Abstract
Con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de 1969 se abre en el Perú un período histórico-jurídico cuyo objetivo es instaurar un nuevo orden que sustituya la tradicional estructura agaria (del latifundio al minifundio) por un sistema justo de propiedad –tenencia y explotación de la tierra.
En el nuevo período, la reforma agraria ha de contribuir al desarrollo socioeconómico de la Nación, crear un ordenamiento agrraio que garantice la justicia social en el campo, y aumentar la producción y productividad del sector agropecuario, elevando y asegurando el ingreso al campesino: la tierra ha de ser base de su estabilidad económica, fundamento de su bienestar y garantía de su dignidad y libertad.
Para hacer efectivo el principio de garantía de justicia social en el campo crea el Fuero privativo agrario, que es una de las instituciones mejor logradas dentro del ámbito del Derecho Procesal Agrario.