Rev. Ciencias Sociales 165: 29-44 / 2019 (III) ISSN: 0482-5276
EL PROCESAMIENTO ESTATAL DE LAS DEMANDAS POPULARES. EL CASO DE CÓRDOBA, ARGENTINA
THE STATE PROCESSING OF POPULAR DEMANDS.
THE CASE OF CORDOBA, ARGENTINA
Gerardo Avalle *
RESUMEN
Una mirada que se aproxime a los lenguajes que asumen las demandas populares y su ins- cripción en los intersticios de la política implica, necesariamente, identificar las instancias de traducción —institucional— donde la potencia de la resistencia es transcrita en los órdenes de la administración pública. En este artículo se efectúa un análisis de la gramáti- ca popular mediante técnicas de análisis de discurso y contenido a un conjunto de entrevis- tas realizadas en el marco de los movimientos sociales en Córdoba, Argentina, durante el periodo 2004-2010. El presente trabajo se organiza en tres apartados: el primero contextua- liza la política argentina desde la percepción de los sectores populares, el caso argentino; el segundo, advierte sobre la emergencia de nuevos actores colectivos en el marco de la crisis económica del año 2001; y finalmente, el tercero desarrolla la trayectoria de los dispositivos estatales y las organizaciones populares, abordadas en los apartados anteriores, pero ahora en el territorio de la provincia de Córdoba.
PALABRAS CLAVE: PODER POLÍTICO * MOVIMIENTO SOCIAL * CONFLICTO SOCIAL * ANÁLISIS SEMÁNTICO * DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
ABSTRACT
The languages of the popular demands and their inscription in the interstices of the policy, necessarily implies identifying the instances of processing -institutionally- where the power of the resistance is transcribed in the orders of the public administration. That is why an analysis of popular grammar using discourse and content analysis techniques to a set of interviews made within the framework of social movements in Córdoba, Argentina, during the period 2004-2010 was conducted. The present work is organized in three sections: the first contextualizes the Argentinian policy from the perception of the popular sectors; the second one warns about the emergence of new collective actors in the context of the 2001 economic crisis; and finally, the third develops the trajectory of state devices and popular organizations, addressed in the previous sections, but now in the territory of the province of Córdoba.
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Universidad Católica de Córdoba, Unidad Asociada al conicet. Colectivo de Investigación El Llano en Llamas, Argentina.
avallegera@gmail.com
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KEYWORDS: POLITICAL POWER * SOCIAL MOVEMENT * SOCIAL CONFLICTS * SEMANTICS * SOCIAL AND ECONOMIC RIGHTS
INTRODUCCIÓN
El modo de inscripción de las deman- das populares en los espacios públicos es un fenómeno que advierte sobre las relaciones de fuerza en cada sociedad. Particularmente, el modo en que esos horizontes de expectativas son procesados por los dispositivos de gobierno hace visibles las tensiones del presente, los lí- mites de lo posible, y lo que queda por fuera de todo ordenamiento de poder.
Estas formas de nombrar, de construir y de impregnar los sentidos de la política están en permanente tensión. Tanto espacio público, política, como Estado y gobierno son conceptos que, más allá de la institucionalidad que los acompañe, son objeto de una puja incesante de posiciones que advierte sobre las formas de do- minación del presente.
En consecuencia, una mirada que se
La posibilidad de sostener este tipo de afirmaciones requiere de una contextualiza- ción —cronológica— que marque, dentro de la trayectoria de las políticas públicas, aquellas transformaciones que las hacen (radicalmente) diferentes de sus antecesoras, a pesar de man- tener lenguajes idénticos. En este sentido, la configuración del escenario político y social argentino ha registrado, a grandes rasgos, comportamientos singulares. Específicamente, se refiere a las modificaciones que se comen- zaron a registrar en todos los parámetros de relevancia pública: Estado, pobreza, demo- cracia, ciudadanía, derechos. En este texto, se hace parte a esas voces de demanda e impug- nación, recuperando aquellos extractos de en- trevistas y observaciones de campo realizadas durante varios años en la provincia de Cór- doba, Argentina1, que permitan comprender
aproxime a los lenguajes que asumen las de- mandas populares y su inscripción en los intersticios de la política, implica necesaria- mente identificar las instancias de traducción —institucional— donde la potencia de la re- sistencia es transcrita en los órdenes de la ad- ministración pública. Ello no supone, de modo repentino, la desaparición del conflicto; al con- trario, desde esta perspectiva es el comienzo del desacuerdo y la resistencia a ser procesados por el sistema político. En este sentido, obser- var los lenguajes con que las políticas públicas —y especialmente las sociales— interpelan y procesan las expectativas populares, permite comprender los dispositivos de gobierno des- plegados sobre la población.
La gramática popular advierte sobre el revés de una política de (des)igualdad, y esta es la afirmación que se desarrollará en este texto: la inscripción de los sujetos en los espacios públicos y las demandas por mayor igualdad se enfrentan a un riesgo permanente de des- activación política e inclusión degradada en el lenguaje de la ciudadanía.
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El corpus de datos se conforma a partir del trabajo en diferentes proyectos de investigación llevados a cabo por el Colectivo de Investigación El Llano en Llamas. A continuación se indica el periodo de duración de los proyectos y el nombre de los mis- mos. 2012-2016 Proyecto: “Territorios en Disputa. Un estudio sobre los conflictos territoriales urba- nos y rurales en la Provincia de Córdoba”. Dir: Ma. Alejandra Ciuffolini. Proyectos Pio 2011, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. 2014-2016 Proyecto: “Semántica de la conflic- tividad social en Córdoba (período 2013-2014)” Dir. Ma. Alejandra Ciuffolini. Secyt-Universidad Nacional de Córdoba. 2014-2010 Proyecto: “Apropiación/Expropiación de territorialidades sociales. Análisis comparativo de procesos de erradicación/relocalización de fracciones sociales empobrecidas, en ciudades argentinas”. Dir. A. Núñez y M.A. Ciuffolini. Universidad Nacional de Mar del Plata, foncyt. 2010-2011. Proyecto: “Cuando lo cotidiano se vuelve trágico: riesgo y seguridad en los procesos de relocalización territo- rial en la Ciudad de Córdoba”. Dir: P. Scarponetti. Co-Dir: Ma. Alejandra Ciuffolini. Secyt, Universidad Nacional de Córdoba. 2008-2007 Proyecto: “Territorios de utopías. Experiencias y expectativas en las luchas sociales urbanas y cam- pesinas de hoy”. Dir: M.A. Ciuffolini. Universidad Católica de Córdoba.
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estas transformaciones y continuidades que el relato popular advierte.
Córdoba es un estado situado geográ- ficamente en el centro de Argentina, con una población de más de 3 millones de habitantes, siendo la segunda provincia más poblada, luego de Buenos Aires. Las relaciones con la admi- nistración central siempre han sido tensas, independientemente del signo político de los respectivos gobiernos. Durante los años 90, la provincia fue gobernada por distintas frac- ciones del centenario partido Radical (UcR ), mientras la administración central era ocupada por el peronismo (PJ). A finales de década, el gobierno local pasa a manos del PJ, y el go- bierno nacional es dirigido por el mismo signo político. Sin embargo, los vínculos nunca fue- ron pacíficos y muchas de las veces excedieron las vías institucionales de resolución (Avalle e Ibáñez, 2011).
METODOLOGÍA
La estrategia metodológica seguida con- siste en la conformación de un corpus discursi- vo como referente empírico de la problemática aquí tratada, constituido por un conjunto de entrevistas realizadas en diferentes momentos temporales a diversos actores del campo popu- lar cordobés, con el principal interés de recupe- rar, mediante el análisis de contenido, aquellas gramáticas que expresaban el clima de época, sus tensiones, demandas y articulaciones, y al mismo tiempo, la configuración de las relacio- nes de fuerza en cada momento.
Los discursos muestran una continuidad quasi estructural frente al modo de pensar lo político y lo público. De ahí que se trabaje con registros de entrevistas de diferentes años, du- rante un lapso de 10 años aproximadamente, con el objeto de rescatar aquellas continuida- des, rupturas y desplazamientos que arroja la gramática popular, ya sea en tiempos de crisis sociales y políticas, o en tiempos de mayor esta- bilización política.
El presente trabajo se organiza en tres apartados: el primero, contextualiza, desde la percepción de los sectores populares, el caso ar- gentino; el segundo, advierte sobre la emergen- cia de nuevos actores colectivos en el marco de
la crisis económica del año 2001; y finalmente, el tercero desarrolla la trayectoria de los dispo- sitivos estatales y las organizaciones populares, abordadas en los apartados anteriores, pero ahora en el territorio de la provincia de Córdoba.
ARGENTINA: LA PERCEPCIÓN POPULAR DE UN MODELO EXCLUYENTE
Argentina inicia un proceso neoliberali- zador a partir de la instauración del gobierno de facto protagonizado por la dictadura militar en 1976. Este se profundiza bajo las bases del conocido “consenso de Washington” durante la presidencia de Carlos Menen (1989-1999). Durante esta década, los principales indicadores sociales (pobreza, desempleo, indigencia, salud, educación, etc.) se vieron fuertemente afectados. La dinámica de implementación de re- formas estructurales fue drástica y pocas veces consensuada. Ello supuso importantes despla- zamientos de los actores colectivos involucra- dos en la toma de decisiones, el realineamiento en el campo popular, y la emergencia de nue- vos actores organizados en torno a deman- das reivindicativas básicas como el acceso a derechos sociales, coberturas asistenciales y contención ante el creciente desempleo. Esta situación terminó implosionando en los dra- máticos acontecimientos que tuvieron lugar a finales del año 2001 y principios de 2002, refle- jo de una crisis y reconfiguración del sistema político, económico y social.
La crisis de 2001 reafirmó la dinámica del capitalismo local: no existen transiciones ordenadas, sino quiebres y permanentes dis- putas entre las distintas fracciones del capital. A diferencia de lo que ocurre en el país vecino (Brasil), el capital nacional argentino siempre fue dependiente de la política estatal y de la dinámica del capital internacionalizado. Los mercados locales (agrícola, industrial y finan- ciero) siempre se mostraron dóciles al capital internacional, incapaces de construir hegemo- nía dentro de un proyecto de acumulación, lo que implicó sucesivas crisis y transiciones caó- ticas entre cada modelo económico (Aspiazu y Basualdo, 2012; Sidicaro, 2006).
Posterior al año 2001, el Estado apare- ce como el “mediador” que confronta con los
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principales grupos concentrados de poder; y trata de consolidar un bloque hegemónico que se centre en un capital nacional productivo, industrialización de la materia prima y estímu- lo al consumo, además de promover la renta financiera y la dinámica extractiva de recursos naturales, situación que guarda cierta similitud con el resto de la región (Seoane, 2012; cePAL , 2011; Katz, 2010; Gudynas, 2009).
Esta configuración del campo de fuerzas también se tradujo en una reconfiguración del discurso político y en las propias prácticas de la estatalidad (Svampa, 2005). Parafraseando a Dagnino (2006), lo que se observa es un proce- so de “confluencia perversa” entre un proyecto político neoliberal y otro más democratizante y participativo. Resulta que, detrás de un dis- curso de inclusión que comienza a aparecer fuertemente a partir del año 2003, se observan trayectorias disímiles en lo que refiere a la im- plementación de las políticas públicas (sociales, laborales, de infraestructura, etc.) ya sean tanto a nivel nacional, pero muy especialmente en las administraciones provinciales.
En este marco, se indaga a partir de los testimonios provistos por los sectores popula- res, cómo es percibida esta dinámica del siste- ma político, y los desfasajes que aparecen entre el discurso y la práctica concreta desplegada por la estatalidad. Un análisis que luego de varios años permite mirar en retrospectiva y problematizar los conflictos, distanciándose del momento de ebullición de las luchas, al tiempo que las condiciones del presente sirven de con- trapeso frente a lo que hoy se intenta releer.
En este sentido, la situación que se ex- presa en los relatos respecto de la experiencia local no se restringe a su faceta económica, sino que se inscribe dentro de una dinámica más general de configuración de las fuerzas políticas en relación a la dinámica del capital. De ahí que la debacle neoliberal comience en la práctica y en los relatos a partir de la última dictadura militar. La herencia de la dictadura no solo fueron modelos económicos excluyentes y restrictivos (“para pocos”), sino también la tragedia y el genocidio (“destruida”) para toda una generación de militantes.
Los que tenemos hijos queremos dejarles algo, ya que nuestra generación, la famosa generación del setenta, ha sido destruida por el proceso, y los que quedamos somos la borra, y por eso tenemos los dirigentes que tenemos (Coordinadora de Asambleas Barriales, vecino 01, comunicación perso- nal, Córdoba, 2002).
… con ese eufemismo se planteaba que había que privatizar la salud, privatizar los ferrocarriles, privatizar(-) era la rece- ta concreta del fin del Estado de bien- estar, de un modelo, que con sus pro y sus contras, veníamos construyendo los argentinos (Central Sindical, Central de Trabajadores Argentinos, sindicalista 01, comunicación personal, Córdoba, 2005).
El proceso neoliberal es claramente iden- tificado como un producto gestado a partir del último golpe cívico militar. Es precisamente en ese acto constitutivo donde se inicia un cambio de paradigma y las generaciones siguientes son las que debieron atravesar las consecuencias estructurales del cambio de políticas y la pri- macía del mercado.
Pero nosotros luchamos contra un mode- lo que estuvo vigente en esta Argentina desde la dictadura militar en adelante que bueno, que fue el modelo que nos dejó como estamos digamos, hechos mierda. Y bueno, peleamos básicamente con eso y con cualquiera que lo represen- te a ese modelo (Movimiento Piquetero, Barrios de Pie, piquetero 06, comunica- ción personal, Córdoba, 2005).
… en los noventa fue Menem, en el 2001 De la Rúa, hoy qué sé yo, acá en la Provincia De la Sota... ¿me entendés? Gente que está ligada al liberalismo y que... siguen construyendo un país para pocos y no para todos (Movimiento Piquetero, Barrios de Pie, piquetero 05, comunicación personal, Córdoba, 2005).
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Por esta razón, cuando se recupera la tesis de la “confluencia perversa” de proyectos políticos (Dagnino, 2006) y se afirma que dentro de cada relación de fuerza dominante persisten las consecuencias y tensiones de cada fracción de poder, no se hace más que intentar compren- der la aparente contradicción entre el relato de la “inclusión” que la política “neoliberal” expre- sa, esto es, la inscripción de la política estatal en un lenguaje de derechos, un estado presente, interventor, pero bajo un marco global domina- do por las reglas del mercado, y la percepción social de cierta continuidad de la situación de exclusión y desintegración social en el presente.
… hablar de desocupación en la Argentina es hoy, después de todo el proceso de privatizaciones, es hablar de un problema estructural que no se va a solucionar de un día para otro o con discursos bonitos. Pibes que a la mañana van y toman el desayuno en la escuela, comen en el comedor de la escuela, a la tarde van a la copa de leche, y a la noche pasan por el comedor de algu- na organización para retirar la comi- da. Eso hace ya 8 años atrás que viene sucediendo, qué perspectiva puede tener un pibe que se ha criado de esa mane- ra (Movimiento Piquetero, Movimiento Teresa Rodríguez, piquetero 02, comuni- cación personal,Córdoba, 2005).
El salario nuestro es consecuencia de todas las medidas de ajuste que se aplica- ron a la última década, donde obviamente nos redujeron nuestro poder adquisitivo y otros sectores han hecho tremendas y hacen ganancias (Sindicato, Asociación de Trabajadores del Estado, sindicalista 01, comunicación personal, Córdoba, 2006).
Es que la crisis de un proyecto político (económico, social, cultural) que en cierta forma se expresó en los acontecimientos del año 2001, no supuso una ruptura total con la institucionalidad y los modos de participación políticas instituidas durante las décadas previas. En este sentido, durante los 90, la
construcción democrática y de ciudadanía discurrió, utilizando las palabras de Dagnino (2006), en la consolidación de un “proyecto neoliberal” que logró ocultar, temporalmente, las tensiones entre Estado, mercado y sociedad. Esto supuso la privatización del espa-
cio público, su fragmentación, la retracción del Estado y la producción de un ciudadano consumidor. Ese marco de acción, de prácti- cas culturales y de formas institucionales no desapareció; en última instancia, comenzó a reconfigurarse. Una tensión inmanente a la constitución de dos proyectos, que en cierto modo confluyen contemporáneamente (y per- versamente) en una “forma” de relación geren- cial entre Estado y sociedad. Sin embargo, los contenidos de los proyectos no confluyen, el conflicto entre ellos se torna más oculto.
El relato que sigue a continuación ex- presa esa tensión entre una práctica política que intenta desandar un modo de concebir lo público y lo político, y por otro lado, la posición subjetiva que referencia y ancla a los individuos dentro del sistema social; un horizonte que se vuelve chato, donde las políticas o estrategias de subsistencia no logran convertirse en prácti- cas de autogobierno y autogestión.
Las Asambleas, tratando de construir una cuestión novedosa que intente un sentido de justicia a través de la parti- cipación política fuerte, se encuentran con límites muy concretos, ninguno de los asambleístas se ha planteado salirse como ciudadano, como contribuyentes, del sistema económico, político y finan- ciero donde estamos... las Asambleas no han planteado una rebelión fiscal... hay que incrementar en nuestros temas de deliberación... temas que tengan que ver con la gestión pública de lo común... de las políticas aplicadas a nivel municipal, provincial y nacional (Asamblea Plaza Los Naranjos, vecino 01, comunicación personal, Córdoba, 2002).
Los relatos de las personas entrevistadas se deslizan dentro de un conjunto de argu- mentos que van advirtiendo sobre el sentir de la población en cada contexto. A finales de los
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90, se expresa un sentimiento de fuerte desa- fección de la población respecto a la política y sus instituciones, producto de décadas de individualismo y ciudadanía mercantilizada y “contribuyente”; sin embargo, es también en ese contexto que comienzan a hacerse fuertes discursos de impugnación institucional y emer- gencia de nuevas formas organizativas alterna- tivas a los canales habituales de participación. Como se advierte en el relato de las per-
sonas entrevistadas, la mirada hacia el Estado se va desplazando desde un rechazo e impugnación total, acrecentado luego de la crisis del año 2001 en el caso argentino, donde la institucionalidad es percibida como algo ajeno o distante del sentir cotidiano de la población y la élite gobernante entra en una instancia de alta ilegitimidad, para luego convertirse en el centro de las demandas en los tiempos actuales.
Desde el principio sentimos la necesi- dad de juntarnos a discutir los temas que estaban pesando en nuestras vidas... gente que busca la contención entre sus pares, participando de las Asambleas... las Asambleas están conformadas por la porción más cercana al pueblo, por cada vecino (Asamblea Alto Alberdi, vecino 01, comunicación personal, Córdoba, 2002).
…todo el esfuerzo que se haga desde la asamblea es construir un poder alterna- tivo que le discuta totalmente la posición al Estado (Asamblea Plaza Los Naranjos, vecino 02, comunicación personal, Córdoba, 2002).
…desconocemos la autoridad municipal, desconocemos todo tipo de legislación que intente impedir nuestro desarrollo... desconocemos esos instrumentos como parte de una práctica que... intenta aplas- tarnos como pueblo (Asamblea Bº San Martín y Los Paraísos, vecino 01, comu- nicación personal, Córdoba, 2002).
...ni los partidos políticos ni el Estado han sabido proteger este derecho básico de cualquier sociedad que es el de ali- mentarse y reproducirse biológicamen- te... la sociedad ya no cree en las institu- ciones porque no sostienen ya normas y valores... La gente no cree en el Estado... y es lógico, es lo correcto (Asamblea Seccional 14, vecino 01, comunicación personal, Córdoba, 2002).
NUEVAS FORMAS ORGANIZATIVAS, NUEVOS DISCURSOS, NUEVOS PROYECTOS
Este escenario de antipolítica, contrahe- gemonía o democracia directa que se generó a fin de siglo, impactó en la estructura ins- titucional, en los discursos públicos y en las formas organizativas que se dieron para sí los sectores populares. Los relatos antes citados refieren, principalmente, a dos tipos organiza- tivos diferentes. Uno muy propio del escenario de crisis, que fueron las “asambleas barriales”, cuya duración fue corta en el tiempo, pero fue el espacio donde se concentró un amplio con- junto de la población que no encontraba en las vías tradicionales de participación un espacio de canalización de sus demandas. La dinámica asamblearia consistió en recrear los espacios de deliberación y acción colectiva, pero, sobre todo, comenzar a reconstruir los lazos sociales fuertemente corroídos por el individualismo. Por su parte, los movimientos piquete-
ros son organizaciones que se gestaron como consecuencia del desempleo masivo durante la década anterior, que terminó por expulsar en el año 2002 a más del 25% de la población del mundo del trabajo. Los “piqueteros” se ca- racterizaron por implementar las medidas de acción directa, entre ellas, los piquetes o cortes de ruta, como su principal práctica para forzar una respuesta concreta del Estado. Inevitablemente, este contexto implicó
un cambio en los modos de acción, interven- ción y operatoria de la estatalidad. El fin de siglo vino acompañado en toda la región con un aire “renovador”. Lenguaje que incluso permeó el discurso de los organismos financieros inter- nacionales, incorporando una perspectiva más
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“social” en el tratamiento de las problemáticas que surgían como consecuencia de la tenaz defensa del modelo de mercado. Así, las estruc- turas institucionales, más allá de toda posible resistencia al cambio, se vieron empujadas a un nuevo escenario político. El Estado vuelve a aparecer como responsable de las condiciones de vida de cada individuo y destino colectivo de la población.
En este marco, lo que resulta interesante es indagar las ausencias y continuidades que contienen esos discursos, en tanto remanentes de viejos proyectos políticos en coexistencia con los nuevos. Es que cada lógica de la esta- talidad condensa la expresión de las relaciones de fuerza de cada tiempo (cfr. Poulantzas, 2001 y Foucault, 2006); en este sentido, que no sean hegemónicas no implica que hayan desapareci- do. De modo que el resabio mercantil es proba- ble que esté siempre presente y al acecho ante cada crisis, apelando a los remanidos argumen- tos que pusieron en jaque a la estructura de protección social de mediados de siglo pasado. Los relatos que aparecen a continuación hablan de recuperar el rol del Estado frente a los problemas sociales, la regulación de la eco- nomía y la distribución de los recursos. Pero ante este papel activo que se le vuelve a asignar, nuevamente se recuperan las viejas críticas a los estados social-interventores, como la de ser fun- cionales a la lógica de acumulación capitalista o la de actuar como representantes de los intereses empresariales frente a las demandas laborales.
…creo que el Estado es el que debe cen- tralizar el uso del poder... indispensable, el Estado hay cosas de las cuales puede escapar, es responsable de la salud, la educación, la seguridad, impartir jus- ticia, son cosas tan prioritarias todo lo que hace a la dignidad y al desenvolvi- miento del hombre, que el único res- ponsable es el Estado (Asamblea Plaza Los Naranjos, vecino 02, comunicación personal, Córdoba, 2000).
...lo que… el imperialismo busca y… y el
de ganancias, que ganan unos pocos, es decir, que lucran en América Latina, en África, en Asia… son los grandes carte- les, los grandes monopolios (Movimiento Piquetero, Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, Piquetero 04, comunicación personal, Córdoba, 2005).
El modelo emergente se afirmó, en pri- mer lugar, a partir de recuperar la figura del Es- tado como actor político clave, del cual emanan las directrices de la política y la gestión pública (Mecle, 2010). Ello implicó, necesariamente, un redimensionamiento de toda la estructura de cobertura social y especialmente, los mecanis- mos de regulación/asistencia a los sectores más desprotegidos (in-empleables, desempleados, menores, mujeres, ancianos, entre otros).
El paradigma emergente requirió, en pri- mer lugar, incorporar en la agenda pública la problemática de la desigualdad como un pro- blema social. Así, el parámetro de la política social cambiaría significativamente su lugar de enunciación. La asistencia seguiría llamán- dose asistencia, pero su sustento dejaría de ser —al menos de modo directo— la compensa- ción frente a una carencia, el pobre vulnerable. Ahora, el lenguaje comenzaría a circular dentro del campo de la “inclusión”2, y de este modo, la apelación de los “derechos humanos” se conver- tiría en la caja de resonancia para incorporar el derecho a la salud, la educación, la cultura, el trabajo, entre otros, como argumento de sus- tentación de la penetración estatal.
…si el gobierno implementa pro- gramas… qué sé yo, el Hambre Más Urgente, el Manos A La Obra, no es que lo hace porque este gobierno sea bUeno , sino que lo hace en función de la presión social que hay, que le ponen delante de las narices este problema de la comida… bueno… este problema… el del traba- jo (Movimiento Piquetero, Movimiento Teresa Rodríguez, Piquetero 02, comuni- cación personal, Córdoba, 2005).
gobierno representando al imperialismo, es poder seguir manteniendo este sistema
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Ver Informe de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, 2007.
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Dos ejemplos resultan ilustrativos para este caso, el primero es el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados creado en 2002, en Argen- tina, que tiene en sus fundamentos un lenguaje marcado por las nociones de “inclusión”, “dere- chos humanos” y “ciudadanía”, comenzando a reconocer situaciones de vida estructurales que antes se las entendía como temporales y aisla- das, ya sea de pobreza o desempleo (Avalle, De la Vega y Ferrero, 2009). El segundo ejemplo lo constituye el Plan Jóvenes Más y Mejor Trabajo del año 2003, donde el Estado reconoce la exis- tencia de problemas estructurales en la genera- ción de empleo e inclusión en el mundo laboral de amplios sectores de la población, modifican- do la estrategia de contención y asistencia que suponían los seguros de desempleo o planes sociales creados a mediados de los 90 como el “Plan Trabajar” (Avalle y Brandán, 2010).
CÓRDOBA, DEMANDAS Y CONFLICTOS TERRITORIALES: PARTICIPACIÓN, TIERRA Y TRABAJO
Córdoba es una de las provincias más grandes de Argentina. Los índices de pobreza y desocupación tuvieron niveles similares o supe- riores a la media nacional durante las últimas décadas. Durante los años 70, la desocupación se ubicó aproximadamente alrededor del 3,8% de la población económicamente activa. En la década siguiente, asciende a 5,8%. Ambos valores muy inferiores a los obtenidos durante el decenio neoliberal, donde el índice trepó al 11,6% con un pico de 18,4% en mayo de 1995. A partir del año 1998, este indicador comienza una escalada que supera los valores históricos alcanzando en el año 2002 a un 21,5% de la población económicamente activa. Desde ese momento, se registra un descenso sostenido ubicándose en el cuarto trimestre de 2008 en el nivel más bajo desde octubre de 1992 y mayo de 1989, un 7,3%. En el primer semestre del
Durante el año 1989, la población en condicio- nes de pobreza ascendía al 29,1% y la población indigente superaba a la porción desocupada de la población económicamente activa. En 1990, el comportamiento de estos indicadores es aún más claro, mientras se registra un leve descen- so de la desocupación, los niveles de pobreza e indigencia marcan un pico de 44,9% y 14,5% respectivamente. En 1991, un leve descenso de la desocupación es acompañado por un descen- so en ambos índices. Los efectos regionales que generó la crisis mexicana de 1995, impulsaron nuevamente el crecimiento de la desocupa- ción y la pobreza. Sin embargo, esta última ya no perderá el impulso alcista, alcanzando un 57,5% en octubre de 2002, superando los nive- les del año 1989. En lo que refiere a los niveles de desempleo, la provincia de Córdoba es una de las que mayor volatilidad presenta. Con una tendencia a aproximarse o superar la media na- cional, particularmente en los años 1989, 1997, 2002 y 2007-2009. En cuanto a los niveles de pobreza, estos se muestran similares a la media nacional, superándola en las instancias de crisis local o nacional (Avalle, 2010).
El problema habitacional o déficit habi- tacional3, es un fenómeno crónico que se vio
agudizado en diferentes momentos por la au- sencia de políticas de vivienda para los sectores populares, la creciente pobreza y desempleo du- rante los 90; actualmente, se suma a ello, la re- valorización y puesta en valor de los territorios que ocupaban los asentamientos urbanos. Como se señala en un informe previo, la provincia de Córdoba tiene un significativo déficit habitacio- nal, y más específicamente, un alto porcentaje que registra tenencia irregular de la vivienda y/o de la tierra donde habitan. Conforme a los datos disponibles, actualmente la provincia de Cór- doba presenta un importante déficit en materia habitacional, pero aún más significativo es la
año 2009, se vuelve a registrar un incremento en este indicador, ubicándose en 8,6%, con- cluyendo con un promedio anual de 8,68% de población desocupada. Sin embargo, los niveles de desocupación relativamente “bajos” de las primeras dos décadas, no irían acompañados de la misma manera por los índices de pobreza.
3
En Argentina, el promedio del gasto social en vivienda para la década del 90 no llega a superar el 1,7% del Pbi, incluso evidencia un leve aumento durante los primeros cinco años del 2000 (cePAL , 2009). En políticas de vivienda específicamente, con la apertura democrática se invertía el 0,7% del Pbi, decayendo a lo largo de la década del 90 al 0,4% del Pbi (Rodríguez y Taborda, 2009).
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cantidad de hogares que registran una tenencia irregular de la tierra y/o de la vivienda que ha- bitan. En el citado informe, publicado en el año 2011, se señala:
Si se considera de manera conjunta el hacinamiento crítico y condiciones defi- citarias de vivienda, el porcentaje de hogares afectados es del 13%, mientras que los problemas de propiedad afectan a un 35% de los hogares de la provin- cia. De ello resulta que casi la mitad de los hogares de la provincia manifiestan algún problema habitacional. Un releva- miento comparativo de precios sostiene que el valor de los terrenos dentro del anillo de la Circunvalación de la ciudad de Córdoba subió en promedio —entre noviembre de 2007 y febrero de 2011— alrededor del 50 por ciento, o sea, 10 por ciento por año. Aun así, hay zonas donde el alza fue superior al 70 por ciento y, en algunos casos puntuales, del ciento por ciento (Equipo de Investigación El Llano en Llamas, 2011, p. 12).
El comportamiento que describen estas variables de la situación habitacional ha sido una constante durante los últimos 20 años, dando lugar a distintas reacciones y demandas por parte de los sectores populares. Sumado a la crisis económica de finales de siglo, este contexto adquirió una dimensión dramática, lo que decantó en una confluencia de demandas por trabajo, vivienda y alimentación; y políticas públicas tendientes a desactivar el problema, pero con una fuerte dinámica segregacionista y revalorización de tierras céntricas:
...porque hay muchas casas, de por sí, a nosotros nos hacen medio alejados por- que somos ascendientes de villa (proce- dentes de villa), y no había espacio más cerca del centro para hacer casas. Otra, creo que el gobernador, las villas no las va a querer cerca del centro sino alejadas, porque ya saben la forma de vivir de las villas, que roban, que son mugrientos, que no todos iguales, pero por eso tam- bién estamos medios alejados. Aunque
hay mucho espacio cerca del molino, pero eso es para country, trae más plata, la villa no (Asentamiento Relocalizado, Barrio Ampliación Cabildo, vecino 09, comunicación personal, Córdoba, 2008).
Sin embargo, la trayectoria de esta pro- blemática tuvo comportamientos diferentes a lo largo del tiempo. La organización popular en torno a la vivienda tradujo las demandas y expectativas sociales de “casa propia” cons- truyendo un horizonte de movilidad social y acceso a derechos “vulnerados”. El problema de la vivienda provocó, a finales de los años 80 en Córdoba, la multiplicación de organizaciones populares que se conformaron en torno a la gestión de las necesidades básicas (alimenta- ción, vestimenta, agua, luz, etc.). Esto impli- có una creciente organización territorial para resolver, de modo comunitario, los problemas cotidianos. Al mismo tiempo, un consistente posicionamiento en el espacio público como actores con gran capacidad de movilización y control territorial.
Acá en la Villa por ejemplo 10 años atrás no teníamos agua, entonces la gente era una cosa así que peleaban todo el santo día y se organizaba alrededor del agua, llegó un momento que la villa estaba sitiada porque no había agua, entonces se cortaban las rutas por todos lados bueno, pero eran todos los vecinos no era una organización, una cosa real, una necesidad básica que no la tenían y bueno se organizaron y así lograron este tener el agua potable (Movimiento Piquetero, Unión de Organizaciones por los Derechos Humanos, Piquetero 01, comunicación personal, 2005).
En ese contexto es que cobran fuerza las demandas sociales por “acceso a la ciudad” (Ciuffolini, 2007). Un concepto que condensa el derecho a tierra, vivienda, salud, educación y servicios básicos. Simultáneamente, ante la amenaza que esta demanda representaba para la estabilidad de los gobiernos, es que comien- zan a activarse diferentes dispositivos de regu- lación. En ese marco surge, a principio de los
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años 90 en Córdoba, lo que se denominó “Mesa de Concertación de Organizaciones de Base”, un espacio institucional, con presupuesto públi- co, que supuso la gestión colegiada de la políti- ca de vivienda e infraestructura social entre los sectores populares organizados y el gobierno (Avalle e Ibáñez, 2011).
En el apartado anterior, se menciona que dos actores protagónicos de finales de siglo fue- ron las asambleas barriales y los movimientos piqueteros. Los diez años que le antecedieron tuvieron como principales referentes a las or- ganizaciones barriales y territoriales de los sectores populares cordobeses. Organizaciones que se conformaban en torno a la gestión de necesidades básicas como la alimentación, la salud, la vivienda, que fueron articulándose entre sí, logrando conformar dos frentes bar- riales que movilizaban a más de 100 barrios de la ciudad. Ellos son la Unión de Organizaciones de Base (Uob) y el Movimiento de Organizacio- nes de Base (Mob), quienes luego integraron la mencionada “Mesa de Concertación”.
...me dediqué mucho a lo que es llevar comedores y… mucho con el trabajo, eh, más que todo con la época de Angeloz, de Alfonsín (década del 80), fue la época más fuerte donde yo empecé a hacer trabajo porque yo veía muchas necesidades de la gente, y me sumé, me… junté con un bar- rio de Saldán y fui a Cáritas a, de Saldán trabajé en Cáritas de Saldán un año. Entonces ahí formamos una interbarrial que se llamaba, una… que era un inte- grado de todos los barrios, donde este… traíamos las necesidades del barrio y veía- mos concretamente que podíamos hacer por los barrios (...) Hacíamos actividades (...) hacíamos venta de empanadas, todas esas cosas, hasta que veíamos la posibili- dad de comprar bolsas de harina, de azú- car, hacer pan, colaborar con los come- dores (Organización Barrial, Movimiento de Organizaciones de Base, vecino 03, comunicación personal, Córdoba, 2005).
...desde sus comienzos del año 92, ha sido, digamos, por un lado, la unidad... y
por otro lado, acceso a la vivienda, acceso a la tierra y a la vivienda, digamos que esa ha sido la lucha más fuerte que tenía la Unión. Ese digamos, el fuerte que ha tenido (-) Eh, que no se ha dejado de dis- cutir la problemática de la educación, la salud y el trabajo, que en distintos eh... etapas, lo ha podido desarrollar, diga- mos, de alguna manera la Unión ha dis- cutido profundamente pero no ha resuel- to ese tema (Organización Barrial, Unión de Organizaciones de Base, vecino 01, comunicación personal, Córdoba, 2005).
A mediados de esa misma década, se ge- nera un escenario fuertemente adverso para la protesta social. El Estado provincial reafirmaría su faz represiva y concentraría nuevamente el poder de decisión en política pública. En un contexto de crisis económica y fiscal signifi- cativo, con crecientes niveles de desempleo y pobreza, la gestión del conflicto abandona el lenguaje del diálogo y la “concertación”. En este marco se despliegan numerosas políticas de contención que buscaría frenar la conflictividad a partir de una proliferación de recursos públi- cos destinados a subsidios de desempleo, planes alimentarios, pensiones, etc., junto con una permanente práctica de descalificación pública a los movilizados y el asedio a sus dirigentes con el objetivo de cooptarlos.
Si estos intentos no daban los resultados esperados, la represión directa asumía el pro- tagonismo. El problema que se avecinaba era la confluencia de demandas y reivindicaciones sociales en los espacios públicos. Los relatos en este caso muestran esas confluencias donde organizaciones barriales, trabajadores deso- cupados, sindicatos, entre otros, comienzan a delinear un enemigo común.
Dos procesos que, si bien se muestran separados, encuentran un lenguaje común para construir su proyecto de futuro. Así, la demanda por trabajo y por vivienda contiene un lenguaje colectivo que condensa deseos y expectativas de amplios sectores sociales que pretenden ser parte de “proyectos políticos” que los contengan. Sin embargo, la traducción de esas demandas resultó en un proceso de
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permanente fragmentación y despolitización de los actores colectivos.
Es como que en el Estado se da una estrategia integral para destruir el movi- miento piquetero... (-) Sí. Algunos se han apurado, de este lado, de decir “El corte de ruta no va más”. Tampoco es así, (…) en realidad el estAdo va hacien- do doctrinas de nuestras luchas, y en cuestión de eso nos reprime de distin- tas formas, nosotros también tenemos que ir haciendo doctrinas pero… eso no significa descreer de las mejores her- ramientas de lucha que en los últimos años ha parido el pueblo y que no solo están tomadas por… han sido tomadas por el movimiento piquetero, sino tam- bién por los trabajadores ocupados, por los docentes, acá lo vimos en Córdoba, lleno de piquetes y cortes (Organización Piquetera, Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, Piquetero 08, comunicación personal, Córdoba, 2005).
Como consecuencia de esto, la política de impugnación transmutó en una política de gestión, con la consecuente despolitización de los espacios colectivos de base. El dispositivo de gobierno actuó, de este modo, traduciendo el reclamo popular en la gestión misma de las decisiones públicas, disminuyendo el potencial de conflicto. La administración se convirtió en una carga para los sectores organizados, restando espacio para el debate político. Desac- tivada la amenaza mediante la desorganización, vino un segundo proceso que consistió en la exclusión del espacio político.
...al entrar un gobierno (provincial) que fue comprando toda la dirigencia ¿sí? (…) comprando los dirigentes fuertes, los dirigentes que había… que había con fuerza de lucha, y bueno, los fue rom- piendo (…) porque si vos te ponés a ver, hoy no tenemos una movilización en la calle (Organización Barrial, Movimiento de Organizaciones de Base, vecino 03, comunicación personal, 2005).
Los relatos que continúan narran el pro- ceso de desactivación que sufrieron las orga- nizaciones de base a finales de los 90, bajo el mandato del gobierno peronista de De la Sota en la provincia. Estas organizaciones experi- mentan, en poco tiempo, la pérdida de influen- cia en los espacios institucionales, la pérdida de recursos a cambios de financiamiento para nuevas obras de infraestructura social que no lograrían capitalizar como propias, y el quiebre de solidares dentro de sus propias bases.
...yo tengo un problema con la coopera- tiva mía, nosotros tenemos un plan de vivienda y, después, compramos otras parcelas de tierra y, entramos en los nue- vos planes, en los nuevos barrios, enton- ces el gobierno nos hizo la estructura y después salió, políticamente a vender- lo como que eso era los nuevos barrios que él daba, cuando la tierra es nuestra. Entonces nosotros tenemos dos cosas, la gente que vive de un nuevo plan de vivienda dicen, a mí la casa me la dio el gobierno, pero tenemos la otra parte que el gobierno no le va a escriturar, le va a escriturar la cooperativa, porque quien tiene la (...) de propiedad es la coopera- tiva. Entonces, hasta en eso los quebró, nos quebró como organización, porque nosotros, un montón de años de lucha, 5 años de lucha para conseguir la tierra para un nuevo plan de vivienda, cuan- do él entra (en 1999), se hace un acuer- do político, dentro de la cooperativa de nosotros con ellos, hace un pacto político donde le donaban cuarenta lotes a con tal de que el gobierno diera la estructu- ra. Y los enganchó ahí, nos dio colegio, nos dio alumbrado público, nos dio, nos dio asfalto, nos dio todo, pero donde nos dejó pegados, el gobierno diciendo que era un nuevo barrio, estructura de nuevo barrio y nos enfrentábamos como que ese nuevo plan de vivienda era el nuevo de De La Sota (Organización Barrial, Movimiento de Organizaciones de Base, vecino 04, comunicación personal, 2005).
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..lo que nosotros vemos es que de parte del estado siempre está el intento de ins- titucionalizarnos… como por ejemplo… ellos te dan este subsidio para la copa de leche… a partir de ahora se llama Centro infantil y centro de cuidado infantil… este… y te pasan cuando ellos quieren, y te dicen qué tipo de niños tenés que tener y con que (…) tenés que trabajar… sos una especie de gestor del Estado… (risas) cuando ellos no ponen el lugar, no ponen el esfuerzo, no organizan la gente… ponen la plata, que además no es la cantidad de plata que tienen que poner… pero vos trabajás de acuerdo a los criterios de ellos… tanta gente… tanto chicos acá… tanto chicos acá (Movimiento Piquetero, Movimiento Teresa Rodríguez, piquetero 01, comuni- cación personal, Córdoba, 2005).
Una vez desactivada la capacidad de mo- vilización mediante la cooptación y ruptura de las organizaciones de base, la demanda colec- tiva de vivienda queda completamente desarti- culada. La necesidad no desaparecía, pero ya no había organización ni articulación popular que la sostuviera en el espacio público. La ausencia del conflicto permitía, así, la resolución de un problema gestado directamente desde las ins- tancias institucionales.
En este marco aparecen un conjunto de políticas cuya tendencia sería la de desactivar la demanda central: el empleo, la alimentación y el techo. A nivel nacional, se implementa a mediados de 2002, el “Plan Jefas y Jefes de
Hogar Desocupados”4; a nivel local, el mega- -plan de viviendas “Mi casa, mi vida”5, ambos
financiados por el bid. El primero exigió una reincorporación del beneficiario a la disciplina laboral: prestación de servicios en dependencias
públicas, control de salud y reinserción en el sistema educativo. En definitiva, una sistemáti- ca regulación del individuo desempleado.
El segundo, el plan de viviendas, fue im- plementado de manera vertiginosa e inconsul- ta, a través de la creación de barrios populares que tenían dos características clave: situarse en las periferias de la ciudad y contar con la presencia de todas las dependencias del Estado (policía, ministerios, escuelas, comedores). Esto se tradujo en una perfecta política securitaria destinada a la regulación del espacio y el despla- zamiento de la población. No obstante, ello no implicó o detuvo el creciente problema habita- cional, sino todo lo contrario6 .
La intensiva política de revalorización territorial promovió la expulsión de poblaciones de sus lugares de residencia sin un nuevo desti- no, dando lugar a la reaparición de las tomas de tierras que se habían vivido 15 años atrás. Las tomas de tierra son procesos colectivos donde un grupo de personas, generalmente sin acceso a tierra y vivienda, decide asentarse en tierras desocupadas, sin dueño aparente, no delimita- das, sin obras de infraestructura, y construir ahí una vivienda o lugar de cobijo.
...y es como que, viste cuándo vos decís ‘dios los cría, ellos se juntan y el viento los amontona’, y bueno, nos amontonó en este caso acá… y yo es cierto, yo me sentí excluida de un montón de… del sistema… nos pateaba para afuera, no entrábamos ni en la clase media, ni en la media baja, ni en ninguna clase, no existíamos y bueno (Toma de Tierra, Icho Cruz, vecino 04, comunicación personal, Córdoba, 2012).
6 El crecimiento de asentamientos informales en
4
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Programa público que supuso la transferencia de dinero hacia los beneficiarios, y como contrapar- tida, la retribución de horas de trabajo, controles sanitarios y educativos.
Programa de viviendas destinado a sectores “vul- nerables” y en “riesgo ambiental” consistente en la relocalización de los asentamientos populares y el otorgamiento de una vivienda familiar.
el último tiempo es significativo. En la actuali- dad existen en la provincia 238, registrándose entre el 2001-2010 un fuerte crecimiento pobla- cional (62%) en los ya existentes, más que emer- gencia de nuevos asentamientos. Del total de los asentamientos, 119 se encuentran en la ciudad de Córdoba (Relevamiento de asentamientos informa- les de la provincia de Córdoba, Un Techo para mí País- Argentina, septiembre de 2011).
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Y siempre le hablo a mi hijo: ‘Mirá tene- mos la casa porque se ganó así con el sacrificio de nosotros, papá, mamá, luchó, vos también luchaste’. Resistí, todos los días. Y cuando vienen fami- lias le digo ‘esta es mi casa, tengo tanto luchar, tanto venir acá’. Y es así. Y uno tiene su casa, tiene el orgullo de decir vivo allá (Toma de Tierra, Barrio Ampliación Cabildo, vecino 08, comuni- cación personal, Córdoba, 2012).
...el tema de la vivienda siempre para nosotros representaba un problema por- que no podíamos… muchas veces, por ejemplo, el último año, que estuvimos alquilando, que fue al anteaño pasado, llegó un momento que hubo meses en los que teníamos que decidir entre com- prarle un par de zapatillas a Brisa y pagar el alquiler completo (Toma de Tierra, Icho Cruz, vecino 06, comunicación per- sonal, Córdoba, 2012).
CONCLUSIONES
Con frecuencia las situaciones de desi- gualdad y exclusión en las sociedades contem- poráneas son abordadas bajo una dinámica que focaliza de modo permanente al individuo “vulnerable” o “pobre” (Bravo, 2001; Indec, 2000; Macadar y Mendive, 1997). Hablar de pobreza resulta, incluso, reiterativo, dada la numerosa producción bibliográfica sobre el tema. Sin embargo, desde esta perspectiva, se considera al menos necesario diferenciarnse de estos conceptos.
Pobreza habitualmente es un término que agrupa un conjunto de estrategias de medi- ción y agregación de categorías que hacen foco en la “carencia” del individuo; efectúa una lec- tura estática de las condiciones de vida de la po- blación; construye al pobre como un conjunto homogéneo de población marginada o excluida de la sociedad. Sin embargo, las voces de esos pobres dan cuenta de una dinámica diferente: en primer lugar, exigen que se hable, en todo caso, de pobrezas —en plural—, en tanto estas
se encuentran ancladas a múltiples y diversas experiencias cotidianas; y por otro lado, enten- derlas como posiciones determinadas por la posesión de capitales dentro de una estructura específica de relaciones, es decir, dentro de la sociedad y no excluidos de esta.
Por su parte, el concepto de “vulnerabi- lidad” en políticas sociales es problemático en tanto habilita dinámicas individualizantes, a la vez que totalizantes, de los sujetos beneficia- rios/destinatarios. Por un lado, el “beneficia- rio” es objeto de un tratamiento diferencial al del resto de la población, dado que su principal atributo es la carencia de todo tipo de recurso o capital. De este modo, el acceso a la cober- tura de la política pública no aparece como un derecho, sino como una compensación de daños (sociales), una condición precaria del ciudadano neoliberal.
Simultáneamente, cada situación de vul- nerabilidad individual es inscripta en una lógica más global de tratamiento, que persigue la per- manente normalización de la desigualdad social que la provocó. Así, configuraciones del espacio social que asumen un carácter dominante son permanentemente legitimadas por un discurso compensatorio proveniente de la estatalidad, y en este sentido, es posible pensar el carácter (des)igualatorio que asume la política pública frente a las tensiones del presente.
No obstante, la presencia del concepto de “vulnerabilidad” en los discursos públicos fue un punto para problematizar esta indaga- ción. Los riesgos que supone esta perspectiva están en su misma definición. Asume al vul- nerable como aquel individuo potencialmente en riesgo de algo que constituye una amenaza para sí, un estado de “incertidumbre, indefen- sión e inseguridad” (Brusso, 2001, p. 3). Bajo ese supuesto desaparece la construcción del beneficiario como ciudadano portador de dere- chos, como el de la salud, la educación, etc., y por tanto, una categoría de carácter universal, para pasar a ser un sujeto en potencial ame- naza de exclusión de “asistencia” educativa, de salud, etc., y por tanto, un individuo en riesgo, un individuo vulnerable.
Desde esa perspectiva, todos se ven ex- puestos a riesgos (Beck, 1998) de modo que
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solo es necesario ir identificando los mecanis- mos (parches) para atender cada problemática y situación. En este marco, “vulnerable” fue un concepto que penetró tanto en las oficinas en Washington y Nueva York de los organis- mos internacionales, como en las barricadas y asentamientos protagonizados por los sectores populares. Sin embargo, como era de esperar, la mirada estuvo puesta en ejes diferentes. Espacios como el G7 y en menor medida
el G20 vienen a reemplazar los mandamientos del Consenso de Washington. El foro de los 20 países se convirtió en el escenario de reclamos de los países menos desarrollados, y en la rea- firmación de medidas financieras para sostener modelos que de modo permanente están mos- trando la inviabilidad de, parafraseando a Tou- raine (1998), una “vida juntos”.
Por el otro lado, desde el llano, los sec- tores populares organizados han posicionado nuevamente las demandas de inclusión en el debate y radicalizado las prácticas de impugna- ción social. Ambos conceptos se encuentran en constante disputa, constituyen un modo de (no) nombrar los conflictos sociales y de in/excluir- los. Aparece de esta manera una tensión clave, permanentemente irresuelta, de la conforma- ción de los espacios públicos y la definición del sentido de la política, o su capacidad de definir los rumbos de una sociedad.
En el breve recorrido que se intentó hacer sobre la situación del caso argentino, y la provincia de Córdoba en particular, vista esta desde la perspectiva de los sectores populares, se aporta una serie de elementos para pensar y problematizar las consecuencias que provocan las políticas públicas, independientemente del objetivo que persigan.
Los relatos de los entrevistados, que re- cuperan más de 20 años de experiencias del campo popular, advierten sobre la tensión que permanentemente se presenta cuando los espa- cios de decisión y acción pública se ven cuestio- nados desde la propia base social. Sin duda, los recursos que los sectores populares organizados logran obtener de la estatalidad constituyen uno de los pilares para fortalecer su estructu- ra interna, su capacidad de movilización y de negociación ante los funcionarios públicos. Sin
embargo, esta forma alternativa de la gestión de los problemas, que implica la intermediación entre individuos y estados a partir de organi- zación de los sectores afectados, representa para la estatalidad un riesgo, una amenaza al control que busca fijar sobre estas poblaciones. Se percibe en los textos de las políticas estatales, aun y especialmente en las provin- ciales, que las personas en cuestión no carecen de Estado, sino todo lo contrario, tienen Estado de sobra, puesto que se encuentran inscriptos en una nueva técnica gerencial, o gerenciados por una nueva tecnología de control y/o re- presión social. La presencia estatal, mientras tanto, no garantiza precisamente derechos: en todos los documentos oficiales y publicaciones de organismos internacionales, al mismo tiem- po que se ofrecen oportunidades, se producen historias de vida típicas de todo lo que falta para que un sujeto este en condiciones de dis- frutar de su condición de ciudadano.
Cuando la organización popular cons- tituye una clara amenaza a la legitimidad de los proyectos políticos dominantes, los meca- nismos estatales se concentran en provocar la fractura, ruptura y desmovilización de estas experiencias colectivas. Esto lo hacen a partir de múltiples tácticas en el escenario público, ya sea a partir de la cooptación de sus dirigentes, el involucramiento de esas organizaciones en prácticas cada vez más burocratizadas, o la in- tervención directa en el territorio persiguiendo la fractura de la base de apoyo. Pero cuando estos mecanismos no son suficientes, el espacio público se convierte en un campo de batalla, donde la represión opera como la única res- puesta del Estado a las demandas sociales.
El escenario que se presenta es el de un doble aprendizaje, donde el Estado hace doc- trina de las luchas y la organización popular, y estas hacen de su práctica y de la relación con el Estado una caja de herramientas y un estado de situación que fija permanentemente nuevos puntos de partida e instancias de demandas sostenidas con estrategias más radicales, más móviles, y formas organizativas más flexibles. Esto les permite con relativo éxito, escapar a la desactivación, creando un escenario más
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participativo, más politizado y con actores fuer- temente empoderados.
De ahí que se sostenga que “cuando pen- samos en una democracia sólida, y reclamamos por instituciones que sean capaces de organi- zarla, debemos garantizar los espacios de liber- tad para aquellas personas que están luchando por una sociedad más justa” (Equipo de Investi- gación El Llano en Llamas, 2011, p. 22).
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