Rev. Ciencias Sociales 170: 47-59 / 2020 (IV)

ISSN Impreso: 0482-5276 ISSN electrónico: 2215-2601

El gobierno de la Unidad Popular y el pueblo mapuche1: El intento por transformar una relación histórica de dominación por el Estado chileno

The Popular Unity Government and the Mapuche people: the attempt to change a historical relationship of domination by the Chilean State

Tito Tricot*

Resumen

El objetivo central de este texto busca argumentar que el gobierno de la Unidad Popular representa un importante avance en la relación con el pueblo mapuche al incorporarlo en su programa de gobierno, profundizar la Reforma Agraria, así como restituir y ampliar las tierras favoreciendo a comunidades mapuche. Además, impulsó la participación de los mapuche en las políticas indígenas. No obstante, tuvo un sesgo campesinista y asimilacionista y, además, su extremo institucionalismo, acaso sin intención, atentó contra los intereses de los mapuche. Al final no pudo transformar la relación estructural de dominación del Estado para con los mapuche.

PALABRAS CLAVE: CHILE * HISTORIA * PUEBLO INDÍGENA * POLÍTICA AGRARIA * ESTADO

Abstract

The main objective of this paper seeks to argue that the Popular Unity represents an important progress regarding the Mapuche people, by incorporating it into its political program; by furthering the Agrarian Reform which increased the amount of land given to the Mapuche; and by promoting the participation of the Mapuche in the elaboration of Indigenous policies. However, it did have a peasant class bias and also an assimilation component, its extreme institutionalism, perhaps unintentionally, attempted against mapuche’s interests. At the end, it could not transform the structural relationship of domination of the Mapuche by the Chilean State.

KEYWORDS: CHILE * HISTORY * INDIGENOUS PEOPLE * AGRICULTURAL POLICY * STATE

Un día el comunero mapuche Alex Lemun pensó que en su cabeza le había caído una gota de luna que le había iluminado su vida de tan solo 17 años. Pero se equivocó: era la artera muerte que le golpeó sin aviso previo. El fulgor fue la explosión azul y roja que jamás vio, pues fue acribillado por la espalda por la cobardía de un oficial de Carabineros. Fue el 2 de noviembre de 2002, cuando Alex junto a otros comuneros, participaba en la recuperación de tierras ancestrales mapuche. Él vivía en la comunidad Requn Lemun, en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco, novena región de la Araucanía. Pleno corazón del territorio mapuche usurpado por el Estado chileno desde el siglo xix.

Dicho asesinato es, además de luctuoso, simbólico, porque la comunidad de Requn Lemun se encuentra ubicada en la zona del conocido fundo Chiguaihue, sitio de un luengo conflicto entre mapuche y los colonos usurpadores. Allí fue ultimado por el latifundista Ignacio Silva Correa, Collío, el primer mapuche caído en el proceso de reforma agraria en las postrimerías del Gobierno democrata-cristiano de Eduardo Frei (1964-1970). Asimismo, Requn Lemun fue una de las tantas comunidades —abril de 1971— expropiadas a latifundistas y restituidas a los mapuche por el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende. Es que ha sido el único gobierno en la historia de Chile que, con sus claroscuros, mediante diversos mecanismos intentó resolver la anfractuosa relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, restituyendo parcialmente tierras usurpadas con la ocupación militar del ejército desde mediados del siglo xix hasta la ocupación final en 1883. La historiografía oficial la denomina, sesgadamente, por cierto, la “Pacificación de la Araucanía”, sin embargo, esta no fue nunca pacífica.

La invasión militar chilena del territorio mapuche es la ocupación de un país soberano e independiente. Fue llevada a cabo por un Estado extranjero a través de la violencia y dirigido por la clase dominante. En consecuencia, no fue ni violencia primitiva ni mera naturaleza humana, sino que violencia racionalmente organizada: violencia política, o sea política, es decir poder. En síntesis, el poder en su expresión bélica para controlar a otro pueblo al cual consideraban enemigo, porque:

No le basta al colono limitar físicamente, es decir, con ayuda de su policía y de sus gendarmes, el espacio del colonizado. Como para ilustrar el carácter totalitario de la explotación colonial, el colono hace del colonizado una especie de quintaesencia del mal. La sociedad colonizada no sólo se define como una sociedad sin valores. No le basta al colono afirmar que los valores han abandonado o, mejor aún, no han habitado jamás el mundo colonizado. El indígena es declarado impermeable a la ética; ausencia de valores, pero también negación de los valores. Es, nos atrevemos a decir, el enemigo de los valores… (Fanon, 1963, p. 20).

En este sentido, es el mal absoluto. Elemento corrosivo, “destructor de todo lo que está cerca, elemento deformador, capaz de desfigurar todo lo que se refiere a la estética o la moral, depositario de fuerzas maléficas, instrumento inconsciente e irrecuperable de fuerzas ciegas” (Ibídem, p. 20). Fanon se refería principalmente a racistas europeos, pero acá Vicuña Mackenna decía sin vergüenza alguna que “el indio no cede sino al terror, lo que demuestra su vil naturaleza” (Vicuña, 1868, p. 13). Es la violencia de la satanización, el asesinato simbólico y moral, el exterminio ético. O sea, una vez más, la Civilización contra la Barbarie pregonada por políticos e intelectuales chilenos y latinoamericanos.

La penumbra colonizadora, o en el caso concreto de Chile, endocolonizadora, se cernía abrumadora sobre los mapuche, pues no solamente había que apoderarse de su tierra y territorio, sino que también de su identidad. En congruencia con su ideología racista y colonial, el Estado no solamente invadió el Wallmapu2 por razones económicas, políticas y geopolíticas, acuartelándose en el País Mapuche como un Estado unitario, uninacional y unicultural, sino que también tenía muy claro que el territorio es un espacio de disputa y conflicto, un espacio de dominación caracterizado por relaciones de poder donde se confrontan las clases, las ideologías, las violencias, las representaciones, las culturas, los símbolos, los ritos, los lenguajes, los significados, los sentidos.

La mapuchidad y la chilenidad, una guerra de dos constelaciones donde la segunda debía imponerse a la fuerza sobre la primera y si no fuere posible, aplacar subjetividades, simplemente pulverizarlas. Por ello, la territorialidad chilena, el modo especifico de apropiación del espacio, constituyó una verdadera operación multidimensional que buscó engarzar distintos tipos de negaciones, materiales e inmateriales. La nación y cultura chilenas fagocitaron o al menos intentaron asimilar a la nación y cultura mapuche, recurriendo a tres mecanismos principales: la chilenización, el arreduccionamiento y la radicación forzada. A través del primer instrumento se impuso toda la identidad y la cultura, además de la densa institucionalidad chilena por sobre las prácticas sedimentadas sociales y culturales mapuche.

El arreduccionamiento y la radicación forzada fueron procesos concomitantes que literalmente redujeron las tierras mapuche en un 90%, transformando el patrón de tenencia de la tierra en el Wallmapu. Se instauraron 3 mil reducciones —verdaderos campos de concentración— donde se confinó a los mapuche. Ya en 1866, por ejemplo, se habían declarado las tierras mapuche como tierras fiscales y, por consiguiente, susceptibles de enajenación, puesto que el territorio mapuche se consideraba territorio de colonización (Aylwin, 2004; Bengoa, 2007; Correa y Mella, 2010), desconociéndose la propiedad indígena y, por lo mismo, arrogándose el Estado chileno el derecho de propiedad de aquellos vastos espacios. En la práctica:

… solo se reconoció como ‘efectivamente ocupado’ la ruca, los huertos familiares y lo cercado, dejando fuera del dominio mapuche los territorios de pastoreo,ramoneo, extracción de leña y de recolección de frutos, es decir, la ocupación antigua, aquella que permitía la supervivencia material y cultural de las familias mapuche (Correa y Mella, 2010, p. 63).

La razón esgrimida oficialmente fue que no tenían los elementos para trabajar el remanente de la tierra. Por otro lado, y en un clara demostración de racismo y genuflexión eurocéntrica, el gobierno les adjudicó los terrenos no reconocidos a los mapuche y les fueron asignadas:

… hijuelas que alcanzaban a 70 cuadras y 30 más por cada hijo varón de más de 12 años, pasajes gratuitos desde el puerto de embarque hasta Chile; tablas, clavos, una yunta de bueyes, vaca con cría, arado, carreta, maquina destroncadora, pensión mensual durante un año y asistencia médica por 2 años. También se procede a rematar tierras fiscales ‘baldías’ en hijuelas que van desde las 200 a las 500 hectáreas y sin restricción para que cada persona rematara la cantidad que quisiera, dando origen a un importante proceso de acaparamiento de hijuelas y la formación de grandes paños territoriales, antecedente directo de los fundos particulares actuales, que van encerrando a las comunidades (Ibíd., p. 66).

En otras palabras, mientras al indígena se le castigaba por carecer de medios de trabajo, las familias de colonos son apoyadas por lo mismo: por carecer de medios de trabajo. Se le sancionaba al indio solo por ser indio y se le premiaba al europeo solo por ser europeo.

Sea como fuere, una de las resultantes del proceso de arreduccionamiento y radicación fue la conformación de 3087 reducciones entre 1884 y 1929, con una superficie de 475 423 hectáreas que implicaron a 77 751 mapuche, lo cual significó un promedio de 6,1 hectáreas por familia mapuche (Tricot, 2013). Estas fueron las tierras de peor calidad agrícola y fueron asignadas arbitrariamente por el Estado a lonko3, quienes no necesariamente vivían en aquellos espacios ni con las mismas familias originales, lo cual suscitó conflictos y contradicciones, fracturando aún más la sociedad mapuche. Se les otorgaron Títulos de Merced, es decir, de dominio, pero como si fuera una dádiva del Estado, por eso se les denominaron elegantemente Merced. ¡Títulos de Merced a los mapuche, de sus propias arreduccionadas tierras!

En el intertanto continuaron creciendo los fundos de colonos extranjeros y chilenos e incrustándose en todo el territorio mapuche, aislando aún más a las reducciones, engañando a los mapuche cuyas tierras, de acuerdo a la Ley, no podían venderse. Los Juzgados de Indios, que supuestamente debían protegerlos, rara vez lo hicieron y trabajaban en connivencia con notarios, abogados, policías y jueces para perjudicar a los indígenas. En concreto:

Los fundos fueron uno de los principales espacios de construcción de jerarquías y de sometimiento de los mapuche. En ellos se localizaron escuelas y también se constituyeron en importantes nichos de disciplinamiento laboral. Las comunidades se articularon como mano de obra racializada servil (Nahuelpan y Antimil, 2019, p. 227).

La colonialidad del poder se entronizó en el país y, por supuesto, con la dominación imperialista y de clases. Con esta situación se encontró la Unidad Popular y es en este contexto que elabora su programa político. En el programa básico del Gobierno, se señala que Chile:

...es un país capitalista dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver 1os problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente (Gobierno de la Unidad Popular, 1969, p. 4).

Uno de esos problemas fundamentales era sin duda la profundización del proceso de Reforma Agraria comenzada casi sin consecuencias en el gobierno derechista de Jorge Alessandri (1958-1964); proseguida por el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei el cual —en el marco de la estrategia estadounidense de la “Alianza para el Progreso4 que buscaba minar la base social de apoyo campesino a una posible revolución estilo cubana— expropió alrededor de 1400 predios que ascendieron a 3 millones 400 mil hectáreas, llevando a cabo una importante labor de cooperativización en el campo. No existió por parte del gobierno un abordaje especial hacia el pueblo mapuche en su calidad de tal, sino que más bien en su condición de campesino. Tan solo al finalizar su periodo y producto de las movilizaciones de las organizaciones mapuche y campesinos pobres que comenzaron a utilizar de manera más sistemática las “corridas de cercos” como un arma legitima y efectiva de recuperar gradualmente las tierras usurpadas, el gobierno se preocupó parcialmente de sus reivindicaciones.

En dicha lucha fueron también apoyados por la creciente inserción de integrantes del Movimiento Revolucionario (mir)5 y el Movimiento Campesino Revolucionario (mcr)6. Como resultado de las presiones movimentales mapuche, las tomas de fundos, corridas de cercos, las recuperaciones de tierras, las acciones lideradas por la Confederación Campesina e Indígena Ranquil en la zona de Malleco; por el (mcr) en Cautin, en especial en las comunas de Lautaro, Carahue y Loncoche, y por la Unión Campesina Revolucionaria (ucr) en la zona de Puerto Saavedra (Correa et al., 2005), fue un proceso continuo.

Con esta situación, como se mencionó anteriormente, se encontró la Unidad Popular, pero no exclusivamente realizó una lectura de la realidad, sino que, sobre todo, la expresó políticamente y tuvo la voluntad y decisión política de incluirla en su programa revolucionario. Es decir, cómo resolver definitivamente el problema estructural de la existencia del latifundio en el campo y en territorio mapuche, que ninguna de las reformas agrarias anteriores había zanjado. Bajo el acápite “La construcción de la nueva Economía” que comprendía las nuevas formas de propiedad diseñadas para terminar con el dominio del capital monopólico e iniciar la edificación del socialismo, se incorporó como parte integral el segmento: “Profundización v extensión de la Reforma Agraria”, toda vez que:

La Reforma Agraria es concebida como un proceso simultáneo y complementario con las transformaciones generales que se desea promover en la estructura social, política y económica del país, de manera que su realización es inseparable del resto de la política general. La experiencia ya existente en esta materia y los vacíos o inconsecuencias que de ella se desprenden, conducen a reformular la política de distribución y organización de la propiedad de la tierra en base a las siguientes directivas… (Gobierno de la Unidad Popular, 1969, p. 21).

De las 7 directivas mencionadas en esta sección programática, la número siete es de extraordinaria trascendencia puesto que alude directa e inequívocamente al pueblo mapuche y a las tierras históricamente usurpadas. No se remite solamente a lo estipulado en la ley de la Reforma Agraria anterior, la cual, si bien en algún momento entregó limitadas tierras a mapuche, lo hizo debido a presiones de facto de movilizaciones de organizaciones mapuche u otras. Además, en general, en la forma de minifundios o propiedades individuales y no en tanto comunidades. Por el contrario, lo que plantea la coalición de la Unidad Popular es la:

Defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que al pueblo mapuche y demás indígenas se les asegure tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas (Ibíd., p. 23).

Se reconoce entonces la necesidad y el derecho del pueblo mapuche de recuperar sus tierras usurpadas más allá de las posibilidades que ofrecen las herramientas institucionales de la Reforma Agraria. Más concretamente, se garantiza la ampliación de sus tierras, acontecimiento inédito en la relación Estado chileno-pueblo mapuche. Una cosa, evidentemente, es una propuesta política y otra muy diferente su aplicación en el contexto de una confrontación aguda de clases en el país, en general, y en el campo, en particular. Ello no se dio solo con la oposición —la derecha y la democracia cristiana— sino que también con los latifundistas y grupos paramilitares que comenzaron a operar en el sur. También se suscitaron diferencias de estrategias políticas y acción con movimientos, tales como, el mcr y otros más pequeños, pero igualmente activos en algunas zonas, como el Netuaiñ Mapu, vinculado al Partido Comunista Revolucionario, de inspiración maoísta, integrado básicamente por estudiantes y comuneros mapuche. Empezaron a operar en 1971, después del triunfo de Allende y, como se señaló, el mcr, que ya lo había hecho durante el gobierno anterior, continuó haciéndolo también durante el gobierno de Allende.

En cualquier caso, una de las primeras acciones del gobierno en relación a esta esfera fue la creación de la “Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas” y, en adición, comprometerse a la elaboración de una nueva Ley Indígena con la participación pivotal de las organizaciones indígenas. En esto tuvieron incidencia decisiva las conclusiones y demandas del Primer Congreso de las organizaciones mapuche realizado en 1969 e, indudablemente, el Congreso Nacional Mapuche efectuado en noviembre de 1970, recién iniciado el mandato presidencial de Salvador Allende.

Es en este marco que, tan solo 3 meses después, en enero de 1971, el Ministerio de Agricultura y todos sus órganos vinculados al proceso de Reforma Agraria y a la restitución de tierras, se traslada en su totalidad a Temuco, capital de la provincia de Cautin. A este evento se le conoce hasta ahora como “Cautinazo” y es reconocido por muchos como un acto simbólico y factual de la decisión política del gobierno de llevar a cabo una transformación real en la estructura histórica de la tenencia de la tierra en el campo chileno y mapuche. Valga recordar que a mediados de los años 60, los latifundios representaban el 80% de la superficie agrícola, un porcentaje importante de ellos subexplotados. Esto último es de singular relevancia porque —como lo señalara repetidamente durante su gestión— siendo el gobierno respetuoso de la Ley, incluyendo de la legislación anterior referida a la reforma, simplemente aplicaría todo lo ahí consignado, o sea, la expropiación de los predios de más de 80 hectáreas de riego básico y, las otras causales, estar abandonados, mal explotados o incumplir las leyes laborales. Estas tres últimas causas prácticamente no se utilizaban antes.

Es interesante el paralelo que se puede establecer aquí con los criterios esgrimidos por el Movimiento de los Sin Tierra7 (mst) en Brasil quienes recurren actualmente, y ya por varias décadas, a las ocupaciones de fundos —aparte evidentemente de la injusticia histórica, social y económica que existe en ese país— remitiéndose a la propia Constitución brasileña que establece prístinamente que en relación a la Reforma Agraria, toda propiedad debe cumplir una función social. Más todavía, el mst recoge los criterios detallados en el mismo cuerpo legal que señala que debe existir un aprovechamiento racional y adecuado de los recursos, respetarse las leyes laborales y preservarse el medio ambiente.

Indubitadamente, los procesos no son extrapolables, pero como lo demostraron los mil días de la Unidad Popular, sí parecieran iterables en cuanto a patrones históricos de confrontación y estrategias de luchas, especialmente en la época de la denominada Guerra Fría ¡Que nunca fue fría! Sin embargo, en muchos aspectos, y el tema mapuche es uno de ellos, el gobierno de Allende fue pionero y visionario, recogiendo un sinnúmero de las demandas mapuche. No todas, porque su visión y análisis de clase y en otros casos indigenista, ocluía la posibilidad, uno puede argumentar, de transcender sus posiciones, a veces campesinistas, a veces asimilacionistas, aunque, quizás de parte de algunos, estas no fueran intencionales sino que sencillamente no pudieron translimitar su propio tiempo.

Sea como fuese, a ritmo vertiginoso y en un proceso novel, en menos de un año la Corporación de Reforma Agraria ya había expropiado una superficie de 7103, 68 hectáreas que correspondían a 46 predios y que eran recuperados para comunidades mapuche. Lo mismo hizo la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas que había reestablecido la justicia en el caso de 68 341 hectáreas. Los primeros predios fueron expropiados en la comuna de Galvarino en enero de 1971, estableciéndose el asentamiento Cuel Ñielol. Y los últimos, en la comuna de Loncoche en diciembre del mismo año, creándose el asentamiento Michimalonco.

Es de perogrullo sostener que los latifundistas y los patrones de fundos, hayan sido objeto de expropiación o no, prontamente comenzaron a organizarse para enfrentar la Reforma Agraria y defender los privilegios de los cuales habían usufructuado desde siempre. Así surgieron los “Comités de Retoma”, grupos paramilitares conformados por agricultores armados y que se desplazaban en vehículos, habitualmente en grupos de 50 o más personas, y quienes se dirigían a predios que habían sido ocupados por mapuche, que normalmente incluían mujeres y niños, para atacarlos violentamente. De esta manera, asesinaron mapuche, como a los hermanos Ramón y Francisco Cheuquelen, en el fundo Huilio en Nueva Imperial; Moisés Huentelaf, dirigente mapuche del mcr durante la toma del fundo Chesque en Loncoche, el 22 de octubre de 1971 (Mallon, como se citó en Suazo, 2018), y Juan Huilipan, asesinado por latifundistas en el fundo Brasil Sur, en Lautaro (Correa et al., 2005). Además de una miríada de heridos, tanto mapuche como campesinos pobres. Ni estos ni el Movimiento Campesino Revolucionario ni tampoco Netuaiñ Mapu tenían posibilidad alguna de oponerse a los grupos patronales armados y bien organizados. En relación a lo señalado es importante puntualizar dos cosas. En primer lugar, que la violencia política:

...tiene un contenido y una expresión estructural que en Chile y en el Wallmapu se ha erigido como una arquitectura de control que, al fin y al cabo, es el objetivo último de la violencia política colonial y capitalista. Así, uno podría compartir la noción de que se mantiene, sino intacta, al menos sólo levemente modificada, la lógica de la colonialidad del poder, aquella que se impusiera con la conquista (Tricot, 2017, p. 27).

Esta matriz de dominación, percibida como una continuidad histórica por un sector del movimiento mapuche, se manifiesta en la reproducción de la apropiación de la tierra y, por sobre todo, en la usurpación territorial. Acá se ha materializado un Continuum Histórico de Dominación engarzado por dos Negaciones: la Negación Originaria verificada en el siglo xix y, la Segunda Negación, con la imposición en el siglo xx del modelo neoliberal (Tricot, 2011a, 2011b, 2013, 2017).

Lo anterior fue agenciado por el Estado chileno que surgió de la violencia, la nación chilena se impuso desde el Estado también por la violencia política que eslabonaba la violencia, la política y el poder. Porque, si bien, es verdad que uno puede concordar que la violencia dominante en sus manifestaciones de clase, raciales o lo que fuese, no siempre es patente, sí es parte de la estructura de dominación. Es aquello que Marx y Engels en el Manifiesto Comunista denominaran la Guerra Civil más o menos oculta que se desarrolla en el seno de la sociedad existente (Marx y Engels, 1983). Pero ni el poder ni la política ni la violencia están vacías de contenido, no son neutrales en el juego de la vida que para pueblos originarios en muchos casos no fue juego y sí demasiada muerte. Y no existe neutralidad, pues el contenido de la política no es la política per se, aunque se despliegue en el campo de lo que convencionalmente se nombre como la institucionalidad, sino que carga con un peso económico del cual nunca puede desprenderse. Trata de encubrirlo, como las dictaduras a los desaparecidos, estos últimos, tristemente jamás aparecen, pero el lucro siempre lo hace.

En este caso, y en segundo lugar, la violencia política estaba intrínsecamente vinculada a la propiedad privada, al latifundio y a los dueños de los fundos, muchos de ellos descendientes de colonos extranjeros o chilenos a quienes el Estado les había entregado o vendido tierras que, a su vez, le habían robado a los mapuche. Eran tierras antiguas que, en rigor no les pertenecían legítimamente, aunque legalmente podían exhibir certificados de propiedad. En suma, la violencia y la conflictividad en la zona provenía principalmente del sector patronal y no de los mapuche o de las organizaciones que los apoyaban o, que inclusive, dirigían las ocupaciones de predios.

Las tomas de fundos eran en su inmensa mayoría pacíficas y cuando se producían enfrentamientos era cuando los terratenientes, agricultores o grupos armados acudían a recuperar los fundos tomados. No obstante, los medios de comunicación de la derecha y de la oposición en su conjunto, de manera concertada, crearon en el imaginario colectivo de una provincia con un porcentaje significativo de población ideológicamente racializada, la idea de una situación de violencia generalizada. De hecho, “la prensa provincial extendió la idea de la amenaza guerrillera en Cautín. Del mismo modo, la acción de estos grupos revolucionarios se relacionó con el ejercicio de una actividad delictual en expansión” (Redondo, 2016, p. 151).

Nada nuevo en el repertorio de acciones de aquellos que defienden la propiedad privada, tampoco en la historia social y política de Chile donde todos los gobiernos han efectuado masacres de obreros, mineros, campesinos, mapuche, pobladores. Todos. La única excepción fue el gobierno de la Unidad Popular y eso se expresó también en la forma en que implementó la Reforma Agraria, puesto que en todo momento lo hizo circunscribiéndose a la ley. Paradójicamente, no recurrió a la legislación vigente con la misma fuerza para controlar a los Comités de Retoma y, posteriormente, al Movimiento Patria y Libertad, grupo paramilitar fascista que comenzó a operar en el sur. Este movimiento fue fundado al día siguiente del triunfo de Salvador Allende con el objetivo declarado de derrocarlo, realizando múltiples acciones de sabotaje: voladura de puentes, redes de transmisión eléctrica, así como, ataques a personas, sedes de partidos políticos y participación en asesinatos.

A pesar de todo, la Reforma Agraria continuó en 1972, concentrándose las expropiaciones, a diferencia de otras ocasiones y siempre dentro de la ley, en la restitución de tierras solo a comunidades mapuche. Fueron 43 predios que acumulativamente sumaron un total de 40 798,0 hectáreas expropiadas, estableciéndose al menos 28 asentamientos (Correa et al., 2005). Debe mencionarse que la situación —aparte de la violenta resistencia de los agricultores y del sistema judicial que en general los amparaba— era difícil porque la oposición en el parlamento presentó un proyecto para modificar la Ley de Reforma Agraria. El núcleo de esta consistía en la inexpropiabilidad de los predios de menos de 40 hectáreas de riego básico. De ser aprobada, el cambio significaba que muchas tierras usurpadas en manos de particulares no podrían ser restituidas a mapuche. Asimismo, había que considerar la coyuntura nacional, la cual complejizaba cualquier política que intentara implementar el gobierno ante la creciente y sistemática actividad política, ideológica, comunicacional, económica, internacional y armada de la oposición,

En Chile existe un dicho muy difundido entre las personas mayores: “Pasar Agosto”, es decir, sobrevivir el invierno. Incluso, se han creado “Clubes de los que pasaron Agosto”, cuyos integrantes se reúnen el primero de septiembre a celebrar la ocasión. ¿Por qué rememorar esto ahora? Porque las 40 798,0 hectáreas expropiadas y devueltas a los mapuche recién indicadas, se verificaron en el periodo enero-agosto de 1972. Ulteriormente, en un solo mes —agosto del mismo año— se expropiaron 36 predios con una superficie global de 6155,8 hectáreas, ello fue producto de un Convenio entre la Corporación de Reforma Agraria (cora) y la Dirección de Asuntos Indígenas (dasin). Se trataba de pasar agosto antes de que explotara el país quizás. O visualizando que las alteraciones que se pretendían introducir a la Ley de Reforma Agraria limitarían los esfuerzos por retornar la tierra a campesinos y mapuche. Tal vez previendo que el proyecto de la nueva Ley Indígena que se hallaba en el congreso y cuyo borrador le había sido entregado por las mismas organizaciones mapuche después de luengos debates, pudiera ser gravemente cercenado por el parlamento. Si así ocurriese, la política de acercamiento y diálogo, de conformación de consejos campesinos, de expropiación, restitución y ampliación de tierras usurpadas estaba en peligro. Era un problema ético y político a la vez cuyo desenlace sería casi exactamente un mes después que se expropiara el último predio.

Ni Jacques Chonchol, el ministro de agricultura, ni Allende estaban necesariamente contentos con la Ley, pero ambos, en una posición conformista y desplegada por el gobierno en todas las esferas, siempre apegada al derecho, adoptaron una actitud pragmática. En el discurso de promulgación de la nueva Ley, el presidente inclusive aseveró que “la Ley que hoy vamos a promulgar contiene aspectos muy positivos y también, lamentablemente, algunos vacíos que no son culpa del Gobierno Popular” (Allende, 2016). O sea, el gobierno era consciente, y así lo declaró públicamente, que entre tener una Ley Indígena o nada, mejor tenerla. Esto suscitó críticas al interior del conglomerado de organizaciones mapuche que habían participado democráticamente en la elaboración del proyecto de Ley, las cuales quisieron presentar un proyecto alternativo a escasas semanas de que este fuera aprobado. Por cierto del Movimiento Campesino Revolucionario, para este:

...la alternativa más convincente para los mapuche organizados fue la vía revolucionaria propuesta por el mcr (y el mir), porque demostró que podía solucionar sus demandas territoriales en la práctica. Así, para canalizar el descontento y el sentimiento de injusticia, el desafío colectivo del mcr fue la acción directa disruptiva, una forma de movilización social revolucionaria que ofreció una respuesta inmediata a las necesidades e intereses de sus protagonistas (Suazo, 2018, p. 143).

No se referían aquí en particular a la nueva Ley, sino que a su estrategia política en general; sin embargo, es aplicable en este caso, pues la Ley no propulsó al gobierno a ningún tipo de “acción directa o extrainstitucional” para lograr retomar su propuesta original. Ni su propia óptica política ni la correlación de fuerzas existentes en ese momento lo posibilitaban, por tanto, su decisión fue promulgarla y prometer a las organizaciones mapuche presentar inmediatamente un nuevo proyecto de ley indígena.

La Ley Indígena 17.729 indudablemente fue y sigue siendo un importante avance jurídico y político en lo que concierne a los pueblos originarios. Pero es este último punto precisamente donde se encuentra su principal falencia: no hubo un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios como pueblo. Siguen siendo chilenos. Cuando remitimos a la relación Estado-pueblos originarios, o más exactamente, mapuche, ya deja de ser un simple error, constituye un Continuum histórico de Dominación, una relación de clase, evidentemente defendida por la Derecha. De hecho, el articulo 1° de la Ley estipula que en cuanto a la condición de indígena:

...el Instituto Nacional de Desarrollo Indígena (idi) podría acreditar ésta a aquella persona que invocase: a) un derecho emanado de un título de merced de 1866, 1874 y 1886 o de un título gratuito de dominio otorgado por disposiciones legales de 1927, 1930, 1931 y 1961; b) o declarado por sentencia dictada en juicio de división de una comunidad indígena con título conferido de acuerdo con las disposiciones legales; c) y también a cualquier habitante del país que formase parte de un grupo que tuviera características propias (lenguaje, religión, formas de vida, etc.) de los grupos étnicos autóctonos del país (Ley Indígena 17.729, 1972, Artículo 1°).

Lo anterior, obviamente, excluía la dimensión territorial y, más aún, la posibilidad de autodeterminación y autonomía. Sin embargo, alude e incorpora el componente socio-cultural, constituyéndose también como progresiva al declarar las tierras indígenas como susceptibles de protección, expropiación y restitución.

Se prohibió su enajenación y arrendamiento, excepto entre indígenas y, además, eran indivisibles, inembargables y exentas del pago de contribuciones fiscales. Se refería a las tierras asignadas por Títulos de Merced. Empero, el legislador igual, y contradictoriamente, incluyó restricciones a la expropiación de tierras para no restituirlas a los mapuche y menos todavía ampliarlas. Por ejemplo, otorgándole la posibilidad de división de una comunidad si la mayoría de sus integrantes así lo manifestase. También estatuyó un artículo proclamando que los “ausentes” —comuneros mapuche que por alguna causa se habían ausentado de sus comunidades por un tiempo determinado— perdían el derecho sobre sus tierras y estas podían ser enajenadas. Esto no consideraba la dimensión cultural y la relación mapuche con la tierra, la diáspora a la cual habían sino sometidos por el mismo Estado, pero aun así siempre volvían a su territorio para mantener el vínculo con su tierra y cosmovisión.

Un logro relevante fue la creación del Instituto de Desarrollo Indígena cuyo objetivo era supervisar las expropiaciones y las restituciones, así como, la promoción cultural, educacional, social y económico de los indígenas. Aunque, simultáneamente, se manifestaba que debía “procurar su integración a la comunidad nacional, considerando su idiosincrasia y respetando sus costumbres” (Ley Indígena 17.729, 1972, Artículo 34). En otras palabras, proseguía siendo un tipo de Ley indigenista, de integración y asimilación al Estado-Nación dominante. En este, y otros sentidos, el proyecto original presentado por las organizaciones mapuche y por el ejecutivo, era mucho más avanzado En particular, en lo referido a la integración efectiva de las tierras reformadas a la tierras mapuche, a poner término a la explotación individual y transformarla a una modalidad colectiva.

Además de la capacitación en sus diversas formas, de hecho para tal efecto, al comienzo del gobierno se formó el Instituto de Capacitación. Pero, a pesar que el gobierno de la Unidad Popular incluyó —como se ha mantenido— al pueblo mapuche en su programa, lo cierto es que lo hizo como uno de los componentes del proceso de profundización de la Reforma Agraria, por consiguiente, poseía un sesgo campesinista. Ello tiene su explicación en el origen y carácter de los partidos que componían el gobierno. En general, se posicionaban desde un análisis de clase que contemplaba la generación del Poder Popular cuyos sujetos colectivos centrales eran los trabajadores, el campesinado y aquellos sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo. No se hacía mención del pueblo mapuche.

En cualquier caso, después de la promulgación de la Ley en septiembre de 1972, el gobierno continuó con la expropiación de predios a favor de comunidades mapuche. Fueron 10 predios con un total de 7629,5 hectáreas. El último predio expropiado fue Santa Rosa de Colpi, en Lumako, en la provincia de Malleco, el 13 de agosto de 1973, un mes antes del golpe de Estado cívico-militar que derrocó violentamente al presidente Salvador Allende. Entre 1971 y 1973, fueron expropiados y restituidos a mapuche 137 predios con una superficie de 129 420,88 hectáreas (Tricot, 2013; Correa et al., 2005). A ello deben sumarse 22 995,60 hectáreas, producto de tierras expropiadas durante la década del 60, principalmente bajo el gobierno democratacristiano. En síntesis, al momento del golpe militar en 1973, unas 152 416,48 hectáreas habían pasado a poder de comunidades mapuche en las provincias de Malleco y Cautín en el sur de Chile.

Es en este contexto que los latifundistas, antes del golpe militar y después de este, utilizan la violencia y la institucionalidad jurídica para hacer frente a tomas y expropiaciones. De ahí que los torturados, ejecutados y desaparecidos mapuche posean el doble status de víctimas pre y post-golpe, y la represión se convirtiera en un instrumento esencial para la implementación del proceso de contrarreforma agraria llevado a cabo por la dictadura. Desde la perspectiva dominante, se hacía indispensable la represión para desarticular las organizaciones mapuche y, al mismo tiempo, regularizar el sistema de tenencia de la tierra. En definitiva, se utilizaron tres mecanismos para llevar a cabo la devolución de los predios a los antiguos dueños, aunque —paradójicamente— los antiguos dueños verdaderos eran los mapuche: la devolución directa a los propietarios expropiados, la parcelación de las tierras y el remate de estas. La resultante final es que a través de la contra-reforma agraria, el pueblo mapuche sufrió un doble despojo: el primero con la ocupación de su territorio por parte del Estado chileno y, el segundo, por medio de la dictadura que les quitó tierras recuperadas durante la Unidad Popular.

La contra-reforma agraria es solo un componente que desestructuró un modo de territorialidad para estructurar otro sustancialmente distinto. La dictadura militar diseñó e implementó una forma de apropiación del espacio que buscaba, por un lado, propiciar la imposición de una matriz neoliberal de desarrollo y, por el otro, desintegrar definitivamente el Küme Mongen, el “Buen Vivir”, el modo de vida mapuche. Su núcleo simbólico, cultural, territorial, identitario y cosmovisional. Le arrebataba su memoria, su historia y llevaba el capitalismo al Wallmapu con la industria forestal. Le incrustaba un País forestal en medio de su País, para eso necesitaba la tierra y, en ese modelo de desarrollo, los mapuche son dispensables. Era la “Segunda Negación” del Continuum histórico de Dominación al que se ha aludido y que el gobierno de la Unidad Popular trató de revertir sin éxito.

Esta “Segunda Negación”, paradójicamente, tuvo otra resultante matricial indeseada para la política territorial de la dictadura: el resurgimiento de un movimiento mapuche con características autonómicas. Es que la historia es extraña, a veces parece gastarse y desgastarse, detenerse, volver atrás. ¿Por qué? Es que fue precisamente en el año 1997 en Lumako, donde se marca un punto de inflexión simbólica y de hecho, en el surgimiento de lo que se denomina el movimiento mapuche autonomista. Se recuperan dos fundos, Pichilonkoyan y Pililmapu y, además, se queman 3 camiones de la Forestal Bosques Arauco.

Se transita desde una demanda culturalista y economicista a una demanda política: por autonomía y territorio, puesto que se decidió recuperar tierras antiguas y no solamente Títulos de Merced, aquellas tierras otorgadas por el estado después de la ocupación. Se confrontaba directamente a las forestales con una fuerza propia, aunque en ese momento fuera embrionaria. Y fue ahí, en Curalaba, en las cercanías del río Lumako, donde en 1598 los mapuche derrotaron a los españoles, dando inicio a la mayor insurrección mapuche, destruyendo todas las ciudades hispanas desde el Biobío al sur. Por eso se dice que la historia no deja de asombrarnos. La Unidad Popular intentó implementar una serie de políticas indígenas desde el Estado y logró numerosos avances, pero ahora, como antes contra los españoles, pareciera que los mapuche deben confiar en su propia fuerza política. Es que todos los gobiernos post dictadura han consolidado el modelo neoliberal y empleado políticas indígenas asimilacionistas y colonialistas. Ante las demandas sociales mapuche han respondido con la devolución de algunas tierras y, predominantemente con represión. La Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley anti-terrorista han sido sistemáticamente aplicadas en contra del pueblo mapuche y, al igual que durante el periodo de la Unidad Popular, se ha creado artificialmente un clima de terror para precisamente justificar la violencia contra las comunidades mapuche. Por ello, se sostiene, la historia camina, se detiene, vuelve. En agosto de 1973, se expropió el fundo Santa Rosa de Colpi, ahí cerca de Lumako, después el golpe cívico-militar, y actualmente en territorio mapuche, más de 1500 carabineros, detectives, infiltrados. O sea, más efectivos que un regimiento de cualquier ejército. Aparte de vehículos blindados, tanquetas, helicópteros, drones y llamados reiterados a declarar el Estado de sitio en la región, no se puede negar que existe violencia política mapuche en la zona y, sobre todo, en la forma de sabotajes a la propiedad privada de forestales, mas esto, uno puede argüir, tiene más significación y peso político que militar, como se aduce. Siendo, por lo demás, acotado, aunque la reclamación autonomista definitivamente transformó para siempre el mapa de la relación chileno-mapuche, puesto que resquebrajó las bases de la colonialidad del poder.

La respuesta del Estado, como se indicó, ha sido la represión y, desde los agricultores descendientes de colonos y de las forestales, además, el recurso a guardias de seguridad, protección policial y exaltación del odio racial. Más de cuatro mapuches asesinados por la policía. El último de ellos, el comunero Marcelo Catrillanca, de la comunidad de Temucuicui, acribillado el 14 de noviembre de 2018 con un tiro en la cabeza y en la espalda por el sargento de carabineros, Carlos Alarcón. En todo caso, la violencia política no empezó hace dos décadas ni surgió del Movimiento Mapuche, sino que es centenaria y emergió desde el Estado chileno. Pueden ir variando sus formas de expresión pero no su presencia, argumentan los mapuche; constituye un sistema, un conjunto de relaciones sociales de poder. En este sentido, puede ser conceptualizada como contra-violencia, por lo demás, en el seno del movimiento mapuche autonomista, el sector que recurre a la acción directa es minoritario, y “una mirada histórica y de la realidad actual permite concebir la inserción en la arena política institucional como parte constitutiva del movimiento mapuche” (Tricot y Bidegain, 2020, p. 22).

Lo que sí es incontestable es que la autonomía se ha posicionado transversalmente en el repertorio de demandas del Movimiento Mapuche, aunque con distintos matices, gradaciones y propuestas que transitan por la Liberación Nacional, la Plurinacionalidad, Pluriculturalidad, Interculturalidad, Multiculturalidad, Autonomía Regional, Autonomía de Comunidades, escaños parlamentarios, auto-gobierno mapuche, todo lo anterior planteado ora desde lo institucional, ora desde lo rupturista, pero siempre desde lo político, porque la solución al conflicto chileno-mapuche es político, en otras palabras, es una conflagración de poderes iniciado desde el poder chileno con la invasión del Wallmapu. El primer y principal responsable de la usurpación territorial y de la configuración del Continuum histórico de Dominación es el Estado-nación chileno, el cual es un ordenamiento del siglo xix, totalmente anacrónico que no da cuenta de la realidad de las naciones y culturas que habitan en este país y que las clases dominantes persisten en reproducirlo como una entidad uninacional y unicultural.

Conclusiones

El gobierno de la Unidad Popular fue el único gobierno en la historia política de Chile que intentó avanzar de manera cualitativa en un derrotero plagado de obstáculos en la relación Estado-Nación chileno y pueblo mapuche. El gobierno democrata-cristiano diseñó e implementó un proceso de Reforma Agraria que benefició fundamentalmente a campesinos, aunque parcialmente a mapuche, sin embargo, siempre lo fue en el marco de un Continuum histórico de Dominación negando al pueblo mapuche y a los pueblos originarios en general, posicionándose desde una altura etnocéntrica y racista. La Unidad Popular incorporó al pueblo mapuche a su Programa de Gobierno y, una vez alcanzado este, procedió a ejecutar, en diálogo y en conjunto con una multiplicidad de organizaciones mapuche, un proceso de profundización de la Reforma Agraria con la legislación ya existente.

Se restituyeron centenares de predios y más de 150 mil hectáreas a favor de comunidades mapuche, inclusive, ampliándose sus tierras. Lo anterior significó una brega constante entre el gobierno, mapuche, campesinos pobres, latifundistas, agricultores, grupos paramilitares, la oposición y, además, al menos dos movimientos revolucionarios de izquierda que participaban del proceso de tomas de fundos en el ámbito extrainstitucional y mediante la acción directa.

No obstante, el gobierno, tal como se señaló al principio, puso en marcha una política indígena de contenidos claroscuros, porque en muchos aspectos tuvo un carácter campesinista o de clase, lo que no necesariamente daba cuenta de la cultura, identidad, historia, territorio, territorialidad y horizonte nacionalitario de un pueblo originario. Pero, también es importante decir dos cosas; primero, que en esa época la ideología marxista o de clase era prevaleciente en los partidos mayoritarios de la Unidad Popular y, en general, no incorporaba al componente indígena y, cuando lo hacía era más bien de índole integracionista, tal como finalmente quedó consignado en la Ley aprobada en el Congreso; segundo, las propias organizaciones mapuche tenían como demanda principal la tierra, más que la autonomía o la libre determinación, además que muchos mapuche pertenecían también a partidos políticos. Pero sí afirmaban su condición de cultura diferente, aunque algunas sí reivindicaban su calidad de pueblo.

Si bien es cierto, se puede considerar al gobierno de Salvador Allende como un hito en lo referente a la relación con el pueblo mapuche —las organizaciones mapuche realizaron cientos de encuentros para elaborar el proyecto de Ley Indígena; el Ministerio de Agricultura se trasladó a Cautin para abordar la problemática de la Reforma Agraria en terreno, por ejemplo— no es menos cierto que, finalmente, no se resolvió el problema de fondo que es el reconocimiento del pueblo mapuche como un pueblo distinto y su autonomía.

Lo anterior se debió a dos razones. Una de ellas es que el gobierno se halló entrampado en su extrema legalidad que la oposición jamás respetó, implicó esto último que utilizó la violencia para frenar la Reforma Agraria, asumiendo el gobierno una insólita pasividad ante este accionar. Otra razón es que la Unidad Popular, también encorsetado en su adhesión incondicional a la institucionalidad, sin considerar los acuerdos adquiridos con el movimiento mapuche, aceptó promulgar la Ley Indígena creyendo que podía presentar otro proyecto y que este solucionaría los vacíos o falencias de la Ley que se iba a aprobar y cuya esencia había sido distorsionada en el congreso. Esta postura ilusa no es comprensible si se toma en cuenta la situación de violencia existente en el país y no solo en el contexto de la relación Estado chileno-pueblo mapuche.

En suma, el gobierno de la Unidad procuró cambiar la historia y terminó con el latifundio en el país, favoreciendo al pueblo mapuche con tierras como nadie lo había hecho antes. No obstante, envuelto en sus propias contradicciones y, sobre todo, incapaz de vencer la resistencia multidimensional y violenta de la oposición, no pudo lograr la transformación estructural del Continuum histórico de Dominación.

REFERENCIAS

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Fecha de ingreso: 10/11/2020

Fecha de aprobación: 24/11/2020

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