Resumen
El presente artículo muestra una serie de acciones colectivas comunales que se han opuesto a urbanizaciones cerradas en San Miguel de Santo Domingo en la provincia de Heredia. La carta principal de oposición es el impacto en los acuíferos y la utilización del agua por parte de este tipo de proyectos. La finalidad del artículo es mostrar como una serie de relaciones de poder entre actores económicos, políticos y comunales inciden en la forma de gestionar el recurso. Para esto, se entrevistó a distintos actores comunales, además de una revisión de noticias y documentos institucionales para narrar y comprender el conflicto en la zona. La información recabada muestra como las urbanizaciones cerradas, acompañadas de un aval del gobierno local, han permitido que se presenten alianzas público-privadas para la gestión del agua, incluso en una zona de protección especial ante este tipo de construcciones. Se concluye que este caso
es un reflejo estructural de los cambios recientes en el uso de suelo a nivel provincial con el paso de cafetales a una renta inmobiliaria, pero que encontró resistencia ante actores comunales que han experimentado problemáticas de escasez y contaminación hídrica, así como una tensión entre visiones de mercado en contraste con un carácter público del agua.