Rev. Ciencias Sociales 168: 61-74 / 2020 (II)
ISSN: 0482-5276
REPRESENTACIONES SOCIALES Y CRIMINALIZACIÓN
DE LA JUVENTUD EN CULIACÁN, MÉXICO, 1994
SOCIAL REPRESENTATIONS AND CRIMINALIZATION OF YOUTH
IN CULIACÁN, MEXICO, 1994
Jesús Bojórquez Luque*
José Roberto Leyva Romero**
RESUMEN
A partir del concepto de representaciones sociales, en este artículo se analizan las estrategias del gobierno municipal de Culiacán en México, respecto al alto índice de inseguridad que se presentó a principios del año 1994. En este sentido, las autoridades pretendieron menoscabar las libertades de las personas jóvenes al intentar restringir sus horarios en la vía pública, regular su vestimenta y su apariencia. La metodología empleada es la consulta de literatura para el área conceptual y los antecedentes, así como, la revisión de periódicos que ejemplificaron con testimonios la problemática en la esfera pública. Las acciones de los y las jóvenes obligaron a las autoridades a dar marcha atrás a estas tácticas implementadas contra la inseguridad.
PALABRAS CLAVE: MÉXICO * JUVENTUD * MOVIMIENTO SOCIAL * CRIMINALIDAD * DERECHOS HUMANOS
ABSTRACT
The purpose of this paper is to examine, from the concept of social representations, the strategies of the municipal government of Culiacán in Mexico, in order to analyze the high index of insecurity at the beginning of 1994, where the authorities sought to diminish the freedoms of young people by trying to restrict their schedules on public roads, prohibit the use of miniskirts and necklines in girls and long hair in men. For the methodology, literature for the conceptual framework and for the background information was consulted, as well as newspapers that, at the time, provided testimonies of the problematic in the public sphere. The actions of young people forced the authorities to reverse the tactics implemented to overcome insecurity
KEYWORDS: MEXICO * YOUTH * SOCIAL MOVEMENTS * CRIME * HUMAN RIGHTS
* Universidad Autónoma de Baja California Sur (uabcs), extensión Los Cabos, México.
jesbojorquez70@hotmail.com
** Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México.
jrleyva@uas.edu.mx
INTRODUCCIÓN
Diversos autores han argumentado la dificultad de definir el concepto de juventud, derivado de los complejos de la sociedad y las diversas características que este segmento social presenta (Brito, 1998). La multiplicidad de discursos en torno a la palabra juventud genera dificultades en su construcción, los diversos autores no coinciden pues incluyen diversos aspectos como relieve, lo cual da como resultado una heterogeneidad de definiciones asociadas al concepto. En la definición se consideran una serie de elementos con mayor o menor peso, a partir de la disciplina o ciencia, lo cual muestra los rasgos que se desean analizar, los temas a tratar, entre otras consideraciones (Revilla, 2001).
Por lo tanto, al reflexionar desde el punto de vista teórico sobre la juventud, se podrá encontrar esa complejidad por los múltiples matices de su concepción, aunque las personas cuando hablan la asocian a la edad, un rasgo que lo simplifica, pero que deja de lado otras cuestiones como su evolución mental e intelectual, su forma de organizarse y de relacionarse con los adultos y sus pares, su forma de expresarse, su forma de vestir, su lenguaje, etc. (Jiménez-Ramírez, 2010). Por lo general, la palabra se relaciona con la edad, a los aspectos biológicos y las características corporales, en el marco de los atributos naturales, sin embargo, poco se profundiza sobre las complejidades de esta etapa vital, en la cual se entremezclan diversos significados sociales que han sido elaborados de manera histórica (Margulis, 2001).
El presente trabajo tiene como objetivo analizar a partir del concepto de representaciones sociales, un fenómeno histórico acontecido en la ciudad de Culiacán, México, en el cual, ante la incapacidad de las autoridades municipales de resolver el problema de inseguridad y criminalidad en la localidad, se intentó implementar una serie de medidas para resolver esta problemática, donde los jóvenes fueron el objetivo. Se plantearon medidas violatorias a la libertad de tránsito y la regulación de las formas de vestir y de apariencia de esta población, pues según las autoridades significaban formas de vida que “incitaban” a la violencia y trastocaban el orden público, por ejemplo, el uso de las minifaldas en las jóvenes y el uso del pelo largo en los jóvenes.
REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA JUVENTUD
Moscovici (2000) señala que se percibe al mundo de la manera como es, lo que cambia la percepción, la idea y las atribuciones de las personas o los fenómenos de la persona; las comunidades o las sociedades están expuestas a estímulos del entorno físico y social, por lo que los seres humanos se distinguen por realizar una evaluación constante de los individuos y los objetos, comprendiendo la realidad que los rodea. En esa interacción entre medio ambiente e individuo se generan sesgos, distorsiones, tendencias, afectos, rechazos y sentimientos, a partir de normas o reglas impuestas que se trasmiten entre personas a partir de una organización y modo social de convivencia (Moscovici, 2000). De esta manera, se observa de manera fragmentaria a la realidad preestablecida, se clasifican y se etiquetan a las personas y a los objetos. De esta manera, representación es definida como:
[…] la imagen (mental) que tiene un individuo cualquiera, es decir, un hablante cualquiera de cualquier comunidad lingüística, acerca de alguna cosa, evento, acción, proceso que percibe de alguna manera. Esta representación —en la medida en que es conservada y no reemplazada por otra— constituye una creencia (o es elemento de una creencia) y es la base del significado que adquiere cada nuevo estímulo relacionado con esa cosa, evento, acción o proceso (Pelazzo, 2010, p.85).
De acuerdo con Seidmann, Azzollini, Thomé y Di Iorio (2011), la Teoría de las Representaciones Sociales ofrece la posibilidad de conocer cómo se entretejen las relaciones entre los individuos de manera cotidiana, relaciones en las cuales edifican significados de sí mismos y de los demás por medio de la comunicación, asumiendo conocimientos construidos socialmente y compartidos, lo que contribuye a la edificación de ideas, conocimientos, creencias, certezas y dudas (Seidmann et al., 2011). A partir de las experiencias en la vida diaria, los seres humanos asumen imágenes mentales, tanto positivas como negativas de lo que les rodea, con lo cual se busca a partir del otro, las diferencias y las similitudes que se tiene con los demás (Seidmann et al., 2011).
La imagen que se tiene de los jóvenes es parte de una posición adultocéntrica, ya que es definida a partir de parámetros establecidos, es decir, del “deber ser” que como sociedad se ha impuesto y desde la cual se determinan sus presencias, ausencias, su negación y afirmación. En esta representación de las personas jóvenes, se entremezclan elementos de tipo ideológicos y discriminadores, ignorando que “lo joven” es un constructo social, en el cual la juventud absorbe lo construido socialmente, su medio ambiente y los estímulos a los cuales reaccionan de diferente forma. En ese choque generacional, las personas adultas representan a las personas jóvenes como inseguras, inmaduras, con déficit en su formación, peligrosas, siendo parte de su naturaleza (Chaves, 2005).
Chaves (2005) manifiesta que hay una tendencia a negativizar a las personas jóvenes, al otorgarles diferentes calificativos en su forma de ser, en su inseguridad en el hecho de no ser productivos y no tener un proyecto de vida, no tener objetivos y con una proclividad a asumir comportamientos “desviados”, ya que sus perspectivas de la vida no son claras, por lo cual hay que estar alertas debido a su inestabilidad, lo que representa un riesgo para los demás. Se tiende a ver a este segmento de la población como seres en constante sospecha, como si la edad tuviera que ver con el grado de peligrosidad, de una tendencia natural a irse por el camino del mal, con una tendencia a violentarse, a no respetar leyes y con reglas de convivencia mínima. Asimismo, se visualizan como un riesgo para su familia y una molestia para la ciudadanía.
Ante la inseguridad, algunas personas hacen referencia en primera instancia como causante de ese problema a las personas jóvenes, cuestionan su forma de vestir, su apariencia personal expresada en el corte de pelo y tatuajes, entre otros. A partir de esa construcción social negativa, los relacionan con comportamientos delictivos que influyen en el aumento de los índices de inseguridad en la sociedad (Aguilar, 2008).
Las representaciones sociales tiene dos dimensiones, la primera, se relaciona con la información y la segunda con la actitud ante lo que existe alrededor, entonces se observa que muchas personas adultas tienen una información laxa y confusa de lo que es ser joven, con estereotipos que negativizan a ese sector de la población (Rizo, 2006), realidad muy acendrada en la cultura occidental tendiente a representar de esta manera a la juventud con una consecuente actitud poco complaciente ante esta (Casas, 2010), con medios de comunicación que tienden a reforzar su estigmatización. En este sentido, se les relaciona con el consumo de drogas (Casco, 2003), al enfatizar en las medidas punitivas hacia este colectivo con la búsqueda de reducción de la edad penal (Gontero, 2006), planteamiento que es utilizado por la clase política en la búsqueda de beneficio electoral.
En cuanto a la relación entre padre/madre e hijo/hija, se encuentra enraizada la idea de que representa una etapa difícil, donde los padres acentúan la complicada relación pues se entrelazan signos de rebeldía e irresponsabilidad (Gontero, 2006). De ahí que escritores como Rousseau, adujera que esta etapa era de carácter turbulento, caracterizada por el impulso de las pasiones, las cuales deberían ser vigiladas y encausarlas a cuestiones positivas (Zanotto, 2012). Sin embargo, las representaciones no son más que posturas anticipadas ante escenarios no materializados sobre la manera de ser de los y las jóvenes, por lo que al tender a ser negativas, las respuestas hacia ellos tienden a violentarlos y señalarlos sin darles una oportunidad de demostrar lo contrario (Orozco, 2010).
ESTIGMATIZACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES
Representar también conlleva a estigmatizar, dicha acción tiene un carácter negativo, por lo que la palabra estigma se define como:
(…) una marca; signo distintivo sobre el que se elabora una construcción social, frecuentemente, negativa (por ejemplo, inferior, peligroso, malvado), que coloca en una situación de desventaja a quienes se les asigna. También puede surgir de una distinción, disfrazada de criterio de equidad, y adquirir un tinte paternalista para justificar las estrategias de intervención con poblaciones que se consideran débiles, vulnerables, menores de edad, en riesgo (Chávez, 2014).
La estigmatización es un fenómeno que afecta a diversos sectores de la población, ya sea por edad, género, preferencia sexual, origen racial, origen socioeconómico, etc. Dicha actitud tiende a afectar los derechos de dichos colectivos, lo cual frena sus oportunidades de desarrollo. En cuanto a los y las jóvenes, su estigmatización genera conflictos que fragmentan más a la sociedad, se manifiesta en ser víctimas de esa violencia física, verbal y simbólica como acto reflejo y reacción ante el clima hostil en el que viven (Di Napoli, 2016). Esto tiende a agravarse al sumarle otros atributos como el ser mujer, pobre o indígena. En esa hostilidad en la cual se desenvuelven, se enfrentan a un discurso dominante y adverso que los etiqueta como problema social, como los agentes que se encargarán del futuro de la sociedad, sin embargo, no atienden sus problemas del presente, se tienen que ajustar a los preceptos de una sociedad capitalista que los trata de acuerdo con sus condiciones materiales, es decir, se les da el valor a partir de lo que poseen (Di Napoli, 2016).
El caso de la estigmatización de la juventud encierra una contradicción evidente entre la manera como se le sataniza por su forma de vestir, por la música que escucha y por los productos culturales que consume, cuando estas son producidas en el marco de una sociedad capitalista que las genera y las motiva, pero que rompe con las formas de asumirlas por las personas adultas. Asimismo, estas conductas son reforzadas por los medios que buscan complacer al sector adulto que ve con desconfianza las nuevas tendencias que rompen con su marco moral.
La juventud se enfrenta a un marco de aceptación social, en el cual es importante la apariencia física, a través de atributos como complexión, color, facciones del rostro; de los elementos que marcan la moda del momento como la ropa, los accesorios, la parafernalia, los modales y el porte, con el fin de encajar en lo que se llama socialmente correcto o aceptable para ser incluidos en determinados círculos (Bourdieu y De Saint Martín, 1998).
MORAL PÚBLICA
En medio de esa estigmatización, los y las jóvenes se enfrentan a un ente llamado Estado, el cual trata de imponer una moralidad como política social, cuya supuesta función es la unión de los grupos sociales, moldeando líneas de conducta, calificando lo que es bueno y lo que es malo, lo justo y lo injusto; y en caso de no acatarse, el individuo deberá ser sancionado para que no repita esa conducta que inhibe la tranquilidad social, pues es considerada nociva (Rosales, 2013). Las normas tienden a regular el comportamiento de las personas y esa es la forma legítima que encuentra el Estado para moldear la actuación del individuo en sociedad, normas que se construyen socialmente y que recogen valores y principios comunitarios construidos por el mundo adulto (Rosales, 2013).
La moral pública es construida a partir de la necesidad de dar respuestas a los problemas morales de la sociedad con el fin de regular los aspectos de la vida social, sexual y política del espacio público, donde no se trastoquen los principios de convivencia a partir de comportamientos que pongan en duda los valores del individuo y su relación con los demás en el espacio común. También para evitar que no se altere el orden social y político que impone el Estado, por lo que su penalización es con el fin de segregar a las formas disidentes que atentan con el orden establecido, que generan temor en una sociedad imaginada e impuesta por los factores de poder, por lo que es necesario de la existencia de fuerzas coercitivas que sancionaran todo intento de transgresión (Simonetto, 2016).
En un marco de libertades acotadas en regímenes dictatoriales, la moral pública era un pretexto para sancionar a las personas jóvenes que eran influenciadas por formas subversivas que podrían inspirar a otros sectores de la población en detrimento de las fuerzas políticas y militares en el poder, y más en el marco de la lucha ideológica capitalismo vs comunismo en América Latina.
En el caso de las dictaduras militares del cono sur, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, en 1970, anunció el combate al pelo largo y la minifalda, pues según él, eran expresiones de la ideología comunista que amenazaban con extenderse en Paraguay, por lo que había que poner mano dura en contra de esas desviaciones y conservar el orden, las buenas costumbres y la moral en la sociedad paraguaya (Errázuriz, 2009). De esa forma, se combatía a las influencias culturales de izquierda como la barba, el pelo largo, los colores rojo y negro en las prendas de vestir, que emulaban a los símbolos del comunismo (Errázuriz, 2009).
En esa persecución a los grupos de izquierda, en Argentina en el año 1955, las políticas de censura fueron muy centradas en los y las jóvenes, principalmente en su forma de vestir. De esta manera, se dio una alianza entre el Estado dictatorial y la iglesia católica, pues el uso de las minifaldas y el pelo largo eran la “expresión de los males, que, según la iglesia, era la antesala del comunismo: el amor libre, la pornografía y el divorcio” (Romero, 2012, p. 233). Asimismo, la formación de los y las jóvenes en las universidades fue vista por el ejército y la iglesia como peligrosa adoctrinación intelectual, por lo que era necesario la intervención de las autoridades para extirpar el problema de raíz (Romero, 2012). La situación en Argentina siguió en ese rubro, pues en 1966, se dio un combate frontal a los grupos disidentes, se prohibió el uso de las minifaldas y el pelo largo, la iglesia seguía sosteniendo que eran señales de ideales subversivos de una gran inmoralidad (Busso y Cossia, 2014).
En la última década del S. xx, en México, a partir de los altos índices de feminicidios en la emblemática Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, gobernador por el conservador Partido Acción Nacional entre los años 1992 a 1998, ante su incapacidad para resolver la violencia hacia las mujeres, declaró en términos misóginos, justificando los asesinatos de mujeres, que “las mujeres son responsables por vestir minifaldas” y “por salir a altas horas de la noche” (Robles, 2010, p. 97). Asimismo, acusaba a las mujeres de no vivir moralmente, llevando una doble vida y que el número de asesinadas entraban dentro de la normalidad. Si bien, la situación de Ciudad Juárez no entra dentro de los casos del combate al comunismo, se da en un marco de una representación social que estableció un gobernador hacia la mujer bajo preceptos de machismo y misoginia, donde la forma de vestir pone en riesgo los valores y estabilidad de la sociedad tradicional de acuerdo con la mentalidad este político conservador.
EL CASO DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES: MINIFALDAS Y PELO LARGO
El caso de estudio que se pone a consideración se trata de las medidas que las autoridades municipales de Culiacán en el año 1994, apoyadas por el gobierno del Estado de Sinaloa (México), trataron de imponer como respuesta a su incapacidad para enfrentar el alto índice delictivo que se presentaba en Sinaloa y en concreto, en la capital del Estado, Culiacán, ante la presencia de robos, asaltos, homicidios, entre otros delitos, tal y como se indicó en la revista Proceso:
… y centran el objetivo del operativo anunciado fundamentalmente en los jóvenes culichis1, entre los 13 y los 19 años de edad, a los que las estadísticas oficiales involucran en la tercera parte de los crímenes del orden común que se cometen en esta ciudad, particularmente en robo domiciliario, riñas, daños a propiedad ajena, lesiones y, en menor grado, homicidio y delitos contra la salud (Cualquiera puede adquirir armas de alto poder; 55 secuestros en trece meses, 12 de febrero de 1994).
El presidente municipal de entonces, el médico Humberto Gómez Campaña y el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (dsptm) de esa administración municipal, Carlos Alfonso Ontiveros Salas, expresaron ante los medios de comunicación sus intenciones de regular los horarios en que circulaban las personas jóvenes por las calles, así como su forma de vestir y portar su cabello (figura 1). Lo anterior detonó un debate en el espacio público, donde diferentes sectores como los funcionarios aludidos, el gobernador, abogados, representantes de la iglesia, defensores de los derechos humanos, representantes de partidos políticos opositores y jóvenes empoderados entraron a una dinámica de declaraciones en los diarios de la ciudad.
FIGURA 1
ANUNCIO PERIÓDICO EL SOL DE SINALOA
“LA CONTROVERSIA SOBRE LA MINIFALDA”
Fuente: Caricatura de jovencitas con minifaldas, El Sol de Sinaloa, 09 de febrero de 1994, sección A, p. 4.
Después de la declaración de sus intenciones, tanto presidente municipal y el titular de la dsptm argumentaron en la revista Proceso que se les malinterpretó, pues coincidieron que era un acto inconstitucional:
Argumentaba el encargado de la dsptm, que la idea había surgido en reuniones que sostuvo con padres de familia y empresarios quienes estaban preocupados por el “gran descontrol social, una pérdida de la autoridad familiar, un relajamiento en el comportamiento de los jóvenes que se refleja en su vestimenta” (Cualquiera puede adquirir armas de alto poder; 55 secuestros en trece meses, 12 de febrero de 1994).
La prensa nacional, en concreto, la prestigiada revista Proceso, dio testimonio de las pretendidas estrategias de la administración municipal, la cual publicó que las autoridades intentaron normar la forma de vestir de los y las jóvenes, divulgando las declaraciones textuales del jefe de la policía:
En el ámbito de las escuelas, necesitamos que se norme el buen uso del uniforme, que en las mujeres se elimine el uso de las minifaldas y de los escotes pronunciados, del maquillaje y de las joyas ostentosas En los hombres, que no anden tan desfajados que parezcan ‘cholos’, que no se cuelguen aretes y que no traigan el pelo largo o con cortes de cabello con dibujos tipo Maromero Páez2. Se trata de ayudar a fortalecer la autoridad ya relajada de los padres. Es la propia sociedad la que está exigiendo la ayuda de la autoridad, pero en la calle, no vamos a prohibir que la gente vista o traiga el pelo como quiera (Cualquiera puede adquirir armas de alto poder; 55 secuestros en trece meses, 12 de febrero de 1994).
Las diversas organizaciones de derechos humanos de Culiacán, consideraron que las medidas anunciadas por el ayuntamiento “no tocan el problema de fondo” y pareciera que “hubieran perdido la cabeza por verse rebasados por la violencia”, desperdiciando la oportunidad de dialogar con las organizaciones ciudadanas. En ese tenor, el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los dd.hh. (ceddh), Oscar Loza Ochoa, expuso que el alcalde de Culiacán, Humberto Gómez Campaña, estaba obligado a dar una explicación clara de las acciones tendientes a ejercer a partir de la segunda quincena del mes en curso, pues se observaba una tendencia en violentar las garantías individuales de los ciudadanos (Medidas sólo en lugares conflictivos, dice obispo, 03 de febrero de 1994).
El abogado y reconocido jurista de la localidad, Salvador Diez Martínez, daba su parecer en la sección Palabra del Lector del periódico Noroeste, cuestionando la inconstitucionalidad de la medida (figura 2), pero también con una posición conservadora de lo familiar en términos del uso de la minifalda por parte de las jóvenes:
Resulta ilógico y antijurídico, el que se impida el libre tránsito y vehículos después de las 2:00 am, y se diga que no constituye un virtual toque de queda, entonces, como juristas preguntamos, ¿cómo se le puede llamar?, a una restricción de garantía individual La principal autoridad moral que existe son los padres de familia y son ellos quienes no deben de permitir que sus hijas usen minifaldas u objetos valiosos al salir de sus casas porque no creo que sea la autoridad municipal la que diga a la mujer como debe de vestirse o caminar. Considero que, como padre de familia y abogado, la autoridad municipal, debe de aplicar las medidas preventivas adecuadas para que vuelva la tranquilidad a nuestra ciudad, pero no trasgrediendo la ley (Palabra del Lector, carta del Lic. Salvador Díez Martínez, 1994, p. 2B).
FIGURA 2
ANUNCIO PERIÓDICO EL SOL DE SINALOA
“TOQUE DE QUEDA”
Fuente: Caricatura sobre los policías y el reloj para el toque de queda, El Sol de Sinaloa, 09 de febrero de 1994, sección B, p. 3.
La oposición de izquierda en el Congreso del Estado, representada por el diputado José Luis López Duarte, según el periódico Noroeste, pidió “que se remiende al ejecutivo la reestructuración del aparato de procuración de justicia, que contemple la remoción del Procurador General de Justicia del Estado y del jefe de la policía Judicial del Estado” (Pedirá diputados aclarar “toque de queda”, 02 de febrero de 1994).
El abogado Jesús Arturo Alcaraz Soto, expresidente de la Asociación de Abogados del Municipio de Navolato y quien fungiera en un tiempo como titular de la dsptm, daba su opinión sobre el problema, manifestándose de acuerdo a las estrategias. Dicho personaje había sido parte de la estructura política de gobierno, por lo tanto, les daba el beneficio de la duda a las autoridades estatales y municipales, negando que la medida fuera un toque de queda:
El toque de queda es anticonstitucional, sin embargo, yo considero que las medidas que está tomando el gobernador del Estado no es un toque de queda, sino que es una mayor vigilancia importante y necesaria, porque deben de ir buscando formas de abatir el índice delictivo Se ha incrementado el índice delictivo, pero sobre todo a nivel de nuestra juventud, yo sí creo necesario que se llevan a cabo algunas medidas como las anunciadas, manifestó el abogado (Anticonstitucional el toque de queda: jas, 02 de febrero de 1994, 6B).
Ante las manifestaciones que reprobaban las medidas anunciadas, el gobernador Renato Vega Alvarado, dijo que las estrategias solo eran tendientes a reglamentar la operación de negocios que venden bebidas alcohólicas, para que estos cerraran a la una de la mañana y que de ninguna manera se restringirá la circulación de ciudadanos:
El gobierno del estado sólo va a reglamentar los horarios de operación de los negocios que gozan de licencias para la venta de bebidas alcohólicas para que estos cierren a la una de la mañana nadie tiene derecho a restringir el libre tránsito de los ciudadanos puesto que estos gozan de garantías (No he ordenado medidas: rva, 03 de febrero de 1994, 3B).
El máximo representante de la iglesia católica de la diócesis de Culiacán, declaró que las medidas eran positivas, pero que estas solo deberían ser aplicadas en las zonas conflictivas:
Por otro lado, refiriéndose a la disposición de la forma de vestir de los jóvenes en los centros escolares, dijo que depende de los padres, porque es responsabilidad de ellos orientar a sus hijos por el buen camino y de los mismos maestros quienes tienen mucho contacto con los alumnos (Medidas sólo en lugares conflictivos, dice obispo, 03 de febrero de 1994, 3B).
Los estudiantes, quienes eran los destinatarios de dichas medidas, no tardaron en organizarse y manifestarse. En un comunicado, en la sección Carta al Lector del Periódico Noroeste, firmado por el colectivo Jóvenes en Pro de sus Derechos, esgrimían que las formas de vestir o de apariencia no los hace delincuentes, ni mucho menos provoca que se comentan delitos, por lo que invitaban a la ciudadanía a manifestarse frente al atrio de catedral en la avenida Álvaro Obregón, una de las más emblemáticas y de mayor tránsito en la ciudad:
El gobierno del estado, ante la incapacidad de la presente administración de frenar la violencia que ha suscitado en la entidad, ha decidido tomar medidas anticonstitucionales, para de esta manera detenerla, que, por la ineptitud en la persecución del delito, es cada día más fuerte.
A los ciudadanos que habitamos en el estado de Sinaloa, nos parece la forma más infantil y risible, que “nuestras autoridades” nos quieran coartar el derecho individual que tenemos como mexicanos.
El hecho de que las mujeres sean violadas no es porque ellas lo provoquen; el hecho de que los jóvenes usen el pelo largo no los convierte en delincuentes; el hecho de traer alhajas ostentosas no nos convierte en provocadores para un asalto; el hecho de transitar a cualquier hora del día o de la noche, no nos convierte en vagos o en delincuentes.
Todos estos hechos son provocados por la misma ineptitud de nuestro propio gobierno y bando de policía, a los que todo se les ha salido de las manos y de cauce. La balacera realizada en los primeros días de enero de 1993, a escasos pasos del palacio de gobierno, ¿fue después de las 2 de la madrugada?
Es por esto, que un grupo numeroso de jóvenes nos queremos manifestar en contra de tales arbitrariedades o iniciativas, que, en lugar de solucionar el problema de la violencia y el vandalismo de raíz, sólo lo cambian de horario y violentando la carta magna que es nuestra constitución mexicana.
Contra la ridiculez del gobierno estatal y municipal: la razón y la cordura de los jóvenes y el pueblo en general.
Por lo tanto, te invitamos este viernes 4 de febrero a las 5 de la tarde frente al atrio de Catedral al festival Pro Derechos Constitucionales de todos los sinaloenses (Carta al Lector. Protestarán jóvenes por nuevas medidas, 04 de febrero de 1994, p. 2B).
La crónica del festival Pro Derechos Humanos Constitucionales convocada por los jóvenes para rechazar las medidas restrictivas, fue recogida por la prensa, en la cual estudiantes lanzaron consignas contra el presidente municipal y salió a la palestra el llamado Movimiento Estudiantil en Contra de los Abusos del Estado (mecae):
Y la plebada habló, gritó, bailó, cantó y propuso: “nosotros nos cortamos el pelo si (Humberto) Gómez Campaña se lo despinta”, dijo uno de los integrantes del Movimiento Estudiantil en Contra de los Abusos del Estado (mecae) mientras varios de cientos de ellos seguían coreando diversas consignas en todos los tonos. Fue una fiesta que sólo se vio amenazada cuando varias patrullas de la policía Judicial del Estado, en el cruce de Álvaro Obregón y la calle Rafael Buelna bloquearon el acceso a los jóvenes al Casino Culiacán “ahora denominado el Casino de la Cultura” que sería inaugurado anoche por el gobernador Renato Vega (Rectifica Ontiveros Salas su postura, 05 de febrero de 1994, p. 1A).
En dicha manifestación, el estudiantado exigía una solución a las medidas coercitivas que intentaban imponer las autoridades, por lo que se sentaron en la calle, frente a los agentes policiacos y empezaron a corear: “¡Exigimos solución, no queremos represión!, ¡México, México, México”. Luego entonaron el himno nacional. Paulatinamente, el lugar de la concentración fue llenándose de jóvenes, quienes empezaron a corear “la vieja consigna de los años 70; ¡júntense!, ¡júntense! .... No solo se trató de jóvenes de escuelas públicas como las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa (uas) y del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), sino también de colegios privados como Monferrant, Colegio América y Colegio Patria, escuelas donde estudiaban hijos e hijas de funcionarios de gobierno, todos ellos hermanados por un rechazo general a las restricciones de las libertades que pretendían imponerles. Entre los manifestantes, un estudiante de la escuela de Historia de la uas, sostenía que querían demostrar que la violencia no provenía de ellos, sino del mismo Estado con ese tipo de decisiones de coartar sus derechos (Rectifica Ontiveros Salas su postura, 05 de febrero de 1994).
En respuesta a la manifestación de las personas jóvenes contra las disposiciones de las autoridades municipales, el titular de la dsptm y el Secretario General del gobierno del Estado argumentaron que la estrategia era solo intensificar la presencia de la policía todo el día, dándole mayor énfasis en las noches, por lo que las autoridades no se apartarán de las normas y rechazan que se pretenda impedir el libre tránsito, pues esto significaría la suspensión de las garantías individuales, lo cual solo lo puede realizar el presidente de la República, previa autorización del Congreso de la Unión. Ontiveros Salas, director de la dsptm, solo recomendó que las autoridades educativas se involucraran invitando a los jóvenes a no portar joyas ostentosas y no utilizar el cabello largo, así como a las jóvenes a no utilizar vestidos cortos ni escotes pronunciados (Rectifica Ontiveros Salas su postura, 05 de febrero de 1994, p. 1A).
El representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (canacintra) en Culiacán, Heriberto Félix Guerra, aclaró que el uso o no de la minifalda debe quedar como una sugerencia y no como obligatorio. Reconoció también que la sociedad buscaba soluciones de fondo y, en muchos sentidos, la ciudadanía relacionaba la violencia a problemas como la desnutrición, la desintegración familiar, la drogadicción, por citar algunos, asimismo, señaló que respecto a la vestimenta de los y las estudiantes que contempla el desuso de la minifalda, sea solo a nivel de sugerencia y no como una obligación (Rectifica Ontiveros Salas su postura, 05 de febrero de 1994, p. 1A).
El Frente Cívico Sinaloense (fcs), en voz de su secretaria, María Teresa Guerra Ochoa, afirmó que se llegó a incurrirse en actos de torturas y detenciones ilegales para combatir el delito. Además, puso en la discusión algunas voces que pretendían reducir la edad penal:
…se ha propuesto penalizar a los menores como estrategia para inhibir los actos delictivos en los jóvenes, se ha incurrido incluso para combatir el delito en actos ilegales: la policía judicial ha incomunicado a detenidos, practicando la tortura y existen evidencias de ajusticiamiento en contra de presuntos delincuentes (Se siguen equivocando las autoridades, 05 de febrero de 1994, p. 3B).
El día 5 de febrero, ante la postura de las autoridades y en vista de seguir con las estrategias de reforzamiento de los operativos policiacos, los y las estudiantes decidieron marchar y manifestarse. A bordo de 50 automóviles, cerraron la avenida Álvaro Obregón; primeramente, manifestándose frente al palacio municipal exigiendo libertad y de ahí se trasladaron a la casa de gobierno, vigilados de cerca por patrullas de la policía municipal:
En medio de ruido de cláxones y estridente música, la madrugada de ayer decena de jóvenes se plantaron frente a la casa del gobernador del estado Renato Vega Alvarado exigiendo a grito abierto que se dé marcha atrás a las medidas que se pretenden implementar por considerarlas violatorias a las garantías individuales (Protestan frente a casa de Renato, 06 de febrero de 1994, 1B).
Después de manifestarse en la casa del gobernador del Estado, los y las jóvenes decidieron trasladarse a la casa de la familia del alcalde, ubicada en la colonia residencial Las Quintas, pero la presencia de los cuerpos policíacos les impidió acercarse (Protestan frente a casa de Renato, 06 de febrero de 1994).
El martes 6 de febrero, el comité coordinador del mecae declaró que el director de seguridad pública municipal, Carlos Ontiveros Salas, estaba violando sus derechos y que el gobierno estatal, lejos de abrir más posibilidades de desarrollo, los está encerrando cada vez más. Asimismo, aseguraron que no todas las personas jóvenes son delincuentes y el problema de esto no estribaba en su forma de vestir, su apariencia personal o en las fiestas hasta altas horas de la tarde y noche, por lo que emplazaban al alcalde, Humberto Gómez Campaña, a una reunión pública con los y las jóvenes en el atrio de catedral, el día viernes 11 a las 16:00 horas, para que explicara las medidas que se pretendían poner en práctica. Manifestaron, que no solo presentarían críticas, sino también propuestas para frenar los hechos delictivos (Truncan desarrollo a los jóvenes: mecae, 09 de febrero de 1994).
Ante la exigencia del mecae, la dsptm anunció que desistía en realizar convenios con instituciones educativas en torno a regular el uso de pelo corto y minifaldas, y que se avocarían a incrementar la vigilancia, sobre todo, en la periferia. Argumentó que las intenciones jamás fueron las de violentar la Constitución y menos los derechos humanos, por lo que en ningún momento se señaló que a los y las jóvenes se les iba a privar de su libertad de tránsito por su forma de vestir o apariencia (Preferimos otras medidas: dsptm. Sólo vigilancia especial de 2 a 5 de la mañana, 10 de febrero de 1994). Reforzando las declaraciones del titular de la dsptm, el gobernador del Estado manifestó que era aberrante cualquier intención por coartar la libertad de ideas, libre tránsito u obligar a los jóvenes a vestir de alguna manera, por lo que el gobierno no era partícipe de imposiciones en torno al pelo y al uso de la minifalda (Llama Vega Alvarado a retomar los hábitos. Califica de aberrante cualquier intento por impedir la manifestación libre de las ideas, 10 de febrero de 1994).
La reunión del viernes 11 fue realizada junto con los representantes del gobierno municipal, el alcalde Humberto Gómez Campaña y el director de la dsptm, Carlos Alfonso Ontiveros Salas, acompañado por el jefe de la Policía Judicial del Estado (pje), Juan Manuel Inzunza Lara, quienes escucharon los cuestionamientos y los reclamos de los y las jóvenes. En sus argumentos, los miembros de mecae dieron a conocer que su movimiento no se trataba solo de discutir sus formas de vestir o apariencia, sino problemáticas de fondo que vivía la juventud de la ciudad:
mecae tiene una propuesta central que es apoyo para los jóvenes a través de bibliotecas públicas, parques, lugares donde exponer la cultura popular y no un Casino de la Cultura en donde sólo se van a exponer obras de los artistas que tienen lana. Culiacán sólo tiene tres bibliotecas públicas (mecae se reúne hoy en catedral con autoridades, 11 de febrero de 1994, p. 3B).
Los funcionarios se encontraban sentados en los escalones del atrio de catedral, y ante una multitud de reclamos y la presencia de unos 2000 asistentes, el titular de la dsptm negó haber pretendido normar las formas de vestir de las personas jóvenes y de un pretendido toque de queda (Jóvenes ganan la batalla. Autoridades municipales aseguraron que nunca hablaron de prohibir minifalda y pelo largo, 12 de febrero de 1994). Asimismo, los integrantes del mecae manifestaron su rechazo al antidoping realizado a estudiantes de la Escuela Secundaria nro. 1, solicitando que se realizara de igual manera a las personas funcionarias. Los y las jóvenes argumentaron que si la intención era acabar con los narcotraficantes, en vez de gastar el dinero en el Casino de la Cultura, deberían de invertir en capacitar a los policías para que estos no extorsionaran a la gente. De igual forma, el evento fue el momento propicio para que los presentes señalaran constantes abusos policiales, por lo que el jefe de la pje respondió que no podía cuidar a los policías de manera permanente y reconoció algunos abusos hacia jóvenes y ancianos. Ante estas explicaciones, los estudiantes exigieron un aumento de sueldo a los policías (Jóvenes ganan la batalla. Autoridades municipales aseguraron que nunca hablaron de prohibir minifalda y pelo largo, 12 de febrero de 1994), como una forma de combatir las prácticas de extorsión a partir de los bajos sueldos de los cuerpos policíacos.
El último en intervenir en la comparecencia pública fue el alcalde Humberto Gómez Campaña, quien señaló que: “cuando se decide restringir el horario de las bebidas alcohólicas, se hizo luego de una larga reflexión sobre la necesidad como acto de gobierno de proteger al joven” y que de ninguna manera se restringirá las libertades a los jóvenes en su derecho de vestir y de imagen (Jóvenes ganan la batalla. Autoridades municipales aseguraron que nunca hablaron de prohibir minifalda y pelo largo, 12 de febrero de 1994). La reunión marcó el fin del enfrentamiento de los y las jóvenes con las autoridades y la capitulación de las fuerzas de seguridad pública en coartar las libertades en el año de 1994, sin embargo, la violencia e inseguridad seguirá como problema recurrente en la sociedad sinaloense.
Sinaloa y, concretamente, la capital del Estado, han estado asociadas a la violencia y al narcotráfico, cuna de los principales carteles de las drogas, además de una gran profusión de la narcocultura. Desafortunadamente, la situación de la inseguridad ha crecido en el país y, principalmente, en Culiacán, de acuerdo con el índice de Paz Metropolitano se indica que la capital sinaloense fue “entre 2011 y 2013 Culiacán fue la ciudad menos pacífica de todas”, derivado de la gran actividad de grupos delictivos asociados al narcotráfico, donde en el periodo mencionado se presentaron 1676 homicidios, lo que significó 63,5 muertes por cada 100 000 personas, con una “tasa de ocho mil 892 casos por cada 100 mil habitantes, frente a menos de siete mil del promedio nacional” (Plascencia, 1 de abril de 2016). La violencia ha seguido en los últimos años, pues en 2016, producto de la disputa entre grupos de traficantes, se dio un desbordamiento de esta entre los meses de agosto y septiembre (Plascencia, 17 de octubre de 2016), lo que generó momentos de gran tensión entre la población.
CONCLUSIONES
La juventud de manera histórica ha sido etiquetada como una etapa convulsa en cuanto a comportamiento, al desafiar el orden establecido y poner en peligro la paz social. Estas aseveraciones no solo se han dado en regímenes políticos dictatoriales, sino en gobiernos que se autodefinen democráticos como es el caso de México, donde las personas jóvenes han sido etiquetadas de peligrosas por sus conductas, actitudes, formas de vestir y apariencia, ya sea como expresión de ideales de izquierda para los casos de las dictaduras militares de derecha o como formas que contribuyen al aumento de los índices delictivos para el caso analizado. La estigmatización realizada ha traído como consecuencia, políticas públicas tendientes a coartar derechos, generando una violencia física, verbal y simbólica por parte de las personas adultas.
En el caso acontecido en la ciudad de Culiacán en Sinaloa, México, la aplicación de medidas que pretendían disminuir los índices delictivos en la ciudad y brindar seguridad a sus habitantes no debería descansar sobre criterios discursivos que se basen en representaciones sociales que pudieran no atender las causas reales de dichas problemáticas. Demanda que continúa vigente en la actualidad, ya que las autoridades contando con la cobertura de los diversos medios de comunicación, tienden a manipular la percepción como en el caso de la inseguridad en Culiacán, lo cual involucra a los jóvenes en la manifestación de esta, declarando contra sus propias libertades para vestir y transitar libremente a altas horas de la noche.
La respuesta de esta población no se hizo esperar y fue organizándose, convocando a las autoridades al diálogo, no solo buscaban defenderse sino presentar propuestas que tenían como objetivo atacar las causas que originaban el fenómeno de la inseguridad. La población joven proponía el contar con más bibliotecas, parques y espacios públicos para un desarrollo más integral.
La politización de la juventud de Culiacán y la exigencia del derecho a expresarse, manifestarse y libre circulación, provocó una confluencia de sectores de jóvenes donde las clases sociales no fueron un impedimento, pues miembros de escuelas públicas y privadas, asumiendo una posición crítica, coincidieron en el espacio público abanderando las mismas demandas.
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Fecha de ingreso: 24/03/2019
Fecha de aprobación: 26/03/2020