Abstract
En los años veinte del siglo pasado, Centroamérica fue considerada como una región estratégica
dentro de la política exterior mexicana. Por esta razón, se diseñó un plan especial para propiciar
el acercamiento diplomático. Este afán estaba vinculado al interés por ganar adeptos para hacer
frente a las hostilidades de los Estados Unidos a raíz del artículo 27. Éste había sido incluido en
la Constitución de 1917 y limitaba los intereses extranjeros en el país, desafiando así los poderes
imperiales. Por primera vez, en la historia contemporánea de América Latina, un ordenamiento
constitucional cuestionaba el derecho de propiedad de extranjeros sobre explotaciones mineras,
yacimientos petrolíferos y explotaciones agrícolas-ganaderas. Por esto, el conflicto alcanzó
considerables proporciones cuando aquellos poderes se negaron a aceptar las leyes fundamentales
de México.