Planteamientos de un especialista en asuntos públicos sobre el proyecto de ley orgánica de la administración pública

Resumen

Este trabajo lo escribimos hace exactamente un año de cara a las elecciones presidenciales de febrero del 2002 para publicar en esta misma prestigiosa Revista por invitación del Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, gran amigo desde hace muchos años y distinguido Director de la misma y especialista/tratadista, también, en asuntos públicos. No se pudo imprimir por fuerza mayor, pero hoy toma nueva vigencia de frente al anuncio público de que el PUSC lo ha declarado proyecto prioritario en su agenda legislativa, y pronto será entonces discutido de nuevo en la Asamblea Legislativa y públicamente. Los razonamientos de fondo siguen siendo los mismos hoy pues el Proyecto no ha variado con respecto a su versión de hace un año, versión que contó inclusive con una recomendación negativa del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica ante la obligada consulta que la Asamblea debe hacer a las universidades estatales sobre proyectos de ley que les incumbe. Tal dictamen desfavorable por parte del Consejo Universitario, se sustentó en un análisis solicitado a un grupo de académicos de varias disciplinas, entre los cuales tuvimos el honor de contarnos. Sentimos particular obligación moral de contribuir con un análisis de fondo como el presente, en vista de que dicho Proyecto fue producto de una iniciativa nuestra ante la Segunda Vicepresidencia en Julio de 1999, pero terminó entronizando un “modelo” muy distinto del que planteamos originalmente a esa Vicepresidencia y ante el BID que lo financiaba. La iniciativa correspondió a una vieja inquietud que en su momento lanzamos en el país desde MIDEPLAN, habiendo publicado un primer artículo en página 15 de La Nación intitulado “Administración base cero: salida a la crisis?” en agosto de 1983, y que implicaba una recomposición integral de nuestra Administración Pública más diversas reformas políticas, y todo bajo una estrategia de un régimen cuasiparlamentario y de una descentralización integral a favor primero de las provincias o regiones para instaurar un sistema cuasifederal, y segundo hacia el régimen municipal, pero todo ello con una novedosa y revolucionaria entronización de la sociedad civil en las nuevas estructuras de poder político e institucional, además de una recomposición integral también de los sistemas administrativos de contratación administrativa, presupuestos y empleo público.