Rev. Ciencias Sociales 175: 39-55 / 2022 (I)
ISSN Impreso: 0482-5276 ISSN ELECTRÓNICO: 2215-2601
El “Enverdecimiento,” Fase Superior del Extractivismo
THE “GREENING”, HIGHER STAGE OF EXTRACTIVISM
Ana Isla*
Tipo de documento: artículo académico
Resumen
A partir de las perspectivas ecosocialista y ecofeminista, este artículo examina el impacto negativo del extractivismo como una actividad económica que extrae una gran cantidad de recursos naturales, y evalúa cómo se ha desarrollado la gestión ecológica del capital global en América Central y América del Sur, lo cual se denomina “enverdecimiento”. Se abordan tres preguntas: ¿cómo se ha organizado la red regional y local sobre la gobernanza de la naturaleza en América Latina?; ¿por qué el extractivismo golpea más a las mujeres?; y ¿en qué medida y cómo se han involucrado los movimientos contra el extractivismo en la lucha contra las tendencias globales, así como en contra de las políticas nacionales y locales que las apoyan? El documento expone a las Naciones Unidas como una fuerza clave en el modelo permanente de colonialismo, dependencia económica, patriarcado y poder geopolítico que caracteriza al extractivismo.
Palabras clave: MEDIO AMBIENTE * FEMINISMO * ECOLOGÍA * GESTIÓN AMBIENTAL * DETERIORO AMBIENTAL * EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS
Abstract
Centered in ecosocialist and ecofeminist perspectives, this paper examines the negative impact of extractivism as an economic activity that removes a huge number of natural resources and evaluates how global capital’s ecological management, which I call “greening,” has developed in Central and South America. Three questions are addressed: how the regional and local network on the governance of nature in Latin America has been organized; why extractivism strikes women hardest; and to what extent and how movements against extractivism have become involved in contesting global trends as well as national and local policies supporting them. The paper exposes the United Nations as a key force in the permanent model of colonialism, economic dependence, patriarchy, and geopolitical power characterizing extractivism.
KEYWORDS: ENVIROMENT * FEMINISM * ECOLOGY * ENVIROMENTAL MANAGEMENT * ENVIROMENTAL DEGRADATION * HUMAN ACTIVITIES EFFECTS
* Brock University, St. Catharines, Ontario, Canadá.
Introduccion
En las Américas, el extractivismo se refiere a las actividades económicas que extraen una gran cantidad de recursos naturales, lo cual ha existido desde la época colonial. Estas extracciones crecieron exponencialmente en conjunto con el marco neoliberal durante la crisis de la deuda de la década de 1980, que luego impuso el Programa de Estabilización y Ajuste Estructural por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, respectivamente (Isla, 1993). Las conferencias Cumbres de la Tierra (1992, 2002 y 2012) abrieron al extractivismo a nuevas áreas de intervención para el capital global cuando la operación del Desarrollo Sostenible (DS) fue cedida al Banco Mundial.
El Banco Mundial ha contribuido a la expansión de las industrias extractivas desde que fue autorizado del manejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés Global Environmental Facility) para perseguir la denominada “Economía Verde” a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) medioambientales. El papel de la mayoría de las “ONG internacionales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza, ha sido actuar como intermediarios entre las empresas y los Estados endeudados y promover el lenguaje de las políticas y programas económicos aparentemente más ecológicos.” (Isla, 2015, p. 57). En el paradigma del DS, el crecimiento económico sigue siendo un objetivo dominante (Isla, 2015). En consecuencia, la destrucción continua de las economías de subsistencia es el elemento central de lo que hoy se entiende como Desarrollo Sostenible (Isla, 2015).
La economía política del “enverdecimiento” expone un modelo global de acumulación basado en el extractivismo. Esta perspectiva muestra cómo los ecosistemas de América Central y de América del Sur se están desestabilizando cada vez más, especialmente a través de una presión cada vez mayor para la extracción de recursos (Isla, 2015). Particularmente, las poblaciones más afectadas en esta colusión entre capital global neoliberal (Estados y ONG), han sido los pueblos indígenas quienes poseen colectivamente grandes territorios y recursos que son fundamentales para su integridad física y cultural, así como para su sustento diario. Todas estas violaciones han dado lugar a un aumento de las rebeliones indígenas, a pesar de la existencia de Pactos Internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de la Organización de los Estados Americanos (OAS por sus siglas en Ingles), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas. En América Latina, la postura de los gobiernos, independientemente de su ideología política, ha sido de vigilar e intimidar a los activistas, que suelen convertirse en víctimas de asesinatos selectivos.
Este artículo aborda tres preguntas: ¿cómo se ha organizado la red regional y local sobre la gobernanza de la naturaleza en América Latina?, ¿por qué el extractivismo golpea más a las mujeres? y ¿en qué medida y cómo se han involucrado los movimientos contra el extractivismo en la lucha contra las tendencias globales, así como en contra de las políticas nacionales y locales que las apoyan? Se discuten dos reconocidos proyectos regionales de infraestructura para el extractivismo: Plan Puebla Panamá (PPP) en Centroamérica; y la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA). Ambas exponen a las Naciones Unidas como una fuerza clave en el modelo permanente de colonialismo que se encuentra en el extractivismo basado en la expropiación, el despojo, la explotación, la depredación y la contaminación.
Se utiliza la perspectiva ecofeminista, combinada con un marco ecosocialista, para cuestionar el mensaje de que la “economía verde” y el llamado “desarrollo sostenible” pueden, de alguna manera, crear igualdad social y de género, reducir la pobreza, enfrentar la destrucción ecológica y combatir el cambio climático. En cambio, esta perspectiva muestra cómo el extractivismo puede entenderse como robo de cuerpos y territorios en una nueva fase de acumulación de capital donde las industrias extractivas se intensifican —desde recintos para energía eólica, minería y metales, carbón, petróleo, gas natural, soja, caña de azúcar, palma de aceite, maíz, ecoturismo, entre otros—. Con esto, dichas actividades contribuyen directamente con el etnocidio de los pueblos indígenas, el despojo al campesinado, la expropiación del suelo, la destrucción de los ecosistemas; mientras que, al mismo tiempo, crean las condiciones para las violaciones de los derechos humanos, además del aumento de la violencia contra las mujeres.
Metodología
El ámbito geográfico de este artículo está basado en los movimientos anti-extractivistas, en los países de Centro y Sur América, originados por los proyectos regionales de infraestructura: Plan Puebla Panamá (PPP) en Centroamérica; y la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA), posteriormente integrado al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). Para ese propósito, se seleccionó impactos negativos de una variedad de extractivismos investigados por organizaciones de base y casos judiciales. El contexto histórico es la ecología política del Desarrollo Sostenible derivada de tres Cumbres de la Tierra (1992, 2002, 2012) y Convenciones sobre el Cambio Climático, que llevan la intervención directa de los Estados y las ONG sobre los habitantes locales y sus bienes comunes. El artículo revela la experiencia de vida de los pueblos indígenas, revalora el trabajo de reproducción, y reconecta nuestra conexión con la naturaleza, con los demás y con nuestros cuerpos para recuperar un sentido de plenitud en nuestra vida.
Organizando el “Enverdecimiento”: Del Desarrollo Neoliberal al Desarrollo Sostenible
En las décadas de 1970 y 1980 (con particular énfasis en esta última, debido a la crisis de la deuda), los países latinoamericanos se vieron obligados a abrirse aún más a las políticas centradas en el mercado: el llamado desarrollo neoliberal. Desde entonces, los bancos estadounidenses han estado utilizando las políticas de Estabilización del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de Ajuste Estructural (SAP) del Banco Mundial (BM) para reorganizar la producción social interna y la reproducción del mundo endeudado, con el fin de favorecer la penetración del capital transnacional.
La reestructuración implica establecer un nuevo modelo de acumulación, nuevos patrones de inversión y ahorro, nueva distribución del ingreso y la creación de nuevas formas de capital. A fines de la década de 1980, bajo el plan de reestructuración de la deuda, se establecieron el Plan Brady (1989) y el Consenso de Washington (1995). Como resultado, los préstamos bancarios latinoamericanos se transformaron en bonos que podían negociarse fácilmente en los mercados financieros. Las Iniciativas para las Américas de los Estados Unidos propusieron canjes de deuda utilizando fondos públicos para transferir empresas públicas de países endeudados a corporaciones privadas estadounidenses (Isla, 2015).
La Cumbre de la Tierra de 1992 abrió el camino para la gestión directa de la naturaleza y el desarrollo de los recursos humanos al dar responsabilidad a los Estados y al Banco Mundial. El Banco Mundial desarrolló un concepto clave, el “capital natural”, que se refiere a los bienes y servicios proporcionados por las reservas de agua, tierra, aire y recursos renovables y no renovables del planeta, como especies de plantas y animales, bosques y minerales (Hamilton, 2001). Como resultado, la crisis de la deuda (social) se entrelaza con la crisis ambiental en lo que se ha llamado “desarrollo sostenible”. Este discurso sostiene erróneamente que las tensiones entre pobreza y ecología se resolverán en los países endeudados reconciliando los intereses económicos globales y los intereses ecológicos en el sistema de mercado (UNESCO, 1995).
David Pearce y J. Jeremy Warford (1993), del Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial, destacaron la importancia del crecimiento y el desarrollo permanentes. Argumentan que el crecimiento del ingreso real per cápita se puede lograr sin una degradación importante, si se fija el precio correcto. Esto significa que los cálculos de precios para asignar el uso de recursos escasos (por ejemplo, agua o aire) deben basarse en las leyes de oferta y demanda que operan en el mercado.
Kirk Hamilton (2001), también del Banco Mundial, sostiene que una posible definición de desarrollo sostenible es el proceso de crear, mantener y administrar la cartera de activos de una nación en la contabilidad de activos nacionales. Estos activos deben incluir la construcción de infraestructura (carreteras), capital natural (minerales, energía, genética, tierras agrícolas, bosques, ríos), capital humano (educación, atención médica) y capital social (redes, sistema judicial, régimen político). Propone que estos elementos deben estar integrados en el sistema económico como capital natural para integrarse en el marco del desarrollo sostenible y, por lo tanto, garantizar el crecimiento sostenible. Desde su perspectiva, el Indicador de Ahorro Genuino amplía las definiciones de activos de la cuenta nacional.
En la Cumbre de la Tierra 2002, en Johannesburgo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) argumentó que el Estado ha perdido su capacidad de liderar el DS entendido como crecimiento económico, para enfrentar el cambio climático; por lo tanto, transfirió la responsabilidad del DS a corporaciones globales y sus accionistas. Se impulsó el extractivismo y se definió la minería como DS, a pesar de su modelo industrial centrado en los combustibles fósiles, que contribuye en gran medida al calentamiento global. Desde entonces, se incorporó protección legal adicional a las corporaciones para producir alternativas a los combustibles fósiles (paneles solares, energía eólica y geotérmica) en la legislación y los códigos favorables al sector privado con respecto a los derechos de los extranjeros en los Tratados de Libre Comercio. Este defectuoso argumento sostiene que los alternativos emiten menos dióxido de carbono, pero son más intensivos en minerales. Según el Banco Mundial, entre 2018 y 2150, el uso de grafito, cobalto y litio aumentará en un 450%; el de aluminio en 103 millones de toneladas y cobre en 23 millones de toneladas para 2050 (Banco Mundial, 2018). Todo esto representa una fuerte presión para los países del sur.
En la Cumbre de la Tierra 2012, realizada nuevamente en Río de Janeiro, se publicita inequívocamente la “economía verde” como el proceso para erradicar la pobreza; más aún que la naturaleza debe monetizarse selectivamente y convertirse en bienes (agua) y servicios (bosques) comercializados en mercados. El Protocolo de Kioto (1997) inició el Pago por Servicios Ambientales (PSA) que luego evolucionó hacia la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD). REDD+ (enfocado en el bosque de los países endeudados) y los Sistemas Europeos de Comercio de Emisiones (ETS) utilizan los mercados mundiales para gestionar el bosque como un servicio medioambiental. Se paga una cantidad de dólares por cada hectárea de bosque.
Sin embargo, también es relevante destacar que la medida de emisión-absorción de gases de carbono no es realmente posible, ya que los bosques son organismos vivos que respiran, son sistemas dinámicos y complejos, por lo que las mediciones siempre son estimaciones (U.S. Carbon Cycle Science Program, s.f.). Nuevamente, este programa es problemático ya que los usuarios indígenas y campesinos de la tierra son descritos como los agentes más importantes de deforestación.
Críticas desde las Perspectivas Ecosocialistas y Ecofeministas: El “Enverdecimiento” del Extractivismo y los Costos Sociales
James O’Connor (2021) sostiene que:
... el punto de partida de la teoría de la crisis económica y la transición al socialismo del “marxismo tradicional” es la contradicción entre las fuerzas productivas capitalistas y las relaciones de producción capitalistas, El líder de la revolución socialista fue la clase obrera. El objetivo inmediato de la transformación social es el cambio de las relaciones de producción capitalista (jornada de 8 horas etc), y la transformación es desde la política, el estado, y el proceso de producción e intercambio (p. 16).
El punto de partida de la teoría de la crisis económica y la transición al socialismo en el “marxismo ecológico” es la contradicción entre las relaciones de producción, las fuerzas de producción y las condiciones de producción capitalista o reproducción social. La masa crítica son los “nuevos movimientos sociales” como el ecofeminismo. Las relaciones sociales de reproducción de las condiciones de producción (el estado, la familia, la educación, la salud, el uso de la tierra) constituye el objetivo de la transformación social. Cuando el capital re-estructura las condiciones de producción, como el uso de la tierra en este caso, la lucha de clases se expande. La lucha es política e ideológica, primero, lo económico viene después.
El ecosocialismo y el ecofeminismo se unieron para denunciar la dinámica del modo de producción capitalista. Los ecosocialistas marxistas se han concentrado en las actividades destructivas del capitalismo en la esfera de la producción. En relación con el extractivismo, Eduardo Gudynas (2019) sostiene que, desde el punto de vista de la ecología política, el componente ambiental, en los actuales extractivismos, implica una remoción masiva de recursos naturales con elevados impactos ecológicos. Además, argumenta que el intento de cuantificación total no tiene sentido, ya que hay componentes que no pueden ser monetizados; y si lo son, esa valuación adolece de muchas imperfecciones.
Más aún, pone en evidencia que buena parte de esos emprendimientos son en realidad pérdidas netas, irreparables y perpetuas del patrimonio social y ambiental de cada país. Por lo tanto, así como la calidad de vida de los trabajadores no se puede monetizar, tampoco puede monitorizarse la integridad de los ecosistemas (desde donde se generan los excedentes): “Por ello, se puede señalar que en el momento en que se «crea» un recurso natural como una mercadería con un precio de mercado, en ese mismo acto, ya se generan excedentes que serán objeto de disputa social y política” (Gudynas, 2019, p. 19).
Es más, el argumento es que la civilización es un motor térmico y su economía es un flujo entrópico de energía (petróleo, gas, carbón) y materiales (aluminio, cobre). Elmer Altvater (1994) encontró importantes fuentes de contradicción en el funcionamiento del capitalismo al identificar los procesos naturales del tiempo y el espacio, descritos como “modalidad ecológica”, así como el intento del capital de codificar y controlar el tiempo y el espacio con el objetivo de acelerar el proceso de acumulación de capital, definido como “modalidad económica”.
Altvater (1994) sostiene que las dos diferentes modalidades funcionando en el mismo espacio y tiempo entran en conflicto con una realidad territorial-social, porque el tiempo biológico y la reproducción son más lentos que el tiempo económico o la producción de mercancías. Como el capitalismo es un sistema que solo entiende el valor en términos de capital dinerario, el impulso perpetuo hacia la acumulación a corto plazo, o “t” (tiempo económico), está en conflicto directo con los límites ecológicos de “T” (Tiempo Histórico), lo cual permite y provee vida en este planeta. Al aplicar el principio de entropía en el uso de energía en la producción y el consumo, donde ninguna transformación de energía o materia es perfectamente eficiente, el autor concluye que el reciclaje es termodinámicamente imposible, por lo que la energía y la materia prima se usan solo una vez. Por tanto, la economía busca nuevas energías y materias primas de forma permanente, creando perturbaciones sociales y ecosistémicas.
En consecuencia, el extractivismo ha ido creando condiciones para lo que Foster et al. (2019) llaman “metabolic rift” (traducida como “brecha metabólica”), que consiste en el proceso constante de incorporar la naturaleza bajo el control del capital al convertir vastas regiones del planeta en “cielo abierto de polvo”. Este destructivo proceso en Estados Unidos ocurrió en la década de 1930 y fue el producto histórico-social del capitalismo, imperio y colonialismo de los blancos, quienes destruyeron la cubierta terrestre y erosionaron el suelo. Surgió de la expropiación de las tierras indígenas, de los propios indígenas y de los suelos fértiles (Foster et al, 2019).
Las ecofeministas socialistas han adaptado el marco marxista para explorar la dinámica entre producción y reproducción. Ellas se han centrado en el ámbito de la reproducción. Ubican los orígenes de la opresión en los sistemas interconectados de patriarcado, colonialismo y capitalismo. Las ecofeministas han considerado durante mucho tiempo las cuestiones del trabajo comunitario y no remunerado, el trabajo de las mujeres y la naturaleza como fundamentales para el crecimiento económico (Mellor, 2010; Bennholdt-Thomsen y Mies, 1999). Ellas argumentan que el extractivismo declara a la naturaleza como muerta (Merchant, 1983; 2005); encierra los bienes comunes públicos y crea propiedad privada (Federici, 2009); y sumerge nuestros cuerpos y nuestro trabajo como materia prima (Shiva, 1989).
La ecofeminista Maria Mies (1986) explica que la “ama de casa” (quien hace trabajo no pagado) es una ideología para definir a algunos seres humanos y la naturaleza como carentes de valor. En el centro de su análisis está el conocimiento de que el patriarcado capitalista crea una dominación cruzada contra todo el trabajo “no asalariado”. Como resultado, se expropia el trabajo no remunerado o mal remunerado de las mujeres a través de la violación, el acoso y las agresiones sexuales; se expropia el trabajo, el conocimiento y las economías de subsistencia de los campesinos, pueblos indígenas etiquetados como “desocupados” o “no utilizados” por quienes pueden hacerlos “productivos”; y, por último, se destruye la naturaleza.
A todos ellos (mujeres, campesinos, indígenas, y naturaleza) se les llama feminizados o “recursos”. Para satisfacer los propósitos de la expansión del capital, deben ser apropiados, explotados, violados, extraídos y destruidos. Ariel Salleh sugiere que, dado que la relación de las mujeres con el capital y la naturaleza se ha construido de manera diferente a la de los hombres, la participación de las mujeres en todas las culturas en actividades de afirmación de la vida ha dado como resultado el desarrollo de conocimientos específicos de género basados en una base material y una realidad. Su concepto “Materialismo Incorporado” se refiere al conocimiento ecológico encarnado que reproduce el trabajo (mujeres), mantiene relaciones metabólicas con la naturaleza (campesinos), crea conocimiento laico (pueblos indígenas) e infraestructura biológica (naturaleza). Salleh (2004) usa el término clase-meta-industrial para describir a todos estos trabajadores reproductivos invisibles (tales como madres, campesinos, pueblos indígenas, naturaleza).
En consecuencia, el término “enverdecimiento” cuestiona el mensaje de que el “Desarrollo Sostenible” puede de alguna manera crear igualdad social y de género, reducir la pobreza, enfrentar la destrucción ecológica y combatir el cambio climático. En cambio, se muestra que el enverdecimiento como DS puede entenderse como una nueva fase de acumulación de capital del capital global (Isla, 2020). “Enverdecimiento” denota la expropiación masiva de territorios, la depredación y la contaminación del suelo, así como el despojo de los trabajadores, mediante:
…la monetización de la naturaleza que requiere la devaluación de todas las demás formas de existencia social, transformando habilidades en deficiencias, bienes comunes en recursos, el conocimiento en ignorancia, la autonomía en dependencia, y los hombres y mujeres en fuerza de trabajo mercantilizada, cuyas necesidades requieren la mediación de los mercados. Por lo tanto, vistos a través del lente del ecofeminismo, estos aspectos del “enverdecimiento” se unen para hacer la guerra contra las mujeres, los productores de subsistencia y la naturaleza al formular un nuevo tipo de dominación, una basada en la pobreza y la insostenibilidad (Isla, 2020, p. 21).
Al tasar la naturaleza en valores monetarios para incorporarlas al mercado, el Desarrollo Sostenible no reconoce los sistemas de sostenimiento del trabajo social no remunerado y el tiempo de reproducción del mundo natural (Mies, 1986; Salleh, 2004; Mellor, 2010; Isla, 2015). Una economía construida a partir de la exclusión de gran parte de la materialidad de las vidas humanas y no humanas destruye los ecosistemas. Solo aquellas personas que dependen de otros para mantener sus cuerpos pueden parecer ‘trascender’ sus condiciones materiales (Mellor, 2010). Consecuentemente, en el paradigma del “enverdecimiento”, dos condiciones exacerban la pobreza y la insostenibilidad: primero, los cuerpos de las personas pertenecen a los territorios que habitan.
En contextos extractivos, la economía local se reorienta hacia la presencia de las corporaciones (minería, petróleo, etc.); como resultado, las personas en sus “comunidades pierden el acceso a los bienes naturales que históricamente les han permitido reproducir formas de economía ancestrales y solidarias” (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2017, p. 50).
El salario mínimo inadecuado que ofrecen las empresas se convierte en un instrumento de dependencia. “Lo femenino es considerado una naturaleza sumisa y subordinada que tiene que sostener la reproducción de la vida, incluso cuando los ecosistemas son destruidos” (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2017, p. 51.). Además, el aumento de las enfermedades provocadas por la contaminación del agua como consecuencia de las actividades extractivas aumenta las tareas de cuidado que requieren los enfermos y que recaen exclusivamente en las mujeres. La naturaleza, como el cuerpo de la mujer, es considerada por las corporaciones como un territorio que hay que sacrificar para permitir la reproducción del capital; la naturaleza puede ser explotada, violada, extraída (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2017).
La economía política del llamado Desarrollo Económico ahora llamado Desarrollo Sustentable, es la segunda condición que agrava la pobreza. El crecimiento económico, alineado con dictaduras militares, la forma en que Estados Unidos y Canadá protegen a sus corporaciones sobornando o atropellando gobiernos, y el funcionamiento de la infame Escuela de las Américas —también conocida como Escuela de Asesinos— ha creado la violencia que atraviesa el continente (School of the Americas Watch, s.f. ). El extractivismo, expandido luego de la Cumbre de la Tierra de 2002, ha ido aumentando la militarización, con la consecuencia de que los cuerpos sean controlados, cosificados, apropiados, violados y, en casos de resistencia al despojo, sean asesinados. El militarismo se combina con violencia, desaparición forzada, feminicidios y violaciones. Se anima a los paramilitares que acompañan proyectos extractivos como en Colombia y México (Zibechi, 2021). Como resultado, los proyectos extractivos profundizan el poder sobre el cuerpo de las mujeres, lo cual provoca desigualdades de género que incluye a las niñas y los niños.
La huella del extractivismo como DS en el cuerpo de las mujeres se expresa en el número de mujeres asesinadas o desaparecidas. Por ejemplo, el último informe del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, revela que en 2019 se produjeron al menos 4640 feminicidios en la región, señalando que es en el Estado donde se producen niveles de impunidad, represión y violación por parte de los agentes estatales (ECLAC, 2020). Como resultado, la violencia se dirige a estas mujeres y son hostigadas, estigmatizadas, desaparecidas y asesinadas.
A medida que la minería se expandió, para 2005, las mujeres indígenas, negras y rurales, que veían a sus hijos con diversas dolencias de salud, se declararon en rebelión y en abierta oposición al robo y la depredación cometidos por las empresas mineras transnacionales. Comenzaron a organizar “Encuentros Contra la Minería”, a recabar información y actuar juntos en la defensa de sus territorios y sus derechos humanos, desafiando así a sus Estados y Sistema de Justicia que no trabajan por el bien común ni por el derecho a la vida (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 2007).
La región está llena de movimientos antisistémicos, incluido, el movimiento antifemicidio1. En Argentina, ante la falta de respuesta judicial al feminicidio (2015), las mujeres crearon un movimiento llamado “Ni una Menos”, lo que significa que otra mujer muerta ¡no se puede tolerar! Abrió el camino para “Un Violador en tu camino” del grupo chileno Las Tesis (2019), que comenzó como un acto de calle durante la conmemoración de un nuevo Día Internacional Contra la Violencia de Género y el Estallido Social en Chile. El mensaje de la letra dice que: “el patriarcado es un juez que nos critica por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves”. Asimismo, afirma: “El estado represivo es un macho violador”, antes de concluir que “el violador eres tú”. El movimiento “Ni una Menos” y las líneas de “Un violador en tu camino” han traspasado fronteras y ha sido replicado en varios contextos.
En México, 3752 mujeres fueron asesinadas en el año 2020 (Amnistía Internacional, 2021). Como respuesta, las mujeres mexicanas denuncian el feminicidio en Canción sin miedo (2020). A continuación, se reproduce parte de la lírica escrita por Vivir Quintana:
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles
Que tiemblen los jueces y los judiciales
Hoy a las mujeres nos quitan la calma
Nos sembraron miedo, pero nos crecieron alas
Por todas las compas marchando en Reforma (donde se encuentra la casa de gobierno)2
Por todas las morras peleando en Sonora
Por las comandantas luchando en Chiapas
Por todas las madres buscando (sus hijos desaparecidos) en Tijuana
Cantamos sin miedo, pedimos justicia
Gritamos por cada desaparecida
Que resuene fuerte “¡nos queremos vivas!”
Que caiga con fuerza el feminicida
En resumen, estas mujeres se han convertido en un símbolo mundial de la ira de las mujeres y su repudio a la violencia misógina, la discriminación de género que impregna el mundo y la destrucción del planeta. En consecuencia, las ecofeministas están comprometidas no solo a resistir las peores consecuencias de este sistema y su expansión, sino a trabajar hacia formas de organización social y económica totalmente diferentes, igualitarias, cooperativas, sostenibles y comunitarias.
La siguiente parte ilustra la economía política del extractivismo, también llamado “corredores”, expresada en luchas de clase, género y etnia, que tienen lugar en América Central y del Sur. El primer momento ilustra rebeliones al despojo masivo y a la depredación en Centroamérica por el Plan Puebla Panamá; el segundo momento, muestra las luchas contra la expropiación y explotación en América del Sur por parte de IIRSA.
Primer Momento: Rebeliones contra la expropiación y despojo en Centroamérica bajo el Plan Puebla Panamá (ppp)
Las nefastas consecuencias sociales y ecológicas resultan de la generalización de la forma mercantil que se impulsa en la naturaleza y los seres humanos. En Centroamérica, el PPP surgió de la Agenda 21 y fue considerado como la principal iniciativa del Desarrollo Sustentable, con el objetivo de identificar y cuantificar la biodiversidad del área, organizar la infraestructura, contribuir a la reducción de la pobreza y las reparaciones ambientales (Banco Mundial, 12-13 de diciembre de 2003). Ocho gobiernos (México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) aceptaron el PPP, el cual involucra proyectos de infraestructura en un área de 1 026 117 km2 y afecta a casi 63 millones de habitantes. El PPP combinado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1994 por Estados Unidos, Canadá y México, ensambló la globalización capitalista, con lo cual se promovió la libre circulación de capitales y el libre comercio (aunque no hay libre circulación de las personas trabajadoras). Asimismo, se formuló el marco institucional para la propiedad y los contratos privados, lo cual estableció las condiciones para la acumulación de capital.
Los minerales han sido los insumos básicos de la producción industrial. En la economía mineral, los recursos del subsuelo y el agua son los principales medios de acumulación. No obstante, la minería es una actividad fundamentalmente insostenible: a causa de la deforestación masiva se destruyen los ecosistemas, envenena el agua y las lagunas, convierte la tierra en desiertos, aumenta el tráfico, contamina los ríos y se llena de químicos y metales pesados a los valles habitados. Además, las corporaciones mineras pagan pocos impuestos sobre la renta; más aún, no pagan por la enorme cantidad de agua y energía que utilizan. Aunado a esto, para expandir la minería, el capital necesita menoscabar la capacidad de autorreproducción de los individuos y las comunidades. Por tanto, la minería es la que más conflictos ha generado, porque el acceso al agua para el cultivo y la ganadería está distorsionado por las actividades extractivas y agravado por los efectos del cambio climático.
Las comunidades resisten las incursiones violentas y corruptas de empresas e inversores respaldados por el gobierno y el ejército que operan en muchos sectores. Presionada por activistas indígenas, desde 1989, la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. Sin embargo, en un marco desregulado, no existe el derecho de la comunidad a rechazar las inversiones mineras. Los trágicos resultados de los proyectos mineros ocurren cuando las comunidades rurales se niegan a convertirse en socios de lo que perciben como el saqueo y la contaminación de sus tierras y recursos. En consecuencia, los disturbios civiles son la única opción que les queda a quienes no quieren la minería en sus áreas o territorios (Coumans, 2010). Además:
… los gobiernos, incluidos muchos en América Latina, están siendo cada vez más blanco de reclamos multimillonarios de corporaciones para socavar los esfuerzos de las comunidades afectadas por la minería, los tribunales, e incluso los organismos internacionales de derechos humanos para proteger a las personas y al medio ambiente de los daños de la extracción de minerales (MiningWatch Canada, 2017).
Cambiando la matriz energética y los patrones tecnológicos: Desorden Social y de la Naturaleza
Dentro del “ecologismo moderno”, los aerogeneradores son un factor clave en el cambio de la matriz energética y el patrón tecnológico, pero las turbinas eólicas están hechas de acero (una aleación de hierro con cantidades variables de contenido de carbono que representan el 71-79% de la masa total de la turbina), fibra de vidrio, resina o plástico (11-16%), hierro o hierro fundido (5-17%), cobre (1%) y aluminio (0-2%) (Banco Mundial, 2018). En México, su uso se expandió bajo la Comisión Federal de Electricidad de México y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE). Estos gobiernos organizaron la explotación del Istmo de Tehuantepec para la energía eólica, que es el área más estrecha del territorio mexicano que se encuentra entre los dos océanos: Pacífico y Atlántico. En su punto más estrecho, solo 200 km separan el Golfo de Tehuantepec y el Golfo de México. La región del Istmo tiene uno de los mayores potenciales de generación de energía eólica del mundo, calculado entre 5000 y 7000 MW de capacidad anual (Juarez y Leon, 2014). Como resultado, utilizando líneas de transmisión públicas, corporaciones privadas (la francesa EDF, la italiana ENEL, la australiana MacQuarie Infrastructure Fund, la holandesa PGGM, la japonesa Mitsubishi, las españolas Iberdrola, Gamesa, Acciona, Renovalia, Gas Natural Fenosa, Preneal, EYRA-ACS) y las empresas mexicanas (Peñoles, Grupomar, Cemex y Grupo Salinas, entre otras) se han apoderado del Istmo de Tehuantepec para parques eólicos (GRIETA, s.f.).
Los proyectos eólicos se realizaron sin autorización de la comunidad ni evaluaciones de impacto ambiental. En 2014, existían 28 parques eólicos para la producción de electricidad cuyos beneficiarios son la minería, la agricultura intensiva, la producción de gas, los parques industriales maquiladoras y el ecoturismo, entre otros (Observatorio de Multinacionales en America Latina, s.f.).
Esta infraestructura requirió el mapeo de las 59 localidades que habitan el istmo, la militarización y la paramilitarización de la zona, así como la creación de controles migratorios entre las fronteras de México y Guatemala. Estos proyectos han producido despojos entre los Olmeca, Zapoteca y otros pueblos indígenas que habitan el territorio. Han perdido la soberanía alimentaria debido al desplazamiento de la agricultura (por ejemplo, arroz, maíz, sorgo y caña) y la pesca, así como también han perdido el conocimiento sociocultural. Se ha producido una ruptura del ser colectivo por el enfrentamiento entre comunidades y el crimen organizado para asustar a la gente, la generación de trabajos precarios, la prostitución y la migración forzada (Cruz, 3 de octubre de 2020). Para enfrentar el abuso, se ha organizado la resistencia popular e indígena a través de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que controla el territorio y administra la seguridad y la justicia. Asimismo, un grupo de mujeres zapatistas declaró en febrero de 2019: “Vamos a luchar con todo y con todas nuestras fuerzas contra estos megaproyectos. Si conquistan estas tierras será sobre la sangre de los zapatistas” (Enlace Zapatista, 2019).
Max Binks-Collier (26 de setiembre de 2020) examina las demandas históricas en curso de Hudbay Minerals, en Canadá. En 2004, el gobierno de Guatemala otorgó permiso a Skye Resources, una empresa minera con sede en Vancouver, para comenzar a trabajar en una gran área en el noreste de Guatemala que albergaba al menos a 20 comunidades mayas Q’eqchi’, incluida Lote Ocho. A principios de ese año, Skye había comprado los derechos de la mina de níquel a cielo abierto llamada Fénix, ubicada cerca de la ciudad mayoritariamente maya de El Estor, a la empresa minera canadiense INCO. Skye también compró la participación del 70% de INCO en su subsidiaria, EXMIBAL, la cual Skye luego renombró CGN.
Sin embargo, la compra implicó a Skye adquirir las disputas no resueltas y de larga data sobre la tierra dejadas por INCO y el pasado violento de EXMIBAL. Por ejemplo, entre 2006 y 2008, CGN envió helicópteros para aterrorizar a quienes vivían en la tierra. La campaña de CGN culminó con dos oleadas de desalojos contra varias aldeas indígenas el 8, 9 y 17 de enero de 2007. Once mujeres de Lote Ocho fueron presuntamente violadas en grupo por policías, soldados y la seguridad de CGN durante el último desalojo.
En consecuencia, estas mujeres han estado demandando a Hudbay Minerals Inc., una empresa minera con sede en Toronto que compró Skye en 2008, con lo cual adquirió la responsabilidad legal de Skye. Cinco de las mujeres estaban embarazadas en ese momento, de las cuales cuatro abortaron, y una, tres días después de su fecha de parto, cuando supuestamente fue violada en grupo, dijo en una declaración que dio a luz a un mortinato que “era todo azul o verde”. Luego, hombres de los tres grupos (soldados, policía y seguridad de CGN) arrojaron gasolina sobre las chozas improvisadas y la ropa hecha jirones de las mujeres y las prendieron fuego. Los matrimonios se arruinaron irremediablemente. La comunidad empobrecida, finalmente, se dividió cuando algunos miembros aceptaron trabajos en CGN. Con el apoyo de Rights Action (s.f.), el litigio, en busca de justicia, continúa en Canadá y Guatemala.
La ley de minería de 1998 en Honduras borró cualquier distinción entre concesiones de exploración y explotación, legalizó el uso de cianuro a cielo abierto, permitió la expropiación forzosa en caso de conflicto, redujo los impuestos a la minería y no estableció límites al uso del agua ni requisitos de cierre para las minas abandonadas. Sin embargo, en 2004, una coalición de oposición obligó al presidente a rechazar más de 60 concesiones mineras solicitadas y la suspensión de nuevas concesiones por decreto ejecutivo en espera de la aprobación de una nueva ley de minería (CIDSE, 2009 comose citó en Bebbington et al, 2018). Además, en 2006, la Corte Suprema dictaminó por unanimidad que 13 artículos de la ley de 1998 violaban el “derecho fundamental a la convivencia armónica con el medio ambiente y al desarrollo sostenible” (Corte Suprema, 2006 como se citó en Bebbington et al, 2018, pp. 18-19).
En 2007, el Comité Ambientalista del Valle de Siria, organizado por Comunidades alrededor de San Andrés (concesionada a la empresa canadiense Greenstone Resources Limited) y San Martín (concesionada a la empresa canadiense Goldcorp), reclutó estudios científicos sobre problemas de salud asociadas al uso de cianuro y los derrames asociados con la muerte de peces. Denunciaron problemas de salud como infecciones cutáneas, enfermedades respiratorias, violencia sexual y psicológica, y feminicidio (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 30 de enero de 2007). Con resultados devastadores, el gobierno de Honduras aprobó una nueva ley general de aguas en 2007, promoviendo represas hidroeléctricas privadas.
Entre la minería y las represas, cientos de defensores de los recursos de agua dulce para el ganado y los cultivos han sido asesinados y muchos otros silenciados. Entre los muertos en 2016 está Berta Cáceres, asesinada por liderar una campaña para evitar que la empresa privada de energía, Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, construyera una represa hidroeléctrica en Agua Zarca. También han ocurrido informes de asesinatos de escuadrones de la muerte contra los garífunas, debido a las actividades mineras y de aceite de palma vendido a los EE.UU. y Europa para biocombustible (Spring y Russell, 2011). Continúan las amenazas y la violencia.
En 2004, después de dos años de búsqueda de oro en El Salvador, la Canadian Pacific Rim Mining Corporation solicitó permisos para comenzar a explotar cerca del río Lempa. Luego de varios años de negociaciones, maniobras políticas y conflictos con las comunidades locales que trágicamente le costaron la vida a cuatro activistas ambientales —una de las cuales tenía ocho meses de embarazo— la solicitud fue rechazada por no haber cumplido con los requisitos normativos necesarios y se impuso una moratoria sobre todos los nuevos proyectos mineros (MiningWatch, 2011). En 2009, Pacific Rim demandó al gobierno de El Salvador por 250 millones de dólares, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, por supuestas pérdidas de ganancias potenciales debido a que no se le otorgaron permisos para su proyecto (MiningWatch, 2011).
En este conflicto participaron varias organizaciones locales miembros de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica de El Salvador: Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES); Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Ellos trabajaron con aliados internacionales, como el Instituto de Estudios de Política en Washington D.C., Oxfam de EE.UU. y MiningWatch Canada, por lo que la campaña fue sólida. Coordinaron protestas internacionales en Canadá, Australia y las oficinas del Banco Mundial. El caso fue cubierto por la prensa internacional. Para el 2016, El Salvador obtuvo una enorme victoria legal y moral internacional, y Pacific recibió la orden de pagar $8 millones por los más de $12 millones en honorarios legales a El Salvador. En marzo del 2017, los legisladores introdujeron una ley que prohíbe las actividades de minería de metales en el país (MiningWatch, 2017).
En resumen, el PPP amplió el desorden al transformar los bienes comunes en recursos mediante la privatización de recursos públicos, como la energía eólica (para la electricidad eólica), la producción hidroeléctrica (para la minería), junto con la expansión de la infraestructura física, las carreteras, los mercados comerciales y otras empresas transnacionales. Para las mujeres y los hombres que dependen de sus bienes comunes locales para su sustento, el PPP representó un asalto a su entorno y significó pérdida de dignidad, independencia, seguridad, medios de vida, salud y, a veces, la pérdida de vidas. Además, a medida que la vida se vuelve insoportable bajo el PPP, miles de centroamericanos han huido de sus países hacia Estados Unidos, donde sufren una devastadora separación familiar (Deutsch, 2020).
La siguiente sección examina la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Esta incursión permitió a las empresas multinacionales operar sin evaluaciones de impacto, con adendas sucesivas, con arbitraje preferencial y sin competencia real. También examina la Conferencia sobre Cambio Climático (CCC) donde los bosques fueron reevaluados en términos del carbono que capturan. Un concepto clave en el mercado de créditos de carbono es el Pago por Servicios Ambientales (PSA), que es una transacción voluntaria en la que un comprador del mundo industrial paga a un proveedor por un servicio ambiental bien definido, como un parche de bosque o una forma de uso del suelo (Fatheuer, 2014).
Segundo Momento: Luchas contra el Despojo, LA Destrucción y LA Explotación en América del Sur-IIRSA
IIRSA, otro corredor, es un plan para vincular los recursos de América del Sur con los mercados del Norte. En el 2000, bajo la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, los presidentes de los países de América del Sur se reunieron en Brasilia con el fin de discutir créditos para gobiernos interesados en la construcción de grandes infraestructuras, como puertos, aeropuertos, carreteras, presas hidroeléctricas, ferrocarriles, gasoductos y telecomunicaciones (Isla, 2020). En el año 2009, se organiza el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) con el objetivo de “desarrollar una infraestructura para la integración regional, reconociendo y dando continuidad a los logros y avances de IIRSA incorporándose a su marco de trabajo”, esto es para la integración comercial entre los países miembros de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). “En 2011, la Iniciativa IIRSA fue incorporada al Consejo como su Foro Técnico, para apoyarlo en la planificación de infraestructura de conectividad regional” (COSIPLAN (s.f., párr. 6). Pero no fue la inversión privada la que asumió los riesgos en la construcción de la infraestructura, sino la deuda externa del Estado; así como los impuestos que los usuarios pagaron por las obras de construcción.
Como resultado negativo, los Estados ahora están involucrados en bonos de deuda externa centenarios, endeudando a generaciones hasta el año 2121. Por ejemplo, México tiene una deuda de 1500 millones de euros; Argentina de US $2750 millones y Perú de US $4000 millones (Bartenstein, 2020).
La infraestructura se ha centralizado en una nueva estructura de la comunidad empresarial internacional, representada por bancos brasileños como BNDES y de corporaciones como Odebrecht y otras, aunque con socios estatales que conectan a los principales representantes políticos y organizaciones internacionales a través de sobornos, pagos a funcionarios, presidentes y ministros, licitaciones amañadas, contratos inflados, daño social y ambiental (Proetica, s.f.). IIRSA se ha convertido en un fiasco de infraestructura que ha dejado a su paso la destrucción del bosque y ha generado transformaciones que resultaron en la quema de más de 17 000 focos calientes en la Amazonia.
Entropía en la selva amazónica: destrucción de ecosistemas
La infraestructura de IIRSA aumentó la expropiación de los bienes comunes locales. Según el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), el 25% del territorio del Perú está cedido a empresas mineras, lo que confiere 48 000 derechos mineros. Como consecuencia, surgieron en Cajamarca luchas por la justicia ambiental, como el movimiento contra la minería a cielo abierto Yanacocha de Newmont Mining Corporation, Buenaventura y el Banco Mundial. Estas corporaciones esperaban expandirse a Minas Conga (9 veces más grande) como su próximo proyecto, pero encontraron la resistencia de los agricultores de subsistencia, los pueblos indígenas y la sociedad civil (Isla, 2019). El movimiento de resistencia se expandió cuando el 2 de junio de 2000, se derramaron aproximadamente 151 kilogramos de mercurio elemental. Este derrame contaminó las localidades de Magdalena, San Sebastián de Choropampa y San Juan, lo cual afectó un área de 50 kilómetros. Como consecuencia, se produjo un alto nivel de intoxicación en unas 1200 personas, además de una contaminación de ríos, arroyos, flora y fauna, lo que provocó la alteración de los ciclos naturales de la zona.
El movimiento de oposición ha sido objeto de presencia policial y militar, represión, hostigamiento, persecución fiscal, detenciones ilegales, prisión y muerte. Después de varios contratiempos, el movimiento antiminero vio la victoria con la resistencia de Máxima Acuña y su familia rural. En 2012, Yanacocha alegó que Máxima y su familia ocuparon sus tierras, y la Corte Peruana falló a favor de la corporación. El juez otorgó a cuatro miembros de la familia penas de prisión condicional, que luego fueron revocadas en 2014. Desde entonces, la familia ha sufrido más represión en manos de la policía y la seguridad privada de Yanacocha. En febrero del 2015, su casa fue demolida; en el 2016, la cosecha de papa de la familia fue destruida y en 2019, su estanque de peces fue envenenado. El movimiento de resistencia apoyó a la familia mediante la reconstrucción de su casa y la replantación de sus campos (Isla, 2019).
El Pago por Servicios Ambientales entra en conflicto con la experiencia de la Amazonía indígena. La colonización y la evangelización española y portuguesa los incorporó al comercio global; luego, el boom del caucho a principios del siglo XX, también los vinculó al capitalismo industrial. Estas experiencias los convirtieron en los primeros habitantes que rechazaron y resistieron la colonización y el capitalismo hasta el día de hoy. Se mantuvieron firmes en sus ecosistemas boscosos, y su modo de producción se caracteriza por su alto grado de autonomía y libertad en la organización del trabajo. La sociabilidad se obtiene en la interacción entre los seres humanos (trabajo en grupo) y en la sinergia con los elementos del entorno biofísico donde el diálogo con el resto de la naturaleza sigue el ritmo que da el sistema cultural basado en Usos Comunes de Derechos. No dividen la vida en dos períodos —trabajo utilitario y ocio placentero— sus actividades conjugan lo útil y lo placentero; y la vida se construye en el ejercicio de la solidaridad, de acuerdo con los derechos y obligaciones sociales (Gashe y Vela, 2012). Su economía sobrevivió, a pesar de estar bajo una intensa presión de desarrollo por parte del petróleo, la minería, la plantación de cacao, la navegación, la deforestación, etc.
En la Amazonía de Perú, uno de los varios programas de REDD+ es la Declaración Conjunta de Intención de Noruega y Alemania para reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero (Sistema Nacional de Información Ambiental, 2014). El programa es administrado por WWF Inc. La principal Federación Indígena (AIDESEP) y las ONG “admiten que conseguir dinero ahora es un asunto impostergable porque no es posible una vida digna si no se tiene acceso a este medio de cambio” (Arce, 2018). Para integrar a las comunidades indígenas a la economía global, la AIDESEP y las organizaciones involucradas en REDD + como agentes del capital, han creado un concepto llamado Articulación con Identidad, lo que significa que algunos principios de la cultura Indígena están incluidos en el acuerdo (Espinoza, 2016).
El Pago por Servicios Ambientales (PSA) está incorporando al mercado global a los pueblos indígenas en microempresas. De acuerdo con Rodrigo Arce (2018), esta perspectiva entra en conflicto con las características que han regido a los pueblos indígenas en dos frentes. Por un lado, en una sociedad capitalista, existe un legítimo deseo de “tener mejores ingresos para mejorar la calidad de vida pero de otro lado, significa revisar, modificar o incluso eliminar algunos rasgos propios de los pueblos Indígenas…” (párr. 13). Entonces, si estas organizaciones quieren integrar a los pueblos indígenas a la economía global, tendrán que “transformar la biodiversidad por la agroexportación porque eso es lo que da dinero, no, el bosque” (párr.15).
No obstante, este esquema choca con el reconocimiento de que la pérdida de bosques es un factor central en el cambio climático. Además, las ONG insisten en que, para una mejor integración de los pueblos indígenas en los mercados, se necesitaría la “flexibilización” del concepto de territorio, creando la posibilidad de que se puedan incorporar otras figuras al bosque, como el reconocimiento de la propiedad privada, modalidades de arrendamiento de tierras comunales, o invitación a terceros para uso o explotación de recursos (Arce, 2018). Dado que el territorio constituye el activo social y cultural más importante para los pueblos indígenas, si los territorios se alquilan, REDD+ se convierten en compensaciones basadas en REDD+; como tales, no representan reducción de emisiones. En cambio, representan otro medio de menor costo, por el cual las empresas pueden cumplir con su cuota de emisiones, lo cual permite que las industrias contaminantes continúen o, incluso, expandan las operaciones corporativas que arruinan los bosques y el clima.
Otro ejemplo de devastación de la población local es la extracción de litio en Bolivia. El litio es otro factor clave en la “energía y tecnología sostenibles”, lo que lleva a una disputa geopolítica sobre los recursos naturales y la consolidación del cambio hegemónico actual. El litio en Chile y Argentina es explotado por grandes multinacionales. Por otra parte, el gobierno de Bolivia controla el recurso y explota el litio a través de la empresa nacional Yacimientos Litíferos Bolivianos. Esto permite a Bolivia ingresar al mercado mundial del litio sin depender de recursos, maquinaria, inversión, técnica o condiciones de las grandes multinacionales. Para industrializar el litio, Bolivia firmó acuerdos con ACI Systems Alemania (ACISA) y Xinjiang TBEA Group Co Ltd de China. Estos acuerdos en el patio trasero de los Estados Unidos desagradan a algunas corporaciones y financieras mineras con sede en los EE.UU. Como resultado, se impulsó un Cambio de Régimen (Sánchez, 29 de noviembre de 2019).
En 2019, la Organización de los Estados Americanos (OEA), al mando de su Presidente, hizo una falsa acusación de fraude electoral contra el gobierno de Evo Morales. En consecuencia, esto dio lugar a la traición militar y activó la más feroz represión contra el Movimiento al Socialismo (MAS). Por ejemplo, la alcaldesa de Vinto-Cochabamba, Patricia Arce, a quien le cortaron el pelo, la cubrieron con pintura roja y la sacaron a la calle. El informe de la OEA sobre el fraude electoral fue desmentido por prestigiosas instituciones (Long, 2019). En este circo, según Matt Kennard (8 de marzo de 2021), “la embajada del Reino Unido actuó como ‘socio estratégico’ del régimen golpista y organizó un evento internacional de minería en Bolivia cuatro meses después del derrocamiento de la democracia”. También “[trajo] una empresa de ciberseguridad con estrechos vínculos con la CIA a Bolivia en marzo de 2019, ocho meses antes de la toma militar”. En contra del capital global, en noviembre de 2020, Luis Arce, del MAS, ganó abrumadoramente las elecciones. De esta manera, en Bolivia se repudió la tentación militar de tomar el poder político.
En suma, al convertir los bienes comunes locales en bienes comunes globales, la IIRSA está subyugando y aniquilando a las mujeres, las comunidades indígenas, campesinas y a la selva amazónica. Por ejemplo, hasta ahora, las mujeres y las comunidades indígenas con todos sus conocimientos y todas las formas de relacionarse con la naturaleza, quienes no se rigen por la ganancia y la explotación, están excluidas.
Conclusión
El término “enverdecimiento” incluye toda la intensificación actual del extractivismo que prioriza el crecimiento económico a través de la militarización. Al detallar los procesos de extractivismo en América Central y del Sur, este artículo ha expuesto y examinado algunas de las hipocresías del capitalismo “verde” y el desarrollo sostenible definido por las corporaciones. Tanto el PPP como la IIRSA son proyectos capitalistas relacionados que comparten un punto en común: la expropiación y destrucción de los cuerpos, los territorios y los conocimientos indígenas en América Central y del Sur, reforzada por instrumentos de política colonial y racializada, aplicados por las Naciones Unidas y sus instituciones, así como por los acuerdos de libre comercio.
La mayoría de los proyectos se pagan con préstamos bancarios otorgados al Estado endeudado para beneficiar a funcionarios locales corruptos y mafias internacionales. Los bienes comunes naturales (petróleo, minería, aire, agua, bosques, paisajes, etc.) son expropiados por corporaciones multinacionales. Las consultas internacionales firmadas (el Convenio 169, la OEA y otras resoluciones de las Naciones Unidas) pierden sentido. Además, cuando las personas ciudadanas latinoamericanas protestan, son asesinadas o desaparecidas por la policía y sus agentes encubiertos, así como por los paramilitares en algunos países. Ante la crisis humana y planetaria del cambio climático es imperativo interrumpir el crecimiento económico, rebelarse y diseñar una nueva forma de vida.
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Fecha de ingreso: 29/06/2021
Fecha de aprobación: 05/05/2022