Rev. Ciencias Sociales 180 / 2023 (II)
ISSN Impreso: 0482-5276 ISSN ELECTRÓNICO: 2215-2601

El sicariato en Costa Rica: Un acercamiento a partir de estadísticas oficiales

Assassinations for Hire in Costa Rica: An Analysis Based on Official Statistics

Rodolfo Calderón Umaña*
Tipo de documento: artículo académico

Resumen

El artículo brinda un acercamiento al comportamiento del sicariato en Costa Rica, durante los años 2006-2015, para lo cual utiliza un enfoque basado en estadísticas oficiales, entrevistas con funcionarios públicos y herramientas de estadística descriptiva. Los resultados demuestran que estos asesinatos exhiben patrones territoriales y sociodemográficos que replican los del resto de los homicidios intencionales. También se han encontrado indicios sobre la heterogeneidad del fenómeno y de su vinculación con el negocio de las drogas ilícitas. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones y para el diseño de estrategias efectivas de prevención y control de este tipo de crimen en el país.

Palabras clave: Costa Rica * VIOLENCIA * SICARIATO * homicidio * estadística * CRIMEN

Abstract

The article provides an approach to the behavior of contract killing in Costa Rica, during the years 2006-2015, for which it uses an approach based on official statistics, interviews with public officials and descriptive statistical tools. The findings demonstrate that these murders exhibit clearly defined territorial and sociodemographic patterns that mirror those of other intentional homicides in the country. Additionally, there are indications of the heterogeneity of this phenomenon and its link to the illicit drug trade. These findings provide a solid foundation for future research and the development of effective strategies for the prevention and control of this type of crime in the country.

Keywords: Costa Rica * violence * contract killings * Homicide * Statistics * CRIME

* Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, Mercedes de Montes de Oca, San José, Costa Rica.

https://orcid.org/ 0009-0003-8660-5106

rodolfo.calderon@ucr.ac.cr

Introducción

Las muertes por contrato son un tipo particular de homicidio intencional en el que el asesino ejecuta a sus víctimas por una remuneración económica.1 Sin embargo, este es solo el síntoma de un entramado de violencia criminal que trasciende al hecho y a sus protagonistas, para conformar un sistema de posiciones y relaciones sociales en el que la violencia homicida se comercializa, tiene un precio monetario. A este fenómeno, en su conjunto, suele denominársele “sicariato” y, en sus manifestaciones contemporáneas, suele estar asociado y promovido por el desarrollo de otras dinámicas criminales como el negocio de las drogas ilícitas.

En el contexto latinoamericano, la popularidad del término y la expansión del fenómeno se vinculan con los asesinatos que empezaron a contratarse en Colombia durante los años ochenta, en el marco del floreciente negocio de la cocaína (Montoya, 2009; Schlenker, 2012). En las últimas décadas, el problema no ha hecho más que agudizarse, y se ha extendido a la mayoría de los países de la región, aunque con una intensidad, frecuencia y efectos diferenciados. Esto ha estimulado, también de manera dispar, el surgimiento de una creciente investigación académica sobre el fenómeno. Entre los aspectos que más se han estudiado, destaca, entre otros, la vinculación de estas muertes con el crimen organizado, sobre todo con el negocio de las drogas ilícitas (Betancourt y Castillo, 2019; Chacón, 2020; López, 2022; Martell, 2021; Pontón, 2009), así como su representación en la literatura, la música y la televisión (de Bragança, 2015; Germán Van Der Linde, 2016; Schlenker, 2009; Temelli, 2017; Villoria, 2002). Además, se han realizado estudios sobre el perfil psicosocial de los sicarios y el contexto en el que emerge la problemática (Cisneros, 2014; Montoya, 2009; Ruíz et al., 2017a; Ruíz et al., 2017b; Yepez, 2015).

Muy poca investigación se encuentra, eso sí, en torno a las características de este tipo de muertes (distribución geográfica, montos pactados, etc.), sus víctimas y victimarios (sexo, edad, grados educativos, etc.). De hecho, para este trabajo solo se encontró una publicación que aborda el tema utilizando notas de prensa (Carrión, 2009). Asimismo, los registros oficiales, estadísticas en particular, no son una fuente de datos típicamente utilizada en los estudios sobre el sicariato, lo cual parece responder a los problemas de registro y falta de confiablidad que aqueja a estas cifras en la mayoría de los países de la región.

En el caso costarricense, existe literatura especializada sobre el tema de los homicidios dolosos y de su relación con el negocio de las drogas ilícitas (Álvarez, 1994; Bejarano y Sáenz, 2000; Bonilla, 2003; Carranza y Solana, 2004; Herring et al., 2008; Loría, 2014; Mata y Solano, 2006; Monge-Nájera y Vega, 2012; Rodríguez et al., 2017; Sáenz, 2006, 2010; Vargas et al., 2009; Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana (COMESCO), 2017; Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), 2012, 2014; Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 2013, 2018). Sin embargo, ninguno de estos trabajos analiza el caso específico de las muertes por encargo y las que sí se refieren al tema, no caracterizan el fenómeno, sino que más bien se centran en analizar aspectos jurídicos (Rojas et al., 2010) y de política criminal (Alvarado et al., 2018; Silva, 2016; Solano y Cruz, 2017).

El vacío de conocimiento existente sobre el fenómeno de los asesinatos por encargo en el país, su aparente incremento en años recientes y la creciente inquietud en la sociedad costarricense ante este problema, conllevaron a emprender una investigación exploratoria desde la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. El objetivo de esta investigación consiste en identificar y describir, utilizando fuentes de datos disponibles, algunas de las características fundamentales de estos homicidios en el país. Específicamente, el enfoque se centra en el análisis de estadísticas policiales, sentencias condenatorias y notas de prensa con el propósito de obtener información relevante y precisa.

En virtud de lo anterior, esta pesquisa no pretende ni puede abordar el fenómeno del sicariato en toda su complejidad; ni mucho menos explicarlo, ya sea en términos causales, hermenéuticos, históricos o de cualquier otro tipo. Únicamente busca aproximarse al tema a partir de su manifestación visible (el asesinato), con la esperanza de que los resultados obtenidos sienten las bases para desarrollar futuras investigaciones que, a partir de modelos compresivos y explicativos, puedan generar insumos relevantes para informar el diseño de políticas públicas, dirigidas a controlar y eventualmente reducir este tipo de violencia homicida.

Por lo pronto, en este artículo se presentan y se discuten resultados parciales de investigación. En concreto, el análisis de los datos contenidos en los Anuarios de Estadísticas Policiales (AEP) que publica el Poder Judicial y que brindan información sobre el hecho y las víctimas, más no así sobre los victimarios. El manuscrito inicia con unas reflexiones teórico-metodológicas, para luego evaluar el alcance y la limitación de los datos empleados. Posteriormente, se exponen y discuten los resultados de investigación y, finalmente, se ofrecen las principales conclusiones del estudio.

1. Anotaciones conceptuales y metodológico-técnicas

En virtud de la naturaleza exploratoria del proyecto que origina el presente artículo, este no cuenta con un marco conceptual sistemáticamente formulado, sino que más bien —y según la práctica establecida—, se parte de una concepción general que orienta la recolección y el análisis de los datos. En este caso, la noción de “mercado de la violencia” (Elwert, 1999) que implica, entre otras cosas, la existencia de un sistema de posiciones y relaciones sociales que vincula a un conjunto de actores no estatales entorno a la mercantilización de la muerte. No se trata, entonces, de una concepción individualista-utilitaria que vería esta problemática como una mera transacción económica que acontece entre actores racionalmente motivados por intereses egoístas; libres de cualquier condicionante histórico, social, cultural, etc.

Antes bien, lo que se busca es privilegiar una perspectiva sociológica que permita identificar y comprender las dinámicas y los procesos sociales que posibilitan la existencia de este fenómeno. Esto significa tomar en cuenta condiciones estructurales, procesos subjetivos y las relaciones de condicionamiento mutuo entre ambos grupos de factores. Por ejemplo, los crecientes procesos de desigualdad y exclusión social que aquejan a las sociedades contemporáneas (Jock, 1999; Pérez-Sáinz, 2014). Las dificultades que encuentran los estados para monopolizar con éxito el ejercicio de la violencia y, con ello, el surgimiento de actores que compiten entre sí y contra el Estado para acaparar y administrar este recurso (Arias, 2017; Koonings y Kruijt, 2004; Kruijt, 2015). La subordinación de la vida social a la lógica mercantil (Laval y Dardot, 2013), lo que incluye la comercialización de la violencia (Currie, 1997). Y, por otro lado, la emergencia de sistemas y dispositivos morales que vienen a fundamentar, regular y justificar el uso de la violencia por parte de los diversos actores extraestatales que recurren a ella (Karandinos et al., 2014).

En este sentido es importante considerar que estos factores o “fuerzas sociales” impactan diferencialmente a los diversos grupos que conforman la sociedad, debido a la capacidad y los recursos con que cuenta cada uno de ellos para enfrentarlos. Por esta razón, es dable pensar, a modo de hipótesis, que la mercantilización de la violencia y de la muerte no se distribuyen aleatoriamente, sino que siguen patrones y tendencias observables. Sumado a ello, es preciso distinguir las muertes por contrato de aquellas intrínsecas al funcionamiento de los mercados ilícitos, pues se trata de fenómenos relacionados pero distintos. Una cosa es que un grupo que organiza actividades criminales contrate personas exclusivamente para aniquilar a sus rivales (sicariato) y otra que los miembros de ese grupo recurran al asesinato como parte de su quehacer diario (forma de acumulación primitiva). En virtud de esta distinción es posible considerar que la demanda de los homicidios por contrato trascienda el mundo criminal y se desborda hacia las relaciones sociales. De ahí que es posible esperar que, personas ajenas al mundo del delito también utilicen estos servicios para resolver sus conflictos personales, familiares, comerciales, etc. (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2013; Montoya, 2009; Schlenker, 2012).

Desde esta perspectiva, el análisis de los datos no responde a una mera sistematización de cifras sino más bien a una aproximación reflexiva que busca evaluar la validez de la información empleada, identificar patrones en el comportamiento de los datos, distinguir las muertes por contrato de aquellas ligadas al funcionamiento de otros mercados ilícitos y buscar indicios sobre la heterogeneidad del mercado de la muerte en términos de oferta, demanda y modos de operar. Por esta razón, una de las primeras tareas que se realizó, consistió en reconstruir, a partir de análisis documental y entrevistas a funcionarios judiciales, los criterios y los procedimientos utilizados por las autoridades para generar las cifras sobre homicidios intencionales y por derivación, las relativas a las muertes por contrato.

En segundo lugar, dada la ausencia de investigaciones nacionales e internacionales que examinen las estadísticas sobre homicidios por contrato, se utilizó (como recurso metodológico y analítico) un contraste sistemático del comportamiento de estas muertes contra lo que sucede con el resto de los homicidios intencionales. Esto con el propósito de especificar —a partir de las variables existentes en la fuente de datos utilizada— la dinámica de las muertes por contrato y sus comunalidades con el resto de la violencia homicida del país. En tercer lugar, para el análisis de los datos se recurrió al uso de herramientas de estadística descriptiva; específicamente, el cómputo de razones y proporciones, así como coeficientes de correlación de Pearson.

2. Evaluación de los datos utilizados

Los AEP que produce la Sección de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial, constituyen, tal y como ya se dijo, la fuente de la cual se extrajeron los datos aquí analizados. Una de las mayores fortalezas de estos compendios es que se generan periódicamente y de manera ininterrumpida desde hace más de tres décadas. Sin embargo, registran dos limitaciones muy importantes. Por una parte, omiten datos básicos sobre los hechos de interés. Por ejemplo, información sobre los presuntos victimarios, así como también sobre el resultado de las investigaciones policiales. Por otra parte, no consignan los criterios ni los procedimientos utilizados para generar las cifras estadísticas sobre homicidios intencionales y la clasificación de los móviles que a la postre da origen a los datos sobre muertes por contrato.

Solventar la primera de estas falencias excede el objetivo de este artículo, ya que ello implica el uso de fuentes distintas a la que aquí se trabaja. Enfrentar la segunda de las limitaciones, por el contrario, es una tarea constitutiva de la meta propuesta, ya que, de lo contrario, sería imposible evaluar la calidad y la comparabilidad de los datos y, por tanto, precisar los alcances y las limitaciones del trabajo. Desde este punto de vista, dado que este ejercicio no ha sido realizado por ninguna otra investigación en el país —al menos de las que se consultó para este trabajo—, aquí se considera que el mismo constituye un aporte fundamental para la investigación sobre el homicidio intencional en Costa Rica.2

Para reconstruir los procedimientos y los criterios utilizados por el Poder Judicial, para generar los datos sobre homicidios intencionales y su clasificación en distintos móviles —entre los que destaca el de sicariato—, fue necesario realizar análisis documental (AEP e informes conexos) y entrevistas con las personas encargadas de generar las cifras. En este sentido, vale la pena señalar que la primera referencia que existe sobre homicidios remunerados en los AEP se remonta al 2001 bajo la clasificación de homicidios por “Contrato de profesional”.3 Estos asesinatos se refieren a aquellos casos en los que “...existe un contrato doloso en el cual un tercero contrata los servicios de un sicario para dar muerte a una determinada persona” (Poder Judicial de Costa Rica, 2001, p. 82). A partir de este momento, la denominación de estas muertes para fines estadísticos ha variado en cuatro ocasiones: de 1999 a 2004 se utilizó “Contrato de profesional”, de 2005 a 2007 “Por encargo”, de 2008 a 2015 “Presunción de sicariato” y de 2016 a 2022 “Profesional (sicariato)”.

Las tres primeras categorías abarcan los datos correspondientes al periodo comprendido entre 1999-2015 y, únicamente, expresan un cambio de nomenclatura. Todas ellas se refieren a homicidios por remuneración o promesa de remuneración. Durante este lapso (1999-2015), la elaboración de los datos estuvo a cargo de la Sección de Estadística del Poder Judicial y fueron generados utilizando el mismo procedimiento metodológico, de ahí que sean comparables entre sí. Las cifras generadas a partir de 2016 pierden comparabilidad con las del periodo 1999-2015, pues, además de un cambio de nomenclatura, la información empieza a generarse por otra instancia del Poder Judicial: la Unidad de Análisis Criminal (UAC) de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y con criterios distintos a los utilizados hasta ese año por la Sección de Estadística del Poder Judicial.

El procedimiento empleado por la Sección de Estadística del Poder Judicial para clasificar el móvil de los homicidios intencionales ocurridos durante el periodo 1999-2015, fue el siguiente —esto según declaraciones del funcionario que estuvo a cargo del proceso—. Cada vez que ingresaba el reporte de una muerte que se pensaba era un homicidio, el personal de la Sección de Estadísticas consultaba los datos del Departamento de Medicina Forense (resultados de autopsia), para establecer que efectivamente se trataba de un homicidio. Luego se revisaba el expediente policial y se entrevistaba a las personas encargadas del caso (investigadores policiales y fiscales) para determinar el móvil. Este primer escenario se utilizaba cuando el homicidio tenía suficientes elementos para iniciar una investigación policial (caso con indicio).

En los homicidios donde no existían suficientes elementos para iniciar una investigación policial (casos sin indicios) se seguía el mismo procedimiento. La única diferencia es que, en vez de revisar el expediente policial, personal de la Sección de Estadística entrevistaba a familiares de la víctima y a los agentes policiales encargados del caso; esto para intentar clasificar el móvil del homicidio. En ambas situaciones (casos con y sin indicios para investigación policial), cuando no era posible determinar el móvil del homicidio siguiendo el procedimiento descrito, entonces los asesinatos se clasificaban como “ignorados” (M. Solano, comunicación personal, 26 de setiembre de 2020).4

Con base en lo expuesto, resulta claro que la determinación preliminar del móvil o causa del homicidio era el resultado de un proceso sistemático de recolección y análisis de datos por parte del personal del Departamento de Planificación del Poder Judicial. Sin embargo, ello no excluye la posibilidad de que algunos de los asesinatos ejecutados bajo los parámetros de remuneración o promesa de remuneración, pudieran quedar erróneamente clasificados bajo otros móviles. Esto es particularmente cierto para aquellos homicidios agrupados en la categoría “problema por drogas”5 y, si bien, estos casos eventualmente se podrían reclasificar según avanzara la investigación, ello resultaba casi imposible debido al bajo porcentaje de resolución de este tipo de casos (M. Solano, comunicación personal, 26 de setiembre de 2020).

A partir de 2016, como se mencionó, la determinación del móvil de los homicidios dolosos empieza a ser realizada por la Unidad de Análisis Criminal del OIJ (M. Solano, comunicación personal, 26 de setiembre de 2020; R, Zúñiga y O. Corrales, comunicación personal, 16 de noviembre de 2021) y la reporta a la Sección de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial. De hecho, en el Anuario de Estadísticas Policiales de 2016 se menciona que hubo un cambio de metodología que implicó una “…variación en los procedimientos utilizados para la recopilación de las estadísticas policiales en el último año, prescindiendo de los métodos manuales, tradicionalmente utilizados en el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación…” (Poder Judicial de Costa Rica, 2016, p. 5). Sin embargo, este documento no explica ni detalla en qué consistió esa transformación, ni tampoco los efectos que ella tuvo sobre los datos, por lo que fue necesario una nueva entrevista, pero ahora con el personal de la UAC, para conocer el nuevo procedimiento y criterio de generación de datos y clasificación de móviles.

Según los funcionarios de la UAC, el nuevo procedimiento conlleva tres etapas. En la primera, el personal de la UAC efectúa una clasificación preliminar de los homicidios con base en una entrevista a las o los investigadores que llevan el caso. Luego se corrobora que efectivamente se trate de un homicidio, para lo cual se utilizan los datos de la autopsia generados por Medicina Forense y, si no se puede establecer el tipo de homicidio según las categorías utilizadas por la UAC, entonces el caso se clasifica como “ignorado” o “indeterminado”. Por último, en la tercera etapa, una vez concluida la investigación policial (esto para los casos con indicios), se revisa la clasificación preliminar del móvil, para confirmarlo o reclasificarlo según sea el caso (R. Zúñiga y O. Corrales, comunicación personal, 16 de noviembre de 2021).

Resulta claro, entonces, que al igual que sucedía con la metodología utilizada por la Sección de Estadística del Poder Judicial hasta 2015, aquí también hay un procedimiento riguroso y sistemático para clasificar el móvil de los homicidios dolosos. Sin embargo, de nueva cuenta, en este caso también existe la posibilidad de que asesinatos que responden a la figura de remuneración o promesa de remuneración queden erróneamente clasificados en otras categorías. De hecho, la probabilidad de que esto ocurra ahora es mayor que antes, debido a la creación, a partir de 2016, de la categoría “Ajuste de cuentas y venganza”, pues en ella se incluyen todos los homicidios relacionados con problemas de drogas o “grupos delincuenciales organizados”.6

El problema con este procedimiento es que habría una cantidad de casos que a pesar de estar relacionados con drogas y “grupos organizados”, más bien parecen responder a homicidios por contrato, lo cual constituye una hipótesis razonable si se tienen en cuenta las siguientes razones. Primero, que, según un informe de la misma Policía Judicial, en Costa Rica existen grupos de individuos dedicados al sicariato que ofrecen sus servicios a otros grupos y “…en menor medida, pueden formar parte de la planilla de los grupos criminales locales y realizar tareas de recuperación de droga y ajuste de cuentas” (Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 2013, p. 5). Esto significa que no hay que asumir que todos los homicidios relacionados con drogas o grupos delincuenciales organizados no impliquen la contratación de un tercero para ejecutar a las víctimas.

Segundo, de acuerdo con los datos de los AEP, dentro de las “ocupaciones” de las víctimas por homicidio contratado, las que reportan un mayor peso porcentual son las de “Narcotraficante” (20%) y “Vendedor de droga” (17%), lo que refuerza la tesis anterior.7 Tercero, debido a que el porcentaje de no resolución de los homicidios por “Ajuste de cuentas y venganza” ronda la mitad de los casos (44,5%), una eventual reclasificación del caso es altamente improbable.8 Esto significa que una cantidad desconocida de homicidios relacionados con drogas o grupos que organizan actividades criminales responderían más a la categoría de sicariato que a la de “Ajuste de cuentas y venganza”.

La entrevista y las consultas posteriores con el personal de la UAC permitieron conocer otros aspectos importantes para los objetivos de este trabajo. Primero, que a partir de 2016 hubo un cambio en la nomenclatura que se venía utilizando desde 1999, para clasificar el móvil de todos los homicidios dolosos. Esto implicó, entre otras cosas, que los homicidios relacionados con remuneración o promesa de remuneración empezaron a registrarse con la etiqueta de “Profesional (sicariato)” y que se creara una nueva categoría: “Ajuste de cuentas, venganza”9 que ahora absorbe, en promedio, casi el 50% del total de los homicidios intencionales.10

Segundo, que el número de homicidios remunerados (“Profesional”) se desplomó a partir de 2016 —pasó de un promedio de 29 casos por año, para el periodo comprendido entre 2006-2015, a un promedio anual de 3,2 en el periodo 2016-2020—,11 lo cual parece responder al cambio introducido en la metodología para clasificar el móvil de los homicidios dolosos, antes que a una reducción efectiva de tales asesinatos. Esta hipótesis toma fuerza al contrastar los datos sobre homicidios remunerados que generó la UAC y la Sección de Estadística, simultánea e independientemente entre 2014 y 2015, utilizando cada una de ellas su propia metodología. Mientras la primera fuente consigna un total de 2 homicidios remunerados para cada uno de estos años (R. Zúñiga y O. Corrales, comunicación personal, 16 de noviembre de 2021), la segunda reportó 31 casos en 2014 y 48 en 2015 (Poder Judicial de Costa Rica, 2015, 2016).

La conclusión más importante de lo que se ha dicho hasta aquí es que los datos pierden comparabilidad a partir de 2016, como efecto de los cambios introducidos en el proceso de clasificación de los móviles para los casos de homicidio intencional. Sumado a estos problemas es necesario tomar en cuenta el subregistro que puede estar afectando a estas cifras, debido a que no necesariamente la totalidad de homicidios intencionales llega a conocimiento de las autoridades.12 En Costa Rica, este tema no ha sido objeto de estudio, por lo que a la fecha es imposible saber cuál es su impacto sobre la información utilizada. Lo más cercano a esta preocupación es un trabajo en el que se afirma que:

Ni los Anuarios del OIJ ni la Sección de Patología Forense cuentan con listados completos de personas muertas por homicidio. Una de las causas identificadas de este subregistro es que a las personas que mueren hospitalizadas se les practica la autopsia en estos centros, por lo que no aparecen en los listados de la Sección de Patología Forense (Carcedo y Sagot, 2000, pp. 15-16).

El problema con esta aseveración, sin embargo, es que desconoce la existencia de un protocolo que obliga a los centros hospitalarios a informar a las autoridades judiciales, en un plazo máximo de 6 horas, sobre cualquier deceso que haya ocurrido en esos recintos como efecto de causas violentas acaecidas en circunstancias “sospechosas”. Esto con el fin de garantizar el levantamiento y el traslado del cuerpo por parte del OIJ, hacia la morgue judicial, para que se practique la autopsia y se determine la causa de muerte. Por ende, tal subregistro no existiría, ya que esos casos sí se consignan en las estadísticas oficiales (M. Solano, comunicación personal, 26 de setiembre de 2020).

En trabajos futuros será necesario abordar esta problemática. Una posible línea de trabajo sería contrastar el número de los homicidios dolosos reportados en los AEP, contra la información de muertes violentas registrada en las Estadísticas Vitales (procedimiento que ya es práctica común en países como los Estados Unidos)13 y la relacionada con personas desaparecidas. A este respecto, vale mencionar que en Costa Rica hay investigaciones sobre homicidios dolosos que no utilizan las estadísticas policiales sino más bien las estadísticas vitales14, lo que muestra la utilidad de estos datos para los propósitos indicados.

Por el momento, lo que se puede decir es que, a pesar del subregistro que puede estar pesando sobre las cifras de homicidio doloso en Costa Rica, existe una serie de factores que relativizan el problema y llevan a pensar que, si bien, los datos son limitados y es necesario tomarlos con prudencia. También es cierto que esas falencias son insuficientes para desestimarlos o invalidar por completo los hallazgos que de ellos se obtengan. Dentro de esos factores se pueden mencionar los siguientes. En primer lugar, el reconocimiento que existe en la literatura especializada sobre el hecho de que las cifras de homicidios tienden, pese a su inexactitud, a ser las más confiables dentro de las estadísticas criminales, debido a la gravedad del hecho que registran (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019).

En segundo lugar, para el caso de Costa Rica, la existencia de un procedimiento riguroso para registrar y clasificar los homicidios intencionales garantiza datos confiables, pese a las limitaciones indicadas. En tercer lugar, un estudio de 2012 (Monge-Nájera y Vega, 2012) logró establecer que para el 2008, año en el que se centró la investigación, hubo una coincidencia exacta entre el número de homicidios registrados en el Anuario de Estadísticas Policiales y la cantidad de casos reportados en los diarios La Nación y La Extra de esa fecha. Evidentemente, esto no significa que las autoridades hayan conocido, en ese momento, todos los homicidios dolosos ejecutados en el país. Pero al menos indica que en ese año, todos los casos acreditados por los rotativos utilizados en el estudio también fueron registrados y reportados por las autoridades judiciales.

3. Análisis de los datos

Para su procesamiento y análisis, los datos fueron compilados e integrados en una base de datos que, a su vez, constituye la fuente principal de información y cálculos presentados en este acápite. Con fines analíticos y expositivos, las cifras se organizan en dos secciones. La primera sistematiza la información relacionada con el evento propiamente dicho; esto es, total de casos registrados, distribución geográfica por provincia, cantón y distrito, lugar en el que fueron ejecutados los homicidios y, el tipo de arma empleado. La segunda presenta las características sociodemográficas de las víctimas; en concreto: sexo, grupo de edad, estado civil, país de origen y ocupación.15

En cada uno de los apartados se realiza un contraste sistemático con las cifras correspondientes al resto de los homicidios dolosos. Al proceder de esta forma es posible identificar similitudes y diferencias entre ambos tipos de muerte; así como también, aislar de mejor manera, los elementos que distinguen y particularizan a los asesinatos contratados, pero sin perder de vista su relación con el contexto general de violencia homicida en el país.

3.1 Características de los homicidios remunerados en Costa Rica

Casos registrados

La figura 1 revela la existencia de 3 periodos en el comportamiento de los homicidios remunerados. El primero (1999-2004) se caracteriza por una tendencia general al aumento de los casos, así como por un peso porcentual relativamente bajo de estas muertes dentro del total de homicidios dolosos: menos de 5 casos al año, lo que representa menos del 2% anual de todos los homicidios intencionales del ciclo analizado. La segunda etapa (2006-2015) está marcada por fuertes variaciones interanuales, así como por un incremento sustantivo, en términos absolutos y relativos, de estos casos. En esta fase se registran, en promedio, 30 homicidios remunerados por año, lo que representa poco más del 6% anual del total de homicidios intencionales del país.

Figura 1. Homicidios dolosos según tipo y tasa por cada 100 000 personas, 1999-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial, 1999-2020 y sistema de consultas del INEC. https://inec.cr/sistemas-de-consulta.

Nota: R.H. Dolosos= Resto de homicidios dolosos.

H. Remunerado= Homicidios remunerados.

La tercera (2016-2020) se distingue por un desplome de las cifras. El número de casos de 2020 se redujo, con respecto a 2015, en casi un 90%. Este último periodo reporta los valores más bajos de toda la serie de tiempo analizada (1999-2020). Ello es realmente sorprendente, si se tiene en cuenta que esto no ocurre con el resto de los homicidios dolosos, ni tampoco con la tasa general de homicidios intencionales (casos por sicariato más resto de muertes dolosas). Por el contrario, el resto de los homicidios dolosos registra un incremento del 11% y la tasa de muertes intencionales se mantuvo bastante estable entre 2014 y 2020 (11,4 en promedio), lo que implica un aumento respecto a la tasa media de 2011-2013 que fue de 9 por cada 100 000 personas.

Esta tercera etapa, hay que recordar, coincide con la modificación introducida a partir de 2016 para producir los datos. De ahí que la magnitud en la caída que registran los homicidios remunerados, parece ser el resultado de esta situación. De hecho, entre 2016 y 2017, el resto de los homicidios dolosos y la tasa general de homicidios intencionales más bien aumentó. Si bien, ambos indicadores se reducen entre 2018 y 2020, lo hacen muy poco. De igual manera, tampoco se encontró información que lleve a pensar que este descenso responda al desarrollo de alguna intervención especialmente diseñada por las autoridades competentes para tales efectos.

Tomando en cuenta la subestimación de homicidios remunerados que se podría estar generando a partir de 2016 —esto como efecto del cambio metodológico introducido en ese año—, se intentó estimar el valor que podrían haber alcanzado estas muertes durante 2016-2020, sino se hubiera cambiado la metodología de construcción del dato. Sin embargo, por la variabilidad que reportan las cifras durante el periodo 1999-2015, no se logró modelar adecuadamente el comportamiento de los datos, tal y como se muestra en la Figura A1 del Anexo metodológico. De ahí que fue imposible realizar la proyección para 2016-2020.

El resto de los homicidios intencionales, por su parte, exhibe cuatro fases. La primera (1999-2009) muestra una tendencia al aumento en el número de casos, lo cual se corresponde con una subida en la tasa general de muertes intencionales16. La segunda (2010-2013) muestra un descenso sostenido en el número absoluto de casos y se corresponde con una bajada en la tasa general de muertes dolosas. La tercera (2014-2017) reporta un aumento en el número de casos que se corresponde con un incremento de la tasa general. Y, por último, entre 2018-2020 se observa una ligera disminución en el resto de los homicidios dolosos. Pero, a pesar de ello, sus valores son superiores a los de las fases previas.

Al comparar la dinámica de ambos tipos de homicidios se obtienen dos escenarios diferentes, según el periodo de estudio que se escoja. Si se analizan las cifras para el conjunto de los años (1999-2020), el coeficiente de correlación de Pearson no resulta significativo (r=0.119; p=0.598). Esto significa que ambos tipos de muerte se comportan de manera independiente. Pero si se excluyen del cálculo los datos de 2016 a 2020 (periodo que corresponde con el cambio metodológico para elaborar los datos), la situación cambia sustancialmente. Ahora, el coeficiente de correlación de Pearson para el periodo 1999-2015, arroja una relación directa y significativa (r=0.741; p=0.001), lo que quiere decir que incrementos en uno de estos tipos de homicidio se acompañan de aumentos proporcionales en el otro. Estos resultados, así como la información discutida en la sección anterior, parecen insinuar que la nueva metodología para clasificar los homicidios remunerados podría estar experimentando inconsistencias importantes.

Sumado a lo anterior, es importante mencionar que al igual que 2016, pero por razones distintas, el 2006 representa un verdadero punto de inflexión en el comportamiento de los datos sobre homicidio remunerado. La variación interanual que se registró entre 2005 y 2006, implicó que estos homicidios aumentaran poco más de cuatro veces. Pero, además, luego de ese año y hasta 2015, los datos nunca regresaron a los valores previos. Esto ni siquiera en los 3 años en que se registró la menor cantidad de homicidios por encargo; de ahí que, en próximas investigaciones sea necesario ahondar en las razones que podrían explicar este aumento.

En virtud de lo expuesto hasta aquí, el análisis de los datos estadísticos sobre homicidios remunerados se va a circunscribir al periodo comprendido entre 2006 y 2015. El primero de estos años se escoge por las razones antedichas, así como por el hecho de que la información obtenida para el ciclo 1999-2005 no contiene el grado de detalle que registran los datos a partir de 2006.17 El segundo año queda fijado porque los datos producidos a partir de 2016 dejan de ser comparables con los existentes, debido a los cambios metodológicos que se ejecutaron a partir de ese momento y que ya fueron discutidos.18

Distribución geográfica y espacial

La tabla 1 revela que las provincias de San José y Limón constituyen, en ese orden, las dos provincias más afectadas por los homicidios remunerados y por el resto de las muertes intencionales, pero con una clara hegemonía de la capital que prácticamente duplica las cifras de Limón. En su conjunto, estas dos provincias absorben casi 7 de cada 10 homicidios remunerados y prácticamente 6 de cada 10 del resto de los homicidios dolosos. En contraste, Heredia y Cartago son las provincias menos afectadas por los homicidios remunerados y, en lo correspondiente al resto de homicidios dolosos, Cartago y Guanacaste ostentan esa condición.

Tabla 1. Homicidios dolosos según tipo y provincia, 2006-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial. 2006-2015.

Asimismo, resalta que, de las cuatro provincias con más cantidad de homicidios remunerados, dos de ellas se encuentran ubicadas en zonas costeras: Limón y Puntarenas, mientras que en lo que respecta al resto de homicidios dolosos, tres de las cuatro provincias con mayor incidencia de este tipo de muertes pertenecen al Gran Área Metropolitana. En términos cantonales, los datos de la figura 2, revelan esta información.

Figura 2. Cantones más afectados por violencia homicida, según tipo de muerte, 2006-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Geográfico Nacional (2017) y Poder Judicial (2006-2015).

Primero, se puede observar que diez cantones absorben dos terceras partes del total de los homicidios dolosos que se ejecutan en el país. Segundo, que cinco de esos diez cantones pertenecen a San José y, en promedio, concentran una tercera parte del total de los homicidios dolosos registrados en el territorio nacional. Tercero, que los cantones centrales de San José y Limón son los más afectados por ambos tipos de muerte. Pero a diferencia de lo que ocurre en términos provinciales, donde la capital supera a la región caribeña en ambos tipos de homicidio (casi la duplica); en el plano cantonal, el orden varía según el tipo de homicidio. Limón ocupa el primer lugar en lo que a muertes contratadas se refiere y supera al cantón josefino por una mínima diferencia (poco más de un punto porcentual). San José, sin embargo, toma el primer lugar en lo que al resto de homicidios dolosos incumbe, superando al cantón central de Limón por un margen amplio de casi el doble. Cuarto, también sobresale la presencia del fronterizo cantón de Corredores como el cuarto más impactado por los asesinatos remunerados.

En términos distritales, lo más sobresaliente es la hegemonía de Limón en ambos tipos de homicidios; así como el hecho de que la mayoría de los otros distritos del país que se ven más afectados por ambos tipos de muerte pertenece a la provincia de San José. De ellos, seis repiten en las dos modalidades de homicidio, pero con pesos porcentuales distintos. Este es el caso de Pavas, Hatillo, San Sebastián, Hospital, León XIII y Purral. Sobre este particular, merece la pena destacar, como se observa en la Figura 3, la proximidad espacial de 3 de esos 6 distritos josefinos (Pavas, Hatillo y San Sebastián), ya que es posible apreciar que se conforma una especie de “corredor de violencia homicida” en el suroeste de la capital. A este “corredor” viene a agregarse al epicentro de violencia homicida que existe en el distrito central de Limón.

Figura 3. Distritos más afectados por violencia homicida, según tipo de muerte, 2006-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial, 2006-2015.

Nota: Las imágenes de la izquierda corresponden a homicidios remunerados y las de la derecha al resto de los homicidios dolosos.

San Miguel pertenece al cantón de Santo Domingo de Heredia y San Francisco al cantón central de Heredia.

Estas observaciones, sin embargo, no deberían minimizar la participación del distrito de Canoas, ubicado en la provincia de Puntarenas, como el segundo distrito de importancia en lo que a muertes por contrato se refiere, pues es llamativo que sean un distrito costero y otro fronterizo los más impactados por este flagelo.

Lo descrito es bastante consistentes con los resultados obtenidos por otra investigación que analizó el comportamiento espacial de los asesinatos intencionales en Costa Rica, durante el periodo 2014-2016 (Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), 2018).19 Este trabajo demostró, a partir de la utilización de técnicas geoestadísticas, que Pavas, Hatillo y San Sebastián, conforman, junto con otros distritos del cantón de San José, un conglomerado territorial con altas tasas de violencia homicida. Lo mismo ocurre con el distrito de Limón, pues este, a su vez, forma un conglomerado de alta violencia homicida en asocio con los distritos Valle de La Estrella y Carrandi, todos ellos pertenecientes al cantón de Limón. De hecho, se ha señalado que las tasas de homicidios intencionales de este cantón son similares a las de algunos municipios de El Salvador, Honduras y Guatemala; es decir, de los países de la región centroamericana con mayor violencia homicida (Consejo Nacional de Rectores (CONARE), 2019).

La investigación referida también demostró, a partir de ejercicios econométricos, que los distritos con mayores tasas homicidas del país reportan, entre otros, altas tasas de desempleo abierto y pobreza; así como porcentajes altos de población entre 15 y 30 años, de población entre 18 y 30 años que no ha finalizado el noveno año, de madres adolescentes y, de población migrante. La ponderación geográfica de los modelos utilizados permitió observar, asimismo, que estas variables se comportan diferencialmente según la ubicación territorial de los clúster. Por ejemplo, en los conglomerados de la Gran Área Metropolitana, la Región Caribe y el Pacífico Central, cobran preponderancias variables como la densidad de población, el porcentaje de madres adolescentes y el desempleo abierto (Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), 2018).

Con respecto al lugar de ejecución de los homicidios dolosos, la tabla 2, revela que, sin importar el tipo de asesinato, casi el 50% de ellos ocurre en la vía pública. En las muertes por contrato, llama la atención que más del 16% se ejecuta dentro de vehículos particulares; sitio que ocupa, en términos porcentuales, el segundo lugar de importancia dentro del total de este tipo de muertes.

Tabla 2. Homicidios dolosos, según lugar de ejecución y tipo de asesinato, 2006-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial, 2006-2015.

Nota: Semipúblico: espacio privado destinado al uso público, por ejemplo, centros o locales comerciales. Instalación privada: oficinas, parqueos privados, etc. Abierto: ríos, montaña, playa, etc.

En contraste, los vehículos particulares ocupan el sexto lugar en la comisión del resto de homicidios dolosos (6,3%) y la vivienda pasa a ocupar el segundo puesto de importancia. Este último dato no dista mucho de lo reportado en los homicidios por contrato, ya que, en este caso, la vivienda ocupa el tercer lugar, pero con un peso porcentual inferior al del resto de homicidios dolosos.

Los resultados obtenidos sobre el lugar de ocurrencia de las muertes por encargo en Costa Rica empatan bastante bien con lo encontrado en un estudio sobre el sicariato en Ecuador (Carrión, 2009). En este también se descubrió que los tres lugares donde se ejecutan estas muertes con mayor frecuencia son, en orden de importancia, la vía pública, al interior de vehículos automotores y en la casa de la víctima.

Por otra parte, los datos de la figura 4 muestran que casi la totalidad de los asesinatos remunerados (9 de cada 10) se ejecutaron con un arma de fuego —mayoritariamente pistolas nueve milímetros y revólveres calibre 38— y solo en una pequeña proporción se recurrió a armas blancas u otros objetos entre los que destaca la fuerza física. Estas mismas tendencias se reportaron en el caso del resto de homicidios intencionales, pero con variaciones porcentuales importantes respecto a los asesinatos contratados. Las armas de fuego disminuyen casi 30 puntos porcentuales, las armas blancas aumentan más de 15 puntos porcentuales y la categoría “otras” se triplica.

Figura 4. Armas utilizadas, según tipo de homicidio doloso, 2006-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial. 2006-2015.

Esta hegemonía en el uso de las armas de fuego no es una característica exclusiva de los homicidios intencionales en Costa Rica. Sin embargo, la proporción que registra sí llama la atención, puesto que supera por mucho la media mundial (52%) y la que corresponde al continente americano (75%) (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019); situación que se agrava para los homicidios remunerados. En el caso de las armas blancas, la proporción de homicidios intencionales que se comete en el país con este tipo de instrumento coincide con la proporción que se registra mundialmente. Pero, a nivel global, estas ocupan el tercer lugar en el ranquin de instrumentos utilizados para dar muerte a otra persona mientras que en Costa Rica se ubican en el segundo lugar (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019). En este sentido, vale la pena destacar, para el caso de los asesinatos remunerados, que el uso de armas blancas y de fuerza física, podría ser un indicador de falta de profesionalización y heterogeneidad a lo interno de este mercado de la muerte. Tema que ha sido señalado en algunas investigaciones que vinculan este tipo casos con la resolución de conflictos sociales y no tanto con el desarrollo de actividades criminales organizadas (Arruda de Paula, 2009; Carrión, 2009).

Características de la víctima

En relación con las características de las víctimas por asesinatos remunerados (figura 5), el primer aspecto por destacar es que más de 9 de cada 10 son hombres; tendencia que se mantiene con una ligera disminución porcentual en el resto de los homicidios dolosos. Esto implica, a su vez, que el número de mujeres que muere por homicidio remunerado es de 3,5 puntos porcentuales menor que el derivado del resto de homicidios dolosos. Sumado a lo anterior, destaca el hecho de que las víctimas femeninas en los homicidios remunerados reportan mayores fluctuaciones interanuales en contraste con el resto de los homicidios dolosos; de hecho, el rango de variación va de 0 casos en 2007 hasta 23 en 2009. Claramente, los hombres están sobrerrepresentados con respecto a las mujeres en su condición de víctimas de homicidio doloso (remunerado o no) y esta es una característica que se muestra invariante en las distintas regiones del planeta. Pero en proporciones distintas a las que registra el país, ya que en términos globales esta es de 8 a 2 (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019) mientras que, en Costa Rica, el promedio para ambos tipos de muerte (remunerada o no), es de 9 a 1.20

Figura 5. Homicidios dolosos según tipo, año y sexo de la víctima, 2006-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial. 2006-2015.

En lo referente al estado civil (figura 6), los datos para homicidio remunerado y resto de homicidio doloso reportan una misma tendencia: la mayoría de las víctimas son personas solteras, seguidas por aquellas en unión de hecho y, en menor medida, personas casadas. Ahora bien, al igual que ha ocurrido con las otras variables hasta aquí descritas, en este caso también hay diferencias numéricas importantes entre ambos grupos de homicidios: personas solteras y casadas reportan un peso porcentual menor en los homicidios remunerados si se les compara con los valores del resto de homicidios dolosos, mientras que las uniones de hecho superan en 13 puntos porcentuales las cifras del resto de homicidios dolosos.

Figura 6. Homicidios dolosos, según tipo y estado civil de la víctima, 2006-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial, 2006-2015.

Con respecto a la edad de las víctimas, la información disponible (Figura 7) muestra que más del 90% de quienes murieron a causa de un homicidio remunerado entre 2006 y 2015 se encontraban en edades comprendidas entre los 15 y los 49 años y, el aporte más significativo a esa cifra lo realizó el grupo de edades que se extiende de los 20 a los 34 años (55%). Esta tendencia también se repite en el resto de los homicidios dolosos, pero con un peso porcentual menor, tanto en el conjunto de edades comprendidas entre los 15 y 49 años (81%) como para el grupo de 20 a 34 (47%).

Figura 7. Homicidios dolosos, según tipo y grupo de edad de la víctima, 2006-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial. 2006-2015.

Al contrastar los valores antedichos contra el peso de estos grupos de edad en la estructura poblacional del país, resulta claro que ellos se encuentran ampliamente sobrerrepresentados en su condición de víctimas. En el periodo que va de 2006 a 2015, las personas con edades entre 15 y 49 años fueron, en promedio, menos del 50% del total de habitantes del país (48,6%) y el grupo de 20 a 34 años, apenas un poco más de una cuarta parte (26%). Esto significa que su aporte al total de víctimas de homicidio doloso en el país (sin importar que se trata de muertes contratadas o no), casi que duplica su peso en la estructura de población. La sobrerrepresentación de estos grupos de edad en el total de víctimas por homicidio intencional también es una característica invariante en las diferentes regiones del mundo, pero con un mayor peso en el continente americano (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019).

Tabla 5. País de origen de la víctima, según tipo de homicidio, 2006-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial. 2006-2015.

En cuanto al país de origen de las víctimas, los homicidios remunerados siguen la misma tendencia que el resto de los homicidios dolosos. Cuatro nacionalidades dan cuenta, en promedio, del 97% de los casos. Los costarricenses son mayoría (8 de cada 10), seguidos muy de lejos por nicaragüenses, colombianos y panameños (tabla 5).

Al comparar ambos tipos de homicidios, los nicaragüenses, porcentualmente hablando, reducen su participación en los asesinatos remunerados, mientras que colombianos y panameños la aumentan de manera importante. Y, al contrastar estas cifras contras el peso de nicaragüenses, panameños y colombianos en la estructura poblacional de Costa Rica (6,7%, 0,38% y, 0,26% respectivamente), se observa que todas ellas están ampliamente sobrerrepresentadas en ambos tipos de muerte.21 Asimismo, llaman la atención dos situaciones concretas por su comportamiento respecto a las cifras mundiales. Por un lado, que las víctimas nicaragüenses, en el resto de los homicidios dolosos, prácticamente duplican el porcentaje de personas de esta nacionalidad que residen en Costa Rica.22 Y, por otro lado, que, en los homicidios remunerados, las personas de origen colombiano y panameño representan más de diez veces el valor de estas nacionalidades en el total de la población de Costa Rica. En ambos casos, estos datos superan la media mundial, ya que, según los datos disponibles, las personas migrantes tienden a aportar un 3% del total de víctimas de homicidios intencionales al total de estas muertes en el país de acogida (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019).

Sobre la actividad económica desempeñada por las víctimas de homicidio remunerado (Figura 8), lo primero que destaca es que 5 “ocupaciones” absorben más del 70% de los datos y 3 de ellas están relacionadas con actividades criminales. En segundo lugar, sobresale el peso que registra el oficio de comerciante (7%), pues casi duplica (porcentualmente hablando) a la “ocupación” que está en quinto lugar (“consumidor de droga”).23 Al comparar estos datos con los del resto de homicidios dolosos, sobresale el hecho de que las tres ocupaciones de mayor peso porcentual se relacionan, al igual que en el caso anterior, con el mundo criminal. Pero, a diferencia de los asesinatos por encargo, la mayoría del resto de homicidios dolosos (70%) se distribuye entre “ocupaciones” no vinculadas con el mundo criminal. “Desempleado” (4,7%) y “Guarda de seguridad privada” (4%) alcanzan pesos porcentuales superiores a la categoría “Narcotraficante” (2,4%) que es la segunda en importancia en los asesinatos por encargo. Por último, vale mencionar que la categoría “Comerciante”, al igual que en los homicidios por encargo es una de las 5 ocupaciones de mayor peso porcentual.

Figura 8. Homicidios dolosos, según tipo y “ocupación” de la víctima, 2006-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial, 2006-2015.

Para concluir este análisis es importante recordar que los AEP, no contienen información sobre las personas sospechosas de ejecutar los homicidios por encargo —ni tampoco el resto de las modalidades de asesinatos intencionales—. Sin embargo, es razonable asumir —al menos como hipótesis de trabajo— que el perfil general de las personas responsables de este tipo de homicidios replica las características exhibidas por los perpetradores de homicidios dolosos alrededor del mundo. Esto es, hombres jóvenes con poca educación, cuyas trayectorias vitales están marcada por carencias sociales, materiales y culturales (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019). Este supuesto predominio masculino en la ejecución del sicariato no debería empañar la importancia y necesidad de estudiar la participación de mujeres en su condición de autoras materiales en este tipo de muertes, pues más allá de los casos concretos que se han registrado en el país,24 en otras latitudes se ha documentado la presencia de grupos dedicados al sicariato constituidos exclusivamente por mujeres (Hernández, 2021). Por otro lado, lo que si se torna más difícil es plantear alguna hipótesis sobre las y los autores intelectuales de estos hechos, pues no se ha podido localizar ningún trabajo en esta línea.

Consideraciones finales

En este artículo se propuso generar una comprensión preliminar de los asesinatos por contrato en el país mediante el análisis de la información de los Anuarios de Estadísticas Policiales (AEP). Los hallazgos conducen a dos tipos de conclusiones: aquellas asociadas con las características de los datos utilizados y aquellas relacionadas con el comportamiento de estos homicidios. En cuanto a las primeras, el examen revela que las cifras son estrictamente comparables para el período 2006-2015 y que la clasificación de los homicidios intencionales durante estos años resultó de un riguroso proceso de análisis llevado a cabo por la Sección de Estadísticas del Departamento de Planificación del Poder Judicial. A pesar de las limitaciones identificadas, como, por ejemplo, posibles problemas de clasificación y subregistro, que podrían reducir el total de casos efectivos, los datos siguen siendo válidos y útiles para alcanzar el objetivo previsto. Sin embargo, es crucial determinar, en futuras investigaciones, el grado de subregistro que pesa sobre estos datos. Para lo cual se podría contrastar esta información contra las muertes violentas que se reportan en las Estadísticas Vitales. También es necesario que la entidad responsable de los datos incluya variables asociadas con posibles perpetradores en los AEP y que mejore las prácticas de gobernanza digital, para garantizar un acceso efectivo a la información.

En cuanto al segundo conjunto de conclusiones, es destacable que la mayoría de los asesinatos por contrato en el país entre 2006 y 2015 se concentraron en las provincias de San José y Limón, especialmente en la región caribeña a nivel de distrito. Estos homicidios ocurrieron principalmente en lugares públicos, involucraron el uso de armas de fuego y tuvieron como objetivo principal a hombres costarricenses jóvenes y solteros involucrados en actividades delictivas, especialmente en el comercio de drogas ilícitas. Con la excepción de esta última característica, estos patrones reflejan de cerca los exhibidos por el resto de los homicidios intencionales, lo que sugiere que el comportamiento de los asesinatos por contrato no es independiente de la violencia homicida en el país.

Estos hallazgos demuestran que los homicidios remunerados en Costa Rica y las muertes intencionales no ocurren al azar, sino que exhiben patrones de comportamiento casi universales impulsados por fuerzas y dinámicas sociales que contribuyen a su surgimiento.25 Por lo tanto, el estudio de los asesinatos por contrato no puede separarse del resto de la violencia criminal, ni del contexto criminológico que los genera. Esta situación lleva a evaluar la relevancia que podrían tener las diversas teorías sociológicas sobre las muertes intencionales, para el estudio del sicariato.26 Sin embargo, esto no descarta la naturaleza específica de los asesinatos por contrato, en particular, la mercantilización de la vida y la muerte, así como y otras características que pueden identificarse a través de fuentes de información alternativas sobre el tema.

En conclusión, los hallazgos de este estudio resaltan áreas prioritarias para investigaciones futuras. Es imprescindible realizar un análisis detallado de los distritos de Limón, Corredores, San Sebastián, Pavas y Hatillo, ya que ellos constituyen auténticos focos de violencia homicida en Costa Rica. Asimismo, resulta fundamental identificar las características de los perpetradores, tanto materiales como intelectuales, y examinar la relación entre víctimas y victimarios, las motivaciones subyacentes y los montos acordados, entre otros aspectos. Actualmente, se está trabajando en este último tema, a partir del análisis de sentencias condenatorias y notas de prensa. Se espera entregar los resultados de este trabajo muy pronto, para ampliar y mejorar este primer acercamiento sociológico al fenómeno del sicariato.

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Fecha de ingreso: 28/02/2023
Fecha de aprobación: 02/06/2023

Anexo metodológico

Tabla A1. Homicidios por “ajuste de cuentas-venganza” en el total de homicidios dolosos. 2016-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del OIJ.

Tabla A2. Total de homicidio por “ajuste de cuentas-venganza”, según condición y año. 2014-2019

Fuente: Elaboración propia con datos del OIJ.

Nota: La “condición” del caso (“no resuelto”, “resuelto”, “en investigación”) se refiere a la a etapa de investigación policial, lo que no es sinónimo de sentencia condenatoria.

Figura A1. Pronóstico de la aplicación de seis métodos de suavizamiento exponencial a la serie de tiempo de los homicidios remunerados en Costa Rica de 1999 a 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de Poder Judicial, 1999-2015.

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