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Resumen
Probablemente desde hace algunas décadas el mundo asiste —sin conciencia de ello— al fin del sistema democrático tal como lo conocimos. La empresa privada dejó de ser un medio de crear y distribuir riqueza, para convertirse en el fin último de los gobiernos; los seres humanos dejaron de ser importantes y su lugar es ocupado por los negocios, en algunos casos ilegales y bañados de corrupción. La mayor parte del sector empresarial está formada por ciudadanos honestos que observan los derechos de sus empleados y pagan sus impuestos. Pero hay un grupo que trabaja arduamente para destruir el Estado de derecho, la igualdad de oportunidades y los logros que originaron la clase media en el S. XX.
En muchos países el mejor abogado dejó de ser el estratega de litigio conocedor a fondo del derecho y la jurisprudencia; en esas latitudes el mejor abogado es quien tiene las mayores conexiones con políticos, que ordenan a la Corte Suprema de Justicia cómo resolver un determinado asunto; después las instrucciones descienden del alto tribunal a las cámaras de apelaciones y a los juzgados. Allí la justicia es solo un nombre y la corrupción es la esencia. Pareciera este el modelo que pretenden para Costa Rica. Hoy, más que nunca, los jueces deben imponer su independencia y salvar el Estado de derecho