Abstract
El artículo estudia la potestad fiscalizadora de la Administración Tributaria, la cual concreta el correcto ejercicio del principio constitucional de contribuir con las cargas públicas.
En esta tarea, las Administraciones Tributarias, sujetas al principio de legalidad establecen criterios objetivos, como los planes anuales de fiscalización, para determinar los sujetos fiscalizados.
No obstante, la potestad de imperio de la Administración permite las fiscalizaciones no previstas en dichos planes cuando existan motivos objetivos y razonables que lo justifiquen. Se debe analizar en cada caso si la medida está debidamente justificada o si atiende a factores infundados y subjetivos.
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