PRESENTACIÓN
comunidades vulnerables y derechos humanos
VULNERABLE COMMUNITIES AND HUMAN RIGHTS
Dr. Daniel Camacho Monge
Director
¿Qué tienen en común las personas devenidas drogodependientes, víctimas de las eficientes y perversas estrategias de mercadeo de la inescrupulosa y poderosa industria del narcotráfico, con las mujeres de capacidades especiales que asisten a la universidad, o con las personas maltratadas por los sistemas de salud o las de orientaciones sexuales especiales, y con los campesinos e indígenas sujetos a las amenazas de expulsión de sus territorios?
De común tienen su ubicación dentro de la categoría de “comunidades vulnerables” por parte de la teoría, la doctrina, la normativa y la práctica de los derechos humanos. Hay, por supuesto, diversas concepciones y quien suscribe adhiere a la denominada teoría crítica de los derechos humanos y propone un concepto según el cual los derechos humanos son una dinámica que puede caracterizarse como un campo de batalla.
La categoría “derechos humanos” no es inmóvil ni definitiva ni es la misma en toda circunstancia de espacio y tiempo. Más que una categoría general, es una dinámica de lucha por la dignidad de personas y grupos según el momento y el lugar. En ese proceso de lucha ha surgido la categoría de comunidades vulnerables para referirse a sectores que, por su subordinación cultural, económica y social están expuestos al desconocimiento e irrespeto de sus derechos y su dignidad.
Uno de los logros de los sectores pro-derechos humanos es la ampliación de la lista de comunidades vulnerables y la profundización de sus reivindicaciones. Por ejemplo, hace cincuenta años las mujeres estaban fuertemente vulneradas y esa inferior condición estaba invisibilizada. Hoy, por el contrario, en el campo de batalla que son los derechos humanos, son más reconocidos sus derechos, más aceptada su vulnerabilidad y más amplias sus reivindicaciones.
Por ello, no se pueden concebir los derechos humanos sin los movimientos sociales. Dicho de otra manera, los movimientos sociales plasman los derechos humanos en procesos de lucha por el reconocimiento de sus intereses específicos. Es una lucha sin fin, porque tiende a desatar cambios tanto en la vida social como en la dimensión jurídica. Los dos principales objetivos de los movimientos sociales son: a) el cambio cultural —de manera que el avance sea admitido en la sociedad— y b) la incorporación del derecho humano en la normativa. Logrado esto la lucha no se detiene, porque los movimientos sociales mantienen la tarea de hacer avanzar y enriquecer permanentemente el proceso.
La contribución académica y científica en ese avance es importante porque en toda lucha social son indispensables los intelectuales orgánicos. Los artículos incluidos en la Sección Central de este número de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica son muestra de ello. Abordan diferentes temas, pero todos sobre grupos vulnerables. Sus enfoques metodológicos son diversos, pero todos se refieren a estudios relacionados con la mejor manera de acercarse al estudio de la vulnerabilidad.
Es así como Sáenz-Bonilla, Fantin, Barboza-Solís, Rojas-Araya y Gómez-Duarte presentan un serie de aportes desde el punto de visto metodológico y teórico para realizar investigaciones que incluyan la variable de inequidades sociales en el ámbito de salud. En ese sentido, abordan las posturas epistemológicas de la temática, analizan el planteamiento del problema y la formulación de hipótesis, el planteamiento de los métodos y las técnicas de investigación, así como el análisis de resultados y su impacto. Se reconoce que existen diversas formas y estilos al crear un diseño de investigación, pero siempre se deben considerar algunos aspectos clave que permitan aportar a la criticidad y a la reflexión de los temas actuales referentes a la salud.
Por otro lado, Ramírez presenta una revisión bibliográfica sobre aquellas experiencias exitosas en el ámbito académico de la educación superior costarricense que involucran a mujeres con discapacidad, con el fin de determinar tendencias y puntos relevantes en el área, para comprender sus realidades y lograr una mejor construcción de sus vivencias. Se determinó que existe poco acercamiento a este tema de estudio y que todavía se realiza investigación desde una perspectiva clásica, es decir, desde el punto de vista de la vulnerabilización y no desde la reinvidicación de la población.
Desde el ámbito de bienes comunes, Cambronero y Fernández hacen un recuento de los conflictos sociales rurales que se han producido o mantenido durante la pandemia de COVID-19 en el territorio costarricense, a partir de las experiencias registradas por el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR). Para ello, se parte del Análisis de Eventos de Protesta (AEP) y sus categorías: dimensión espacial y temporal, repertorios (o rutinas) de protesta, actores demandantes, demandas, actores demandados y respuesta de estos últimos a las protestas. Se determinó que no hubo mayores cambios o modificaciones en estos conflictos, sin embargo, se dio un cambio de discurso al anteponer la producción y la explotación a la prevención del contagio de la enfermedad.
Hütt realiza una investigación sobre el papel de los derechos igualitarios de la población LGTBQ+, bajo el marco de referencia del enfoque cognitivo de Muller y el modelo de coaliciones promotoras de Sabatier, durante la segunda ronda electoral 2018 en Costa Rica. Se determinó que se estructuraron dos coaliciones en este proceso, la Coalición “pro” derechos igualitarios de la población LGTBIQ+ conformada por diversos actores como la CIDH (a nivel externo), el Gobierno (Poder Ejecutivo y la Sala Constitucional), la CCSS, grupos sociales y/o minoritarios organizados, y líderes de opinión, y la otra Coalición en contra de los derechos igualitarios de la población LGTBIQ+, conformada por Grupos conservadores (“provida” y “Profamilia”), líderes de opinión, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y el Partido Restauración Nacional. Se muestra como el tema de los derechos igualitarios LGTBIQ+ se ha venido consolidando en la agenda internacional, y claramente ha logrado insertarse en la agenda nacional, lo cual ha gestado un cambio en el sistema de creencias de la población y ha provocado tomar una postura crítica por parte de los partidos políticos.
Desde Buenos Aires, Argentina, se cuenta con el artículo de Pérez, quién hace un estudio por medio de entrevistas y observación participativa para conocer la situación de las personas travestis/trans sudamericanas (peruanas, colombianas, paraguayas, brasileñas y ecuatorianas) que residen en esta área, durante las fases previas a la migración, ya sea desde otras regiones o de otros países. Este es un proceso cargado de incertidumbres, temores, expectativas y esperanzas, con el cual buscan experimentar ambientes menos hostiles hacia sus identidades de género, así como el acceso a derechos y nuevos vínculos que mejoren sus condiciones de vida.
En el ámbito de la psicología y las adicciones, se presenta el análisis realizado por Palacio para explicar la drogodependencia y la vulnerabilidad que las estructuras de carácter pueden presentar frente a ello, a partir de los postulados de la teoría de las relaciones objetales y las consecuencias estructurales que tiene y que se desarrollan durante la fase de separación-individuación. Se finaliza con el análisis del tratamiento psicoterapéutico de forma multidisciplinaria no solo para dejar el consumo o la compulsión, sino en resolver de la mejor manera las fallas o el déficit de la estructura, y resignificar el valor sintomático de la adicción o la compulsión.
En la sección de ARTÍCULOS, se cuenta con la colaboración de Morantes, la cual se enfoca en analizar y reflexionar sobre la realidad de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) para el desarrollo social, desde los modelos de gestión académica. Para ello se consideraron cuatro etapas fundamentales: i) el paso de una universidad de élite a una universidad inclusiva, ii) el desarrollo de actividades de proyección social de las universidades, iii) el compromiso de la universidad comprometida con el medio ambiente, y iv) la universidad socialmente responsable. Se concluye que se debe tener mayores controles sobre el impacto real que tienen las acciones universitarias sobre los grupos de interés, con un enfoque ético y de gestión de calidad.
Por otro lado, se expone un interesante aporte realizado por de las Nieves sobre el tema de control fiscal externo desde el control ciudadano en la vigilancia de las políticas públicas, con el fin de supervisar el cumplimiento de factores como la legalidad, la eficacia, la eficiencia y la transparencia en las operaciones de la administración pública. Esta vigilancia ciudadana busca asegurar la correcta ejecución de las políticas públicas, consolidar la transparencia de la gestión pública y garantizar la observancia de los Derechos Humanos.
Fernández presenta un estudio sobre las percepciones que tienen los profesores y las profesoras que conforman el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Tamaulipas, México, a partir de la reforma laboral sindical del año 2019, con la cual se obliga a los sindicatos a renovar sus dirigencias por medio de voto libre, universal, directo y secreto. A pesar de lo anterior, no se ha manifestado algún movimiento o interés que busque acciones transformadoras, o que motive una mayor participación del profesorado dentro de este órgano sindical, lo cual limita una transformación profunda de la vida sindical.
Para finalizar, Carballo hace un análisis del discurso en Costa Rica durante la pandemia sanitaria provocada por el Covid-19. Para ello divide el estudio en 3 grupos: el gobierno al ser el principal responsable de abordar la situación, los expertos al ofrecer un marco general de conocimiento especializado y los medios tradicionales de comunicación (La Nación y La Extra) por su influencia social cotidiana y como canalizadores las propuestas de los dos grupos anteriores. El autor hace un análisis de cada uno de estos a partir de lo narrativo, lo argumentativo y los intereses específicos. Se determinó que el gobierno inicialmente fue una figura de legitimidad, pero con el avance de los casos se dio una fractura de la cohesión y de la opinión. El discurso social evidencia las desigualdades y las diversas formas en que las personas enfrentaban la pandemia, así como un conflicto hacia el “otro” como figura privilegiada. Asimismo, se dio un cansancio y agotamiento en la sociedad debido al exceso de información de la pandemia, dando paso al autorelajamiento y la incertidumbre.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Julio-setiembre, 2022