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Abstract
En el ordenamiento jurídico costarricense, la Sala Constitucional es el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes, estableciéndose por el Constituyente, un sistema de control concentrado, en cuanto solamente esa instancia puede concluir la contradicción de una norma con el orden constitucional o convencional, con poder para eliminarla del ordenamiento jurídico. La Ley de la Jurisdicción Constitucional permite a las partes dentro de un proceso judicial o administrativo, por vía incidental, plantear las cuestiones de constitucionalidad de las normas que deban ser aplicadas para resolver el asunto pendiente. Al quien administra justicia ordinaria se le abre la vía, también de forma incidental, en la llamada consulta judicial de constitucionalidad, para someter su criterio respecto de la contradicción de una norma con el texto constitucional o con las normas convencionales aprobadas por nuestro país, tratándose de una norma que el juez debe aplicar para resolver el caso sometido a su conocimiento. Tales procesos, previstos expresamente en la ley de la jurisdicción constitucional, no eliminan ni relevan al juzgador ordinario, del poder y deber de interpretar las normas, conforme los principios constitucionales y las normas convencionales en materia de derechos humanos. El control de convencionalidad y la interpretación conforme los principios de derechos humanos y los principios constitucionales, es tarea diaria de quien administra justicia. La dinámica de la consulta judicial y el excesivo formalismo que ha caracterizado su admisibilidad, no hacen sino poder en evidencia que la justicia ordinaria costarricense en realidad tiene un papel fundamental en la interpretación conforme y en la aplicación directa de normas y principios constitucionales y convencionales y, por ende, muchos de los asuntos que se someten al procedimiento de consulta judicial, pueden y deben ser resueltos por la persona juzgadora. Un claro ejemplo de esta situación se ha hecho evidente a propósito del reingreso al ordenamiento procesal penal, del instituto de la doble conformidad, cuya eliminación por parte del legislador, al aprobar la ley de reforma al régimen de impugnación de la sentencia penal, se consideró inconstitucional. En este trabajo se ensaya el rol del juez ordinario, en la interpretación conforme a las normas y principios constitucionales y convencionales, a propósito de lo acontecido en el caso de la doble conformidad en el proceso penal.