Abstract
La ley que establece y determina la responsabilidad penal de ls personas jurídicas es una realidad en nuestro país desde junio de 2019. A pesar de su importancia, por las consecuencias que indudablemente conllevará para un sistema de Justicia Penal que se ha visto afectado por el fenómeno del inflacionismo de los últimos tiempos, no se ha hecho un mayor análisis sobre el instrumento legislativo, que parece haber contado con un beneplácito unánime a nivel de la corriente legislativa y gubernamental, aunque quizá, las consecuencias a mediano y largo plazo, en relación con los procesos a los que afecte, estén aún por verse.
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