NUEVOS PROBLEMAS Y VIEJOS DESAFÍOS DE LA EJECUCIÓN PENAL EN COSTA RICA: LA ACTUACIÓN DE LOS JUECES A PROPÓSITO DE LAS ÓRDENES PARA ATENDER EL COVID-19 EN LAS CÁRCELES

Resumen

Aprovechando las decisiones tomadas en Costa Rica por un grupo de jueces, en el marco de la pandemia global por el Covid-19, este paper analiza la situación de la ejecución penal para personas adultas en el país. Más allá de que las disposiciones jurisdiccionales levantaran cierta polémica entre algunos sectores políticos y mediáticos, desde el punto de vista constitucional, adquieren una enorme relevancia que merece ser tratada con detenimiento. Contrario a lo que ocurre en casi todos los ordenamientos jurídicos, en Costa Rica, se carece de una ley de ejecución de la pena para personas adultas. Esto es así pese a que, en 1994, una reforma legislativa ordenó que el tema debía ser regulado mediante una ley especial de conformidad con un voto de la Sala Constitucional de 1992, debido a que, desde la promulgación del Código Penal en 1970, se carecía de dicha regulación. En 2015, el tribunal constitucional reiteró que la normativa era necesaria y dispuso que la Asamblea Legislativa tenía la obligación de discutirla y votarla. En la actualidad, algunas competencias, administrativas y judiciales, se han regulado vía decreto ejecutivo o gracias a las propias decisiones jurisdiccionales. Algunas propuestas de ley de ejecución de la pena han sido tramitadas en el Congreso, pero hasta ahora ninguna de ellas ha prosperado. En este sentido, en el artículo se analizarán las implicaciones constitucionales que supone la ausencia de una ley de ejecución penal para personas adultas con arreglo al principio de reserva de ley. También los límites que podrían atribuirse a los jueces de ejecución de la pena y el rol que están desempeñando, de acuerdo a conceptos desarrollados por el derecho constitucional y la ciencia política –como neoconstitucionalismo o activismo judicial- a partir del caso concreto, por la emergencia epidemiológica de 2020, en la protección de principios constitucionales, como el de tutela judicial efectiva, el de humanidad y el de prohibición de tratos o penas crueles y degradantes, entre otros.