Abstract
Sin lugar a duda, uno de los aspectos más novedosos en cuanto a la aplicación de pena y la determinación de la sanación correspondiente, y evidentemente también con referencia a la ejecución respectiva de la misma, en que el código penal español de 1995 ha incursioando, ha sido la implementación del denominado “Trabajo en Beneficio de la Comunidad” tanto como pena alternativa o bien, dentro de las penas “primitivas de derechos”, ubicación que tendremos igualmente la oportunidad de discutir dentro del cuerpo mismo de nuestros análisis.
Para el abordaje concreto del tema que nos ocupa, desarrollaremos primeramente una sección relacionada con aspectos generales de las relaciones entre trabajo y resocialización en donde tocaremos elementos relativos a las condiciones personales del sentenciado, la naturaleza de la labor que se pretende realizar, la organización administrativa alrededor de la cual funcione la institución, la vigilancia de la ejecución de la medida impuesta y la cooeperación ciudadana indispensable para el éxito de la misma.
Posteriormente, analizaremos el trabajo en beneficio de la comunidad como pena, y distinguiremos su tipo y custionaremos su ubicación como pena privativa de derechos.
En tercer lugar nos referiremos al análisis de los distitntos requisitos en la imposición del trabajo en beneficio de la comunidad a la luz del código penal español de 1995.
El tema en nuestro contexto jurídico penal costarricense cobra gran importancia en la medida en que ya en la nueva Ley de Justicia Penal Juvenil se establece la posibilidad de la utilización de los servicios en beneficio de la comunidad como una de las eventuales medidas tipificadas, y en materia penal de adultos se discute la implementación de los trabajos en beneficio de la comunidad como una de las nuevas incorporaciones que podrían establecerse en un futuro Código Penal.