Abstract
La tramitación de un proceso exige en mayor o menor grado la satisfacción de una serie de gastos que recaen necesariamente sobre los sujetos que en el intervienen: El Estado que paga la administración de la justicia, las partes que invierten en el mismo su tiempo y su dinero, y los terceros que se ven compelidos a prestar su colaboración en cumplimiento de una obligación legal.
Depende entonces, de la mayor o menor extensión del proceso, conforme a su naturaleza, del conjunto de formalidades a que se someta su tramitación y del régimen que se adopte para el tratamiento de la nulidad de los actos procesales, el mayor o menor costo del litigio y las consecuencias económicas para las partes que en el mismo intervienen.