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Resumen
Poder aportar al homenaje que en esta ocasión la Facultad de Derecho de Universidad de Costa Rica hace al jurista Daniel González Alvarez es un privilegio y una gran oportunidad para reconocerle su aporte y compromiso en la construcción de un derecho penal y procesal penal propios de una democracia. Como juez de ejecución de la pena debo reconocer también su valentía y prudencia para enfrentar las presiones de la autoridad penitenciaria al iniciar funciones los Juzgados de Ejecución de la Pena en el año 1998, siempre preocupado por nuestras actuaciones pero dentro de un total marco de respeto a nuestra independencia judicial.
Desde los años 90 Naciones Unidas promociona la introducción y aplicación de alternativas a la prisión o sanciones penales no privativas de libertad para la reducción del hacinamiento y del encierro, procurando una mayor participación de la comunidad en la gestión de la Justicia Penal. De igual forma, generar en las personas en conflicto con la ley un mayor sentido de responsabilidad social. Este objetivo es claro en las Reglas de las Naciones Unidas para la ejecución de las medidas no privativas de libertad, denominadas Reglas de Tokio donde se propone un abanico de sanciones más amplio y flexible que permita soluciones y sanciones penales adecuadas a las condiciones, antecedentes y necesidades de la persona así como el tipo y gravedad del delito, que puedan cumplirse en libertad con la mínima intervención.