Abstract
La política criminal constituye la facultad delegada por el conglomerado social al Estado para que defina, mediante procesos de criminalización y descriminalización, la cuestión criminal dentro de la estructura social y por lo tanto, dirija y organice el conjunto de métodos utilizables como respuesta al fenómeno criminal en un marco democrático de legalidad. Es así como, se establece la prioridad de derechos que se han de proteger y las formas que deben implementarse para lograr esa protección. Su función principal se concentra entonces, en el establecimiento de los modelos de prevención y de lucha contra el crimen. No obstante, la política criminal no solo se circunscribe a las conductas que se evaluaron como delitos y a las cuales se le asignaron una sanción; implica además, una serie de respuestas extrapenales que se realizan muchas veces con participación de organismos no gubernamentales o grupos sociales, tendientes a la prevención temprana de la criminalidad y en la mayor o menor frecuencia de ciertas formas delictivas; como por ejemplo, programas de educación, de empleo, de socialización, de integración comunitaria, de resolución de conflictos previos a los penalizados, etc.(2) Así, el objeto de estudio de la Política Criminal se encuentra integrado no sólo por el Derecho Penal sinotambién por aquellas instituciones que tengan como fin, desde la perspectiva política, la prevención y el control del delito y la criminalidad.