Abstract
La Ley de Protección y Desarrollo Industrial, emitida el 3 de setiembre de 1959, creó un programa cuyos amplios alcances y los problemas a que daría lugar fueron sólo parcialmente previstos por los proponentes del proyecto de ley, si es que del todo fueron previstos.
Como resulta evidente del anterior artículo, la versión final de la ley, si bien otorga amplios beneficios a las industrias de transformación y a las industrias que usan materias primas locales, no obstante proporciona muy pocos patrones (standards) legislativos que regulen la distribución de éstos beneficios y prevé únicamente medios ilimitados para controlar los posibles efectos perjudiciales que todo el programa tenga sobre la economía y, especialmente, sobre precios al consumidor.
Antes de examinar la ley y su proceso administrativo en detalle, es conveniente resumir las principales características de ella y examinar las responsabilidades administrativas que creó la naturaleza de las obligaciones que todo ello implica.