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La intervención territorial estatal sobre la pobreza en Argentina (2008-2015)

Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 163: 101-116 / 2019 (I). (ISSN: 0482-5276)

su vez, se evidencian en los discursos políticos que configuran y expresan ciertos esquemas de la realidad, así como, en los documentos, infor- mes, evaluaciones de agentes estatales, organi- zaciones político-sociales, expertos, entre otros (Rose, 2007; Giavedoni, 2012; Grondona, 2014).

El programa observado se caracterizó por haber permitido el emplazamiento —en Centros Integradores Comunitarios ( cic ) fijos o móviles— y la circulación de una multiplicidad de agentes de diversos ministerios nacionales en lugares donde yace el “núcleo duro de la po- breza ”. Su permanencia en los diversos territo- rios puso en marcha, de forma coordinada, una serie de programas nacionales y prestaciones en materia de salud, educación, economía social, infraestructura, vivienda, seguridad, acceso a la justicia, entre otros.

Esta coordinación, a su vez, compren- dió distintos niveles de intervención guber- namental, es decir, lo local, lo provincial y lo

gobierno refiere a la conducción de la conducta, a la posibilidad de estructurar los campos de acción de los otros y de dejar actuar a los individuos ope- rando sobre los marcos de sus posibles recorridos (Foucault, 2006). Es decir, bajo esta noción se con- ceptualizan los intentos racionales, y más o menos calculados, de dirigir la acción de los sujetos.

5 Con el advenimiento del Kirchnerismo, el mdsn impulsa la creación de infraestructura para ampliar su alcance territorial, entre ello, se encuentra la instalación de los cic . Estos consisten en salones de usos múltiples construidos en los barrios con “población vulnerable ”. Igualmente, en el marco del Plan Ahí se crean los cic móviles, estos eran containers que se establecen en algu- nos barrios en los que se transportan recursos, se realizan gestiones administrativas y se otorgan prestaciones específicas a los programas.

6 Estos ministerios fueron: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Ministerio de Educación de la Nación; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; Ministerio de Salud de la Nación; Ministerio de Economía y Producción de la Nación; Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. A su vez, participaron la Administración Nacional de la Seguridad Social ( anses ) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

nacional. El despliegue de este conjunto de acciones apuntaron, en primer lugar, a materia- lizar diversos elementos tendientes a instaurar un “nuevo paradigma de la política pública —tales como el énfasis en la identificación de lazos sociales y dinámicas propias de los gru- pos sociales locales, la promoción de la parti- cipación colectiva y organizada de los actores sociopolíticos situados en los territorios y, en segundo lugar, a objetivar la idea del “retorno del Estado Nacional ”.

La promulgación del pa , en abril de 2008, se produjo en un año en el que se cierra el período de institucionalización política y re- composición económica abierta en el año 2003, dándose inicio a nueva fase a partir del deno- minado “conflicto del campo . Este conflicto generó una crisis política de gran envergadura, en un contexto de desaceleración del creci- miento económico, en el que se produce un ligero aumento del desempleo (Piva, 2015). En este escenario, desde el gobierno nacional , se impulsaron algunas de las políticas sociales más significativas de los últimos años, tales como la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social ( auhps ) que alcanzó, para el

7 Este enfrentamiento produjo una serie de impug- naciones de la burguesía agraria, que puso en cuestionamiento tanto el estilo político del gobierno, calificado como autoritario, como la delegación de las facultades en el Ejecutivo y una tendencia a la acción directa de los sectores medios urbanos, de fracciones de la clase domi- nante y de la oposición parlamentaria (Piva, 2015). A este escenario de polarización entre gobierno y oposición se le agrega la pérdida de peso relativo del oficialismo en las cámaras legislativas como resultado del proceso electoral de junio de 2009, dando lugar a un “bloque de oposición (Hintze y Costa, 2011).

8 Presidido, en ese entonces, por Cristina Fernández de Kirchner.

9 Decreto 1602/9. Promulgado en octubre de 2009. Esta política amplió la cobertura del régimen de asignaciones invocando el principio de “universa- lidad en la medida en la que incorporó a los tra- bajadores desocupados, monotributistas sociales y quienes se desempeñaban en la economía informal o trabajaban por un ingreso inferior al salario mínimo vital y móvil (Hintze y Costa, 2011).