Resumen

A la luz de la sentencia de la Corte IDH dictada en el caso Vélez Loor Vs. Panamá se puede concluir que la legislación costarricense sobre el procedimiento administrativo de deportación es deficitaria en dos aspectos puntuales: el derecho de toda persona privada de libertad a ser presentada frente a un juez y el derecho a contar con una defensa técnica y -de ser necesario- costeada por el Estado.