Rev. Ciencias Sociales 178: 141-167 / 2022 (IV)
ISSN Impreso: 0482-5276 ISSN ELECTRÓNICO: 2215-2601

Aprobación presidencial y voto por el partido en el gobierno en Costa Rica (1982-2022). Análisis comparado de las excepciones

Presidential approval and vote for the ruling party in Costa Rica (1982-2022). Comparative analysis of the exceptions

Orestes Enrique Díaz Rodríguez*

Tipo de documento: artículo académico

Resumen

La aprobación del mandatario de turno ha constituido un predictor razonablemente confiable del éxito o la derrota del partido en el gobierno en Costa Rica. Para comprobarlo se conformó una muestra que abarcó los comicios presidenciales celebrados entre ١٩٨٢ y ٢٠٢٢. Los resultados sugieren que el votante costarricense tiende a premiar o castigar al candidato presidencial oficialista en dependencia de la percepción que tienen sobre el desempeño del mandatario de turno. Los comicios de ١٩٩٠ y ١٩٩٤ constituyeron excepciones de esa dinámica. Ambas experiencias son analizadas a la luz de la experiencia comparada.

Palabras clave: Comportamiento político * participación política * elecciones * voto * opinión pública

ABSTRACT

The approval of the current president has been a reasonably reliable predictor of the success or defeat of the ruling party in Costa Rica. To verify this, we formed a sample that covered the presidential elections held between 1982 and 2022. The results suggest that the Costa Rican voter tends to reward or punish the official presidential candidate depending on the perception they have of the performance of the current president. The 1990 and 1994 elections were exceptions to this dynamic. Both experiences are analyzed in the light of comparative experience.

Keywords: Political behavior * political participation * elections * vote * public opinion

* Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México.

orestes.diaz@academicos.udg.mx

Introducción

Las investigaciones sobre cambios en el sistema de partidos (Rovira, 2001 y 2007; Alfaro, 2006; Alfaro y Gómez, 2014; Hernández, 2009 y 2012; Cascante, 2016; Sánchez, 2018; Cuitiño, 2021; Perelló y Navia, 2021), desalineamiento electoral (Sánchez, 2002 y 2007) y el comportamiento de la abstención en los comicios costarricenses (Hernández, 1991 y 2002; Araya, 2015) atraen desde hace varios años la atención de los investigadores. El país centroamericano ha celebrado regularmente elecciones presidenciales transparentes y competitivas desde los años 50 del pasado siglo (Vargas, 2007).

A menudo, ciertas tendencias en el comportamiento de su régimen político son seguidas con atención desde otros países latinoamericanos en los que el devenir de la política democrática ha resultado menos fluido. No obstante, algunas dinámicas no han recibido suficiente atención. Por ejemplo, ¿en los comicios costarricenses ha tendido a producirse una asociación positiva entre la aprobación del mandatario saliente y el resultado electoral del candidato presidencial del partido en el gobierno?1. En otras palabras, ¿de manera consistente una alta aprobación del ejecutivo de turno ha tendido a ser seguida por el éxito electoral del oficialismo, mientras una baja aprobación del titular del ejecutivo ha anunciado la derrota de su candidato presidencial? Para la Ciencia Política resulta de interés la investigación encaminada a corroborar la presencia de ese patrón de comportamiento. En primer lugar, por la necesidad de esclarecer si la aprobación presidencial actúa o no como un predictor razonablemente confiable del éxito o la derrota del oficialismo. En segundo lugar, para despejar dudas sobre el peso que tiene en la decisión electoral la percepción ciudadana sobre el desempeño del partido en el gobierno. En tercer lugar, porque eventuales hallazgos en esa dirección podrían tener un significado aplicativo.

En ese sentido, el propósito primigenio de la investigación fue comprobar la hipótesis (H1) de que la aprobación de los mandatarios costarricenses ha tendido a constituir un predictor razonablemente confiable del éxito o la derrota del candidato presidencial del partido en el gobierno en los comicios2. Como regla, una baja aprobación del ejecutivo de turno ha sido seguida por la derrota del oficialismo, mientras una alta aprobación ha precedido su éxito en las urnas.

La investigación también se propuso poner en contexto el eventual hallazgo. Una especificidad del modelo costarricense reside en que la constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata o sucesiva. ¿Acaso esa circunstancia condiciona que la tendencia a la asociación consistente entre aprobación y voto por el partido en el gobierno en ese país difiera sustancialmente de la observada en otros países latinoamericanos y en el conjunto de la región?

Antes de formular H1 se tenía pleno conocimiento de que en los comicios presidenciales costarricenses de 1990 y 1994, la alta aprobación de los mandatarios Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón Fournier, respectivamente, no tuvo su reflejo en el triunfo electoral del partido en el gobierno. Todo lo contrario. En ambos casos, los candidatos presidenciales del oficialismo resultaron derrotados. De modo que, si eventualmente se confirmara una asociación positiva entre aprobación y voto oficialista en el resto de los casos, entonces las elecciones de 1990 y 1994 debían ser tratadas en la investigación como excepciones dentro de esa dinámica.

Cuando la alta aprobación del ejecutivo de turno no se transfiere en caudal de votos para el candidato presidencial del oficialismo o lo hace de manera insuficiente resultando derrotado, el análisis comparado ha demostrado que la división interna del partido en el gobierno tiende a constituir el factor explicativo (Díaz, 2019 y 2020; Díaz y Santibáñez, 2020). Por consiguiente, una vez que se corrobora la condición de excepciones de los casos de 1990 y 1994, en la segunda parte del trabajo se somete a comprobación si ante la experiencia costarricense dicha explicación también resulta válida. ¿Acaso los comicios presidenciales costarricenses de 1990 y 1994 ponen en entredicho la validez de la generalización arrojada por la experiencia comparada?

Para la comprobación de H1, en primer lugar, se elaboró una base específica de datos inexistente con anterioridad que contiene la aprobación y la desaprobación con que los mandatarios del país arribaron a la etapa previa de los comicios presidenciales abarcando desde el mandato de Rodrigo Carazo3 (1978-1982) hasta la administración de Carlos Alvarado (2018-2022)4. En segundo lugar, en base a la formulación de un criterio preciso y transparente se clasificó como “baja” o “alta” la aprobación de cada uno de los once mandatarios que se han sucedido desde 1978 hasta la fecha. En tercer lugar, se contrastó la aprobación de cada uno de los mandatarios con el resultado electoral obtenido por el oficialismo en los comicios presidenciales celebrados al finalizar su administración. Dicha operación arrojó la tasa de asociación entre la popularidad y el éxito o derrota oficialista cuando los presidentes registraron baja y alta aprobación, y a su vez, la tasa de asociación general. Dicha tasa se contrastó tanto con la que registran individualmente trece países latinoamericanos donde las elecciones presidenciales tienen lugar en un entorno tendencialmente transparente y competitivo como con la tasa promedio de la región (tabla 2). A su vez, en la tabla 3 se compara la tasa de asociación del país centroamericano con la que registran países latinoamericanos donde la figura de la reelección presidencial sucesiva no se encuentra constitucionalmente prohibida.

Por su parte, para comprobar si resulta válida la explicación arrojada por la experiencia comparada referente a que cuando la alta aprobación del ejecutivo de turno se transfiere de manera insuficiente en caudal de votos para el candidato presidencial del oficialismo, con lo que contribuye a la derrota electoral del partido en el gobierno, la afectación de dicha fuerza política por un proceso de división interna constituye el factor explicativo de esa dinámica. Primeramente, se confirmó si las elecciones de 1990 y 1994 constituyeron los únicos casos de no consistencia entre aprobación y voto por el oficialismo dentro de la serie temporal de comicios presidenciales costarricenses. A su vez, se descartó que se hayan producido casos correspondientes a un segundo tipo de excepciones en los que una baja aprobación del ejecutivo es seguida por el éxito oficialista en las urnas. Seguidamente, los comicios de 1990 y 1994 son analizados de acuerdo al procedimiento siguiente: en primer lugar, se expuso el presupuesto teórico de partida con los correspondientes indicadores empíricos que permiten que pueda ser corroborado o refutado. En segundo lugar, se presentó el contexto general de la elección presidencial asociado con el tipo de sistema de partido existente, los principales actores contendientes, la cohesión interna alcanzada por cada uno, la percepción general sobre el desempeño del mandatario de turno y las problemáticas centrales en disputa. En tercer lugar, a través de la consulta de especialistas que conocen en profundidad el trasfondo de las elecciones presidenciales en Costa Rica se evaluó si las interpretaciones sobre las causas del resultado electoral adverso para el partido gobernante ponen en entredicho la validez de la explicación general que se buscaba verificar. Por último, se exponen las conclusiones derivadas del ejercicio.

Los resultados arrojados por la investigación fueron: entre 1978 y 2022 se contabilizaron once mandatos presidenciales y una cantidad similar de comicios presidenciales competitivos celebrados en los que la cifra total de mandatarios con aprobación baja (5) es ligeramente inferior a la de presidentes con aprobación alta (6). En los cinco casos en que los presidentes costarricenses arribaron a la etapa previa a la celebración de los comicios presidenciales con una aprobación baja el partido en el gobierno resultó derrotado en las urnas. La dinámica descrita sugiere que el votante costarricense tiende a castigar al candidato presidencial del oficialismo si la percepción que tiene sobre el desempeño del mandatario de turno es desaprobatoria. En tanto, de los seis casos en que los presidentes costarricenses arribaron al inicio de la campaña electoral con aprobación alta en un total de cuatro, el oficialismo terminó imponiéndose en la elección presidencial. El resultado sugiere una propensión mayoritaria, aunque no necesariamente contundente, del votante costarricense a respaldar la candidatura presidencial del oficialismo si la percepción que tiene del desempeño del mandatario de turno es aprobatoria5.

La tasa de asociación de la aprobación de los mandatarios costarricenses con el éxito o la derrota del partido en el gobierno es significativa (81,81%). Comparativamente, dicha tasa es prácticamente similar a la que arroja la media regional (82,14%). En los comicios presidenciales costarricenses la aprobación de los mandatarios de turno ha tendido a funcionar como un predictor razonablemente confiable del éxito o la derrota electoral del oficialismo6. A pesar de que en el país centroamericano la figura de la reelección sucesiva está constitucionalmente prohibida, la tendencia a la asociación positiva entre la aprobación del mandatario y el voto por el oficialismo en Costa Rica no difiere sustancialmente de la observada de manera general en América Latina, ni tampoco de la que registran países de la región donde dicha regla es válida.

Por su parte, el análisis de las excepciones consistente en controlar la validez de la generalización empírica arrojada por la investigación comparada reveló que existen diferentes señales que sugieren que el partido en el gobierno en 1990, Liberación Nacional (PLN), sufrió un proceso de división interna solapada. Dicha fractura, con matices muy específicos, apuntaría a representar un freno en el proceso de traspaso de la popularidad del mandatario de turno, Oscar Arias (61%), en caudal de votos para el candidato presidencial del partido en el gobierno Carlos Manuel Castillo Morales, contribuyendo a la derrota del oficialismo.

Sin embargo, las elecciones presidenciales de 1994 consiguen poner en entredicho la explicación arrojada por la experiencia comparada. La evidencia apunta a que el gobernante partido Unidad Social Cristiana (PUSC) encaró la contienda electoral con la cohesión adecuada para aspirar al triunfo. No obstante, el oficialismo fue derrotado. La inferencia resultante es que la división interna del oficialismo, si bien, ha constituido el factor más frecuente, evidentemente no constituye el factor explicativo exclusivo de que el proceso de transferencia desde la alta popularidad del mandatario de turno en caudal de votos para el candidato presidencial oficialista resulte frenado.

Por otra parte, aunque la experiencia comparada también arroja que la escisión interna del partido en el gobierno tiende a anunciar la derrota del oficialismo con independencia de que la percepción ciudadana de su desempeño haya sido favorable, el análisis de los comicios presidenciales de 1994 sugiere que la cohesión interna de esa fuerza política, sumado a una percepción ciudadana favorable del desempeño del mandatario de turno, no constituyen garantías suficientes de un eventual éxito oficialista en las urnas.

La aprobación presidencial como predictor

La aprobación presidencial contiene la opinión individual o agregada sobre la gestión de un mandatario en general, sin énfasis primario en algún tema o cuestión electoral (Mueller, 1973). La aprobación presidencial puede estar influida por el partidismo o contener opiniones sobre la personalidad del mandatario, sin embargo, resume en un juicio sumario simple lo que la mayoría piensa sobre el desempeño del gobierno (Beltrán, 2015).

Para el caso estadounidense, la aprobación del mandatario de turno tiende a anticipar sus posibilidades de reelección (Sigelman, 1979) y el triunfo o derrota del candidato presidencial del oficialismo, aunque este no constituya el propio titular del ejecutivo (Brody y Sigelman, 1983; Lewis Beck y Rice, 1982 y 1984). Con respecto a América Latina, la evaluación de la labor de los mandatarios de turno constituye el mejor predictor de las posibilidades del candidato oficialista de imponerse en la contienda (Echegaray, 1996). Sería desconcertante que los ciudadanos y las ciudadanas aprobasen en las urnas, de forma sistemática, gobiernos cuya gestión reprueban en las encuestas de opinión pública. La asociación positiva entre popularidad y voto también se observa en América Latina (Gramacho, 2007).

En un contexto de elecciones libres y transparentes, la aprobación del titular del ejecutivo tiende a anticipar de manera razonablemente consistente el éxito o la derrota del candidato presidencial del partido o coalición de gobierno en América Latina. La tendencia a la asociación positiva entre aprobación y voto por el partido en el gobierno en Latinoamérica es más sólida cuando el candidato presidencial del oficialismo es el propio presidente de turno contendiendo por su reelección inmediata. Sin menoscabo de que dicha tendencia también ha resultado consistente cuando la candidatura presidencial oficialista no ha recaído en el titular del ejecutivo. La realización de segundas vueltas y el multipartidismo no afectan la tendencia de la aprobación a asociarse de manera significativa con el resultado electoral del partido en el gobierno (Díaz, 2019).

Popularidad y aprobación presidencial habitualmente son empleados como sinónimos. La aprobación del gobierno es la medida más antigua de popularidad presidencial (Berlemann y Enkelmann, 2014). Este instrumento es el más estable y el más utilizado para estudios de popularidad presidencial (Cohen, 1999; Gronke y Newmann, 2000).

La función voto de la popularidad presidencial (teoría de la asociación entre aprobación y voto por el oficialismo) constituye una línea independiente dentro de las teorías del comportamiento electoral (Bosch et al., 1999). Su rasgo distintivo es utilizar a la aprobación del mandatario como predictor de la conducta electoral de los votantes. Así altos niveles de aprobación deberían favorecer al candidato de la coalición incumbente (Morales et al., 2008). La aprobación del presidente de turno funciona como un proxy sobre el desempeño futuro del candidato presidencial del partido o coalición gubernamental (Romero, 2009). Si la aprobación presidencial constituye un predictor razonablemente confiable de la continuidad o reemplazo en el poder del oficialismo se debe a que de manera general refleja la percepción que la población tiene sobre el desempeño del gobierno (Díaz y Santibáñez, 2020).

La división del oficialismo como factor explicativo de las excepciones

La decisión de votar se adopta según la política que el gobierno haya seguido durante el mandato. Se trata de una reacción del votante a la actuación efectiva del gobierno (Downs, 1973). Teóricamente, los gobiernos que mejoran el bienestar de los electores deben recibir como premio su respaldo, mientras gobiernos que no lo consiguen deben ser castigados en las urnas (Díaz, 2019). No obstante, la experiencia comparada muestra casos que constituyen desviaciones de esa dinámica. Un ejemplo en ese sentido es cuando partidos gobernantes que cuentan con una evaluación ciudadana notoriamente satisfactoria de su desempeño no alcanzan a conservar el poder una vez realizados comicios libres y competitivos7. Panebianco (1986), aporta pistas con respecto al hecho de que gobiernos bien evaluados resulten castigados por los votantes. Para el autor, mientras mayor es la unidad y la cohesión, mayores también serán las posibilidades de triunfo para la organización, porque las áreas de incertidumbre son menores. Mientras en un partido dividido la debilidad y el fraccionamiento del poder constituyen un riesgo mayor.

La participación del partido gobernante en la contienda electoral afectado por un proceso de división interna tiende a situarlo en una situación de inferioridad. En esas condiciones, el voto progubernamental en lugar de concentrarse sufre un proceso de difuminación, con independencia de que la percepción ciudadana sobre el desempeño del mandatario de turno sea favorable. Por división del oficialismo se entiende la participación escindida de esa fuerza política en el proceso electoral debido, generalmente, al rechazo e, incluso, la impugnación de referentes de la organización al proceso de selección del candidato presidencial.

La fractura pone en evidencia la falta de solución de determinados conflictos internos de la organización los cuales afloran en la propia contienda electoral comprometiendo el propósito de conservar el poder (Díaz, 2019). La escisión dentro del oficialismo con frecuencia es manifiesta. Se está en presencia de una división manifiesta cuando el proceso de fractura que afectó a la organización no pudo ser contenido por sus estructuras convirtiéndose en objeto indiscutido de dominio para el grueso de la opinión pública. En ese caso, el comportamiento fratricida es plenamente visible por intermedio de conductas como la desaprobación pública e, incluso, la impugnación de la elección interna por referentes, y el abandono de la organización por parte de los mismos que pasan a encabezar a fuerzas electorales alternativas desde las que manifiestan una visión agudamente crítica del desempeño del partido gubernamental.

Pero, la división oficialista también puede asumir formas soterradas. En ese caso, el conflicto interno no alcanza a convertirse en objeto indiscutido de dominio para el grueso de la opinión pública al menos durante la campaña electoral. Pero, el proceso de difuminación del voto progubernamental que termina por lastrar las posibilidades de éxito oficialista en las urnas también tiene lugar. La falta de compromiso del candidato presidencial del partido en el gobierno con las políticas o el legado del mandatario de turno y el escaso apoyo mediático y logístico de este último a la campaña presidencial de su organización, se han identificado como conductas que suelen contribuir a plasmar la división oculta o solapada del oficialismo (Díaz, 2019 y 2020; Díaz y Santibáñez, 2020).

Comprobación de la hipótesis

Análisis, investigaciones y estudios de opinión pública evidencian que los politólogos tienden a clasificar la aprobación de los mandatarios principalmente en alta o baja. En especial, se hace uso de esa dicotomía cuando el mandatario saliente tiene una evaluación indiscutidamente satisfactoria o sobresaliente. Pero, con mucha más frecuencia se emplea cuando la evaluación presidencial es notablemente desaprobatoria y el titular del ejecutivo enfrenta una aguda crisis interna en la que existe el riesgo de verse sujeto a juicio político o sencillamente a que el legado de su administración resulte seriamente cuestionado. Curiosamente, su amplio uso no va acompañado de la debida argumentación del criterio empleado para realizar la diferenciación. Mientras más extendido es su empleo, mayor es a su vez el vacío existente en la literatura respecto al fundamento empleado para diferenciar entre aprobación baja y alta de los mandatarios.

En realidad, la dicotomía ha estado sujeta a la apreciación subjetiva de las personas autoras o investigadoras, y bien podría continuar siendo así en el futuro a corto y mediano plazo. Salvo que se tome conciencia del precio que se paga. Por ejemplo, de no haber propuesto saldar esa deuda difícilmente se hubiera podido defender y mucho menos comprobar empíricamente la teoría de la asociación entre aprobación presidencial y voto por el partido en el gobierno en lo referente a América Latina. Gracias a que se alcanza a justificar la diferencia fue factible comprobar que en América Latina cuando los presidentes arriban a la etapa previa al inicio de la campaña electoral con una aprobación baja, la tendencia mayoritaria y contundente es que el candidato presidencial del partido en el gobierno resulte derrotado en las urnas, dando lugar a una alternancia en el poder.

En Costa Rica, por ejemplo, dicha tendencia se ha manifestado de manera rotunda desde 1982 a la fecha. En tanto, cuando los presidentes arriban con una aprobación alta, la tendencia dominante aunque en este caso no necesariamente contundente, es que el candidato presidencial del oficialismo emerja vencedor en la contienda electoral. Como explica Barbara Geddes (2003), las tipologías o clasificaciones son útiles o no útiles en lugar de verdaderas y falsas. Para ser útiles tienen que captar las diferencias que son esenciales para el argumento que se está haciendo. Sin ese tipo de simplificación de la realidad, se resulta inundados por la complejidad, con lo cual se es incapaz de ver los patrones subyacentes. Se exige de una clasificación ser capaz de encontrar los lugares en el complicado todo en que los elementos parecen dividirse naturalmente facilitando el avance hacia el hallazgo.

A efectos de la investigación, se considera como alta la aprobación del ejecutivo si el número de ciudadanos y ciudadanas que tiene una percepción aprobatoria de su desempeño es superior al de los que desaprueban su gestión una vez que los principales partidos contendientes seleccionaron a sus respectivos candidatos presidenciales, pero aún no han comenzado las campañas electorales. En consecuencia, la aprobación del mandatario se clasifica como baja cuando el número de ciudadanos y ciudadanas que desaprueban el desempeño presidencial es superior al de los que aprueban su gestión. Así, por ejemplo, un presidente que cuenta con una aprobación de 35% y una desaprobación de 47% se clasifica como mandatario con aprobación baja. Mientras un presidente que cuenta con aprobación de 49% y desaprobación de 22% se clasifica como mandatario con aprobación alta8.

Los datos de la aprobación y de la desaprobación de los mandatarios fueron tomados de encuestas nacionales de opinión pública registradas en Student Innovation Fellowship (SIF), Georgia State University. Los datos corresponden a la misma fuente primaria, seleccionada en base a la solidez de la ficha técnica y la longevidad de la institución. La lectura de la medición de la aprobación de los mandatarios de turno se tomó en correspondencia con la metodología de Lewis Beck y Rice (1982). Ambos autores recomendaron tomar la lectura de la aprobación en un período de relativa calma política, que es aquel cuando ya fueron designados los candidatos presidenciales de todos los partidos, pero aún no han comenzado las campañas electorales. El punto de partida fueron los comicios presidenciales de 1982 debido a que la aprobación de los mandatarios comenzó a registrarse en Costa Rica a partir de 1978. En los procesos electorales celebrados a dos vueltas, los resultados de la primera etapa no fueron considerados, salvo cuando el oficialismo resultó eliminado en esa instancia.

Los resultados arrojados son los siguientes: entre 1978 y 2022 se contabilizaron once mandatos presidenciales sin que ninguna administración resultara interrumpida y una cantidad similar de comicios presidenciales celebrados. La cifra total de mandatarios con aprobación baja (5) es ligeramente inferior a la de presidentes con aprobación alta (6).

En los cinco casos en que los presidentes arribaron a la etapa previa a la celebración de los comicios presidenciales con una aprobación baja (1982, 1998, 2006, 2014 y 2022), el partido en el gobierno resultó derrotado. El votante costarricense tiende a castigar al candidato presidencial del oficialismo si la percepción que tiene sobre el desempeño del mandatario de turno es desaprobatoria (tabla 1). En tanto, de los seis casos en que los presidentes arribaron al inicio de la campaña electoral con aprobación alta (1986, 1990, 1994, 2002, 2010 y 2018), en cuatro ocasiones el partido en el gobierno terminó imponiéndose en la elección presidencial.

La sugerencia es que existe una propensión mayoritaria, aunque no necesariamente contundente, del votante costarricense a respaldar la candidatura presidencial del oficialismo si la percepción que tiene del desempeño del mandatario de turno es aprobatoria (tabla 1)9. Se reporta como significativa la tasa de asociación de la aprobación de los mandatarios costarricenses con el éxito o la derrota del partido en el gobierno (81,81%). Comparativamente, dicha tasa es inferior a la que registran países como Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, El Salvador y Ecuador, pero superior a la que exhiben Chile, República Dominicana, México, Guatemala y Paraguay. Dicha tasa es prácticamente coincidente con el promedio regional (tabla 2) y no difiere sustancialmente de la que exhiben en su conjunto países de la región en los que la figura de la relección presidencial sucesiva no se encuentra constitucionalmente prohibida (tabla 3).

La conclusión es que la tendencia a la asociación entre aprobación y voto por el oficialismo en las elecciones presidenciales en Costa Rica no difiere sustancialmente de la registrada a nivel regional. La aprobación del mandatario de turno ha constituido un predictor razonablemente confiable del éxito o la derrota del partido en el gobierno en Costa Rica

Tabla 1. Comportamiento de la asociación entre aprobación y voto por el oficialismo en Costa Rica (1982-2022)

Fuente: Elaboración propia con información de Encuestas Cid Gallup registradas en Student Innovation Fellowship (SIF). (1982-2020). Executive Approval Database Visualization–Costa Rica.

Tabla 2. Tabla comparativa de la consistencia entre aprobación presidencial y voto por el partido en el gobierno en catorce países de América Latina13

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Tabla comparativa de la consistencia entre aprobación y voto por el oficialismo en países en los que no está prohibida la reelección presidencial sucesiva y el caso de Costa Rica

Fuente: Elaboración propia.

Análisis comparado de las excepciones. Los comicios presidenciales de 1990

En los comicios presidenciales de 1990 y 1994, los mandatarios de turno Oscar Arias (PLN) y Rafael Calderón Fournier (PUSC) contaban con una alta aprobación, pero los candidatos presidenciales de ambos partidos, Carlos Manuel Castillo (PLN) y Miguel A. Rodríguez (PUSC), fueron derrotados. No se trata de un comportamiento electoral frecuente. Entre 1982 y 2022, de un total de treinta y seis mandatarios latinoamericanos procedentes de 14 países incluyendo Costa Rica que arribaron a la etapa previa a la campaña electoral con una aprobación alta, en veintiséis casos, el partido en el gobierno alcanzó a conservar el poder y solo en diez no lo hizo. Las desviaciones se encuentran distribuidas entre siete países (Tabla 4). Díaz (2019 y 2020) y Díaz y Santibáñez (2020) encontraron similitud una vez que analizaron los casos de no consistencia referidos a los comicios presidenciales de Chile 2009-2010, México 2012 y República Dominicana 2020. En los tres casos mencionados, el partido o coalición en el gobierno se vio afectado por la división interna en el momento de encarar el proceso electoral que afectó el traspaso de la popularidad presidencial en caudal de votos para el candidato del partido en el gobierno.

Tabla 4. Relación de casos donde la aprobación alta del mandatario de turno no fue seguida por el triunfo electoral del partido en el gobierno (1982-2022)

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas registradas en Student Innovation Fellowship (SIF).16

Entre 1986 y 1998, la competencia política en Costa Rica tuvo un formato netamente bipartidista17. PLN18 y PUSC19 tenían un caudal electoral semejante, sin claros predominios (Rovira, 2001; Hernández, 2009). Las campañas electorales y gobiernos se caracterizaron por una inclinación hacia el centro derecha del espectro ideológico, por la similitud de ofertas y una práctica gubernamental que no los diferenciaba (Rovira, 2007; Hernández, 2009). Las orientaciones políticas de ambos partidos las signó las políticas de consenso de Washington (Raventos y Ramírez, 2006).

En 1982, el PLN había retornado al poder en el contexto de una profunda crisis económica que sacudió al mandato del presidente Rodrigo Carazo Odio (1978-1982)20 que representaba a la Coalición Unidad. El mandatario liberacionista, Luis A. Monge (1982-1986), presionado por el FMI, el Banco Mundial y la administración norteamericana comenzó a promover políticas de libre mercado que enfrentaron a su organización con sus bases electorales históricas (Molina, 12 de enero de 2022). Con Monge comenzó el proceso de alteración y cambio de las políticas públicas del PLN que entraron en conflicto con los programas y plataformas tradicionales defendidos por la organización (Furlong, 2001). La transición hacia el ajuste estructural no tuvo un impacto decisivo en la aprobación presidencial que se mantuvo alta, particularmente, en los tres años finales de su administración (tabla 5). Tampoco impidió que, por intermedio de Oscar Arias, el PLN obtuviera un segundo mandato presidencial consecutivo. “El PLN gana las elecciones (1986) montado en la ola de prestigio popular del gobierno de Luis A. Monge” (Araya, 1990).

Oscar Arias (1986-1990) también se vio forzado a adoptar los ajustes estructurales que ponían en tensión a su administración con las bases tradicionales del PLN. No obstante, su popularidad a lo largo del mandato se mantuvo, incluso, más alta que la registrada por su antecesor. Bajo la presidencia de Arias se inició el proceso de paz en Centroamérica, la economía se fortaleció y la deuda se redujo significativamente. Pero, a diferencia de Monge, curiosamente esos éxitos y su popularidad no se transfirieron al candidato del PLN en ١٩٩٠ (Furlong, ١٩٩٤ y ٢٠٠١).

Tabla 5. Evolución de la aprobación de Luis A. Monge (1982-1986) y Oscar Arias (1986-1990)

Fuente: Elaboración propia con información de Encuestas Cid Gallup registradas en Student Innovation Fellowship (SIF). (1982-2020). Executive Approval Database Visualization-Costa Rica.

En los comicios presidenciales celebrados en el mes de febrero de 1990 entre los candidatos Carlos Manuel Castillo Morales (PLN) y Rafael Ángel Calderón Fournier (PUSC), el contendiente liberacionista resultó derrotado. La eventual transferencia de la alta popularidad de Oscar Arias en caudal de votos para la candidatura de Castillo Morales no se produjo o lo hizo de manera insuficiente. Castillo Morales obtuvo el 47,2% de los votos válidos contra el 51,5% de Calderón Fournier (Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), República de Costa Rica, 2022).

Aunque el número de casos estudiados no es todavía idóneo21, el análisis comparativo ha arrojado que en América Latina cuando la alta aprobación del mandatario de turno no es seguida por el éxito del candidato presidencial del partido en el gobierno la variable explicativa de esa dinámica es la afectación del oficialismo por un proceso de división interna. La división del oficialismo constituye la participación escindida de esa fuerza política en el proceso electoral. En unos casos, la fractura del partido en el gobierno fue manifiesta lo que significa que el proceso de escisión que afectó a la organización no pudo ser contenido por sus estructuras, convirtiéndose en objeto indiscutido de dominio para el grueso de la opinión pública. Así se manifestó, por ejemplo, el fraccionamiento del oficialismo en las elecciones presidenciales de Chile 2009-2010 (Díaz, 2020) y de República Dominicana 2020 (Díaz y Santibáñez, 2020). En ambos casos, el comportamiento fratricida fue plenamente visible. Primeramente, tuvo lugar la desaprobación pública e, incluso, la impugnación del proceso de selección del candidato presidencial del partido en el gobierno por líderes, legisladores o altos funcionarios pertenecientes al oficialismo.

Acto seguido, los referentes que desaprobaron las elecciones primarias abandonaron la organización y encabezaron a fuerzas electorales alternativas desde las que manifestaron una visión sumamente crítica del desempeño del partido gubernamental. Como consecuencia, la cohesión del voto oficialista se resquebrajó en diferentes direcciones. Pero, la división del oficialismo también puede ser solapada. En ese caso, la escisión interna no alcanza a convertirse en objeto indiscutido de dominio para el grueso de la opinión pública, al menos durante la campaña electoral. Así se manifestó, por ejemplo, el fraccionamiento del oficialismo en los comicios presidenciales mexicanos de 2012 (Díaz, 2019).

En el caso de los comicios costarricenses de 1990, la revisión de la literatura arroja señales que apuntarían a que la fractura del oficialismo tuvo lugar, pero no lo hizo de manera manifiesta. Durante el gobierno de Oscar Arias (1986-1990), se produjeron choques entre las dos tendencias principales en las que se dividió el PLN. Por una parte, los sectores que propugnaban por el establecimiento de políticas económicas de corte neoliberal y por la otra, los que se resistían a ceder los espacios de intermediación económica del Estado o que se proponían evitar los efectos sociales de la cruda aplicación de las medidas de ajuste estructural (Jauberth y Barrantes, 1990; Molina, 12 de enero de 2022)22. El enfrentamiento crucial entre ambas tendencias se produjo en la convención partidaria de 1989 que enfrentó a los precandidatos Rolando Araya Monge y Carlos Manuel Castillo Morales. Por primera vez, al interior del PLN se emplearon tácticas de campañas duras que perseguían la deslegitimación del contrincante donde se intentó vincular a Araya con el narcotráfico (León, 2009).

A los comicios de 1990, el PLN se presentó con una imagen fracturada debido al tono de los ataques entre los dos precandidatos (León, 2009). Rodríguez (2013) también manifiesta una perspectiva similar:

La precampaña de 1989 dejó una agria división entre los dirigentes de cada una de las dos tendencias: los seguidores de Rolando Araya y los de Castillo, que no lograron unirse para la campaña nacional. El primer slogan o lema de la precampaña (en 1994), “José María Une”, surgió entre la dirigencia como respuesta a la división entre las dos tendencias (p. 35).

La autora no pasa por alto la principal secuela de la conflictiva convención de 1989. Llegado el momento de enfrentar en la campaña presidencial al candidato del PSUC el PLN no consiguió superar la división que fue agravada por la dinámica particular que tuvo la convención interna y que no logró ser gestionada favorablemente hasta los comicios de 1994. En la misma dirección, Rojas (1991) reportó que mientras el PUSC logró alcanzar el punto de cohesión interna adecuado que debe tener un partido para alcanzar una victoria electoral, en contraste, Liberación Nacional entre otros errores, tuvo dificultades para cohesionar el partido alrededor del candidato debido a que la lucha de tendencias dejó demasiadas heridas sumado a la marginación que sufrieron algunos dirigentes experimentados. Por su parte, Jauberth y Barrantes (1990) sostienen que:

El PLN no logró una oxigenación de sus estructuras internas después de la convención del 19 de febrero de 1989, y el Doctor Carlos Manuel Castillo tampoco estuvo a la altura de darle la cohesión que dicha organización necesitaba (p.147).

Las elecciones internas se convirtieron en el campo donde institucionalmente se dirimió cuál de las tendencias en disputa prevalecería obteniendo el derecho de liderar a la organización en la ruta hacia un tercer mandato. El ex precandidato del PLN en la convención de 1999, Rolando Araya Monge, argumentó que a la organización le jugó en contra que en la convención de 1989 se emplearon armas inéditas para golpear su candidatura y que no se respetara la proporcionalidad democrática en el proceso interno de selección de delegados de los distintos órganos partidarios. A este último proceder lo calificó directamente como de autogolpe que perjudicó notablemente la armonía liberacionista y afectó el ánimo partidista en la campaña. Para Araya (1990), dichas irregularidades afectaron la movilización del votante liberacionista a lo que sumó que el comando de campaña de Castillo dejó de lado a la dirigencia partidaria y a ciertos líderes importantes.

Por su parte, Hernández (2009) argumentó que, aunque como partido mayoritario el PLN ha gozado de estabilidad, los conflictos internos han impactado en diferentes coyunturas su dinámica como, por ejemplo, las escisiones que originaron la formación de nuevos partidos en 1958, 1974 y 2002, coincidentes con las votaciones más bajas obtenidas por la organización. Para el autor, conjuntamente con el nivel de estructuración alcanzado en el PLN “se observa entonces una cierta tendencia expulsiva o centrífuga de grupos que, al entrar en conflicto con las cúpulas, han optado por buscar otras tiendas o construir las propias” (Hernández, 2006, p.12).

Los comicios presidenciales de 1990 constituyeron la cuarta elección presidencial (dentro de un total general de 10 participaciones hasta esa fecha) donde el PLN obtuvo menor caudal de votos (tabla 6). Las otras tres elecciones presidenciales con votación inferior fueron las antecedidas por escisiones expulsivas (1958 y 1974) y la de 1978. En los comicios de 1978, el candidato presidencial de la coalición Unidad, opositora al PLN, fue Rodrigo Carazo Odio quien había sido secretario general del PLN y diputado por ese partido (Salazar y Salazar, 1991) y que en 1974 lideró la escisión de la organización formando el Partido Renovación Democrática (Hernández, 2009). Dado que Carazo Odio constituyó en los comicios presidenciales de 1978, el adversario principal del PLN y el caudal de votos obtenido por esa organización en dichas elecciones fue prácticamente similar al alcanzado en 1974, resulta razonable considerar que para esa fecha el liberacionismo continuaba afectado por la escisión de 1974.

En los comicios de 1990, la fractura interna del PLN no se manifestó a través de una tendencia expulsiva. En cambio, el comparativamente bajo caudal de voto obtenido por el oficialismo en esos comicios respecto a las participaciones electorales anteriores donde la organización no se vio afectada por un proceso de escisión interna23 ponen en evidencia el retraimiento de un sector de los votantes liberacionistas con respecto a la candidatura presidencial de su partido. De hecho, el caudal de votos válidos obtenidos en 1990 es mucho más cercano al caudal promedio de votos válidos cuando la organización se vio afectada por escisiones expulsivas (tabla 7). La división del oficialismo en 1990 apunta a constituir un proceso solapado de fractura.

El rompimiento de sectores de votantes liberacionistas reflejado en el caudal de votos obtenidos no fue con respecto a la organización sino en relación con el candidato presidencial elegido. Por consiguiente, no fue definitivo sino temporal. No obstante, en el corto plazo tuvo las mismas consecuencias de una ruptura de contornos bien definidos al socavar la transferencia de la alta popularidad del mandatario de turno en votos para la candidatura presidencial del PLN.

Tabla 6. Porcentaje de votos válidos obtenidos por el PLN en los comicios presidenciales celebrados entre 1953 y 1990

Fuente: Elaboración propia en base a datos del TSE de Costa Rica.

Tabla 7. Tabla comparativa entre el caudal promedio de votos válidos obtenido por el PLN entre 1953 y 1990 cuando encaró el proceso electoral afectado por escisiones expulsivas y cuando no lo hizo

Fuente: Elaboración propia en base a datos del TSE de Costa Rica.

No es posible concluir que la derrota del oficialismo en 1990 ponga en entredicho la generalización arrojada por la experiencia comparada acerca de que la división interna tiende a frenar la transferencia de la alta popularidad del presidente de turno en caudal de votos para el candidato del partido en el gobierno contribuyendo a su derrota electoral26. La razón estriba en que existen diferentes señales que apuntan a que Liberación Nacional pudo sufrir un proceso de división interna solapada en el momento de encarar la contienda electoral de 1990.

En ese sentido resultan significativas (1) las observaciones directas realizadas por numerosos especialistas del país que conocen en profundidad el trasfondo de los comicios presidenciales en Costa Rica que pusieron el acento en tres momentos (tabla 8): a) la celebración en 1990 de una convención partidista inéditamente virulenta y fraccionaria; b) el marginamiento que sufrió el liderazgo partidista por parte del comando de campaña de Carlos Manuel Castillo Morales; c) el retraimiento inusual de sectores de votantes tradicionalmente liberacionistas con respecto a la candidatura presidencial de su organización;

(2) las graves objeciones a la dinámica de la convención partidaria de 1989 manifestadas por un protagonista central en la trama como lo fue el ex precandidato presidencial Rolando Araya Monge; (3) el inusualmente bajo caudal de votos válidos obtenido por la organización en 1990 en comparación con participaciones electorales anteriores a esa fecha, que difiere en apenas 3,87 % respecto al promedio histórico de votos válidos alcanzado por esa organización cuando contendió afectada por procesos de escisiones expulsivas27.

Tabla 8. Tabla comprobatoria de la presencia o ausencia en los comicios de 1990 de la variable explicativa a la que la experiencia comparada atribuye capacidad de afectar el traspaso de la alta aprobación del mandatario en caudal de votos para el candidato presidencial del oficialismo

Fuente: Elaboración propia.

Los comicios presidenciales de 1994

La administración del presidente socialcristiano Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) se caracterizó por el viraje que realizó en los años iniciales del mandato28. En efecto, una vez llegado al poder Calderón abandonó la orientación social que había prometido durante la campaña y al igual que sus predecesores ejecutó procesos de ajuste estructural (Urcuyo, 1998). El viraje afectó su imagen en los años iniciales de su administración. Finalmente, logró enderezarla (tabla 9) alcanzando también índices favorables de crecimiento económico (Furlong,1994; Urcuyo, 1998).

Tabla 9. Evolución de la aprobación presidencial de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994)

Fuente: Elaboración propia con información de Encuestas Cid Gallup registradas en Student Innovation Fellowship (SIF).

A la convención de 1993 del PUSC se presentaron dos precandidatos, Miguel A. Rodríguez y Juan José Trejos Fonseca. Rodríguez resultó triunfador de la elección interna con un 76,5%. Uno de los retos del candidato vencedor fue incorporar a su campaña a los representantes del calderonismo. Su adversario Trejos Fonseca se había presentado en la elección interna como representante de esa tendencia que contaba con una trayectoria y una cohesión de más de 40 años en la política interna costarricense (Urcuyo, 1998). Inicialmente, los cuadros calderonistas se negaron a dar su apoyo a Rodríguez debido a que en la competencia interna de 1988 había sido el adversario de Rafael Ángel Calderón Fournier29. Sin embargo, luego de muchos forcejeos, Rodríguez logró integrar a su campaña a Trejos y sus seguidores. Rumbo a los comicios presidenciales de 1994 el PUSC pudo alcanzar la cohesión interna indispensable que permite a un partido aspirar a la victoria (Urcuyo, 1998).

Por su parte, la convención liberacionista eligió a José María Figueres Olsen como su candidato para las elecciones de 199430. Figueres Olsen obtuvo el 57,5% de los votos luego de una convención partidista intensamente virulenta y fraccionaria (Hernández, 2002; León, 2009) en la que finalmente el precandidato y diputado José Miguel Corrales no se montó en la campaña presidencial de Figueres Olsen (Urcuyo, 1998). Los focos de la campaña y el grueso de la votación popular fueron nuevamente atraídos por los candidatos de los partidos mayoritarios. A pesar de la alta aprobación del mandatario saliente y de la cohesión interna alcanzada por el partido en el gobierno los resultados electorales terminaron favoreciendo al candidato presidencial del PLN, Figueres Olsen, quien se impuso con el 49,62% de los votos contra el 47,74% obtenido por Miguel A. Rodríguez (TSE). A todas luces el resultado de los comicios fue sorprendente. “En el año 1994 el asombro fue por qué ganó el PLN” (Rodríguez, 2013).

El análisis comparativo de los comicios presidenciales de 1994 resulta de enorme interés. En dicha contienda el PUSC alcanzó la segunda mayor votación de su historia. Sin embargo, un análisis comparativo cuidadoso es capaz de revelar que la transferencia de la popularidad del mandatario de turno en caudal de votos para el candidato presidencial del oficialismo se vio afectada en una cuantía decisiva. El caudal de votos válidos obtenido por el PUSC en 1994 quedó distanciado prácticamente por cuatro puntos porcentuales del alcanzado por la organización en los comicios presidenciales de 1990 cuando no contó con el doble beneficio que representa constituir una fuerza política gobernante cuyo desempeño además es percibido de manera favorable por la mayoría de los ciudadanos (tabla 10).

En los comicios de 1994 no aplica la explicación general de que el insuficiente traspaso de la alta popularidad del mandatario de turno en caudal de votos para el candidato presidencial de su partido se encuentra necesariamente asociada con la existencia de un proceso de escisión interna. No solo diversas fuentes coinciden en que en 1994 el PUSC alcanzó la cohesión necesaria para imponerse en las urnas, sino que no prosperaron los esfuerzos investigativos realizados por identificar la presencia de conductas que pusieran de manifiesto la existencia de una escisión interna en el oficialismo. Referentes de la organización no reprobaron o impugnaron el proceso de selección del candidato presidencial. Tampoco abandonaron el PUSC para pasar a encabezar fuerzas políticas alternativas desde las que criticaron abiertamente el desempeño gubernamental del partido al que con anterioridad pertenecieron. A su vez, a diferencia de las elecciones de 1990, no se encontraron indicios y señales que alerten que el oficialismo pudo haber sufrido una escisión interna solapada. Los comicios de 1994 tienen una doble relevancia para los estudios comparativos. En ellos no se produjo la asociación entre aprobación y voto por el oficialismo. Mientras la derrota del partido gubernamental satisfactoriamente evaluado por la ciudadanía no estuvo vinculada con la escisión interna de esa fuerza política.

En ocasiones, las excepciones son interpretadas como refutaciones del conocimiento acumulado. Se olvida que estas generalizaciones son probabilísticas. A lo sumo reflejan tendencias. Una sola o pocas excepciones la debilitan, pero no son suficientes para refutarlas (Sartori, 1994). En ese caso, lo aconsejable es restringir el ámbito de aplicación precisando mejor las condiciones. Pero, aun así, en ningún caso puede ser declarada determinística una vez que se incorporan las excepciones mencionadas (Sartori, 1994).

La experiencia de los comicios de 1994 sugiere cuando menos dos inferencias: (1) la división oficialista, aun cuando puede constituir el factor explicativo más frecuente de las excepciones dentro de la dinámica general de consistencia entre aprobación y voto por el partido en el gobierno, de ninguna manera puede considerarse como exclusivo; (2) aún sin estar afectado por un proceso de división interna y contando con una percepción ciudadana favorable de su desempeño, el triunfo del oficialismo en las urnas no está de ninguna manera garantizado.

Queda pendiente un asunto de interés. Si en las elecciones de 1994, el socialcristianismo no sufrió una fractura interna y contaba con una percepción ciudadana favorable de la gestión del ejecutivo de turno, ¿por qué razón el caudal de votos válidos quedó distanciado del obtenido en ١٩٩٠ no alcanzando a ser suficiente para garantizar la victoria en ١٩٩٤?, ¿cuál de las causales de la derrota que fueron señaladas pudo haber afectado el traspaso de la popularidad del mandatario?

La mayoría de las razones que se brindaron posiblemente reprueben un análisis mínimo de suficiencia. Por ejemplo, se alegó que pudo inclinar la balanza que Miguel A. Rodríguez enfrentó a un candidato presidencial con apellido ilustre como lo fue sin dudas Figueres Olsen, hijo del expresidente Figueres Ferrer caudillo victorioso de la Guerra del ٤٨ y fundador de la Segunda República (Furlong, ١٩٩٤; Rodríguez, ٢٠١٣). Sin embargo, otros candidatos de apellidos ilustres que con anterioridad contendieron por la presidencia no lograron sumar el respaldo electoral indispensable para ganar. Fue el caso, por ejemplo, del propio Rafael Ángel Calderón Fournier perdedor las elecciones presidenciales de ١٩٨٢ y ١٩٨٦ pese a ser hijo del caudillo político y reformador social Rafael Calderón Guardia. Se argumentó también que la victoria del PLN fue resultado del buen desenvolvimiento de Figueres Olsen en provincias como Puntarenas y Limón (Furlon, ١٩٩٤; Urcuyo, ١٩٩٨). Pero, no existen evidencias de que se verificara si en elecciones anteriores el PLN había ganado la presidencia sin alcanzar buenos resultados en esas provincias o si la había perdido a pesar de lograr un buen desempeño en las mismas.

Se defendió a su vez que los miembros de Liberación Nacional votan juntos regularmente (Solís, 4 de febrero de 1994; Furlong, 1994). Pero, no se explicó por qué razón esa misma característica no resultó decisiva también en las cuatro elecciones presidenciales en que la organización fue derrotada entre 1953 y 1990. Por último, se esgrimió que desde que el PLN comenzó a competir en comicios presidenciales jamás había perdido dos elecciones consecutivas (Furlong, 1994). Muy pronto se demostraría que la premisa era espuria.

En 1998 y 2002, el PLN resultó derrotado de manera sucesiva. No obstante, se identifica una argumentación que podría tener potencial para vencer la prueba de suficiencia. Varios autores coincidieron en señalar como rasgo distintivo que la de 1994 resultó una campaña negativa. En la misma predominó el interés de acentuar y destacar a través de los medios las debilidades y errores o desaciertos del adversario (Solís, 4 de febrero de 1994; Fernández, 1994; Rodríguez, 2013; Urcuyo, 1998; Furlong, 1994). Para Fernández (1994) y Urcuyo (1998), el planteamiento estratégico ofensivo caracterizó a ambos partidos. En cambio, Solís (4 de febrero de 1994) y Rodríguez (2013) defendieron que la campaña negativa fue especialmente un componente fundamental de la estrategia del candidato oficialista que resultó extremadamente sucia y anti costarricense. Lo que ambas interpretaciones tienen en común es que reconocen que el oficialismo hizo una fuerte apuesta por la campaña sucia. Parece justificado inferir entonces, como sugirió Furlong, que la apuesta por una campaña agresiva y sucia a quien más perjudicó fue al propio partido en el gobierno y que al final posiblemente los electores condenaron ese tipo de campaña destructiva premiando al candidato presidencial que fue objeto de mayores ataques. La campaña sucia “creó un contragolpe de apoyo que trabajó en contra de Rodríguez y ayudó a reducir la disensión en el PLN y el número de indecisos que votaron en contra de Figueres” (Furlong, 1994, p.18).

Diversos autores han alertado que uno de los riesgos de la guerra sucia es que el candidato atacante no logra que su mensaje genere el efecto deseado revertiéndose el mismo hasta dañar su propia imagen (Mark, 2007; Sánchez, 2016). En1994, el comando de campaña del PUSC tomó la decisión de atacar a Figueres Olsen en lugar de defender al gobierno (Urcuyo, 1998). Esa orientación completamente manifiesta hacia la guerra sucia pudo terminar socavando la imagen de su candidato presidencial. Se sugiere que dicho argumento parece tener potencial para constituir causa suficiente de que el caudal de votos obtenido por el candidato socialcristiano en 1994, aunque importante, resultara insuficiente.

Tabla 10. Porcentaje de votos válidos obtenidos por el PUSC en todas sus participaciones electorales (1986-2018)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del TSE de Costa Rica.

Conclusiones

En el país latinoamericano que cuenta con la serie temporal de elecciones presidenciales competitivas más duradera, la aprobación presidencial ha constituido un predictor razonablemente confiable de la continuidad del partido en el gobierno o de la alternancia en el poder. La pauta ha sido que cuando los mandatarios de turno costarricenses han tenido una percepción ciudadana desaprobatoria de su desempeño el oficialismo terminó siendo derrotado en las urnas. Mientras cuando el titular del ejecutivo contó con una percepción ciudadana aprobatoria de su gestión, como regla, el partido gobernante emergió triunfador de la elección presidencial.

A pesar de ciertas particularidades del modelo como la prohibición de la reelección presidencial inmediata o la posibilidad de que los comicios se diriman por intermedio de dos vueltas y a contrapelo de nuevos procesos reportados en los últimos veinte años la consistencia con que la aprobación presidencial anticipó acertadamente el éxito o la derrota del oficialismo en Costa Rica no difiere sustancialmente de la tendencia observada a nivel regional32. Ello evidencia que la aprobación presidencial importa en la decisión electoral. Los votantes se muestran dispuestos a premiar o castigar al partido en el gobierno en dependencia de si la percepción que tienen sobre su desempeño en general es favorable o desfavorable. Desde una óptica aplicativa sugiere a su vez la legitimidad del empleo del indicador como una variable que contribuye a la disminución de la incertidumbre respecto al desenlace electoral.

Por su parte, el análisis de los comicios de 1990 y 1994, a la luz de la generalización arrojada por la experiencia comparada sugiere que no es posible concluir que los comicios de 1990 pusieron en entredicho que la división interna del oficialismo tiende a frenar la transferencia de la alta popularidad del presidente de turno en caudal de votos para el candidato del partido en el gobierno contribuyendo a su derrota electoral. Al contrario, diferentes señales apuntarían a que el PLN pudo sufrir un proceso de división interna que incidió en que la concentración del voto progubernamental estuviera lejos de resultar óptima. No hay dudas de que la eventual fractura no fue manifiesta.

No se pudo corroborar la existencia de ciertas conductas típicas que la caracterizan, por ejemplo, el abandono del partido en el gobierno por referentes de la organización que pasan a encabezar fuerzas políticas alternativas desde la que manifiestan una visión sumamente crítica del desempeño gubernamental. Tampoco existen indicios de que el conflicto interno alcanzara a constituirse en objeto indiscutido de dominio de la opinión pública. En todo caso, las señales apuntan hacia una escisión solapada. Dicha fractura tuvo dos expresiones singulares: la desaprobación no necesariamente pública del proceso electoral interno por uno de los dos candidatos presidenciales (Rolando Araya Monge) y el distanciamiento de un sector decisivo de votantes liberacionistas con respecto a la figura del candidato presidencial de su organización dando lugar a la obtención por el PLN de un caudal de votos notoriamente disminuido con respecto a las elecciones en las que no se vio afectado por una escisión expulsiva.

A diferencia de los comicios de 1990, las elecciones presidenciales de 1994 ponen en entredicho la validez de la generalización acerca de que una eventual afectación de la transferencia de la alta popularidad presidencial en caudal de votos para el candidato presidencial de la organización suele encontrarse asociada estrictamente con la afectación del partido en el gobierno por un proceso de división interna. Las fuentes consultadas coinciden en que en 1994, el PUSC alcanzó la cohesión necesaria para imponerse en las urnas. Tampoco fue posible corroborar la presencia de las conductas típicas que suelen poner de manifiesto la existencia de una escisión interna. Ese escenario estaría indicando la necesidad de restringir el ámbito de aplicación de la generalización. La división interna del oficialismo tiende a afectar decisivamente el traspaso desde la alta popularidad del mandatario en caudal de votos para el candidato del partido en el gobierno. Anuncia la eventual derrota del oficialismo con independencia de que su desempeño resultó favorablemente evaluado por los ciudadanos. Sin embargo, la ausencia de escisión interna no es garantía de que dicha transferencia necesariamente tenga lugar y que como resultado el oficialismo resulte victorioso en las urnas. Terceras variables pueden entonces desempeñar el papel de freno. En el caso específico de los comicios de 1994, la abierta orientación del oficialismo hacia una campaña agresiva y sucia parece emerger como variable explicativa potencial de la derrota del PUSC.

En resumen, la investigación comprobó la veracidad de la hipótesis que formuló referente a que la aprobación de los mandatarios costarricenses ha constituido un predictor razonablemente confiable del desenlace electoral del partido en el gobierno lo que coincide con la tendencia observada a nivel regional. A su vez, el estudio arroja que del análisis de las excepciones se deriva una acotación importante del ámbito de aplicación de la generalización puesta a prueba.

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Fecha de ingreso: ٢٢/٠٤/٢٠٢٢
Fecha de aprobación: ٢٣/٠١/٢٠٢٣

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