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Claudia Alejandra Martínez Robles
Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 163: 101-116 / 2019 (I). (ISSN: 0482-5276)
físicamente apartados. No obstante, sin negar el establecimiento de barreras de exclusión, se entiende que tales parámetros físicos tien- den a exagerar la idea del aislamiento social y a eludir que las “comunidades ” trascienden cotidianamente las demarcaciones físicas y comparten extensamente los valores generales de la sociedad.
La distinción que se produce en los diag- nósticos y caracterizaciones de los territorios antes mencionados permite comprender, ade- más, que el desembarco del Estado en el marco del pa se orientó a atender problemas especí- ficos en virtud de la particularidad de los es- pacios sociales. Si para el caso de las zonas rurales la importancia del pa radicaba en la extensión de la capacidad infraestructural del Estado, para el caso de las Villas de la Ciu- dad de Buenos Aires, la intervención estatal se propondría franquear el aislamiento y la desvinculación con la trama institucional del Estado (vinculada a la pobreza y marginali- dad producida a efectos del modelo económico implementado en los años 90). Es decir, la im- portancia de aproximar al Estado radica en la morigeración del deterioro de las condiciones de vida, expresadas en la incapacidad de acceso material y simbólico a las instituciones y agen- cias estatales.
En suma, se puede afirmar que en el Plan Nacional que se ha analizado predominó una delimitación territorial de la pobreza cuya causa es leída, principalmente, como un efecto de la “ausencia del Estado ” sobre determina- das zonas. Asimismo, se entiende que en el pa los territorios de la pobreza son heterogéneos porque las exclusiones de las poblaciones que los habitan se distinguen; o bien, por haber quedado fuera de “el desarrollo ”, de la “rela- ción salarial normal ” o de formas deseables de “integración social ” (Grondona, 2014, p.192). La enorme diversidad que albergan estos te- rritorios entre sí puede ser equiparada solo en razón de que su condición de pobreza es con- ceptualizada como “vulnerabilidad ” o “riesgo ”. Sin embargo, en este caso de estudio parti- cular, esta vulnerabilidad es concebida como resultado de una falta estatal históricamente
producida y que, como se vio, no es la misma en todos los casos.
Por otra parte, como se verá a continua- ción, el análisis permitió distinguir algunas tensiones en la dinámica de implementación que apuntaba a la coordinación de distintos ni- veles de gobierno. Estos conflictos se vinculan no solo a la heterogeneidad de los grupos y po- blaciones o de los problemas prioritarios a ser atendidos en cada uno de los territorios, sino a la capitalización política del plan como dispo- sitivo de intervención territorial que construye presencia estatal.
TENSIONES Y DISPUTAS EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESENCIA ESTATAL
La selección de las áreas de incumbencia y el acceso de las distintas agencias estatales a estas, fueron puntos sobre los que se presenta- ron desacuerdos y tensiones a nivel político e interinstitucional. Estas discrepancias se pro- dujeron, tanto entre los agentes del mdsn y los agentes estatales de los restantes ministerios, como entre los funcionarios del Estado Nacio- nal y las autoridades políticas locales, en torno a la pertinencia de la instalación de la “Nación ” (como usualmente se le denominó) y a la defini- ción de los espacios prioritarios a intervenir.
Las tensiones que se registraron a lo largo de las entrevistas realizadas permi- ten afirmar que lo entendido por los actores como el “desembarco del Estado Nacional ”, vale decir, el despliegue de sus diversas ac- ciones sobre el terreno, produjeron disputas por la capitalización de la presencia estatal. Siguiendo a Sack (1986), se entiende que cada instancia territorial involucra un modo de implementar el control tanto sobre el acceso al área como sobre las cosas dentro de ella. Sin embargo, resulta relevante destacar que lo que se presenta como objeto de conflicto en esta intervención gubernamental no fue solo la distribución de bienes y recursos que habilita mediante la política asistencial —tradicionales objetos de enfrentamiento político (Perelmiter, 2016) —, sino “la puesta en escena del acto asistencial ” y, por tanto, la presencia del Esta- do en un territorio dado.