PENSAR EN UNA POLÍTICA CRIMINAL PARA LA SEGURIDAD HUMANA

Resumen

Un nuevo modelo criminológico que se quiere impulsar desde este espacio de reflexión, investigación y análisis, está basado en el marco de los derechos humanos, la seguridad humana y un modelo de control social democrático para conformar un modelo de desarrollo humano sostenible, que propone un desarrollo comunitario sustentable para la seguridad humana sin exclusión y discriminación, lo cual significa una política criminal basada la democracia participativa y que por ende contribuye a la libertad. Toda estrategia de prevención y control del delito, entendido éste como manifestación de violencia o de conflicto con la ley, busca modificar las situaciones de vulnerabilidad (violación de derechos humanos) mediante programas tendientes a crear condiciones de vida que aumenten las oportunidades de comportamientos que disminuyan el conflicto social y por ende permitan un mejoramiento en la calidad de vida en las estrategias de supervivencia. Es necesario prever legalmente la posibilidad de actuación plena e integrada de la comunidad, la policía e instituciones del Estado y, según los niveles pertinentes de la prevención, que conllevan necesariamente a la integración comunitaria. La Constitución debe definir expresamente un concepto de seguridad ciudadana, enmarcado dentro del más amplio concepto de Seguridad Humana. Por supuesto, con las limitaciones que ponen los derechos fundamentales, pero según la nueva concepción propuesta por la criminología crítica (particularmente Baratta), en la que se incluyan los riesgos y daños que sufren mujeres y niños en el sector privado, los atropellos policiales, los delitos ecológicos, los de corrupción y concusión, y las desviaciones criminales en el interior de órganos civiles, policiales y militares del Estado. Sólo superando la concepción tradicional de la seguridad, podemos aspirar a una Política Criminal que sea humanista, histórica y profundamente democrática. Para esto, por supuesto, se requiere también de una sociedad profunda y totalmente democrática; pero, principalmente, políticamente informada de sus derechos y de los riesgos que significa, para todos, una Política Criminal que no lo sea.