Resumen
El Gobierno costarricense ha adoptado la política de someter a tribunales arbitrales internacionales los litigios que lo oponen a los ciudadanos y empresas estadounidenses expropiadas. Básicamente lo que está en disputa en estos casos no es la legalidad o ilegalidad de las expropiaciones, sino el monto de la indemnización que debe ser cancelada por el Estado costarricense. Si bien los criterios legales que se utilicen en la valoración de los bienes expropiados podrían variar según lo que disponga la cláusula de derecho aplicable que contenga el compromiso arbitral, los precedentes jurisprudenciales premiten suponer que los principios jurídicos internacionales en la materia serán aplicados de manera principal o accesoria.
Teniendo en cuenta la observación anterior, las decisiones en materia de expropiaciones rendidas por el Tribunal de Reclamaciones Iraní-estadounidense, resultan particularmente ilustrativas de aplicación por parte de una jurisdicción intencional de los principios aplicables a la determinación de la indemnización.