Rev. Ciencias Sociales 179 / 2023 (I)
ISSN Impreso: 0482-5276 ISSN ELECTRÓNICO: 2215-2601

Cultivos ilícitos, fragmentación criminal y homicidios en el estado de Guerrero, MÉXICO

Illicit crops, criminal fragmentation and homicides in the state of Guerrero, MEXICO

José Carlos Hernández-Gutiérrez*
Guillermo López-Rodríguez**

Tipo de documento: artículo académico

Resumen

La violencia asociada a la producción y al tráfico de sustancias estupefacientes es una de las principales causas de inestabilidad en México. Entre los diferentes mercados ilegales, el cultivo de adormidera es uno con creciente relevancia debido a la proliferación del consumo internacional de opiáceos. Este artículo analiza el tipo de relación existente entre homicidios y cultivos de adormidera en los 46 municipios del Estado de Guerrero. La investigación incorpora además las variables de fragmentación criminal y rezago social. El análisis se ha ejecutado a partir de analizar correlaciones bivariadas, evidenciando una asociación negativa entre homicidios, cultivos ilegales y rezago social, mientras que es positiva con respecto a la fragmentación criminal. Las conclusiones reflejan la importancia de la diversidad de organizaciones criminales disputando un territorio como factor condicionante de los niveles de violencia en México.

Palabras clave: MÉXICO * crimen * CULTIVOS * DROGAS * violencia * DESARROLLO SOCIAL

Abstract

One of the main causes of instability in Mexico is the violence linked to drug production and trafficking. Within the different illegal markets, poppy’s production is one with an increasing relevance due to the proliferation of international opiate consumption. This article analyzes the relationship between homicides and poppy’s production in 46 municipalities in the state of Guerrero. The research also includes the variables of criminal fragmentation and social lag. The analysis is conducted from bivariate correlations evidencing a negative association between homicides, illegal crops, and social lag, while being positive with criminal fragmentation. Conclusions reflect the relevance of different criminal organizations fighting to control a territory as an explicative element of violence in Mexico.

Keywords: MEXICO * crime * CULTIVATION * DRUGS * violence * SOCIAL DEVELOPMENT

* Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, Granada, España.

jchernandez@ugr.es

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2855-1053

** Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, Granada, España.

guillermolopez@ugr.es

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8704-9007

Introducción

En junio de 2016, el Gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) presentaron el estudio titulado México, Monitoreo de Cultivos de Amapola 2014-2015. Este primer informe estimó en 24 800 hectáreas el punto medio de la superficie nacional sembrada con cultivos de este tipo de enervante para el periodo julio 2014-junio 2015, cultivos detectados en nueve estados: Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El resto de los estados de la República se consideraron de baja incidencia de cultivo de amapola (UNODC, 2016). Con posterioridad, la UNODC publicó en mayo de 2017 el World Drug Report 2017. En este documento se señaló a México como el tercer país con mayor producción de cultivos de amapola en el mundo, solo superado por Afganistán y Myanmar (UNODC, 2017).

Pare el mes de noviembre de 2018, nuevamente, el Gobierno de México y la UNODC presentaron la publicación México, Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015-2016 y 2016-2017. En este informe se afirmó que el cultivo de amapola en México aumentó un 21% durante el periodo 2015-2016 a 2016-2017 (UNODC, 2018). Lo anterior, en términos de extensión territorial, se tradujo en que entre julio de 2015 y junio de 2016 se cultivaron 25 200 hectáreas, mientras que, desde julio de 2016 a junio de 2017, la extensión de tierra empleada para el cultivo fue de 30 600 hectáreas.

Este aumento de la extensión de territorio empleado para el cultivo de amapola durante los últimos años coincidió con un ascenso continuado de la tasa de homicidios en el país. Así, mientras que en 2015 la tasa de homicidios dolosos fue de 14,1 por cada 100 000 habitantes, en el año 2017 se registró una tasa de 20,5 por 100 000 habitantes (Igarapé Institute, s.f.). Este hecho ocasionó que desde distintos sectores se comenzase a señalar el aumento del cultivo de este tipo de enervante como uno de los factores explicativos del incremento de los niveles de violencia en el país (Garzón y Gelvez, 25 de junio de 2018). La idea de establecer una relación directa entre cultivos de enervantes y altos niveles de violencia no es nueva, pues, tal y como afirma Cubides (2014), mientras que “la variable narcotráfico esté presente, suele usarse para explicitar altos niveles de violencia” (p. 659).

Aunque se han realizado muchas investigaciones para intentar explicar el aumento de los homicidios en México durante la última década (entre otras: Azaola, 2012; Dell, 2015; Díaz, 2016; Enamorado et al., 2016; González-Pérez, 2012; Leenen y Cervantes-Trejo, 2014; Morales, 2016; Nateras y Zaragoza, 2017; Ramírez de Garay, 2014; Rodríguez-Oreggia y Flores, 2012), pocas han tenido en cuenta la posible relación entre homicidios y cultivos ilícitos (Schmidt et al., 2017; Zepeda, 2016). Además, los resultados de estas últimas han sido contradictorios. Por tanto, es importante profundizar en este tema al objeto de determinar si efectivamente existe una relación entre ambas variables; su relevancia es tanto académica como práctica. De hecho, Salvador Cienfuegos, entonces Secretario de la Defensa Nacional, declaró en octubre de 2018 que era necesario despenalizar el cultivo de amapola para reducir los niveles de violencia (Universidad de Guadalajara TV (UDGTV), 6 de octubre de 2018). Pero ¿realmente existe una relación directa entre homicidios y cultivos ilícitos? La hipótesis que se plantea es que los homicidios no están relacionados con el cultivo de adormidera, sino con la fragmentación de las organizaciones criminales.

La investigación toma como caso de estudio el Estado de Guerrero, ya que es el primer cultivador de adormidera de México (Gaussens, 2018); además, también suele contar con tasas de homicidios superiores al promedio nacional (DW, 31 de julio de 2018). A ello hay que añadir que también es un buen escenario para probar la hipótesis de la fragmentación criminal y su posible relación con la violencia homicida, ya que el Estado ha sufrido las consecuencias de las pugnas entre organizaciones criminales a lo largo de los últimos años (International Crisis Group, 2020; Riesenfeld, 2015). Por último, en este territorio también se encuentran algunos de los municipios más pobres del país. Esto es notorio especialmente en la región de la montaña, donde el acceso a la salud, a una alimentación sana, a la vivienda digna o a la educación no están garantizados (Contralínea, 11 de enero de 2019). Estas características socioeconómicas permiten probar la hipótesis del vínculo entre homicidios y condiciones económicas y sociales negativas.

Esta investigación, aparte de la presente introducción, se estructura en cinco apartados. En el primero se expone el marco teórico sobre violencia relacionada con las drogas, así como una revisión de la literatura sobre esta temática en general y con respecto al caso de México en particular. A continuación, en el apartado metodológico, se especifica el objetivo, la hipótesis y las variables del presente trabajo. Para concluir, en el tercer y cuarto apartado se exponen y discuten los resultados y, en el número cinco, se presentan las conclusiones.

1) Violencia relacionada con las drogas

La relación entre drogas y violencia constituye un importante objeto de investigación en las ciencias sociales desde hace décadas. Las formas de abordar su estudio han proliferado desde los primeros trabajos hasta la actualidad. Sin embargo, la más extendida y aún válida manera de hacerlo es mediante la clasificación tripartita de Goldstein (1985; 1986), quien establece una distinción entre violencia psicofarmacológica, violencia económico-compulsiva y violencia sistémica. No obstante, en estas páginas solo se tratará esta última, por ser la única que puede explicar variaciones a nivel agregado.

La violencia sistémica se caracteriza por patrones agresivos de interacción dentro del sistema de uso y distribución de drogas. Goldstein (1985; 1986) afirma que la ilegalidad en la que se desarrolla el mercado de la droga hace que la violencia sea usada como instrumento de resolución de conflictos. “Los vínculos sistémicos entre las drogas y la violencia se sitúan en diversas subcategorías” (Serrano-Berthet y López, 2011, p. 14), entre organizaciones dedicadas al narcotráfico (debido a la inexistencia de mecanismos legales de resolución de controversias), dentro de las propias organizaciones (como herramienta disciplinaria o como mecanismo de ascenso), desvío de recursos de la justicia penal o corrupción del sistema judicial (aunque el sistema judicial funcione a la perfección, destinar demasiados recursos a los esfuerzos antidroga puede reducir su capacidad de hacer frente a otro tipo de delitos), disponibilidad de armas (facilitadoras de la violencia) y cumplimiento de la prohibición (cumplir las leyes antidroga implica la realización de actividades que conllevan el riesgo de confrontación violenta entre autoridades y presuntos criminales).

En una primera aproximación a este tipo de violencia se percibe la gran importancia que se le otorga a la ilegalidad en la que se desarrolla el mercado de la droga como factor desencadenante de esta. En este sentido, Andreas y Wallman (2009) afirman que “los mercados ilícitos se caracterizan por una mayor violencia” (p. 226). Las organizaciones criminales participantes en los mercados ilícitos, al igual que las empresas que operan en los mercados legales, buscan maximizar sus beneficios. Sin embargo, las organizaciones dedicadas al narcotráfico no pueden acceder a medios legales para resolver sus conflictos, reforzar códigos internos o evitar que las autoridades actúen contra ellas. Por este motivo, recurren a la violencia como instrumento de defensa de sus intereses (Arango, 2011; Courtney, 2013; Williams, 2010).

No obstante, la hipótesis de la ilegalidad como uno de los principales factores explicativos de la violencia en el mercado de la droga tiene varias limitaciones. Por un lado, pese a que el régimen prohibicionista está implantado a nivel global desde hace décadas, existe una gran diferencia entre países en lo referente a niveles de violencia relacionada con las drogas. Por otro lado, para al caso concreto que ocupa estas páginas, a pesar de que en México ha habido narcotráfico desde hace más de un siglo y se ha desarrollado en la ilegalidad (Astorga, 2010; Fuerte y Pérez, 2017; Osorno, 2009; Redmon, 2013; Romero, 2014; Thoumi, 2010; Watt y Zepeda, 2012), solo en las dos últimas décadas dicha actividad ha generado elevados niveles de violencia (Thoumi, 2010). Todo lo anterior constata que la ilegalidad no necesariamente alimenta la violencia. De hecho, tal y como afirma Reuter (2009), “incluso sin la protección del Estado y los tribunales, los mercados ilegales de drogas son generalmente pacíficos” (p. 275).

Aunque la violencia está siempre latente en la actividad criminal (Williams, 2010), el hecho de que la asociación entre ilegalidad y violencia no siempre ocurra se debe a que esta es costosa y perjudicial para los negocios (Friman, 2009). Este es el motivo por el cual las organizaciones criminales prefieren corromper a las autoridades para conseguir suficiente libertad de acción antes que usar la violencia y estar en el radar del Estado (Morris, 2013). Por lo tanto, es inevitable preguntarse bajo cuáles condiciones emerge la violencia en el mercado de la droga.

Una gran parte de la literatura señala el papel del Estado, la estructura del mercado de la droga y las fases de dicho mercado como factores fundamentales al momento de explicar la violencia relacionada con la droga en un territorio determinado.1 En esta investigación solo se tendrán en cuenta variables relacionadas con la estructura del mercado de la droga y las fases de dicho mercado, por lo que no se profundizará en el papel del Estado en la violencia relacionada con las drogas. Aunque Durán-Martínez (2015) y Rivera (2015) afirman que hay que tener en cuenta la interacción entre Estado y mercado de la droga, lo cierto es que se ha comprobado que una buena parte de las pugnas más sangrientas, si bien, se intensificaron por la acción del Estado, se precipitaron principalmente por la rivalidad entre los grupos del crimen organizado (Rodríguez, 2016).

1.1) Estructura del mercado de la droga

El número de competidores dentro del mercado de la droga es un elemento importante a tener en cuenta para entender por qué aumenta la violencia en un territorio determinado. En México, “la dispersión de los grupos criminales ha generado una gran disputa sobre las rutas de trasiego de las que cada uno es propietario” (Pereyra, 2012, p. 450). En un mercado de monopolio, cuando una sola organización domina el mercado, es más fácil establecer contactos y redes para el trasiego de drogas, así como conseguir la protección de las autoridades locales frente a intervenciones de rivales o de las autoridades federales.2 En este escenario, el nivel de violencia es bajo (Arango, 2011; Rivera, 2015). Estudios empíricos confirman que los municipios con una sola organización criminal sufren menos homicidios relacionados con la droga que otros municipios con dos o más organizaciones (Castillo et al., 2013). Sin embargo, cuando en el mercado de la droga hay varios competidores, debido a la alta rentabilidad del negocio, las organizaciones pugnan por hacerse con el control de territorios estratégicos (Fuerte y Pérez, 2017). Así, cuando la estructura monopólica o monopsónica se rompe y entran al mercado diversos competidores se espera un incremento en los niveles de violencia (Rivera, 2015). Calderón et al. (2019) afirman que “una parte importante del aumento de la violencia en México en los últimos años es atribuible a la competencia entre los grupos del crimen organizado, particularmente aquellos que luchan por el control del tráfico de drogas” (p. 40). Lo anterior quiere decir que existe una relación positiva entre fragmentación y violencia (Barragán, 2018; Romero, 2014; Williams, 2010).

Sin embargo, hay autores que han encontrado que la violencia decrece a medida que aumenta la fragmentación. Atuesta y Ponce (2017) afirman que, cuando las organizaciones se fragmentan, la capacidad organizativa del grupo sufre una merma y disminuye el uso de tecnología sofisticada. En esta situación, recuperar el poder de fuego para atacar a otra organización podría ser más costoso. Además, la decisión de atacar a otros se toma con más cautela, ya que el número de organizaciones que pueden contratacar es mayor.

No obstante, el autor de estas páginas comparte la afirmación de Rodríguez (2016), quien defiende que un mayor número de pequeños grupos, menos predecibles y más violentos, luchando ferozmente por el control de territorios también más pequeños, explica el aumento de los niveles de violencia en los últimos años. Así, se afirma que la existencia de mercados con dos o más organizaciones criminales enfrentadas está relacionada con mayores niveles de homicidio. Aunque se sabe que en Guerrero existen diversos actores armados no estatales (Cohen y Blanco, 2014; Molloy, 21 de agosto de 2013; Rodríguez, 2016), e incluso disputas intercomunales que aumentan los niveles de violencia del territorio en cuestión (Le Cour Grandmaison et al., 10 de febrero de 2019), en tanto que entre diciembre de 2006 y junio de 2012, un 90% de los homicidios se debió a la violencia entre organizaciones criminales (Courtney, 2013), en la elaboración de este trabajo únicamente se tiene en cuenta a dichas organizaciones.

1.2) Fases del mercado de la droga

Por último, otra serie de autores examina si la violencia relacionada con las drogas se concentra en alguna fase concreta de la cadena del narcotráfico: cultivo, producción, procesamiento y tráfico.

Centrándose en algunas ciudades brasileñas, Beato et al. (2001) y Portella et al. (2019) encuentran que el incremento del número de homicidios se hace más evidente en ciudades con mayor presencia de tráfico de drogas. Para el caso de Colombia, La Rota et al. (s.f.) concluyen que los niveles de violencia más elevados no se registran necesariamente en las zonas con mayor concentración de cultivos ilícitos, sino en los centros de acopio, microtráfico y narcomenudeo. Este hallazgo coincide con el de Cubides (2014) en su estudio comparativo sobre Colombia y Perú, donde los departamentos con un mayor número de hectáreas cultivadas de coca no son necesariamente los más violentos.

En el caso de México, Schmidt et al. (2017) analizan los homicidios durante el periodo comprendido entre enero de 2011 y marzo 2016 en los municipios situados al norte del país para ver si existe algún tipo de relación entre territorios de la violencia y el territorio de consumo (Encuesta Nacional de Adicciones, porcentaje de consumo de drogas ilícitas de la población mexicana de doce a sesenta y cinco años con lugar de residencia), producción (hectáreas erradicadas por el Ejército, tanto de marihuana como de adormidera) y tráfico de drogas (rutas por tipo de droga, procedencia y zonas de distribución con base en datos de la Drug Enforcement Administration [DEA]), así como entre territorios de la violencia y la existencia de recursos naturales (gas shale, agua y petróleo).

Estos autores hallan una correlación espacial entre los territorios con más homicidios y las zonas de producción y tráfico de droga, pero respecto a las zonas de consumo solo hay evidencia empírica de esa relación en el norte del país. En lo que se refiere a los territorios con recursos naturales, se encuentra una correlación entre estos y los territorios que registraron más homicidios durante el periodo de estudio. La explicación que brindan es que la violencia en esas áreas podría funcionar como un mecanismo de vaciamiento del territorio para apropiarse del espacio (Schmidt et al., 2017).

Por su parte, para la región de Tierra Caliente, Zepeda (2016) encuentra que el número de hectáreas de cultivos ilícitos no tiene efecto sobre los homicidios del crimen organizado. Para este autor, “la violencia no se concentra en los municipios en los cuales hay plantíos, sino en los municipios por los que se traslada la producción” (Zepeda, 2016, p. 171). No obstante, en un trabajo posterior, Zepeda (2018) estudia el efecto de variables sociales y económicas en el incremento de la violencia a partir de 2006 en los 31 municipios de Tierra Caliente y encuentra que la desigualdad en el ingreso, la escolaridad y el desarrollo agroindustrial tienen efectos sobre la violencia. Por este motivo, además de tener en cuenta para el análisis el cultivo de adormidera, se trabaja también con el Índice de Rezago Social para examinar si los factores socioeconómicos tienen relación con los homicidios.

2) Metodología

La pregunta de investigación que motivó la elaboración de este trabajo es la siguiente: ¿existe algún tipo de relación entre la tasa de homicidios y la extensión de tierra empleada para el cultivo de adormidera en los municipios del Estado de Guerrero? En este sentido, el objetivo consistió en analizar la relación entre ambas variables. Además, se examinó la relación entre homicidios y fragmentación criminal, así como entre homicidios y rezago social, todo ello referido al año 2018.3 Para ello se realizaron correlaciones bivariadas empleando el programa estadístico SPSS versión 25.0.

Atendiendo a investigaciones previas y al marco teórico expuesto con anterioridad, las hipótesis planteadas fueron tres:

- H1. Hay ausencia de relación entre homicidios y cultivos de adormidera en los municipios del estado de Guerrero para el año 2018.

- H2. La disputa entre dos o más organizaciones criminales en un mismo municipio del estado de Guerrero durante el año 2018 se encuentra relacionada con una mayor tasa de homicidios en dicho municipio.

- H3. Existe una relación positiva entre homicidios y rezago social en los municipios del estado de Guerrero para el año 2018.

La variable dependiente es la tasa de homicidios por 1000 habitantes en cada uno de los 46 municipios seleccionados durante el año 2018.4 Los datos sobre el número absoluto de homicidios se extrajeron del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, s.f.).5 Por su parte, los datos sobre población para calcular la tasa por 1000 habitantes se consultaron en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), datos referentes al año 2015.

En otro orden de cosas, las variables independientes, a partir del marco teórico propuesto, son cultivos ilícitos y fragmentación criminal. Además, debido a las características socioeconómicas de buena parte de los municipios del Estado de Guerrero se incluyó la variable rezago social (tabla 1).

Cultivos ilícitos: para mensurar esta variable se utilizó como proxy la erradicación de amapola durante el año 2018 en los municipios del Estado de Guerrero,6 ya que no hay registros oficiales sobre los municipios donde se lleva a cabo este tipo de cultivo. El acceso a estos datos fue posible gracias a la respuesta de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a una petición de información sobre el número de hectáreas de adormidera erradicadas de diciembre de 2012 a diciembre de 2018 en cada uno de los municipios del Estado de Guerrero (folio número 0000700295319). Posteriormente se calcularon las hectáreas de adormidera erradicadas por habitantes para proceder al análisis estadístico.

Fragmentación criminal: se trata de una variable dicotómica a la que se le asignó un valor de 1 en el caso de que en el año 2018 hubiese dos o más organizaciones criminales enfrentadas dentro de un mismo municipio y un valor de 0 en caso contrario. Se utilizó la base de datos Nexis Uni para que a través de reportes de prensa, conocer los enfrentamientos entre organizaciones criminales en los municipios del estado de Guerrero durante el año 2018.7

Rezago social: se trata de una variable de carácter socioeconómico, operacionalizada utilizando el Índice de Rezago Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Se trata de “una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda) en un solo índice” (CONEVAL, s.f.). El Índice hace referencia al año 2015, por lo que tuvo como fuente de información la Encuesta Intercensal 2015. Cabe aclarar que la medición se expresa en números negativos para grados de rezago social bajo y en número positivos para grados de rezago alto. La introducción de esta variable en la investigación se justifica porque, como se dijo en la introducción, en esta entidad se encuentran algunos de los municipios más pobres del país, sobre todo en la región de la montaña, donde el acceso a la salud, a una alimentación sana, a la vivienda digna o a la educación no está garantizado (Contralínea, 2019).

Tabla 1. Decisiones metodológicas relacionadas con las variables de la investigación

Fuente: Elaboración propia, 2022

3) Resultados

En la tabla 2 se muestran los datos obtenidos del análisis de correlación bivariada. Como se puede comprobar, existe una correlación positiva moderada entre tasa de homicidios y fragmentación criminal (,473**). Asimismo, la correlación entre tasa de homicidios y cultivos ilícitos es negativa baja (-,310*), mientras que entre tasa de homicidios y rezago social se observa una relación negativa moderada (-,469**). La dirección de esta última relación es contraria a la esperada.

Tabla 2. Correlación de Spearman entre las variables seleccionadas

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia, 2022.

4) Discusión

Al analizar los resultados anteriormente expuestos, se puede observar que todas las variables contempladas en la presente investigación se encuentran relacionadas con los homicidios, aunque la dirección de dicha relación no fue la esperada en todos los casos.

En primer lugar, el principal hallazgo es que existe una relación positiva moderada entre homicidios y fragmentación criminal. Por lo tanto, la hipótesis de que la disputa entre dos o más organizaciones criminales en un mismo municipio se encuentra relacionada con los homicidios ha sido confirmada (H2). Este hallazgo es consistente con investigaciones previas (Barragán, 2018; Castillo et al., 2013; Fuerte y Pérez, 2017; Pereyra, 2012; Rivera, 2015; Rodríguez, 2016; Romero, 2014; Williams, 2010). En un mercado de la droga de tipo monopsónico o monopólico, cuando una sola organización domina el mercado, los criminales tienen más fácil establecer contactos y redes para el trasiego de drogas, así como conseguir la protección de las autoridades locales frente a intervenciones de rivales o de las autoridades federales. En este escenario, el nivel de violencia es bajo (Arango, 2011; Rivera, 2015). Sin embargo, cuando en el mercado de la droga hay varios competidores, debido a la alta rentabilidad del negocio, las organizaciones pugnan por hacerse con el control de territorios estratégicos (Fuerte y Pérez, 2017). Así, cuando la estructura monopsónica o monopólica se rompe y entran al mercado diversos competidores se espera un incremento en los niveles de violencia (Rivera, 2015). Estudios empíricos confirman que los municipios con una sola organización criminal sufren menos homicidios relacionados con la droga que otros municipios con dos o más organizaciones (Castillo et al., 2013).

En segundo lugar, se ha observado que existe una relación negativa baja entre cultivos de adormidera y tasa de homicidio, lo que quiere decir que se registraron menos homicidios en los municipios donde la extensión de hectáreas dedicadas al cultivo de adormidera fue menor. En este caso, se aprecia cómo la H1 queda refutada ya que, al contrario de lo planteado, no existe ausencia de relación entre la tasa de homicidios y el desarrollo de la producción de adormidera en Guerrero, sino que sí que hay relación y según los datos es negativa. De acuerdo con la literatura previa, no esperaba encontrarse relación entre territorios de cultivos ilícitos y homicidios (Cubides, 2014; La Rota et al., s.f.; Zepeda, 2016). Con la metodología empleada en la presente investigación y tomando como referencia investigaciones previas, resulta complicado encontrar una explicación a esta relación. Una potencial explicación podría encontrarse en la recopilación de datos, en la que se identificaban las zonas de cultivo mediante datos relativos a la erradicación de hectáreas. La eliminación de los cultivos implicaría un grado de presencia militar en la zona que podría justificar la relación negativa entre cultivos de adormidera y los homicidios. Como futura hipótesis de trabajo se podría plantear que haya otras variables que estén mediando la relación entre cultivos ilícitos y homicidios. Entre otras variables, puede destacar el nivel de presencia de fuerzas federales como condicionante del número de homicidios, así como que en esos territorios de mayor cultivo existan organizaciones criminales que controlen el mercado (monopsonio) y no necesiten emplear la violencia.

No obstante, Schmidt et al. (2017) encontraron relación positiva entre homicidios y cultivos ilícitos (amapola y marihuana) en los municipios situados al norte del país. Estos hallazgos resaltan la importancia de llevar a cabo estudios por regiones, pues parece que no en todas existe un vínculo claro entre violencia y cultivos ilícitos. No obstante, la relación encontrada por Schmidt et al. (2017) también podría deberse a que, en los municipios seleccionados, durante el periodo de tiempo analizado, se estuviesen produciendo disputas entre organizaciones criminales y fuese esta una variable que estuviese interviniendo en la relación entre homicidios y cultivos ilícitos.

Por último, como se puede observar a partir de los resultados obtenidos, no se puede confirmar la H3 al producirse una relación negativamente moderada entre homicidios y rezago social. Debido a ello, un mayor nivel de rezago social se relacionaría con tasas de homicidios más bajas. Este resultado también resulta difícil de explicar, pues investigaciones previas no han arrojado hallazgos en este sentido. Por ejemplo, Nateras y Zaragoza (2017) encontraron una relación positiva entre homicidios y rezago social para el caso de entidades federativas con un grado medio de rezago. Sin embargo, para el caso que ocupa este artículo, la medición se hizo a nivel municipal y casi la totalidad de los municipios tiene un grado de rezago social alto o muy alto.

5) Conclusiones

La presente investigación supone una aportación a la literatura científica existente respecto al estudio de la violencia criminal en México. Las altas tasas de homicidios, el grado de control del territorio de algunas organizaciones y los problemas de gobernanza derivados de la presencia del crimen organizado hacen necesaria la reflexión respecto al fenómeno reflejado en este artículo. Al contrario de lo indicado en la literatura académica, que señalaba una ausencia de relación entre homicidios y cultivos de adormidera, esta investigación ha evidenciado una relación negativa entre los homicidios y la extensión de tierra empleada para el cultivo de Guerrero durante el año 2018. Del mismo modo, la discusión de resultados refleja la importancia de la fragmentación criminal para el grado de violencia medida mediante la tasa de homicidios. Los resultados se encuentran en consonancia con la literatura previa, que reflejaba la importancia de las disputas entre grupos criminales por el control territorial como un vector explicativo de los niveles de violencia.

Los resultados de la investigación plantean limitaciones respecto a la explicación de la violencia en Guerrero. Por una parte, la relación entre violencia y fragmentación criminal evidencia la presencia de otras variables que deberán ser tenidas en cuenta en futuras investigaciones. Al mismo tiempo, dado que los datos recopilados se han obtenido a partir de las hectáreas erradicadas, las futuras investigaciones deberían incluir variables como el nivel de presencia de fuerzas federales como un elemento explicativo de los niveles de violencia. Estas cuestiones muestran la multicausalidad de la violencia en Guerrero, lo que implica la inclusión de variables adicionales, así como complementar los datos obtenidos de forma cuantitativa con información cualitativa procedente de entrevistas personales. A partir de las mismas, se podría profundizar tanto en los condicionantes de la violencia como en sus consecuencias para población civil y la gobernanza de México.

Debido a la necesidad de identificar las causas de los elevados niveles de violencia, sería interesante replicar esta investigación tomando municipios de otras entidades federativas donde hubiese una importante extensión de tierra empleada en el cultivo de adormidera y/o marihuana. También sería un gran aporte examinar si la magnitud de la violencia depende de la estructura de las organizaciones criminales. Estas futuras investigaciones podrían tomar periodos de tiempo más amplios y algunas variables relacionas con el rol del Estado, pues algunas limitaciones de esta investigación se explican por no haber contemplado dichas variables. No obstante, lo realmente importante es que, desde la academia, utilizando diversas teorías y métodos, se realicen todos los aportes posibles para comprender de una mejor manera las causas de que anualmente cientos de miles de personas en América Latina pierdan el bien más preciado que puede tener un ser humano: la vida.

Referencias

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Fecha de ingreso: 27/09/2022
Fecha de aprobación: 16/02/2023

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