Resumen

A pesar del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza y la desigualdad que ha experimentado Latinoamérica y el Caribe (LAC) durante la última década, sigue siendo la región más desigual del mundo. Las élites políticas y económicas de LAC han modelado sistemas fiscales que en general tienen un impacto muy limitado como correctores de desigualdades o que de hecho, contribuyen a su profundización. Superar la desigualdad y la exclusión requiere afrontar esta injusticia fiscal caracterizada por: • Insuficiencia recaudatoria e insostenibilidad: en general, se recauda menos del potencial y existe una fuerte dependencia de fuentes de ingresos públicos inestables, poco predecibles y social y medioambientalmente insostenibles. • Regresividad del sistema impositivo y desequilibrio en las aportaciones de las distintas actividades y agentes económicos: que se manifiesta en una mayor presión impositiva efectiva sobre los salarios y el consumo que sobre la renta y la riqueza. • Inefectividad para promover el progreso económico digno y sostenible, y la movilidad social ascendente de la mayoría de la población. • La política fiscal suele reproducir visiones tradicionales del rol de la mujer en la sociedad reforzando así las brechas de género existentes. • Elevada propensión a la evasión y elusión fiscal. • Débil institucionalidad y representatividad, que se traduce en la persistente corrupción, una pobre rendición de cuentas a todos los niveles, falta de transparencia en la planificación y ejecución de las políticas fiscales, y baja cultura tributaria. Un sistema fiscal justo y equitativo significa articular coherentemente la política tributaria y de gasto público junto con las instancias de administración tributaria y presupuestaria para satisfacer los siguientes principios generales: 1. Cumplir con la función redistributiva del Estado a través de los presupuestos públicos. Es decir, gasto público suficiente y estable para financiar servicios sociales básicos de calidad y bien dirigidos, así como mecanismos de protección social robustos y de refuerzo de la capacidad de resistencia (resiliencia) de los grupos de población vulnerables a los choques internos y externos. 2. Incrementar el rol de los sistemas tributarios como instrumentos redistributivos de la riqueza de un país, y reducir el impacto negativo que tienen sobre las poblaciones relativamente más pobres la configuración de sistemas tributarios regresivos y desequilibrados en términos de las aportaciones que hacen los distintos agentes económicos a las arcas públicas. Los sistemas tributarios deben equilibrarse hacia modelos más progresivos, en el que se grave más la riqueza y la propiedad y no solamente el consumo y el salario. 3. Ampliar la base gravable y el perímetro de cobertura de los sistemas tributarios nacionales. Es obligada la racionalización de los beneficios fiscales existentes, reduciéndose a mínimos aquéllos que no tienen impactos sociales positivos claros. Es fundamental que la recaudación fiscal final esté acorde con las necesidades de financiación estable de los objetivos de reducción de la pobreza y desigualdad. 4. Atajar los elevados niveles de evasión y elusión fiscal garantizándose que la política fiscal esté acompañada de una administración tributaria que pueda hacer seguimiento a las obligaciones fiscales y que facilite su cumplimiento. Relacionado con esto, es imprescindible garantizar una cooperación y coordinación fiscal efectiva en los niveles regionales y subregionales, y seguir fortalecimiento las capacidades de fiscalización de dichas instituciones. 5. Junto con otras políticas públicas, el sistema fiscal debe ser un promotor del progreso digno de bases más amplias de la población, permitiendo que las oportunidades económicas sean una realidad para sectores como la pequeña agricultura o las PYMES manufactureras, contribuyendo así a configurar modelos sociales no excluyentes y más cohesionados. Debe dejarse de utilizar instrumentos como beneficios fiscales, subsidios, incentivos, entre otros, a la promoción irrestricta del modelo extractivista excluyente. 6. Generar beneficios claros que favorezcan la decisión de formalización progresiva de los emprendimientos y de las trabajadoras y trabajadores pobres que son invisibles para el Estado. Si bien es fundamental que la mayoría de los ciudadanos y sectores económicos tributen, es indispensable también que esto se realice de manera acorde con sus capacidades de pago, la situación socioeconómica en la que se encuentran y la forma con la que obtienen sus ingresos o ganancias. 7. En coordinación con otras políticas públicas, promover la diversificación económica y el desarrollo de actividades ecológicamente responsables y generadoras de empleos de calidad. 8. Contribuir con los esfuerzos nacionales para desmantelar visiones discriminatorias que mantienen -por condición de raza o sexo- a significativos sectores de la población ajenos a verdaderas oportunidades de superación. En particular, debe ahondarse en el estudio de los impactos explícitos e implícitos de los sistemas fiscales que refuerzan los roles tradicionales de las mujeres en la sociedad y que se convierten en claros escollos parasu superación al profundizar las brechas de género. 9. Contribuir a la desconcentración del poder político en las sociedades de la región. Y en este sentido es clave que un sistema fiscal justo se apoye en todas sus fases (diseño, implementación, seguimiento y retroalimentación de las políticas diseñadas) en una participación ciudadana efectiva que represente los intereses de los grupos históricamente desfavorecidos, sobre la base de un marco de transparencia y rendición de cuentas responsable de los gobiernos hacia todos los niveles. 10. Relacionado con lo anterior, debe garantizarse transparencia en las reformas fiscales y asegurarse mecanismos eficaces de debate amplio y público sobre dichas reformas.