Resumen

El presente trabajo aborda el “debido proceso convencional” como uno de los pilares esenciales del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, mismo que fue reconocido e incorporado en el ámbito interno a partir del expediente varios 912/2010 resuelto por la Suprema Corte en el famoso caso Radilla Pacheco, así como con la reforma constitucional en materia de amparo y derechos humanos de junio de 2011, lo que ha generado un impacto profundo en la manera de comprender las instituciones procesales a cargo de los operadores jurídicos, con el consiguiente redimensionamiento y proyección del debido proceso en el ordenamiento jurídico mexicano, sobre todo a partir de su vinculación con el control difuso de convencionalidad, en aras de una mayor efectividad en la tutela de los derechos humanos.