (empresarios textileros), Camilo Atala (banca y bolsa), José Lamas (empresario maderero), Fredy Násser (empresario energético), Jacobo Kattán (empresario textilero), Guillermo Lippman (empresario azucarero) y Rafael Flores (empresario del sector construcción), entre otros; que poseen una importante vinculación con los intereses del capital estadounidense, gracias a los réditos que dicha alianza les genera.
2) La segunda remite a la capacidad y poder de castigo inmediato del gobierno estadounidense a cualquier país latinoamericano y especialmente centroamericano, por su cercanía geográfica, ante su oposición a la línea establecida por ellos. Esto mismo puede observarse con el golpe de Estado en Venezuela en el 2002, el golpe de Estado en Paraguay en el 2012, el intento de golpe de Estado en Ecuador en el 2010, el golpe de Estado en Brasil en el 2016, la emisión por parte de Interpol de una orden de captura contra Rafael Ángel Correa y más recientemente, el amparo y legitimación de la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández en el 2017, las cuales han sido acusadas por el sector opositor (representado principalmente por las figuras de Salvador Nasralla y Manuel Zelaya), como fraudulentas, con una diferencia de apenas 1,59% de los votos.
En efecto, la retrospectiva histórica permite demostrar, gracias a estos acontecimientos y principalmente el último, que el argumento base de los sectores golpistas de 2009 de que el intento de Zelaya de perpetuarse en el poder a través de una violación a la Constitución Política del país, aplicaba solamente para Zelaya y sus seguidores, puesto que Juan Orlando Hernández hizo exactamente lo mismo, pero esta vez con la complicidad de la nueva administración gubernamental estadounidense y el silencio absoluto de la oea.
Asimismo, se demuestra que en el 2009, los principales sectores empresariales hondureños sintieron desconfianza de la administración Zelaya en materia económica y social, pues, como señala Gallardo (2012): la importación de medicamentos desde Cuba afectaba los negocios de las empresas farmacéuticas establecidas en el país, así como, el favorecimiento de los consumidores en el modo de manejo del petróleo, previa declaración de una crisis energética a inicios de su mandato; sumado por supuesto a la elevación del salario del mínimo de 182 a 291 dólares, entre otras acciones.
Las consecuencias inmediatas fueron el aislamiento interno y externo de Zelaya y sus aliados políticos, ya que las condiciones geopolíticas de Honduras son muy distintas a las del resto de los países suramericanos con gobiernos reformistas, cuyos programas tuvieron una duración más prolongada.
Los objetivos económicos de Estados Unidos en la región manifiestos en proyectos como el dr-cafta, el proyecto Mesoamérica, la Iniciativa Mérida o las distintas Estrategias de Seguridad del Sistema de Integración Centroamericana (sica), demandan el control de toda la región y por tanto, la asfixia de cualquier oposición.
Frente a esta coyuntura, el error de cálculo político de la administración Zelaya, no solo consistió en las dificultades reales de ofrecer una alternativa política sin aliados internacionales fuertes, a pesar de su acercamiento al alba para el recibimiento de financiamiento, sino también, el de no lograr conseguir conformar, como explican Piker y Núñez (2010), un nuevo bloque político con el apoyo ciudadano y de movimientos populares, debido a las características cerradas de la institucionalidad hondureña.
De esta manera, la crisis político-económica interna del país derivó en la crisis de legitimidad del gobierno de Zelaya y sus cercanos (por mencionar algunos nombres importantes: Arístides Mejía, Milton Jiménez, Enrique Flores Lanza, Patricia Isabel Rodas Baca y Raúl Valladares), auspiciada por los sectores empresariales-clericales-políticos-militares-mediáticos que acabaron por realizar un golpe de Estado.
Para terminar este apartado, cabe exponer un último acontecimiento cubierto por la prensa hondureña. El 11 de enero de 2010, día en que Roberto Micheletti fue declarado por la Asociación de Industriales de Honduras (dígase, el sector empresarial-político-militar-clerical que gobierna el país) como “héroe nacional”, este se expresó con las siguientes palabras que fueron reproducidas ese día por el diario El Heraldo:
Yo no tengo con qué pagarle a Dios esta satisfacción que me han dado en estos momentos de mi vida, cuando todo el mundo estaba de espaldas a nosotros, que no querían entender que nuestra Constitución nos da el derecho de hacer lo que hicimos los hondureños, dijo Micheletti (2010).
Posteriormente, las palabras de Adolfo Facussé (quien entregó la placa de reconocimiento al orquestador político del golpe de Estado): “Por su lado, Adolfo Facussé resaltó que Micheletti quedará como un ícono de la democracia. “Queda como inspiración de los jóvenes que han aprendido de usted los valores que construyen la nueva Honduras”, manifestó” (El Heraldo, 2010).
La “nueva Honduras” y “el derecho de hacer lo que hicimos”, son las frases que cincelan en la memoria oficial y en la vida cotidiana de los violentados y oprimidos quiénes son los que mandan, quiénes son los que deciden quién vive, quién muere, cuándo y de qué forma; incluso si esto conlleva la transgresión de los principios de la Carta Democrática Interamericana del 2001 de la oea, organismo que, en todo caso, demostró desde ese momento su incapacidad para constituir carácter vinculante si Estados Unidos está en su contra.
El último apartado se centra en comprender contra quién o quiénes se ha dirigido la violencia durante y después del golpe de Estado hasta nuestros días, a partir de la reconfiguración de la correlación de fuerzas sociales en Honduras.
Asesinatos de periodistas, violencia y sectores populares
La violencia política del golpe de Estado no se orientó contra Manuel Zelaya Rosales, quien incluso estuvo al lado de Xiomara Castro para los procesos electorales del 2013-2014 y de Salvador Nasralla en el 2017, sino que ha tenido su acento especialmente en el asesinato sistemático de campesinos y periodistas en Honduras, así como en la implementación de procesos de securitización y represión, tales como, la aprobación de la policía militar y la propuesta de creación de ciudades modelo en el país.
Honduras se caracteriza no solo por ser uno de los países más pobres de América Latina (solo por encima de Nicaragua y Haití), sino por ser uno de los más violentos, cuyas cifras son similares a las de cualquier Estado bajo una guerra declarada. Por ejemplo, para el año 2013, como muestra el diario El Heraldo en una nota del 11 de junio, Honduras se encontraba en el puesto 123 de 162 países del Índice Mundial de Paz y en la nota del día 12 de noviembre de ese mismo año, este publicó que la tasa de homicidios era de 77.5 por cada 100 000 habitantes, encabezando la lista de países de América Latina en este rubro.
Favorablemente para la ciudadanía hondureña, durante el año 2017, la tasa de homicidios disminuyó a 42.8 muertes por cada 100 000 habitantes, como indicó el periódico La Prensa el 02 de enero de 2018; sin embargo, como lo reflejan las 18 muertes en el país durante las manifestaciones en contra de la reelección de Hernández, esta disminución de muertes no ha significado la democratización de la vida pública del país, sino su securitización y por ende, el control y la vigilancia de la ciudadanía. Dos medidas implementadas durante la presente década por la administración Lobo Sosa (2010-2014) y Hernández Alvarado (2014 a la fecha) dan muestra de ello.
La primera es la aprobación de la construcción de “ciudades modelo”, cuya idea fue planteada en el año 2013 y comenzó a gestarse con mayor fuerza durante el 2017. Estos territorios se caracterizan por poseer administración autónoma respecto del gobierno, así como, la posibilidad de generar normas y políticas, sistema de recaudación de impuestos y judicatura para alcanzar sus objetivos.
En el marco de desagregación y desigualdad que se vive en Honduras, las “ciudades modelo” en primer lugar, se configuran como espacios de concentración y focalización de los medios de producción, bienes y servicios, controlados por una élite de empresarios privados con un mayor margen de maniobra político-económica y en segundo lugar, permiten la delimitación específica de las zonas marginales-periféricas y su población, posibilitando la creación de estrategias y medidas de control y vigilancia específicas.
Para ello, la burguesía económico-política hondureña cuenta, desde el año 2013, con la aprobación legislativa y su correspondiente ejecución, de un especializado aparato represivo intermedio entre la policía civil y el ejército denominado: la “policía militar”, la cual posee entre sus funciones: “El nuevo cuerpo policial podrá registrar y capturar personas, realizar allanamientos y ejercer control en barrios y colonias” (La Prensa, 22/08/2013).
Es decir, a nivel territorial se moviliza como la policía, pero a nivel de funciones se desempeña como aparato militar. De esta manera, los movimientos populares deben enfrentar ahora aparatos hiperespecializados con licencia para matar que trabajan en los escenarios locales con plenas facultades legales.
En lo referente a la situación de los movimientos populares en Honduras después del golpe de Estado, uno de los principales afectados a partir de la intensificación de los sistemas represivos implementados pos-golpe de Estado ha sido el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (muca), el cual surge desde el año 2001 para luchar contra las medidas de concentración de la tierra establecidas por el gobierno desde la década de los 90.
Solo en el año 2011, segundo año de la administración de Porfirio Lobo, como indica el periódico La Prensa (29/06/2017), fueron ultimadas 300 personas, campesinos y líderes del movimiento, que denunciaban recibir amenazas diariamente en contra de sus principales dirigentes y otros miembros de este grupo.
También en el año 2009, es decir, en la coyuntura cercana al golpe de Estado, fueron asesinados 12 sindicalistas en ese país, número que se incrementó a 23 para el año 2012: “Según la csi [Confederación Internacional Sindical], entre 2009-2012, 38 sindicalistas fueron asesinados en Guatemala, 23 en Honduras y ocho en México” (Bevan, 2013).
Asimismo, se suma la persecución y la represión de docentes y estudiantes en la huelga y toma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (unah); el asesinato de campesinos y líderes clave en todo el país, cuyo caso más sonado fue el de Berta Cáceres Flores; la persecución contra activistas de Derechos Humanos, miembros del Frente contra el Golpe de Estado en Honduras, entre otros.
Realizando una simple correlación se puede identificar que, las medidas de vigilancia y control establecidas por el gobierno hondureño después del golpe de Estado, no han contribuido a la disminución de la precariedad de las condiciones de vida de la población hondureña, pero sí han significado el incremento en la persecución, represión y asesinatos contra personas vinculadas a movimientos populares en Honduras.
El otro sector más afectado en ese país ha sido el de periodistas. El 19 de enero del año 2017, el periódico hondureño La Tribuna publicó una nota donde señaló que, para ese momento, habían sido asesinados en Honduras 69 periodistas de forma violenta (para julio de 2018, ya sumaban 72 las muertes de periodistas), sin que ninguno de los casos hubiese sido esclarecido. Entre el año 2001 y el 2008 había muerto un periodista al año, mientras que, después del 2009, el número se incrementó radicalmente.
Según una reseña publicada por el diario El Heraldo el 07 de abril de 2014, la magnitud de estos sucesos generó que Honduras se ubicara en el quinto país más peligroso para el ejercicio de la profesión de periodismo, tan solo detrás de México, Paquistán, Irak y Libia, según los datos de la organización no gubernamental Campaña Emblema de Prensa.
Según el diario Tiempo, en un artículo publicado el día 19 de febrero de 2014, al menos 100 periodistas han sufrido persecución los últimos 4 años (el periodo correspondiente a la administración de Lobo Sosa) y añade la nota:
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) denunció este martes que más de un centenar de periodistas y comunicadores sociales fueron víctimas de amenazas, persecución, atentados y agresiones en los últimos cuatro años en Honduras. […] El informe no menciona que desde el 2003 se ha registrado la muerte de 37 comunicadores, incluyendo periodistas, locutores, presentadores de televisión y camarógrafos, de los que solo un caso ha sido resuelto por los tribunales, según el mismo organismo estatal.
Por su parte, el periódico La Nación de Costa Rica incorporó una nota elaborada por el periodista Jiménez (2014) sobre los asesinatos de periodistas en Honduras, donde se muestran resultados contundentes: el golpe de Estado marca una inflexión respecto a la cantidad de asesinatos de periodistas en ese país previo a este; en menos de cuatro años murieron cuatro veces más periodistas que en doce años, en cifras esto se traduce a 7 periodistas durante las administraciones de Carlos Flores Facussé (1998-2002), Ricardo Maduro Joest (2002-2006) y Manuel Zelaya (2006-2009) y 29 periodistas durante la breve administración de Roberto Micheletti y el periodo completo de Porfirio Lobo. Asimismo se indica:
Sumado a las amenazas y los homicidios, el periodismo en Honduras también se enfrenta a retos por las presiones de poder y el acceso a la información, señalados por C-Libre, una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida en el 2001.
Este grupo advirtió, en el 2006, de que entre las limitantes para la libertad de expresión, figura que “en algunos medios se les dictan las pautas al reportero acerca de a quiénes entrevistar y a quienes no”. Sin embargo, Mairena dijo que el Colegio no ha recibido ninguna denuncia de ese tipo.
C-Libre también señaló, en un estudio sobre las publicaciones de prensa antes y después de la caída de Zelaya, la existencia de “una clara tendencia a favorecer a la facción a favor del golpe de Estado, en detrimento del sector de la sociedad que se manifestaba abiertamente en contra de este hecho” (Jiménez, 2014).
Aquí se encuentra el nudo crítico de estos asesinatos: si el medio de comunicación fue crítico del golpe de Estado y por ende, indirectamente, de los empresarios, políticos y militares que lo ejecutaron, como fue el caso del periódico Tiempo, Radio Globo y Globo tv, sus periodistas quedan expuestos evidentemente a las represalias del grupo que tomó el control y poder del país. En esta dinámica se pueden adscribir asesinatos como los de los periodistas Juan Carlos Argeñal y Aníbal Borrow.
Valdría igualmente señalar que, de forma coincidente, de la pequeña y monopólica élite empresarial hondureña, solamente los miembros de la familia Ronsenthal (dueños del periódico Tiempo) han sido procesados por la justicia estadounidense por delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico, motivo que se ha configurado en la punta de lanza para justificar las intervenciones estadounidenses en América Latina desde la década de los 90 que, entre sus alcances, posibilita la reestructuración de las fracciones interburguesas nacionales favoreciendo a aquellas que le son más serviles.
Por el contrario, si el periodista pertenece a algún medio de comunicación afín a la élite empresarial-política golpista, no solo se encuentra inmerso en un escenario de control sobre su trabajo, sino que, en caso de transgredirlo, se convierte automáticamente en una persona prescindible. Tal como sucedió en los casos de los periodistas Henry Orlando Suazo y Alfredo Villatoro de la cadena de noticias hrn, propiedad de la familia Ferrari.
De este modo, las denuncias de los casos por parte de los dueños de los medios de comunicación de la élite empresarial que favoreció el golpe de Estado, son en realidad cortinas de humo que encubren las articulaciones de una misma red de poder que domina-gobierna Honduras desde hace más de 50 años y hasta la actualidad.
De ahí que, durante la primera administración de Juan Orlando Hernández, el número de periodistas asesinados casi se duplicó respecto a las administraciones anteriores, sin que esto condujera a la agilización de los mecanismos de investigación y procesamiento en el sistema judicial hondureño.
En este sentido, los medios de comunicación de mayor divulgación en Honduras desempeñaron y desempeñan un papel fundamental, no solo en la legitimación y la reproducción de la ideología de los sectores dominantes de ese país como se evidenció en el primer apartado de esta investigación, sino en el control de la actividad periodística de ese país, violentando el principio de libertad de información.
Los dueños de los medios de comunicación hondureños forman parte del pequeño grupo de la burguesía hondura que financió y fabricó el golpe de Estado de 2009, como demuestran Becerra y Lacunza (2012) a partir del examen de los cables divulgados por WikiLeaks, en los que se observa como: Jorge Canahuati Larach (dueño de La Prensa y El Heraldo), José Rafael Ferrari (dueño de la mayor parte de las televisoras y radiodifusoras hondureñas) y Carlos Flores Facussé (dueño de La Tribuna y expresidente de Honduras), tomaron posición a favor del gobierno estadounidense y en contra de la administración de Manuel Zelaya. Esta información es también señalada por el periódico hondureño de izquierda El Libertador (2012) y el estudio de Carmona (2009).
Asimismo, la familia Facussé ha sido acusada en múltiples ocasiones por el MUCA (especialmente contra sus miembros Carlos Flores Facussé y Miguel Facussé), como los principales responsables de los asesinatos contra líderes campesinos en la zona del Aguán al norte del país, debido a sus intereses y actividades empresariales en la industria alimentaria.
En realidad, como ya desde hace más de una década Segovia (2005) señalaba, la propiedad de los medios de comunicación en Honduras se encuentra monopolizada por unas pocas familias: los Canahuati, los Facussé, los Rosenthal, los Ferrari y los Adonie principalmente, lo cual no ha cambiado en nada en los últimos 15 años. Casi todos ellos, como ha podido observarse, formaron parte de la élite empresarial que promovió el golpe de Estado y son la parte contratante del gran número de periodistas asesinados después de este.
Con más detalles, el diario La Tribuna, el día 12 de diciembre de 2013, incorporó las cifras oficiales sobre la correlación entre el número de periodistas y comunicadores asesinados entre el 2003-2013 y el sitio del crimen (39 casos impunes de los 40 asesinatos, indicando 4 más que el diario costarricense La Nación antes citado): el 52% de los asesinatos ocurrió en la vía pública, el 20% en el vehículo de la víctima, el 15% cerca de su centro de trabajo, el 5% cerca de su vivienda, otro 5% en la propia vivienda y un 3% en motocicleta.
De hecho, el diario El Heraldo (24/06/2013), en un texto titulado “Honduras: 34 periodistas asesinados en 10 años”, publicada el 24 de mayo de 2013, compila varias de las notas periodísticas que cubrieron en su momento casos específicos, mostrando la forma en que las víctimas fueron asesinadas.
El que más de la mitad de los asesinatos se haya desarrollado en vía pública durante las administraciones de Micheletti y Lobo (mismo mecanismo utilizado para las detenciones-desapariciones durante los regímenes de Seguridad Nacional en América Latina en las décadas de los 60 y 70), refleja la estrategia de “terror de Estado” implementada por los grupos político-económicos dominantes para impactar psicológicamente a la población hondureña y crear así ambientes objetivo-subjetivos de inseguridad ciudadana que justifiquen y legitimen el incremento de las medidas de control y vigilancia en el país, las cuales a su vez son utilizadas en contra de los movimientos populares y la población civil como se ha mostrado anteriormente.
Asimismo, solamente el 5% de los hechos se dio en un ambiente privado (vivienda), ya que todas las categorías implican en mayor o menor medida un escenario público que se suma a la crudeza de la violencia con que han sido asesinadas las víctimas: la mayoría por medio de heridas de bala, siendo los cuerpos abandonados en el mismo sitio del crimen para que pudieran ser vistos por la población civil hondureña y de esta manera, generar impacto psicológico con capacidad de reproducción a través de la transmisión oral y por supuesto, la cobertura de la prensa para su transmisión visual a escala nacional.
Además, casi todas las muertes se encuentran impunes, reflejando la compenetración e influencia de las élites empresariales hondureñas en su aparato estatal, ya sea por la ocupación directa de los puestos en el poder político (como ha sido el caso de los Facussé y los Canahuati) o por la vinculación de intereses económico-políticos a lo interno del grupo ampliado de poder dominante.
Estas articulaciones han generado que el aparato estatal y especialmente, el sistema judicial hondureño, se convierta en una fortaleza infranqueable para las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales y para los familiares de las víctimas que han interpuesto denuncias.
Finalmente, la actividad de periodismo crítico en Honduras deba enfrentarse a condiciones de represión y control, lo cual dificulta la cobertura y divulgación de cualquier crimen o delito cometido por los grupos de poder hondureños, exponiendo a una mayor vulnerabilidad a los movimientos populares de ese país y permitiendo desplegar sin problemas ni resistencias medidas de represión contra estos.
Conclusiones
El golpe de Estado en Honduras posibilitó la reconfiguración de la correlación de fuerzas sociales, tanto entre fracciones burguesas como entre la burguesía y los movimientos y sectores populares de ese país. En este proceso, los medios de comunicación hondureños y costarricenses desempeñaron un papel fundamental para el encubrimiento y distorsión de los hechos reales que acontecían en Honduras y que siguen desarrollándose en la actualidad.
Los casos de asesinatos de periodistas en Honduras se vinculan con el despliegue sistemático de acciones represivas llevadas a cabo por los sectores dominantes que articulan grupos empresariales, militares, burocráticos y clericales, las cuales van más allá de golpear a la profesión periodística, ya que, dichas acciones alcanzan a todos los movimientos y organizaciones populares.
La existencia de un marco de especificidad sobre los periodistas se sigue de la necesidad de encubrir qué es lo que realmente sucede en Honduras, tanto a lo interno de la clase burguesa dominante (corrupción, implicaciones con grupos paramilitares y sicariales para la expulsión de campesinos de sus tierras, lavado de dinero, narcotráfico), como en las acciones de persecución, violación y asesinato de personas.
Además, la generación de un ambiente hipercontrolado por parte de estos actores sociopolíticos ha posibilitado a su vez la reafirmación del poderío estadounidense en la región centroamericana (donde confluye también la burguesía y sectores políticos costarricenses) y con ello, la agudización de la desigualdad socioeconómica y la desagregación de la población hondureña.
Finalmente, es posible sugerir que, en términos geopolíticos, el golpe de Estado y la represión sistemática sobre los movimientos populares y la población general en Honduras, cuyo correlato es la impunidad de sus perpetradores, es una clara muestra del poder estadounidense sobre la región, el cual ha ido avanzando conforme los gobiernos de carácter reformista, emergidos durante los primeros años del nuevo milenio en América Latina, quienes han retrocedido ante las presiones económico-político-militares de este país en la región. Honduras fue solamente la expresión más cruda de la geoestrategia estadounidense para América Latina en el nuevo milenio.
REFERENCIAS
Aguilar, C. (2009) ¿Cómo y por qué del Golpe de Estado en Honduras? La sinopsis de un proceso de pacificación y democratización fallido en la región. Revista Realidad, 121, 699-707.
Así viven los golpistas en Miami. (Febrero de 2012). El Libertador, p. 8.
Becerra, M. y Lacunza, S. (2012). wiki media leaks. La relación entre los medios y los gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de WikiLeaks. Buenos Aires: Ediciones B.
Bevan, A. (24 de setiembre de 2013). El impacto económico de la muerte de sindicalistas en Guatemala. Guatemala. bbc. Recuperado de http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/09/130923_guatemala_secuestros_amenazas_muertes_ap.shtml
Carmona, E. (17 de julio de 2009) ¿Quiénes controlan la prensa, radio y tv? Los “dueños de Honduras” también poseen los medios. Rebelión. Recuperado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88782
Chomsky, N. (2003). La cultura del terrorismo. Madrid: Editorial Popular.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2009). Panorama social de América Latina. Santiago: Naciones Unidas.
Congreso aprueba ley de la policía militar en Honduras. (22 de agosto de 2013). La Prensa. Recuperado de http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/381112-98/congreso-aprueba-ley-de-la-polic%C3%ADa-militar-en-honduras
En multitudinaria marcha celebran que Honduras salió del yugo de Hugo Chávez. (29 de junio de 2009). El Heraldo. Recuperado de http://archivo.elheraldo.hn/Especiales/Honduras%20en%20contra%20de%20la%20ilegalidad%20del%2024%20de%20junio%20de%202009/Ediciones/2009/06/30/Noticias/En-multitudinaria-marcha-celebran-que-Honduras-salio-del-yugo-de-Hugo-Chavez
Foucault, M. (1992). El orden del discurso. Barcelona: Editorial Tusquets.
Gallardo, H. (1989). Elementos de política en América Latina. San José, Costa Rica: Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones.
Gallardo, H. (2007). Democratización y democracia en América Latina. San Luis Potosí: Centro de Estudios Jurídicos y Sociales P. Enrique Gutiérrez.
Gallardo, H. (2012). Golpe de Estado y aparatos clericales. América Latina/Honduras. San José, Costa Rica: Editorial Arlekin.
Gramsci, A. (2011). Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. Buenos Aires, Argentina: Editorial Nueva Visión.
Honduras cerró 2017 con 26% de homicidios menos que 2016. (02 de enero de 2018). La Prensa. Recuperado de http://www.laprensa.hn/honduras/1139798-410/honduras-homicidios-2017
Honduras registra mayor tasa de homicidios de Latinoamérica. (12 de noviembre de 2013). El Heraldo. Recuperado de http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Sucesos/Honduras-registra-mayor-tasa-de-homicidios-de-Latinoamerica
Honduras, el quinto país más peligroso para periodistas. (07 de abril de 2014). El Heraldo. Recuperado de http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Honduras-el-quinto-pais-mas-peligroso-para-periodistas
Honduras: 123 en Índice Mundial de Paz. (11 de junio de 2013). El Heraldo. Recuperado de http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Honduras-123-en-Indice-Mundial-de-Paz
Honduras: 34 periodistas asesinados en 10 años. (07 de abril de 2014) El Heraldo. Recuperado de http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Honduras-34-periodistas-asesinados-en-10-anos
Honduras: 34 periodistas asesinados en 10 años. (24 de junio de 2013). El Heraldo. Recuperado de http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Honduras-34-periodistas-asesinados-en-10-anos
Honduras: Cien periodistas sufrieron persecución en últimos 4 años. (19 de enero de 2014). Tiempo. Recuperado de http://www.tiempo.hn/portada/noticias/honduras-cien-periodistas-sufrieron-persecucion-en-4-anos
Índice de homicidios cayó en el Bajo Aguán desde ٢٠١٢. (٢٩ de julio de ٢٠١٧). La Prensa. Recuperado de http://www.laprensa.hn/honduras/1094018-410/homicidios-bajo_aguan-violencia-muertes_violentas-desarme
Industriales declaran a Micheletti héroe nacional. (11 de enero de 2010). El Heraldo. Recuperado de http://archivo.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/01/12/Noticias/Industriales-declaran-a-Micheletti-heroe-nacional
Jiménez, D. (10 de febrero del 2014). La violencia arrincona a los periodistas en Honduras. La Nación. Recuperado de http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/violencia-arrincona-periodistas-Honduras_0_1395860432.html
Los golpes de Estado han sido cosa del pasado. (29 de junio de 2009). La Tribuna. Recuperado de http://old.latribuna.hn/2009/06/29/los-golpes-de-estado-han-sido-cosa-del-pasado/
Mata, E. (29 de junio de 2009). Arias condena derrocamiento y expulsión de Manuel Zelaya. La Nación. Recuperado de http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/junio/29/pais2010941.html
Micheletti: Acuerdo pasa por el respeto a las elecciones del 29 de noviembre. (05 de octubre de 2009). El Heraldo. Recuperado de http://archivo.elheraldo.hn/Especiales/Honduras %20en%20contra%20de%20la%20ilegalidad%20del%2004%20de%20septiembre%20de%202009/Ediciones/2009/10/05/Noticias/Micheletti-Acuerdo-pasa-por-el-respeto-a-las-elecciones-del-29-de-noviembre
Murillo, A. (09 de julio de 2009). Arias continúa reunido con Micheletti. La Nación. Recuperado de http://www.nacion.com/archivo/Arias-continua-reunido-Micheletti_0_1060494050.html
Pirker, K. y Núñez, O. (2010). Cuatro hipótesis y un corolario en torno al golpe de Estado en Honduras. Revista Debates, 11(28), 119-143.
Segovia, A. (2005). Integración real y grupos de poder económico en América Central. Implicaciones para la democracia y el desarrollo de la región. San José: Fundación Friedrich Ebert.
Siguen impunes 39 casos de periodistas asesinados. (12 de diciembre de 2013). La Tribuna. Recuperado de http://www.latribuna.hn/ 2013/12/12/siguen-impunes-39-casos-de-periodistas-asesinados/
Sin resolver siguen 69 muertes de periodistas. (19 de enero de 2017). La Tribuna. Recuperado de http://www.latribuna.hn/2017/01/19/sin-resolver-siguen-69-muertes-periodistas/
Toma fuerza traslado del diálogo a Honduras. (31 de julio de 2009). El Heraldo. Recuperado de http://archivo.elheraldo.hn/Al%20Frente/listado-nota/Ediciones/2009/07/31/Noticias/Toma-fuerza-traslado-del-dialogo-a-Honduras
Ulibarri, E. (30 de junio de 2009). Después del golpe. La Nación. Recuperado de http://www.nacion.com/opinion/Despues-golpe_ 0_1058694215.html
Zelaya tiene que aceptar la decisión del Congreso: Micheletti. (02 de diciembre de 2009). El Heraldo. Recuperado de http://archivo.elheraldo.hn/Especiales/Elecciones%20Generales%202009%20del%2001%20de%20octubre%20de%202009/Ediciones/ 2009/12/02/Noticias/Zelaya-tiene-que-aceptar-la-decision-del-Congreso-Micheletti
Fecha de ingreso: 06/02/2018
Fecha de aprobación: 29/08/2018