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Claudia Alejandra Martínez Robles

Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 163: 101-116 / 2019 (I). (ISSN: 0482-5276)

INTRODUCCIÓN

En la región Sur de América Latina se han producido, en las últimas décadas, una serie de transformaciones y de propuestas críti- cas a las reformas neoliberales implementadas en la última década del siglo xx . Argentina formó parte de esta tendencia con sus particu- laridades. La apremiante situación económica que atravesaba el país durante la década de ajuste estructural, junto a la activación, orga- nización y participación política de los sectores populares y movimientos sociales que pusieron en escena nuevos actores y repertorios de ac- ción, dieron pie a la crisis política e institucio- nal que eclosionó en el 2001.

A partir de este momento, más preci- samente desde el año 2003, se produjo no un mero recambio de autoridades, sino la tarea de reconstruir y recomponer el poder político y la legitimidad del Estado. En este escenario, se abre una instancia central para este análisis, a partir de la cual sobrevienen una serie de trans- formaciones y redireccionamientos orientados a una revalorización de la intervención estatal en materia de política pública. En este sentido, el presente trabajo apuntó a analizar la dirección y los sentidos específicos que adoptó la política asistencial de corte territorial en este particular momento sociopolítico.

Estas transformaciones no solo hacen posible una intervención territorial específica sino que, al mismo tiempo, son el objetivo cen- tral de la política que se analiza en este docu- mento: el Plan Nacional de Abordaje Integral, plan “Ahí en el lugar o simplemente “Plan Ahí ( pa ) . La pertinencia del pa como referente

1 El artículo presenta los resultados parciales de una investigación más amplia de la tesis doctoral de la autora, la cual se encuentra en proceso. Su elaboración se realiza en el marco del Programa de Estudios Sobre Control Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

2 Desde su nominación, este plan manifiesta la intención del Estado Nacional de hacerse pre- sente en los territorios e indica que su finalidad primera es producir un “estar en el lugar ”. En consonancia, la revisión de la normativa en la que se basa da cuenta de que el pa se constituye con

empírico para el análisis de estas trasforma- ciones radica en que este programa se propuso como un “modelo ”, a partir del cual el Estado Nacional debía producir y ordenar sus interven- ciones en el territorio en torno a la gestión de la pobreza. A su vez, en tanto su puesta en mar- cha requirió nuevos desempeños interinstitu- cionales que se enuncian y esgrimen, política y técnicamente, en oposición al modo de gestión de “lo social que se llevó adelante durante las décadas previas, así como, al acompasamiento que, por entonces, manifestó la política social y asistencial a los lineamientos y recomendacio- nes de organismos internacionales.

Por ello, la intención en este estudio fue recuperar y analizar qué racionalidades políticas orientaron las prácticas estatales que tuvieron lugar en el marco del pa . La re- flexión sobre las racionalidades permite enten- der cómo se configuran, habilitan y cristalizan ciertas conceptualizaciones y justificaciones morales para ejercer el poder. Es decir, hace posible comprender cómo los funcionarios y agentes ministeriales, en su calidad de auto- ridades de gobierno, definen qué es gobernar, a quiénes se puede gobernar, cómo hacerlo y mediante qué medios . Estas racionalidades, a

el objetivo manifiesto de ampliar y consolidar la presencia del Estado Nacional en los territorios empobrecidos a efectos del retroceso que sufrie- ron las economías regionales durante la “década neoliberal ”. Para su instalación, en los territo- rios se sirvió de la infraestructura y los recur- sos disponibles que, desde el 2004, produjo el Ministerio de Desarrollo de la Nación ( mdsn ). En cuanto al diseño de este plan, se delinearon cua- tro polos a partir de los cuales se desarrollarían las acciones, a saber: 1) Infraestructura social, 2) Organización social, 3) Productivo o de servicios, y 4) Prestaciones y Servicios.

3 Siguiendo el trabajo de Giavedoni (2012), se entiende que la racionalidad política refiere a “una forma de pensar y ejercer el poder. No alude sim- plemente a teorizaciones, ideologías o engaños, sino a formas de pensar un problema, de consti- tuirlo, de hacerlo inteligible a través de determi- nadas características y, por ende, formas de actuar sobre él (p.101).

4 Cabe destacar que la noción de “gobierno es más amplia. Sintéticamente, se debe mencionar que desde el enfoque de la gubernamentalidad, el