Rev. Ciencias Sociales 169: 91-103 / 2020 (III)

ISSN Impreso: 0482-5276 ISSN electrónico: 2215-2601

La organización comunal en el distrito de Zaragoza
en Palmares. El surgimiento de la Asociación
de Desarrollo Integral en la década de 1970

The communal organization in the district of Zaragoza in Palmares. The emergence of the Association
OF Integral Development in the 1970s

Javier Rodríguez Sancho*

Resumen

En este artículo se analiza el desempeño histórico de las organizaciones comunales, en particular, de la Asociación de Desarrollo Integral en el distrito de Zaragoza en Palmares, de cara a los conflictos y a las necesidades internas desde la década de 1970. Para tales efectos, se hizo uso de una serie de fuentes primarias, documentos institucionales y estudios científicos, asimismo, se emplearon algunos datos para interpretar el fenómeno en mención. Además, se visibiliza el papel de las autoridades públicas, el control político-institucional y los arreglos que convinieron para atender asuntos relacionados con las vidas cotidianas que también padecieron otras comunidades de la Región de Occidente de Costa Rica en la segunda mitad del siglo xx.

Palabras clave: Historia * COSTA RICA * GOBIERNO MUNICIPAL * comunidad * POBLACIÓN rural

Abstract

This article examines the historical performance of community organizations, specifically the Integral Development Association in Zaragoza, Palmares, in terms of its conflicts and its internal necessities since the decade of 1970. For this analysis, primary sources such as institutional records, scientific studies and data were used. In addition, the article highlights the role of public authorities, the political and institutional control, and their agreements to deal with daily-life aspects in this community and others in the Western Region of Costa Rica during the second half of the 20th century.

Keywords: history * COSTA RICA * MUNICIPAL GOVERNMENT * community * rural POBLATION

* Sección de Historia y Geografía de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

j.rodriguezsancho@gmail.com

Introducción

Los pueblos rurales en la Región Central de Costa Rica se formaron en medio de una serie de aspectos centrados en una base económica entre subsistir, desarrollarse o desaparecer. Las historiadoras Silvia Castro y Miriam Pineda (2012), ilustran este fenómeno con sus particularidades regionales de cara a la especulación de las tierras comunales privatizadas por quienes habían obtenido cientos de caballerías en la Región de Occidente. Cultivos para la exportación como el café, abrieron las puertas al capitalismo agrario en la segunda mitad del siglo xix, como lo comprueban los estudios de Samper (1986 y 1987), Castro (1990), Badilla y Solórzano (2010), entre otros. No obstante, algunos pueblos pequeños nacieron como el resultado de los avatares del destino, por ejemplo, en el caso de los emplazados entre los Montes del Aguacate de un ciclo minero durante las décadas de 1820 y 1830.

Se especula que la organización interna de una villa era el resultado de un complejo universo de cambios políticos y económicos nacionales que le dieron su sentido y, es presumible, que se copiase un modelo institucional preconcebido. Entre tanto, el cura, los maestros, la Agencia de Policía y el sistema sanitario contribuyeron con esa transformación. De ahí que las villas habitadas por los descendientes de los primeros colonos dejaran de ser espacios rurales con un estilo de vida simple al adquirir un tipo de organización parroquial, y posteriormente, de tipo municipal, mejor articulado en la segunda mitad del siglo xix. La fundación de las parroquias primero y la declaración de los cantones después como figuras político-administrativas del Estado nacional, revelaban que los propósitos del control social con una matriz católica o de cuño liberal, operaban desde sus particularidades e intereses (Rodríguez, 2016; Marín y Gil, 2011).

Este artículo debe sumarse a un intento por dimensionar la producción de estudios acerca de los pueblos y de las comunidades rurales con la dificultad que ello implica en cuanto a la disponibilidad y al acceso a las fuentes en los archivos municipales, parroquiales y otros. Al mismo tiempo, se reconoce una evolución en la historiografía costarricense de las últimas décadas, que ha tomado en cuenta las investigaciones inscritas dentro del enfoque de la historia local, elaboradas por aficionados o cronistas, luego, por un sector académico, tal como lo expresa la historiadora Silvia Castro (2014), dado que: “muestra distintas modalidades de acercarse al devenir de cantones, ciudades y barrios” (p.4). Además, la apertura del primer centro universitario regional en San Ramón en 1968, benefició el desarrollo de las investigaciones científicas a partir de tesis, artículos, libros y proyectos acerca de la Región de Occidente (Castro, 2012).

En términos metodológicos, estudiar un microespacio desde sus particularidades históricas, ayuda a entender y a explicar una región como la de Occidente, por ende, ofrece una posibilidad para interpretar con mayor amplitud la llamada Historia nacional, un compendio de las historias locales y regionales. Asimismo, la escritura de estudios no académicos ha sido diversa a lo largo de las décadas; de hecho, la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y la de la Universidad Nacional han utilizado esta producción, salvando sus limitaciones. El historiador Iván Molina (2014), asegura que existen diversos enfoques en las historias locales, desde las tradicionales monografías del siglo xix y principios del xx, hasta las tesis más recientes, las cuales ayudan a determinar: “el impacto de los procesos de cambio que operan a escala de la región o del país” (p.22).

Con lo dicho, se puede reconocer que las historias locales acerca de San Ramón, como las de Arturo Moncada (1917), Rafael Lino Paniagua (1943) y Trino Echavarría (1966), presentan visiones específicas y relacionadas con el pasado de la comunidad en diferentes momentos. Por ejemplo, en torno a Palmares, la monografía de Joaquín Lorenzo Sancho (1941), y para el caso de Naranjo, la del sacerdote español José del Olmo (1929), entre otras, muestran aspectos económicos, políticos y sociales de estas villas con un estilo de vida “aldeano” desde sus orígenes.

La evolución histórica de las villas

Las primeras organizaciones en la Región Central y en otras de la geografía costarricense, nacieron en el seno de la Iglesia católica. Es demostrable empíricamente que las denominadas juntas edificadoras se empeñaron en levantar templos parroquiales, al mismo tiempo, que cohesionaron a un sector de la población. Este fenómeno fue patente en San Ramón, Palmares y Grecia a finales del siglo xix y a principios del xx (Sanou, 2001), entre decenas de casos, y como pasó en Zaragoza de Palmares en el primer lustro de la década de 1920 (Rodríguez, 2016). En ese contexto, los moradores de las villas no fueron ajenos al desarrollo de sus comunidades ni se desentendieron de los problemas internos; de esta forma, fueron forjando una cultura local y regional en medio de las vicisitudes socio-religiosos y políticas, como se evidencia en las apreciaciones de Alfonso González (1997) y Carlos Abarca (2011).

La vida cotidiana de los antepasados en la Región de Occidente estuvo matizada por el esfuerzo de mejorar las modestas construcciones de adobe, madera, teja y paja, para levantar en su lugar templos monumentales con estilos arquitectónicos europeos. Las preferencias y el gusto de los liberales josefinos que copiaron estilos de corte francés para el Teatro Nacional, la Oficina de Correos, las casas de Barrio Amón en San José, así como en otros barrios en Heredia y Cartago, entre otros ejemplos, se distanciaban a todas luces de las simples edificaciones aldeanas (Abarca, 1999).

Esta observación se pondría de manifiesto en varios templos parroquiales acordes con una idealización del progreso de los liberales y como una paradoja del destino, ya que el clero fue combatido en términos ideológicos y políticos desde la década de 1880, tal como lo revela el historiador Claudio Vargas (2015). Al menos, en cuanto a los estilos, pudieron concordar con ciertas visiones de mundo entre los distintos sectores de poder local con el centralismo josefino que los opacaba. Las villas con resabios coloniales en sus casas y edificios públicos pretendían parecerse más a la capital y, los templos parroquiales les dieron esa posibilidad simbólica (Morales, 2011).

Los pioneros que arribaron a la Región de Occidente fueron protagonistas y testigos a la vez de la evolución de las villas, por tanto, también se beneficiaron con la creación de los cuadrantes y las calles de tierra en los centros poblacionales (Abarca, 2020). Es patente que las líneas del telégrafo los “aproximaron” a San José en el siglo xix, y la instalación de un modesto alumbrado público, a comienzos del siglo xx, les cambió su percepción del tiempo, ya que medían las faenas agrícolas con el sol en el cenit y, en ocasiones, de “sol a sol”. Entre tanto, las oficinas municipales y los servicios contratados de forma privada al notario, boticario, agrimensor y al médico, sentaron las bases de una sociedad menos rústica (Obregón , 2005; Abarca, 2011).

Es presumible que la declaratoria de Palmares como “ciudad” en julio de 1918, según el Decreto Ejecutivo 28, así como, la creación de los linderos entre los distritos en 1915, fueron decisiones que revelaban un cambio político-administrativo y económico. Por lo que se puede estimar, esta villa dejaba de ser ambigua en términos territoriales a principios del siglo xx, según las apreciaciones de Carlos Abarca (1999). Lo mismo se apreciaba en los pueblos más desarrollados, como San Ramón y Grecia, que vivieron esa transición con anterioridad.

Los caminos y las rutas entre el interés local y el regional

Los caminos y las rutas nacionales enlazaban los pueblos con los centros principales de la Región de Occidente. Las nuevas variantes en las rutas denominadas como nacionales, a principios del siglo xx, son dignas de mencionar, tal como las destaca el historiador Herbert Ulloa (1997). Se abrieron caminos entre el centro de la villa de Atenas con el distrito de Concepción hacia el caserío de Río Grande en 1903; entre Naranjo y Atenas en 1906 y, en este mismo año, entre San Ramón, Palmares y Atenas. De acuerdo con una Memoria de Fomento (1905), se declaró Carretera Nacional la ruta entre San Ramón y Río Grande, y entre Palmares y Atenas, en 1906 (Carretera Nacional, Congreso constitucional, 18 de octubre de 1906). Además, la instalación de un puente metálico entre Palmares y Naranjo acortó las distancias y habilitó a los poblados aledaños (Colocación de un puente entre Palmares y Naranjo, 12 de junio de 1908).

De acuerdo con las anotaciones de Carlos Morera (2011), en 1900, se abrió un camino entre Zaragoza y Santiago, posteriormente, en 1901, se creó camino entre una localidad próxima a los Montes del Aguacate y por La Calera que se enlazaba con San Mateo. También, surgieron varios intentos fallidos al poner en operaciones un tranvía entre la ciudad de Alajuela y Grecia que se enlazaría con San Pedro de Poás e, incluso, con San Ramón. Las administraciones de Ricardo Jiménez, Alfredo González Flores y Julio Acosta escucharon acerca de esa propuesta ambiciosa (Cabrera, 5 de julio de 2015).

La ambicionada modernización y el progreso trajeron aparejados cambios profundos, que afectaron a gremios como el de los boyeros y sus toscas carretas, quienes perdieron un protagonismo con la aparición de los automotores. La Carretera Interamericana en los albores de la década de 1940, hizo palpable el declive en el oficio decimonónico. La autopista Bernardo Soto inaugurada en diciembre de 1972, en auge al desarrollo económico en la Región de Occidente destacado por la bonanza del café, mostraba otra razón de fondo para entender los cambios en la vida de la población campesina (Rodríguez, 2014).

Antecedentes históricos de las organizaciones locales

En materia de organizaciones locales, se reconoce que las juntas progresistas de la década de 1920, dieron un impulso al desarrollo material de las comunidades carentes de caminos, puentes, alumbrado, acueductos y equipamiento básico, en medio de las luchas comunales que hermanaron a los vecinos ante las necesidades de infraestructura y de servicios públicos.

En las valoraciones del sociólogo Jorge Cayetano (1991), las juntas progresistas sentaron las bases de un tipo de estructura que evolucionó paulatinamente. Entre tanto, en la administración de Julio Acosta (1920-1924), propiamente en julio de 1920, aparecieron las Juntas Sanitarias Patrióticas que, al final de esa década, se denominaron Juntas Patrióticas Progresistas (Cayetano, 1989).

En la presidencia de León Cortés Castro (1936-1940), se prorrumpió una ley de asociaciones que intentaba controlar sus operaciones, según un acuerdo del Poder Ejecutivo de agosto de 1939. El riesgo de contar con grupos organizados que se salieran de las reglas establecidas por el Estado, era inminente, ya que estos podían operar como un caldo de cultivo para la disidencia política y el conflicto social. La aparición de la Federación de Juntas Progresistas en 1955, evidencia la fuerza que habían tomado en la sociedad costarricense. En los distritos de Candelaria y Santiago en Palmares, se instituyeron en 1952, un asunto que el jefe político no dejó pasar por alto, tal como consta en un documento del Archivo Nacional referido por la historiadora Patricia Alvarenga (2005). Se evidencia así que en los distritos rurales, también hubo una custodia emanada por las autoridades públicas, celosas de las actividades y de los propósitos operativos.

El deporte tuvo un protagonismo en la vida social de los pueblos, actuó como un catalizador de la energía, del ocio y del sentido de pertenencia. A inicios de la década de 1940, se creó la Asociación Unión Deportiva Zaragoza, un dato que consta en el acta elaborada por el notario Luis Carballo Morales del 4 de agosto de 1941 (Registro Público de Costa Rica, 1941). Entre los objetivos específicos de estas agrupaciones, la de Zaragoza no fue la excepción al sostener un punto en común: “el desarrollo de la cultura física, mental y moral de sus miembros y el recreo de los mismos con toda clase de diversiones honestas” (p.1). A esto, debe agregarse un procedimiento convencional del control político en un cantón, ya que el alcalde de Palmares, Ernesto Ortega, firmó el libro de actas, que también requería de un sello de la Gobernación de Alajuela.

En Palmares como en otros cantones, existieron organizaciones con propósitos diversos que funcionaban con cierta capacidad de gestión, tales como, los llamados Organismos Locales, el Club 4-S y el Club de Leones, que no necesariamente atendían necesidades complejas, las cuales eran una responsabilidad del gobierno local. Estos entes se enfocaban en ciertos problemas específicos seleccionados por sus directivos. Los fondos recaudados en un baile, un reinado o en un turno, se encauzaban en la construcción de una casa para una familia pobre, un tramo de un acueducto, un aula escolar u otra obra de menor magnitud.

Un tipo de voluntariado vecinal, definido bajo el nombre de Comité Pro-Mejoras de Zaragoza1, emergió en abril de 1964 con el propósito de construir cuadrantes, una cancha de fútbol, instalar lámparas, crear un parque u otras necesidades en el distrito, proyectos que luego asumió la Asociación de Desarrollo Integral a partir de 1972. Los fines de esta organización constan en el primer Libro de Actas y comprueban los puntos de una agenda comunal que se compartió sin reparos. Sin embargo, “el letargo” de los vecinos era notorio entre quienes no querían integrarse a la organización y no fue sencillo disiparlo en aquel momento. Esto iba a ser contrarrestado desde el púlpito por el cura párroco Alcides Ruiz, quien no era ajeno al sentir de los grupos organizados dispuestos a romper con la indiferencia.

La reunión para formar una primera directiva fue anunciada en la misa del domingo 26 de abril y asistieron treinta personas congregadas en el galerón de la lotería contiguo a la plaza, además, se propusieron organizar las fiestas cívicas para finales de enero de 1965 (Comité Pro Mejoras de Zaragoza, 1964-1969). Cabe adicionar que en 1963, la población del distrito de Zaragoza se estimó en 3183 personas y, para 1973, se contabilizaron 3462 (Hernández, 1985).

Debe destacarse que durante décadas, las fiestas patronales y los turnos en los pueblos2 fueron el resultado de la cooperación entre una Junta Edificadora, el Patronato Escolar y el voluntariado anónimo; posteriormente, estas concretaban un estilo de coordinación con las directivas de las asociaciones de Desarrollo Comunal como en Zaragoza de Palmares a comienzos de la década de 1970. Es posible que los lazos familiares y de amistad hicieran más simple la organización de un festejo, conciliando así la devoción con un esfuerzo organizativo y el reparto final de las ganancias.

Las organizaciones locales bajo la tutela del Estado y un nuevo orden internacional

Las asociaciones de desarrollo integral y las de orden específico que se protegieron bajo los principios de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (dinadeco) a partir de 1968 (la ley apareció en 1967), constituyeron una forma de organización supervisada entre aciertos, al lado de los fracasos en sus primeros años de fundación (Cayetano, 1989). Además, entre las funciones de dinadeco (1969) como entidad, es la “encargada de fomentar, orientar, coordinar y evaluar la organización de las comunidades (…) consciente en la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social” (p.11). En su génesis estuvo creada como un brazo del Poder Ejecutivo y adscrita a la Presidencia de la República en la administración de José Joaquín Trejos Fernández (1966-1970)3 (Mondol, 2009).

Con la aparición del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad: 1971-1974, se puso de manifiesto un cambio operativo que regionalizaba las doce oficinas, un experimento en marcha que tuvo su propia resistencia. En este marco, la centralización estatal se practicaba por medio de las leyes como la llamada “Cuatro-tres” nro. 4646 del 20 de octubre de 1970, la de “Presidentes ejecutivos” nro. 5507 del 8 de abril de 1974, entre otras, que dieron renovadas posibilidades de control político al Poder Ejecutivo de cara al andamiaje público.

En este artículo, se consiente que hubo una oposición planificada y enfocada en contra de las formas de operación de las juntas progresistas, algunas de estas dirigidas por militantes de la izquierda (Alvarenga, 2005). El contexto internacional de la década de 1960 se expresaba de diversas formas en la realidad nacional, por ejemplo, los efectos directos e indirectos de la revolución cubana, que se declaró socialista en 1962, un referente ineludible que marcó una época. Desde la ciudad de Washington d.c., se organizó una lucha anticomunista que permeó la vida política de las sociedades en América Latina y el Caribe. La iniciativa de la Alianza para el Progreso, el impacto de la guerra de Vietnam, la Teología de la Liberación y la doctrina de Seguridad Nacional, fueron sus puntos de encuentro (Mondol, 2009). Además, la visita de Kennedy a la ciudad de San José en marzo de 1963 para reunirse con los mandatarios de la región centroamericana, debe mirarse como parte de una coyuntura conflictiva, en palabras del historiador David Díaz (2017).

Asimismo, la proscripción de los comunistas en la vida política costarricense se mantuvo durante las décadas de 1950, 1960 y hasta la primera mitad de la década de 1970, lo cual evidenció una faceta antidemocrática que contrastaba con una forma de tolerancia por la participación del Partido Acción Socialista en los comicios nacionales de 1970 y 1974 (Molina y González, 2015).

Algunas organizaciones campesinas, sindicatos, gremios u otras, eran parte del espectro político e ideológico que atrajo la mirada y preocupación en los sectores de poder conservador. Por consiguiente, las juntas progresistas fueron neutralizadas con diversas tácticas y el surgimiento de dinadeco en 1968 fue una prueba de ello (Alvarenga, 2005). Es atinado resaltar que los voluntarios del Cuerpo de Paz4 quedaron acreditados como promotores comunales (dinadeco, 1969); las “ayudas” del gobierno de los Estados Unidos por medio de la aid u otras agencias, condicionaron esas tareas. La capacidad de organización que una agrupación deportiva e, incluso, una cultural desarrollaba en un caserío o en un distrito, estuvieron también bajo la supervisión de los entes del Estado costarricense.

Es conocido que dinadeco se amparó en mecanismos legales, en un financiamiento estatal y en una experiencia local para controlar a los grupos organizados (Villalobos, 2019). Los entes en los pueblos tuvieron que someterse a ciertos controles ejercidos desde las asociaciones, tal como sucedió con el Comité Pro-Mejoras de Zaragoza, cuando su tesorero: “hizo entrega de la papelería y de un cheque que ascendía a 6.679.25 colones” (Asociación de Desarrollo Integral de Zaragoza (adiz), 1972-1980, p.9).

En algunas ocasiones, las asociaciones de Desarrollo Integral o de Desarrollo Específico entraron en polémicas con los consejos municipales y con el Ejecutivo municipal, a pesar de que se les solicitaba una coordinación, según la ley de dinadeco nro. 3859. Algunos proyectos de infraestructura distrital fueron el origen de las disputas, pero también de los acuerdos en aras de cumplir con el Código Municipal que estaba en debate en la Asamblea Legislativa en 1970 (Aguilar y Pallavicini, 2019). Una crónica del diario La Nación (Ocaso de los gobernadores, 6 de enero de 1970) con una ácida crítica en contra de las funciones y del papel del gobernador, es llamativa por el grado de cuestionamiento de cara a los lectores, a saber: “la eliminación de ese funcionario público de naturaleza ambigua (…) que actúa con un pie en el gobierno central y con otro en la municipalidad (…) nombrados por el Poder Ejecutivo y dependiente del Ministerio de Gobernación” (Ocaso de los gobernadores, 6 de enero de 1970, p.8).

Asimismo, la ley de creación del ifam nro. 4716 que entró a regir en febrero de 1971, evidenciaba un debate previo entre los grupos de poder nacional encabezado por Liberación Nacional y sus opositores como Unificación Nacional. Por lo tanto, se pretendía controlar con mayor detalle las operaciones del aparato público, tanto en los pueblos como en las cabeceras de los cantones y de las provincias (Villalobos, 2019).

Las asociaciones estuvieron obligadas a presentar sus planes anuales de trabajo a sus socios en las asambleas generales, también a las municipalidades respectivas, tal como lo patentiza el acuerdo de la Asociación de Desarrollo Integral de Zaragoza en su sesión 3 del 28 de febrero de 1972. Más aún, en la sesión 15 del 3 julio, se nombró a dos representantes para que fueran a una reunión entre las autoridades municipales y las asociaciones de Desarrollo Comunal convenida a realizarse en el cantón de Naranjo (adiz, 1972-1980).

En un segundo encuentro nacional de dirigentes comunales, se hizo palpable un conflicto de intereses, propiamente en julio de 1973, cuando se argumentó que existían dificultades operativas entre las municipales y las asociaciones de Desarrollo Comunal y se sostuvo lo siguiente: “no se ha logrado establecer la debida coordinación con las municipalidades. La naturaleza política de estos organismos, ha constituido un obstáculo para una mejor relación” (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (dinadeco e ifam), 1973, p. 10). Más aún, Benjamín Maluenda, consultor de la oea, señaló con preocupación que ambas entidades seguían desarrollando: “iniciativas paralelas y en abierta competencia” (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (ifam y dinadeco), 1975, p.7). Más allá de las discrepancias operativas, se contabilizaban en el territorio nacional entre 1971 y 1975, un total de 407 asociaciones de Desarrollo Integral, 73 de Desarrollo Específico y 18 Uniones Cantonales o Zonales, ratificado en un informe del Departamento de Promoción y Evaluación de dinadeco (1977).

Un marco legal y una necesidad comunal en la década de 1970

La Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad de Zaragoza de Palmares nació el domingo 6 de febrero de 1972, una referencia que consta en el Libro de actas de Asambleas Generales (adiz, 1972-1998). En la asamblea constitutiva participaron 165 personas, quienes firmaron con su puño y letra en el Libro de asistencia. Entre los objetivos principales, uno se centraba en la promoción de un desarrollo económico y social del distrito, eso sí: “colaborando para ello con el gobierno, las instituciones autónomas, las municipalidades” (adiz, 1972-1998, p.3). En este mismo folio, aparecen definidos los límites tanto geográficos como políticos y los simbólicos:

Norte: Palmares centro por medio del cementerio y con La Granja por medio de Calle Vargas. Sur: Candelaria y Santiago por medio del río Quebrada Grande. Este: Esquipulas por medio de la pulpería La Cocaleca y el Rosario de Naranjo por medio del Río Grande. Oeste: Comunidad del Rincón de Rojas por medio de la Cooperativa de Caficultores de Palmares R.L (antiguamente Orlich) (p.3).

La estructura de la junta directiva provisional tenía siete miembros, tal como lo dispuso el Reglamento de la Ley de creación de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal de 1968, además, la Ley de Desarrollo de la Comunidad número 3859 era de abril de 1967. El promotor regional de dinadeco5, el señor Marcos Murillo, les recomendó a los noveles directivos de Zaragoza, leer el reglamento de marras para una correcta aplicación desde la primera reunión, que se celebró al día siguiente, es decir, el lunes 7 de febrero de 19726.

La Asociación de Desarrollo Integral se enfocó en proyectos, tales como: colaborar para construir un nuevo pabellón en la escuela Ricardo Moreno Cañas, en la reparación del Santuario de la Virgen del Pilar, en la creación de una plaza de deportes, construir un salón comunal y un alcantarillado sanitario, realizar el asfaltado de las calles principales y coordinar la organización de las tradicionales fiestas del 12 de octubre en el distrito (adiz, 1972-1998). Sin dejar de mencionar, por ser vox populi, que algunos de esos proyectos habían sido propuestos y parcialmente materializados por el Comité Pro-Mejoras de Zaragoza antes mencionado.

En la referida reunión del domingo 6 de febrero de 1972, un diputado palmareño y el presidente municipal, ambos de Liberación Nacional, se hicieron presentes para dirigir unas palabras a la naciente organización: “a la comunidad de Zaragoza por el paso dado en procura de un mayor desarrollo” (adiz, 1972-1998, p.16). El promotor de dinadeco no dejó pasar desapercibida la visita, sobre todo, hizo hincapié en lo discutido y resuelto en la asamblea general, ya que: “fueron asuntos tratados estrictamente, ajustados a la ley y reglamento (sic)” (adiz, 1972-1998, p.16) y de esta forma, daba fe pública de lo pactado entre los vecinos.

Un perfil social con sus limitaciones y el desarrollo local

La labor caritativa de una asociación, como por ejemplo, donar láminas de zinc, alcantarillas, madera, cemento y hasta un diario a los vecinos pobres, era un aspecto que denotaba un campo paralelo en sus operaciones. En el caso de una partida específica de diez mil colones, que se ventiló en una asamblea general de la Asociación de Desarrollo Integral de Zaragoza, el 23 de noviembre de 1974, se aclaraba a los beneficiarios que ese monto: “no se podrá regalar, sino, para ayudar a construir con un pagaré” (adiz, 1972-1998, p.43). El dilema de “regalar” tuvo sus opositores en esta junta directiva, tal como se aprecia; sin embargo, el llamado asistencialismo, era una acción recurrente que albergaba actitudes diversas en las poblaciones y tuvo un origen en el mismo Estado, bajo el control de algunos partidos políticos. En varias actas de la junta directiva, se anotaron las visitas de los vecinos en condiciones de pobreza, quienes solicitaban ayudas como las mencionadas.

Al respecto, se especula que el asistencialismo no generaba las condiciones propias para que las comunidades desarrollaran sus capacidades de gestión y, de esta forma, encontraran las soluciones precisas, más allá de las obligaciones de las autoridades públicas. Esto propició una dependencia malsana, que dio como resultado acciones interesadas con un cálculo electoral, tales como, emplear a sus militantes en el gobierno de turno, atraer algunas partidas específicas, gestionar bonos de viviendas o alimentarios, entre otras prácticas afines (Rodríguez, 2017).

Asimismo, las elecciones nacionales de febrero de 1974, habían pasado y la administración de Daniel Oduber Quirós (1974-1978), pretendía mantener ciertos programas y planes provenientes de la anterior administración encabezada por José Figueres (1970-1974), con su lema “guerra contra la pobreza extrema”. La intervención social del Estado se institucionalizó por medio de la ley de creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (imas) nro. 4760 (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1971). La coordinación con entidades como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (invu), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (ifam), Instituto de Tierras y Colonización (itco), Consejo Nacional de Producción (cnp), Caja Costarricense del Seguro Social (ccss), Ministerio de Trabajo, entre otras, era indispensable, pese a ciertos fiascos operativos.

El padre Armando Alfaro criticó al imas en un informe por el ineficiente uso de los recursos y por algunas limitaciones del personal y la descoordinación institucional, es decir, una suma de aspectos que la opinión pública percibía acerca del ente como: “una agencia de caridades limosneras” (Instituto Mixto de Ayuda Social (imas), 1977, p.24).

En este escenario, dinadeco estuvo mediado por programas de mayor rango, por ejemplo, el Plan Agropecuario Nacional de 1971-1974, el cual contribuiría a paliar la pobreza en las zonas rurales, al considerar las posibilidades de las organizaciones comunales. El ambicioso programa de Asignaciones Familiares persiguió objetivos loables, sin embargo, fue usado como bandera política desde su nacimiento en la presidencia de Oduber Quirós. Entre diversas prácticas, el paternalismo de Estado ensayaba reposicionarse en la medida en que asistía a miles de costarricenses, según datos del sociólogo Jorge Cayetano Mora (1989), eran unas trescientas mil personas, no obstante, la cifra era diferente y cambiante en los datos de otras instituciones como el imas (Viales y Delgado, 2016).

En las elecciones de febrero de 1974, Liberación Nacional había perdido el respaldo en varios consejos municipales, un aspecto que alertó a la dirigencia del partido en el poder desde el año 1970. El programa de Asignaciones Familiares tuvo un carácter paternalista a la sombra de la amañada práctica distribucionista-asistencialista que propiciaba una mayor injerencia estatal en las comunidades (Cayetano, 1989; Rodríguez, 2017).

Se considera que la cúpula de Liberación Nacional luego de la Unidad Social Cristiana, usó el potencial y las acciones de las asociaciones de Desarrollo Comunal por medio de los líderes comunales para propiciar una mayor atracción de votos en las preferencias hacia sus candidatos en las papeletas municipales, las provinciales y en las nacionales. Una posibilidad que los diputados de las provincias utilizaban y que les ayudaba a encauzar las voluntades en los comicios de cada cuatro años.

Entre 1970 y 1978, las partidas específicas provenientes del presupuesto de la República eran cerca de cinco mil, con un monto aproximado de 112 500 000 colones (mayoritariamente), las cuales se emitieron en el gobierno de Oduber Quirós de acuerdo a los datos del académico Miguel Ángel Mondol (2009) y representaron un 87% del total. Sin desestimar que la Ley 4763 (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 17 de mayo de 1971) reducía la edad para votar de 21 a 18 años: una modificación integrada al artículo 90 de la Constitución Política de Costa Rica, que se aplicó en las elecciones nacionales de 19747.

El sociólogo rural, José Luis Hernández (2010), sostiene que las asociaciones de desarrollo comunal perdieron autonomía y la intermediación político-partidaria las limitó con el paso de los años. Algunos diputados de la región no dudaron en ofrecer una ayuda económica por medio de una partida específica que iría a una necesidad concreta de la comunidad, pero esta era condicionada, lo cual ocasionó una práctica perjudicial que socavó los lazos de cohesión social ante el esfuerzo de los habitantes de los pueblos y sus relaciones de amor-odio con las autoridades gubernamentales. Ante este panorama del que eran testigos los miembros del ente local, el artículo 24 de la Ley 3859, prevenía acerca de la no injerencia político-partidaria en las decisiones de las juntas directivas de las asociaciones de desarrollo comunal.

Por último, se agregan otros montos que ilustran los recursos para las asociaciones en sus distintas modalidades en el período comprendido entre 1971 y 1975, que por concepto de partidas específicas, era de 22 206 306 de colones. Por medio de un fondo de garantía en créditos, se contaba con unos 12 000 000 colones, producto del impuesto de la renta (Cayetano, 1989, como se citó en dinadeco, 1977). Se estimaba que un 60% del presupuesto se orientó hacia obras de vialidad, salones comunales, deporte, recreación, infraestructura y actividades de educación formal. En 1977, las partidas específicas para las organizaciones comunales alcanzaron 37 604 060 colones en los datos de dinadeco (1977).

Consideraciones finales

La población de la Región de Occidente de Costa Rica vivió una serie de transformaciones limítrofes, demográficas, productivas y organizativas desde finales del siglo xix, que se prolongaron hasta el siglo xx. La expansión y el comercio del café robusteció a las economías cantonales y los favorables precios internacionales provocaron un impulso económico que difería al de otras regiones de Costa Rica. En este escenario, la carreta de bueyes fue suplantada por el chapulín, el pick up y los camiones. Tomando en cuenta que la apertura de la autopista Bernardo Soto, a comienzos de la década de 1970, apresuró el desuso de los transportes como la carreta, la cual luego sería integrada al denominado folklor nacional con romanticismo.

En la organización histórica de los distritos, las juntas edificadoras jugaron un papel protagónico, ya que dieron cuerpo a los templos que congregaban, pero también que identificaban y diferenciaron a las comunidades entre sí. Las juntas progresistas, el deporte, el voluntariado y las asociaciones de desarrollo comunal que se crearon entre las décadas de 1960 y 1970, fueron un motor del desarrollo de los caseríos, los pueblos y, por ende, de los distritos a lo largo de la geografía nacional. Es válido pensar que la mística de los vecinos, le dio un sentido y una razón operativa que sobrepasaba los límites presupuestarios y los lineamientos oficiales de los ministerios. En las comunidades rurales, se organizaban actividades como turnos, subastas de ganado, topes, reinados, entre otras, con el fin de atraer fondos con los que podían adquirir una parte de los materiales, al tiempo que aportaban una mano de obra significativa.

El Estado costarricense mantuvo un tipo de control y una vigilancia normativa desde las posibilidades de las municipalidades, los jefes políticos, las gobernaciones y de la policía durante la primera mitad del siglo xx, aunque se instrumentalizó con mayor presencia institucional en la segunda mitad del siglo xx, en el marco de la Guerra Fría y con prácticas anticomunistas desde la década de 1960. En el caso de la aparición de dinadeco en 1967, hubo una legislación específica con un reordenamiento en los cimientos organizativos de los pueblos y de los distritos, que favoreció el cumplimiento de los proyectos comunales manipulados por los líderes de los partidos políticos de mayor presencia a nivel nacional. En este contexto, la centralización estatal era una realidad que necesitaba imponer sus reglas en el microespacio y, más allá de este, frente a las carencias comunales.

El caso específico del distrito de Zaragoza en Palmares, un ejemplo entre otros, que no esquivó esa visión política y económica nacional con sus matices regionales que se desplegaba desde la oficina regional de dinadeco. Se reconoce que los promotores fiscalizaron las acciones de la asociación local en procura de un desempeño normativo y operativo, sin alterar un orden conservador de las élites costarricenses preocupadas por fortalecer su injerencia en los pueblos y, de esta forma, controlar en parte la compleja expansión y funciones del Estado nacional.

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Fecha de ingreso: 10/09/2019

Fecha de aprobación: 26/08/2020

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