Parques arqueológicos en el sur de América Central: el aporte de Carlos Aguilar Piedra

Francisco Corrales-Ulloa

Museo Nacional de Costa Rica, Departamento de Antropología e Historia, San José, Costa Rica

fcorrales@museocostarica.go.cr

Cuadernos de Antropología

Enero-Junio 2020, 30(1)

DOI: 10.15517/cat.v30i1.37217

Recibido: 16-11-2018 / Aceptado: 15-06-2019

Revista del Laboratorio de Etnología María Eugenia Bozzoli Vargas

Centro de Investigaciones Antropológicas, Universidad de Costa Rica

ISSN 2215-356X

Resumen: En la década de 1970, Carlos Aguilar postuló una serie de lineamientos para la apertura de nuevos parques arqueológicos en la entonces denominada Área Intermedia por su participación en la creación del monumento arqueológico Guayabo, en Costa Rica, y la experiencia en el parque arqueológico El Caño, en Panamá. Sin embargo, pasaron casi cuatro décadas para que un segundo parque arqueológico se abriera al público en Costa Rica. Como heredero de la rica tradición mexicana de conservar el patrimonio arqueológico y usarlo como centro de investigación, herramienta de educación y exaltación nacionalista, Carlos Aguilar realizó su propuesta en el momento en que se consolidaba la enseñanza de la arqueología y la práctica profesional de arqueólogos costarricenses, lo que auguraba una trayectoria sólida en la promoción y apertura de más parques. No obstante, su ejemplo ha sido difícil de seguir en los países del sur de América Central. A partir de la propuesta de Aguilar, se comentan algunos de los esfuerzos en la creación y gestión de parques arqueológicos precolombinos en Panamá, Costa Rica y Nicaragua.

Palabras claves: patrimonio; Guayabo de Turrialba; Costa Rica; Panamá; Nicaragua.

Carlos Aguilar and the establishment of archaeological parks in Southern Central America

Abstract: In the 1970s, Carlos Aguilar proposed a series of guidelines to open new archaeological parks in the then-named Intermediate Area, for his participation in the creation of Guayabo Archaeological Monument in Costa Rica and his experience in El Caño archaeological park in Panama. However, it took four decades for a second archaeological park to open to the public in Costa Rica. He remained true to the Mexican tradition of preserving archaeological heritage and using it as research centers, as well as educational and nationalist exaltation tools, Carlos Aguilar came up with his proposal when teaching archeology and practicing it professionally started to mean something thanks to Costa Rican archaeologists; this augured a solid trajectory in the promotion and opening of more parks. Nevertheless, Aguilar’s example has been difficult to follow in the Southern Central American countries. Based on Aguilar’s proposal, some of the efforts to create and manage pre-Columbian archaeological parks in Panama, Costa Rica and Nicaragua are discussed.

Keywords: Heritage; Guayabo de Turrialba; Costa Rica; Panama; Nicaragua.

A inicios de la década de 1970, el arqueólogo costarricense Carlos Aguilar Piedra participó en la investigación y creación del Monumento Arqueológico (MN) Guayabo, incorporado al Sistema de Parques Nacionales en 1973. Además, él realizó excavaciones en el recién fundado parque arqueológico El Caño en Panamá. Aguilar, en su publicación de 1981 Parques arqueológicos en el Área Intermedia: estudio de dos casos; Guayabo de Turrialba en Costa Rica y El Caño en Coclé, Panamá, no solo presentó la experiencia en la creación de los parques, sino que generó los lineamientos básicos para la creación de más parques en la entonces denominada Área Intermedia.

Entre 1942 y 1946, Aguilar estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México (ENAH), por lo que en su práctica en Costa Rica retomó la práctica mexicana impulsada en la época de conservar el patrimonio arqueológico y usarlo como medio de investigación y herramienta de educación y exaltación nacionalista.

La década de 1970 fue cuando inició la enseñanza local de la arqueología en la Universidad de Costa Rica, de la cual Aguilar era profesor, y se iniciaba un programa de investigación arqueológica en el Museo Nacional de Costa Rica, con la participación del primer grupo de arqueólogos graduados en el país. Estos antecedentes establecieron condiciones promisorias para la promoción y apertura de más parques arqueológicos. No obstante, el ejemplo y los postulados de Aguilar han sido difíciles de seguir en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, países que junto a Colombia pertenecen a la denominada Área Intermedia o Istmo-colombiana en la reformulación para reconocer los procesos de desarrollo local. La poca presencia del pasado precolombino en la construcción de las nacionalidades e identidades impulsada por las élites (Corrales, 2001), la sombra de la monumentalidad mesoamericana (Sheets, 1992) y una legislación patrimonial limitada en los tres países han afectado la protección y gestión de los sitios arqueológicos en general, y más aún el esfuerzo por promover algunos de ellos como parques arqueológicos.

Asimismo, la ausencia de una arqueología pública o comunitaria que enlace el quehacer académico con la participación de comunidades locales e indígenas ha afectado la protección y puesta en valor de sitios y monumentos arqueológicos. Así, por ejemplo, en varios repasos sobre la labor de la disciplina arqueológica en Costa Rica, no se cita el tema de la conservación y gestión de sitios arqueológicos más allá de lo realizado en Guayabo (Bozzoli, 2016; Corrales, 2014; Murillo, 2008).

La propuesta de Aguilar sobre la creación de parques arqueológicos es el punto de partida para comentar la situación, así como los diferentes grados de éxito en este tema, en los tres países que conforman el sur de América Central: Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Los trabajos realizados han sido escasos y dispersos en el tiempo y en los países mencionados aún no hay un esfuerzo organizado para la protección efectiva de los sitios y los trámites necesarios para elevar algunos de ellos a la categoría de parque arqueológico u otra similar.

El complejo del Templo IV

Payson Sheets en su artículo The Pervasive Peyorative in Intermediate Area Studies menciona que los logros arquitectónicos del Área Intermedia parecen modestos vistos desde lo alto del Templo IV de Tikal o la fortaleza de Sacsahuaman (Sheets, 1992). En 1981, Carlos Aguilar abordó el mismo problema: “Para un gran público es corriente considerar solamente como monumentos arqueológicos las grandes construcciones de las áreas mesoamericanas y andinas” (Aguilar, 1981, p. 196).

Esto, que denominaremos el “complejo del Templo IV” (Sheets, 1992), refleja la poca importancia que se ha otorgado a los sitios arqueológicos de la región, que fueron situados a un nivel inferior que los complejos arquitectónicos de Mesoamérica y los Andes. Como señala Arias (2013), en su reseña sobre la vida y obra de Carlos Aguilar, la denominación de “Área Intermedia” está basada en buena medida en la ausencia de elementos característicos de “alta civilización”, entre los que destacan grandes centros ceremoniales con arquitectura monumental. En Costa Rica, además, el complejo tiene sus antecedentes en el discurso oficial de “blanquitud” de la población y negación del pasado precolombino, que dominó durante casi todo el siglo XX. Los historiadores de la época caracterizaron a los pobladores indígenas como “primitivos”, “salvajes”, o “bárbaros”: la antítesis de la “civilización que trajeron los españoles (Corrales, 2001).

En Nicaragua y Panamá, los arqueólogos locales también han abordado el tema. Fitzgerald (2004, p. 52), refiriéndose a Panamá, menciona: “En términos populares (y hasta académicos) se otorgan valores distintos a la historia precolombina y a la historia poscolonial y republicana, como si la esencia de la identidad panameña residiese en la experiencia colonial y poscolonial”. En cuanto a Nicaragua, Barahona (1993) señala los pocos estudios realizados, políticas culturales inadecuadas, la subestimación de los valores culturales y la poca conciencia de la identidad cultural nacional en los diferentes niveles de la sociedad.

Esto ha permeado la opinión gubernamental y pública sobre los sitios arqueológicos en el sur de América Central y, por ende, afectado los esfuerzos para protegerlos. La práctica arqueológica estuvo en sus inicios dominada por extranjeros, los cuales no se involucraron en ningún proceso de protección; los arqueólogos nacionales que tomaron las riendas de la formación y práctica arqueológica posterior han jugado un papel menor. Como consecuencia de lo anterior, los esfuerzos oficiales para la protección de los sitios arqueológicos y el manejo y la apertura de estos al público han sido muy escasos y esporádicos.

La escuela mexicana de protección del patrimonio y su influencia en Carlos Aguilar

En México, la conservación del patrimonio arqueológico —tema impulsado desde la revolución— fue utilizado, con la participación de los arqueólogos, por diferentes gobiernos para la creación de un espíritu de unidad nacional en torno al pasado común (Gándara, 1992). Aguilar estudió en México no mucho después de la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1939, el cual fue un resultado concreto de la época del “cardenismo” o gobierno de Lázaro Cárdenas. Esto impulsó una serie de medidas de corte nacionalista que, por supuesto, abarcó el patrimonio cultural. El INAH tuvo como misión la preservación, defensa y estudio del patrimonio cultural de México, el cual, además, fue utilizado como fuente ideológica nacionalista (Rodríguez, 2016).

El arqueólogo Fernando Gómez señala que la arqueología en México en la década de los cuarenta estuvo orientada a construir una identidad nacional con énfasis en los sitios cuyas características monumentales sirvieran a los fines del patrimonialismo nacional, en la medida que representan en lo “objetivo” una “idea de grandeza cultural concebida por el Estado como parte de su discurso de legitimación histórica” (Gómez, 2007, p. 220). Sin duda, la escuela de pensamiento patrimonial influyó a Carlos Aguilar (Bozzoli, 2016; Murillo, 2012) y se materializó en su esfuerzo para la conservación e investigación de Guayabo y también en su gestión (Figura 1), lo cual culminó en su declaratoria como Monumento Nacional en 1973 (Ley No. 5300). En palabras de Aguilar:

El parque arqueológico, a diferencia de la reserva, por la exposición de rasgos arqueológicos casi solamente arquitectónicos, se convierte en un centro muy particular de actividad humana. Debe ser un centro de visita para el gran público, donde este pueda admirar la obra creativa de los antepasados del lugar, conocer su proyección en el tiempo y el espacio y nutrir las raíces de la nacionalidad del país (Aguilar, 1981, p. 197).

La propuesta de Aguilar para crear un parque arqueológico

Aguilar (1981) detalla varios puntos esenciales para tomar en cuenta para crear un parque arqueológico, los cuales merecen ser enumerados brevemente a continuación:

• Paisaje: deben mejorar las condiciones ambientales para mayor disfrute del visitante.

• Investigación: debe ser a nivel institucional —universidades y museos—.

• Educación: “Son los parques arqueológicos los lugares ideales, dada su protección, para que los arqueólogos puedan realizar su entrenamiento profesional” (Aguilar, 1981, pp. 197-198).

• Unidad didáctica: los parques como “centros fundamentales para la enseñanza objetiva de la prehistoria e historia nacional” (Aguilar, 1981, p. 198).

• Museo: debe ser “una instalación donde el material y el conocimiento científico del parque sean expuestos siguiendo un ordenamiento técnico con fines didácticos” (Aguilar, 1981, p. 198).

• Propiedad de la tierra: los terrenos deben ser cedidos o comprados para su traspaso al Estado.

• Administración: a cargo de las instituciones y dependencias dedicadas a la protección del patrimonio histórico: “Que la dirección del parque esté a cargo de un arqueólogo graduado” (Aguilar, 1981, p. 199).

• Medio: la investigación “debe iniciar con el estudio de los factores determinantes del medio ambiente. El conocimiento de la flora y la fauna son de vital importancia en lo que se refiere al mejoramiento de las condiciones ecológicas del parque” (Aguilar, 1981, p. 199).

• Investigación: “Debe ser parte de un proyecto bien planeado, con objetivos bien definidos” (Aguilar, 1981, p. 199).

• La comunidad: “Su existencia debe estar integrada a la comunidad o comunidades vecinas, a fin de que puedan obtener beneficios inmediatos que redunden el mejoramiento socioeconómico de sus componentes” (Aguilar, 1981, p. 199).

• Conservación: “Todo trabajo de excavación debe ser seguido de una labor de conservación” (Aguilar, 1981, p. 200).

Parques arqueológicos en el sur de América Central

¿Qué ha pasado desde la formulación del artículo de Aguilar en 1981? A continuación se presenta un rápido repaso de los parques arqueológicos abiertos en el sur de América Central —Nicaragua, Costa Rica y Panamá— limitado a los precolombinos (Figura 2), pues hay parques de restos coloniales que reflejan el predominio de la monumentalidad cuando se piensa en abrir zonas al público y la exaltación de lo llegado de Europa después de la Conquista.

Se encontraron tres parques en Panamá, tres en Costa Rica y dos en Nicaragua que cumplen con algunos de los lineamientos expresados anteriormente. Asimismo, hay algunas iniciativas que tienen el potencial de convertirse en parques arqueológicos. La mayoría de los parques son estatales, pero hay iniciativas privadas y comunitarias. Los parques son escasos y su declaración ha sido muy separada en el tiempo. Es evidente que su creación no ha seguido el modelo mexicano que promulgó Aguilar y que el pasado precolombino en los tres países no ha sido una piedra angular en el proceso identitario nacionalista.

Parques arqueológicos en Panamá

En Panamá, también ha estado presente el “complejo del Templo IV”. Cooke (1997) señala que en Panamá hay una actitud xenófila que ha llevado a la idea de que “en Panamá no hay nada interesante” y que “las culturas prehispánicas eran inferiores a las de América Nuclear —porque aquí no se encuentran pirámides—” (p. 63). El hecho de que hasta recientemente no se haya dado la formación profesional local en arqueología y los problemas en el registro de la información y documentación arqueológica han contribuido a la incomprensión de la importancia del pasado precolombino. Un arquitecto panameño menciona lo siguiente: “Nuestros primitivos habitantes fueron grandes pueblos de orfebres, alfareros, escultores, pero no fueron grandes constructores. Nuestra arquitectura indígena carece de monumentos de piedra, debido, quizás, al tránsito de culturas y a las luchas tribales” (Gutiérrez, 1966, p. 17).

Fitzgerald (2004), por su parte, señala:

La herencia precolombina panameña es, pues, predominantemente artefactual (es decir, conformada por bienes muebles), ya que solo se ha encontrado evidencia de esculturas públicas y construcciones o montículos en unos cuantos yacimientos. Igual ocurre en la mayor parte del continente americano, excepto en las áreas ‘nucleares’ de Mesoamérica y la Región Andina (p. 52).

Esto se ha traducido en la presencia de solo tres parques precolombinos abiertos al público: El Caño, Barriles y Nancito. Otros dos parques arqueológicos —Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo y las Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo— son de la época colonial. Sin embargo, en el caso de Panamá Viejo, además de las ruinas del primer asentamiento europeo (1519-1671) sobre el litoral pacífico americano, también se incluyen, en el museo del sitio, vestigios arqueológicos de la población indígena que habitó el lugar.

Con respecto a la legislación, la declaratoria de Monumento Histórico y Conjunto Monumental Histórico se dio con mucha antelación —a principios del siglo XX—. Esto muestra una consideración preeminente de los sitios poscolombinos por su monumentalidad y presencia en el paisaje frente a los sitios precolombinos. Muchas edificaciones coloniales y republicanas fueron declaradas monumentos históricos nacionales antes del primer sitio precolombino, en 1984 (Fitzgerald, 2004, p. 63).

De los tres parques precolombinos, el Parque Arqueológico de El Caño fue abierto al público en 1979 y es un caso aislado de salvaguarda de un asentamiento de los impactos de la agricultura intensiva; hay montículos funerarios, restos de una calzada, líneas de esculturas y un renovado museo de sitio donde se guardan objetos arqueológicos extraídos del lugar (Figura 3). La creación inició en 1973, luego de que el huaquerismo y la siembra de caña de azúcar provocara la pérdida de estructuras y restos arqueológicos. La Dirección Nacional de Patrimonio Histórico inició la investigación del sitio y promovió que los dueños cedieran parte de los terrenos para protección (Cooke, 1984; Fitzgerald, 1990).

A partir del 2005, los trabajos de investigación de Julia Mayo y asociados han permitido el descubrimiento de complejos enterramientos con grandes cantidades de ofrendas de oro. Esto ha atraído el interés nacional e internacional sobre el sitio y está ayudando a remozar el parque (Guinea y Mayo, 2013; Mayo y Mayo, 2013).

Además, un conjunto de petroglifos denominado Parque Arqueológico de Nancito se ubica en el distrito de Remedios, provincia de Chiriquí y contiene diecisiete rocas con glifos (Figura 4). El lugar fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1984 (Fitzgerald, 2004), fue abierto al público por el INAC en el 2004 y cuenta con un pequeño museo. Los conjuntos de petroglifos han ganado espacio en los últimos años en los tres países.

El Parque Temático Sitio Arqueológico Barriles, en la provincia de Chiriquí, fue una gran aldea del período Aguas Buenas (200-600 d.C.) con presencia de montículos, esculturas en piedra, cilindros de piedra o “barriles” y petroglifos (Figura 5). El área principal fue muy alterada y es un sector periférico el que está abierto al público por los propietarios del terreno. Además de barriles y petroglifos, se pueden observar excavaciones arqueológicas que se dejaron expuestas. La falta de apoyo y regulación estatal se refleja en una interpretación especulativa. Künne y Beilke-Voigt (2009) indican que los visitantes reciben una visión mística y enigmática y salen con la idea de que visitaron un antiguo centro astronómico con miles de años de antigüedad y que el área arqueológica sirvió para efectuar ceremonias religiosas.

Hay otros sitios precolombinos con potencial para convertirse en parques, por ejemplo, Drago, en la bahía de Almirante y La Mula Sarigua, este último se encuentra en un área natural protegida. En la modificación de 2002, de la ley de 1984 sobre monumentos históricos, se declaran como tales todos los petroglifos, lo cual podría ser el punto de partida para la creación de parques en casos como la Piedra Pintada de Caldera y la Piedra Pintada del Valle de Antón, que ya reciben visitación espontánea, pero que no cuentan con un plan de manejo y condiciones de visitación.

Parques arqueológicos en Costa Rica

En Costa Rica, luego de un inicio tan prometedor con la creación del Monumento Nacional Guayabo, pasaron casi cuatro décadas para que un segundo parque arqueológico se abriera al público, a pesar de las numerosas investigaciones realizadas y la complejidad de muchos de los sitios estudiados. En este país, por buena parte del siglo XX, hubo un discurso oficial que ha negado la importancia del pasado precolombino (Corrales, 2001). Por muchos años predominó un modelo que consideraba la zona un área de influencias mesoamericana y andina. Por otra parte, la legislación existente desde 1981 no contempla acciones efectivas tendientes a la preservación de los sitios arqueológicos. Se puede señalar solamente tres parques arqueológicos: Guayabo, Finca 6 y El Farallón.

Los esfuerzos liderados por Carlos Aguilar culminaron en la declaratoria del Monumento Nacional Guayabo con una extensión de 65 hectáreas, por la Asamblea Legislativa con la Ley No. 5300 del 13 de agosto de 1973 (Figura 6). En 1980, con el decreto Ejecutivo No. 11148-a, se amplió en 157,9 hectáreas, para un total de 217,9 hectáreas. Actualmente, se protege un total de 233 hectáreas; en el 2009, fue declarado Patrimonio Mundial de la Ingeniería, según la Sociedad Americana de Ingeniería Civil.

El Museo Nacional de Costa Rica, luego de más de cien años de fundación, finalmente asumió la propiedad de terrenos donde hay sitios arqueológicos, como el caso de Agua Caliente de Cartago, Jesús María de San Mateo y un conjunto de sitios con esferas de piedra —Finca 6, Grijalba 2, El Silencio y Batambal— en el delta del Diquís, en el sur del país. Para estos últimos, además, se generó un plan de gestión y su postulación en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. La declaratoria en el 2014 inició una etapa en la gestión que la institución del patrimonio arqueológico y su relación con la comunidad (Corrales, 2015; Corrales y Badilla, 2016).

De los cuatro sitios declarados patrimonio mundial, el Sitio Museo de Finca 6 presenta dos alineamientos de esferas, montículos artificiales residenciales y funerarios, empedrados sepultados y depósitos de materiales y es el único que se encuentra abierto al público (Figura 7). Hay un centro de visitantes con una exhibición sobre el proceso de ocupación precolombina del delta del Diquís e información sobre los sitios declarados patrimonio mundial y el medio natural. Se espera en un futuro cercano abrir al público los otros tres sitios declarados.

El Monumento Nacional El Farallón corresponde a una pared rocosa de ochenta y seis metros cuadrados de gráficas rupestres antropomorfas, zoomorfas y abstractas (Figura 8). Se localiza en el margen izquierdo del río Cabuyo, en el cantón de Cañas, Guanacaste (Rojas, 2014). El Ministerio de Cultura y Juventud lo declaró Monumento Nacional en 1998, está en propiedad privada y es gestionado por los propietarios del terreno, la familia López Monge, un caso singular.

Hay una larga lista de sitios con potencial para convertirse en parques en diferentes regiones del país; algunos cuentan con algún grado de protección y manejo, como Jesús María y Agua Caliente —terrenos en propiedad del Museo Nacional de Costa Rica—, Las Mercedes y Nuevo Corinto en el Caribe Central, La Clínica en Cartago, Nacascolo y Papagayo en Guanacaste.

En evaluaciones hechas en proyectos hidroeléctricos, residenciales y otros se han establecido reservas arqueológicas con el respaldo de la Ley 4711 sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro. Algunas tienen delimitación y en su momento techumbres y rotulación (Chávez y Naranjo, 2013; Hurtado de Mendoza y Alvarado, 2013). Estas reservas tienen el potencial de llegar a ser parques arqueológicos con un adecuado seguimiento que involucre compromiso institucional y participación comunal.

Hay sitios en parques nacionales con gran potencial y que pueden beneficiarse de la zona de protección en que se encuentran, como Isla del Caño en la reserva biológica del mismo nombre, Lomas Entierros en el Parque Nacional Carara y Pedregal en el Área de Conservación Guanacaste, entre otros.

Parques arqueológicos en Nicaragua

La consideración peyorativa señalada por Sheets (1992) también ha estado presente en Nicaragua. Al respecto, García (1997) menciona que la investigación en Nicaragua empezó a finales de la década de 1950, como parte de la compresión de sociedades menos complejas y que no presentaban los rasgos característicos de Mesoamérica y la zona andina como la arquitectura monumental y otros elementos. En su propuesta de arqueoturismo, McCafferty (2010) señala la variedad y cantidad de sitios arqueológicos en Nicaragua y de paso combate la idea de minusvalía por la ausencia de pirámides impresionantes y de arquitectura monumental.

Junto a esto, todavía a mediados de la década de 1990, la conservación del patrimonio arqueológico enfrentaba graves problemas por el huaquerismo, los conflictos militares, desastres naturales y limitaciones económicas (Barahona, 1993; Lange y Espinoza, 1995). De manera similar a Panamá, dos sitios coloniales se han conservado como parques en Nicaragua: las Ruinas de León Viejo, situadas al extremo noroeste del Lago de Managua, ruinas de la primera ciudad de León, fundada en 1524 y abandonada en 1610, y la Fortaleza de la Inmaculada Concepción de María, en el departamento Río San Juan, construida en 1675 para oponer resistencia a los piratas y corsarios. Nuevamente lo monumental colonial ha tenido preeminencia sobre lo precolombino.

En lo anterior podrían encontrase las causas de que al momento en Nicaragua haya solo dos parques precolombinos: Huellas de Acahualinca y las Piedras Pintadas de Chontales. Hay nuevas experiencias, algunas de carácter comunitario, que indican un cambio progresivo en la valoración del patrimonio arqueológico.

El Museo Sitio Huellas de Acahualinca está en Managua, cerca de la ribera sur del Lago Managua. Abrió las puertas en 1953 y en 1989 fue rescatado, reconstruido y acondicionado, con el apoyo de la agencia de cooperación sueca (ASDI) y el Museo Histórico de Suecia. El sitio presenta varias ocupaciones, entre las que destacan huellas fósiles humanas de quince individuos y de animales en estampida en la ceniza y el fango volcánico hacia 6000 A.P. (García, 1997; Figura 9). Hay colecciones paleontológicas, de cerámica y otros artículos de interés arqueológico de varios sitios en Nicaragua. No obstante, ha sufrido problemas de conservación por guerras, lluvias y terremotos (Barahona, 1993).

Por su parte, el Parque Arqueológico Piedras Pintadas de Chontales se ubica en el municipio de Villa Sandino del departamento de Chontales (Figura 10); comprende un conjunto de piedras con más de 2000 petroglifos que se asocian al período entre 200 y 800 d.C. (Dinarte, 2008). Fue declarado Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación por el poder legislativo publicado en La Gaceta No. 135 del 16 de julio del 2008. Sin embargo, Oporta (2013) propuso un plan de gestión para el sitio, ya que en ese momento estaba en abandono y no se utilizaba adecuadamente como una alternativa de desarrollo municipal.

Entre los sitios con potencial, se puede mencionar la iniciativa comunitaria para la Quebrada de Arrancabarba, Matagalpa, la cual comprende un museo en la comunidad de Chaguitillo (Zambrana, 2008) y al menos dos sitios con presencia de petroglifos: Salto del Mico y El Venado y un cementerio. Los sitios están en proceso de inscripción como patrimonio nacional. También se deben incluir los vestigios arqueológicos en las Islas Ometepe y Zapatera. Ometepe tiene una oferta turística más estructurada, dos museos arqueológicos y varios sitios con petroglifos en propiedad privada, pero no ha sido declarada parque arqueológico ni hay un adecuado manejo del recurso. En Zapatera aún hay petroglifos y algunas estatuas de las muchas que había y el turismo es a baja escala. McCafferty (2010) ha propuesto la creación de un parque arqueológico en la isla, especialmente para el sitio Sonzapote, de donde se extrajeron decenas de esculturas monumentales. Guerds (2015), por su parte, ha propuesto la creación del Parque Arqueológico Aguas Buenas, en Juigalpa, Chontales, un centro prehispánico único por la presencia y arreglo de múltiples montículos, así como de petroglifos, sobresaliendo, en su criterio, en el país y a nivel centroamericano.

Guayabo después de Aguilar

El seguimiento del caso de Guayabo sirve para evaluar el papel de los parques arqueológicos en crear una identificación de la sociedad con su pasado remoto y disminuir el “complejo del templo IV”. Así, por ejemplo, Arias (2013) comenta que la creación de los parques en los que estuvo involucrado Aguilar “sirvieron como parte de la construcción de un nuevo modelo de identidad en el que se inserta el componente precolombino, admirándolo, investigándolo y, por ende, justificando la importancia de incluirlo en la historia” (p. 35). No obstante, otros autores, respecto a Guayabo, se muestran más críticos y consideran que, si bien el sitio tuvo como objetivo tener un papel como recurso didáctico y divulgativo y en la forja de identidad, no ha sido “parte consistente de alguna idea similar a un proyecto de nación costarricense” (Alarcón, 2017).

También refiriéndose a Guayabo, Murillo (2008) y Alarcón (2013) han generado fuertes críticas sobre el manejo del sitio por las entidades responsables. Murillo (2008, 2012) considera que el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), responsable del monumento, nunca ha contemplado la investigación y protección de recursos culturales de manera coherente y solo ha dado condiciones básicas para el acceso del público al monumento, así como un limitado servicio de información al visitante. Asimismo, cuestiona el papel del Ministerio de Cultura y Juventud, que ha intervenido en el sitio en el componente de restauración y sin atención a la conservación, educación, difusión e investigación arqueológica.

Con respecto a la tercera institución que ha intervenido en el sitio, la Universidad de Costa Rica, Murillo lamenta la interrupción del programa de investigación arqueológica que se dio entre 1978 y 1984 en Guayabo. Este reflejó muchos de los avances de la arqueología procesual y su articulación con el Trabajo Comunal Universitario permitía un trabajo con la comunidad, por su posibilidad de haber revolucionado los objetivos y la praxis de la arqueología en Costa Rica.

Esto remite al postulado de Aguilar de los parques arqueológicos como centros de formación de estudiantes de arqueología. Murillo (2012) señala que la relación entre la docencia y la investigación por medio del Trabajo Comunal Universitario que se dio entre 1978 y 1988 en Guayabo permitió que se cumpliera esta aspiración. El sitio fue una escuela de investigadores costarricenses que aprendían a la vez que retribuían a la sociedad la oportunidad de formarse como profesionales; sin embargo, esto tuvo una duración limitada. Es justo decir que proyectos de investigación recientes han permitido retomar este papel para el sitio.

Comentario Final

Siempre se reconoce la labor de Carlos Aguilar en la creación del Monumento Nacional Guayabo, pero ha sido difícil que arqueólogos y encargados del patrimonio arqueológico sigan su ejemplo en el sur de América Central. El número de sitios en propiedad de las entidades a cargo del patrimonio arqueológico o cultural es decepcionantemente pequeño y las iniciativas comunitarias y privadas se ven limitadas por la legislación vigente. A pesar de eso, ya hay llamados en pro de una mejor gestión del patrimonio arqueológico. En el caso de Nicaragua, Gassiot y Palomar (2000) hacen un llamado a la “arqueología de la praxis” que enfatiza la pertinencia social de la disciplina y el compromiso de los arqueólogos con la realidad en la que participan. Alarcón (2013), desde la experiencia en Costa Rica, propone que se dé contenido social a la información arqueológica y que se establezca una mayor cercanía conceptual entre el patrimonio arqueológico y la construcción de identidad.

Aun cuando se han dado importantes avances en el conocimiento arqueológico, el tema de la gestión de los sitios sigue estando en deuda pese al potencial para las identidades comunitarias y nacional y como fuente de beneficio económico por turismo. La mayor parte de los investigadores no han hecho hasta el momento mayores esfuerzos por proteger y gestionar los yacimientos habitacionales o funerarios que han excavado. Asimismo, hay pocos ejemplos de involucramiento con las comunidades aledañas, lo cual es esencial para garantizar la protección. La formación y práctica de una arqueología publica, que esté respaldada por una legislación pertinente, que involucre directamente las comunidades en el proceso de investigación y aún menos en iniciativas de protección y manejo de los sitios arqueológicos es una tarea todavía pendiente en los tres países mencionados, a pesar de los casos aislados que se han dado.

Es necesario un análisis más profundo de las situaciones particulares de cada país para entender en todo su espectro las razones detrás del escaso papel que el pasado precolombino ha jugado en la construcción de identidades y en la formulación de políticas de conservación y gestión del patrimonio arqueológico. En el caso de Costa Rica, se debe tomar pasos firmes para erradicar los vestigios del viejo, pero exitoso, discurso de “blanquitud” de la población y menosprecio del patrimonio arqueológico.

En los tres países abordados se debe combatir activamente el “complejo del Templo IV” y apreciar los sitios arqueológicos del área por sus cualidades. Hay gran cantidad de sitios que, por su complejidad e importancia, deben tener protección y manejo adecuados antes del impacto irreversible por el desarrollo infraestructural. Asimismo, junto con la formación en investigación arqueológica, se debe enseñar sobre la protección, conservación y gestión patrimonial y que las entidades estatales a cargo del patrimonio la incorporen en sus políticas.

Un verdadero reconocimiento a Carlos Aguilar y su propuesta de creación de parques arqueológicos es, para el caso de Costa Rica, la Dirección Nacional de Monumentos y Sitios para manejar los existentes y crear otros. Igualmente, se le debe que Estado, municipalidades y asociaciones de desarrollo adquieran terrenos donde haya sitios arqueológicos y que asuman su manejo, con el debido asesoramiento y supervisión de arqueólogos, para beneficio de la comunidad. La gestión de los sitios y parques debe enmarcarse, además, en los parámetros de multiculturalidad e identidades locales y nacional.

Agradecimientos

Se agradecen los comentarios y aportes realizados por Myrna Rojas, Luis Alberto Sánchez, Anayensy Herrera, Yahaira Núñez, Iván Alfaro, Juan Carlos Calleja, Edgar Espinoza, Humberto León Obando, Griselda Malespín, Carlos Fitzgerald y Jonathan González Quiel.

Referencias bibliográficas

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Alarcón, G. (2017). La construcción de arquitectura pública con funciones sociales de legitimación política: Sierra Nevada de Santa Marta y vertiente Caribe del sur de América Central. International Journal of South American Archaeology, 10, 21-33

Alarcón, G. (2013). Monumento Nacional Guayabo de Turrialba. Conceptos sobre patrimonio, experiencias y prioridades sobre la conservación arqueológica. En M. Aguilar y O. Niglio (eds), La conservación del patrimonio cultural en Costa Rica (pp. 327-347). Roma: ARACNE editrice S.r.l.

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