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Organización etnopolítica en la Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina

Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 163: 27-43 / 2019 (I). (ISSN: 0482-5276)

La existencia de diversos trabajos académicos (Ratier, 1975; Amodio, 1996; Tamagno, 2001 y 2014; Maidana, 2009; Engelman y Weiss, 2015) y testimonios etnográficos ya ubican la mayoría de las oleadas migratorias entre las décadas de 1960 y 1980.

Estos datos se vuelven aún más relevan- tes si se considera que el 88,6% (165 432) de los indígenas de la rmba nació en la Argentina y que de ese total, el 61,1% (100 705) lo hizo en la provincia de Buenos Aires ( indec , 2015).

En cuanto a la educación, el documento del indec sistematiza información de la pobla- ción indígena que ha superado los 5 años de edad. Ese número asciende a los 110 366 indí- genas, de los cuales 12 605 no han completado el nivel primario, y 28 084 sí lo han hecho. Para el nivel secundario, las cifras son bastante simi- lares, ya que 23 619 no lo han completado y 26 874 que sí lo han finalizado. Por último, en el documento se distingue la formación en educa- ción superior.

Los indicadores acerca del trabajo de la población indígena que vive en la periferia de la caba distinguen entre población económica- mente activa de económicamente no activa. Al interior del primer grupo, el documento arroja que de un total de 98 682 indígenas, solo 7228 están en situación de desocupación. Ahora bien, si se suma esa cifra con el número de población no económicamente activa (45 053), se encuen- tra que el 36,8% de la población no posee un empleo formal, mientras que el 63,2% restante sí lo posee.

Por último, se puntualiza algunos re- sultados estadísticos de las condiciones de vida de las viviendas indígenas. En primer lugar, el índice de hacinamiento (2 o más personas que habitan en un mismo cuarto) es del 20,8% de un total de 73 879 hogares, siendo este un porcentaje similar al 22,8% de viviendas censadas bajo la categoría de “deficitarias ”. Cabe aclarar que en esta última noción entran todos aquellos hogares que tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material, asimismo, que no tiene provisión de agua por cañería dentro de la vivienda ( indec , 2015). En segundo lugar, ello está relacionado a las precarias condiciones de vida que un

alto porcentaje de los hogares indígenas u originarios poseen ediliciamente. Se trata de que de ese total de 73 879 hogares censados, casi un 40% no están conectados a la red de gas, por lo que utilizan garrafas, gas de tubo u otras formas de combustión ( indec , 2015).

De los datos mencionados, se puede hacer ciertas generalizaciones parciales acerca del acceso y permanencia educativa, trabajo y condiciones de vida de la población indígena que habita en los 24 partidos del gba . Una de ellas es que 4 de cada 10 indígenas urbanos no ha podido terminar ya sea el nivel primario, secundario o terciario/universitario. Los datos acerca del trabajo permiten sostener que 3 de cada 10 indígenas del gba se encuentran por fuera de una relación de trabajo formal, y que 2 de cada 10 hogares no solo tienen un alto índice de hacinamiento sino que la higiene y la seguridad de sus habitantes está altamente comprometida. Evidentemente, según los datos estadísticos, más de un tercio de la población indígena urbana y que reside en la periferia de la caba , se encuentra bajo una situación de vul- nerabilidad socioeconómica.

Ahora bien, cabe señalar que la breve presentación de datos estadísticos refiere so- lamente a un sector de la población indígena censada. Diferenciar entre estimaciones y es- tudios censales (Trinchero, 2010) se vuelve una herramienta imprescindible para elaborar cierta evaluación cuantitativa. Según Alejan- dro Balazote (2015), en cada ocasión que se llevó a cabo una medición de la población indígena le correspondió, a grandes rasgos, un motivo subyacente. Los primeros sondeos demográficos fueron durante las campañas de conquista en el siglo xix y tuvieron por obje- tivo conocer la información militar de la po- blación indígena. Las mediciones posteriores de la década de 1960 resultaron importantes para dimensionar su condición jurídica. De este modo, es que se interroga acerca de los motivos subyacentes que esconden las estima- ciones recientes dado que “en el último censo, la utilización del criterio de autoadscripción permitió reparar en las características socio- culturales (p.47).