Resumen

Esta artículo, basado en una investigación etnográfica de 6 meses entre mayo y noviembre del 2013, analiza la conflictividad social causada por la expansión de la frontera minera en Honduras: el movimiento antiminero logra movilizar a las comunidades rurales para declarar sus municipios libre de minería; mientras tanto, la industria minera puede circunvenir el derecho legal a la consulta a través de la criminalización de protesta y el uso de violencia. Este artículo plantea serias preocupaciones sobre esta tendencia e indica que los movimientos sociales son capaces de adaptarse y desarrollar resistencias exitosas en ambientes políticamente y jurídicamente complejos.