Abstract
El Pago de Servicios Ambientales fue promulgado por ley en Costa Rica en 1996 para aprovechar la naciente propuesta internacional del mercado del carbono. Sin embargo, las contradicciones políticas que han caracterizado la discusión sobre la disminución del calentamiento global, han retrasado el despegue de este mercado. Entre tanto, Costa Rica tiene listo un esquema de protección del bosque que cifra todas sus esperanzas en el éxito de este incierto mercado. Por ahora, el financiamiento estatal para protección, manejo y reforestación es cada vez menor, a pesar de que está garantizado por ley. La razón es que el mecanismo depende del presupuesto estatal, en época de crisis fiscal. A pesar de eso, el sistema ha encontrado soluciones creativas para involucrar al sector privado en este esquema