Abstract
El ciudadano tiene derecho a reclamar contra los perjuicios causados en su libertad, en su honor o en su propiedad por una sentencia injusta. El derecho de impugnar es e1 medio para hacer efectiva esta garantía ciudadana, cual es pedir que un funcionario superior a aquel que dictó la resolución impugnada revise la sentencia que causa perjuicio y, dado el caso, la reforme o la revoque. Los medios de impugnación sirven, además de a este fin individual, a un interés social, cuyo titular es el Estado: éste tiene interés en que los hechos, presupuesto de aplicación de la ley de forma y de fondo, se fijen correctamente, para que la ley se aplique a las hipótesis expresamente previstas por el legislador; desde este punto de vista es finalidad de los medios impugnativos, entonces, "impunitum non relinqui facimus, innocentem non condemnari”.
Siendo las anteriores las finalidades de los medios de impugnación, se entiende fácilmente que normas de derecho público, con fuerza superior a las leyes comunes y que definen los fundamentos del Estado, consagran el derecho del condenado a impugnar la sentencia que lo condena. Varios textos consagran en nuestro ordenamiento, tal derecho.