Abstract
La finalidad de este breve ensayo, es pues la de determinar cuál es la regulación que pretende instaurarse en ambos proyectos, pero únicamente en lo referente a la materia de contratación administrativa, por lo cual -ha de advertirse desde ahora- se dejarán de lado aspectos de carácter organizacional y técnicos; no sólo porque dichos extremos exceden el tema que nos hemos propuesto desarrollar -y el propio de la cátedra dentro del que éste se elabora- sino porque su complejidad en algunos casos, rebasa el campo de lo puramente jurídico, para incursionar en áreas técnicas especializadas, cuyo análisis y desarrollo corresponde obviamente, a profesionales de esas áreas.
En ambos casos, lo pretendido es confrontar separadamente, el contenido de las disposiciones concretas que se proponen, con la más reciente jurisprudencia constitucional y alguna de la doctrina más autorizada, poner de manifiesto las inconsistencias que contiene y proponer, cuando ello sea posible, las modificaciones pertinentes, para ajustarlos a los mandatos constitucionales que rigen los contratos del Estado.
Para el análisis ha sido de fundamental importancia, la colaboración de la Asamblea Legislativa, especialmente del Departamento de Servicios Técnicos y de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, quienes me permitieron el acceso a la información más novedosa, al punto de que se analizan los últimos textos vigentes en discusión: del proyecto de Ley General de Electricidad, se estudia el último texto disponible, que es el del pasado 12 de noviembre (el dictamen de la comisión aún no se ha redactado); y el de Modificaciones a la Ley de Creación del ICE, la última versión, que es del mes de setiembre. Igualmente, se contó con el valioso aporte de la Dirección General de Contratación Administrativa, de la Contraloría General de la República, cuyos abogados me concedieron una entrevista, y me brindaron los elementos básicos que integran la opinión de ese órgano contralor, en relación con mabas iniciativas.